Se declara nulidad de lo actuado en acción de cumplimiento que ordena reglamentar educación inicial. El Consejo de Estado informa que, tras conocerse las solicitudes de aclaración y adición a la acción de cumplimiento que ordena reglamentar la educación inicial prevista en la ley de la pequeña infancia, radicadas por el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), esta corporación judicial decidió declarar la nulidad de todo lo actuado en ese proceso. El escrito, por medio del cual se alegan varias irregularidades en el trámite del proceso, fue conocido al momento de dictar la sentencia de segunda instancia y no fue incluido en forma oportuna en el expediente, "debido a que el paso al despacho del memorial se hizo por parte de la Secretaria General del Consejo de Estado después de que fuera aprobada y firmada la providencia que resolvió sobre el recurso de apelación", aun cuando fue radicado por la ANDJE el 16 de diciembre del 2019. Esta circunstancia lleva a decretar la nulidad de todo lo actuado, desde la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 19 de septiembre del 2019. El expediente fue enviado a esa corporación jurídica para que se pronuncie sobre las solicitudes y excepciones esgrimidas por la ANDJE alrededor del trámite de primera instancia

La inhabilidad sobreviniente de la firma contratada para hacer la auditoría a las reclamaciones de indemnización por riesgos catastróficos y accidentes de tránsito generados por vehículos sin póliza SOAT no es una carga que el administrado deba soportar ni sirve de excusa para no concluir el procedimiento y resolver las reclamaciones. Una persona se desplazaba en una motocicleta y sufrió un accidente de tránsito que le ocasionó la muerte y su familiar demandante radicó ante la firma auditora la solicitud de indemnización por la muerte y gastos funerarios. La firma auditora no pudo realizar el trámite debido a la inhabilidad impuesta por ADRES y a la declaratoria de incumplimiento del contrato. El Consejo de Estado sostuvo que la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, ante la inhabilidad de la Unión Temporal Auditores de Salud, debía dar cumplimiento a los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y 17 de la Resolución 1645, expedidos por el Ministerio de Salud, y culminar la auditoría de la reclamación

El Consejo de Estado negó la acción de tutela por medio de la cual la sociedad Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. (Episol SAS) pretendía que se dejara sin efectos el laudo arbitral por el cual la Cámara de Comercio de Bogotá declaró la nulidad absoluta del contrato de concesión que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le otorgó a la Concesionaria Ruta del Sol SAS. El fallo del tribunal de arbitramento estableció que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta por objeto y causa ilícitos de este contrato, la ANI solo estaba obligada a reconocer al concesionario poco más de 211.000'000.000 de pesos. Ante la supuesta falta de competencia del tribunal, por actuar después de culminado el plazo para interponer la acción de controversias contractuales, la Sala determinó que, para poder examinar este reproche por medio de la acción de tutela, era necesario haber presentado un recurso de reposición contra el auto por medio del cual el tribunal declaró su competencia frente al diferendo contractual. Dado que no existe prueba de que ese recurso haya sido presentado dentro de la actuación a cargo del tribunal de arbitramento, determinó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad. Además, dice el fallo, los accionantes cuentan con otro instrumento jurídico para controvertir la decisión arbitral, como nulidad y revisión que se pueden interponer ante el propio Consejo de Estado

La acción de tutela es un mecanismo de acceso a la justicia previsto en el artículo 86 de la Constitución, a través del cual toda persona puede solicitar el amparo de sus derechos fundamentales. Se tramita de manera preferente y sumaria debido a la importancia de los bienes que protege y sus reglas de procedimiento se guían por los principios de informalidad y prevalencia del derecho sustancial. No obstante, la acción de amparo constitucional tiene naturaleza subsidiaria, lo que significa que sólo es procedente cuando no existan otras vías judiciales, adecuadas e idóneas para la protección del derecho fundamental o cuando, pese a existir el mecanismo ordinario, la intervención del juez de tutela es indispensable para evitar un perjuicio irremediable. En este último caso, el amparo solo procede cuando los mecanismos ordinarios que ha previsto el legislador para la protección de los derechos no tienen la capacidad de cumplir con ese propósito en las circunstancias del caso concreto

Las restricciones a los connacionales para retornar al país vía aérea tienen su sustento en la emergencia sanitaria que ha afectado a distintos países a nivel mundial, por lo tanto, no resultan caprichosas o arbitrarias. Los demandantes sostuvieron que las autoridades colombianas han omitido su deber de coordinar con el Gobierno Australiano los respectivos vuelos migratorios; además, que se ha dado un trato desigual frente a los connacionales migrantes ubicados en otros países, a quienes se ha permitido el regreso al territorio nacional. La situación que atraviesan los actores en Australia no es apremiante, en tanto que, como lo señaló el a quo- en una respuesta allegada, emitida por la Cónsul les indicó que la vigencia de la visa "les garantiza el acceso a servicios de salud por su seguro médico estudiantil", de manera que se infiere que cuentan con una cobertura que garantiza la prestación de los servicios que requieran. La restricción que cobija actualmente a los actores para retornar al país no obedece a un comportamiento caprichoso o arbitrario de las entidades accionadas, sino que encuentra su sustento en una emergencia sanitaria que ha afectado a distintos países a nivel mundial y respecto a la cual se han tenido que adoptar estas medidas, que en el caso concreto resultan justificadas

Del derecho al habeas data en el registro y cancelación de las órdenes de captura. El habeas data o derecho a la autodeterminación informática, es aquel en virtud del cual todas las personas pueden conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en los bancos de datos y en los archivos de las entidades públicas y privadas, conforme lo dispone el artículo 15 de la Constitución Política. Puede inferirse entonces que la entidad encargada de manejar la base de datos tiene la obligación de registrar de manera eficiente la información, con observancia de las garantías constitucionales; ello por cuanto en materia penal, el habeas data puede extender sus efectos a derechos como el de la libertad, cuando se trata de órdenes de captura y su posterior cancelación. En ese contexto, se advierte que las órdenes de captura que se dicten al interior de los procesos penales, deben comunicarse a las autoridades competentes de hacerlas efectivas y que, de esa manera, puedan registrarse en los bancos de datos que corresponda

