En reciente fallo la Corporación mediante sentencia de revisión infirmó la que en su momento le reconoció a la accionante una pensión de jubilación bajo el régimen especial de Congresistas, con el único argumento de que no le era aplicable. Sin embargo, omitió pronuncie acerca del estado en que quedaba su situación pensional, debido a que se había acredito en el plenario 23 años de servicio y la edad requerida por la ley. De conformidad con las disposiciones del artículo 359 del CGP, aplicable por remisión del expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, el Juez que infirme la sentencia revisada, debe resolver acerca de sus consecuencias; y, que en el asunto sometido a estudio, era evidente que el efecto de la decisión acusada era dejar sin pensión especial de congresista a la accionante (lo cual no había sido sometido a discusión), pero pasando por alto que se acreditaron los requisitos de tiempo de servicio y edad para una pensión de jubilación. Se afirmó que, el silencio de la Sala respecto de cómo quedaba la situación pensional de la demandante, ocasionó que su sostenimiento y salud quedara en un limbo jurídico de manera indefinida, lo cual vulneró sus derechos fundamentales. Finalmente ordenó la reliquidación y pago de manera inmediata de una pensión en favor de la demandante con fundamento en la Ley 33 de 1985 y los lineamientos pensionales actualmente adoptados por el Alto Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado, hasta tanto su situación pensional se solucionara de manera definitiva

Ante la ausencia de prueba del valor de los aportes económicos en relación con los perjuicios materiales solicitados por los padres de la víctima, debe presumirse una remuneración equivalente al SMLV. La Sala considera que las pruebas testimoniales practicadas, analizadas a la luz del contexto social del joven (victima) y sus padres, permiten concluir que este aportaba económicamente al sostenimiento de su familia. Por tanto, resulta extraño que, ante la existencia de estos elementos de prueba el fallador de segunda instancia concluyera que no se demostró la ayuda económica por el hecho de desconocer el monto del salario o jornal que devengaba y la suma que este le entregaba a su padre. En ese caso, debe presumirse que percibía un SMLV. Considera la Sala que desconocer el valor exacto del dinero que la víctima aportaba, no desvirtúa que efectivamente contribuyera para el sostenimiento del hogar y en todo caso, debería presumirse el salario mínimo mensual. Se configura entonces un error fáctico en cuanto a la deficiencia en la apreciación y valoración de las pruebas testimoniales con respecto a la dependencia económica y un desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la presunción del salario mínimo cuando se desconoce el valor de los aportes económicos en relación con los perjuicios materiales solicitados por los padres de la víctima

El cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa, en casos de lesiones personales, inicia desde que se tiene conocimiento del daño y no en la fecha en que se define la magnitud de este. En 1998 el demandante ejerció una acción de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Defensa- Policía Nacional, por los daños sufridos el 20 de abril de 1995, mientras prestaba el servicio militar obligatorio. La Sección Tercera revocó el fallo de primera instancia y en su lugar, declaró la caducidad de la acción. Esta Corporación, en sede de tutela, confirmó que la autoridad judicial accionada no incurrió en desconocimiento del precedente del Consejo de Estado sobre el cómputo del término de caducidad en los casos de lesiones a la integridad personal. La Sala advierte que las conclusiones a las que llegó la parte accionada para resolver el caso y negar las solicitudes del demandante no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que por el contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del caso, lo que impone negar el amparo solicitado, precisamente porque la intervención del juez de tutela se activa solo en los casos específicos en que se evidencia una argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente, o inexistente al punto que se torna arbitraria

Se advierte que la Sección, dentro del proceso de acción popular, analizó los informes de las entidades demandadas y vinculadas, el contenido de la inspección judicial y las declaraciones de los peritos y testigos, para concluir que las redes eléctricas, los equipos de medida, el software y demás elementos del sistema eléctrico instalado por la empresa SOPESA S.A. E.S.P., se encontraba ajustado a las normas y protocolos legales, sin que se evidenciara alguna irregularidad que afectara la seguridad y salubridad de la comunicad de la Isla de San Andrés. La Sala advierte que la autoridad judicial accionada en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica dio un alcance probatorio coherente y válido a los documentos, peritazgos y testimonios allegados al proceso de acción popular e interpretó de forma razonable la normativa aplicable al caso concreto que, a pesar de no resultar satisfactoria en su integridad a la parte demandante, hoy tutelante, no se puede colegir que su actuación fue contraria a Derecho. Concluyó que el material probatorio allegado al expediente de acción popular no permitía inferir con claridad la existencia de un menoscabo de los derechos colectivos de la comunidad de la Isla de San Andrés, con la instalación en la zona de las redes y equipos de medición de energía eléctrica por parte de la empresa SOPESA S.A. E.S.P

Los requisitos para ser nombrado en encargo como director deben ser los mismos de un nombramiento en propiedad. Aunque la entidad demandada -SENA-, insistió en la inconveniencia de exigir los mismos requisitos para un encargo que para un nombramiento en propiedad, ya que no se trata de un nombramiento en propiedad, sino de encargos que se dan mientras se realiza la selección meritocrática, o en casos de situaciones complejas o contingencias, por lo que las regionales no pueden quedar acéfalas y la entidad debe encargar inmediatamente a funcionarios que normalmente pertenecen al nivel directivo o asesor de otras regionales, por lo que sería inconveniente que se le exija a la entidad que nombre a funcionarios que cumplan con los requisitos estrictos que se necesitan para directores en propiedad. Para la Sección el servidor que sea designado para desempeñar un empleo en la modalidad de encargo, debe cumplir los requisitos que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para aquél, toda vez que el hecho de que el cargo de Director Regional se provea de manera definitiva por el Gobernador del departamento donde esté ubicada la regional, de terna enviada por el representante legal del Sena, escogida mediante un proceso de selección público y abierto -Decreto 1972 de 2002-, implica que, mientras dicho proceso se surte, la vacante se puede proveer en encargo, pero en cabeza de un empleado que cumpla los requisitos

El término de prescripción de la acción civil derivada de la responsabilidad extracontractual con ocasión de un accidente de tránsito es de 10 años para todos los responsables directos. Aprecia la Sala que la Sección Tercera, en sentencia del 25 de julio de 2019, al concluir que el término de prescripción de la acción civil contra la aseguradora llamada en garantía, era de diez años y no de tres, no aplicó incorrectamente los artículos 2358 y 2536 del C. Civil, porque llegó a esa conclusión, bajo las pautas interpretativas de la Corte Suprema de Justicia con sustento en las cuales, en los casos de responsabilidad civil extracontractual originada en accidentes de tránsito la norma aplicable es el citado artículo 2536 del Código Civil. A ese razonamiento arribó luego de analizar que en el asunto era aplicable la teoría de la guarda, la responsabilidad de la propietaria del vehículo, de la empresa a la cual aquél se encontraba afiliado y de la aseguradora era directa y, en consecuencia, todos los anteriormente citados quedaban cobijados bajo la denominación de responsables directos, que se rige por la prescripción de diez años para la acción civil conforme al artículo 2536 del C. Civil y, por ende, como no ostentaban el carácter de terceros responsables, no regía para ellos la prescripción de tres años que corre simultáneamente con la acción penal en los términos del artículo 2538 ibídem

En el proceso de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes no existe tarifa legal para efectos de demostrar la dependencia económica. La accionante ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá por considerar que incurrió en defecto fáctico y en exceso ritual manifiesto, al proferir la sentencia de segunda instancia en la que restó valor probatorio a la declaración extrajuicio aportada con la demanda y el interrogatorio de parte practicado, a través de los cuales se buscaba demostrar que la tutelante dependía económicamente de su hija para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Advierte la Sala que el Tribunal Administrativo, a pesar de que no contaba con el total convencimiento de la dependencia económica de la accionante respecto de su causante, se abstuvo de ejercer la facultad oficiosa de decretar pruebas adicionales (las que reconoce que habrían sido útiles) a fin de esclarecer si la demandante dependía o no de su hija. Es relevante si se tiene en cuenta que dicha demostración consistía en un requisito sine qua non para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente y por tanto, se trataba de un elemento fundamental y determinante para adoptar una decisión de fondo sobre el asunto

Flexibilización del requisito de inmediatez. La Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales. Respecto del requisito de inmediatez, la jurisprudencia constitucional ha señalado que en los casos en los que la acción ha sido interpuesta por fuera del plazo razonable, para poder aceptar su procedencia, el juez puede valorar la existencia de otras razones que justifiquen la inactividad del accionante y ameriten el estudio de los demás requisitos para la prosperidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. El estudio del cumplimiento del requisito de inmediatez debe realizarse de conformidad con las particularidades de cada caso concreto, pues dicho requisito de procedencia de la acción de tutela, como bien lo ha sostenido la Corte Constitucional, más que un tiempo razonable para incoar la acción, debe interpretarse en el sentido de que la intervención del juez constitucional sea actual y oportuna para conjurar la trasgresión que sufre el peticionario

Se vulnera el derecho fundamental al debido proceso en el trámite de una acción de tutela, cuando no se notifica en debida forma a todas las partes. El Comandante del Distrito Militar 32 de la Quinta Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, dentro del trámite de otra tutela, por cuanto no fue debidamente vinculado en el auto admisorio de la demanda. La Sala encontró demostrado que, pese a que la autoridad judicial accionada surtió las etapas procesales de notificación de cada una de las decisiones adoptadas en proceso número 00371-00-01, no se efectuó la notificación en debida forma al correo institucional de la entidad accionante, dando lugar con ello a que se afectara su derecho fundamental al debido proceso y de contradicción. En consecuencia, se amparó esa garantía fundamental y se ordenó a la autoridad judicial demandada que rehiciera todo el trámite procesal de la tutela, vinculando, en debida forma, a todos los sujetos procesales

El Consejo de Estado le ordenó al Consulado de Colombia en Asunción (Paraguay), a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y a la Aeronáutica Civil tomar medidas que le permitan a un connacional diagnosticado con VIH, que se encuentra confinado en Paraguay por las medidas de contingencias decretadas por el COVID-19, retornar al país a través de un vuelo humanitario. El afectado señaló que la imposibilidad de retornar al país amenaza su salud, fue diagnosticado con VIH y no cuenta con los medicamentos suficientes que requiere consumir de manera diaria para proteger su sistema inmunológico. Se le amparo constitucional solicitado. Sostuvo que, si bien no se puede concluir que al accionante se le haya afectado su derecho a la libre locomoción, es necesario proteger su derecho a la vida, en conexidad con la salud, se le deben suministrar medicamentos de manera diaria y que el Consulado ha debido tener en cuenta esta situación cuando gestionó el envío de las medicinas al demandante. Concluyó que el protocolo adoptado por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia para procurar el retorno de nacionales y residentes en el país que se encuentren por fuera del Colombia durante la pandemia no es suficiente para garantizar la protección que requiere este ciudadano. De ahí que la Alta Corte ordenó a las entidades demandas proteger el derecho a la salud del accionante, e incluirla en un listado de pasajeros de vuelo humanitario que se realice desde Asunción, previa coordinación entre autoridades de Colombia y Paraguay

El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deben actuar de manera coordinada para hacer efectivo el pago de los subsidios creados para los hogares en situación de vulnerabilidad debido al COVID-19. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia. En atención a lo anterior, el Presidente mediante Decreto 417 de 2020, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. De lo anterior, esta Sala extrae que la labor de creación de la Base Maestra de Información para los beneficiarios de Ingreso Solidario la realiza el Departamento Nacional de Planeación con la información que repose en el Sisbén y en los registros de las entidades, entre ellas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo cual la orden de tutela dictada por la primera instancia es clara en manifestar que el pago debe realizarse de manera coordinada entre quien ordena el gasto y quien realiza la lista. En este orden de ideas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe cumplir las funciones que la ley y los reglamentos dispongan para lograr la efectividad del amparo constitucional otorgado a la accionante, y de igual modo el Departamento Nacional de Planeación deberá actuar según su competencia, sin que se le impongan trabas administrativas adicionales a la señora U.R. y a su hija menor de edad

