Beneficiario: Nadia Alejandra Cruz Tarifa y Nelson Marcelo Cox Mayorga - El 25 de diciembre de 2019, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Nadia Alejandra Cruz Tarifa y Nelson Marcelo Cox Mayorga, Defensora del Pueblo a.i. y Delegado Departamental Defensorial de Cochabamba respectivamente. Según la solicitud, las oficinas de la Defensoría del Pueblo, particularmente en La Paz y Cochabamba, fueron objeto de intentos de tomas o cierres a mano de terceras personas, lo que ha implicado serios obstáculos e impedimentos para que los funcionarios que trabajan en tales oficinas puedan realizar sus labores debidamente, e incluso, que personas que buscan ser atendidas por la Defensoría puedan acercarse o ingresar con normalidad. En ese contexto, los beneficiarios, dada su visibilidad y representatividad a la cabeza de las oficinas nacionales en La Paz y departamental en Cochabamba serían las personas más expuestas actualmente, habiendo presuntamente recibido amenazas y sido sujetos a actos de violencia. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información aportada demuestra prima facie que las personas beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo. En consecuencia, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la CIDH solicitó a Bolivia que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a vida e integridad personal de Nadia Alejandra Cruz Tarifa y Nelson Marcelo Cox Mayorga