Prima de riesgo debe ser incluida en pensión de exagentes del DAS. El Consejo de Estado recordó que los exagentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tienen derecho a que la prima de riesgo sea incluida en la liquidación de su pensión. Este pronunciamiento obedece a una acción de tutela que interpuso un ciudadano contra el fallo por medio del cual el Tribunal de Cundinamarca le negó el reconocimiento de varios factores salariales dentro de la liquidación de su jubilación, entre ellos la ya mencionada prima. La Sala amparó los derechos del tutelante, argumentando que la prima de riesgo debe ser incluida en la liquidación de la pensión de los exfuncionarios del desaparecido organismo de inteligencia, porque así lo ordena el precedente judicial establecido por una sentencia de unificación de la alta corte, de agosto de 2013. Además, según esta acción de tutela, la vigencia del precedente quedó expuesta cuatro años más tarde, cuando la propia corporación judicial le ordenó al DAS incluir la prima en la liquidación de la pensión de uno de sus exfuncionarios, mediante la figura de la extensión de jurisprudencia, un instrumento jurídico que permite que los efectos de una sentencia judicial sean aplicados a otro caso sin necesidad de que el afectado tenga que someterse a una demanda. Se ordenó al Tribunal dictar un nuevo fallo en el que tenga en cuenta la aplicabilidad de este precedente judicial

La parte actora busca que en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1006 de 2006, el cual prevé que en "las entidades del Estado en cualquiera de los niveles territoriales" "incluirán" la profesión de Administrador Público en los manuales de funciones de dichas entidades como una de las profesiones requeridas para el ejercido de empleos de carácter administrativo. Al analizar el fondo del asunto la Sala evidencia que es claro la norma que se pide cumplir contiene un mandato imperativo e inobjetable. Por tanto, revisado el manual de funciones, los cargos con sus funciones, en tanto están relacionadas con la gestión de la administración pública, no incluyen la profesión de administración pública como requisito para ocupar dichos cargos, por lo cual no se cumple con lo previsto por el artículo 9 de la Ley 1006 de 2006, como acertadamente indicó el Tribunal. La Sala precisa que las pretensiones de la demanda en lo referente a la modificación de las OPEC ofertadas y segunda atinente a que se ordene a la CNSC que suspenda la inscripción de los concursantes a la Convocatoria del Acuerdo, escapan a la órbita de competencia del juez de cumplimiento, pues no dependen solamente de la observancia de una ley o acto administrativo, sino que e implica pronunciarse respecto de los derechos de los participantes en la convocatoria y de la legalidad del Acuerdo que dio origen a la Convocatoria

El Estado debe procurar el acceso a la educación básica en condiciones de igualdad a los niños que por su condición socioeconómica carezcan de medios tecnológicos a causa del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno. La accionante consideró vulneradas garantías constitucionales de su hija menor de edad, que cursa el grado segundo de educación básica primaria en un plantel educativo oficial, por la omisión de la administración municipal que en medio de la pandemia por cuenta del COVID19 no ofrece alternativas de acceso efectivo a las herramientas tecnológicas para que los niños puedan continuar con sus clases en medio de la cuarentena obligatoria decretada y el cierre físico de los planteles educativos; esto, en condiciones de igualdad respecto de los compañeros que si tienen acceso a ellas. Ordena la Sala que de manera conjunta, la Secretaría de Educación de Ibagué y la Institución Educativa deberán brindar la debida orientación a la señora accionante sobre el trámite a seguir, en aras de corroborar el cumplimiento de los requisitos para incluir a la menor en el programa "Computadores para Educar" con el fin de culminar la situación descrita y lograr que la menor pueda asistir a sus clases de manera sincrónica, garantizando el acceso a la educación en condiciones de igualdad frente a sus compañeros de salón que vienen recibiendo sus clases desde la seguridad de sus hogares

Se ampararon los derechos fundamentales de un ciudadano al que se le negó una reparación por privación injusta de su libertad, luego de que fuera juzgado y condenado dos veces por el mismo delito. El accionante había sido detenido y condenado en diciembre del 2008 a 24 meses de cárcel por hurto calificado, pero luego de cumplir su pena fue nuevamente procesado y condenado a 36 meses de prisión por los mismos hechos, lo que llevó a su detención entre febrero del 2013 y enero del 2014. Interpuso demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad, que le fue denegada por el Tribunal Administrativo, quien consideró que la demandada, no estaba obligada a resarcir el daño y que el órgano de investigación demandado estaba eximido de su deber de reparar al afectado, a pesar del error judicial que se produjo por la doble condena, porque a su juicio, fue el procesado fue el responsable de la privación injusta de la libertad, al no informar a los operadores judiciales que ya había cumplido una condena por los mismos hechos, hasta que su abogada presentó una acción de habeas corpus. Para el Tribunal se produjo por culpa exclusiva de la víctima como factor eximente de responsabilidad. En criterio de la alta corte, el Tribunal incurrió en un defecto fáctico y sustantivo, al examinar la culpa exclusiva de la víctima desde el perjuicio y no desde el daño, como corresponde en estos casos. El fallo señala las diferencias entre el daño y el perjuicio y precisa que el primero constituye la lesión al bien jurídico que está protegiendo, mientras que lo segundo implica una afectación que tiene lugar como consecuencia del daño

Reserva legal en los exámenes Saber Pro. La información que reposa en el banco de preguntas del ICFES goza de reserva, sin embargo, la Sala no encuentra norma Constitucional o legal que limite el acceso a que cada participante tenga acceso a sus propias respuestas por lo que, la interpretación dada por el ICFES y por el Tribunal Administrativo vulnera el debido proceso de los interesados, al no permitírsele al examinado que reclama tener acceso a las respuestas dadas por él, restringiendo su derecho a controvertir las pruebas que son materia de inconformismo. En cuanto al alegato, respecto a que la jurisprudencia de acceso a las pruebas de conocimiento únicamente resulta aplicable en el desarrollo de concurso de méritos para acceder a cargos públicos y no en el caso que nos ocupa, esta Sección discrepa con los impugnantes y considera que es viable aplicar la regla jurisprudencial de levantar la reserva de ciertos documentos que se utilizan en los exámenes de conocimiento para dar prioridad al derecho de defensa y al debido proceso. Para esta Sala es posible aplicar el criterio jurisprudencial consistente en el levantamiento de la reserva legal para el participante del concurso de méritos que solicita acceder a su prueba de conocimientos, para proteger sus derechos fundamentales

Responsabilidad patrimonial del Estado por omisión en la protección de los bienes de particulares. El Consejo de Estado negó una tutela por medio de la cual presuntas víctimas de las Farc pretendían ser reparadas por hechos ocurridos en la llamada 'zona de distensión', en la cual la exguerrilla y el Gobierno de Andrés Pastrana intentaron concertar una solución negociada al conflicto armado entre 1999 y el 2002. La Sección negó la acción de tutela. Determinó que no es cierto que se haya desconocido el robo del ganado, sino que se precisó que la responsabilidad no era atribuible a las entidades demandadas, que era exclusivamente atribuible a las Farc. Indicó que no se acreditó que las víctimas hubieran solicitado protección previamente. Sobre el supuesto desconocimiento del precedente existente sobre la obligación del Estado de reparar daños causados por grupos armados ilegales, sostuvo que, en casos como este, se ha ordenado resarcir a las víctimas, siempre que se pruebe que las víctimas advirtieron a las obligaciones el riego al que se estaban enfrentando y estas no tomaron las medidas de seguridad que eran del caso