Para que se libre el mandamiento de pago, el ejecutante debe allegar los documentos y pruebas que den certeza sobre el monto de los dineros presuntamente adeudados. El Tribunal fundamentó su decisión en las normas que rigen la controversia, esto es, el artículo 422 del Código General del Proceso sobre las obligaciones que se pueden demandarse ejecutivamente, los artículos 297, 298 y 299 del CPACA, relacionados con las sentencias judiciales como títulos ejecutivos y en la jurisprudencia relacionada con el asunto como se destacó. Por otra parte, en cuanto a la violación de la Constitución, esta Sala de Decisión considera que no configuró pues la decisión del Tribunal de solicitar el certificado de salarios con el propósito de tener certeza sobre la suma ejecutada no es desproporcionado y corresponde a la necesidad de conocer cuáles eran los valores devengados por el accionante por concepto de gastos de representación a fin de establecer si la suma que ya había reconocido el municipio de Villavicencio no correspondía a la que se le debió reconocer y por el cual se ejecutaría a la entidad territorial. Sostener lo contrario, que no era necesario el certificado solicitado, seria aceptar que el funcionario judicial podía librar mandamiento de pago sin tener certeza sobre la suma que se ejecutaría, circunstancia que sí es contraria a la Constitución, porque no se puede exigir una obligación respecto de la que no se tiene certeza si se cumplió o no

El Consejo de Estado ratificó la validez del fallo que concluyó que autoridades agrícolas como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) no tienen el deber de reparar a los palmicultores de Tumaco (Nariño) que demandaron ser resarcidos económicamente por el brote de enfermedad de pudrimiento de cogollo que sufrieron sus cultivos de palma de aceite en el 2008. Para los tutelantes, los jueces que conocieron de la demanda de reparación no tuvieron en cuenta elementos de prueba que demostrarían que organismos como el ICA, encargados del control de plagas, fueron omisivos frente a los numerosos escritos de los palmicultores informando lo ocurrido en sus plantaciones y pese a ello no tomaron las medidas que impidieran la ocurrencia de los perjuicios. La Corporación negó la acción de tutela. Sostuvo que la decisión del Tribunal de negar la reparación estuvo basada en un análisis respecto a las medidas que tomó el ICA frente a la enfermedad de pudrimiento de cogollo que afectaba los cultivos entre el 2006 y el 2008. En esa decisión quedó en evidencia que en ese entonces se desconocía el origen de la enfermedad y que se tomaron medidas para mitigar los efectos negativos, como el incentivo que recibieron los palmicultores en el 2008 para erradicar las plantaciones y frente al cual no se probó que no lo hubieran recibido en su totalidad

El deber de acreditar el requisito de afinidad, entre el cargo ejercido y pretendido, en las solicitudes de traslado de servidor judicial en carrera no vulnera derechos fundamentales. En acción de tutela una funcionaria judicial solicitó que se amparan sus derechos fundamentales en razón a que la autoridad demandada emitió concepto desfavorable a su solicitud de traslado por razones de salud, por no cumplir con el requisito de afinidad entre los cargos ejercido y pretendido. Su petición se sustenta en el diagnóstico de cáncer de mama y que su médico le recomendó reducir el nivel de estrés. Llama la atención que la solicitud de traslado se hace dentro del mismo circuito judicial y, en ese sentido, para el juez de tutela no existe una vulneración a sus derechos fundamentales y se niega el amparo. La Sala observa que para que proceda cualquier traslado, como requisitos generales se debe tener en cuenta que i) el funcionario o empleado a trasladarse debe ocupar un cargo en propiedad, ii) el cargo ocupado y respecto del cual se solicita el traslado deben tener afinidad, y, iii) ambos cargos involucrados deben exigir los mismos requisitos, aunque se encuentren en diferentes sedes territoriales

Requisitos para disfrutar del reajuste especial de pensiones de 1992. Advirtió la Sala, que los trabajadores estatales que obtuvieron su derecho a la pensión a través de convenciones colectivas del trabajo no pueden ser excluidos del reajuste especial que estableció el Congreso en 1992 para nivelar los ingresos de los pensionados antes del 1 de enero de 1989 y los trabajadores de entidades estatales de la época. La alta corte revocó la decisión que negó el reajuste a un extrabajador de la Universidad del Valle. En el caso del tutelante, su mesada era equivalente al 100 % del IBL y no del 75 %, como lo ordenaba la ley, debido a que la convención colectiva bajo la que estaba amparado su derecho a la pensión le permitía acceder a este beneficio. Para el Tribunal, el reajuste no podía hacerse efectivo para aquellos que, como el accionante, habían obtenido una pensión superior a la legalmente reconocida para el resto de los trabajadores. El Consejo de Estado dejó sin efectos esta determinación y aclaró que los beneficios obtenidos por los trabajadores a través de las convecciones colectivas no son incompatibles con la ley por medio de la cual se concedió reajustar sus ingresos, para nivelarlos con los de los trabajadores estatales de la época. Se ordenó al Tribunal dictar un nuevo fallo en el que tenga en cuenta que los únicos requisitos para acceder al reajuste especial de 1992 son el haber adquirido el derecho pensional antes del 1 de enero de 1989 y haber sufrido una diferencia con respecto a los salarios de la época

Sustitución pensional para pareja del mismo sexo. El Consejo de Estado dejó sin efectos la determinación por medio de la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le negó el acceso a la pensión de sobreviviente a un ciudadano, aduciendo que tal garantía no estaba prevista para las parejas del mismo sexo. Después de 10 años de la muerte de la pareja del accionante, el Fondo indicó que el afectado no podía disfrutar de la mesada, con el pretexto de que la figura de la pensión de sobreviviente no operaba para parejas del mismo sexo. Esta decisión, condujo al demandante a interponer la acción jurídica ya reseñada. El Tribunal accedió a las pretensiones. Anuló el acto administrativo por medio del cual se había negado el derecho y ordenó pagarle las mesadas legalmente reconocidas al demandante. Sostuvo que no existía razón jurídicamente válida para considerar que las parejas del mismo sexo no tenían derecho a la pensión de sobreviviente. El Consejo de Estado ratificó la nulidad de la decisión por medio de la cual se le negó al accionante la pensión de sobreviviente y ordenó pagarle las mesadas adeudadas, descontando los pagos que ya prescribieron. Para la alta corte, esta determinación constituye un inaceptable acto de discriminación, razón por la cual la entidad accionada tendrá 30 días para establecer un programa de capacitación sobre diversidad sexual y protección de derechos de la población LGTBI para sus empleados

Retiro del servicio de notario por cumplimiento de edad de retiro. En lo relevante a la edad como límite máximo para el ejercicio de la función notarial, el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, dispuso que los servidores públicos serían retirados del servicio a la edad de 65 años. En lo relativo a los notarios, específicamente, el artículo 147 del Estatuto del Notariado, Decreto 960 de 1970, le brinda la garantía de estabilidad a las personas que están nombradas en propiedad hasta su retiro forzoso, dentro de las condiciones de la carrera. Ahora, cuando el notario llegue a encontrarse en circunstancia de retiro forzoso el artículo 182 del Decreto 960 de 1970 ordena que se lo manifieste a la autoridad nominadora, tan pronto como ello ocurra, caso en el cual la separación del servicio se producirá dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal. Es conveniente indicar que esta Corporación en el trámite de acciones de cumplimiento que buscaron que se ordenara el retiro de notarios designados en interinidad por haber cumplido la edad de 65 años, consideró que tal causal de separación del cargo opera solamente para quienes se encuentran vinculados al cargo en propiedad. Hasta este punto podría inferirse que la causal de retiro por cumplimiento de edad de retiro forzoso es objetiva

¿Debe exigirse el agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en el numeral 1 del artículo 161 del CPACA, respecto de las pretensiones rechazadas por el a quo, cuando el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho está encaminado a declarar la existencia de una relación laboral? Conforme con lo previsto en la sentencia de unificación jurisprudencial (CE-SUJ2-005-16), se colige que el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no se exige cuando se trata de la pretensión de reconocimiento de una relación laboral, sin importar que también se pretenda el pago de prestaciones sociales y demás acreencias dejadas de devengar, ello por estar involucrados derechos laborales irrenunciables y, en consecuencia, no ser conciliables. En otras palabras, se tiene que la postura vigente de esta corporación, en armonía con el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial, exceptuó del requisito de procedibilidad de conciliación previa, para acceder a la jurisdicción contencioso administrativo, las controversias relativas al contrato realidad, comoquiera que a manera de ejemplo resaltó que, de decretarse la existencia de la relación laboral entre los extremos procesales, debía también reconocerse como restablecimiento del derecho, entre otras pretensiones, aquellas que involucran derechos laborales irrenunciables y, por ende, no conciliables

Se declaró la nulidad del inciso cuarto del artículo 2.4.1.1.7 del Decreto 1075 de 2015, vigente antes de su subrogación por el artículo 1 del Decreto 915 del 1 de junio de 2016. "El Gobierno excedió el ejercicio de su potestad reglamentaria al disponer una exigencia de experiencia específica de mínimo dos años en manejo de personal, finanzas o planeación, exclusivamente para los aspirantes al concurso de docentes y directivos docentes, con títulos profesionales diferentes al de licenciado en educación, configurando un desconocimiento de los derechos fundamentales de estas personas. \ ¿El juez de lo contencioso administrativo puede pronunciarse sobre la legalidad de disposiciones que han sido subrogadas? La presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos solo puede ser desvirtuada por el juez competente, por lo que, la derogatoria, el decaimiento o pérdida de ejecutoriedad no conlleva implícito el juicio de su validez. Así, la subrogación al ser una figura análoga a la derogación (porque conlleva la pérdida de los efectos hacia el futuro de la norma), no impide que el juez de lo contencioso administrativo efectúe el juicio de legalidad sobre ella

Los actos expedidos en desarrollo de un concurso de méritos no son susceptibles del medio de control de nulidad electoral, sino del medio de nulidad y restablecimiento del derecho. La Sala considera que, si bien es cierto que el Decreto 3264 de 2016 cuya nulidad se pretende, nombró al demandante en el cargo de Procurador Judicial II Administrativo, por lo que, en principio podría considerarse susceptible del medio de control de nulidad electoral, en la medida que se está proveyendo un cargo de la función pública. No obstante, considera el Despacho oportuno resaltar que la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que en aquellos casos en que se llevan a cabo las etapas de un concurso de méritos, los actos resultantes del mismo no pueden ser controlados a través de dicho medio sino por la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida que jurídicamente son actos administrativos laborales que reconocen una prerrogativa a quien obtuvo la mayor calificación

¿Para citar a un sujeto disciplinable a la audiencia del procedimiento verbal, por la comisión de delitos a título de dolo con ocasión de su función, basta con demostrar la mera existencia de un proceso penal en su contra? No, porque de acuerdo con lo previsto en el inciso tercero del artículo 2 de la Ley 734 de 2002, que consagró la independencia de la potestad disciplinaria frente a otros regímenes sancionatorios, cuando se imputa la falta gravísima por haber cometido un delito a título de dolo con ocasión de la función, es necesario que la autoridad administrativa realice su propia investigación y juicio sobre los hechos objeto de reproche, ámbito en el cual también se deben respetar las garantías propias del debido proceso de manera independiente. En ese sentido, la demostración de la existencia de un proceso penal solo prueba esa determinada situación, mas no la comisión concreta de los actos ilícitos imputados

Se declara la nulidad del artículo 19, en el aparte que precisa que la última calificación de servicios aportada por el Servidor Público "deberá ser igual o superior a 80 puntos"; del Acuerdo PSAA10-6837 de 2010 "Por el cual se reglamentan los traslados de los servidores judiciales", expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Se declara la nulidad de los artículos 18 y 19 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 "Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras disposiciones en la materia", expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Se declaró la nulidad de las normas mediante las cuales el Consejo Superior de la Judicatura estableció que los funcionarios judiciales que solicitaran traslado debían obtener en su última calificación de servicios un puntaje de al menos 80 puntos y adjuntar la documentación completa, so pena de que su requerimiento fuera rechazado. La alta corte aclaró que la facultad de autorizar los traslados es de competencia absoluta de las entidades nominadoras, mientras que el Consejo Superior y los consejos seccionales, según sea el caso, deben limitarse a señalar si la solicitud debe ser aceptada o no. Indicó que el contar con una evaluación de servicios con resultados de 80 o más puntos no fue un criterio de la jurisprudencia ni de la ley para autorizar los traslados. A su juicio, este requisito es innecesario, no es razonable ni proporcional, para garantizar el derecho de traslado, ni resulta una medida adecuada para verificar las condiciones de salud del solicitante ni para determinar si las razones del traslado se acogen a las necesidades del servicio

