El Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional por ocasionar la muerte de un civil en un establecimiento nocturno en Cartagena. Los agentes se hicieron presentes en el lugar, luego de que el dueño del establecimiento reportara que la víctima había efectuado varios disparos. A la llegada de los agentes se produjo un intercambio de disparos que terminó con el fallecimiento del civil. En la demanda de reparación directa, el Tribunal accedió a las pretensiones y ordenó resarcir económicamente a la familia afectada, con el pago de más de 380 millones de pesos, al considerar que aun cuando la persona fallecida hubiera hecho uso del arma de fuego, tal circunstancia no excusaba a la Policía de su responsabilidad. La alta corte negó esas pretensiones. Sostuvo que la ausencia del documento que habilitara legalmente el porte del arma de la víctima no tiene que ver con su deceso. Añadió que la víctima disparó en dos ocasiones a los policías, ocasionando el 20% del daño, el resto del nexo causal se originó en el uso desproporcionado de fuerza por parte de los siete uniformados que accionaron sus armas de fuego, propinándole 10 disparos. El fallecido también tuvo culpa en la producción del daño, decidió reducir el monto de la reparación a los daños morales en esa misma proporción, es decir, en un 20%. Además, se reliquidó el monto relacionado con la renta que, se prevé, habrían podido percibir los familiares de la víctima con ocasión de la muerte

El artículo 2 de la Ley 769 de 2002 define el Registro Nacional Automotor como el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros. Bajo ese entendido, el artículo 48 del mismo Estatuto le impone a las autoridades judiciales el deber de informar al organismo de tránsito donde se encuentre matriculado un vehículo, de las decisiones adoptadas en relación con él, para su inscripción en el Registro Nacional Automotor, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Igualmente, establece la obligación para las mismas de verificar la propiedad del vehículo antes de tomar decisiones en relación con él. La demandante concurrió al daño antijurídico consistente en que el vehículo le fuera incautado y fuera privada de la tenencia del mismo, dado que no consultó a la autoridad competente, Policía Nacional - SIJIN, la situación judicial del vehículo sobre el cual, para el momento de la permuta, ya pesaba un denuncio por hurto registrado ante ese organismo; tampoco verificó la legítima propiedad del permutante con quien suscribió el negocio jurídico, pese a que este no figuraba como propietario en el certificado de tradición expedido al momento de firmarse el contrato, es decir, la accionante no tomó las previsiones mínimas que se encontraban a su alcance antes de suscribir el contrato de permuta