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CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Honduras

Contiene resoluciones expedidas por la entidad seleccionada, organizadas por orden cronológico.

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2024

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Resolución 73 de 2024 CIDH

MC 69 09. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las medidas cautelares a favor de Inés Yadira Cubero González respecto de Honduras. Tras la solicitud de levantamiento del Estado, la Comisión valoró las acciones adoptadas para la implementación de las medidas cautelares, así como el largo período de tiempo sin elementos suficientes sobre la continuidad de una situación de riesgo inminente respecto de la beneficiaria. En ese sentido, a la luz de la naturaleza de las medidas cautelares y de la información disponible en el asunto, la CIDH decidió levantar las presentes medidas cautelares con base en el artículo 25 del Reglamento

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Resolución 16 de 2024 CIDH

MC 281 10. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las presentes medidas cautelares a favor de Oscar Siri Zúñiga y familia en Honduras. Al momento de tomar la decisión, la Comisión valoró las medidas adoptadas a nivel interno por el Estado, así como la falta de información sobre eventos de riesgo en contra de las personas beneficiarias desde el 2017. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares y a la luz de la información disponible, la Comisión consideró que en el presente momento no es posible identificar una situación de riesgo en los términos del artículo 25 del Reglamento. Tras no identificarse el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, la CIDH decidió levantar las presentes medidas cautelares

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Resolución 4 de 2024 CIDH

MC 14 18. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las medidas cautelares a favor de Ericka Yamileth Varela Pavón y su núcleo familiar en Honduras. Al momento de tomar la decisión, la Comisión identifica la falta de respuesta por parte de la representación desde agosto de 2021, pese a las solicitudes de información realizadas. Asimismo, la beneficiaria y dos de sus hijos se encontrarían fuera de Honduras desde julio de 2018. Tras no identificarse el cumplimiento de los requisitos del artículo 25 del Reglamento, la CIDH decidió levantar las presentes medidas cautelares

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2023

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Resolución 91 de 2023 CIDH

MC 330 11. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las medidas cautelares a favor de José Reynaldo Cruz Palma en Honduras. Al momento de tomar la decisión, la Comisión observa que el beneficiario se encuentra desaparecido desde el 30 de agosto de 2011, y que su núcleo familiar se encuentra fuera del territorio de Honduras. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares, la Comisión verificó que no es posible identificar una situación de riesgo en los términos del artículo 25 del Reglamento actualmente, y que correspondería analizar los alegatos presentados en el marco del Sistema de Peticiones y Casos. Tras no identificarse el cumplimiento de los requisitos del artículo 25 del Reglamento, la CIDH decidió levantar las presentes medidas cautelares

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Resolución 87 de 2023 CIDH

MC 304 05. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las presentes medidas cautelares a favor de la Comunidad Garífuna de San Juan en Honduras. Al momento de tomar la decisión, la Comisión observa que tuvo la oportunidad de manifestarse sobre el Caso Comunidad San Juan en Honduras en el año 2020. En ese mismo año, remitió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia respecto de dicho caso en el año 2023. Asimismo, la Comisión observa que la última información de la representación fue en el año 2019, y no se ha presentado información actualizada pese a la solicitud de levantamiento del Estado y a las solicitudes de información de la CIDH. Tras no identificarse el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, la CIDH decidió levantar las presentes medidas

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Resolución 86 de 2023 CIDH

MC 147 15. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las medidas cautelares a favor de Donatilo Jiménez Euceda y su núcleo familiar en Honduras. Al momento de tomar la decisión, la Comisión observa que el beneficiario se encuentra desaparecido desde el 8 de abril de 2015, y que su núcleo familiar se encuentra fuera del territorio de Honduras. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares, la Comisión verificó que no es posible identificar una situación de riesgo en los términos del artículo 25 del Reglamento actualmente, y que corresponde analizar los alegatos presentados en el marco de una petición. Tras no identificarse el cumplimiento de los requisitos del artículo 25 del Reglamento, la CIDH decidió levantar las presentes medidas cautelares

