En vigencia del Decreto Ley 2349 de 1971, se tiene que las concesiones portuarias eran tramitadas bajo un procedimiento administrativo que concluía con la expedición de un acto mediante el cual se concedía la concesión o se otorgaba el correspondiente permiso o licencia para el uso y goce de las playas y los terrenos de bajamar. Sin embargo, el 30 de enero de 1991, se expidió la Ley 1 de 1991, "por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones", que convirtió la concesión portuaria en un asunto cuya naturaleza jurídica es contractual. Ahora bien, al ser la concesión portuaria un contrato estatal, le son aplicables las disposiciones del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, en especial las normas atinentes a esta tipología contractual. De lo anterior se concluye que con fundamento en la legislación vigente, la concesión portuaria es un contrato administrativo regido por la ley 1 de 1991 y el Estatuto General de Contratación

Tramite de la concesión portuaria y pesquera. Sobre el requisito de publicidad el Legislador previó que para ese preciso efecto, el interesado en acceder a una concesión portuaria o pesquera debía observar dos requerimientos: el primero, que el documento objeto de publicación debía contener la información vista en los numerales 9.2, 9.3 y 9.4 Ley 1 de 1991, y la segunda, indicó cuándo y dónde se debía publicar, esto es, en dos días distintos, con intervalos de diez (10) días entre cada publicación, en dos (2) periódicos de amplia circulación nacional. Así pues, en cuanto al segundo presupuesto la forma de publicar esa solicitud responde a dos cuestionamientos, a saber: ¿cuándo se debe publicar? y ¿dónde se debe publicar? Nótese que el numeral 9.8. artículo 9 de la Ley 1 de 1991 no establece que cada una de las publicaciones de la solicitud de concesión deba constar en dos periódicos de amplia circulación nacional, circunstancia que impone concluir que se trata de dos (2) publicaciones, razón por la cual la Sala coincide con el criterio esgrimido por el Ministerio Público en su concepto cuando indicó que el artículo 8 del Decreto 4735 de 2009, en nada contravenía la superior que le servía de fundamento. Como se observa, se trata, sin más, de una reiteración del mandato legal que tiene como propósito que las personas interesadas en dicho procedimiento puedan expresar sus opiniones, cuestión que no se vería afectada si en el diario en el cual se publica la petición se halla un solo aviso, y no dos, en el que conste la solicitud de concesión portuaria. Es claro para la Sala que la premisa del inciso primero del artículo 8 del Decreto 4735 de 2009, no se corresponde con la interpretación adecuada del citado artículo 8º; o en otras palabras, no es cierto que la norma legal, objeto de reglamentación, haya previsto como requisito de la solicitud de otorgamiento de una concesión portuaria o pesquera la publicación de cuatro (4) avisos en dos días distintos, en dos periódicos de circulación nacional

El valor de la contraprestación en una concesión portuaria debe mantenerse incólume si su cálculo se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico - A partir del anterior razonamiento, resulta pertinente señalar que cuando en el artículo 7° inciso tercero de la Ley 1ª de 1991 se dispone que "Una vez establecido el valor de la contraprestación no es susceptible de modificarse", no sólo se está consagrando una prohibición para la administración sino que al mismo tiempo se está reconociendo un derecho al concesionario en cuya virtud el valor de la contraprestación debe mantenerse incólume después de establecido. En todo caso, esa prohibición y ese derecho están necesariamente supeditados a que el valor de la contraprestación se haya determinado de conformidad con la ley, pues a juicio de esta Corporación, la prohibición en comento no puede tener aplicación cuando el cálculo de la contraprestación se ha hecho praeter o contra legem, esto es, al margen de la ley o en contravía de lo que en ella se dispone

¿Procede la conciliación respecto de los efectos económicos de un acto administrativo sobre concesiones portuarias dónde no existe causal de revocabilidad? La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. Mecanismos alternativos de solución de conflictos. Conciliación. Texas Petroleum Company - Sucursal Colombia - Autorización para explotar el muelle ubicado en el sector de Mamonal, del Municipio de Cartagena. Zonas de uso público. Contrato de concesión. Concesiones portuarias. Ministerio de Transporte - Competencia. Superintendente General de Puertos - Competencia