Tasa de retorno de pensión de vejez de los afiliados al instituto nacional del seguro social en el régimen de transición. La tasa de retorno se encuentra protegida por el régimen de transición y en consecuencia, es posible su incremento por semanas adicionales cotizadas al Seguro Social a las pensiones reconocidas con fundamento al Decreto 758 de 1990. Colpensiones reconoció una pensión de vejez teniendo en cuenta los requisitos de edad y semanas cotizadas del Decreto 758 de 1990, al acumular un total 1347 semanas, con una tasa de retorno del 78% del promedio de los salarios cotizados durante los 10 últimos años anteriores al reconocimiento, conforme a lo señalado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y atendiendo los factores salariales descritos en el Decreto 1158 de 1994. Decisión que fue confirmada por la administración al resolver los recursos de ley. Resulta claro así, que la aplicación del Decreto 758 de 1990 dispuesta para el actor en sede gubernativa y validada por el Tribunal de instancia, supuso pensionarse a los 60 años edad, con el 90% del promedio de salarios cotizados durante los 10 años anteriores al reconocimiento del derecho, conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. La Sala confirmó la sentencia apelada, en cuanto dispuso la reliquidación de la pensión, con el solo incremento de la tasa de reemplazo

Se mantiene la legalidad de la expresión "La prima no constituye factor para liquidar elementos salariales o prestacionales" en relación con la prima de gestión tributaria, aduanera y cambiaria, contenida en el art. 1, inc. 3, del Decreto 1746 de 2017. No se desconoció el deber impuesto por el artículo 10 del CPACA en la expedición del aparte acusado, de tener en cuenta las sentencias de unificación del C. de Estado, puesto que la providencia del 6 de julio de 2015 no corresponde a una de ellas y porque tampoco vulneró el deber de aplicación uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos, pues la prestación que fue objeto de estudio en esa oportunidad, el incentivo de desempeño grupal, tiene características distintas a la que en esta oportunidad se analiza frente a la prima de gestión tributaria, aduanera y cambiaria. Otro criterio interpretativo frente al carácter no salarial de los incentivos por desempeño grupal y al desempeño en fiscalización y cobranzas de que tratan los artículos 5 y 6 del D. 1268 de 1999, se encuentra contenido en la sentencia del 19 de febrero de 2018, proferida dentro un proceso de nulidad simple instaurado en contra de los artículos 4, 5 y 6 del Decreto 1268, que puso de presente que existen razones de orden constitucional expuestas en la sentencia C-725 de 2000 para apartarse del anterior. No desconoció la definición de salario contenida en la sentencia SU-995 de 1999, teniendo en cuenta que se abordó en un contexto distinto al que se presenta en esta oportunidad, en consecuencia, no de vulneró el artículo 53 de la Constitución Política

Se declaró la nulidad de la expresión "por alguna" contenida en el numeral 5 del artículo 9 del Acuerdo 540 de 2015 "Por el cual se convoca a Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los Empleos vacantes pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la Superintendencia de Sociedades, Convocatoria 329 de 2015", expedido por la CNSC. La Comisión no puede crear inhabilidades en el ejercicio de la función de administrar la carrera administrativa. Al señalar como requisito el de "No haber sido sancionado administrativamente por alguna Superintendencia en los últimos cinco (5) años" el Acuerdo 540 desconoció que el Decreto 775 de 2005 impone la exigencia de que el aspirante no haya sido sancionado administrativamente por la respectiva superintendencia, en razón a que solo inhabilita a quien hubiera sido sancionado directamente por la Superintendencia de Sociedades, entidad que en este caso adelanta el concurso, en tanto que la convocatoria demandada extendió la restricción a quien hubiera sido sancionado por cualquier superintendencia

Es improcedente reliquidar una pensión de jubilación reconocida con fundamento en el régimen de prima media con prestación definida, con la suma de las cotizaciones realizadas en el régimen de ahorro individual. El Departamento del Huila le reconoció una pensión de jubilación al demandante, pese a que estaba afiliado a un fondo privado, sin embargo, en sede judicial con ocasión del principio de la non reformatio in pejus, es improcedente afectar el reconocimiento pensional. En ese sentido, se resalta que los regímenes de prima media con prestación definida y de ahorro individual con solidaridad son excluyentes. El estar afiliado a un régimen y trasladarse a otro, conlleva la pérdida de los beneficios que se tenían, máxime cuando la Ley 797 de 2003, dispone la posibilidad de regresar al régimen de prima media con prestación definida. Así las cosas, no es posible sumar las cotizaciones efectuadas durante los más de dos años que estuvo afiliado a un fondo privado en el régimen de ahorro individual con solidaridad. En la apelación el accionante manifiesta que Porvenir SA. debía reconocerle la pensión de jubilación conforme la Ley 6 de 1945, en tanto estaba afiliado a ese fondo para el momento del retiro. Se señala que dicha entidad no es parte accionada en la presente demanda y que conforme se probó en el proceso, rechazó la solicitud de reconocimiento pensional que formuló ante ella el demandante, al afirmar que éste no cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, en condición de afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad

El Consejo de Estado reiteró que quienes al 1 de abril de 1994 no gozaran de la condición de congresistas no son beneficiarios del régimen especial de pensiones para parlamentarios, consagrado en la Ley 4 de 1992. El 11 de diciembre del 2001 a la exparlamentaria se le concedió su pensión, de acuerdo a lo parámetros del régimen especial de congresistas 1992. Este disponía que quienes al 1 de abril de 1994 tuvieran la condición de congresistas; tuvieran al menos 35 años, en el caso de las mujeres, o 40 los hombres, y acumulado al menos 15 años de servicio, tendrían el derecho a una pensión equivalente al 75 % del ingreso mensual promedio percibido por todo concepto en el último año de servicio. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecom) interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de que se dejara sin efectos el acto que le concedió la pensión de congresista a la demandada. La Sala ratificó el fallo de primera instancia, dado que la congresista no gozaba de esa condición al 1 de abril de 1994, no tenía derecho a que se le otorgara el derecho, bajo las condiciones del régimen especial para los parlamentarios. Señaló que tampoco es aplicable el principio de favorabilidad, el cual permite que, ante la vigencia simultánea de dos normas, se aplique aquella que más le favorezca al trabajador

El Consejo de Estado dejó en firme la destitución e inhabilidad de 10 años que se le impuso a una asistente judicial de la Fiscalía de Cartagena, por haber omitido información sobre su capacidad financiera, para obtener un crédito bancario por 3 millones de pesos. Para la Sala la información que suministró la exfuncionaria ante la entidad bancaria ocultó el hecho de que los descuentos aplicados a sus pagos de nómina eran muy superiores a los que ella expuso. La alta corte anotó que la procesada suministró información falsa a sabiendas de que lo estaba haciendo, al manifestar que solo se le deducía el pago de la seguridad social, cuando en realidad el descuento era muy superior. También señaló que, si bien la emisión de los desprendibles de nómina no era de su resorte eso no le impidió suministrar información falsa. La alta corte sostuvo que la funcionaria comisionada para el recaudo de pruebas tardó más tiempo de los 10 días señalados en la comisión, ninguno de estos elementos dejó de observar las reglas del debido proceso. Por esta razón, dice el fallo, esta circunstancia no afectó la competencia de la autoridad responsable del proceso disciplinario, que solo fenece cuando el respectivo caso haya prescrito

Los controladores de tránsito aéreo y radioperadores que acumulen 1.000 semanas de cotizaciones cumpliendo esa actividad tienen derecho a la pensión especial de alto riesgo, consagrada en el régimen de 1994, cuando cumplan 45 años de edad. Así lo determinó la alta corporación, al conceder las pretensiones de una demanda de nulidad que interpuso una exfuncionaria de la Aerocivil contra Cajanal. Esa entidad le negó su derecho a la pensión especial de alto riesgo, por considerar que era beneficiaria del régimen de transición a la Ley 100 de 1993 y no del régimen especial para los trabajadores de la Aerocivil. La ciudadana interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y esa corporación declaró la nulidad de esa decisión y determinó que la exradioperadora tenía derecho a la pensión del régimen especial que cobija a los funcionarios de la Aerocivil y no al de transición. En segunda instancia se ratificó la decisión del Tribunal ya que la demandante no podía ser beneficiaria del régimen de transición a la Ley 100 de 1993, porque, al 4 de agosto de 1994, no había cumplido los 35 años de edad ni los 10 años de servicio que exige la norma. A juicio de la alta corte, la exservidora cumplía los requisitos del régimen especial para trabajadores de alto riesgo, que reconoce el derecho a quienes hayan acumulado al menos 1.000 semanas de servicio, por lo menos 500 de ellas cumpliendo actividades de alto riesgo, y habiendo cumplido 55 años de edad. Por cada 60 semanas de cotización adicionales a estas 1.000 semanas, se disminuye en un año la edad para adquirir el derecho a esta pensión especial, sin que esta pueda ser inferior a 50 años

Jurisprudencia Unificación. Régimen especial de pensión de jubilación de la Rama Judicial y del Ministerio Público. Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. de 11 de junio de 2020. El servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión, siempre que: i) Para el 1 de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o; b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados. ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) edad de 50 años mujer o 55 años hombre; b) tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, (16 de julio de 1971). c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades. En cuyo caso, el reconocimiento de su pensión se efectuará de la siguiente manera: iii) Con los elementos del régimen anterior que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años; c) por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3 de la Ley 100, según el caso

Indicó la Sala que quienes obtuvieron su derecho a la pensión antes del 18 de mayo de 1992 no pueden ser beneficiarios del régimen especial de pensiones de congresistas de 1992. Implica esto que los pensionados en esas condiciones tienen derecho a recibir, por una sola vez, un reajuste especial equivalente al 50 % de la mesada a la que tendrán derecho los congresistas que obtuvieron su derecho pensionarse a partir del 18 de mayo de 1992, cuando entró en vigencia ese régimen pensional especial para los parlamentarios. Por esta razón, quienes obtuvieron el derecho antes de la vigencia de tal régimen, no pueden esperar que su pensión sea equivalente al 75 % de lo devengado por los congresistas en su último año de servicios. El Consejo de Estado decretó la nulidad del acto por medio del cual el Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon) le concedió a una congresista pensionada un reajuste del 75% de lo que devengaban los parlamentarios a partir del 1 de enero de 1994. Se ordenó reliquidar la pensión, reajustándola en un 50 % de la pensión a la que tienen derecho los beneficiarios del régimen pensional especial de congresistas

El Consejo de Estado le ordenó al Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon) adelantar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y exaltación de memoria de un hombre que murió luego de 16 años de estar reclamando, sin éxito, una pensión de sobreviviente para parejas del mismo sexo. El Consejo de Estado consideró que el accionante fue víctima de un ilícito internacional continuado, en vista de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó al Estado por haber discriminado por razones de orientación sexual al actor y no corrigió la vulneración, con la excusa de que las normas nacionales no le permitían corregir esta situación. Para reparar adecuadamente al antes nombrado por el ilícito internacional de carácter continuado de que fue sujeto, como mínimo, hay que reconocerle el retroactivo de la sustitución pensional desde el día siguiente en que falleció su compañero permanente en 1993, dice el fallo, que condena a Fonprecon a pagarle al sucesor del demandante las mesadas que le adeuda entre la fecha del deceso de su compañero y la jurisprudencia constitucional que reconoce a parejas del mismo sexo el derecho a la pensión de sobrevivientes. La providencia, en la que se ordenaron las medidas de reparación no pecuniarias ya señaladas, deberá ser difundida en medios de comunicación, por parte de la entidad accionada durante un año. Así mismo, se enviará copia de la decisión a Asofondos; Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para que sirva como material de formación de los servidores judiciales, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que deberán poner en conocimiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas este fallo