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Resolución 83 de 2023 CIDH

MC 416 13. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide emitir la presente resolución de seguimiento, ampliación y levantamiento parcial de las medidas cautelares en los términos del Artículo 25 de su Reglamento. En ese sentido, la CIDH analiza la vigencia de las medidas cautelares y decide ampliarlas a favor de 61 integrantes identificados del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ) que habitan la Tribu San Francisco Locomapa, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia a sus derechos a vida e integridad personal, debido a actos de violencia y amenazas en el contexto de sus labores de defensa de derechos humanos. Asimismo, la CIDH decide levantar las medidas cautelares a favor de los beneficiarios Santos Matute y José Salomón Matute, que fallecieron en los años 2016 y 2019, respectivamente

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2021

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Resolución 92 de 2021 CIDH

MC 406 09. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las presentes medidas cautelares a favor de Gregorio Ulises Sarmiento Galindo y familia. Al momento de tomar la decisión, la Comisión valoró las acciones adoptadas por el Estado durante la implementación

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Resolución 84 de 2021 CIDH

MC 845 21. El 12 de octubre de 2021, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de la defensora Ligia del Carmen Ramos Zúñiga, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que la beneficiaria ha sido objeto de amenazas, hostigamientos y otros hechos de violencia desde años atrás, incluido un presunto plan para asesinarla, lo que tendría motivo en su labor de defensa de derechos humanos y de denuncia de presuntos casos de corrupción, sin contar actualmente con medidas de protección idóneas y eficaces a su favor por parte del Estado

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Resolución 75 de 2021 CIDH

MC 259 16. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las presentes medidas cautelares a favor de N.G.R. y núcleo familiar. Al momento de tomar la decisión, la Comisión observa que, según la información disponible, el señor N.G.R. ha dejado del territorio nacional de forma "definitiva" desde el 2018

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Resolución 20 de 2021 CIDH

MC 196 14. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las presentes medidas cautelares ante el fallecimiento del beneficiario en julio de 2020. En la medida que no corresponde en el presente procedimiento pronunciarse sobre la responsabilidad internacional del Estado, ni tampoco determinar violaciones a los derechos humanos alegados, la Comisión recuerda que tendrá la oportunidad de analizar los alegatos pertinentes en el marco de la petición 1414-14 relacionada al presente asunto

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Resolución 19 de 2021 CIDH

MC 75 19. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las presentes medidas cautelares ante el fallecimiento del beneficiario en julio de 2020. En la medida que no corresponde en el presente procedimiento pronunciarse sobre la responsabilidad internacional del Estado, ni tampoco determinar violaciones a los derechos humanos alegados, la Comisión recuerda que tendrá la oportunidad de analizar los alegatos pertinentes en el marco de la petición 696-19 relacionada al presente asunto

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Resolución 107 de 2021 CIDH

MC 1084 21. El 3 de diciembre de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una solicitud de medida cautelar presentada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ("la organización solicitante" o "los solicitantes") instando a la Comisión que requiera al Estado de Honduras ("el Estado" o "Honduras") la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Glenda Carolina Ayala Mejía y sus familiares 1 . Según la organización solicitante, la propuesta beneficiaria se encuentra en una situación de riesgo frente a amenazas y hostigamientos sufridos, y frente a la existencia de un presunto plan para asesinarla. Según se alegó, dicha situación estaría relacionada con su labor como Comisionada presidenta del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNP - CONAPREV), y denuncias presentadas sobre la situación de personas privadas de libertad en Centros Penitenciarios de Honduras

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2020

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Resolución 75 de 2020 CIDH

MC 240 11. El 26 de octubre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas cautelares. Pese a diversas solicitudes, la CIDH no recibió información de la representación en aproximadamente 7 años

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Resolución 59 de 2020 CIDH

MC 464 10. El 22 de septiembre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas cautelares. Considerando las medidas adoptadas por el Estado, y pese a diversas solicitudes de información, la CIDH no recibió respuesta sobre la situación de la persona beneficiaria en un lapso aproximado de 3 años

