Falla en el servicio. Culpa de la víctima. Le asiste responsabilidad al Politécnico Colombiano demandado, pero por haber efectuado las graduaciones del programa en forma tardía, pues en esos casos se acreditó, a diferencia de este, que los egresados (actores) de la licenciatura sí obtuvieron el título porque cumplieron todos los requisitos para ello, solo que lo adquirieron después de la fecha en la que debían hacerlo por los inconvenientes que se presentaron ante la falta del registro del programa académico ante el ICFES. La falta de obtención del título académico obedeció a que la demandante no presentó trabajo de grado como requisito previo para graduarse de la licenciatura. No puede aceptarse que el daño alegado en la demanda le sea endilgado al Politécnico Colombiano, pues aunque el programa no contaba con registro ante el ICFES, lo cierto es que así lo hubiese tenido, la demandante no habría podido obtener su título al momento en que ella afirmó que lo haría, porque ni siquiera había entregado su trabajo de grado, al punto que cuando se les permitió graduarse a sus demás compañeros, ella no lo hizo, precisamente por la ausencia de tal requisito, por ello se deniega la acción

Para este caso en particular, un agente de la Policía al momento de solicitar prestado el vehículo con el cual se ocasionó la muerte de la víctima del daño, actuó prevalido de su condición de agente de la Policía y, por consiguiente, en nexo con el servicio público, razón por la cual ese hecho le resulta atribuible a la institución pública. El agente, para el momento en que ocurrió el hecho dañoso, estaba vinculado a la Policía Nacional como agente activo. En relación con la responsabilidad que se le atribuyó a la Fiscalía, resulta necesario precisar que esa entidad fue la que inició la investigación penal por el presunto punible de falsedad marcaria, ordenó la inmovilización del vehículo y que jurídicamente ese rodante estaba a su disposición, lo cierto es que quien tenía la custodia material del automotor y por tanto quien debía velar por su cuidado y entregarlo materialmente al ente instructor era la Policía Nacional. La Sala considera que no le asiste responsabilidad a la Fiscalía, pues quien realmente incumplió con las obligaciones asignadas por la ley fue la Policía Nacional, ya que, permitió que uno de sus agentes utilizara el vehículo inmovilizado con fines diferentes para los cuales había sido incautado. La jurisprudencia ha sostenido que cuando se advierte que el daño no se produjo accidentalmente sino por un mal funcionamiento de la administración, ello se debe poner de presente y el título de imputación en virtud del cual se definirá el litigio será el de falla del servicio, en aras del cumplimiento del deber de diagnóstico y pedagogía que tiene el juez al definir la responsabilidad del Estado y con el fin de que este último pueda repetir contra el agente que dolosa o culposamente hubiere ocasionado el daño, en caso de que la entidad pública demandada resulte condenada a la correspondiente reparación

La Administración no responde de los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y agentes, es decir, la llevada a cabo absolutamente al margen de las funciones del cargo público que desempeñan como funcionarios del Estado. El fenómeno jurídico de imputación de responsabilidad civil a la administración no se produce en aquellos supuestos de daños resarcibles en los que el funcionario se presenta frente al sujeto dañado en su calidad de persona privada, desprovisto de toda cualificación jurídico-pública. Los daños causados por los funcionarios del Estado sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando la actuación tiene algún nexo o vínculo con el servicio público que éste desempeña, pues, la simple calidad de funcionario público per se, no vincula al Estado, ya que los funcionarios conservan su ámbito de actuación privada. La calidad de miembro de las fuerzas públicas del autor del daño no es suficiente para presumir que todas las conductas por él desempeñadas le son atribuibles a la responsabilidad de la entidad a la cual pertenece, pues al Estado no se le puede imputar la responsabilidad por toda actividad dañosa realizada por uno de sus agentes, y mucho menos de aquellas acciones ejercidas en el marco del ámbito privado de aquellos