El IDU contrató con el Consorcio Grupo Marval la construcción de la Ciclo Ruta Avenida Boyacá, y esta subcontrató con sociedad Postelum S.A. la instalación de unos postes de iluminación. A su vez, Postelum, contrató con Rapigruas Ltda., el transporte e instalación de los postes de iluminación, firma que encargó de la ejecución de la tarea, entre otros, a la víctima que al momento de hincar uno de aquellos postes, sufrió una descarga eléctrica que provocó su muerte. La víctima era consciente del riesgo que asumía al momento de instalar los postes y que para ello debía tomar las respectivas medidas de seguridad, pero decidió continuar con la instalación de los postes sin que previamente se hubiera solicitado la suspensión del fluido eléctrico a la empresa de energía como medida de seguridad. Se concluye que operó en este caso la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad, que impide imputarle responsabilidad a CODENSA, desde un punto de vista objetivo, en su deceso. En lo que tiene que ver con la presunta responsabilidad de las sociedades Marval y Postelum, respecto a que no desplegaron las acciones tendientes a la suspensión del servicio eléctrico mientras se realizaba la labor de instalación de los postes, debe resaltarse que tal deber no dependía solamente de las gestiones que al respecto adelantaran Marval y Postelum, sino de las que Rapigruas y sus trabajadores igualmente hicieran, la Sala tampoco advierte que estas hayan incurrido en conducta culposa o negligente y de contera contribuido al daño alegado. Atinente a la responsabilidad de las personas jurídicas privadas, es del caso precisar que esta debe analizarse de conformidad con el orden civil, especialmente con sustento en los artículos 2341 y 2356 del Código Civil, los cuales confieren un elemento subjetivo al momento de valorar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones respecto de quien se pretende indemnización

En los procesos de reparación directa en los que se alega la existencia de un daño causado por la realización una obra pública, pueden existir dos momentos para iniciar el conteo del término de la caducidad. El primero es cuando termina la obra, entendiendo que los perjuicios son de naturaleza instantánea, es decir, que se originan y son de conocimiento del afectado en plena realización de la obra. El segundo momento, cuando se trata de daños periódicos, esto es, que se tiene conocimiento del hecho dañoso pero este no coincide con la ejecución de la obra, situación que solo es aplicable a los casos en que tiempo después de la terminación de la obra se advierten las afectaciones que pudo causar. Para el cómputo de la caducidad en este evento debe tenerse en cuenta el momento en que el demandante conoció la existencia del daño. En todo caso, pese a que el daño se agrave o empeore con posterioridad, esto no puede ser considerado una prolongación del inicio del conteo del plazo para interponer la acción, por cuanto los daños y perjuicios que se producen como consecuencia de una obra pública se materializan en un solo momento

El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable al municipio de Soledad por los daños y perjuicios causados a los demandantes por la muerte de un joven, ocurrida el 14 de julio de 1995, como consecuencia de la omisión en la ejecución de las obras necesarias para evitar los riesgos que representaba un pozo de registro sin cubierta, ubicado sobre la vía pública. La causal de exhoneración el hecho de la víctima no se configuró. La denuncia del pleito formulada por el municipio demandando no está llamada a prosperar. Prueba. Valor probatorio. Fotografías. Mérito probatorio. Responsabilidad patrimonial extracontractual del estado. Incumplimiento del deber de brindar seguridad en la vía pública. Daño antijurídico. Muerte de joven al caer en un manhol del alcantarillado. Deber de brindar seguridad y vigilancia en las construcciones. Omisión en adoptar medidas de seguridad en manhol o pozo de registro. Daños ocasionados por la omisión de adoptar medidas de seguridad en las vías

Responsabilidad del Estado por ejecución de obra pública. Cuando quien ejerce una actividad peligrosa sufre un daño originado en ésta, la decisión sobre el derecho a ser indemnizado debe gobernarse en desarrollo de la tesis de la falla del servicio prestado. Aunque en la construcción de obras públicas dado el carácter peligroso que encierra su ejecución, proveniente de los instrumentos que se utilizan en ella y de la intervención que con ocasión de las mismas se hace en la naturaleza, como sucede cuando la construcción amerita la remoción de tierra, desvío del cauce de aguas, tala de árboles etc. el trabajador que se vincula a dicha actividad asume voluntariamente el riesgo que ella involucra y tiene sobre sí la obligación de extremar las medidas de seguridad para evitar lesionarse. Bajo ésta orientación frente a los daños que sufre quien ejerce una actividad peligrosa, originados en el evento, impacto o consecuencia adversa propia del mismo riesgo, el asunto deberá gobernarse bajo el régimen de la falla probada del servicio y no del régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional. Daño ocurrido por culpa exclusiva de la víctima rompiéndose el nexo causal frente a la imputación hecha a la entidad demandada.