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Resolución 58 de 2020 CIDH

MC 874 04. El 21 de septiembre de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas cautelares. Pese a diversas solicitudes de información, la CIDH no fue informada sobre la situación de la persona beneficiaria en un lapso aproximado de 7 años

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Resolución 47 de 2020 CIDH

MC 118 06. El 23 de agosto de 2020, la CIDH decidió levantar las presentes medidas cautelares. Los representantes informaron que los beneficiarios habrían dejado la organización Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) o habrían decidido dejar el país

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2019

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Resolución 35 de 2019 CIDH

MC 299 19. El 5 de julio de 2019, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de Cándido Roberto Martínez Vásquez y otros, en Honduras. Según la solicitud, los propuestos beneficiarios, algunos de los cuales estarían desplazados, están siendo amenazados y hostigados por miembros de grupos armados quienes, según los solicitantes, contarían con la colaboración o aquiescencia de autoridades locales. Tras analizar las alegaciones presentadas, la Comisión solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del señor Cándido Roberto Martínez Vásquez y de las demás personas identificadas en esta Resolución

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Resolución 31 de 2019 CIDH

MC 1286 18. El 14 de junio de 2019, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de los miembros de la Organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que las personas propuestas beneficiarias se encontrarían en una situación de riesgo tras supuestos actos de violencia y hostigamientos en su contra presuntamente relacionados con su labor como defensores y defensoras de derechos humanos. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que las personas beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita a Honduras que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la JOPRODEH

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Resolución 15 de 2019 CIDH

MC 75 19. El 21 de marzo de 2019, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de José David Ellner Romero, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alegó que José David Ellner Romero fue condenado mediante sentencia penal firme a diez años de reclusión por la comisión de varios delitos de "difamación por imputaciones constitutivas de injurias", en perjuicio de una persona de relevancia pública. La solicitud se encuentra asimismo relacionada con la Petición P-696-19, en la que se alegaron presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con un uso presuntamente indebido del derecho penal para, según la solicitud, "censurar las denuncias contra la corrupción y la impunidad en el país", entre otras cuestiones. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho efectuadas por las partes, la Comisión considera que, en principio, se encuentra suficientemente establecida la existencia de una situación de gravedad y urgencia con riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó a Honduras que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria dictada el 15 de marzo de 2016 por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición P-696-19

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2018

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Resolución 61 de 2018 CIDH

MC 972 18. El 12 de agosto de 2018, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Semma Julissa Villanueva Barahona, Gregoria América Gomez Ramírez, Dicciana Noreyda Ferrufino y Karla Vanessa Beltrán Cruz, y sus núcleos familiares, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que las propuestas beneficiarias, quienes serían parte del equipo de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras, estarían siendo objeto de hostigamientos y amenazas con motivo de un dictamen emitido con base en sus labores. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que las beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de las beneficiarias

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Resolución 18 de 2018 CIDH

MC 374 17. El 9 de marzo de 2018, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de la niña V.S.S.F, los niños G.A.S.F y R.A.S.F y su madre, en Honduras. Su identidad se mantiene en reserva en atención a la práctica de la CIDH de no revelar la identidad de niños, niñas y adolescentes. La solicitud de medidas cautelares alega que los beneficiarios están siendo amenazados y hostigados por miembros de maras y pandillas a fin de que revelen el paradero de su padre, quien junto con su pareja se encontraría actualmente en Canadá, solicitando asilo. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para preservar los derechos a la vida e integridad personal de la niña V.S.S.F, los niños G.A.S.F y R.A.S.F y su madre, teniendo en cuenta la importancia de salvaguardar el interés superior de los niños

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Resolución 17 de 2018 CIDH

MC 54 18. El 8 de marzo de 2018, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares en favor de Germán Chirinos Gutiérrez, en Honduras. Según la solicitud, el beneficiario ha sido objeto de amenazas de muerte, hostigamientos y actos de violencia por parte de sujetos no identificados como represalia por sus labores en contra de determinados proyectos mineros. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo al artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del beneficiario