Declaratoria de insubsistencia de los empleos de libre nombramiento y remoción. La regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera administrativa; no obstante, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones y el grado de confianza. Ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, toda vez que el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional. Al nominador le está permitido respecto de estos empleos disponer libremente su provisión y retiro, sin que sea necesario expresar los motivos. La discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En tal sentido, ha identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente; b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza; y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa

El ingreso base de cotización y de liquidación para el sistema general de pensiones de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores debe reflejar lo efectivamente devengado, sin acudir a equivalencias con cargos de la planta interna que en la mayoría de los casos es inferior al percibido y por ello configura una violación de los derechos a la igualdad, dignidad humana, entre otros. Teniendo en cuenta la asignación básica mensual percibida por el demandante en moneda extranjera, el ingreso base de cotización, los datos certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el ingreso base de liquidación que indicó CAJANAL EICE, para liquidar la prestación pensional del actor resulta evidente que existe una diferencia que va en detrimento de sus intereses, en tanto su prestación pensional fue liquidada teniendo en cuenta una asignación básica mensual inferior a la que realmente percibió durante dichos años, es decir, que el ingreso base de liquidación pensional de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores que devengan su asignación básica mensual en moneda extranjera, debe corresponder con lo efectivamente percibido en esa moneda

Motivación del acto de insubsistencia de fiscal en provisionalidad. Para la declaratoria de insubsistencia de nombramientos de empleados en provisionalidad en lo que refiere al régimen especial de la Fiscalía General de la Nación, reglamentado por la Ley 938 de 2004, se requiere que estos sean motivados, de conformidad con la sentencia C-279 de 2007, que condicionó tal exigencia, al examinarse el inciso 1 del artículo 76 de la Ley 938. No resulta admisible la falta de motivación del acto administrativo por medio del cual se declare insubsistente a un servidor nombrado en provisionalidad, toda vez que ello atenta contra la cláusula de Estado de Derecho que implica la sujeción de los poderes públicos al principio de legalidad y proscribe la arbitrariedad en las decisiones que afectan a los administrados. Así mismo, porque ello no se sujeta a los principios de la función administrativa y concretamente al de publicidad, del cual se deriva que la motivación constituye una condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de Derecho, pues es claro que la sociedad y el administrado en particular tienen derecho a estar informados de las decisiones adoptadas y a conocer las razones de sustento, pues la falta de conocimiento de los motivos en que se fundamenta un acto administrativo en nada se diferencia de la arbitrariedad y el despotismo

Se declaró la nulidad del artículo 53 del Decreto 1029 de 1994 "por el cual se emite el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional" expedido por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y Ministerio de Hacienda. La expedición del Decreto 1029 de 1994 se fundó en el Decreto Ley 41 de 1994, norma que fue declarada inexequible en la sentencia C-417 de 1994, situación que generó el decaimiento del primero. Así las cosas, no puede admitirse que el Decreto 1029 de 1994 reguló un supuesto fáctico que no existía (el nivel ejecutivo) y que solo fue creado con la Ley 180 de 1995, pues la situación que reglamentó era anterior, cosa distinta es que más adelante hubiera sido retirada del ordenamiento, con efectos ex nunc por la sentencia C-417 de 1994. Tal y como lo anotó la Sala en anteriores oportunidades la regulación de los requisitos para acceder a la asignación de retiro del nivel ejecutivo no podía ser desarrollada a través de decretos administrativos expedidos con fundamento en la Ley 4 de 1992, disposición que no habilitaba al Gobierno para hacerlo, pues sobre esta materia existe una cláusula de reserva legal

La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente al personero municipal de Santiago de Tolú, Sucre, por considerar que se encontraba inhabilitado para ocupar el cargo conforme a restricción contenida en el artículo 174 literal b) de la ley 136 de 1994, la cual establece que "No podrá ser elegido personero quien: Haya ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio". Decisión que el Consejo de Estado estimó equivocada comoquiera que vulnera el principio de legalidad de la falta disciplinaria. Es posible disciplinar a aquellos sujetos que adquieran la condición de servidores públicos, muy a pesar de que el ejercicio de las funciones tenga lugar de forma posterior o que incluso la conducta a reprochar nada tenga que ver con las funciones, pero sí con el cargo, tal y como sucede con una falta relacionada con la violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades. En efecto, a partir de la diferencia entre las dos nociones, se llegará a la conclusión de que no toda falta disciplinaria necesariamente está relacionada con las respectivas funciones del cargo que se ostenta; basta, en consecuencia, que el reproche esté relacionado con la condición de servidor público

Trastornos mentales y exclusión de la responsabilidad disciplinaria. En cuanto a la causal por inimputabilidad del sujeto disciplinable, esta lo exonera de responsabilidad por no tener capacidad material, cuando se verifica que, por un trastorno mental (entre otras razones), no pudo comprender la ilicitud de su conducta o determinarse de acuerdo con esa comprensión. Como trastorno mental se identifica la perturbación del psiquismo humano, patológica o no, que le impide al agente motivarse de conformidad con las exigencias normativas. Este concepto abarca todas las afectaciones mentales que perturben la esfera intelectiva, volitiva o afectiva de la persona hasta el punto de imposibilitar comprender la infracción al deber o actuar según ese entendimiento. En esos eventos, de verificarse que la condición de inimputabilidad del servidor público es permanente, (numeral 7 artículo 41 Ley 1015 de 2006 régimen disciplinario para la Policía Nacional), deberán aplicarse los mecanismos administrativos, diferentes al disciplinario, que permitan el reconocimiento de esa situación como una inhabilidad sobreviniente, para efectos del retiro del funcionario. La inimputabilidad por trastorno mental no siempre excluye la responsabilidad disciplinaria desde la categoría dogmática de la capacidad. Esto, por cuanto pueden presentarse situaciones en las que el servidor público tiene la aptitud de ser consciente de su comportamiento contrario a derecho, pero por circunstancias extraordinarias de índole emocional, no resulta posible exigirle un comportamiento diferente

Fue confirmada sanción disciplinaria de suspensión por 90 días e inhabilidad por el mismo periodo impuesta a funcionaria del ICBF, una vez corroborada la existencia de los elementos cognitivo y volitivo de su conducta calificada en el pliego de cargos a título de dolo. Para que una conducta sea imputada a título de dolo, el servidor público tuvo que haber tenido conocimiento de que su acción u omisión generaba una infracción al deber funcional (elemento cognoscitivo), pese a que le correspondía actuar conforme a éste y orientar su voluntad a la realización del hecho (elemento volitivo). En este caso no puede aceptarse, como criterio determinador de la culpa, el no actuar con la debida diligencia y cuidado en el ejercicio de su función la disciplinada se trata de una funcionaria con experiencia en su empleo, por lo que se esperaba de ella una mayor diligencia y cuidado en sus actuaciones, no siéndole exigible la diligencia y cuidado de una persona del común, pues como mínimo se le exigía conforme al Decreto 2737 de 1989, acatar su deber de dar apertura al proceso administrativo al verificarse la situación irregular en que se encontraba el menor (art. 57), aspecto que lleva a señalar que la conducta grave se desplegó con culpa grave, esto ocurre por las limitaciones impuestas a la luz de la Ley 200 de 1995, que no contempló las modalidad de culpa gravísima para la comisión de esa falta, pues de lo contrario esta sería la aplicable

Únicamente para efectos pensionales es válido que el cómputo de los tiempos laborales se trámite de manera conjunta dentro del proceso de reconocimiento pensional docente. El Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -, negó la solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación, de conformidad con la Ley 33 de 1985, a un docente que no solicitó previamente el reconocimiento de una relación laboral prestada a través de contratos de prestación de servicios con una entidad territorial. En los casos en donde se persigue el computo de los tiempos laborales únicamente para efectos pensionales, estima la Sala como válido que dicha pretensión se trámite de manera conjunta dentro del proceso de reconocimiento pensional docente, ya que su declaración solo tendrá incidencia en cuanto a los aportes pensionales frente a los cuales no opera la prescripción, ni la caducidad, y por cuanto la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación tiene derecho a repetir contra las entidades obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda. Señala además que debe cumplirse con la carga probatoria que encierra el contrato de prestación de servicios docente, a efectos de establecer con claridad el periodo de inicio y terminación de cada contrato, su objeto, la entidad con la cual se celebró el contrato y la entidad a la cual se efectuaron los aportes pensionales, para efectos de determinar la posibilidad de perseguir la cuota parte pensional y la entidad de previsión o ente responsable de ella

Liquidación pensional de controladores de tránsito aéreo se rigen por el régimen general. En relación con la pensión de vejez de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo y los técnicos aeronáuticos con funciones de radio operadores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, descrito en el numeral 4 del artículo 2, el artículo 6 del Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, la norma impuso requisitos de edad y tiempo de cotización no inferior a 1000 semanas, para lo cual presentó dos variables en función de las cotizaciones realizadas. Con todo, este decreto no se ocupó de regular lo atinente a la liquidación de la pensión, por lo que es plausible concluir que en este ítem aplica lo previsto en el régimen general. Para la Sala de acuerdo con el Art. 2 del Decreto 1835 del 1994, en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo y los técnicos aeronáuticos con funciones de radio operadores, entre otros que se enumeran también, son considerados servidores públicos que realizan actividades de alto riesgo

Tratándose de la pensión gracia, si bien la normatividad especial que la regula no contempla su sustitución a favor de los beneficiarios del pensionado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en aceptar tal sustitución, pues no existe una prohibición expresa para su aplicación y tampoco una causal de extinción del derecho, mucho menos está contemplado su cese o pérdida con ocasión del fallecimiento del pensionado o docente con derecho. Esta Corporación también ha señalado que de conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el Sistema Integral de Seguridad Social consagrado en esa misma ley no resulta aplicable a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, razón por la cual, este personal, en lo atinente a la sustitución pensional, deberá regirse por lo previsto en la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989. \ Diferencia entre sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes. La sustitución pensional consiste en la transmisión del derecho a la pensión que ya ha sido reconocido o que el fallecido ya ha causado, en favor de sus beneficiarios, mientras que la pensión de sobrevivientes consiste en un beneficio otorgado a favor del afiliado, no pensionado ni con derecho causado a la pensión, pero que ha cumplido ciertos requisitos y condiciones que hacen a sus beneficiarios acreedores de dicha prestación, como el hecho de haber cotizado al menos 50 semanas durante los últimos 3 años de servicios, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003. Aun cuando la Ley 100 de 1993 no resulta aplicable en materia de sustitución de la pensión gracia, es necesario precisar que, los conceptos de sustitución pensional y pensión de sobrevivientes son distintos, aun cuando los artículos 46 y 48 de la citada Ley 100 los asimila

Para la Sala es evidente que a la demandante no le asiste ningún derecho pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que las expectativas prestacionales causadas con la muerte de su esposo se consolidaron en vigencia de la normatividad anterior, cuyos requisitos no se colmaron por parte del causante; no se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional al momento de su muerte como para que ella pudiera reclamar la "pensión de sobreviviente", ni tampoco había completado el tiempo mínimo de servicios como para que se configurara a su favor la asignación de retiro, y, por ende, su cónyuge supérstite se beneficiara de la "sustitución pensional". En el caso en estudio se concluye que la demandante no tiene derecho a la pensión de sobreviviente deprecada, en atención a que su cónyuge, no cumplió los requisitos previstos en el Decreto 609 de 1977 para que sus beneficiarios tuvieran derecho a la prestación por muerte, y sobre la base, además, de que esta Corporación ha precisado que no se puede aplicar retrospectivamente la pluricitada Ley 100 de 1993 en materia de pensión de sobrevivientes de agentes de la Policía Nacional fallecidos antes de su entrada en vigor

