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Auto A-004 de 2009

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Auto 004/09

CORTE CONSTITUCIONAL-Protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04

CORTE CONSTITUCIONAL-Riesgo de exterminio de pueblos indígenas por desplazamiento o muerte natural o violenta de sus integrantes

CONFLICTO ARMADO E IMPACTO SOBRE FACTORES DE DESPLAZAMIENTO O CONFINAMIENTO-Afectación diferencial de los pueblos indígenas

DESPLAZAMIENTO DE GRUPOS INDIGENAS-Afectación aguda y diferencial

DESPLAZAMIENTO FORZADO-Respuesta estatal a la situación de los pueblos indígenas en Colombia

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Focalización de la situación de los pueblos indígenas colombianos

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO DE PUEBLOS INDIGENAS-Valoración jurídico constitucional

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación del pueblo indígena Wiwa

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación del pueblo indígena Kankuamo

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación de los pueblos indígenas Arhuaco y Kogui

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación del pueblo indígena Wayúu

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación de los pueblos indígenas de las familias Embera y Wounaan

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación del pueblo indígena Embera-Katío

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación del pueblo indígena Embera-Dobidá

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación del pueblo indígena Embera-Chamí

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación de los pueblos indígenas de la Región Andina Colombiana

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación del pueblo indígena Awá

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación del pueblo indígena Nasa Páez

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación de los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación del pueblo indígena Koreguaje

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación del pueblo indígena Kofán

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación del pueblo indígena Siona

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación de los pueblos indígenas de la Orinoquia Colombiana

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación del pueblo indígena Betoye

CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación del pueblo indígena Nukak-Makú

Referencia: Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 21 de septiembre de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009)

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha adoptado la presente providencia con el objeto de proteger los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de haber convocado una sesión de información técnica el día 21 de septiembre de 2007 con la participación de distintas comunidades indígenas del país y organizaciones que promueven sus derechos, y de haber analizado los informes que le fueron presentados después de dicha sesión.

I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE DECISION

En el presente Auto, la Corte abordará de manera prioritaria el mayor riesgo que se cierne sobre los pueblos indígenas, es decir, el del exterminio de algunas comunidades, sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros como desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes. La Sala adopta esta determinación en razón a la enorme gravedad de su situación, sin perjuicio de que respecto de las demás etnias y sus integrantes el Gobierno Nacional aplique una política que incorpore el enfoque diferencial de diversidad étnica y cultural a que tienen derecho los indígenas desplazados, confinados o en peligro de desplazamiento.  

AFECTACIÓN DIFERENCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS POR EL CONFLICTO ARMADO Y SU IMPACTO SOBRE LOS FACTORES DE DESPLAZAMIENTO O CONFINAMIENTO

1. Algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser exterminados – cultural o físicamente-  por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario.

El conflicto armado colombiano amenaza con el exterminio cultural o físico  a numerosos pueblos indígenas del país. En el curso de la última década, el conflicto armado, reorientado por actividades relacionadas con el narcotráfico, que se desarrolla en Colombia se ha convertido en el principal factor de riesgo para la existencia misma de docenas de comunidades y pueblos indígenas a lo largo del territorio nacional, a través de complejos elementos que la Corte reseñará en el presente Auto. Esta amenaza ha sido la causa principal del desplazamiento de los indígenas.

Todos los que han tomado parte en este conflicto armado –principalmente los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares pero también, en ocasiones, unidades y miembros claramente identificados de la Fuerza Pública, así como grupos delincuenciales vinculados a distintos aspectos del conflicto interno- participan de un complejo patrón bélico que, al haberse introducido por la fuerza de las armas dentro de los territorios ancestrales de algunos de los pueblos indígenas que habitan el país, se ha transformado en un peligro cierto e inminente para su existencia misma, para sus procesos individuales de consolidación étnica y cultural, y para el goce efectivo de los derechos fundamentales individuales y colectivos de sus miembros.

El amplísimo cúmulo documental que ha sido aportado a la Corte Constitucional  -el cual sirve de base para la descripción detallada que se hace en el anexo a esta providencia de la situación de las etnias más afectada, de la grave afectación de sus derechos colectivos fundamentales, de los delitos de los cuales han sido víctimas, así como de su relación con el desplazamiento - en el marco del proceso de seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, no deja duda alguna sobre la forma cruenta y sistemática en la que los pueblos indígenas de Colombia han sido victimizados por un conflicto al cual son completamente ajenos y ante el cual se han declarado, de manera repetida, autónomos y neutrales, clamando a los grupos armados ilegales que respeten sus vidas, su integridad colectiva y sus territorios.

Es una emergencia tan grave como invisible. Este proceso no ha sido reconocido aún en sus reales dimensiones, por las autoridades encargadas de preservar y proteger a los pueblos indígenas del país. Mientras que numerosos grupos indígenas son atacados, desplazados y desintegrados en todo el territorio nacional por los actores armados que operan en Colombia y por los distintos factores subyacentes al conflicto y vinculados al mismo, el Estado y la sociedad colombianos continúan preciándose de su carácter multicultural, de sus riquezas étnicas y de distintos aspectos de las culturas indígenas nacionales. Esta contradicción entre la realidad y la representación generalizada de dicha realidad ha sorprendido a la Corte Constitucional, no sólo por su crueldad inherente, sino por revelar una actitud de indiferencia generalizada ante el horror que las comunidades indígenas del país han debido soportar en los últimos años – indiferencia que en sí misma es un menosprecio de los postulados constitucionales básicos que nos rigen como Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la diversidad étnica y cultural. La Sala Segunda de Revisión, ante la información recibida, se encuentra obligada por la Carta Política a actuar con toda la determinación.

El estado de temor entre las comunidades por el conflicto armado; el dolor causado entre individuos, familias y comunidades aborígenes por los diversos crímenes de los que han sido víctimas; el miedo a que estas atrocidades se repitan o la situación se empeore; y la desesperanza y el escepticismo frente a un Estado que no ha reaccionado como lo exige la justicia ante su tragedia, se han perpetuado en la memoria individual y colectiva de estos pueblos. El silencio sobre la violencia y la situación ha sido la regla general hasta ahora, por miedo, dolor e impotencia; sin embargo, las comunidades mismas han resuelto recientemente esforzarse por visibilizar y denunciar su situación.

Un pequeño grupo de individuos y comunidades indígenas tienen medidas interamericanas –cautelares y provisionales- de protección, en respuesta a sus valientes esfuerzos de movilización y visiblización internacionales de su situación; no obstante, por regla general estas medidas han sido ineficaces, no han paliado la violencia, y de hecho han precedido en el tiempo sus períodos de más grave agudización.

En muchos otros casos, ha habido advertencias y alertas tempranas o informes de riesgo, bien sea emitidas por las mismas comunidades, sus organizaciones y sus líderes, bien sea dentro del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo; pero igual, pese a los anuncios, han acaecido los crímenes o los desplazamientos que se temen, ante la franca indiferencia, la pasividad o la impotencia de las autoridades competentes.

Los grupos indígenas colombianos están particularmente indefensos y expuestos al conflicto armado y sus consecuencias, particularmente el desplazamiento. Deben soportar los peligros inherentes a la confrontación sobre la base de situaciones estructurales preexistentes de pobreza extrema y abandono institucional, que operan como factores catalizadores de las profundas violaciones de derechos humanos individuales y colectivos que ha representado para ellos la penetración del conflicto armado en sus territorios.

2. Complejidad de los factores propios del conflicto armado o conexos a él que operan como causas de la eliminación, el desplazamiento y la desintegración de los pueblos indígenas.

No se pueden hacer afirmaciones generales sobre los factores causales que han desencadenado la situación actual, porque se trata de un grupo muy complejo de elementos que interactúan en forma diversa de acuerdo con cada pueblo y cada comunidad. Por eso, la Corte ha asumido una perspectiva específica en relación con pueblos y comunidades concretas que, de acuerdo a la información que le ha sido provista por numerosas fuentes, son víctimas del conflicto armado en el país. Como se verá, no son menos de treinta las etnias que en este momento pueden considerarse como en estado de alto riesgo de exterminio cultural o físico por causa del conflicto armado y del desplazamiento forzado.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha identificado claramente una serie de factores comunes, que constituyen los troncos principales de la confrontación que se cierne sobre los pueblos indígenas del país, y que dependiendo del contexto geográfico, socioeconómico y cultural del cual se trate, se entrelazarán de manera distinta sobre cada comunidad en particular. Estos factores se agrupan en tres categorías principales: (1) las confrontaciones que se desenvuelven en territorios indígenas entre los actores armados, sin involucrar activamente a las comunidades indígenas y sus miembros, pero afectándolos en forma directa y manifiesta; (2) los procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas, y a sus miembros individuales, en el conflicto armado; y (3) los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afectan sus territorios tradicionales y sus culturas. A su vez, estos factores operan sobre la base de una serie de procesos territoriales y socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado, resultan exacerbados o intensificados por causa de la guerra.

