Finalidad de la extensión de jurisprudencia. A través de este mecanismo se busca que las personas puedan acceder de manera directa, pronta y eficaz ante la Administración Pública para que sea ésta la que, en armonía con las decisiones judiciales que se han tomado en casos idénticos, pueda resolver, en igual forma, los que se presenten ante ella, lo cual, a la postre, redunda en menor litigiosidad y menor congestión judicial. El ejercicio de este mecanismo pretende evitar la litigiosidad y busca que sea la propia administración la que conozca inicial y directamente el proceso guiada por jurisprudencia unificada que se haya proferido en casos similares. La extensión de jurisprudencia permite a las autoridades públicas tener certeza en las decisiones que adoptan al resolver las reclamaciones de las que deben ocuparse; evita que el ciudadano se vea obligado a acudir a un proceso judicial, con todo lo que ello implica, para que se resuelvan sus pretensiones en relación con casos iguales que ya han sido decididos a través de sentencias de unificación y reduce los niveles de congestión en la Administración de Justicia, bondades del mecanismo que redundan en un sistema jurídico más armónico y coherente que permite la realización de principios y garantías como la igualdad, la seguridad jurídica, la confianza legítima, la celeridad y la economía procesal

En asuntos de delitos sexuales, especialmente contra menores de edad, la Sección ha optado por analizar la existencia de otros factores adicionales a los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, tales como los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida de privación de la libertad. Para que el particular quede habilitado para acudir en busca de que le sean extendidos los efectos de una sentencia de unificación, constituye presupuesto ineludible que de manera previa haya acudido ante la autoridad pública competente con ese propósito y que, además, esta le haya negado su solicitud, bien sea de manera expresa o forma tácita por vencimiento del término con que cuenta para resolverla sin que lo haya hecho. A la luz de las más recientes tesis, la anterior sentencia de unificación en materia de privación injusta de la libertad contrae su análisis a que se verifique de forma llana la existencia del daño (la privación de la libertad) y que, por consiguiente, escinde o desnaturaliza los elementos en los que se estructura la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, teniendo en cuenta que relega por completo la necesidad de que se conciba y se demuestre la antijuridicidad de aquél (del daño), aun cuando este presupuesto, en los términos del artículo 90 superior y del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, se torna imprescindible para que surja la obligación de reparar los perjuicios ocasionados en asuntos de privación injusta de la libertad. No basta con acreditar simplemente la existencia de la privación de la libertad y la ausencia de condena sino que debe probarse la materialización de un daño antijurídico con tal circunstancia: "de modo que no basta demostrar que no hubo condena en el proceso penal, sino que es necesario ir más allá, a la luz del artículo 90 de la C. Política, para determinar, entre otras cosas, si el daño padecido con la privación de la libertad fue o es antijurídico o no

De acuerdo con el artículo 102 del CPACA, para que puedan extenderse los efectos de una sentencia de unificación la persona interesada debe cumplir los siguientes requisitos: (i) presentar la petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho; (ii) que no haya operado la caducidad del medio de control que procedería; (iii) justificar de manera razonada las circunstancias por las que el peticionario considera se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho resuelta en la sentencia invocada; (iv) presentar las pruebas que el peticionario tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer si comparece a un proceso; y (v) copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor. De igual manera, el artículo 10 del CPACA estableció que para que sea aplicable una sentencia de unificación del Consejo de Estado a un caso en concreto es necesario que existan los mismos supuestos fácticos de hecho y de derecho