Se negó una acción de tutela que pretendía incorporar al ordenamiento los resultados de la consulta popular por medio de la cual los habitantes de Tauramena (Casanare) manifestaron no estar de acuerdo con la realización de actividades de exploración o explotación petrolera en la parte alta del municipio. Ante los resultados de la contienda del 15 de diciembre del 2013, el municipio expidió un acto administrativo que incorporaba al ordenamiento los resultados de esas votaciones, pero ese acto fue declarado nulo por un Juzgado Administrativo de Yopal y luego por el Tribunal del Casanare. Interpusieron acción de tutela con la intención de que se dejara sin efectos el fallo que no permitió que los resultados de esta consulta popular tuvieran efectos jurídicos. A sus pretensiones se sumó el municipio de Tauramena, que consideraba que a esta consulta no le era aplicable el fallo por medio del cual la Corte Constitucional determinó que los municipios no podían prohibir la explotación del subsuelo mediante consultas populares. La sentencia de tutela del C. de Estado sostiene que esa providencia de la máxima instancia constitucional sí es aplicable al caso de Tauramena, a pesar de que se produjo con posterioridad a la consulta, pues se trata de una sentencia de unificación de jurisprudencia que no contiene ningún tipo de efectos modulatorios

¿Está acreditado que la Vicepresidenta electa haya incurrido en doble militancia para que proceda la suspensión provisional del acto demandado? La ley estableció la obligatoriedad de los resultados de este tipo de consultas, por cuanto, resulta violatorio de los postulados constitucionales que rigen la materia que un candidato, luego de haber sido derrotado en una consulta, intente acceder al mismo cargo para el cual participó en la consulta, apoyando una ideología diferente. En este evento, no obra en el expediente prueba alguna de las condiciones en que la doctora Martha Lucía Ramírez Blanco participó en la consulta interpartidista ni la forma en que dicha consulta fue convocada. Sin embargo, es un hecho notorio que la demandada se inscribió como precandidata presidencial y salió derrotada, razón por la cual no pudo aspirar a la presidencia de la República para el período 2018 - 2022, por lo que puede afirmarse que se respetó el resultado de la consulta. Es un hecho notorio que luego se presentó como fórmula vicepresidencial de lo que se deduce en este momento procesal, que no apoyó a un candidato diferente al ganador de la consulta. No se puede establecer con claridad si existió una coalición para la realización de la consulta interpartidista del 11 de marzo de 2018, ni las condiciones, ni la forma en que fue conformada la fórmula presidencial que finalmente se presentó a las urnas por el partido Centro Democrático. Por lo tanto, en este estado del proceso no se encuentra acreditado que la demandada haya incurrido en doble militancia

La acción de tutela no es viable para efectuar control constitucional a las preguntas contenidas en una consulta popular