Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. El juez administrativo consciente de la inexorable realidad, por ello deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas en casos de graves violaciones de Derechos Humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional, según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación asimétrica de cara al patrimonio de la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios es importante señalar que el CPC en su artículo 175, permite que "cualesquiera otros medios de prueba que sean útiles para el convencimiento del juez" tengan la capacidad de acreditar los hechos objeto del proceso y, por lo tanto, el juez sin tener una tarifa legal podrá acudir a los que crea pertinentes y relevantes, a fin de establecer un juicio adecuado. En consideración a que el caso presente trata de graves violaciones a los derechos humanos, la Sala adecuará los criterios de valoración probatoria a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales en aras de garantizar una justicia efectiva y adecuada

¿Es responsable el Estado por hechos de terceros, cuando una masacre ha estado precedida de una estigmatización de la población civil, a la que ha contribuido la fuerza pública? Para la Sala se encuentra acreditado en este caso, que la fuerza pública contribuyó a hacer efectiva la escala de valor del grupo irregular y alimentó la consolidación del estigma contra el pueblo de labranza grande y contra las víctimas mortales de la masacre de La Sarna. Las pruebas acreditan que agentes del Estado facilitaron información que llevó a los ejecutores a la convicción de que estaban frente a colaboradores de la guerrilla, aunque en realidad resultaron ser civiles que no participaban en las hostilidades. Por regla general, los daños ocasionados directamente por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, el hecho de que un detrimento provenga de un acto material efectuado por un tercero ajeno al Estado no imposibilita definitivamente su atribución a este último. Si la conducta estatal por acción u omisión, en efecto, contribuye de manera eficiente y adecuada al daño cuya reparación se demanda, puede imputársele su producción y, en consecuencia, la obligación de repararlo

¿Le es imputable jurídicamente al Ejercito Nacional la responsabilidad por los hechos que incurrieron los suboficiales al cometer violencia sexual contra una mujer víctima del conflicto armado? De acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, para que surja la responsabilidad de la entidad a la que pertenece el agente, se deberá observar, en cada caso concreto, si el funcionario actuó prevalido de la función pública, lo cual se determina, a su vez, evaluando si el daño ocurrió en horas en que se prestaba o debía prestarse el servicio, si devino con ocasión del mismo, y\o si acaeció en el lugar donde este se prestaba. En el presente caso, el daño se produjo con ocasión del servicio, pues se observa una manifestación o, más exactamente, una deformación del poder público en la conducta de los suboficiales y actuaron prevalidos de una condición de autoridad

Consejo de Estado ordena al Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección crear un premio anual Josué Giraldo Cardona para conmemorar el magnicidio de la Unión Patriótica - Se ordena a La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección, la financiación de i) un premio anual que consistirá en una beca para cursar un postgrado, maestría, doctorado o postdoctorado, en una universidad pública o privada de su escogencia y financiar la publicación de la tesis por la universidad a la que pertenezca, por el cual se busque reconocer académicamente la mejor tesis de pregrado y postgrado en humanidades y ciencias sociales, donde sean invitadas todas las universidades de Colombia, en el que se aborde el tema de la defensa de los derechos humanos y la Unión Patriótica; y ii) premiar cada año al grupo de trabajo, investigación u organización académica, social y-o popular que defienda y promueva la defensa de los DD.HH. y D.I.H. con un apoyo económico de cien salarios mínimos (100 s.m.l.v.) para el fortalecimiento de la organización. Premios que llevarán como nombre Josué Giraldo Cardona, y que harán memoria de los acontecimientos sufridos por los miembros de dicha organización política en lo referente a su persecución y sistemática eliminación. Se deberán entregar ambos galardones el nueve (9) de abril de cada año con motivo de la conmemoración del "Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas" en el Centro de Memoria Histórica. Las entidades condenadas deberán asegurar que anualmente a partir del 2015, con cargo al presupuesto de la institución, se provea al Comité Cívico por la Defensa de los Derechos Humanos del Meta y al Centro de Memoria Histórica de los recursos indispensables para el concurso y la ceremonia de la entrega anual del premio en mención por el término de cinco años consecutivos

¿Se viola el principio de no reformatio in pejus cuando el juez ordena medidas no pecuniarias de reparación en caso de violaciones graves a los derechos humanos producidos por falta de diligencia en la prestación del servicio de salud que afecten directamente los derechos sexuales y reproductivos de la mujer por la ausencia de medidas diferenciales de protección? - No, en el caso de la prestación del servicio de salud, la ausencia de medidas afirmativas y-o diferenciales de prevención y de protección que tengan en cuenta la especificidades de las niñas, adolescentes y-o mujeres, así como las consecuencias que para las mismas revisten los procedimientos en los que pueden verse sensible e irreparablemente comprometidos los órganos que comprometen su identidad y sus derechos reproductivos, puede constituir una violación de los derechos constitucionales fundamentales de la víctima, a ordenar medidas no pecuniarias de reparación integral de los derechos conculcados y ello incluso si no fueron solicitadas en el petitum de la demanda. Así mismo se afirma que en los eventos de graves violaciones a derechos humanos o a derechos fundamentales, se considera que la imposición de medidas no pecuniarias de reparación integral no afecta el principio de la no reformatio in pejus. Puesto que cuando el juez de lo contencioso administrativo aprecia la vulneración grave de la dimensión objetiva de un derecho, puede adoptar medidas de justicia restaurativa a efectos de que sea reestablecido el núcleo del derecho o interés constitucionalmente protegido, al margen de que el trámite procesal sea el del grado jurisdiccional de consulta o la resolución de un recurso de apelación único. Lo anterior, toda vez que el principio de la no reformatio in pejus, como expresión de la garantía del derecho al debido proceso sólo tiene restricción en la órbita indemnizatoria del principio de reparación integral

¿Existe falla presunta del servicio cuando se acredita que la muerte de una menor se produjo como consecuencia del disparo que realizó un agente de la Policía con su arma de dotación oficial y durante la prestación del servicio? Acción de reparación directa. Responsabilidad patrimonial del Estado. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos de los menores. Conciliación - Obligatoriedad. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Atentados terroristas. Masacres. Derechos humanos