Los demandantes no sustentaron la solicitud de revisión eventual, por cuanto no identificaron ni una sola providencia proferida por el Consejo de Estado, de la que pudieran afirmar que existen criterios disímiles respecto de la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa cuando una autoridad administrativa desconoce la ley, o que el Tribunal Administrativo de Antioquia hubiera desconocido abiertamente alguna postura unificada del órgano de cierre al momento de proferir la sentencia. Pese a que la jurisprudencia no exige para el interesado la necesidad de expresar de manera detallada o absoluta las distintas posiciones jurídicas respecto de determinada materia y sobre las cuales se sustenta la contradicción jurisprudencial, en este caso no se hace ni siquiera mención a una providencia, por ello, se infiere que lo que se pretende es que la Corporación realice un análisis de fondo sobre la presunta vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa. Así las cosas, la petición de revisión eventual que presentaron los demandantes del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos no cumple con el requisito relativo a la sustentación de la solicitud y lo que pretende es que el mecanismo se utilice como una tercera instancia

Se demandó la nulidad del acto de elección del alcalde del municipio de Tuluá (Valle del Cauca) alegando que hubo irregularidades en el proceso de votación y escrutinio. El Tribunal rechazó la demanda teniendo en cuenta que el actor no subsanó la falta de requisitos formales que le fueron señalados en el auto que la inadmitió. La Sala confirmó la decisión luego de considerar que el actor no precisó en qué etapas o registros electorales se presentaron las irregularidades. El artículo 139 de la ley 1437 de 2011 establece una exigencia adicional para la admisión de la demanda de nulidad electoral contra elecciones por voto popular, la cual se refiere al deber del actor de "precisar" las etapas, registros y, en consecuencia, también las zonas, puestos y mesas de votación en donde presuntamente se incurrió en las irregularidades o vicios que alega como fundamento de sus pretensiones. El demandante, lejos de subsanar la demanda, mantuvo la indeterminación inicial de su acusación, lo que le impide al juez electoral entrar a conocer del asunto y más todavía examinar oficiosamente todas las zonas, mesas y puestos de votación de dicha circunscripción, como lo pretende la parte actora, en un intento infundado por trasladarle su carga procesal al juez de conocimiento

Medidas cautelares que pueden decretar en la acción electoral. Cuando se pida una medida cautelar distinta de la suspensión provisional, el juez deberá estudiar que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 231 del CPACA, esto es que concurran la apariencia del buen derecho -fumus boni iuris-, perjuicio de la mora -periculum in mora- y además hacer una ponderación de los intereses en controversia -idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. Puntualmente, en lo que corresponde al proceso de nulidad electoral, si bien las medidas cautelares no están consagradas en el título que rige este procedimiento especial en el CPACA, lo cierto es que, nada obsta para que estas sean decretadas en este tipo de trámite, en tanto que no riñe con las normas del procedimiento general. En efecto, el artículo 296 de la Ley 1437 de 2011 prevé -refiriéndose al trámite de pretensiones de contenido electoral- que, en lo no regulado en ese título se aplicarán las disposiciones del proceso ordinario en tanto sean compatibles con la naturaleza del proceso electoral. Así lo ha entendido esta Sala de decisión en oportunidades anteriores, al estudiar medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional

Inhabilidad de concejal por parentesco con autoridad administrativa. La Sala se pronunció respecto al contenido y elementos que se requieren para la configuración de este tipo de autoridad administrativa, esto de acuerdo al desempeño de actos de dirección, lo que implica un grado de autonomía decisoria con el que se ejercen las funciones legalmente establecidas en cada caso particular. Señala el alto tribual que en cuanto el criterio orgánico y funcional a efectos de lograr probar la incursión en esta inhabilidad, debe reiterarse que el primero alude al cargo desempeñado, su nivel jerárquico, capacidad de decisión y poder de mando. No obstante, lo anterior, aduce la Sala que el legislador no se limitó a describir los cargos desde los cuales se puede ejercer autoridad administrativa sino que estableció un criterio funcional mediante el cual describe una serie de actividades que derivan en el ejercicio de esta autoridad; sin embargo, contrario a lo que entiende la parte demandada no se trata de un listado taxativo sino meramente ilustrativo. Manifestó que es deber de las partes y del juez, al momento de analizar la estructuración de la causal de inhabilidad de ejercicio de autoridad administrativa cuando deriva de un cargo diferente a los enunciados en el numeral 1 del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, acudir y demostrar que entre las funciones legalmente asignadas al servidor estén presentes aquellas relacionadas con el ejercicio de esta

El Juzgado sexto oral administrativo de Neiva vulneró el derecho fundamental al debido proceso del municipio de Neiva, por la sanción que le impuso con ocasión de la inasistencia a la diligencia de pacto de cumplimiento realizada dentro de una acción popular. La Sala consideró que la autoridad judicial realizó una interpretación exegética del artículo 27 de la Ley 472 de 1998, y, a su vez, descontextualizada de las subreglas fijadas en la sentencia de unificación de 11 de octubre de 2018, sobre esta materia. Así las cosas, el municipio de Neiva al haber estado representado por el apoderado judicial y, con la debida autorización del Comité de Conciliación de la entidad, satisfizo el requisito normativo de asistencia de las partes a la diligencia de pacto de cumplimiento. A la luz del artículo 27 de la Ley 472 de 1998 no existe requisito alguno que exija que a la misma deba asistir únicamente el representante legal del ente territorial, y por ello es admisible como ocurrió en el caso objeto de estudio, que a la audiencia pública referida se presentara el apoderado del municipio de Neiva, el cual desde el comienzo del proceso constitucional de protección de derechos colectivos se le reconoció personería jurídica para actuar, esto gracias al poder otorgado por la Alcaldía para asistir, y representar los intereses del municipio en los procesos en donde fungiera como parte