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Resolución 12 de 2018 CIDH

MC 772 17. El 24 de febrero de 2018, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de la Comunidad de Planes de Arena Blanca, la Comunidad de Pajuiles Alto, la Comunidad de Pajuiles Bajo, la Comunidad de Las Metalias y la Comunidad de Santa Rosa del Norte Mezapa, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que las personas que consumen el agua proveniente del río Mezapa en estas comunidades estarían en riesgo dadas sus altos niveles de contaminación. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH observó que las partes coincidieron en indicar que el agua no sería apta para consumo humano, si bien difirieron de la fuente de la contaminación. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que informe sobre las medidas adoptadas dirigidas a mitigar , reducir y eliminar las fuentes de riesgo identificadas en el presente procedimiento

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Resolución 9 de 2018 CIDH

MC 14 18. El 24 de febrero de 2018, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Ericka Yamileth Varela Pavón y su familia, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que la beneficiaria y su familia se encontrarían en una situación de riesgo por motivo de amenazas en su contra por parte de personas armadas que habrían asesinado a su hijo y a su madre. Actualmente la beneficiaria y su familia se encontrarían en un refugio temporal, sin contar con medidas de protección. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que las personas beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Ericka Yamileth Varela Pavón y su familia

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Resolución 4 de 2018 CIDH

MC 1018 17. El 28 de enero de 2018, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Joaquín Mejía Rivera y los miembros de su núcleo familiar, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que el beneficiario se encuentra en una situación de grave riesgo con motivo de su calidad de defensor de derechos humanos, especialmente por haber sido una de las voces más críticas en relación con el reciente proceso electoral. Asimismo, que pese a haber sido objeto de presuntas amenazas y hostigamientos, las autoridades habrían denegado una solicitud de ingreso en el Sistema Nacional de Protección a Defensores, por considerar que éstas no guardaban relación directa con su actividad como defensor. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal del señor Joaquín Mejía Rivera y la de los miembros de su núcleo familiar

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2017

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Resolución 6 de 2017 CIDH

MC 688 16. El 20 de febrero de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de José Erick Pérez Sorto, Paul Emilio Zepeda, Gabriela Blen y Georgina Sierra Rodríguez, integrantes de Oposición Indignada, y sus familiares, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que los integrantes de Oposición Indignada se encuentran en una situación de riesgo con motivo de su desempeño como defensores y defensoras de derechos humanos, en el marco de una serie de acciones emprendidas en contra de la corrupción en Honduras. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de José Erick Pérez Sorto, Paul Emilio Zepeda, Gabriela Blen, Georgina Sierra Rodríguez y sus familiares

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Resolución 4 de 2017 CIDH

MC 507 16. El 6 de febrero de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Víctor Vásquez, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que Vìctor Vàsquez se encuentra en una situación de riesgo con motivo de su desempeño como presidente del consejo indígena de la comunidad de Simpinula en el marco de una serie de disputas judiciales sobre la titularidad de unos territorios que pertenecen a los indígenas Lenca en calidad de tierras ancestrales. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Víctor Vásquez

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2016

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Resolución 68 de 2016 CIDH

MC 935 04. El 8 de diciembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una solicitud de ampliación de las medidas cautelares presentada por el "Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)", y por el "Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)", solicitando que la CIDH requiera al Estado de Honduras (en adelante "Honduras" o "el Estado") que proteja la vida e integridad personal Brenda Mejia, Dunia Pérez y X1 , hija de Brenda Mejia. De acuerdo con la solicitud, Brenda Mejia y Dunia Pérez, quienes fungen como representantes de las beneficiarias de las presentes medidas cautelares, se encontrarían en una situación de riesgo, debido a que estarían siendo objeto de constantes actos de amedrentamiento, hostigamiento, amenazas de muerte, entre otras situaciones, por su actividad en defensa de los derechos de la Comunidad Cerrito Lindo. Inicialmente, las presentes medidas cautelares fueron otorgadas el 20 de abril de 2005, a fin de garantizar la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad Cerrito Lindo, debido a los actos de violencia que estarían siendo objeto en el marco de una disputa sobre la determinación de los propietarios legales del territorio de la comunidad Cerrito Lindo