2.1. Confrontaciones que se desenvuelven en territorios indígenas entre los actores armados, sin involucrar activamente a las comunidades indígenas o a sus miembros, pero afectándolos directamente.

Estas confrontaciones tienen, en términos generales, las siguientes manifestaciones:

2.1.1. Incursiones y presencia de grupos armados ilegales en territorios indígenas, en ocasiones seguidas de una fuerte militarización del territorio por parte de la Fuerza Pública.

2.1.2. Confrontaciones armadas entre grupos armados ilegales, o entre éstos y la Fuerza Pública, en territorios indígenas, o cerca de éstos.

2.1.3. Ocupación de lugares sagrados por los grupos armados ilegales y por unidades de la Fuerza Pública.

2.1.4. Instalación de bases militares en territorios indígenas sin consulta previa.

2.1.5. Instalación de minas antipersonal y abandono de municiones sin explotar (MAP/MUSE) en sus territorios; muchos de los casos reportados de victimización por estos artefactos corresponden, de hecho, a personas pertenecientes a grupos indígenas.

2.2. Procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas y a sus miembros individuales en el conflicto armado.

2.2.1. Señalamientos. El señalamiento es la fuente de la mayoría de las violaciones graves de derechos humanos de los pueblos indígenas en el país, y la consecuencia primaria de la penetración de sus territorios por los grupos armados ilegales. Esto desencadena, luego, la intervención de la Fuerza Pública. El patrón estructural  y reiterado que se ha acreditado ante la Corte consiste en que se les señala individual y colectivamente, de manera arbitraria e infundada, de ser colaboradores del grupo armado opuesto o de la Fuerza Pública. El señalamiento es especialmente frecuente en los casos de (a) incorporación o utilización de indígenas como informantes por parte de la Fuerza Pública, o (b) presencia temporal de las Fuerzas Armadas o los grupos armados ilegales dentro de sus territorios, con ocupación de viviendas, edificios comunitarios, etc. Estos señalamientos con frecuencia resultan en homicidios, en amenazas, en desapariciones o, en algunos casos, en lo que se ha conocido como “falsos positivos” reportados por ciertos integrantes de la Fuerza Pública – es decir, desapariciones de individuos indígenas que son retenidos por grupos armados y posteriormente se reportan, en forma infundada, como guerrilleros dados de baja en combate por algún integrante de la Fuerza Pública.

2.2.2. Asesinato selectivo de líderes, autoridades tradicionales y miembros prominentes de las comunidades indígenas. Los homicidios selectivos se han presentado en diferentes lugares del territorio nacional, y obedecen a distintas causas: el ánimo de intimidación o de aterrorizamiento de la población; la voluntad de generar el desplazamiento individual, familiar o colectivo; en tanto retaliación por oponerse a la presencia de grupos armados o al involucramiento de sus comunidades en el conflicto; en retaliación por denunciar delitos y tratar de hacer efectivos los derechos de las víctimas; en desarrollo de intereses territoriales no indígenas frente a procesos de reivindicación territorial. Las cifras de homicidios selectivos dentro de las comunidades indígenas en la última década, son manifiestamente sobrecogedoras. En cada uno de los pueblos estudiados en detalle por la Corte se han presentado, y, además, hay pueblos como los Coreguaje, los Wiwa, los Awá, los Kankuamo o los Embera-Katío que reportan tasas de homicidios selectivos altísimas e inclusive masacres.

2.2.3. Amenazas, hostigamientos y persecuciones de individuos, familias y comunidades por los actores armados ilegales y por algunos miembros individuales de la Fuerza Pública.

2.2.4. Confinamientos de familias y comunidades enteras, por las guerrillas, los grupos paramilitares, o por virtud de la presencia de minas antipersonal. Estos confinamientos, que son radicales y se imponen mediante órdenes terminantes de no movilización o por ocupación de las vías usuales de acceso a los territorios, generan como primera consecuencia graves situaciones de desabastecimiento alimentario y de salud, y sumen a los pueblos afectados en situaciones de total incomunicación durante períodos prolongados de tiempo que pueden durar varios meses.

2.2.5. Controles sobre la movilidad de personas, alimentos, medicamentos, combustibles, bienes y servicios básicos y ayuda humanitaria de emergencia, por los actores armados ilegales y, en ocasiones, por miembros de la Fuerza Pública. Junto con los controles de movilidad a menudo se reporta la incautación y robo de alimentos y bienes. A través de los controles se producen señalamientos cuando, por ejemplo, se transita con alimentos, medicamentos o combustible para comunidades o familias. Las restricciones de movilidad, expresas o derivadas de la presencia y enfrentamientos de los actores armados, impiden el uso tradicional de los territorios étnicos, causando el desequilibrio de las estructuras culturales y económicas que dependen de esa movilidad. Asímismo, generan graves situaciones de desabastecimiento que desembocan en inseguridad alimentaria, crisis en la salud, y falta de atención a necesidades básicas de comunidades enteras.   

2.2.6. Irrespeto reiterado a las autoridades tradicionales indígenas por parte de los actores armados ilegales y, en ocasiones, por miembros de la fuerza pública.

2.2.7. Controles de comportamiento y de las pautas culturales propias por parte de los grupos armados ilegales. Estos controles se materializan, entre otras, en el establecimiento de reglamentos y códigos de conducta y control que se ejecutan mediante amenazas e intimidaciones, y que impiden de raíz el desarrollo de las prácticas culturales autóctonas.

2.2.8. Reclutamiento forzado de menores, jóvenes y miembros de la comunidad por actores armados irregulares, con las gravísimas repercusiones que ello conlleva tanto para su vida e integridad personal, como para la seguridad de sus familias y comunidades de origen. En general, la situación de los menores de edad indígenas es de especial exposición y vulnerabilidad, según se documentó en el Auto 251 de 2008 de la Corte Constitucional.

2.2.9. Apropiación y hurto de bienes de subsistencia de las comunidades (cultivos, productos, animales, insumos básicos) por los actores armados ilegales y en algunos casos por la Fuerza Pública.

2.2.10. Prostitución forzada, violencia sexual y enamoramiento de mujeres y jóvenes indígenas como táctica bélica, principalmente por parte de los actores armados ilegales. Estos patrones materializan los riesgos especiales de género de la mujer indígena en el conflicto armado, tal y como fueron documentados en el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional. De hecho, muchísimos casos de violencia sexual que fueron denunciados por la Corte ante las autoridades competentes tienen por víctimas mujeres, niñas y adolescentes indígenas en todo el país.

2.2.11. Homicidio, amenaza y hostigamiento de maestros, promotores de salud y defensores de los derechos de los indígenas por los actores armados irregulares.

2.2.12. Ocupación temporal de escuelas, viviendas y edificios comunitarios por los actores armados ilegales y, en ocasiones, por miembros de la Fuerza Pública.

2.2.13. Utilización de las comunidades como escudos humanos durante los enfrentamientos, por parte de los actores armados ilegales.

2.3. Procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afectan los territorios tradicionales y las culturas indígenas.

Los pueblos indígenas colombianos también han sido afectados por ciertos procesos de índole territorial y socioeconómica que se entrelazan con los procesos bélicos propiamente dichos, a través de múltiples y complejos patrones que redundan en mayores violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos. Entre estos procesos territoriales y socioeconómicos, la Corte ha de resaltar tres en particular por su grave impacto sobre la integridad étnica de los pueblos indígenas:

2.3.1. El despojo territorial simple por parte de actores con intereses económicos sobre las tierras y recursos naturales de propiedad de las comunidades indígenas –sea porque forman parte de sus resguardos, porque están en proceso de titulación, porque forman parte de los territorios de proyección y ampliación de los resguardos, o porque forman parte de su territorio ancestral y aun no han sido reconocidas como tales por las autoridades-, así como por parte de colonos que invaden sus territorios. La precariedad en la titulación de tierras en algunos casos es un factor que facilita ampliamente el despojo y la invasión territorial; de esta manera, existe un entrelazamiento de los procesos de ampliación y saneamiento de resguardos con ciertos factores conexos al conflicto armado (presencia de actores armados, de cultivos ilícitos, o de actividades militares en zonas de ampliación).