Se declaró la nulidad parcial del artículo 1 del Decreto 1817 de 2015 "por el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el nombramiento y remoción del Superintendente de Industria y Comercio, del Superintendente Financiero y del Superintendente de Sociedades". Se demandó la nulidad aduciendo que hubo una modificación en el procedimiento legalmente establecido para la designación y remoción de los superintendentes de Industria y Comercio, de Sociedades y Financiero. La Sala declaró la nulidad parcial del artículo 1 del decreto demandado, previo a lo cual concluyó que: (i) la invitación pública no implica la alteración sustancial de la forma de selección de estos servidores públicos, ni restringió la potestad del presidente para nombrar o retirar libremente a sus agentes; se presentó una usurpación de las atribuciones propias del Congreso de la República, (ii) en cuanto al período fijo coincidente con el presidencial, e igualmente, (iii) frente a la exigencia de motivar el acto de desvinculación. Así mismo, (iv) en cuanto al reemplazo de los superintendentes al final de periodo presidencial, por guardar relación directa con el periodo fijado para los superintendentes, debe correr su misma suerte y en consecuencia anularse

Diferencias entre la revocatoria directa y la derogatoria. Tanto la doctrina como la jurisprudencia del Consejo de Estado han destacado que ambas instituciones corresponden a formas de excluir del ordenamiento jurídico los actos administrativos y por ende de ponerle fin a sus efectos, empero desde una perspectiva técnica, mientras la derogatoria busca tales propósitos respecto de los actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, lo revocatoria directa pretende lo propio frente a los de naturaleza particular, personal y concreta. En efecto, aunque tratándose de actos administrativos, mediante la revocatoria y la derogatoria es la administración la que excluye del ordenamiento jurídico aquéllos, se hace uso de la primera figura cuando se trata de actos de carácter particular, personal y concreto, en la medida que éstos pueden significar el reconocimiento de un derecho en favor de una persona, razón por la cual, so pena de actuar de manera arbitraria en desconocimiento de los derechos adquiridos, para modificar éstos además de la configuración de alguna de las causales legalmente previstas, que ponen de presente la existencia de un interés superior. \ Se niega la pretensión de nulidad del Decreto 1163 del 2 de julio de 2019, "por el cual se deroga el Decreto 450 del 14 de marzo de 2016", expedido por el Presidente de la República

Se negaron las pretensiones de una demanda en contra del Decreto 1163 de 2019, que buscaba se declarara ilegal el procedimiento que utilizó el presidente Iván Duque para integrar la terna de candidatos a fiscal general de la Nación. Esta decisión del Gobierno, expresada en un decreto derogatorio, dejó sin vigencia la invitación pública a participar en el proceso y demás etapas previas al procedimiento utilizado para la conformación de la terna de la que fue elegido como jefe del ente investigador Néstor Humberto Martínez. Se negaron las pretensiones y se aclaró que tanto las directrices fijadas en torno a la pasada elección de fiscal general, como su derogatoria, hacen parte de la facultad discrecional del presidente frente a este proceso de elección. El decreto demandado apenas señala que no se pueden modificar mandatos de la Constitución sobre la elección del fiscal a través de la facultad reglamentaria, lo cual es cierto. El Consejo de Estado sí se refirió a la inaplicabilidad de la norma constitucional que los medios denominan como la 'prohibición de la puerta giratoria' frente a la elección del Defensor del Pueblo, por existir otra de origen constitucional que la rige. A juicio de la alta corte, el decreto también parafrasea esta conclusión

Nombramiento en provisionalidad en empleos de carrera diplomática y consular. La jurisprudencia de esta sección ha indicado que la excepción prevista en el artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000, no hace más que confirmar la regla general referida a que los empleos de la planta interna y externa del Ministerio de Relaciones Exteriores son propios de la Carrera Diplomática y Consular y, por ende, se deben proveer en virtud de concurso de méritos, excepto cuando no sea posible designar funcionarios escalafonados para proveerlos, hipótesis en que se autoriza el nombramiento en provisionalidad de personas ajenas a ella. Esta es la interpretación judicial vigente sobre la materia, en sede de nulidad electoral, en observancia del artículo 125 superior, la cual favorece que los cargos vacantes en este régimen especial de carrera sean provistos con los funcionarios que están prestando su servicio en planta interna o externa y han cumplido la frecuencia de los lapsos de alternancia en los términos del artículo 37, en un empleo de menor jerarquía al que les corresponde, para que puedan ocupar aquel en el que están inscritos en el escalafón en razón del mérito, que les da un derecho no solo preferente sino además excluyente para ocuparlo sobre las personas que no pertenecen a ella, elemento que corresponde demostrar al demandante en este tipo de procesos

La alternación ha sido regulada en los artículos 35 a 40 del Decreto Ley 274 de 2000 y definida por esta Sección como "la figura por medio de la cual se pretende que quienes prestan sus servicios en el extranjero no lo hagan en forma indefinida sino que retornen, así sea por un tiempo, al país para que se mantengan en permanente contacto con la realidad de su lugar de origen y puedan representar mejor los intereses del Estado". Los funcionarios que ejercen cargos pertenecientes a la carrera diplomática y consular deben cumplir los lapsos de alternación, tanto en planta externa como en planta interna, en aplicación de los principios rectores de eficiencia y especialidad. Así mismo, el parágrafo del artículo 37 de este Estatuto, establece que quienes se encuentren prestando su servicio en el exterior no pueden ser designados en otro cargo en el exterior, antes de cumplir 12 meses en la sede respectiva, salvo circunstancias excepcionales. El Decreto Ley 274 de 2000 se ocupa, así mismo, de definir la forma en que se aplicará la alternación, la época en que se realizarán los desplazamientos y las situaciones administrativas que de ella se deriven. Es decir, es necesario que exista personal escalafonado en el cargo cuya vacancia habrá de llenarse y que el mismo tenga disponibilidad antes de designar en provisionalidad

Se tiene que el legislador dispuso los requisitos del recurso de apelación en el trámite procesal especial electoral, así: (i) en cuanto a su procedencia, estimó que el recurso de apelación resultaba admisible frente a las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados y tribunales administrativos; (ii) en relación con la oportunidad, dispuso que aquel debía interponerse en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la sentencia y, (iii) frente a la facultad para incoarlo, esta se concedió a las partes y terceros intervinientes, siendo necesario que cuando se actúa por intermedio de apoderado judicial, expresamente se le haya otorgado a este dicha potestad, elemento que no trasluce de la norma destacada pero que surge de la interpretación sistemática de los artículos 160 del CPACA 3 y 74 del CGP. La autorización del interesado para la práctica de la notificación electrónica de que trata el inciso 1 del artículo 205 del CPACA, tiene como propósito asegurar a los sujetos procesales el conocimiento directo, oportuno e integral de las providencias que se adopten en el curso del proceso y que, por ende, afectan sus derechos e intereses litigiosos. A pesar de que las partes no den autorización expresa, al realizar la notificación por medios electrónicos se permite que estas tengan conocimiento directo y oportuno de las providencias