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Resolución 61 de 2016 CIDH

MC 52 16. El 5 de febrero de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por el "Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras" ("CODEH") (en adelante "los solicitantes", instando a la CIDH que requiera al Estado de Honduras (en adelante "Honduras" o "el Estado") la adopción de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las señoras María Dolores López Godoy y Nelly Lizeth Martínez Martínez, así como sus familias respectivas (en adelante los "propuestos beneficiarios"). Según la solicitud, las propuestas beneficiarias se encuentran en una situación de riesgo con motivo de haber desempeñado funciones de judicatura en relación con casos de alto impacto

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Resolución 60 de 2016 CIDH

MC 50 14. El 28 de octubre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una solicitud de ampliación de las medidas cautelares presentada por Annie Bird (en adelante "la solicitante") solicitando que la CIDH requiera al Estado de Honduras (en adelante "Honduras" o "el Estado") que proteja la vida e integridad personal de: i) Marvin Alvarado, Kevin Rivas Baires, Karen Yosabel Sanchez Diaz, Tomasa Baire, Dalia Sanchez, Wilson Alexander Callejas, Manuel Castro, Zulma Rodríguez, José Luis Palencia, Osman Alexi Ulloa, Guillermo Guerrero, y Orvelina Flores, quienes serían miembros del "Movimiento Unificado Campesino del Aguán" y/o también serían socios de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Nueva Esperanza (EACP) Nueva Confianza; ii) Guillermo Guerrero, un ex empleado de MUCA; iii) los núcleos familiares de José Ángel Flores y Silmer George, quienes fueron asesinados el 18 de octubre de 2016; iv) el núcleo familiar de Esly Emperatriz Banegas Avila, constituido principalmente por Luis Reynaldo Martínez Rosales (esposo), Francy Regina Alemán Banegas (hija), Luis David Martínez Banegas (hijo), y Julio Cesar Alemán Banegas (ex esposo); v) Cristian Sandoval, Nixon Omar Mejía Mendoza, Olivar Domínguez, Denis Joel Alberto Ortiz, y Rosman Cáceres, quienes serían testigos presenciales de los referidos asesinatos; y vi) Karla Jadira Zelaya Lazo; Haydee Saravia Iraeta; Leonel George George; Lucinda Isela Juárez Jiménez; Juan de Dios Díaz; Miguel Ángel López Murillo, representantes de los beneficiarios de las presentes medidas cautelares (en adelante "los propuestos beneficiarios"). De acuerdo con la solicitud, estas personas se encontrarían en una situación de riesgo, debido a que estarían siendo objeto de actos de violencia, hostigamiento, y amenazas de muerte, entre otras situaciones, en el marco de una disputa territorial en la zona del Bajo Aguán y los recientes asesinatos ocurridos

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Resolución 55 de 2016 CIDH

MC 259 16. El 17 de abril de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por el señor N.G.R. (en adelante "el solicitante" o "propuesto beneficiario"), instando a la CIDH que requiera al Estado de Honduras (en adelante "Honduras" o "el Estado") la adopción de las medidas de protección necesarias para garantizar su vida e integridad personal, así como la de su familia (en adelante los "propuestos beneficiarios"). Según la solicitud, el propuesto beneficiario se encuentra en una situación de riesgo con motivo de su desempeño como alcalde del municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida

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Resolución 46 de 2016 CIDH

MC 147 15. El 24 de febrero y el 23 de julio de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una solicitud de ampliación de las medidas cautelares presentada por Berthat Olivia de Nativi en nombre de COFADEH (en adelante "los solicitantes") solicitando que la CIDH requiera al Estado de Honduras (en adelante "Honduras" o "el Estado") que proteja la vida e integridad personal de Jacqueline Jiménez Euceda y Sonia Martínez ("las propuestas beneficiarias"). De acuerdo a la solicitud, dichas personas se encontrarían en una situación de riesgo, debido a que presuntamente estarían siendo objeto amenazas de muerte, hostigamiento, incluyendo supuestos planes para secuestrarlas y desaparecerlas, en el marco de sus esfuerzos para establecer el paradero de Donatilo Jiménez Euceda, beneficiario de las presentes medidas cautelares. Las señoras Jacqueline Jiménez Euceda y Sonia Martínez serian hermana y esposa del beneficiario Donatilo Jiménez Euceda, respectivamente