2.3.2. El desarrollo de actividades económicas lícitas o ilícitas en territorios indígenas. Especialmente preocupante en este sentido es la presencia creciente y registrada de cultivos ilícitos –principalmente coca - y el desarrollo dentro de sus territorios, por actores externos, de distintas actividades vinculadas al tráfico de drogas; pero también se ha reportado, como se verá en el anexo, el desarrollo de actividades lícitas de explotación de recursos naturales, en forma irregular, por actores económicos del sector privado o por los grupos armados ilegales –tales como explotación maderera indiscriminada, siembra y explotación de monocultivos agroindustriales, explotación minera irregular, y otras actividades afines-. A menudo estas actividades afectan los lugares sagrados de los grupos étnicos, con el consiguiente impacto destructivo sobre sus estructuras culturales; de por sí, se ha reportado que generan altos índices de deforestación y daño ambiental dentro de sus resguardos.

En este sentido ha de resaltarse que múltiples grupos indígenas han denunciado estrategias de violencia por parte de los actores armados interesados, o bien en la realización directa de megaproyectos agrícolas y de explotación de recursos naturales, o bien en el apoyo a ciertas empresas y actores económicos que desarrollan estos proyectos, y con los cuales se han asociado para lucrarse con los beneficios de tales actividades. Según se denuncia –y se reseña más adelante en el anexo-, aparentemente algunos actores económicos se han aliado con los actores armados irregulares para generar, dentro de las comunidades indígenas, actos de violencia que eliminen o desplacen a los indígenas de sus territorios ancestrales, despejando así el camino para la implementación de estos proyectos productivos. Ello se deriva, esencialmente, de la existencia de intereses comerciales extensivos en los recursos naturales de sus territorios. En algunos lugares del país es claro que se han vinculado los actores del conflicto armado con intereses económicos, vinculación que es una de las principales causas de desplazamiento forzado.

2.3.3. Fumigaciones de cultivos ilícitos sin el lleno de los requisitos de consulta previa ordenados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-383 de 2003, y con efectos indiscriminados tanto sobre los cultivos lícitos de pancoger y de subsistencia de las comunidades, como sobre el hábitat de subsistencia (para caza, pesca, bosque). Los procesos de fumigación, que responden a la presencia incremental de cultivos ilícitos en sus territorios, han sido objeto de quejas reiteradas por parte de numerosas comunidades indígenas a lo largo del país, en el sentido de que han generado afectaciones de la salud, tanto por la contaminación de alimentos, animales domésticos y fuentes de agua, como por la generación de problemas dermatológicos, respiratorios y otros entre los miembros de las comunidades.

2.4. Procesos socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado, resultan exacerbados o intensificados por causa de la guerra.

El anterior cuadro de factores bélicos opera sobre la base de una serie de situaciones y procesos pre-existentes que aquejan a las comunidades indígenas del país y que resultan claramente exacerbados por virtud del conflicto armado y sus manifestaciones, a saber:

2.4.1. La pobreza y sus consecuencias.

2.4.2. La inseguridad alimentaria y sus consecuencias; agravada por apropiación, destrucción por conflicto armado, restricciones de movilidad.

2.4.3. Condiciones de salud deterioradas que se agravan por el conflicto armado; en particular, mortalidad infantil alta, y altas tasas de enfermedades prevenibles.

2.4.4. La invisibilidad preexistente por censos y estadísticas divergentes. El desplazamiento forzado y la desintegración étnica y cultural resultantes del conflicto armado hacen aún más difícil el registro preciso sobre el panorama étnico del país.

2.4.5. El debilitamiento étnico y social y la aculturación prevalecientes.

3. La tierra como factor común subyacente a la afectación de los pueblos indígenas por el conflicto.

Los pueblos indígenas están especialmente expuestos, en indefensión, al conflicto armado y al desplazamiento, principalmente por su situación ante la tierra.

La titulación formal de tierras y la constitución de resguardos en la práctica no garantizan la posesión material por las comunidades; de hecho sus territorios, sean o no parte de resguardos, son apropiados por grupos armados ilegales, delincuentes/narcotraficantes, colonos, y agentes movidos por interese económicos. O bien, el conflicto armado ha exacerbado conflictos territoriales preexistentes, en los cuales las partes no indígenas se han aprovechado de, o aliado con, las actividades de los grupos armados ilegales, en detrimento de los grupos étnicos.

El interés de los actores no indígenas sobre la tierra se deriva de varios factores: por recursos naturales, por su valor militarmente estratégico, por su valor económico, y por la distancia de centros urbanos. Las partes interesadas pueden ser actores armados o no armados, legales e ilegales, y a menudo se entrelazan. Los conflictos territoriales se resuelven violentamente, en detrimento de los indígenas, con graves violaciones de derechos humanos y del DIH, por su incorporación a un conflicto que no les pertenece. Esta variedad de manifestaciones se deduce del anexo al presente auto.

Simultáneamente, para los pueblos indígenas la importancia de sus territorios para sus culturas y su subsistencia e integridad étnicas, hace más lesivos tanto los factores causales del desplazamiento como el desplazamiento en sí mismo.

Según la ONIC, en comunicación de junio de 2006: “En todos los casos de desplazamiento estudiados por la ONIC, existen territorios no legalizados o en disputa. Las zonas de mayor presión por el control y uso de tierras a través del desplazamiento, corresponden a los territorios colectivos de nuestros pueblos indígenas. Las zonas de colonización y de aplicación de políticas de fumigación presentan igualmente elevados índices de expulsión referidos a conflictos por el uso y dominio de la tierra. En este sentido, el patrón de confluencia de tierra y recursos naturales en manos de grupos étnicos o en posesión de colonos, sumados a la expectativa de valorización de la tierra en los últimos cinco años coincide con las áreas críticas de expulsión de la población. [Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento CODHES, Boletines Trimestrales 37-44, 1999-2003]. // La persistencia del desplazamiento de aquellos municipios con resguardos indígenas pendientes de titulación, es demasiado alta como para desestimarla en tanto factor de alta incidencia en la explicación de estos procesos. (…) Estudios recientes [CODHES/Corporación Opción Legal, 2004] muestran que en el año 2002 sólo 8 (5.29%) de los 151 municipios que tenían resguardos en trámite no reportaron cifras de población indígena desplazada; es decir, el 94.7% de los municipios con resguardos en trámite expulsaron población. Mientras que en el año 2003, el 93.37% de los municipios con resguardos en trámite expulsaron población y el porcentaje de los que no expulsaron representó sólo el 6.62%.”

El problema de la tierra también causa conflictos interétnicos que afectan los derechos fundamentales individuales y colectivos de los pueblos indígenas, e incide en el impacto del desplazamiento sobre las respectivas étnias.

4. Impacto diferencial del conflicto armado sobre los grupos indígenas, reflejado principalmente en los alarmantes patrones de desplazamiento forzado

Como se describe en la presente providencia, los pueblos indígenas están atrapados en medio del conflicto, sin que ninguna de las partes respete su no involucramiento ni su especial protección ni reconozca su particular vulnerabilidad y fragilidad.

El conflicto armado en general empeora la situación preexistente de muchos pueblos indígenas, y desemboca en desplazamiento forzado. El conflicto genera desintegración comunitaria y familiar por la muerte de los líderes, amenazas, señalamientos, reclutamiento de miembros. Se desmiembran las organizaciones y se lleva a las comunidades a situaciones de alta vulnerabilidad. Colombia ya tenía varios pueblos en riesgo de extinción por factores socioeconómicos; pero  ahora el conflicto armado ha introducido varios pueblos nuevos en la lista de quienes padecen este riesgo, generando situaciones de urgencia que no han recibido una respuesta estatal acorde a su gravedad.

El conflicto armado genera la imposibilidad de movilizarse por el territorio, afectando el trabajo colectivo y las estructuras culturales que dependen de él.  Afecta la educación por ocupación de escuelas y asesinato o intimidación de maestros. Los bloqueos, confinamiento, amenazas y señalamientos impiden el acceso para prestación del servicio de salud, y también impiden la realización de prácticas medicinales propias. La situación causa la pérdida de confianza entre miembros de la comunidad, afectando la integración comunitaria y las prácticas socioculturales propias.

