Se declaró fundado el recurso extraordinario de revisión por nulidad originada en la sentencia formulado contra la decisión inhibitoria proferida por la Sección Tercera tras estimarse que la autoridad cuya decisión se cuestiona no se enfocó en la fecha del daño antijurídico demandado (destrucción total de la finca y hurto del ganado), de cara a la conducta imputada al Min. de Defensa (Ejército Nacional), que le hubieran permitido proferir una decisión de fondo, sin que fuese viable contabilizar la caducidad de esta acción en la forma en que se hizo, pues tanto en los hechos como en las pretensiones de la reparación directa se imputan dos hechos contundentes que se materializan en forma posterior a la ocupación que se tuvo como referente para soportar el fallo censurado. La Sala considera pertinente aclarar que los fallos inhibitorios no reciben una proscripción per se, pues cuando tramitado el proceso, el operador advierte la carencia de un presupuesto procesal de la acción, aunque resulte penoso haber consentido el discurrir de un proceso que no obtendrá decisión de fondo, ello no puede cohonestar o justificar el saneamiento o permisión de un craso defecto y, con ello, justificar el proferimiento de una decisión de fondo que resulta espuria y contra derecho, dada la carencia de ese presupuesto material de la acción, como en efecto, acontece con la operatividad de la caducidad, pero en caso de considerarse innecesaria se viabiliza la censura de la decisión por el mecanismo del recurso extraordinario de revisión

La Sala concluye que el hecho de que la madre de la víctima expusiera que su hijo no dormía, y que a causa del miedo tuviese alucinaciones, no es un argumento suficiente para inferir que ella conocía de la patología de su hijo, pues si bien es cierto, sirvió para describir los comportamientos que había adoptado el joven con posterioridad al accidente, no lo es que esa afirmación generara la certeza del daño ocasionado por el mismo, pues fue a partir de ahí donde se le iniciaron los tratamientos con psicofármacos y las remisiones a centros de reposo mental

¿El término de caducidad para las acciones de reparación directa debe contar se a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa? No siempre,la Sección Tercera reiteradamente ha aceptado y sostenido que a pesar de que el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, establece que el término de caducidad para las acciones de reparación directa debe contarse a partir del "acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa", esta norma no se debe aplicar de forma restrictiva y exegética, ya que existen casos en los que no es posible determinar la concreción o magnitud de la afectación en el mismo instante en que se produce el daño, es decir, que la certeza de la existencia del daño y su grado de incidencia se manifiestan con posterioridad a la fecha en la que se presenta el hecho generador del mismo. En efecto, los fundamentos fácticos de casos estudiados en las sentencias de la Sección Tercera, comparten el hecho de que los afectados tuvieron certeza de la magnitud del daño sufrido solamente hasta cuando se les realizó la Junta Médico Laboral que determinó la disminución de su capacidad laboral, independientemente de que con anterioridad a dicha calificación ya tuvieran conocimiento de la fecha en que la ocurrió el hecho, omisión u operación que les causó el mencionado daño. Así las cosas, en estos casos, el afectado o interesado en demandar puede que tenga una referencia de la fecha de cuándo se produjo el hecho que a la postre terminó originándole un daño, pero como en ese momento no hay certeza de su concreción o magnitud, el término de caducidad no podría contarse sino hasta que dicha situación se determine, esto en aras de garantizar el debido proceso y el derecho al acceso a la Administración de Justicia