Se condenó a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a reparar con el pago de una suma de dinero a los familiares de un soldado campesino que murió como consecuencia de un disparo que recibió de manos de un dragoneante que pertenecía al mismo batallón en el que la víctima prestó su servicio militar obligatorio. El soldado falleció en diciembre del 2009 en zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar). Según el autor material del hecho, la víctima se negó a cumplir el requerimiento que le hizo otro soldado y empezó a disparar en varias ocasiones, lo que lo motivó a accionar su arma contra él no solo en defensa propia sino de las demás personas presentes en la escena, causándole la muerte. La Sección determinó que no se probó que el uniformado muerto hubiera tratado de disparar contra otras personas antes de ser impactado y la trayectoria de los disparos que recibió tampoco permite corroborar que los hubiere amenazado con su fusil de dotación. Aunque para la Sala no es posible establecer las circunstancias precisas de este desenlace, el hecho de que el soldado hubiera muerto en ejercicio de la prestación del servicio militar obligatorio da lugar a que las entidades demandadas reparen el daño causado. "Quienes ingresan a prestar el servicio en cumplimiento de lo previsto en el artículo 216 de la C. Política, si bien tienen que soportar las restricciones mínimas de sus derechos fundamentales de locomoción y libertad, de ello no se sigue que tengan que asumir los daños ocasionados en razón del servicio". Según el fallo, la reparación por este tipo de daño procede cuando se produce alguna de las siguientes circunstancias: "(i) el desconocimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas; (ii) el sometimiento del soldado conscripto a un riesgo superior al normal, o (iii) una actuación u omisión"

La jurisprudencia de la Corporación ha señalado que existen diferencias sustanciales entre el soldado conscripto y aquel que se ha vinculado voluntariamente a la fuerza pública, pues mientras que este último lo hace en razón a una decisión libre que ha adoptado para el desempeño de su vida laboral, el primero de estos se ve obligado, en virtud del imperium del Estado, a acudir al desempeño de las actividades militares, como expresión de la solidaridad y el mantenimiento y defensa del interés público. En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes se encuentren prestando el servicio militar obligatorio, se ha considerado que su situación es diferente respecto de quienes, voluntariamente, ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares de carrera, agentes de policía o detectives del DAS, porque el sometimiento de aquéllos a los riesgos inherentes a la actividad militar no se realiza de manera voluntaria, sino que corresponde al cumplimiento de los deberes que la Constitución impone a las personas, "derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social", para "defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La obligación constitucional de prestar el servicio militar y la consecuente restricción de derechos que ello implica para los soldados conscriptos, le impone al Estado una especial obligación de seguridad, protección, vigilancia y cuidado de la vida, la salud y, en general, de la integridad personal de los mismos

El régimen de responsabilidad aplicable a los soldados que prestan el servicio militar obligatorio se diferencia del régimen jurídico aplicado a los miembros de la fuerza pública y organismos del Estado que prestan el servicio de manera voluntaria. Noción de caducidad de la acción. Si no resulta clara la observancia del término de caducidad de la acción, debe computarse desde el conocimiento del hecho dañoso y no a partir de su ocurrencia. El título de imputación aplicable a los daños causados a soldados conscriptos, será el régimen objetivo del daño especial o riesgo excepcional. Perjuicio fisiológico, dada la gravedad de las lesiones físicas y psíquicas que padeció

Acción de Reparación Directa. Muerte conscripto. Régimen objetivo de responsabilidad. Causal eximente de responsabilidad. Causa extraña en relación con el daño. Presunción de dolor. Aplicación reglas de la experiencia. Liquidación perjuicio moral. Procedencia. Precedente jurisprudencial constitucional. Perjuicio material. Lucro cesante Consolidado. Cálculo. Si no se tiene un ingreso establecido se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente

Acción de reparación directa. Caducidad. Cómputo. Lesiones ocasionadas a conscripto. La valoración médica y la finalización del tratamiento no modifican el conteo de la caducidad. Hecho dañoso. El conocimiento del daño se produjo de manera simultánea con la producción del mismo

Conscripto. Suicidio. Causal eximente de responsabilidad. Culpa exclusiva de la víctima. Responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que se les causan. Responsabilidad del Estado por el suicidio de un soldado conscripto. La identificación y previsibilidad de una persona potencialmente suicida. Configuración de la eximente de responsabilidad consistente en el hecho determinante y exclusivo de la víctima, el cual resultó imprevisible e irresistible para la Administración

Régimen de responsabilidad aplicable a los eventos de daños causados a los soldados que prestan el servicio militar en calidad de conscriptos, es decir, aquellos que son reclutados de manera obligatoria (soldados regulares, bachilleres, campesinos etc.) que se diferencia del régimen jurídico aplicable por los daños causados al personal de la fuerza pública y de los organismos de defensa y seguridad del Estado que ingresan de manera voluntaria (personal de soldados voluntarios y profesionales, suboficiales y oficiales, personal de agentes de la Policía Nacional, detectives del DAS, entre otros). En el caso de los conscriptos, cuando el daño tiene origen en irregularidades en la actividad de la administración, el análisis debe efectuarse a la luz del régimen general de responsabilidad civil extracontractual del Estado -falla en la prestación del servicio- y, en caso de no hallarse estructurada ésta, deberá acudirse a los demás regímenes para efectuar el correspondiente estudio. si bien es cierto el tercero tuvo participación en la causación del hecho dañoso, la administración debió haberlo evitado, absteniéndose de exponer al soldado al fuego del adversario enviándolo a cumplir las labores de inteligencia táctica con los riegos que ello conlleva, los cuales fácilmente podía prever la administración, de manera que la causa extraña no se abre paso para impedir la estructuración de la responsabilidad de la administración, porque no evitar el daño teniendo la obligación de impedirlo o pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. Noción de daño a la vida en relación.