Momento procesal en que el juez puede declarar la caducidad. El Consejo de Estado señaló que la garantía del derecho al acceso a la administración de justicia lleva a que en los eventos donde se discuta responsabilidad el Estado por delitos de lesa humanidad, en que el juez contencioso no cuente con los elementos suficientes de convicción para decidir sobre la vigencia del medio de control en las etapas iniciales del proceso, debe, en garantía de los principios pro actione y pro damato, continuar con el trámite y resolver este asunto en una etapa posterior, una vez cuente con mayores elementos de juicio. Preciso que lo anterior, no implica que en todos los casos frente a los cuales sea probable que se haya cometido un delito de lesa humanidad el juez deba pronunciarse sobre la vigencia de la acción en las etapas posteriores del proceso, sí desde el inicio del mismo, o en sus etapas previas a la audiencia inicial se cuenta con los medios suficientes para definir la vigencia de la acción, el juez podrá declarar la configuración del fenómeno de la caducidad

Imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad. Esta Corporación ha indicado que la acción judicial en asuntos relacionados con crímenes de lesa humanidad no caduca y, por lo tanto, las demandas donde se reclama la reparación de perjuicios por este tipo de delitos deben ser admitidas, con independencia de los términos que consagra el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 para interponer la demanda. El Consejo de Estado, en ejercicio de sus competencias constitucionales como juez límite en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, ha considerado que la no aplicación del término de caducidad ordinario en el juzgamiento de la responsabilidad pública en materia de delitos de lesa humanidad se impone, por cuanto es necesario hacer prevalecer las garantías procesales de acceso efectivo a la administración de justicia interna, en aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que presuntamente se trata de casos graves violaciones de derechos humanos que ameritan una protección jurídico procesal reforzada y que buscan hacer efectivo el derecho fundamental de las víctimas a una reparación integral

Los delitos de lesa humanidad se comprenden como "aquellos actos ominosos que niegan la existencia y vigencia imperativa de los Derechos Humanos en la sociedad al atentar contra la dignidad humana por medio de acciones que llevan a la degradación de la condición de las personas, generando así no sólo una afectación a quienes físicamente han padecido tales actos sino que agrediendo a la conciencia de toda la humanidad"; siendo parte integrante de las normas y principios de "jus cogens" de derecho internacional, razón por la cual su reconocimiento, tipificación y aplicación no puede ser contrariado por norma de derecho internacional público o interno. El control de convencionalidad es una manifestación de lo que se ha dado en denominar la constitucionalización del derecho internacional, también llamado con mayor precisión como el "control difuso de convencionalidad," e implica el deber de todo juez nacional de "realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tiene que aplicar a un caso concreto, con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El Consejo de Estado declara la responsabilidad del Estado por el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón Forero bajo el título de imputación de falla en el servicio, por las violaciones a deberes funcionales de origen convencional, constitucional y legal. En dicha sentencia se advierten los siguientes puntos de relevancia jurídica: (i) la ejecución extrajudicial del mencionado periodista es constitutivo de un crimen de lesa humanidad; (ii) se concluye la existencia de relaciones de cooperación y apoyo entre paramilitares y miembros de inteligencia del Ejército Nacional; (iii) se declara la responsabilidad agravada del Estado colombiano; (iv) con base en lo anterior se excepcionan los topes máximos establecidos para el reconocimiento de perjuicios morales y se ordena el pago del doble del tope correspondiente. Así como una indemnización a favor de la sucesión de Jaime Garzón y; (v) la valoración probatoria, frente a un caso de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, se debe hacer conforme al principio de flexibilidad dada la situación de indefensión de las víctimas

¿La imprescriptibilidad en los términos de los delitos de lesa humanidad se aplica sólo en el caso de la acción penal? - No, cuando se estudia la ocurrencia de hechos constitutivos de un daño antijurídico derivado de una conducta de lesa humanidad, es necesario verificar que en la demanda se haya afirmado que este ha sido cometido y en él ha participado o se ha producido como consecuencia de la acción u omisión de un agente estatal, o directamente del Estado, para que pueda considerar que no operó el fenómeno de la caducidad, cuyo contenido normativo del artículo 136, numeral 8, del Código Contencioso Administrativo encuentra proyección al interpretarlo sistemáticamente con los artículos 2, 29 y 93 de la Carta Política, los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la regla de universalidad del derecho internacional público de las normas de protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, los principios del ius cogens y de humanidad del derecho internacional público. La competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para el conocimiento de asuntos en donde se demande la ocurrencia de un daño antijurídico generado como consecuencia de un acto de lesa humanidad, no se sujeta necesariamente a pronunciamiento alguno de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad penal, en la que se adecúen tales hechos como constitutivos de lesa humanidad. Lo anterior se sustenta en el ejercicio de la autonomía funcional del Juez Administrativo (desdoblamiento del artículo 228 de la Carta Política), así como la libertad probatoria -y argumentativa- para encontrar configurado unos hechos de tal naturaleza, sujeta -siempre- al cumplimiento de los requerimientos desarrollados (como puede verse en el acápite 9 en su integridad de esta providencia). En todo caso, se destaca que será el Juez Administrativo el llamado a tener, valorar y apreciar aquellas decisiones penales -definitivas o interlocutorias- que puedan aportar elementos de juicio para verificar si se estructuró esta categoría de actos