La Sala confirmó la decisión que negó la nulidad del nombramiento del director del programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Se demandó la nulidad del nombramiento argumentando que el demandado incumplió el requisito establecido en la Resolución 5286 de 2019 para ser director del programa de filosofía de la Universidad del Quindío, consistente en acreditar experiencia mínima de un año como miembro del consejo curricular, de facultad, académico o en los comités adscritos a las decanaturas o direcciones de programa de la citada institución de educación superior. La Sala consideró que la restricción impuesta por el Acuerdo 041 de 2016 no afecta la validez del acto acusado, por cuanto estatutariamente es posible que aparte de la docencia el catedrático pueda llevar a cabo otras actividades en la Universidad, que no tienen naturaleza académica. La alternativa que tienen los docentes vinculados en la modalidad de hora cátedra de hacer parte de los organismos de representación y de gobierno de la Universidad del Quindío está respaldada por las normas que, en virtud de su autonomía, rigen el funcionamiento de la institución. Igualmente se acreditó el cumplimiento del requisito de experiencia exigido, y que, en su calidad de catedrático; y estaba habilitado para pertenecer al consejo curricular del programa de filosofía de la Universidad del Quindío, por lo cual acreditó el cumplimiento del requisito exigido para ser director de programa

Término para interponer recurso de súplica en el medio de control de nulidad electoral. El artículo 276 del CPACA establece una excepción al término de presentación oportuna del recurso de súplica existente en el trámite de los demás procesos ordinarios que se siguen ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Así, mientras la norma especial en materia electoral, artículo 276 del CPACA, consagra un plazo de dos (2) días para la formulación de este medio de impugnación -contados a partir de la notificación de la providencia que se cuestiona-, el artículo 246 de la Ley 1437 -para otro tipo de procesos- prevé que su presentación deberá efectuarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, objeto de censura. Sin lugar a equívocos, el artículo 276 determina que el conteo de los dos (2) días comenzará a correr desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que se cuestiona, indicando, de esta manera, el extremo temporal inicial para el cómputo del término de formulación de este recurso. Igualmente, puede desprenderse de ella el extremo temporal final, luego de que prevé que su formulación deberá hacerse hasta el segundo día siguiente a la notificación del auto acusado, esto es, hasta la última hora hábil del día en que vence el término. Premisa que resulta de la interpretación sistemática que de esta disposición se realiza con el artículo 109 del CGP -, aplicable en los procesos contencioso-administrativos con fundamento en el mandato de integración normativa contenido en el artículo 306 del CPACA

La reforma de la demanda en el trámite del medio de control de nulidad electoral se encuentra en la ley 1437 de 2011 artículo 278 y 173. Para la Sala se deduce que dicha potestad del actor no es absoluta, en cuanto está sujeta a límites ciertos, de oportunidad, forma y contenido. En cuanto al límite temporal, (i) debe presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda al demandante (art. 278, inc. 1). En cuanto al límite formal, (ii) podrá integrarse en un solo documento con el libelo inicial, a discreción del demandando o disposición del juez (art. 173, inc. final). En cuanto a los límites materiales, (iii) podrá referirse a las partes, pretensiones o los hechos y pruebas en que estas se fundamentan (art. 173, num. 2); (iv) no podrá sustituir la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la demanda (art. 173, num. 3); y (v) solo podrá adicionar cargos dentro del término de caducidad del medio de control (art. 278, inc. 2). Determinó que de acuerdo con lo consagrado en el inciso 2 del artículo 278 del CPACA, sobre la reforma a la demanda en el medio de control de nulidad electoral, existe un límite mixto, de tipo material-temporal, consistente en que el actor solo podrá adicionar los cargos de su libelo introductorio, en cuanto a las causales de nulidad que invoca y las razones de derecho en que las sustenta, bajo la condición de hacerlo dentro del término de caducidad del artículo 164, numeral 2, literal a) de dicha normativa

La Sección en su Sala Electoral, admitió la demanda que pretende la nulidad del acto de elección del defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, y negó la solicitud de suspender sus efectos jurídicos. En concepto de los demandantes el defensor del Pueblo no acreditó debidamente su experiencia de 15 años de abogado, ya que una de las certificaciones que aportó con su hoja de vida incumple las exigencias legales para su adecuada valoración. En su análisis, la Sala Electoral encontró que sí es posible tener en cuenta la certificación para determinar la experiencia que se exige para ser defensor del Pueblo, porque su contenido permite establecer las fechas de inicio y culminación del vínculo y también las funciones realizadas por el doctor Camargo Assís. De otra parte, frente al argumento según el cual el actual defensor del Pueblo no cumple la exigencia constitucional de haber ejercido su profesión de abogado con "buen crédito", no encontró la Sala pruebas suficientes para dar cuenta de dicha irregularidad, además, fue posible precisar que con la hoja de vida del demandado se allegaron los certificados de antecedentes profesionales, disciplinarios, fiscales y judiciales, que dan cuenta que carece de sanciones o condenas en su contra. Finalmente, la Sección manifestó que los accionantes expusieron que el demandado incurre en falta de independencia para ejercer el cargo y carece de conocimientos en materia de derechos humanos; sin embargo, estos reparos resultan ajenos a los requisitos que constitucionalmente se exigen para ser elegido defensor del Pueblo y no generan que el acto de elección deba ser suspendido de manera provisional, como se pidió en la demanda

Se niega la solicitud de suspensión provisional. La Sección admitió la demanda de nulidad electoral presentada en contra de la elegida Procuradora General de la Nación, Margarita Leonor Cabello Blanco, y negó la medida cautelar de suspensión de los efectos jurídicos de su elección. La demanda presentada contra el acto de elección del Senado de la República argumenta que estaría incursa en una inhabilidad desde que fue incluida en la terna por el presidente de la República, debido a que en el año anterior se desempeñó como ministra de Justicia y del Derecho. Asegura el demandante que, debido a las características del cargo y funciones del procurador General de la Nación, quien desempeñe el cargo "tiene las mismas calidades de los magistrados de la Corte Constitucional y por tanto le aplican las mismas prohibiciones, como que no pueden ser elegidos en el cargo quienes en el año anterior se hayan desempeñado como ministros del despacho. La Sección negó la solicitud de medida cautelar porque encontró que en esta etapa procesal no se advierte una infracción a las normas en que sustentó el demandante su petición de suspensión provisional. Finalmente, en el mismo caso se declaró infundado el impedimento presentado por el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, al concluir que, si bien es cierto, el Consejo de Estado remitió su candidato para conformar la terna de la cual se eligió a la doctora Cabello Blanco como procuradora General de la Nación, la demanda no juzga el procedimiento adelantado por esta corporación judicial, sino las calidades de la demandada que, por demás, fue designada por el presidente de la República