Los elementos del tipo objetivo del delito de concusión son: (I) Sujeto activo: servidor público, conforme al artículo 123 de la Constitución, puede ser trabajador del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; (ii) Sujeto pasivo: el Estado; (iii) Verbo rector: Constreñir, inducir o solicitar. El 1º significa obligar o hacer presión sobre alguien con una finalidad determinada. El 2º, persuadir, convencer, llevar a alguien a la idea de algo. El 3º, que es solicitar, hace referencia a una petición expresa; (iv) Objeto jurídico y antijuridicidad material: la administración pública, concretamente su componente instituto funcional; (v) Objeto material: la persona a quien se le hace la exigencia o a quien se induce a la entrega; (vi) Ingrediente normativo: entrega o promesa de dinero, o cualquier otra utilidad; (vii) Otros ingredientes normativos que son comunes con otros tipos. Frente a la primera posibilidad, podría haber un concurso aparente con el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, con el principio de subsidiariedad, pues este punible refiere expresamente "fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles". En cuanto a lo segundo, los ingredientes "abuso del cargo o las funciones" hacen que el delito de concusión sea diferente a figuras delictivas como, por ejemplo, la extorsión. En el derecho disciplinario, por razón de lo ordenado en el numeral 1 artículo 48 Ley 734 de 2002, estos requisitos tendrán que observarse cuando sea necesario imputar el delito de concusión, situación en la cual el abuso del cargo o de las funciones tienen una amplitud todavía mayor

Derecho preferencial al encargo. Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2577 de 29 de mayo de 2020. El Consejo de Estado declaró legal un acto administrativo por medio del cual la CNSC determinó que los funcionarios de carrera administrativa de la Super Notariado y Registro tenían derecho preferencial sobre la provisión de nombramientos en encargo. Se negaron las pretensiones y se consideró que la CNSC sí es la autoridad competente para pronunciarse sobre el derecho preferencial de encargo. Aclaró la Sala que aun cuando el régimen especial de carrera de las superintendencias no estableció expresamente el derecho preferencial de encargo de los empleados de carrera, es necesario aplicar este principio a la hora de proveer cargos de carrera administrativa. Ante la necesidad de proteger el derecho preferencial, el área de talento humano debe identificar al servidor de carrera que desempeñe el cargo inmediatamente inferior al que se pretende proveer. Así pues, ante la ausencia del empleado con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación satisfactoria. Con este fallo entonces, se supera la posición de las Superintendencias que por varios años habían sostenido que tenían la potestad de escoger entre el encargo y el nombramiento provisional para proveer vacancias definitivas o temporales de empleos de carrera

Esta Corporación ha concluido que cuando se debate un vínculo laboral entre una entidad pública y un empleado que le prestó sus servicios, por intermedio de una cooperativa de trabajo asociado, no debe admitirse la vinculación al proceso de esta última, ya sea bajo la modalidad del litisconsorcio necesario o del llamamiento en garantía, toda vez que el debate principal, esto es, la existencia de una relación laboral y el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales, se predican de la entidad pública que se benefició de las funciones desarrolladas por dicho trabajador y no existe una razón de orden legal o contractual que amerite la intervención de un tercero ajeno a tal debate. El llamamiento en garantía tiene ocurrencia cuando entre la persona citada y la que hace el llamamiento existe una relación de orden legal o contractual, con el fin de que aquella pueda ser vinculada a las resultas del proceso, para que en caso de que efectivamente se declare la responsabilidad del llamante, el juez decida sobre la relación sustancial existente entre este y el llamado en garantía

El debido proceso es un derecho de rango superior que busca la protección de las garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes se ven llamados a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. En efecto, el proceso disciplinario es un trámite de naturaleza administrativa, por lo que las partes que en él intervienen se encuentran provistas de tales amparos a lo largo de todas sus etapas. La presunción de inocencia, garantía sustancial inherente al debido proceso, se encuentra prevista en el artículo 9 de la Ley 734 de 2002. El principio de in dubio pro disciplinado señala que toda duda razonable que se presente en el proceso debe resolverse en favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla. Sobre el particular la Corte Constitucional ha sostenido que El "in dubio pro disciplinado", al igual que el "in dubio pro reo" emana de la presunción de inocencia, pues esta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado. En concordancia con lo anterior, el artículo 142 del CDU señala que, la sanción proferida sin que las pruebas recaudadas lleven a la convicción que exige la disposición en comento, resulta en una flagrante violación del debido proceso por desconocimiento a la presunción de inocencia

Intereses moratorios sobre pago de nivelación salarial. Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia del pago de intereses moratorios presuntamente causados en razón de la nivelación salarial que se efectuó en el proceso de homologación de los cargos del personal administrativo del sector educativo que dependían de la Nación y pasaron a las entidades territoriales, en desarrollo del proceso de descentralización del referido sector ordenado por la Ley 60 de 1993. Así pues, en sentencia del 28 de septiembre de 2017 se partió de la fecha de los actos administrativos de reconocimiento del retroactivo de la nivelación salarial respecto del pago efectivo, indicando que "trascurrió tan solo 1 mes entre el acto administrativo que reconoció el derecho y el que ordenó el pago, evidenciándose un lapso mínimo, prudente y proporcional, teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y administrativos para culminar el proceso homologación y nivelación salarial". Por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho, supuestos, que no se evidencian en el presente asunto

La Sala determinó que los funcionarios nombrados en provisionalidad no pueden ser beneficiarios del pago de la prima técnica equivalente al 50 % del sueldo básico mensual devengado que la ley le concede al personal del nivel directivo, jefes de oficina asesora o de asesor de las ramas del poder público. Esta prima solo está prevista para funcionarios o empleados que ocupen esos cargos en propiedad. Con estos argumentos, se dejó sin efectos el reconocimiento de pago de esta prestación que el Congreso le concedió a una funcionaria que había sido nombrada como jefe de Bienestar y Urgencias Médicas del Senado en condición de provisionalidad. Para la Sala por haber ocupado ese cargo en condición de provisionalidad, no podía obtener el beneficio, que solo estaba previsto para quienes lo ocuparan en propiedad. Adicionalmente, había sido sancionada disciplinariamente en 1999 por la sustracción y cobro irregular de los bonos de subsidio familiar girados por la caja de compensación familiar, lo que implica que, aún si hubiera tenido derecho al pago de la prima, lo hubiera perdido por cuenta de dicha sanción

Se concluyó que el juez tiene los argumentos necesarios para negar la medida cautelar por existir un alto nivel de duda razonable, cuando: a) Observa genuinas antinomias. b) Establece la existencia de incongruencias normativas que no han sido resueltas por la jurisprudencia, c) Cuando en el ejercicio del estudio de la medida establece que confluyen sentencias de unificación contradictoria (total o parcialmente), o porque hay dos o más decisiones judiciales dispares de las altas cortes d) Si uno de los problemas jurídicos principales está relacionado con pruebas que son concluyentes para edificar la sentencia y, que al momento de decidir la medida cautelar no están controvertidas o requieren ser complementadas. e) La concurrencia de dos interpretaciones plausibles para la solución del caso, sin que exista unificación o precedente jurisprudencial que disuelva el posible dilema. De la lectura de los artículos 229, 230 y 231 del CPACA se llega a las siguientes conclusiones: (i) cuando se trata de la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo es necesario que el juez realice la confrontación del acto demandado con las normas superiores invocadas y las pruebas allegadas con la solicitud; (ii) la ley concedió al juez la potestad de adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar provisionalmente el objeto de proceso y la efectividad de la sentencia, entre las cuales se encuentra suspender un proceso o una actuación administrativa, artículo 230; y (iii) en aquellos casos en que se declara una medida cautelar diferente a la suspensión de los efectos de un acto administrativo se deben observar los supuestos de apariencia de buen derecho y periculum in mora

Se declaró la nulidad del acto por medio del cual se le concedió la pensión de congresista al fallecido exparlamentario Amaury García Burgos, de la que actualmente disfrutaba su esposa, en la condición de pensión de sobreviviente. Para la alta corte, el monto reconocido fue mayor al que tenía derecho. Esa corporación judicial decretó la nulidad del acto por medio del cual se otorgó el reajuste especial. Se ratificó el fallo del Tribunal, indicando que el valor de la pensión no podía ser el equivalente al 75 % de lo devengado por un congresista en 1992, por todo concepto. Aclaró que ese beneficio está consagrado únicamente para quienes obtuvieron su derecho a la pensión a partir del 18 de mayo de 1992, cuando entró en vigencia el régimen especial de pensiones de congresistas. Como el fallecido excongresista obtuvo su derecho antes de la entrada en vigencia del citado régimen, no podía ser beneficiario del mismo. Según el fallo tenía derecho al reajuste especial, pero no podía ser equivalente al 75 % de lo devengado por un congresista en 1992, sino únicamente al 50 % de la pensión asignada a los excongresistas que sí tenían derecho a ser cobijados por ese régimen especial. Aun cuando la compañera sobreviviente del excongresista no tiene la obligación de devolver los dineros que obtuvo por cuenta del equivocado criterio con el que fue liquidada esta pensión, Fonprecom debe reliquidarla

La remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y no requiere motivación, cabe precisar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad; en otras palabras, la discrecionalidad es un poder que se ejercita conforme a derecho, y que implica el ejercicio de atributos dentro de límites justos y ponderados. Es viable concluir que la declaratoria de insubsistencia de los empleados de libre nombramiento y remoción es la facultad discrecional del nominador que se ejercita a través de un acto administrativo que por su naturaleza es inmotivado, no obstante estar fundado en motivos implícitos, acordes con la efectiva prestación del servicio público. En conclusión, la ausencia de anotación de los motivos de la insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción no afecta las garantías fundamentales, por cuanto el retiro del servicio para ese tipo de empleos está previsto como una atribución de naturaleza discrecional que precisamente autoriza al nominador a disponerlo sin exteriorizar sus motivos

Discrepancia de disminución de la capacidad laboral en conceptos médicos. Cuando existen conceptos médicos que discrepan en cuanto a la disminución de la capacidad laboral del funcionario (el emitido en el trámite administrativo y el de los peritos designados en el proceso), debe darse prelación al dictamen que emitan los expertos dentro del proceso, dado que puede ser controvertido como medio de prueba, lo que no acontece con las evaluaciones médicas realizadas en los trámites administrativos de reconocimiento de pensión de invalidez. Inclusive, este tipo de dictámenes proferidos en sede judicial tendientes a desvirtuar los realizados en sede administrativa, pueden ser objetados por la entidad demandada. Para la Sala independientemente de que no sean concurrentes la fecha del accidente y la de estructuración de la invalidez del demandante, se debe considerar que, por la progresividad de ciertas patologías, es perfectamente posible que la disminución de capacidad sicofísica aumente con el paso del tiempo. El sistema de aseguramiento que proporciona la respectiva institución de cara a la contingencia de invalidez, le otorga cobertura al empleado durante el tiempo que permanezca vinculado en servicio activo y por los eventos que se presenten o se desarrollen a lo largo de éste, sin que pueda exigirse que sus efectos se consoliden plenamente en el mismo periodo

Obligatoriedad y publicidad de los actos administrativos de carácter general. Se declarar la nulidad de la expresión "expedición" contenida en el artículo 7 de la Resolución 571 del 7 de marzo de 2013 del INPEC. Al disponer que entraría en vigencia a partir de la fecha de su expedición, la Resolución 000571 del 7 de marzo de 2013 desconoció el contenido del artículo 65 del CPACA en cuanto dispone que los actos administrativos de carácter general rigen a partir del momento en que se surte su publicación. La eficacia, oponibilidad o el carácter obligatorio de los actos administrativos de contenido general, se encuentra condicionado a que se haya surtido su publicación, lo que claramente denota la contrariedad parcial del artículo 7 de la resolución acusada, en cuanto consagró que dicho acto estaría vigente y, por ello, sería vinculante desde el momento en que se profirió y no desde aquel en que se publicó. Ha de entenderse que el acto administrativo objeto de controversia entró a regir a partir de la fecha de su publicación. Este vicio, que afecta parcialmente el acto demandado, no radica en la presunta falta de publicación de la Resolución 000571, toda vez que, la ausencia de dicho requisito no tiene la capacidad de afectar la validez de las manifestaciones de voluntad de la administración