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Resolución 27 de 2016 CIDH

MC 241 16. El 12 de abril de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por el "Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras" (en adelante "los solicitantes"), solicitando que la CIDH requiera al Estado de Honduras (en adelante "Honduras" o "el Estado") que adopte las medidas de protección necesarias para garantizar la vida e integridad personal de César Obando Flores Rodríguez (en adelante "el propuesto beneficiario"). Según la solicitud, el propuesto beneficiario fue objeto de una serie de presuntas amenazas y actos de hostigamiento por parte de agentes del Estado, con motivo de su desempeño como periodista en la zona del Bajo Aguán, cubriendo diversas temáticas de interés social, tales como la cuestión del conflicto agrario

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Resolución 16 de 2016 CIDH

MC 112 16. El 18 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por el "Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (en adelante "COPINH")" y el "Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante "CEJIL")" (en adelante "los solicitantes"), solicitando que la CIDH requiera al Estado de Honduras (en adelante "Honduras" o "el Estado") que adopte las medidas de protección necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los señores Víctor Fernández, Arnold Guifarro, Carlos Jiménez, el señor A y las señoras B y C1 (en adelante "los propuestos beneficiarios"). Según la solicitud, los propuestos beneficiarios se encuentran en una situación de riesgo en vista que constituyen el equipo jurídico que acompaña a la familia de Berta Cáceres en los procesos de investigación sobre su asesinato

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Resolución 8 de 2016 CIDH

MC 112 16. EL 4 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (en adelante COPINH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (en adelante "los solicitantes") solicitando que la CIDH requiera al Estado de Honduras (en adelante "Honduras" o "el Estado") que proteja la vida e integridad personal de los miembros de COPINH, quienes se alega se encuentran en una situación de riesgo, como consecuencia de sus actividades en la defensa de los derechos humanos, medio ambiente y recursos naturales en Honduras. Adicionalmente, los solicitantes requieren medidas cautelares para proteger a los miembros de la familia de Berta Cáceres, la recientemente asesinada e integrante de COPINH, y del señor Gustavo Castro, quién es testigo de dicho asesinato

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2015

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Resolución 46 de 2015 CIDH

MC 589 15. El 24 de noviembre de 2015, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Ana Mirian Romero y los 13 líderes identificados del Consejo Indígena San Isidro y del Movimiento Indígena Lenca Independiente de la Paz (MILPAH), en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que los beneficiarios se encontrarían en riesgo y habrían sufrido amenazas y hechos de violencia, presuntamente debido a sus acciones para el reconocimiento de territorios indígenas y por su oposición al desarrollo de proyectos en la zona. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información disponible muestra que, en principio, los propuestos beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encontrarían amenazadas y en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Ana Miran Romero y los 13 líderes identificados, así como a los núcleos familiares de Rosario Vasquez Pineda y Ana Mirian Romero

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Resolución 33 de 2015 CIDH

MC 460 15. El 28 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Kevin Donaldo Ramírez y su familia. Según la solicitud, presentada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, dichas personas habrían estado enfrentando reiteradas amenazas y actos de violencia, incluyendo la incursión en la casa del propuesto beneficiario por parte de dos sujetos que habrían tirado al suelo a su esposa y la habrían amenazado con un machete, a raíz de las actividades de Kevin Donaldo Ramírez como líder comunitario y ambientalista. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho presentadas por los solicitantes, la Comisión considera que la información revela que Kevin Donaldo Ramírez y su familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encuentran en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita a Honduras que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Kevin Donaldo Ramírez y su familia, de manera que pueda desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento. Asimismo, solicita al Estado que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición

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Resolución 27 de 2015 CIDH

MC 304 15. El 11 de Agosto de 2015, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares para José Trinidad Loza Ventura, quien fue sentenciado a la pena de muerte en el estado de Ohio, en Estados Unidos de América. La solicitud de medidas cautelares está relacionada con una petición sobre la presunta violación de derechos consagrados en la Declaración Americana, la cual se registró bajo el número P-1010-15. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que si José Trinidad Loza Ventura es ejecutado antes de que la Comisión tenga la oportunidad de examinar este asunto, cualquier eventual decisión se tornaría irrelevante en relación con la eficacia de potenciales remedios, resultando en un daño irreparable. En consecuencia, bajo el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó a los Estados Unidos adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad física de José Trinidad Loza Ventura hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre su petición para no volver inefectivo el procesamiento de dicho reclamo ante el sistema interamericano

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Resolución 25 de 2015 CIDH

MC 293 15. El 27 de julio de 2015, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Rony Alejandro Fortín Pineda y su familia, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que dichas personas habrían venido enfrentando una serie de presuntos hechos de violencia y amenaza en su contra, en vista de las actividades desarrolladas por Rony Alejandro Fortín Pineda como Sub Inspector de la Policía. Según los solicitantes, Rony Alejandro Fortín Pineda estaría recibiendo amenazas a raíz de que, en su calidad de Sub Inspector de la Policía asignado a trabajar en el aeropuerto de la ciudad de La Ceiba desde 2013, habría intervenido en un episodio que habría tenido lugar en dicha terminal aeroportuaria, relacionado con un presunto cargamento de cocaína procedente de México. La solicitud indica que Rony Alejandro Fortín Pineda habría reportado los presuntos hechos inmediatamente. Ante la situación, las autoridades competentes se habrían presentado al aeropuerto, le habrían señalado que ellos se iban a hacer cargo de la situación y le habrían requerido que autorizara la liberación de los pilotos del avión o "lo iban a acusar de abuso de autoridad". La solicitud señala que al día siguiente habría sido notificado de su trasladado a Tegucigalpa. Agrega asimismo que hay una presunta "persecución laboral" en su contra, consistente en suspenderlo y reintegrarlo continuamente, y que teme por su vida e integridad personal. El 17 de mayo del 2015, Rony Alejandro Fortín Pineda habría recibido varias llamadas y mensajes a su celular, en las que le habrían informado que "la inteligencia del Estado" habría detectado que lo estaban buscando a él y a su hermano para asesinarles. En consecuencia, una patrulla habría sido asignada para proporcionarles protección ese día. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información, en principio, demuestra que Rony Alejandro Fortín Pineda y su familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encontrarían en amenaza y riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Rony Alejandro Fortín Pineda, así como los miembros de su núcleo familiar, concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición

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Resolución 21 de 2015 CIDH

MC 147 15. El 27 de mayo de 2015, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Donatilo Jiménez Euceda, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que desde el 8 de abril de 2015 se desconocería su paradero o destino. Según la solicitud, Donatilo Jiménez Euceda, ex Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) habría recibido amenazas de muerte en agosto de 2011, habiendo denunciado que se habría contrato a sicarios para atentar contra su vida. En tal sentido, de acuerdo al testimonio de sus familiares, el señor Donatilo Jimenez habría manifestado que su vida e integridad personal corría peligro durante el período antes de su presunta desaparición. Según la información aportada, a pesar de las denuncias interpuestas, su familia no cuenta con indicio alguno sobre su paradero o destino.� Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información, en principio, muestra que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad, puesto que su vida e integridad estarían amenazadas y en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de Donatilo Jiménez Euceda, con el propósito de proteger su vida e integridad personal

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Resolución 20 de 2015 CIDH

MC 253 14. El 19 de mayo de 2015, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Héctor Orlando Martínez y su familia, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que como consecuencia directa del trabajo como representante del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Héctor Orlando Martínez estaría siendo objeto de amenazas y actos de hostigamiento con el fin de que abandone su trabajo como líder sindical. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información, en principio, muestra que el beneficiario y su familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad estarían amenazadas y en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Honduras adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Héctor Orlando Martínez y de su familia