El conflicto armado y sus procesos económicos conexos generan asimismo daño ambiental, disminuyendo la caza y la pesca y causando inseguridad alimentaria; pérdida de la posibilidad de autosostenimiento con prácticas propia así como incremento de las muertes por desnutrición, sumadas a desnutrición e inseguridad alimentaria por confinamientos y bloqueos, como se describe en el anexo respecto de algunos pueblos indígenas.

Las violaciones de derechos humanos que ocurren en el marco del conflicto armado tienen repercusiones colectivas muy fuertes en las comunidades indígenas, porque causan desequilibrios y traumas culturales, rupturas étnicas, y afectación de la memoria cultural del pueblo.

Para la Corte Constitucional, en fin, es claro que la afectación diferencial de los pueblos indígenas por el conflicto armado constituye un proceso destructivo de la diversidad étnica y cultural del país, que es invisible para la sociedad y el Estado colombianos.

AFECTACION AGUDA Y DIFERENCIAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO SOBRE LOS GRUPOS INDIGENAS.

El agudo impacto que ha tenido el conflicto armado sobre los grupos indígenas del país se ha traducido, principalmente, en alarmantes patrones de desplazamiento forzado, tanto masivo como individual, que han incrementado a lo largo de la última década y hoy en día se ciernen como una de las más serias amenazas para la supervivencia a corto plazo de las etnias de Colombia. Por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural de estos grupos, el desplazamiento forzado genera un claro riesgo de extinción, cultural o física,  de los pueblos indígenas. Los que ya estaban en riesgo con anterioridad al impacto del conflicto armado, se acercan al fin; los que no, entran en la categoría de alto riesgo de extinción cultural y física. Estas afirmaciones se demuestran con nitidez en los capítulos subsiguientes de la presente providencia.  

Diversas organizaciones coinciden en la apreciación sobre el carácter incremental del desplazamiento forzado indígena. Por ejemplo, CECOIN reporta un incremento del desplazamiento forzado indígena: de más de 5100 personas en 2002, 4602 en 2003, 7901 en 2004, 23700 en 2005, 5487 en 2006; principalmente en el Chocó, la Guajira, Nariño, Cauca y Huila (CECOIN, agosto 2006).

El desplazamiento forzado indígena tiene sus propias modalidades y su propia tipología. La ONIC afirma que las principales modalidades de desplazamiento indígena son: (a) desplazamiento masivo hacia las cabeceras municipales cercanas o hacia las ciudades; (b) desplazamiento progresivo –gota a gota- hacia las ciudades; (c) desplazamiento itinerante a otros sitios del territorio, otras comunidades u otros grupos étnicos; y (d) desplazamiento desde territorios no constituidos en resguardos, hacia los resguardos.

La naturaleza diferencial del impacto del desplazamiento forzado sobre los pueblos indígenas radica en que entremezcla facetas individuales con facetas colectivas de afectación, es decir, surte impactos destructivos tanto sobre los derechos individuales de las personas pertenecientes a las etnias afectadas, como sobre los derechos colectivos de cada etnia a la autonomía, la identidad y el territorio. Lo individual y lo colectivo del desplazamiento se retroalimentan e interactúan. Además, cada grupo étnico en particular tiene sus propios patrones de desplazamiento forzado, y su propia situación específica, que se deben reconocer en la magnitud plena de su gravedad para dar una respuesta apropiada de parte del Estado. En los términos de la intervención de ACNUR en la audiencia ante la Corte Constitucional, “la pérdida de control sobre el territorio y el efectivo ejercicio de la territorialidad, deteriora los principios fundamentales de la vida y la convivencia que fundan los procesos de construcción de identidad, los sistemas internos de autonomía, control y gobierno, los circuitos de producción y las dinámicas de enculturación”.

A este respecto, no puede perderse de vista que la relación de los grupos indígenas con el territorio es crucial para sus estructuras culturales y su supervivencia étnica y material. El desplazamiento genera aculturación, por la ruptura del entorno cultural propio y el shock cultural. Los pueblos indígenas desplazados viven en estado de total desubicación por la ruptura cultural y lingüística que ello conlleva y la inserción abrupta en entornos urbanos y de miseria a los que son completamente ajenos.  

Además, lo que resulta más grave, el desplazamiento causa la ruptura de la continuidad cultural por la aculturación subsiguiente de los jóvenes y la consiguiente detención de los patrones de socialización indispensables para que estas etnias sobrevivan. En efecto, el shock y la ruptura cultural generalizadas tienen un especial impacto sobre las generaciones jóvenes de los pueblos desplazados, que durante el desplazamiento pierden el respeto a los mayores y la continuidad de sus procesos de socialización y de perpetuación de las estructuras culturales.

Otra faceta alarmante del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas en Colombia es que, según se ha reportado a la Corte, hay un patrón extensivo, constante de desplazamiento forzado permanente de líderes y autoridades indígenas que son amenazados o agredidos, con efectos devastadores para las estructuras culturales. El rol cultural central que juegan las autoridades y líderes hace que su desplazamiento sea especialmente nocivo para la preservación de las estructuras sociales y étnicas de sus respectivos pueblos.

La situación de los individuos, familias y comunidades indígenas desplazados forzosamente es grave por una multiplicidad de factores distintos. Por ejemplo, existe un problema de alimentación: la ruptura de las pautas culturales, y la falta de acceso a los alimentos que tradicionalmente consumen, genera el rechazo –tanto cultural como en ocasiones físico- de los pocos alimentos a los que tienen acceso, y por consiguiente desemboca en situaciones de hambre. La ayuda humanitaria de emergencia usualmente es inadecuada y no responde a las especificidades culturales de los pueblos desplazados. Por otra parte, existe un problema de salud, ya que se bloquea el acceso a las formas tradicionales de medicina. Los individuos y comunidades indígenas en situación de desplazamiento tienen, por su falta de capacidades y competencias culturales para afrontar la vida urbana en condiciones extremas de miseria y desprotección, una mayor exposición a riesgos de todo tipo, que incluyen los peligros de ser víctimas de violencia sexual, de caer en redes de comercios ilícitos, de verse obligados a la mendicidad, de explotación, y especialmente de discriminación (por intolerancia, racismo e ignorancia en los lugares de recepción). Además el conflicto armado está presente en los lugares de llegada, o los persigue hasta allí, generando nuevos riesgos para su integridad individual y colectiva. La inseguridad en los lugares de recepción a su vez fuerza a retornos involuntarios y sin seguridad, o a redesplazamientos.

A este respecto, la Corte Constitucional debe resaltar el gravísimo problema de mendicidad de personas indígenas en las principales ciudades del país, hecho notorio que a su vez genera, en no pocas oportunidades, el retiro de los niños por la Policía y el ICBF (los casos de Bogotá, Pereira y Barranquilla son especialmente graves en este aspecto).

El resumen de la ONIC, en comunicación de junio de 2006, es diciente a este respecto: “Un… efecto de dicha desterritorialización ha sido la ruptura de los referentes culturales, expresada en cuatro quiebres específicos: 1. De los calendarios tradicionales en los que se enmarcan las actividades sagradas, productivas y políticas. 2. De la ruptura, disipación y/o parálisis de los procesos etnoeducativos y de salud, así como de los procesos de recuperación cultural. 3. Del cambio hacia la oferta cultural y material de las comunidades receptoras (consumismo y cambio de hábitos alimenticios), y hacia patrones de consumo mercantil o industrial. 4. De la ruptura de los mecanismos colectivos y solidarios de intercambio material y espiritual (minga y fogón, por ejemplo). // Obviamente, estos elementos dan como resultado, la ruptura violenta de redes familiares y parentelas, lo que provoca una creciente desestructuración social irreversible. Esta situación ha menguado la solidaridad comunitaria y ha aumentado los niveles de individualización, en especial de las generaciones más jóvenes en su articulación con la población urbana. Dicha urbanización forzada de los pueblos indígenas ha producido el debilitamiento de los saberes tradicionales acerca de la medicina y especialmente de las formas tradicionales de manejo de los ecosistemas como de la agricultura de subsistencia”.

El desplazamiento forzado de los pueblos indígenas también surte gravísimos efectos sobre el territorio que se deja atrás, que queda sujeto a abandono, apropiación, y también a disminución productiva que afecta a las poblaciones indígenas que permanecen en él.

