Responsabilidad del Estado por ocupación permanente de bien inmueble con la imposición de servidumbre de energía eléctrica en un predio de propiedad de la actora, se colige que la ocupación de dicho inmueble es de carácter permanente, razón por la cual el término de caducidad debe contarse a partir del momento en que la obra finalizó o desde cuando aquélla (la actora) pudo conocer de la terminación de la misma. Las redes eléctricas que cruzan sobre el predio de la demandante fueron construidas, según se menciona en los documentos referidos, hace aproximadamente 20 años; no obstante, para la Sala el término de caducidad debe contabilizarse no desde el momento en que se constituyó el gravamen sobre el referido predio, porque no se cuenta con una fecha exacta respecto de la finalización de dicha obra, sino a partir del día siguiente a aquel en que la demandante efectivamente tuvo (o debió tener) conocimiento de ello, es decir, desde cuando adquirió el inmueble, mediante la tradición de éste, la cual operó con el registro de la escritura (artículos 740 y 756 C.C.)

La caducidad se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración desde la perspectiva procesal, generando certidumbre en cuanto a los tiempos de las personas para hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales. En este sentido, las consecuencias del acaecimiento de la condición temporal que es manifiesta en toda caducidad implica la pérdida de oportunidad para reclamar por la vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad de la administración pública. En los casos de ocupación temporal o permanente de inmuebles, se debe tener en cuenta que el término para accionar, empieza a correr a partir del día siguiente de su ocurrencia, es decir desde cuando cesó la ocupación temporal, porque en ese momento se consolida el perjuicio, o desde cuando se termine la obra en relación con la ocupación permanente. La caducidad implica la pérdida de oportunidad para reclamar por vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad del Estado

Responsabilidad patrimonial del Estado por la ocupación temporal o permanente de inmuebles. La responsabilidad patrimonial por ocupación permanente se configura con la prueba de que una parte o la totalidad de un bien inmueble respecto del cual se detenta el derecho de dominio, fue ocupado permanentemente por la administración o por particulares que actuaron autorizados por ella. Los elementos de este evento de responsabilidad son: (i) Un daño antijurídico y (ii) La imputación jurídica del daño al ente demandado. Respecto del derecho del sujeto damnificado con la ocupación permanente, el inciso 1 del artículo 219 del CCA, subrogado por el Art. 56 del Decreto ley 2304 de 1989, prevé que en la sentencia que ordene reparar el daño, se deducirá del total de la indemnización la suma que las partes hayan calculado como valorización por el trabajo realizado, "a menos que ya hubiera sido pagada la mencionada contribución". La indemnización de los perjuicios materiales causados con ocasión de la ocupación permanente de un inmueble está sometida a los principios de reparación integral del daño y comprende los conceptos de daño emergente, que consiste en el precio de la franja o totalidad, según el caso, del inmueble ocupado y del lucro cesante, que se traduce en aquellos ingresos que el propietario del inmueble ocupado dejó de percibir a consecuencia de la ocupación del mismo

De acuerdo al artículo 1155 del Código Civil, en una sucesión por causa de muerte los herederos reciben tanto los derechos reales como los personales, esto es, que el derecho de los herederos nace o se origina del causante, y solo puede tener los derechos que poseía el mismo en vida. En consecuencia, los herederos o el título que se les asigne suceden en todos sus derechos y obligaciones al causante. Pues es claro, que los herederos continúan con la personalidad jurídica del causante pues son la continuación tanto de sus derechos como obligaciones que en sus bienes adquirió, es decir, que ellos adquieren los bienes como los dejó el causante. Para la Sala, en atención al inciso 1º del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984, modificado por la ley 446 de 1998), que respecto de la ocupación permanente del inmueble por parte de la Policía Nacional, dicha acción opera el mencionado fenómeno procesal al vencerse el plazo de 2 años, computados a partir del día siguiente de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa

¿Vía judicial, se puede declarar la resposabilidad del Estado como consecuencia de la ocupación temporal o permanente de un bien inmueble con ocasión de trabajos públicos? En asuntos en los que el origen o la causa del daño deviene como consecuencia de la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos, la jurisprudencia de esta Corporación ha sentado el criterio según el cual el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo, lo que conlleva la declaratoria de responsabilidad cuando se acredite en el proceso que una parte o la totalidad de un inmueble fue ocupada temporal o permanentemente por la Administración o por particulares que actúan autorizados por ella, pues tal situación denota un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas, que no tienen por qué asumir los administrados

El numeral 8 del artículo 136 del CCA establece que la acción de reparación directa caduca al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. La aplicación de dicha regla general se exceptúa cuando el conocimiento del hecho sólo fue posible en un momento posterior a la ocurrencia del mismo, siempre y cuando que se observe que el interesado no pudo conocer el hecho dañoso en un momento anterior. En dichas situaciones el término de caducidad se cuenta a partir de que el interesado tiene conocimiento del daño cuya indemnización pretende, o desde la cesación del mismo cuando el daño es de tracto sucesivo o causación continuada. La Sala aclara, que el término de caducidad opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término, razón por la cual, en los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que ha establecido la sala para el cómputo del término de caducidad en casos especiales

Si el Ejército ha permanecido en un predio sin el consentimiento de los propietarios, predio que otrora eran productivos, pues la explotación económica ha desaparecido por completo, ya que el destacamento para proteger de ataques de la guerrilla allí ubicado ha minado el terreno impidiendo que se tengan animales, se hagan cultivos al punto que impiden el tránsito por el lugar ¿procede la acción de reparación directa? La indemnización de los perjuicios causados con ocasión de la ocupación permanente de un inmueble debe atender a los principios de reparación integral del Daño. Proceso de reparación directa - Grado jurisdiccional de consulta. Recurso de apelación. Ejército Nacional - Ocupación permenente de inmuebles. Daño moral. Daño material. Lucro cesante. Indemnización de perjuicios