La jurisprudencia ha dispuesto unos criterios jurisprudenciales de la entrevista para el ingreso a cargos públicos los cuales no han variado desde el primer pronunciamiento de la C. Constitucional en 1999 que los señaló así: (i) que su realización no implica la consideración subjetiva de las calidades de los entrevistados, es decir, la prueba de entrevista no puede tener carácter eliminatorio; (ii) previo a la realización de la entrevista, se deben establecer mecanismos idóneos de verificación y control del papel de los entrevistadores, de manera tal que estos no desarrollen de manera arbitraria, subjetiva e imparcial su rol; (iii) las demás pruebas o instrumentos de selección, no pueden ser desconocidos a costa de los resultados que arroje la entrevista, ni puede la administración sobrevalorar la calificación en ella obtenida; (iv) no son admisibles preguntas sobre el ámbito personal del aspirante, porque atentan contra derechos como el de la intimidad; (v) los entrevistadores deben dejar constancia por escrito y motivada las razones por las cuales descalifican o aprueban a un aspirante; y (vi) los entrevistadores pueden ser recusados si existen razones válidas, objetivas y probadas que pongan en duda su imparcialidad

Se demandó la nulidad, con solicitud de suspensión provisional, del acto de elección de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aduciendo que fueron elegidos con una mayoría diferente a la exigida en el artículo 5 del Acuerdo 006 de 2002, reglamento general de la Corte Suprema. La Sala negó la solicitud de suspensión provisional teniendo en cuenta que con ésta no se allegaron los medios probatorios pertinentes para el estudio de la solicitud. Para la elección de los magistrados de la Corte Suprema y la reforma del reglamento de la Corporación se requiere voto favorable de las 2-3 partes de sus integrantes. De la revisión de dichos actos administrativos se encuentra que no consta la forma en que se realizaron las elecciones, cuántos votos favorables obtuvo cada uno de los demandados, quiénes votaron, si hubo o no la referida modificación o interpretación al reglamento y en general, no hay constancia de ninguna de las afirmaciones que sustentan la demanda. No es posible para la Sala verificar si existió una interpretación o modificación del artículo 5 del reglamento que los actores acusan de irregular, las condiciones en que los demandados fueron elegidos y si hubo o no desconocimiento del principio de legalidad y del debido proceso administrativo. Lo anterior, toda vez que para el efecto, se necesita contar con las actas de la sesión de Sala Plena de la Corte del 28 de febrero de 2020, la cual no obra en el expediente digital

El Consejo de Estado decidió no admitir la demanda que busca que se declare nulo el aparte del acto de elección del fiscal Francisco Barbosa que permite establecer su permanencia en el cargo por 4 años contados a partir de su posesión. Para la alta corte, la acción no contiene varios de los requisitos formales de claridad, precisión y orden que debe reunir una demanda de esta naturaleza, como lo son la designación de las partes, al no integrar o mencionar al contradictorio, y los fundamentos fácticos, pues este criterio no contiene un capítulo aparte en el escrito de la demanda. La corporación explicó que, tratándose de pretensiones de nulidad de un acto electoral, se debe explicar en qué causales generales se sustenta la acción. Además, como tampoco se dedica un capítulo específico a las pruebas, el demandante debe aclarar si, a su juicio, es suficiente adjuntar el acto demandado. A estas falencias, se suma el que no se hace referencia a un lugar y a una dirección donde las partes puedan ser notificadas. En cuanto a los anexos, tampoco se adjuntó copia del acto demandado, ni del acto en el que se confirma la elección del fiscal, ni el de la comunicación que notifica el acuerdo que comprende este nombramiento

Consejo de Estado ordena tomar medidas por déficit de baños en cárcel de San Andrés. Fue presentada ante el Tribunal Administrativo de San Andrés una acción de tutela ante los problemas sanitarios que vienen padeciendo los reclusos por el mal estado de los baños, incluyendo un brote de varicela. Se demostró que se viene ejecutando un contrato para el mantenimiento de la infraestructura general en la cárcel, pero se encuentra suspendido por falta de personal de obra. El Tribunal amparó los derechos de los reclusos y ordenó a las autoridades carcelarias y a la Gobernación adelantar las gestiones contractuales y administrativas necesarias para superar el déficit. El fallo obliga al Departamento Archipiélago de San Andrés, al Inpec, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y a las autoridades del Establecimiento Carcelario La Nueva Esperanza y al Ministerio de Justicia conformar una mesa interinstitucional de cara al diseño e implementación de un plan de mejoramiento integral del centro carcelario, con énfasis en la infraestructura sanitaria e hidrosanitaria, de acuerdo a las necesidades de hombres y mujeres recluidos en esta institución. La Sala ratificó el fallo del Tribunal y estableció un plazo de dos meses, para que, en el marco de la mesa interinstitucional que se ordenó conformar, "realicen las gestiones necesarias dirigidas a solucionar la situación de las baterías sanitarias, con el fin de que se garanticen los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas de la población privada de la libertad en el citado establecimiento"

¿Contra quién se promueve el medio de control? En el medio de control de nulidad electoral la legitimación en la causa por pasiva recae en la persona nombrada, elegida, designada o llamada, pues lo que se pretende es desvirtuar la legalidad de su elección, en estos términos se le atribuye la condición de demandado. De conformidad con el numeral 2 del artículo 277 del CPACA, la intervención de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los procesos electorales, no se hace en calidad de demandado, pues debido a la naturaleza de este medio de control dicha posición se predica únicamente del elegido o nombrado, tampoco, es viable otorgarle la calidad de sujeto litisconsorcial necesario, porque la decisión del operador jurídico puede adoptarse sin la comparecencia de la Entidad. De manera pacífica la Sección Quinta del Consejo de Estado ha estimado que, la procedencia de la vinculación de la Registraduría dentro del juicio de nulidad electoral se determina al cotejar los cuestionamientos formulados en la demanda y las funciones y competencias asignadas al referido órgano electoral, postulados a partir de los cuales se establece si debe concurrir al proceso para explicar, defender, documentar y probar sus actuaciones, así que, en caso de advertir que los reproches elevados no recaen sobre su obrar o en su marco competencial, resulta palmario que no es necesario involucrarla en el trámite

