Derecho a la educación para las personas desmovilizadas de los conflictos armados, desplazados y vulnerables. El Consejo de Estado condenó al departamento de Antioquia por negarse pagar el servicio de educación prestado por la Fundación San Sebastián de Urabá a reinsertados de grupos armados ilegales, desplazados y población vulnerable del municipio de San Pedro de Urabá (Antioquia) durante el primer semestre del 2007. La fundación interpuso una demanda de reparación directa por considerar que el departamento obtuvo enriquecimiento sin justa causa al no haber solventado los costos del servicio educativo suministrado a víctimas y actores del conflicto armado entre enero y julio del 2006. El Tribunal condenó al departamento a cancelarle el pago por la prestación de sus servicios educativos, Antioquia interpuso un recurso de apelación. La alta corte negó el recurso, a su juicio, si bien no existía un contrato previo que formalizara los deberes del ente territorial en este caso, sí existió a su favor un enriquecimiento sin justa causa, pues se vio beneficiado por la iniciativa que tomó la Fundación para satisfacer el acceso a un derecho fundamental como lo es la educación, sin que existiera contraprestación

Prestación de servicios y suministro de bienes sin mediar relación contractual. Los particulares no pueden reclamar de la Administración el pago de servicios prestados sin la suscripción previa de un contrato que cuente con el respaldo presupuestal correspondiente y que, en caso de hacerlo, el no pago de tales servicios se entiende atribuido a su propia culpa, puesto que las normas legales no solo deben ser conocidas y aplicadas por la entidad sino también por el particular que obra de esta forma. La referida sentencia de unificación - 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897) - en la que se establece la regla conforme con la cual no es procedente formular una acción contractual e invocar el enriquecimiento sin causa, fue proferida mucho después de que ocurrieran los hechos objeto del presente proceso, que se refieren a la prestación de servicios en el lapso comprendido entre agosto de 2003 y enero de 2004. La Sala estima que no puede exigírsele a la sociedad demandante un comportamiento conforme con una posición jurisprudencial que no corresponde a la vigente cuando ésta prestó los servicios a la entidad demandada

¿En qué casos procede la acción de reparación directa por enriquecimiento sin causa sin que medie contrato? - La pretensión del enriquecimiento sin justa causa se debe ventilar en sede judicial a través de la acción de reparación directa, limitando a tres hipótesis 1.Cuando se acredite que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su de su autoridad constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. 2. En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. 3. En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993

Unificación jurisprudencial en materia de enriquecimiento sin causa y de actio de in rem verso frente al reconocimiento de prestaciones ejecutadas sin soporte contractual. ¿Es la acción de reparación directa la vía procesal adecuada para obtener la declaratoria de enriquecimiento sin justa causa? Por regla general, el enriquecimiento sin causa, y en consecuencia la actio de in rem verso, no pueden ser invocados para reclamar el pago de obras, entrega de bienes o servicios ejecutados sin la previa celebración de un contrato estatal que los justifique. Casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso. Todos los que pretendan intervenir en la celebración de un contrato estatal, tienen el deber de acatar la exigencia legal del escrito para perfeccionar un negocio jurídico de esa estirpe sin que sea admisible la ignorancia del precepto como excusa para su inobservancia. Y si se invoca la buena fe para justificar la procedencia de la actio de in rem verso en los casos en que se han ejecutado obras o prestado servicios al márgen de una relación contractual, como lo hace la tesis intermedia, tal justificación se derrumba con sólo percatarse de que la buena fe que debe guiar y que debe campear en todo el iter contractual, es decir antes, durante y después del contrato, es la buena fe objetiva y no la subjetiva. La Sala establece los casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno

Grado jurisdiccional de consulta. El actor pretendía el pago de daños y perjuicios por los valores de más en los que incurrió para el desarrollo del contrato estatal, no cancelados por la entidad contratante. El tribunal declaró patrimonialmente responsable a la entidad contratante. Error En la selección de la acción a interponer. La acción de reparación directa ejercida en este caso en virtud de la actio de in rem verso. La demanda no deviene entonces de un 'enriquecimiento sin causa', sino de una controversia estrictamente contractual -contenida en un contrato estatal-, a propósito de la determinación y definición del alcance del objeto del contrato y la interpretación de las obligaciones asumidas por el contratista, por manera que el ejercicio de la acción de reparación directa resultó indebido. Así pues, resulta improcedente el análisis de la demanda en virtud de la acción contractual, toda vez que si bien en aplicación del principio iura novit curia corresponde al juez, frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, definir la norma o el régimen jurídico aplicable al caso, ello no puede ni debe confundirse con la modificación de la causa petendi y menos aún del petitum, es decir variar los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión, o de las pretensiones mismas, habida consideración del acervo probatorio respecto del cual se puede inferir que la prestación realizada a cargo del actor se encuentra contenida en el contrato. Revoca la sentencia proferida por el tribunal

Conciliación judicial. Requisitos para su aprobación. De conformidad con el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, pueden conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas de derecho público a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado. Contrato estatal. Liquidación bilateral. Enriquecimiento sin causa. Elementos

Enriquecimiento sin justa causa. Noción. Actio in rem verso. Procedencia. Requisitos. Aplicación del principio iura novit curia. Responsabilidad del estado. Por las actuaciones de sus servidores públicos. Hecho personal del agente. Las entidades públicas son personas jurídicas. Competencia. Requisito de validez de los actos administrativos

Generalidades de la conciliación y requisitos de aprobación del acuerdo conciliatorio. Condiciones para la existencia del enriquecimiento sin causa - Actio in rem verso. Intervención del Ministerio Público en la audiencia de conciliación. Una vez aprobado el acuerdo conciliatorio, éste hace tránsito a cosa juzgada.

Afirmó que estuvo vinculado como abogado externo de la entidad demandada hasta diciembre de 1999, mediante contratos y órdenes de prestación de servicios, en cumplimiento de los cuales brindó asesoría en asuntos jurídicos, judiciales y extrajudiciales de naturaleza administrativa, civil, penal, etc. a los hospitales y centros de salud que dependieran del Instituto. A pesar de que en el año 2000 no celebró ningún contrato con la entidad, continuó prestándole sus servicios hasta el día 31 de julio de ese año, sin que por esa labor haya recibido remuneración alguna. Jurisdicción contenciosa - Rechazo de demandas por error en la acción interpuesta. Acción de reparación directa. Enriquecimiento sin causa - Actio in rem verso. Funcionarios públicos - Responsabilidad patrimonial. Acción de repetición - Legitimación