También debe resaltarse la gravedad de la situación de la mujer indígena con posterioridad al desplazamiento, que es particularmente aguda, tal y como se documentó en el  Auto 092 de 2008, en el cual se explicó:

“IV.B.1.9.1. Las mujeres indígenas y afrodescendientes desplazadas enfrentan un factor de discriminación adicional derivado de su pertenencia étnica, que en la práctica agrava las discriminaciones, riesgos e inequidades que soportan por sus condiciones de género y desplazamiento. En otras palabras, tanto los riesgos de género presentes en el conflicto armado como las facetas de género del desplazamiento interno se acentúan, exacerban y profundizan en el caso de las mujeres que pertenecen a estos grupos étnicos. Ello se deriva tanto de la exclusión y marginación que viven los grupos étnicos del país, como de las estructuras socioeconómicas discriminatorias y racistas prevalecientes, y de la desintegración de sus redes sociales, comunitarias y culturales de apoyo con motivo del desplazamiento[1]; todo ello redunda en que las mujeres indígenas y afrocolombianas desplazadas sufren un triple proceso de discriminación por ser mujeres, por haber sido desplazadas, y por pertenecer a grupos étnicos.

IV.B.1.9.2. Parte importante del problema es la invisibilidad de esta condición de discriminación reforzada. No existen medidas oficiales para visibilizar estos cuadros agudos de vulnerabilidad, ni para comprender el rol femenino específico que cumplen las mujeres indígenas o afrodescendientes en su respectiva comunidad, y los impactos que surte el desplazamiento forzado sobre el ejercicio del mismo.

IV.B.1.9.3. Las mujeres indígenas corresponden al 3.7% de las mujeres desplazadas inscritas en el RUPD, de acuerdo con los datos presentados por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado en su informe de febrero de 2008, basado en la Encuesta Nacional de Verificación. Una alta proporción de las mujeres indígenas son analfabetas, o no saben hablar en español; según se informa a la Corte, “la mayoría de las mujeres adultas son analfabetas en castellano, bien sea porque no hablan ese idioma o porque no tienen oportunidades educativas en programas de etnoeducación para adultas”. Su condición étnica constituye un factor que agrava los impactos de por sí perniciosos del desplazamiento forzado; según se explicó en un informe presentado por la ONIC a la Relatora de la Comisión Interamericana, el impacto cultural del desplazamiento sobre las mujeres indígenas tiene diversos componentes que vulneran en sí mismos y en su conjunto sus derechos fundamentales: “si [el desplazamiento] es a centros urbanos se complica un poco más, ya que la mayoría de nuestras compañeras no saben muy bien el español, se asustan ante la inmensidad de la ciudad, el anonimato y la falta de solidaridad de sus habitantes, nos mata el recuerdo de nuestros montes y selvas y de sus sonidos. Nos enfrentamos a nuevos problemas para criar a nuestros hijos y relacionarnos con nuestros compañeros, por no ser la ciudad nuestro medio habitual. Nos persiguen las imágenes de la angustia cuando tuvimos que salir corriendo con lo poco que teníamos o podíamos cargar para hacerle el quite a la muerte y desolación, en medio de esta angustia, quedamos a cargo de la familia aceptando actividades que no son tradicionales a nuestras culturas como emplearnos en el trabajo doméstico, o en el peor de los casos llegar a vender nuestros cuerpos. (…) A las mujeres indígenas nos toca pelear para que nos reconozcan como desplazadas, pelear para acceder a la salud y a al educación que no es propia, preparar alimentos con comida ajena a nuestra cultura y cuerpo; luchar para que nuestras familias no se desintegren y los hijos no pierdan nuestra cultura”.”

Igualmente grave es la situación de los menores de edad indígenas en situación de desplazamiento, como se indicó en el Auto 251 de 2008:

“Los niños, niñas y adolescentes indígenas o afrodescendientes, además de estar sobre-representados entre la población en situación de desplazamiento[2], sufren un impacto diferencial e intensificado de los distintos problemas transversales arriba descritos. Dos factores están a la base de este impacto diferenciado: la diferencia cultural abrupta entre lugares de expulsión y recepción, que incide de distintas maneras sobre sus familias y sobre ellos mismos; y la pobreza generalizada preexistente de sus familias y comunidades, que se empeora con el desplazamiento y hace aun más amplia e inerme su exposición a riesgos y peligros prevenibles.

De esta forma, los menores de edad indígenas y afrodescendientes desplazados son víctimas mucho más frecuentes de explotación laboral, trata y mendicidad.[3] Entre ellos los problemas de hambre y desnutrición son usualmente más altos que entre los demás menores de edad desplazados, y su exposición a enfermedades prevenibles es tan alta que se han registrado casos como el episodio reciente de dos niños Embera-Katío que habían sido desplazados de sus territorios hacia Bogotá y luego retornaron para morir de cólera en su comunidad.

Su derecho a la educación también resulta obstruido con particular fuerza, por la carencia de planes de etnoeducación apropiados a sus culturas y necesidades en los planteles educativos a los que tienen acceso, y por la mayor incidencia de situaciones de discriminación abierta y maltrato por sus compañeros y docentes. Todo ello a su turno conlleva complejos cuadros de malestar psicológico en los cuales el choque cultural y la extrañeza frente a la sociedad receptora juegan un papel decisivo.

  

Adicionalmente, los niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes cumplen un rol fundamental en la preservación y reproducción de sus culturas, respecto del cual el desplazamiento forzado genera un efecto destructivo de repercusiones irreversibles. En efecto, el desarraigo y la remoción de estos menores de edad de sus entornos culturales comunitarios, trae como consecuencia en una alta proporción de los casos una ruptura en el proceso de transmisión de los conocimientos y pautas culturales, aparejado a frecuentes casos de pérdida de respeto hacia sus familias, sus mayores y sus propias culturas.[5]

Otras facetas del desplazamiento forzado de pueblos indígenas llaman la atención de la Corte por su gravedad. Así, por ejemplo, es frecuente que los individuos, familias y comunidades indígenas se desplacen hacia territorios de otras comunidades y resguardos indígenas, que los reciben durante períodos de tiempo a menudo considerablemente largos. El desplazamiento de indígenas a otras comunidades y resguardos causa conflictos interétnicos, o entre las comunidades de recepción y desplazadas así sean de la misma etnia, que generan efectos de desestructuración cultural que no están obligados a soportar.

Además, hay una alta frecuencia de éxodo transfronterizo de los grupos indígenas cercanos a las fronteras. En no pocos casos, individuos y familias de las etnias Wayúu, Kuna, Embera, Awá o Kofán, por sólo mencionar las mayormente afectadas por los éxodos transfronterizos, abandonan el territorio nacional en forma permanente, huyendo de la violencia.

Como se dijo anteriormente, el desplazamiento forzado indígena, al igual que su situación general ante el conflicto armado, es invisible en sus reales dimensiones. Hay serias dificultades en el registro de este fenómeno en el país, que se suman a las debilidades preexistentes en los censos. El subregistro y el rechazo al registro de desplazamientos individuales y colectivos por las autoridades, especialmente de los desplazamientos intra-resguardos o intra-veredales, se suma a la falta de denuncia –por amenazas, desconfianza o desinformación-, y la falta o incongruencia de las estadísticas. Según ONIC, Acción Social no tiene censos fehacientes de las comunidades desplazadas.

La falta de una respuesta estructurada y diferencial del Estado, según se documenta en el capítulo subsiguiente, ha generado en muchos casos retornos espontáneos de las comunidades indígenas desplazadas, que al surtirse por fuera del marco institucional diseñado para el retorno de la población desplazada, generan mayores riesgos para su integridad individual y colectiva. En otras palabras, estas comunidades vuelven a las mismas situaciones de riesgo inicial, sin acompañamiento estatal, porque los factores de fondo no se han atacado. De esta forma, hay etnias que se ven afectadas en forma cíclica y reiterativa por desplazamientos que obedecen a los mismos factores – caso por ejemplo de las comunidades Embera-Katío, Embera Dobidá, Awá o Wounaan, descritas más adelante.

Es indispensable reconocer, además, el efecto acumulativo de los daños y traumas individuales y colectivos derivados del conflicto armado y de la ocurrencia desplazamientos forzados previos; este efecto acumulativo, además de dañar el tejido social, genera a la larga sentimientos bien documentados de escepticismo y rabia contra el Estado por la atención indigna o inexistente que éste ha provisto, por el incumplimiento de compromisos, y porque en no pocos casos, los desplazamientos son causados por factores en los que el Estado ha jugado un rol visible. La superposición de estos elementos ha llevado razonablemente a múltiples grupos indígenas a percibir la situación como una estrategia generalizada de desterritorialización o apropiación de sus territorios, con el aval del Estado.