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la resolución 471 de 2020 por medio de la cual el Fondo de Previsión del Congreso (Fonprecon) le concedió la pensión de congresista a un exparlamentario. El exdirigente no tenía derecho a este reconocimiento, debido a que al 1 de abril de 1994 no ejercía funciones de congresista. Este había obtenido el derecho a la pensión por haber laborado por más de 20 años en la Gobernación de Bolívar, obtuvo una reliquidación de la pensión, teniendo en cuenta que elegido congresista en 1998. Fonprecon le concedió el derecho a la pensión, por haberse reincorporado al servicio como parlamentario, durante más de un año. Fonprecon interpuso demanda y el Tribunal negó las pretensiones, al considerar que el hecho de que el exlegislador se hubiera reintegrado al servicio por más de un año de labores en el Congreso y hubiera renunciado a la pensión que había obtenido por sus servicios en la Gobernación de Bolívar lo hacían merecedor al derecho. El Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal y revocó el acto por medio del cual Fonprecon le concedió el derecho a la pensión de congresista. Consideró que, dado que no ejerció como parlamentario antes de la entrada en vigencia del régimen especial pensional de los legisladores de 1992, no tenía derecho a ese tipo de pensión. Se ordenó al excongresista devolver los dineros que percibió tras el reconocimiento de la pensión de congresista, por considerar que no actuó de mala fe a la hora de reclamar su derecho a la jubilación

El Consejo de Estado declaró legal la destitución e inhabilidad de 15 años que la Procuraduría le impuso al alcalde Chiriguaná (Cesar) por sobrecostos de más de 250 millones de pesos en un contrato para proveer kits y textos escolares para las instituciones y centros educativos oficiales del municipio. La alta corte determinó que la sanción fue legal, pues el exfuncionario tenía pleno conocimiento del deber que tenía la administración de realizar estudios previos de mercado, para verificar el valor de los artículos frente a los cuales se presentaron sobrecostos. No obstante, no lo hizo, lo que demuestra que sí actuó con desconocimiento de las normas de contratación estatal, como lo concluyó la Procuraduría. El hecho que las dos cotizaciones descartadas en el proceso contractual hayan resultado falsas, tal y como lo acreditó la entidad demandada en el trámite disciplinario, demuestra con claridad la intención del actor de imponer el precio de los morrales escolares que a bien tuviera, no el más favorable a los intereses de la entidad, con lo cual se encuentra acreditado el actuar doloso del actor", dice el fallo. El Consejo de Estado sostuvo que aun cuando el demandante no hubiera efectuado imputaciones directas concretas contra el cargo consistente en el incremento del patrimonio de un tercero, también quedó demostrado que el valor contratado sobrepasó el precio real del objeto contratado, incrementando de manera injustificada el patrimonio del contratista

Competencia del ministerio del trabajo para expedir normas técnicas sobre prevención de acoso laboral. No se configura la causal de nulidad por falta de competencia alegada porque en primer lugar, el ministro del Trabajo tiene una facultad reglamentaria derivada, concedida por la Constitución P. (art. 208) y por la Ley 1444 de 2011, para velar por la ejecución de las políticas y programas para la prevención de enfermedades profesionales y para señalar las directrices en las áreas de salud ocupacional, materias que comprenden lo relativo al acoso laboral como componente del riesgo psicosocial, por lo tanto, la Resolución 652 del 30 de abril de 2012, debe mantener la presunción de legalidad aunque no haya sido suscrita por el presidente de la República. En segundo lugar, porque el funcionamiento de los comités de convivencia laboral no es un tema de reserva legal. Al señalar que es obligatoria la constitución y funcionamiento de los comités de convivencia laboral no vulnera el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006, en cuanto se refiere a los comités de carácter bipartito donde existan, puesto que la norma hace referencia al Comité Paritario de Salud Ocupacional, hoy conocido como Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo, COPASST, al cual el reglamento de trabajo le puede asignar funciones relacionadas con el acoso laboral

Jurisprudencia Unificación. La Sección Segunda, mediante sentencia de unificación, estableció cómo se determina el ingreso base de liquidación de la pensión que, en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sea reconocida al servidor público de la Contraloría General de la República, en aplicación del Decreto de 929 de 1976. La Sala fija la siguiente regla jurisprudencial: Sentar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36 de esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización contemplada en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994

Se mantiene sanción contra policía que fue destituido por ingerir bebidas alcohólicas en servicio. En 2014 la Inspección General de la Policía ratificó la sanción disciplinaria que se le impuso al exuniformado, luego de que varios testimonios condujeran a concluir que, estando en servicio, ingirió bebidas embriagantes en un establecimiento comercial de Pisba (Boyacá) y en la misma estación de Policía de ese municipio. El exuniformado presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del Casanare, buscando su reintegro y el pago de los dineros que dejó de percibir. La alta corte negó las pretensiones, al concluir que el proceso disciplinario que se adelantó fue respetuoso del derecho al debido proceso. Frente a la supuesta vulneración que sufrió el procesado por no haber sido sometido a una prueba de alcoholemia que demostrara científicamente que ingirió bebidas alcohólicas, el Consejo de Estado señaló que la violación a esta prohibición también puede ser probada a través de testimonios y otros elementos que deben ser examinados de manera integral. Como en este caso, cuando se conoció de la conducta no era viable confirmarla o descartarla mediante la prueba de alcoholemia, fue necesario acudir a pruebas testimoniales que, examinadas en conjunto, pusieron en evidencia la ocurrencia de la falta

Si entre los sujetos que hacen parte de un extremo de la litis no se configura una relación uniforme e indivisible entre ellos y respecto del objeto del proceso (como en el litisconsorcio necesario), se está ante un litisconsorcio de carácter facultativo, caso en el que existente tantas relaciones jurídicas como cuantas partes dentro del proceso deciden unirse para promoverlo conjuntamente (legitimación por activa), aunque válidamente pudieran iniciarlo por separado, o de padecer la acción si sólo uno o varios de ellos debe soportar la pretensión del actor (legitimación por pasiva). Bajo esta modalidad, los actos de cada uno de los litisconsortes no redundarán en provecho o en perjuicio de los otros, sin que ello afecte la unidad del proceso (artículo 60 del Código General del Proceso), razón por la cual el proceso puede adelantarse con o sin su presencia Así las cosas, la decisión que se adopte en el trámite judicial será vinculante únicamente respecto de quienes concurran a este, dado que en ella se decidirá sobre las pretensiones o sobre las razones de defensa, de los que allí intervienen

El Consejo de Estado recordó que la jurisprudencia ha reiterado que en la sustentación de la apelación frente a la providencia de primer grado, al impugnante o recurrente le asiste el deber o carga procesal de señalar las discrepancias que tiene frente a la sentencia que ataca, ya que las objeciones son las que deben ser analizadas y resueltas en la providencia de segunda instancia. La sustentación del recurso de apelación es el medio procesal previsto por el artículo 247 del CPACA para que el recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la sentencia. La sustentación del recurso delimita el pronunciamiento de la segunda instancia, tal y como lo dispone el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA. Es así como las razones aducidas por el recurrente en la sustentación de la apelación demarcan la competencia funcional del juez de segunda instancia, por lo cual, si no existen dichas razones o motivos de discrepancia con la sentencia dictada, el recurso carece de objeto, máxime en aquellos casos donde los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación resultan incongruentes no sólo frente a la sentencia proferida por el a quo, sino también respecto de las pretensiones de la demanda

¿Incurre en falta disciplinaria el docente que en ejercicio de sus funciones sostiene relaciones sentimentales y sexuales con alumna del mismo centro de enseñanza en el que presta sus servicios? Se confirmó la decisión que negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho formuladas contra acto administrativo que impuso sanción disciplinaria al docente implicado. La Sala debe precisar que el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 no tiene la condición de prohibición, sino de deber, y este, más que un tipo en blanco responde a un tipo abierto, el cual se caracteriza por estar construido en un concepto jurídicamente indeterminado. Particularmente, el irrespeto y la rectitud no están definidas en una disposición normativa en particular, pero sí pueden explicarse a través de un raciocinio que implique una mínima carga de argumentación para afirmar qué conductas pueden ser consideradas como tales. En el presente caso, respeto y rectitud le faltaron al docente cuando rebasó el límite de lo permitido, al no entender la elemental diferencia entre una relación profesor - alumna a aquella que se basa en las relaciones personales y afectivas con un menor de edad, quien desde el plano de lo académico era precisamente un sujeto de especial atención, orientación y protección, en consecuencia, este cargo de apelación no está llamado a prosperar

El Consejo de Estado declaró legal el art. 17 del Decreto 1474 DE 1997, por medio de la cual el Gobierno condicionó el pago de las pensiones a que la respectiva caja, fondo o empleador haya trasladado a la entidad administradora de los recursos pensionales los dineros de los aportes que, se prevé, serán necesarios para cubrir las mesadas de los jubilados. La directriz normativa fue demandada porque supuestamente daba lugar a obstaculizar el acceso a la pensión de los empleados, imponiéndole cargas no razonables. Se negó la nulidad formuladas alrededor de la norma por considerar que la decisión del Gobierno estaba basada en la ley, que exige que el pago de la pensión solo se haga efectivo cuando se verifique que el bono o título pensional, a satisfacción, haya sido trasladado. Frente a la supuesta exigencia desproporcionada que pudiera poner en riesgo los derechos del trabajador, la corporación judicial advirtió que este condicionamiento no podría ser exigible sin que los fondos, cajas o empleadores que faltaran a su deber de efectuar el traslado no se vieran expuestos a severas sanciones. Así lo previó la Corte Constitucional, según lo subraya este fallo. El Consejo de Estado concluyó que la norma no era contraria la ley ni daba lugar a que los empleados pudieran quedar expuestos a no disfrutar de sus derechos pensionales

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la resolución que estableció un procedimiento de desempeño laboral de los funcionarios nombrados en provisionalidad, que tenía los mismos criterios y exigencias planteadas para evaluar a los funcionarios de carrera administrativa. Consideró que la Fiscalía rompió el equilibrio de las cargas públicas, al someter a los funcionarios nombrados en provisionalidad a los mismos deberes de los funcionarios de carrera administrativa, sin que tengan la posibilidad de obtener los mismos beneficios de estos últimos. Señaló que mientras los funcionarios de carrera que obtengan una buena calificación de rendimiento tienen un beneficio consistente en la continuidad de su vinculación al servicio, los servidores en provisionalidad no pueden acceder a esta misma garantía, porque su permanencia en el servicio es temporal y sujeta a que su cargo se provea por concurso público. La corporación judicial coincidió con las conclusiones del Ministerio Público respecto al adelantamiento de esta prueba de desempeño, al sostener que constituyen "un despilfarro de recursos materiales, humanos y presupuestales, sin sustento ni razón de ser", teniendo en cuenta que la vinculación de los provisionales al servicio tiene un carácter meramente transitorio, "atentando, de contera, contra los principios de eficiencia y eficacia, como con los valores que orientan la función administrativa, tales como la buena fe, la igualdad, la responsabilidad y la transparencia"

Pérdida de oportunidad con ocasión de la imposición de la sanción de destitución e inhabilidad general cuando el servidor público, al momento de la notificación de la respectiva decisión, no se encontraba ocupando un cargo público. La pérdida de oportunidad ha sido entendida por la jurisprudencia de esta corporación como el menoscabo respecto de la imposibilidad de la obtención de un incremento patrimonial o de unas ganancias. En la mayoría de las ocasiones la imposición de esta sanción tiene lugar cuando el servidor está ocupando un cargo público, bien sea aquel en el que cometió la respectiva falta disciplinaria por la cual se le sancionó o en cualquier otro, así este último pertenezca a una entidad diferente. Lo cierto es que este tipo de sanción implica la terminación de la relación del servidor público con la administración y la imposibilidad de ejercer cualquier cargo o la función por el tiempo que lo haya determinado la correspondiente decisión sancionatoria. De esa manera, cuando se declara la nulidad de los actos disciplinarios que impusieron una sanción como la destitución e inhabilidad general, casi siempre el restablecimiento del derecho y la reparación de los perjuicios giran en torno a la orden de reintegrar al servidor al cargo que estaba ocupando. No obstante, ello es un asunto diferente al costo de oportunidad, pues la referida sanción implica de forma adicional la privación para el sujeto de aspirar a otros cargos públicos. Incluso, nada obsta para que el sujeto mientras ocupaba un determinado cargo aspirara a alcanzar otros de mayor rango o categoría, conforme a un entendible deseo de superación y realización como persona, profesional o trabajador