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2014

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Resolución 33 de 2014 CIDH

MC 196 14. El 5 de noviembre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares para Julio Ernesto Alvarado, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares había sido presentada en el contexto de la petición individual P-1414-14, en la que se alegan violaciones a los derechos consagrados en los artículos 8 (garantías judiciales), 13 (libertad de expresión) y 25 (protección judicial), a la luz de las obligaciones generales consagradas em los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información demuestra, en principio, que los derechos de Julio Ernesto Alvarado se encuentran en una situación de gravedad y urgencia y riesgo de daño irreparable. En consecuencia, bajo el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicita a Honduras que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria de fecha 9 de diciembre de 2013 de la Corte Suprema de Justicia y que se abstenga de realizar cualquier acción para inhabilitar al periodista Julio Ernesto Alvarado en el ejercicio de su profesión hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición P-1414-14

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Resolución 11 de 2014 CIDH

MC 50 14. El 8 de mayo de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los miembros identificados de las organizaciones "Movimiento Campesino Recuperación del Aguán" (MOCRA), "Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez" (MCRGC), Movimiento Unificado Campesino del Aguán" (MUCA) y "Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que desde 2010 se vienen registrando asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, amenazas, desalojos violentos, persecuciones y señalamientos, en contra de los campesinos miembros de estas organizaciones, con el presunto objetivo de forzarlos a vender sus tierras. El 6 de marzo de 2014, la CIDH solicitó información al Estado. A la fecha de adopción de la resolución de otorgamiento de esta medida cautelar, el Estado no había respondido a la solicitud de información. De acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros identificados de las organizaciones MOCRA, MCRGC, MUCA y MARCA

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Resolución 1 de 2014 CIDH

MC 457 13. El 22 de enero de 2014 la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor los integrantes de la Asociación para una Vida Mejor de Honduras (APUVIMEH). La solicitud indica que, debido a las actividades de acompañamiento, defensa, protesta y protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en Honduras, sus integrantes estarían siendo objeto de asesinatos, amenazas, actos de hostigamiento y de violencia en su contra, como una retaliación por sus actividades. Específicamente la solicitud alega que los miembros de la asociación realizan actividades de concientización y protección y administran un refugio denominado "Casa Renacer" para la atención de personas con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Los actos de agresión y ataque contra sus integrantes habrían tenido lugar en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, el cual habría dejado un saldo de aproximadamente 115 personas asesinadas en los últimos años, los cuales habrían quedado impunes. La CIDH solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Integrantes de la Asociación para una Vida Mejor de Honduras (APUVIMEH), que concierte las medidas a adoptarse con las y los beneficiarios, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares

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2013

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Resolución 13 de 2013 CIDH

MC 195 13. El 24 de diciembre de 2013, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Adonis Romero y demás personas identificadas en los documentos aportados, quienes serían líderes y defensores de derechos humanos de la comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida. La solicitud de medidas cautelares alega que los propuestos beneficiarios se encontrarían en una situación de riesgo, debido a su labor de oposición a diversos proyectos mineros que se estarían desarrollando en la zona. El 28 de agosto de 2013 la CIDH solicitó información al Estado. A la fecha del otorgamiento de esta medida, el Estado no había contestado a la solicitud de información. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los solicitantes, la Comisión considera que la información presentada permite suponer que Adonis Romero y otros presuntos lideres y defensores de derechos humanos de la comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los 18 líderes y defensores de derechos humanos identificados, pertenecientes a la comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida

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Resolución 12 de 2013 CIDH

MC 416 13. El 19 de diciembre de 2013, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus familias, en Honduras. La solicitud de medidas cautelares alega que los miembros del MADJ estarían recibiendo una serie de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia, debido a su labor en defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas en el sector de Locomapa, departamento del Yoro. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho presentadas por los solicitantes, la Comisión considera que la información presentada permite suponer que los miembros del MADJ y sus respectivas familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus familiares

CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Honduras

Contiene resoluciones expedidas por la entidad seleccionada, organizadas por orden cronológico.

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