RESPUESTA ESTATAL A LA SITUACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE COLOMBIA FRENTE AL DESPLAZAMIENTO FORZADO.

La respuesta de las autoridades estatales a la crítica situación que se ha documentado, se ha dado principalmente a través de la expedición de normas, políticas y documentos formales, los cuales, a pesar de su valor, han tenido repercusiones prácticas precarias. Estos documentos, según se informó a la Corte, son principalmente dos:

1) La “Directriz para la Prevención y Atención Integral de la Población Indígena en Situación de Desplazamiento y Riesgo, con enfoque diferencial”, desarrollada por la Dirección de Etnias, a través de un proceso participativo de formulación con las organizaciones indígenas, las entidades del SNAIPD y talleres de implementación regionales con las autoridades, organizaciones y comunidades. Los talleres buscan lograr la sensibilización y orientación de los indígenas respecto a la Directriz. Se trata, en términos de la Dirección de Etnias, del documento orientador del sistema, esto es, un “documento que orienta las acciones de las entidades del SNAIPD del nivel nacional y regional, para que adecuen sus programas, acciones, y se apropien recursos específicos, articulando el enfoque diferencial para garantizar la atención integral de poblaciones indígenas como sujetos colectivos de derechos”.

Desde 2006, la Dirección de Etnias desarrolla el proceso de implementación de la Directriz. Se focalizaron los departamentos de Caquetá, Meta, Chocó, Nariño, Putumayo y Cesar, para desarrollar en ellos: (i) Talleres regionales para formular Planes de Acción en prevención y protección, atención humanitaria, y restablecimiento, con enfoque diferencial, para que sean incluidos en los PIU, con la participación del SNAIPD, las entidades territoriales y los grupos indígenas; (ii) Capacitación y sensibilización a representantes de las entidades territoriales y las comunidades; y (iii) insumos a los Comités Departamentales para que la incorporen en sus Planes de Contingencia y Planes de Acción locales.

2)  En cuanto a las comunidades indígenas vulnerables, existe desde 2006 el “Plan Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas en Alto Grado de Vulnerabilidad y Riesgo de Desaparición”, aprobado el 13 de junio de 2006 por el CNAIPD mediante Acuerdo 005. En principio debe ser implementado en coordinación con Acción Social y el Programa Presidencial de DIH y Derechos Humanos. En desarrollo de éste, se han formulado Planes de Acción para beneficiar a las comunidades; la Dirección de Etnias tiene para cada Plan una Matriz de Seguimiento.

Se aclara que el listado de pueblos indígenas priorizados en el Plan Integral “es el resultado de la investigación realizada con el objetivo de adelantar la focalización para un programa de seguridad alimentaria”; con base en las variables allí expuestas, que llevaron a la estratificación de las comunidades en niveles 1 a 5 de mayor vulnerabilidad o riesgo, y con base en la base de datos del DANE y el DNP que identifican las comunidades en resguardo o sin resguardo, sobre una muestra de 1121 comunidades.

Pero se afirma que coincidían con los de mayor desplazamiento, por lo cual se incorporaron al Acuerdo 005 del CNAIPD.

En términos de la Dirección de Etnias:

“El Plan Integral ha tomado más de 7 años en proceso de investigación, concertación y formulación y puesta en marcha. Es el resultado de un esfuerzo conjunto entre Acción Social, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, el Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) (este último financiaron la primera investigación)”.

Fase 1: Focalización y categorización de las comunidades indígenas en estado de vulnerabilidad y riesgo:  

- 2000-2003: Realización del estudio de base: Red de Solidaridad Social y PMA “inician un estudio para formular criterios de focalización de comunidades indígenas en mayor grado de vulnerabilidad y riesgo”. El estudio recogió información de una muestra de 1121 comunidades; y se crearon criterios para clasificar a las comunidades según su nivel de vulnerabilidad y riesgo, en niveles de 1 a 5.

- 2003-2005: “Socialización del estudio y validación de la información” – realización de talleres regionales y nacional para “socializar el trabajo de investigación realizado y validar y actualizar la información contenida en éste”; 36 talleres zonales y uno nacional, con participación de autoridades indígenas, organizaciones indígenas, autoridades de las entidades territoriales y nacionales.

“Resultados del estudio: - Del estudio la Dirección de Etnias seleccionó para la 1 Fase 165 comunidades clasificadas en los niveles 4 y 5, distribuidas en 14 departamentos (24 municipios) pertenecientes a 34 etnias (personas afectadas: 35.000 aproximadamente). // - La mayoría de las comunidades priorizadas corresponden a aquellas que también presentan mayor desplazamiento. // - Se identifican 7 componentes (áreas de trabajo) las cuales corresponden al 'enfoque de derechos' éstos son: 1. Seguridad alimentaria. 2. Hábitat y mejoramiento entorno. 3. Capacitación y fortalecimiento organizativo. 4. Saneamiento básico y potabilidad del agua. 5. Mejoramiento y dotación de escuelas. 6. Salud con enfoque indígena. 7. Legalización y ampliación de resguardos. // - Las acciones deben ser ejecutadas de manera coordinada entre las instancias competentes del orden nacional, departamental y local.”

- 2006: Adopción del Plan Integral por el CNAIPD: “- Teniendo en cuenta que una de las conclusiones del estudio es que las comunidades identificadas en las categorías 4 y 5 concuerdan con las comunidades que presentan mayor desplazamiento se presenta el Plan Integral al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (CNAIPD) como fórmula de prevención al mismo” – Se adopta el Acuerdo 005 del 13 de junio de 2006.

Fase 2: Acciones para la implementación del Plan Integral:

- 2006-2007: “Conformación Comité Interinstitucional y 1ª fase de implementación”:

“- A instancias de la Dirección de Etnias se conforma un Comité Interinstitucional de Apoyo e implementación del Plan conformado por 10 entidades del orden nacional.

- En sus sesiones de febrero y marzo 2007, adopta la priorización por departamentos y estrategias de implementación del Plan Integral.

- La estrategia consiste en realizar en cada una de las 8 regiones priorizadas (Guajira, Risaralda, Chocó, Meta, Guaviare, Casanare, Cesar y Córdoba) un taller con presencia de las comunidades indígenas, las organizaciones indígenas regionales y nacionales, las instituciones competentes del orden nacional, local y departamental con el objeto de: (i) validar la información, (2) formulación de un Plan de Acción (suscrito por el Gobernador y Alcaldes) y (3) inclusión de este Plan de Acción en los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales.

- Cada Plan de Acción debe identificar participativamente las acciones adelantadas, las acciones por desarrollar por comunidad, el responsable, los tiempos y los recursos.”

La siguiente es la caracterización que hizo la Dirección de Etnias de las comunidades indígenas priorizadas en el Plan Integral:

“Casanare:  Etnias Wipiwi, Tshiripo, Yamaleros, Yaruros, Amorúa, Maiben. Comunidades de Hato Mochuelo, Hato Corozal – municipio de Paz de Ariporo; 845 personas. Presentan altos índices de morbi-mortalidad, disminución progresiva de la población; 8 pueblos indígenas conviven en un solo resguardo, lo que genera conflictos por territorio, acceso alimentario y servicios.

Etnia Sáliba: 8 comunidades en Orocué, 520 personas: riesgo de desaparición por disminución progresiva de la población y “seminomadismo sin alternativas integrales de sedentarización”.

Cesar: Etnia Yukpa – Municipio de La Paz, comunidades de Caño Padilla, El Rosario, Bellavista-Yucatán, La Rubia, Media Luna, La pista. 575 personas; riesgo de desaparición por altos índices de morbi-mortalidad, disminución progresiva de la población, conflictos con colonos por territorio, débil presencia institucional, acceso alimentario, servicios y pésimas condiciones de comunicación.

Guajira:  Etnia Wiwa – municipio de San Juan del Cesar, 4 comunidades, 700 personas: riesgo de desaparición, desplazados, masacres, muertes selectivas; altos índices de morbi-mortalidad, disminución progresiva de la población, afectaciones a la integridad étnica por el conflicto armado.

Magdalena: Etnia Chimila – Municipio El Difícil, San A. (¿?) – desplazados por conflicto, riesgo de desaparición – altos índices de morbi-mortalidad, disminución progresiva de la población, afectaciones a la integridad étnica por conflicto armado, débil presencia institucional; 8 comunidades, 2764 personas.

Meta: Etnias Sikuani y Piapoco en Puerto Gaitán – riesgo de desplazamiento; 5 comunidades: El Tigre.

Etnia Piapoco en Mapiripán: confinamiento, desplazamiento: Caño Ovejas.