La medida cautelar de suspensión provisional en materia electoral. Para que se pueda decretar la suspensión provisional de un acto en materia electoral debe realizarse un análisis del acto demandado frente a las normas superiores invocadas como vulneradas en la demanda o en la solicitud, según corresponda. Lo anterior implica que el demandante debe sustentar su solicitud e invocar las normas que considera desconocidas por el acto o actos acusados y que el juez o sala encargada de su estudio, realice un análisis de esos argumentos y de las pruebas aportadas con la solicitud para determinar la viabilidad o no de la medida. No obstante, no cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado por cuanto es claro que debe analizarse en cada evento en concreto, la implicación del mismo y en últimas su legalidad. Además, se hace necesario reiterar que el pronunciamiento que se emita con ocasión de una solicitud de medida cautelar en manera alguna implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente

¿Qué requisitos previos debe cumplir la demanda? Desde su aparición, este requisito de procedibilidad ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial, en marcadas fases evolutivas hasta alcanzar la posición actual de la Sala Especializada en asuntos Electorales, prohijada, principalmente, por la sentencia de constitucionalidad C-283 de 2017 de la Corte Constitucional. La inexequibilidad del artículo 161.6 del CPACA conlleva admitir que el único fundamento del requisito de procedibilidad para la presentación de las demandas de nulidad electoral por causales objetivas es, en nuestros días, el artículo 237 de la Constitución de 1991. Sin embargo, la Sección ha negado valor a su aplicación directa, la norma constitucional debe ser desarrollada por el legislador estatutario, pues la existencia de un requisito procedibilidad para el ejercicio del contencioso electoral guarda relación con las funciones electorales que se otorgan a las autoridades administrativas. La ley estatutaria debe precisar las condiciones de tiempo, modo y lugar en el contexto de las cuales debe ser agotado la reclamación previa contenida en el artículo 237 de la C.P, así como el procedimiento que debe ser observado por quien pretende cumplir con ese presupuesto. Desde la expedición de la sentencia C-283 de 2017, la Sala Electoral del Consejo de Estado, en acatamiento de la misma y hasta tanto no se expida la ley que lo reglamente, no lo exige pues conforme con la ratio decidendi de dicho pronunciamiento, su configuración actual desconoce el derecho político a ejercer acciones en defensa de la Constitución o la ley, previsto en el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución, así como el derecho

Jurisprudencia Unificación. Se unifica en el sentido de considerar que el traslado de la medida cautelar, de que trata el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, sí es compatible con el proceso de nulidad electoral, así como la posibilidad de prescindir del mismo en los términos del artículo 234 del mismo estatuto, por las razones que se enuncian: (I) El artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, al conceder al demandado el término de 5 días para pronunciase sobre la solicitud de la medida cautelar, materializa la protección del derecho a la defensa. (II) El término de 5 días, es un plazo corto y razonable para que el demandado ejerza el derecho contradicción, que en sí mismo no afecta la celeridad con la que deben decidirse las demandas interpuestas en ejercicio del medio de control de nulidad electoral. (III) Resulta acorde con el principio democrático y los derechos a elegir y ser elegido, que constituyen pilares del ordenamiento jurídico y cuya aplicación es recurrente en los procesos de nulidad electoral. (IV) El ejercicio del derecho de contradicción a la hora de decidir respecto a la medida cautelar contra un acto de designación, le brinda al juez mayores elementos de juicio para adoptar una decisión acertada. (V) El traslado de la medida cautelar contenido en las normas del proceso ordinario, también contempló en el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, la alternativa de prescindir del mismo en situaciones de urgencia. (VI) La aplicación del artículo 233 del CPACA en los términos descritos, no significa que deje de aplicarse el último inciso del artículo 277 del mismo estatuto, norma especial en materia de nulidad electoral, lo que significa que la solicitud de medida cautelar debe dictarse en (I) el auto admisorio de la demanda, (II) cuya competencia es del juez, la sala o sección (a diferencia de lo que ocurre en el proceso ordinario) y, (III) que contra la resolución de la referida petición procede recurso de reposición o apelación, según el caso. (VII) La práctica reciente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, revela que se ha optado como regla general, garantizar el derecho de contradicción del demandado antes de que se decida sobre la solicitud de medidas cautelares en los procesos de nulidad electoral

La Sección negó las demandas que pretendían la nulidad de la elección del señor Orlando David Benítez Mora como gobernador de Córdoba para el periodo constitucional 2020-2023. Para los demandantes, el electo gobernador estaba inhabilitado para ser elegido, pues su hermano Juan Carlos Benítez Mora había ejercido autoridad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a su elección, debido a que desempeñó el cargo de subdirector de Planeación Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge -CVS-. Así mismo, consideraron que el señor Orlando David Benítez Mora había incurrido en de doble militancia, lo que está expresamente prohibido por la ley, porque en la campaña electoral que precedió su designación como gobernador apoyó las candidaturas políticas de aspirantes a las alcaldías y Asamblea Departamental de Córdoba, avalados por otros partidos políticos y no del Partido Liberal, al que él pertenecía. La Sala analizó detalladamente las funciones asignadas al hermano del hoy gobernador, en su calidad de Subdirector de Planeación Ambiental de la CVS, y no se encontró ninguna que le entregara competencias de autoridad administrativa. De igual forma, desestimó las acusaciones de doble militancia, pues de las pruebas aportadas, como fotografías y videos extraídos de la red social de Instagram del gobernador, no se puede determinar que realizó actos positivos y concretos de apoyo a candidatos de otras colectividades, pero se estableció que la campaña de aspiración política del señor Benites Mora fue respaldada por diversos partidos distintos del Liberal, lo que dio un contexto a sus intervenciones en actos políticos de candidatos de otras afiliaciones e impide advertir que existiera deslealtad partidista y doble militancia

Se negó la solicitud de suspender provisionalmente la elección del ciudadano Virgilio Almanza Ocampo como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según los accionantes, el acto declaratorio de la elección se produjo con falsa motivación, desviación de poder y la violación de varias normas constitucionales, por no haberse generado bajo la señalada modalidad. Por esa razón, solicitaron a la alta corte imponer una medida cautelar consistente en la suspensión del acto de elección del actual magistrado del CNE. El Consejo de Estado negó las pretensiones, al considerar que las normas aplicables a este caso no indican con claridad si esta elección debe darse por llamamiento del candidato no elegido perteneciente a la misma plancha ganadora de la curul que hubiera ocupado el siguiente puesto en orden sucesivo y descendente o por elección directa, a través de nuevas elecciones, como finalmente se hizo. La falta de claridad sobre los lineamientos de la elección se evidencian porque el mismo demandante admite la existencia de dos "conceptos disímiles" de autoridades distintas frente al particular: uno de la Procuraduría, indicando que la elección por falta absoluta solo podría suplirse a través de la coalición conformada el día en que fue elegido el fallecido magistrado Sanabria, y otro de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, precisando que el mecanismo a utilizar era el previsto para llenar las vacancias absolutas de los magistrados de la Corte Constitucional

