Es procedente declarar la excepción -de oficio o de parte- de cosa juzgada internacional respecto de fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dado que estas sentencias son definitivas, inapelables y de imperativo cumplimiento. De esta manera, cuando existan condenas proferidas por ese Tribunal en contra del Estado y al mismo tiempo se tramiten procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa por los mismos hechos, el juez nacional debe acatar lo dispuesto por el juez internacional, pues una nueva decisión desconocería la fuerza de cosa juzgada de la que está revestida. Además, podría entrañar un enriquecimiento sin causa derivado de una doble indemnización del mismo daño y una eventual infracción al debido proceso

El fenómeno de cosa juzgada opera únicamente sobre los cargos de nulidad del acto administrativo de fueron alegados en la respectiva demanda - La cosa juzgada se presenta cuando el litigio sometido a la decisión del juez, ya ha sido objeto de otra sentencia judicial; produce efectos tanto procesales como sustanciales, por cuanto impide un nuevo pronunciamiento en el segundo proceso, en virtud del carácter definitivo e inmutable de la decisión, la cual, por otra parte, ya ha precisado con certeza la relación jurídica objeto de litigio. Cuando se trata de la impugnación de actos administrativos a través de la acción de simple nulidad, frente a una decisión que niegue las pretensiones de la demanda, lo que significa que el acto administrativo demandado sigue vigente, la cosa juzgada se presentará exclusivamente en relación con las causales de nulidad alegadas y el contenido del petitum que no prosperó, es decir que la decisión puede ser nuevamente demandada por otra causa y puede prosperar la pretensión. Pero si la decisión fue la de declarar la nulidad del acto administrativo demandado, la misma tendrá efectos de cosa juzgada erga omnes, es decir oponibles frente a todos y en consecuencia, no será posible un nuevo pronunciamiento sobre la validez del acto que fue judicialmente expulsado del ámbito jurídico

Recurso de anulación de laudo arbitral. No es admisible que el Ministerio Público formule un recurso para ante el Consejo de Estado pero que, de manera sorprendente y paradójica, sea el propio Ministerio Público el que a la vez, mediante una actuación posterior dentro del mismo proceso, solicite que desestime las pretensiones del recurso y que se falle desfavorablemente. Noción y naturaleza de la cláusula compromisoria. La Ley 80 de 1993 permite que las partes puedan pactar en los contratos estatales la cláusula compromisoria, con la finalidad de someter a la decisión de árbitros las diferencias que pudieran surgir durante cualquiera de las fases de la contratación (celebración, ejecución, desarrollo, terminación, liquidación). Naturaleza y objeto del recurso de anulación de laudo arbitral. Legitimación en la causa por activa para la interposición del recurso. Atribuciones de la Procuraduría General de la Nación. Alcance de la causal 4 del artículo 72 de la Ley 80 de 1993.Principio de congruencia. Noción y efectos de la cosa juzgada. Las causales del recurso de anulación de laudo arbitral son taxativas. El Juez de la anulación no puede suplir la inactividad de las partes ni asumir el papel de los árbitros estudiando de fondo un asunto sobre el cual no se propusieron excepciones ni tampoco los árbitros se pronunciaron, porque ello escapa no sólo a la naturaleza de este recurso, sino que no es materia de un estudio sobre la congruencia del laudo en su relación con lo pedido o lo excepcionado dentro del proceso.

Cosa juzgada -límite objetivo-en acción popular. Noción y características de la cosa juzgada y su relación con el principio de seguridad jurídica. Identidad jurídica de las partes. Efectos de la sentencia de acción popular. Presupuestos para la configuración de la cosa juzgada. La acción popular ostenta el carácter de autónoma o principal, habida consideración de su objeto y por ello su procedencia no está subordinada a que no existan otros medios de defensa judicial. Desviación de poder y moralidad administrativa. Noción de delegación. Principios de la función administrativa. Concepto de patrimonio público.

Generalidades de la conciliación y requisitos de aprobación del acuerdo conciliatorio. Condiciones para la existencia del enriquecimiento sin causa - Actio in rem verso. Intervención del Ministerio Público en la audiencia de conciliación. Una vez aprobado el acuerdo conciliatorio, éste hace tránsito a cosa juzgada.

El marco de la conciliación, parte de un objeto transaccional en el cual las partes adoptan una serie de medidas relacionadas con derechos inciertos, discutibles y disponibles, a partir de los cuales el juez de lo contencioso administrativo queda limitado a la constatación de fondo del cumplimiento de una serie de exigencias para que el mismo produzca efectos jurídicos vinculantes. Proceso de reparación directa - Recurso de reposición. Conciliación. Excepción de cosa juzgada. Acuerdo conciliatorio - Aprobación parcial. Principio de cosa juzgada

En relación con los derechos e intereses colectivos se entiende que son intereses de representación difusa, en la medida en que suponen la reivindicación de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas que, en potencia, pueden ser, incluso, todos los que integran una comunidad. Derecho a la defensa del patrimonio público. Derecho a la moralidad administrativa. Defensoría del Pueblo - Competencia. Industria Licorera de Bolívar - Adjudicación de contrato de ejecución operativa de maquinaria y equipos. Acción popular - Requisitos. Principio de prevalencia del derecho sustancial. Principio de cosa juzgada

Contra las sentencias de acción popular no procede recurso extraordinario alguno, toda vez que la Ley 472 de 1998, al regular los recursos que son posibles de presentar dentro de esta acción (Capítulo X), únicamente consagró el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, sin que hubiese dispuesto recurso extraordinario contra la decisión que pone fin al proceso. Derecho a la moralidad administrativa. Derecho a la defensa al patrimonio. Acción popular - Nulidad. Principio de cosa juzgada

¿También podrá alegarse como excepción previa el hecho de caducidad de la acción? Acción contractual - Término de caducidad. Contrato estatal de compraventa - Incumplimiento. Contratista - Disminución patrimonial. Principio de cosa juzgada. Compraventa de inmueble - Saneamiento del bien

¿Aunque en los casos de responsabilidad patrimonial del estado, no existe tarifa legal; no obstante, al proceso deben allegarse las pruebas suficientes del hecho imputable a la administración, del daño y del nexo causal? Acción de reparación directa. Indemnización de perjuicios. Responsabilidad extracontractual del Estado. Proceso de responsabilidad patrimonial del Estado - Régimen probatorio. Prueba de indicio grave. Principio de cosa juzgada. Prejudicialidad

Nulidad de contratos - Evolución legal - Término - Legitimación