Se presentó recurso extraordinario de revisión por haberse dictado sentencia con fundamento en documento falso, se declaró infundado el recurso tras considerarse que la causal que invocó el actor no se configuró toda vez que el único documento que se adujo como sustento del recurso fue proferido por una autoridad judicial penal más de un año antes de que se profiriera la decisión objeto de controversia, sin que la parte recurrente hubiese aducido imposibilidad de conocerlo o acceder a él, ni se aprestara a allegarlo al diligenciamiento, contribuyendo con su omisión a las resultas del proceso. Se determinó que el punto de partida para contabilizar la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto a la pretensión de ilegalidad de las actas médicas acusadas, era la notificación por edicto debidamente acreditada al expediente; pero sin desvirtuar que, previo a ello, se hubiere agotado la notificación personal de la respectiva acta médica y que la misma hubiere resultado fallida. Conlleva a la Sala a considerar que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca se encuentra incursa en defecto sustantivo por aplicación parcial del artículo 30 del Decreto 94 de 1989; lo cual conllevó a no se estudiara dicha circunstancia de cara al material probatorio obrante en el expediente, lo cual traduce en un defecto fáctico

Requisitos para interponer el recurso extraordinario de revisión. Los requisitos formales, a saber: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) nombre y domicilio del recurrente; iii) hechos u omisiones que sirven de fundamento; iv) indicación precisa y razonada de la causal invocada y v) las pruebas que se adjuntan o que se solicitan. A estos se agregan los requisitos previstos en el Decreto L. 806 de 2020, cuya vigencia será de dos años; conforme a lo dispuesto por el legislador de excepción dentro del contexto de la declaratoria del estado de emergencia generada por la pandemia COVID-19, a saber: v) La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda (art. 6); vi) el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos (art. 6)

Causal del recurso de revisión, aparecer después de dictada la sentencia a favor de una persona otra con mejor derecho para reclamar. El recurso extraordinario especial de revisión constituye una excepción a la cosa juzgada, en tanto permite que, una vez verificados los supuestos vicios que se endilgan del proceso o sentencia de desinvestidura, el juez proceda a su corrección sin que, en todo caso, ello constituya una nueva instancia. De la lectura del (art. 250 num. 6 CPACA) se desprende que aquella exige la concurrencia de dos supuestos para que se configure la referida causal: i) que se haya proferido una sentencia a favor de determinada persona y ii) que, una vez ocurrido esto, se acredite que existe una persona con mejor derecho para reclamar. En otras palabras, para la configuración de la causal consagrada en el numeral 6 del CPACA, se requiere que la sentencia cuya revisión se solicita hubiese reconocido a favor de determinada persona un derecho y que, posteriormente al fallo, otra persona, que no participó en el proceso originario, acredite que le asiste mejor derecho para reclamar que aquella a favor de la cual se reconoció un derecho subjetivo. No se acreditó el primer supuesto que se requiere para la configuración de la causal invocada, por cuanto la sentencia cuya revisión se solicita no reconoció derechos en favor de persona alguna, situación que, ineludiblemente, permite desechar el segundo supuesto que exige la causal en comento, porque "es imposible que exista otra persona con mejor derecho" cuando, no se reconocieron derechos en el fallo proferido en el proceso primigenio, aunado al hecho de que, en sede de revisión, acude la misma señora a quien se le decretó la pérdida de su investidura como congresista

Recurso extraordinario de revisión contra sentencias que reconocieron derechos pensionales fundados en abuso del derecho o fraude a la ley. La Corte Constitucional estableció la diferencia entre el término para interponer el recurso extraordinario de revisión cuando se fundamenta en las causales del artículo 20 de la Ley 797, el cual corresponde al plazo señalado en la ley que se encontraba vigente al momento de la ejecutoria de la sentencia recurrida y cuando se solicita la revisión de las sentencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas con abuso del derecho o en fraude a la ley. La Sala resalta que la misma C. Constitucional en las sentencias SU-631 de 2017 y T-034 de 2018, estableció una serie de criterios o elementos que pueden ser aplicados para evitar la concesión de derechos pensionales fundamentados en situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del derecho. El elemento objetivo- relacionado con el aumento o incremento significativo de los ingresos de una persona en el último año de servicios o en el periodo que sirve de base para calcular el IBL de la pensión; y, el elemento subjetivo relacionado con que ese aumento se haya obtenido: i) con un ánimo de defraudar el sistema pensional; ii) mediante una "vinculación precaria" o iii) que se desvirtúe la presunción de buena fe que rige las actuaciones de los particulares. El recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para controvertir juicios de valor del fallador

Nuevo alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia. Los eventos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia, no son taxativos. Es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada. La subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los jueces de esta Jurisdicción, con mesura, ponderación, proporcionalidad y adecuación a cada caso. Un criterio a tener en cuenta para efectos de lo anterior es el cumplimiento, o no, de los fines funcionales del derecho, por parte de la providencia revisada \¿Un fallo inhibitorio no justificado, es causal de nulidad constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva? Lo expuesto permite concluir, que los derechos al acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva generan la configuración de la causal de revisión por violación del artículo 29 constitucional por haberse visto comprometidos ante la existencia de una decisión inhibitoria fundada en motivos contraevidentes. También hay una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, cuando una autoridad judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia inhibitoria, que, como se expuso, es una clara denegación de justicia

Recurso extraordinario de revisión. Procedencia. Términos. Requisitos. Causales. Causal de nulidad originada en la sentencia. Exige que el vicio se configure al momento de proferirse el fallo. Puede alegarse una nulidad originada antes de la sentencia pero que no pudo advertirse. Causal de nulidad procesal saneable excepto por el factor funcional. Incompetencia por factor funcional. Insaneable. Grado jurisdiccional de consulta. Procedencia. Procedibilidad de la consulta. Frente a sentencias condenatorias que imponen una obligación económica a cargo de la entidad pública. Incompetencia funcional como causalidad de nulidad de la sentencia que se configura si fallador asume el conocimiento del grado jurisdiccional de consulta cuando el marco de competencia es el recurso de apelación. Restablecimiento del derecho por nulidad de acto administrativo de insubsistencia. Si el cargo fue suprimido no procede el reintegro. Pago de prestaciones sociales procede por el tiempo que hubiera permanecido el servidor en el cargo