¿Es procedente decretar la suspensión provisional del artículo 4 del Decreto Reglamentario No. 3535 de 2005, expedido por el Presidente de la República y el Ministerio de la Protección Social, por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001? La solicitud de suspensión provisional es procedente. El Congreso de la República tiene el poder de regulación, mientras que el Gobierno tiene el poder normativo reglamentario. Exceso del poder normativo reglamentario, pues la norma demandada reglamentó de manera distinta y restrictiva a como se hizo en la Ley 80 de 1993, la forma de contratación en materia de juegos de azar, como quiera que suprimió la posibilidad de que las entidades estatales contraten directamente en aquellos eventos en los cuales se declara desierta la licitación porque no hubo oferta, o porque ninguna se ajustó al pliego de condiciones, o porque no hubo voluntad de participación.

Admisibilidad de demanda de nulidad. Solicitud de suspensión provisional contra las Directivas Presidenciales 03 de agosto 4 de 2006 y 02 de febrero 23 de 2007. La actividad de contratación con las entidades estatales se encuentra regulada de manera general por las disposiciones legales que integran el Estatuto de Contratación de la Administración Pública -conformado básicamente por las leyes 80 y 1150-, en virtud de la prohibición contenida en el aludido artículo 84 de la Carta le está vedado a toda autoridad -incluido el Presidente de la República-, agregar requisitos, exigencias o trámites para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales, asesoría y consultoría. Suspende provisionalmente el aparte "así como los contratos de asesoría y consultoría" contenido en el numeral 1 de la Directiva Presidencial 03 de agosto 4 de 2006 y la Directiva Presidencial 02 de febrero 23 de 2007, en su integridad.

¿Es procedente declarar la nulidad parcial ejercida contra el artículo 4 del Decreto 2390 de 2002, por el cual se reglamenta el artículo 165 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), expedido por el Gobierno Nacional, por el desbordamiento de la potestad reglamentaria? Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título deberán someterse al trámite de legalización de que trata el artículo 165 de la Ley 685 de 2001. Correspondía al Presidente de la República, en ejercicio de la potestad reglamentaria, proceder a establecer las medidas, procedimientos y mecanismos necesarios para ejecutar la ley en el aspecto de la legalización de las explotaciones mineras sin título. Lo que hace el Gobierno Nacional es crear los mecanismos que permitan la aplicación de la ley de manera concreta; establecer los procedimientos necesarios para hacer posible que se cumplan los efectos determinados en la norma reglamentada para las hipótesis que ella contempla. No existe extralimitación en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente.

¿Es procedente declarar la nulidad del Decreto 2170 de 2002, expedido por el Gobierno Nacional, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999? Definición, alcance y límites de la potestad reglamentaria - razonabilidad y proporcionalidad. Definición de licitación pública. Definición de contratación directa. Principios y las reglas de la contratación estatal. Nulidad del Decreto 2170 de 2002; Arts. 3, con excepción de su parágrafo, 4, 5 y 9; Arts. 12, 13 y 16 (parciales)

¿Es procedente declarar la nulidad del artículo 39 del Decreto 2664 de 1994, por medio del cual se reglamenta el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 y se dictan los procedimientos para la adjudicación de baldíos y su recuperación; con fundamento en el ejercicio de la potestad reglamentaria por modificación de la Ley, en cuanto limitó las resoluciones respecto de las que es posible ejercer la potestad de revocatoria directa sin el consentimiento del afectado? Régimen jurídico para la revocatoria de las resoluciones que adjudican baldíos. La ley 4 de 1973 otorgó la potestad al INCORA de revocar los actos de adjudicación cuando no se cumpliera a cabalidad los requisitos exigidos por la ley para su expedición; ésta facultad fue derogada expresamente por el artículo 268 del C. C. A; en consecuencia para la revocatoria de esos actos administrativos antes de la Ley 30 de 1988, debía seguirse lo dispuesto en éste cuerpo normativo. En la actualidad, para esos mismos efectos debe tenerse en cuenta el artículo 72 de la Ley 160 de 1994, con la reglamentación hecha por el artículo 39 del Decreto 2664 de 1994. La expresión el INCORA podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación no significa que el Instituto pueda revocar las resoluciones de adjudicación, cualquiera sea el tiempo en que fueron expedidas. Si la posibilidad de revocatoria directa sin el consentimiento del afectado sólo es aplicable a las resoluciones expedidas en aplicación de los preceptos de la ley 160 de 1994, no puede entenderse que la limitación temporal que contiene el artículo 39 del decreto 2664 exceda el ámbito reglamentario con que el Gobierno contaba en este caso, así como tampoco que con el mismo se vulnere de forma alguna el derecho de propiedad protegido.

¿Es procedente declarar la nulidad del artículo 5 del Decreto 845 de 1996, por medio del cual el Presidente de la República reglamentó la Ley 209 de 1995, por cuanto limita la autonomía de los entes territoriales y crea un requisito adicional no previsto en la ley reglamentada? Generalidades de la acción de nulidad. La sentencia de la acción de nulidad produce efectos erga omnes. El Presidente de la República tiene potestad reglamentaria, en virtud de la cual se le faculta para expedir los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes; dicha atribución puede ser utilizada en cualquier momento, pero sin que con su ejercicio sea posible modificar, ampliar, adicionar, enervar o suprimir las disposiciones que el legislador ha consagrado. La ley misma -no el reglamento-limitó la disponibilidad de las regalías que se manejan a través del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, por parte de las correspondientes entidades territoriales, estableciendo en forma expresa una condición respecto de su exclusivo destino, cual es el prepago de la deuda anterior. La certificación de que trata el artículo 5, sólo constituye un mecanismo adecuado para que se demuestre que el uso de las regalías está destinado al prepago de las deudas de las vigencias anteriores a la expedición de la Ley, por tanto no hubo extralimitación de la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional.