Ante la ausencia de prueba del valor de los aportes económicos en relación con los perjuicios materiales solicitados por los padres de la víctima, debe presumirse una remuneración equivalente al SMLV. La Sala considera que las pruebas testimoniales practicadas, analizadas a la luz del contexto social del joven (victima) y sus padres, permiten concluir que este aportaba económicamente al sostenimiento de su familia. Por tanto, resulta extraño que, ante la existencia de estos elementos de prueba el fallador de segunda instancia concluyera que no se demostró la ayuda económica por el hecho de desconocer el monto del salario o jornal que devengaba y la suma que este le entregaba a su padre. En ese caso, debe presumirse que percibía un SMLV. Considera la Sala que desconocer el valor exacto del dinero que la víctima aportaba, no desvirtúa que efectivamente contribuyera para el sostenimiento del hogar y en todo caso, debería presumirse el salario mínimo mensual. Se configura entonces un error fáctico en cuanto a la deficiencia en la apreciación y valoración de las pruebas testimoniales con respecto a la dependencia económica y un desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la presunción del salario mínimo cuando se desconoce el valor de los aportes económicos en relación con los perjuicios materiales solicitados por los padres de la víctima

Se advierte que la Sección, dentro del proceso de acción popular, analizó los informes de las entidades demandadas y vinculadas, el contenido de la inspección judicial y las declaraciones de los peritos y testigos, para concluir que las redes eléctricas, los equipos de medida, el software y demás elementos del sistema eléctrico instalado por la empresa SOPESA S.A. E.S.P., se encontraba ajustado a las normas y protocolos legales, sin que se evidenciara alguna irregularidad que afectara la seguridad y salubridad de la comunicad de la Isla de San Andrés. La Sala advierte que la autoridad judicial accionada en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica dio un alcance probatorio coherente y válido a los documentos, peritazgos y testimonios allegados al proceso de acción popular e interpretó de forma razonable la normativa aplicable al caso concreto que, a pesar de no resultar satisfactoria en su integridad a la parte demandante, hoy tutelante, no se puede colegir que su actuación fue contraria a Derecho. Concluyó que el material probatorio allegado al expediente de acción popular no permitía inferir con claridad la existencia de un menoscabo de los derechos colectivos de la comunidad de la Isla de San Andrés, con la instalación en la zona de las redes y equipos de medición de energía eléctrica por parte de la empresa SOPESA S.A. E.S.P

Bajo el rótulo de las CAUSALES DE PROCEDIBILIDAD se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales, superando la noción de VÍA DE HECHO por la de DECISIÓN ILEGÍTIMA con la finalidad de resaltar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente

De la lectura de las providencias atacadas no se desprende una orden clara por parte del demandado, pues simplemente en la parte resolutiva se limitó a decretar la remisión del expediente al Juzgado de primera instancia, sin declarar la falta de jurisdicción, ni la nulidad de la sentencia de primera instancia, y tampoco dispuso su remisión inmediata al juez de la jurisdicción que consideró competente, en contravía del precepto transcrito. En aplicación estricta de la normativa, el Tribunal demandado debió declarar la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia, incluida esta, y enviar inmediatamente el expediente a la corporación competente, pues no hacerlo implica la violación del derecho fundamental al debido proceso

¿La acción de tutela resulta procedente para cuestionar la sentencia de única instancia proferida dentro de la acción de nulidad electoral por la Sección Quinta de la Sala del Consejo de Estado, que declaró la nulidad del acto de elección del ciudadano Alberto Rojas Ríos como Magistrado de la Corte Constitucional? La procedencia de la tutela contra providencia judicial debe vulnerar o amenazar el derecho fundamental y que tenga una repercusión que trascienda la esfera individual y repercuta en los derechos fundamentales del accionante, con trascendencia social. La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político. Además está de por medio la forma del ejercicio del procedimiento electoral en la cúpula de la jurisdicción Contencioso Administrativo, con repercusiones en el proceso de elección que corresponde al Congreso del órgano límite de la jurisdicción constitucional de Colombia, hecho que por sí sólo explica la trascendencia constitucional del tema. Desde esta perspectiva no cabe duda de la importancia del tema no sólo para el ordenamiento jurídico sino para la sociedad en general, con lo que se cumple la primera causal genérica de procedibilidad

¿En qué casos procede la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto fáctico de en las diferencias de valoración? - Para el Consejo de Estado las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba no constituyen errores fácticos. No es procedente la acción de tutela cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto. Para que proceda la acción de tutela contra una sentencia judicial por defecto fáctico, es necesario que en el expediente respectivo no exista ninguna prueba que permita conducir razonablemente a la conclusión alcanzada por el juez. Por el contrario, si los motivos de inconformidad del recurso de amparo están encaminados a obtener la revisión de la actividad de evaluación probatoria del juzgador es claro que la acción constitucional debe ser desestimada

¿Se vulnera el derecho a la administración de justicia al rechazarse de plano una demanda sin otorgarse un término para subsanarla, ante el incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial? - Si, las causales de rechazo de la demanda son taxativas, y por tanto, la interpretación que realice el juez de conocimiento debe ser restrictiva en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política