Etnia Achagua en Puerto Gaitán y Mapiripán – riesgo de desaparición, desplazamiento, confinamiento: Caño Ovejas.

Etnia Guayabero en La Macarena y Puerto Concordia – 5 comunidades: Caño Ceiba, Caño Mina; riesgo de desplazamiento, confinamiento. Todos los grupos del Meta: disminución progresiva de la población, altos índices de morbi-mortalidad, afectación de la integridad étnica por conflicto armado, inexistencia de presencia institucional, no tienen condiciones para la sedentarización.

Caquetá: Etnia Coreguaje – municipios de Milán y Solano – 15 comunidades, 2541 personas: riesgo de desaparición, desplazamiento, confinamiento, disminución progresiva de la población por conflicto armado, muertes selectivas, masacres, amenazas reiteradas a líderes y autoridades tradicionales. Altos índices de morbi-mortalidad, débil presencia institucional, afectación de la integridad étnica.

Guaviare: San José: Etnias Nukak-Makú, Tukano, Piaroa, Desano, Piratapuyo, Curripaco, Guayabero: comunidades de Nukak, Puerto Nare, Yavillali, Puerto Esperanza, Vuelta del Río, Caño Tigure, Lagos del Paso, Puerto Palma, Arara, Barranquillita, Barrancón. Riesgo de desaparición, desplazamiento – disminución agresiva de la población por morbimortalidad, contacto con población colona, presionados por el conflicto armado en su territorio, débil autonomía y manejo territorial, territorio minado. Población vulnerable por débil desarrollo institucional interno, poca presencia institucional, dispersión de sus territorios, programas inadecuados a sus especificidades culturales, presencia de cultivos ilícitos en sus territorios, reclutamiento forzado (Tukano, Piaroa, Desano). Total: 18 comunidades, 3250 personas.

Putumayo: Puerto Leguízamo: Etnias Coreguaje, Siona, Huitoto; comunidades El Hacha, Jirijiri, Lagarto Cocha, Cecilia Cocha y otras – 16 comunidades, 2841 personas. Riesgo de desaparición y desplazados; territorios afectados por presencia de cultivos de uso ilícito, conflictos en sus territorios. Disminución progresiva de la población siona y coreguaje por conflicto territorial, megaproyectos (hidrocarburos, carreteras).

Guainía: Inírida: Etnias Piapoco, Sicuani, Puinave, Curripaco, Nukak; comunidades: Concordia, Almidón La Ceiba, Bachaco, Buenavista, Caranocoa Yuri, La Laguna, Morocoto, Coayare El Coco, Cuenca Media y Alta Inírida, Bajo Río Guaní – 15 comunidades, 8020 personas. Desplazamiento, confinamiento, población vulnerable; territorios afectados por presencia de cultivos de uso ilícito, conflictos en sus territorios por actores armados, controles territoriales para sus actividades económicas y culturales, población desplazada concentrada en el resguardo de Paujil en Puerto Inírida, algunas familias en situación de mendicidad.

Córdoba: San Andrés de Sotavento – etnia Zenú, comunidades Vidales, Molina, Belén, Venecia, Gardenia, Patio Bonito, Cruz Chiquita, Nueva Esperanza, La Granja, Arroyo de Piedra, Bella Isla, total 14 comunidades, 2320 personas. Vulnerables por poca presencia institucional, problemas graves de infraestructura vial, insuficiente acceso alimentario, ausencia de cabezas de familia con desprotección consiguiente de menores, niños con discapacidad múltiple y no hay programas para atender su situación.

Arauca: Arauca: Etnias Sikuani, Macaguán, Kuiva, Betoye, Hitnu, Chiricoa. 18 comunidades: Río Viejo, Playeros-Cájaros, Bayoneros, El Vigía, Cravo, Cusay-La Colorada, Cibariza, Los Iguanitos, Alto Cabalalia, La Cabaña, San José del Cangrejo, Graneros, Julieros y Velasqueros, Macarieros, Barreros, Puyeros, Roqueros, El Dorado, Caño Claro, Cuiloto, La Esperanza; 1906 personas. Riesgo de desaparición, desplazados, confinamiento: progresiva disminución de la población, cultivos de uso ilícito en sus territorios, débil presencia institucional, territorios minados, disputas territoriales, conflictos con colonos, megaproyectos (hidrocarburos).

Chocó: Etnias Embera, Katío y Wounaan – comunidades desplazadas y en riesgo en Bagadó, Tadó, Certeguí, Istmina, Medio San Juan y Litoral San Juan (Taparalito, Unión Balsalito, Pitalito y San José), Zona Bajo y Alto Baudó. Situación de alta vulnerabilidad por crisis de orden público; desplazamiento, confinamiento, población vulnerable: conflictos armados en sus territorios, disputas territoriales, conflictos interétnicos, débil presencia institucional, programas inadecuados a sus particularidades, pérdida de movilidad para sus actividades económicas y culturales dentro de sus territorios, no acceso a servicios básicos. 1906 personas, 10 comunidades.

Risaralda: Municipio Pueblo Rico – etnia Embera Chamí, comunidades Docabu, Santa Cecilia, La Montaña, Gete, Gitó Bajo y Alto, Aguita, Bequé, Candumí – 10 comunidades, 1325 personas. Riesgo de desplazamiento, confinamiento, población vulnerable: Desplazamiento, situación de pobreza, débil presencia institucional, programas inadecuados, falta de control territorial y desarrollo de su autonomía, situación de mendicidad en las ciudades.

Valle: Municipios El Dovio, Trujillo y Florida – etnia Embera Chamí: 12 comunidades, 700 personas, desplazamiento, confinamiento, población vulnerable; desplazamiento por conflictos en sus territorios, inexistencia de presencia institucional, disminución progresiva de la población, control territorial por los actores armados.

Vaupés: Municipio de Mitú: etnias Bora, Pisamira y Taiwano – parte oriental, 5 comunidades, 1117 personas – riesgo de desaparición: disminución progresiva de la población, débil presencia institucional, programas inadecuados, problemas por dispersión geográfica.”

ANALISIS FOCALIZADO DE LA SITUACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS COLOMBIANOS MAYORMENTE AFECTADOS POR EL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO

Para la Corte Constitucional resulta claro que la selección y caracterización de los pueblos indígenas incluidos en el Plan Integral, si bien se realizó con base en criterios importantes atinentes a la situación de seguridad alimentaria hacia el año 2000, no tuvo en cuenta la realidad del conflicto armado de la última década, ni su impacto en el desplazamiento o confinamiento de indígenas, tal y como han sido acreditados ante esta Corporación. En consecuencia, muchos de los grupos que se han visto afectados con mayor severidad por el conflicto armado y por el desplazamiento forzado, no fueron incluidos dentro de esta selección.

Esto hace necesario actualizar la focalización, a partir de los desarrollos que se han presentado desde el año 2000, en especial con base en los elementos relevantes para (i) prevenir el desplazamiento, (ii) anticipar o responder al confinamiento, (iii) atender a los indígenas desplazados, no sólo desde una perspectiva individual sino valorando la dimensión colectiva de sus derechos; (iv) actuar con  plena determinación frente a las conductas delictivas asociadas al desplazamiento y (v) evitar el exterminio cultural o físico de las etnias más amenazadas.

Alcanzar este último objetivo es una necesidad constitucional imperiosa. No obstante, como se advirtió anteriormente, la dramática situación en la cual se encuentran numerosos pueblos en riesgo grave de ser exterminados cultural o físicamente ha sido invisibilizada.  Por esta razón en el presente auto se le ha dado la mayor prioridad, sin que ello signifique que los demás indígenas, individual o colectivamente, no deban ser sujetos de una respuesta estatal integral que incorpore un enfoque diferencial respetuoso de la diversidad étnica y cultural.   

Por lo extenso de la descripción de la situación de los pueblos indígenas en mayor riesgo, ella se hace en un anexo. Sin embargo, advierte la Sala que este hace parte integral del cuerpo de la presente providencia.

En el anexo se describe la situación de los siguientes pueblos indígenas: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U'wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva.

VALORACION JURIDICO-CONSTITUCIONAL DE LA SITUACION

La situación que se ha descrito en la presente providencia conlleva una violación severa y simultánea de múltiples disposiciones constitucionales, que afectan tanto los derechos fundamentales individuales de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas afectados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado, como los derechos fundamentales colectivos de estas etnias. Ello implica, así mismo, un incumplimiento grave de los deberes de prevención y protección del Estado colombiano, y activa obligaciones de actuación inmediata en los ámbitos preventivo y de atención.