Límites de la coadyuvancia. El artículo 228 de la Ley 1437 de 2011 prevé la posibilidad de intervención de terceros en el proceso de nulidad electoral, no establece los límites de la misma, por lo que en aplicación del artículo 296 de la Ley 1437 de 2011, norma especial del trámite electoral, resulta pertinente el artículo 223 de la misma ley, que a propósito de la coadyuvancia en los procesos de simple nulidad, señala que "el coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte en la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta", disposición que está en consonancia con el artículo 71 del CGP, en el proceso de nulidad electoral está permitida la participación de terceros, pero ésta se encuentra limitada: (i) sólo aquellas actuaciones permitidas a la parte a la que adhiere, (ii) no se deben oponer a los que realice la parte que coadyuva y (iii) no deben implicar disposición del derecho en litigio.\ Se demandó la nulidad, con solicitud de suspensión provisional, del acto de elección de la contralora departamental del Chocó, alegando que se encontraba inhabilitada debido a que, dentro del año anterior a su elección, se había desempeñado como asesora de la Secretaría de Educación Departamental. El Tribunal decretó la suspensión provisional del acto demandado. La Sala revocó esta determinación, teniendo en cuenta que la decisión de primera instancia (i) no tuvo en cuenta que la norma contentiva de la inhabilidad alegada fue modificada y dejó de prever el nivel del cargo para en su lugar señalar que se debe constatar si el cargo pertenece o no a la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal y que, además, (ii) no analizó si la demandada ocupó o no un cargo público

Inhabilidad por celebración de contratos y gestión de negocios. La Sala recordó que el objetivo de las inhabilidades es garantizar la igualdad de los participantes en la contienda electoral, por lo que con su consagración se pretende prever que algún o algunos candidatos tengan ventajas derivadas de sus vínculos familiares, laborales o contractuales, en las urnas. Además de hacer referencia al numeral 4 del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, reiteró que la línea jurisprudencial de esa Corporación ha justificado la existencia de esa inhabilidad, de una parte, en la necesidad de evitar que el particular que gestiona o celebre el negocio, saque provecho de su aspiración popular para obtener un tratamiento privilegiado ante la entidad pública destinataria de las gestiones y, de otra, que la persona se muestre frente a la comunidad como una hábil negociadora de intereses con la Administración, en detrimento de la igualdad entre los candidatos a una elección popular. Indicó que la teleología de esta inhabilidad es preventiva y proteccionista de la igualdad de los aspirantes a las justas electorales, bajo el propósito de precaver vicios en la relación del candidato con las entidades públicas que implique la indebida utilización de esa condición de candidato en las actividades que adelante ante aquellas y, evitar, vicios de mayor trascendencia, como es que el candidato utilice sus vínculos y relaciones con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales para obtener los votos

El Consejo de Estado negó la suspensión de la elección de Andrés Felipe García Céspedes como director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena). La decisión obedece a una demanda que persigue la declaratoria de nulidad de esta elección, apoyándose en el hecho de que Cormacarena, a pesar de haber cambiado de régimen jurídico, continuara operando a través de las reglas del antiguo régimen al cual pertenecía. Al haber formulado un recurso de recusación contra varios de los integrantes del consejo directivo de la corporación, la entidad debía suspender el trámite de la elección para dar oportunidad a que la Procuraduría resolviera su petición, pero no lo hizo. Se negó la suspensión y precisó que aun cuando la entidad hubiera cambiado de régimen jurídico, las reglas que rigen quiénes debían participar en esta elección eran las mismas que estaban vigentes antes del cambio de régimen. Estimó que Cormacarena tuvo razón al considerar que la solicitud de recusación no se fundaba en causales legalmente previstas para su procedencia. De ahí que el no haber suspendido el proceso para que la Procuraduría resolviera el requerimiento, de momento, no pueda ser considerado como una circunstancia que lo vicie. La alta corte considera que, en esta etapa del proceso no podrían tener cabida las objeciones formuladas por el demandante respecto a la supuesta afectación del quórum, pues las razones por él expuestas alrededor de la aparentemente irregular participación de los recusados, al menos de momento, no tienen acogida

El Consejo de Estado negó la suspensión provisional de la elección de unos representantes de las ONG ante la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) para el período 2020 - 2023. La alta corte admitió dar curso a la demanda que pretende que se declare nulo este proceso electoral. El demandante solicitó que se emitiera una medida cautelar por considerar que la reunión del 11 de diciembre del 2019 en la que se efectuó la elección se produjo en forma secreta y oculta, al no haber sido divulgada o publicada previamente en ningún medio de comunicación de la entidad. Según el expediente, la reunión, inicialmente programada debió ser suspendida y reprogramada, ante la incertidumbre por el resultado de una acción de tutela que interpuso uno de los aspirantes. La Sala precisó que si bien en esta etapa no es posible examinar la idoneidad del medio utilizado para convocar la reunión en la que se produjo la elección, de momento se puede considerar que esta comunicación surtió efectos y así lo demuestra el hecho de que 16 de las ONG participantes hubieran estado presentes en la sesión del 11 de diciembre del año anterior

Se negó la solicitud de suspensión provisional del acto de elección del gobernador del departamento del Chocó. En la demanda de nulidad se solicitó igualmente la suspensión provisional del acto demandado, bajo la consideración de que ejerció la representación legal de la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó AMBU EPS-S, además de haber suscrito y ejecutado contratos durante el año anterior a la inscripción. La Sala negó la solicitud de suspensión provisional, luego de concluir que no se encuentra acreditado el presupuesto normativo que exige que dentro del año anterior a la elección haya sido representante legal de entidades de seguridad social de salud en el régimen subsidiado; y que, en cuanto a la exigencia, relacionada con que la fecha de celebración del contrato se encuentre dentro de periodo inhabilitante, aclara la Sala que la norma es diáfana al prever que el límite temporal se encuentra fijado por la expresión "dentro del año anterior a la elección", sin que le sea dable al operador judicial o las partes fijar unos parámetros diferentes, así mismo los contratos endilgados al demandado fueron suscritos por fuera del período inhabilitante