La Sección indicó que para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia por el incumplimiento del requisito de observar buena conducta se requiere: i) que el proceder reprochable tenga ocurrencia durante el lapso en que el infractor se encuentre al servicio oficial docente; ii) que el comportamiento inadecuado que se imputa esté descrito en el ordenamiento como causal de mala conducta; y iii) que en tal virtud, la autoridad competente adelante un procedimiento de carácter administrativo que culmine necesariamente con una sanción disciplinaria. iv) que la sanción impuesta, se debe hacer un análisis objetivo acerca de la gravedad o levedad de la falta; v) que la infracción censurable no sea de aquellas que la jurisprudencia estima como un 'hecho aislado', esto es, que una sola conducta considerada aisladamente como reprochable no puede tenerse en cuenta como impedimento para el reconocimiento de la pensión gracia; y vi) que la actuación objeto de reproche se haya reiterado en el tiempo o que, habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros derechos y libertades de la comunidad educativa

Los contratos de prestación de servicios: (i) tienen como propósito desarrollar actividades relacionadas con el funcionamiento de la entidad; (ii) solo pueden celebrarse con personas naturales; (iii) las actividades que se contratan no pueden realizarse con personal de planta o deben requerir un conocimiento especializado y; (iv) la suscripción de los mismos no constituye una relación de carácter laboral. Para que se considere la existencia de una verdadera relación laboral es necesario que se demuestren los elementos esenciales de la misma que son: (i) la prestación personal del servicio; (ii) que por dicha labor se reciba una remuneración o pago, y; (iii) que exista subordinación o dependencia respeto de la entidad. Esta última se refiere, en términos generales, a que le exijan al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo y la imposición de reglamentos

Se declaró legal el artículo 1 del Decreto 824 de 2001, que obliga a las empresas de aviación aportantes a la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Caxdac) a seguir asumiendo el pago de las pensiones de los afiliados hasta cuando se hayan entregado los aportes que, según las proyecciones, sean necesarios para financiar el pago a los pensionados. Se demanda la norma porque supuestamente generaba un trato discriminatorio a los aviadores civiles, esta disposición no aseguraba el pago de las pensiones y les obligaba a permanecer en un fondo privado. Se negó la demanda de nulidad ya que esta disposición desarrolla fielmente un mandato legal que señala que las obligaciones de las empresas aportantes a Caxdac finalizaban con la "entrega íntegra del valor del cálculo actuarial de cada aviador", es decir el valor que, según las proyecciones, es necesario para poder responder con las obligaciones asumidas en materia pensional. No se viola el derecho a la igualdad, dado que la norma ofrece el mismo derecho a la pensión a todos los que obtengan los requisitos para ello en este ramo. Al examinar esta misma norma en el 2005, el Consejo de Estado determinó que esta disposición lo que hace es reafirmar el deber legal atribuido a las empresas aportantes de Caxdac de asumir el pasivo pensional hasta completar el total del valor del cálculo actuarial

En firme quedó la destitución e inhabilidad de 10 años que el Ministerio del Trabajo le impuso a un servidor que pidió dinero a una mujer para tramitar un recurso que esta interpuso contra la empresa en la cual trabajaba. El proceso disciplinario contra el demandante se inició a raíz de una queja. El Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el pliego de cargos fue claro y preciso y que, pese a que en él se hizo mención una falta disciplinaria que no correspondía, ello no le impidió al procesado el ejercicio de la defensa. El fallo advierte también que el hecho de que el exfuncionario no haya contado con la asistencia de una defensa técnica al momento de rendir versión libre tampoco constituye una irregularidad, pues el proceso disciplinario la defensa técnica es prescindible. Para la alta corte, las pruebas demuestran que la conducta se adecuó a la falta que se le endilgó, consistente en la utilización de su cargo para solicitar un dinero de manera indebida, que no tenía ningún título válido

La Sala recordó que el recurso de reposición es un medio de impugnación de las decisiones judiciales proferidas mediante aquellos autos para los que el legislador no ha previsto la procedencia del recurso de apelación o de súplica. Su propósito es que el mismo funcionario que las profirió sea quien las revise a efectos de definir si hay lugar a reconsiderar la determinación que inicialmente se adoptó, de manera que al resolverse tal recurso esta puede ser (i) revocada, (ii) modificada o (iii) confirmada. Agregó que lo que busca es examinar si la decisión se ajusta a derecho, los fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios de esta son los que delimitan el ámbito dentro del cual la o las partes inconformes pueden manifestar legítimamente las razones en que basan su desacuerdo. En ese orden de ideas, salvo que lo que se alegue en el recurso sea la falta de pronunciamiento sobre un tema que ha debido ser resuelto, el recurrente debe proponer un debate que se circunscriba a lo que fue objeto de la decisión original, con la intención de enseñarle al juez los motivos por los cuales cometió una equivocación al adoptarla

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la resolución por medio de la cual el Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon) le otorgó el derecho a la pensión que se le había concedido, a pesar de no haber acumulado los requisitos necesarios en tiempo de servicio para hacerse acreedor a la jubilación, ya que homologó las semanas faltantes presentando tres libros de enseñanza de su autoría. Fonprecon consideró que no se reunían los requisitos para homologar el tiempo de servicio restante, que no era acreedor al régimen de transición. Según la alta corte, para poder obtener la homologación, las obras han debido ser registradas antes del 20 de junio de 1994, por lo que consideró que el exdirigente no había logrado homologar el tiempo de servicio que le hacía falta que, por lo tanto, no era beneficiario del régimen de transición para congresistas. Pese a la declaratoria de nulidad de la resolución, el exparlamentario no está obligado a devolver las sumas que recibió mientras disfrutó del pago de su mesada, pues fueron obtenidas por decisiones de la administración que se presumían legales y no fueron mediadas por fraude, ni componenda alguna

El Consejo de Estado le advirtió a la UGPP que no puede pretender que los pensionados a quienes se les pagó un valor mayor al que tenían derecho por haberse jubilado estén obligados a devolver los dineros que recibieron en exceso. Solo si se prueba que el afiliado obtuvo el reconocimiento de su pensión de manera fraudulenta o actuando de mala fe, el beneficiario estaría obligado a devolver estos recursos. El Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la resolución que reliquidó el valor de la pensión, al considerar que el monto no se debía calcular con base en lo devengado durante el último año de servicios, sino con base en lo devengado durante el año previo al momento en el cual se configuró su derecho a la pensión. Para la UGPP, la pensionada debería haber devuelto los recursos que recibió, mientras disfrutó del pago de una pensión a la que no tenía derecho. El Consejo de Estado negó las pretensiones. Estableció que la administración no puede aspirar a recuperar los dineros que pagó en exceso, debido a que la pensionada no los obtuvo mediante engaños, actuaciones dolosas o de mala fe. Para esta corporación, la pensionada no está obligada a devolver las sumas que obtuvo cuando disfrutó del pago de una pensión superior a la que tenía derecho

Conmutación pensional de excongresista. El Consejo de Estado declaró la nulidad de la resolución que le permitió a los sobrevivientes del excongresista disfrutar de su inclusión al régimen pensional congresional. Para la alta corte, el exparlamentario no era beneficiario del régimen especial de congresistas, porque terminó el ejercicio de su investidura parlamentaria en 1974, es decir, antes de la entrada en vigencia de tal régimen. Eso significa que aun cuando el exlegislador acumuló los requisitos de edad y tiempo de servicio, no tenía derecho a que se le conmutara su pensión con aquellas propias del régimen congresional para parlamentarios, que rige desde 1992. Para la corporación, si bien los sobrevivientes del exlegislador no están obligados a devolver las sumas que recibieron mientras estuvieron disfrutando del pago de la pensión de congresistas, deben ser retirados de Fonprecon y continuar recibiendo la mesada de manos del fondo que les concedió la pensión al fallecido excongresista, antes de que sus herederos fueran incluidos en el régimen especial congresional

(CE-SUJ-SII-022-20) Se estableció que si bien en la Sentencia de Unificación CE-SUJ004 de 2016, se dejaron establecidas las bases claras en la ratio decidendi, al momento de resolver el caso no se adoptó la regla jurisprudencial relativa a que la reclamación administrativa está sometida al fenómeno de prescripción prevista en el artículo 151 del CPL., esto es, que la reclamación del trabajador deberá presentarse dentro de los 3 años siguientes a la exigibilidad de la obligación. Por el contrario, en el caso concreto, se tomó la fecha de la petición y se computaron tres años hacia atrás. Lo anterior, ha generado que los despachos de la Sección Segunda efectúen de manera diferente el cómputo de la prescripción, ya que algunos aplican la regla jurisprudencial fijada en la ratio decidenci, mientras que otros adoptan la señalada en el caso concreto y la parte resolutiva de la S. de Unificación CE-SUJ004 de 2016. Así la Sección Segunda aclaró su S. de unificación CE-SUJ004 de 2016 respecto del cómputo de la prescripción de la sanción moratoria en el régimen anualizado de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990. La alta corporación decidió lo siguiente: Unificar jurisprudencia en la Sección Segunda, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales: i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva. ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so pena de su extinción

Cuando hay conflicto entre la compañera permanente y la cónyuge supérstite, debido a la convivencia simultánea con el pensionado, el criterio para establecer la titularidad del derecho a la sustitución pensional se funda en el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte. La demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por cuanto los efectos patrimoniales cesaron una vez se liquidó la sociedad conyugal. Así pues, el hecho de que las personas que conforman un matrimonio se separen de hecho y además liquiden su sociedad conyugal, a pesar de que no terminen los demás efectos civiles del matrimonio católico como lo es el estado civil de la persona, son causales suficientes para perder aquél derecho que le otorga la Ley 100 de 1993 en cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se refiere, por cuanto, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial que alguna vez conformaron. No obstante, el cónyuge supérstite si puede tener derecho al reconocimiento si demuestra el apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común durante los últimos 5 años a la muerte del pensionado o afiliado, o en su defecto, que pruebe que la sociedad conyugal que conformó producto del matrimonio no ha perdido los efectos patrimoniales

El Consejo de Estado advirtió que las vacaciones no pueden ser incluidas en el ingreso base de liquidación de la pensión. Se ordenó reliquidar la pensión que le fue concedida a un exservidor público a quien se le otorgó el derecho, incluyendo las vacaciones como un factor salarial. Esta decisión se produjo en el curso de una demanda con el fin de obtener una reliquidación del valor de la pensión que le concedió la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP). Se accedió a las pretensiones y se determinó en primera instancia, que el extrabajador tenía derecho a que se incluyeran en el cálculo factores como la bonificación por servicios prestados, vacaciones, entre otros. El Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la decisión. La sala revocó parcialmente esa providencia. Sostuvo que la jurisprudencia contencioso administrativa enseña que las vacaciones no son factor salarial sino un instrumento para garantizar descanso remunerado al trabajador. De ahí que no pudieran ser incluidas en el ingreso base de liquidación de su pensión. Destacó también que las vacaciones constituyen un pago que corresponde al reconocimiento en tiempo libre y en dinero a los empleados que cumplan un año de servicios, pero no constituyen factor de salario que sirva de base para el cálculo de la pensión

