El error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los recursos de ley, pues si no agotara los medios de defensa judicial que tiene a su alcance, el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado. De otra parte, que los recursos de ley deben entenderse como los medios ordinarios de impugnación de las providencias, aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda. La norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso. Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho. Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas, error de hecho, de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma, error de derecho. La determinación del error judicial en estricto sentido debe estar mediatizada por un análisis de la racionalidad y razonabilidad que sustenta el sentido de la decisión judicial de la cual se predica la equivocación

La acción reivindicatoria, según el artículo 946 del Código Civil, es aquella "que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla". El artículo 762 Del C.C, establece que la posesión es: "la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él". El artículo 952 ibidem dispone que "la acción de dominio se dirige contra el actual poseedor", esto es, se dirige en contra de aquella persona que detente la posesión, para lo que es necesario acreditar dos elementos el animus y el corpus. En cuanto a la acumulación de procesos, prevista en los artículos 157 a 159 del Código de Procedimiento Civil, es el trámite de dos o más procesos mediante uno solo, obedece al principio de la economía procesal y tiene por finalidad evitar que se produzcan fallos contradictorios sobre cuestiones conexas o sobre un mismo litigio. Cuando se acumulan dos procesos es posible que las pruebas obrantes en uno, sirvan para resolver la controversia planteada en el otro, pues así lo imponen los principios de unidad y comunidad de la prueba

Los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración de acuerdo con el artículo 90 Superior, son, el daño antijurídico y la imputabilidad de éste a la autoridad pública. Como quiera que en la demanda se hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a la demandada y en cuya virtud le imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 66 de la LEAJ, se entiende por error judicial aquel "cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley

Se exonera de responsabilidad al Estado por la destrucción de embarcación decomisada en virtud de proceso penal por narcotráfico. Mientras la motonave era usada por la Armada Nacional, se incendió y hundió en altamar, informando de la destrucción, por lo que no se podía ordenar la entrega de un bien que había desaparecido del mundo físico y, la sustitución de la obligación, esto es que a cambio del bien se diera otra cosa, no era del resorte de la jurisdicción penal. La Ley 270 de 1996 en su artículo 65 define al error jurisdiccional como aquel cometido por una autoridad investida de facultades jurisdiccionales, en su carácter de tal, durante el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. Respecto del decomiso fue expedido el Decreto 1060 de 1984, que modificó el artículo 52 del Decreto 1188 de 1974, Estatuto Nacional de Estupefacientes. Cuando un medio de transporte era utilizado en la comisión de un delito relacionado con la fabricación, venta y-o suministro de sustancias que produjeran dependencia física o psíquica, este sería decomisado y podía ser destinado al servicio de una entidad oficial, según el criterio del Consejo Nacional de Estupefacientes

Se está en presencia del título de imputación denominado error jurisdiccional cuando se atribuyen falencias al momento de dictar providencias judiciales, a través de las cuales se haya interpretado, declarado o hecho efectivo un derecho subjetivo

Se está en presencia del título de imputación denominado error jurisdiccional, cuando se atribuyen falencias en las que se haya incurrido al momento de dictar providencias judiciales por medio de las cuales se haya interpretado, declarado o hecho efectivo un derecho subjetivo

Presupuestos para la configuración del error jurisdiccional -El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme". La norma transcrita informa dos supuestos que deben ser observados por quien reclame perjuicios por esta causa, en la medida en que la decisión cuestionada debe estar ejecutoriada, y que frente a la misma se hayan interpuestos los recursos de ley, entendiéndose éstos como los ordinarios

¿La responsabilidad extracontractual o patrimonial del estado por un error judicial únicamente se configura cuando la sentencia donde se causo queda en firme? El fallo de primera instancia al que la parte actora le endilga un error judicial, nunca quedó en firme, razón por la cual no se configuran los presupuestos legales para que pueda derivarse de ese fallo una eventual responsabilidad del Estado. Sin duda, esta previsión normativa encuentra su razón de ser en que (i) mientras no esté en firme una providencia bien puede ser modificada o revocada en virtud de los recursos o del grado jurisdiccional que proceda; por ende, la responsabilidad patrimonial del Estado por un yerro en una providencia judicial sólo puede comprometerse a partir de que los jueces han decidido en forma definitiva el asunto, máxime si se tiene en cuenta que (ii) las sentencias judiciales sólo producen efectos a partir de su ejecutoria, como quiera que es regla general que la apelación contra ellas se tramita en el efecto suspensivo, de modo que sólo pueden tener efectos cuando han quedado en firme

¿Se configura responsabilidad del Estado cuando un Tribunal Administrativo no imprimió el mismo trato a situaciones semejantes, en lo que respecta al tema de la indexación de salarios y prestaciones dejados de devengar como consecuencia de desvinculaciones declaradas ilegales y la demandante no interpuso los recursos de ley? Sí, el error judicial no solo se traduce en la interpretación diferente, aunque plausible en el caso concreto, va más allá, comporta el desconocimiento de obligaciones y deberes de mayor alcance y envergadura, ya sea porque no se aplica la ley vigente, se desatiende injustificadamente los precedentes jurisprudenciales, los principios que integran la materia o los imperativos que rigen el debido proceso y así se niega injustificadamente el derecho. En lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone, necesariamente, igualdad en la interpretación y en la aplicación de la ley. La vulneración del mandato constitucional de la igualdad y el desconocimiento del principio de favorabilidad en materia laboral, en la resolución de su caso, configuraron entonces un error judicial que la actora no tenía que soportar; siendo menester revocar la decisión denegatoria del a quo y acceder a las pretensiones indemnizatorias para que se restablezca la igualdad mediante el ajuste de los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia del retiro ilegal, único medio para compensar la desproporción advertida

Acción de reparación directa. Privación Injusta de la libertad. Perjuicios morales. Responsabilidad del estado. Error judicial. Evolución jurisprudencial. Responsabilidad objetiva del Estado por privación injusta de la libertad. Falla del servicio de la administración de justicia. Nulidad constitucional de pleno derecho. Prueba obtenida con violación al debido proceso. Inobservancia formalidades legales

Acción de reparación directa por error judicial. Legitimación en la causa por pasiva - Representación de la rama judicial. Diferencia entre responsabilidad del Estado y responsabilidad personal del agente. Responsabilidad personal del magistrado. Error inexcusable. La acción de repetición es diferente de la responsabilidad patrimonial del funcionario. Error judicial en altas cortes. Vía de hecho diferente del error judicial. Carga de la prueba en error judicial. Procedencia de la condena en costas.