Se negó la demanda de nulidad contra el Acuerdo 435 de 2013 a través del cual se adelantó la convocatoria 258 de 2013 para la Contraloría General de Antioquia, toda vez que la Comisión Nacional del Servicio Civil tenía competencia para dictar los lineamientos del concurso en ejercicio de las facultades temporales otorgadas por el parágrafo 2, artículo 3 de la Ley 909 de 2004. No se vulneran los artículos 40, 121 y 125 de la C. Política ni los artículos 27 y 28 de la Ley 909 de 2004 al limitar la inscripción de cada aspirante a solo un cargo, contrario a ello, además de consagrar una medida que respeta el principio de proporcionalidad, fue expedido con sujeción al marco constitucional y legal. La CNSC sigue siendo el ente responsable de administrar y vigilar la carrera especial de las contralorías territoriales, mientras el Congreso regula, en definitiva, el órgano en el que recaerá tal labor. Así pues, la pérdida de competencia de la demandada solamente podría verificarse si en el momento en el que expidió la convocatoria a concurso para la Contraloría Departamental de Antioquia el legislador ya hubiera designado otro órgano para el ejercicio de dicha función, lo cual no ha sucedido

Retiro del servicio por renuncia extemporáneamente aceptada no constituye causal de reintegro al empleo público. El actor formuló demanda contra el acto administrativo que revocó la aceptación irregular de su renuncia motivada a la institución, así como también, que su renuncia fuese considerada como provocada teniendo en cuenta el maltrato personal y el trato discriminatorio de que fue objeto en desarrollo de su relación laboral con la entidad pública. La Ley 270 de 1996 no desarrolló el concepto de la renuncia y sus particularidades, razón por la cual es necesario acudir al Decreto 2400 de 1968. La anterior disposición se reglamentó a través del Decreto 1950 de 1973, que en el artículo 105 previó que el retiro del servicio implica la cesación de funciones y, este se produce, entre otras causas, por renuncia regularmente aceptada. De acuerdo al artículo 112 del Decreto 1950, el nominador también tiene la facultad de decidir no aceptar la renuncia; sin embargo, para ello debe invocar razones de conveniencia pública, evento en el cual debe solicitarle al empleado que la retire, y en todo caso, ante la insistencia de este de retirarse del servicio bajo esa modalidad, la ley impone el deber de aceptarla. Estas normas delimitan al empleado el paso a seguir ante el vencimiento de ese plazo en primer lugar, señalan que este puede separarse del servicio, sin que ello se pueda entender como abandono del empleo y en segundo lugar, que de no aceptarse la renuncia en ese plazo, puede seguir desempeñando sus funciones, evento en el cual, la renuncia no produce efecto alguno, y se le tiene como no presentada

En la Rama Judicial no procede el retiro del servicio por voluntad del empleador con fundamento en el reconocimiento pensional al servidor. Para la Sala la causal de retiro del servicio del numeral 6 del artículo 149 de la Ley 270, excluye la aplicación en la Rama Judicial de la facultad unilateral del empleador de retiro por reconocimiento pensional, contenida en el par. 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Aunque el artículo 204 de la Ley 270 de 1996, indique que una ley ordinaria puede regular la carrera judicial, no se puede pasar por alto que en la sentencia C-037 de 1996, se dijo que aquélla solo puede regular los aspectos que no fueron regulados en la ley estatutaria y que en todo caso no podría modificar o derogar las normas estatutarias. En 2008, el C. S. de la Judicatura dictó el Acuerdo PSAA08-5160 (que modificó el Acuerdo PSAA06-3360 de 2006), relativo al trámite a seguir por el C. S. de la Judicatura para ordenar la desvinculación de los servidores con resolución de reconocimiento pensional en firme. Empero para esta fecha no se había expedido el fallo del C. de Estado (2013) que anuló el numeral 1 del citado Acuerdo PSAA06-3360 de 2006. Por consiguiente, en razón de la declaratoria de nulidad del numeral 1 del citado Acuerdo, por falta de competencia de la Sala Administrativa del C. S. de la Judicatura para expedir el acto de retiro de los servidores de la Rama; es improcedente aplicar el referido Acuerdo PSAA085160 de 2008, comoquiera que modifica un acto administrativo anulado parcialmente. Así las cosas, aunque al consultarse en la página electrónica oficial se indique que está vigente, ha perdido fuerza ejecutoria y no tiene efectos

El Consejo de Estado negó la demanda que buscaba dejar sin efectos la destitución e inhabilidad de 18 años que la Procuraduría le impuso al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por su intervención en la cesión del Contrato de Transmilenio. El Consejo de Estado negó las pretensiones. Sostuvo que, si bien es cierto que el director del IDU es el primer competente frente a la gestión contractual de esa entidad descentralizada, el alcalde también ejerce control sobre dicha entidad. Además, tan cierto es que participó en esta gestión, que convocó a varias reuniones en las que se trató el tema e impartió varias directrices sobre el asunto. A juicio de la alta corte, las conductas quedaron retratadas en cargos que fueron formulados y demostrados con suficiente precisión por parte de la Procuraduría. El Consejo de Estado precisó que no se violó el derecho a la defensa, pues tampoco es cierto que se le hubiera impedido rendir versión libre, ya que no solo presentó el escrito que desvirtúa tal deficiencia, sino que tuvo muchas otras oportunidades para hacerlo; tampoco es cierto que se la haya impedido aportar sus alegatos de conclusión, pues si bien el estar privado de la libertad le impidió hacerlo de manera personal y presencial, su abogado presentó el escrito que contenía su alegato. Frente a la supuesta violación del derecho al trabajo que produjo la sanción, sostuvo que la determinación no le impidió su disfrute y que a ello se suman decisiones judiciales distintas a la aquí examinada, que le impidieron seguir ejerciendo su labor como alcalde

La Sala rechaza el medio de control inmediato de legalidad sobre la Resolución 604 del 16 de marzo de 2020, suscrita por el director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), por la cual "se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública", debido a que la misma fue emitida antes de ser expedido el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo del mismo año, por medio del cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica. Aclaró la Corporación, que a pesar de que la Resolución 604 del 16 de marzo de 2020 está relacionada con la adopción de medidas en la CAM respecto de la enfermedad COVID-19, no se enmarca dentro de las medidas de carácter general en ejercicio de la función administrativa que son dictadas en el marco del estado de excepción, pues este fue expedido antes de que la emergencia económica, social y ecológica fuera declarada; en consecuencia, rechazó el medio de control

Control inmediato de legalidad. El Consejo de Estado determinó que todas las medidas administrativas de carácter general que se hayan expedido a partir de la declaratoria de emergencia originada por el coronavirus serán objeto de control inmediato de legalidad, sin necesidad de que se interponga demanda. Aun cuando la medida bajo estudio hubiera sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, la jurisdicción ejercerá el control inmediato que le ordena la ley, con el fin de examinar la legalidad de la determinación mientras esta estuvo en vigencia. Implica que decretos, resoluciones, circulares y demás actos de la administración que hayan expedido las autoridades a partir del 17 de marzo, cuando se decretó la emergencia, serán objeto de este juicio de legalidad, a pesar de que hayan sido dictadas en el marco de las facultades ordinarias de cada entidad. Adicionalmente, el Consejo de Estado advirtió que los plazos regulares para el ejercicio del control inmediato de legalidad podrían derivar en actuaciones judiciales tardías, por lo que estableció que, en caso de ser necesario, el juez contencioso puede impartir las medidas cautelares a que haya lugar, sin que exista una petición previa, como lo exige la regla regular. Además, dentro de los 10 días de haberse publicado el aviso sobre el control al respectivo acto administrativo, cualquier ciudadano podrá solicitar la medida. Con estos argumentos, la corporación judicial rechazó su competencia para efectuar control automático de legalidad sobre un memorando por medio del cual los cónsules y encargados de funciones consulares recibieron información sobre medidas de control establecidas para prevenir la COVID - 19 en Colombia. Según el Consejo de Estado, no era procedente adelantar este juicio, debido a que el acto administrativo fue expedido el 25 de febrero, 21 días antes de que fuera declarado el estado de emergencia

Beneficiarios de la sustitución pensional. Con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el legislador previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución pensional, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. El causante proveía ayuda económica sin la cual su nivel básico de vida se ha visto disminuido, en atención a que la pensión de invalidez de la cual es beneficiario no cubre sus necesidades básicas y dada su situación de inválido se encuentra imposibilitado para laborar. A pesar de que existe asignación mensual a favor del peticionario, se observa que aquella resulta insuficiente para lograr su auto sostenimiento, lo cual va en contravía del derecho fundamental a la vida digna. El argumento esgrimido por la entidad demandada en el sentido de que la pensión de invalidez contradice la dependencia económica, pues como se estudió, la dependencia no tiene que ser total y absoluta, pues la falta de la ayuda financiera del cotizante fallecido, le permite presentar dificultades relevantes para garantizar sus necesidades básicas. En conclusión: se acreditaron los requisitos exigidos por la ley para que el señor sea beneficiario de la sustitución pensional que en vida ostentaba su padre, en la medida en que se demostró que el demandante dependía económicamente de su padre y que, a pesar de percibir pensión de invalidez, ella no es suficiente para asegurar su subsistencia en condiciones dignas

Improcedencia de la evaluación de desempeño de empleados en provisionalidad. La Sala advierte, que tanto la Ley 909 de 2004 como el Decreto 1083 de 2015 regularon todo lo relacionado con la evaluación del desempeño de los empleados públicos de carrera administrativa y que se encuentren en período de prueba. Ninguna de las dos normas dispuso que dicha evaluación también debía hacerse sobre los empleados en provisionalidad o de libre nombramiento y remoción. Adicionalmente, es claro que, las entidades a quienes se les aplica esta normativa y las directrices de la CNSC, al desarrollar los sistemas de evaluación del desempeño de estos servidores públicos, por mandato del artículo 40 de la Ley 909 de 2004, deben sujetarse a lo regulado en esta y en su reglamentación, sin que puedan modificarla o adicionarla. Adicionalmente, es claro que, las entidades a quienes se les aplica esta normativa y las directrices de la CNSC, al desarrollar los sistemas de evaluación del desempeño de estos servidores públicos, por mandato del artículo 40 de la Ley 909 de 2004, deben sujetarse a lo regulado en esta y en su reglamentación, sin que puedan modificarla o adicionarla

Edad de retiro forzoso para notarios. Se negó la nulidad respecto de los artículos 1 del Decreto 3047 de 1989; 4 numeral 4 del Decreto 2054 de 2014 y 2.2.6.1.5.3.13 y 2.2.6.3.2.3, numeral 4, del Decreto 1069 de 2015. El Consejo de Estado determinó que fueron legales los actos mediante los cuales el Ministerio de Justicia reglamentó la edad de retiro forzoso de los notarios a los 65 años, antes de la vigencia de la ley que impone el retiro de funcionarios públicos a los 70 años. El Consejo de Estado sostuvo que el Gobierno no excedió sus facultades al definir la edad de retiro forzoso de los notarios, pues un Decreto-Ley de 1968 le permitió ejercer esa facultad reglamentaria, como lo concluyó un fallo del Consejo de Estado en el 2009. De ahí que, frente a este reproche particular, se ordenara estarse a lo resuelto en la mencionada sentencia, que sostiene que el Ejecutivo no se abrogó una facultad exclusiva del legislativo al establecer la edad de retiro para notarios. Además, al estar fundada en la legislación de 1968, no podría afirmarse que la disposición hubiera reproducido los apartes derogados del Estatuto del Notariado. Explicó que si bien las inhabilidades, impedimentos y las incompatibilidades están previstas como un factor que impide el ejercicio de un cargo, como también lo hace el retiro forzoso, el cumplir esta edad da lugar abandonar este oficio notarial, pero para dar cabida a que otras generaciones puedan hacerlo y no como un factor de inhabilidad, impedimento o incompatibilidad\ Se analizan las facultades en el momento de su expedición. Los efectos derogatorios se mantuvieron incólumes hasta la expedición de la Ley 1821 de 2016

Se reitera la regla sobre la forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista en la Ley 91 de 1989. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes (artículo 1 Ley 62 de 1985), y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. En el caso del actor, quien ingresó al servicio el 1 de febrero de 1976 los factores que deben tenerse en cuenta son únicamente aquellos sobre los que se hubieran efectuado los aportes, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62. En este orden, las primas de navidad, vacaciones y de alimentación, no pueden incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación, por cuanto no constituyen base de liquidación de los aportes. No obstante, no puede predicarse frente a las horas extras, en tanto que además de estar enlistado como un factor dentro de la Ley 62 de 1985, fue efectivamente devengado por el actor