1. Derechos constitucionales individuales y colectivos vulnerados por la situación descrita ante la Corte.

En primer lugar, el conflicto armado per se, por la manera como golpea a los pueblos indígenas del país, afecta en forma grave los derechos fundamentales de las personas que los conforman, especialmente sus derechos a la vida (art. 11, C.P.), a la integridad personal y a verse libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes (art.12, C.P.), a la dignidad personal (art. 1, C.P.) y a la seguridad personal. Esta afectación es tan grave que, por lo menos en relación con algunas de las etnias cuya situación se ha descrito en la presente providencia, se debe evaluar, por parte de las autoridades judiciales competentes, la posible comisión de violaciones serias del Derecho Internacional Humanitario que conlleven consecuencias penales para sus perpetradores. La Corte Constitucional no es el organismo judicial llamado a efectuar esta calificación jurídica, pero dada la gravedad de la información que ha sido allegada al presente proceso, debe alertar a las autoridades judiciales sobre la necesidad de estudiar la posible comisión de estos crímenes, para lo cual se le comunicará la presente providencia al Fiscal General de la Nación.

En segundo lugar, el impacto del conflicto armado como presión para el desplazamiento, como causa del confinamiento  o como generador de desplazamientos individuales y colectivos, también representa una violación grave de los derechos colectivos de las etnias mencionadas en la presente providencia a la autonomía, la identidad y el territorio.

El desplazamiento forzado, una vez tiene lugar, genera por su parte graves violaciones de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y de sus miembros. En relación con las personas indígenas afectadas por el desplazamiento, resulta aplicable la enunciación de los derechos fundamentales violados por este fenómeno, tal y como se efectuó en la sentencia T-025 de 2004:

“1. El derecho a la vida en condiciones de dignidad dadas (i) las circunstancias infrahumanas asociadas a su movilización y a su permanencia en el lugar provisional de llegada, y (ii) los frecuentes riesgos que amenazan directamente su supervivencia.[6] Los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado que contribuyen a la interpretación de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno son los Principios 1, 8, 10 y 13, que se refieren, entre otras cosas, a la protección contra el genocidio, las ejecuciones sumarias y prácticas contrarias al derecho internacional humanitario que pongan en riesgo la vida de la población desplazada.

2. Los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera edad, y de otros grupos especialmente protegidos “en razón de las precarias condiciones que deben afrontar las personas que son obligadas a desplazarse”[7]. La interpretación de estos derechos deberá hacerse de conformidad con lo que establecen los Principios 2, 4 y 9 sobre protección especial a ciertos grupos de desplazados.

3. El derecho a escoger su lugar de domicilio, en la medida en que para huir del riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los desplazados se ven forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo[8]. Los Principios 5, 6, 7, 14 y 15 contribuyen a la interpretación de este derecho, en particular, a la determinación de prácticas prohibidas por el derecho internacional que impliquen una coacción al desplazamiento de las personas, o su confinamiento en lugares de los cuales no puedan salir libremente.

4. Los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación, “dado el ambiente intimidatorio que precede a los desplazamientos”[9] y las consecuencias que dichas migraciones surten sobre la materialización de los proyectos de vida de los afectados, que necesariamente deberán acoplarse a sus nuevas circunstancias de desposeimiento. En la interpretación de estos derechos en el contexto del desplazamiento forzado interno son pertinentes los Principios 1 y 8.

5. Por las características propias del desplazamiento, quienes lo sufren ven sus derechos económicos, sociales y culturales fuertemente afectados.[10]. El alcance mínimo de estos derechos ha sido interpretado de conformidad con los Principios 3, 18, 19, y 23 a 27, que se refieren a condiciones para garantizar un nivel de vida digna, y el acceso a la educación, la salud, el trabajo, entre otros derechos.  

6. En no pocos casos, el desplazamiento implica una dispersión de las familias afectadas, lesionando así el derecho de sus miembros a la unidad familiar[11] y a la protección integral de la familia[12].  Los Principios 16 y 17 están dirigidos, entre otras cosas,  a precisar el alcance del derecho a la reunificación familiar.

7. El derecho a la salud, en conexidad con el derecho a la vida, no sólo porque el acceso de las personas desplazadas a los servicios esenciales de salud se ve sustancialmente dificultado por el hecho de su desplazamiento, sino porque las deplorables condiciones de vida que se ven forzados a aceptar tienen un altísimo potencial para minar su estado de salud o agravar sus enfermedades, heridas o afecciones preexistentes.[13] Los Principios 1, 2 y 19 precisan el alcance de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno.

8. El derecho a la integridad personal[14], que resulta amenazado tanto por los riesgos que se ciernen sobre la salud de las personas desplazadas, como por el alto riesgo de ataques al que están expuestos por su condición misma de desposeimiento.[15] A este derecho se refieren los Principios rectores 5, 6 y 11,

9. El derecho a la seguridad personal[16], puesto que el desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos, presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados para varios derechos fundamentales de los afectados. Para la interpretación del alcance de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno son pertinentes los  Principios rectores 8, 10, 12, 13 y 15.

10. La libertad de circulación por el territorio nacional[17] y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir[18], puesto que la definición misma de desplazamiento forzado presupone el carácter no voluntario de la migración a otro punto geográfico para allí establecer un nuevo lugar de residencia. Los principios 1, 2, 6, 7 y 14 resultan relevantes para la interpretación del alcance de estos derechos en relación con la población desplazada.

11. El derecho al trabajo[19] y la libertad de escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven forzados a migrar a las ciudades y, en consecuencia, abandonar sus actividades habituales. Para la interpretación de estos derechos resultan relevantes los principios 1 a 3, 18, 21, 24 y 25, que establecen criterios para garantizar medios para la obtención de un nivel de vida adecuado y la protección de sus propiedades o posesiones.

12. El derecho a una alimentación mínima[20], que resulta insatisfecho en un gran número de casos por los altísimos niveles de pobreza extrema a los que llegan numerosas personas desplazadas, que les impiden satisfacer sus necesidades biológicas más esenciales y repercuten, por ende, sobre el disfrute cabal de todos sus demás derechos fundamentales, en particular sobre los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud. Ello es especialmente grave cuando el afectado es un menor de edad. Para la interpretación del alcance de este derecho son pertinentes los Principios 1 a 3, 18 y 24 a 27, relativos al nivel de vida adecuado que se debe garantizar a la población desplazada y a la asistencia humanitaria.

13. El derecho a la educación, en particular el de los menores de edad que sufren un desplazamiento forzado y se han visto obligados, por ende, a interrumpir su proceso de formación.[21]. En relación con este derecho, resultan relevantes los Principios13 y 23.

14. El derecho a una vivienda digna[22], puesto que las personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie. En relación con este derecho, los Principios 18 y 21 establecen criterios mínimos que deben ser garantizados a la población desplazada a fin de proveerles vivienda y alojamiento básicos.

15. El derecho a la paz[23], cuyo núcleo esencial abarca la garantía personal de no sufrir, en lo posible, los efectos de la guerra, y mucho menos cuando el conflicto desborda los cauces trazados por el derecho internacional humanitario, en particular la prohibición de dirigir ataques contra la población civil[24].Para la interpretación de este derecho son pertinentes los Principios 6, 7, 11, 13 y 21 que prohíben el desconocimiento de las normas de derecho internacional humanitario que protegen a los no combatientes.

16. El derecho a la personalidad jurídica, puesto que por el hecho del desplazamiento la pérdida de los documentos de identidad dificulta su registro como desplazados y el acceso a las distintas ayudas, así como la identificación de los representantes legales, cuando se trata de menores de edad que son separados de sus familias.[25] El alcance de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno se encuentra expresamente consagrado en el Principio rector 20.

17. El derecho a la igualdad[26], dado que (i) a pesar de que la única circunstancia que diferencia a la población desplazada de los demás habitantes del territorio colombiano es precisamente su situación de desplazamiento, en virtud de ésta condición se ven expuestos a todas las violaciones de los derechos fundamentales que se acaban de reseñar, y también a discriminación y (ii) en no pocas oportunidades, el hecho del desplazamiento se produce por la pertenencia de la persona afectada a determinada agrupación o comunidad a la cual se le atribuye cierta orientación respecto de los actores en el conflicto armado y por sus opiniones políticas, criterios todos proscritos como factores de diferenciación por el artículo 13 de la Carta. Lo anterior no excluye, como se ha visto, la adopción de medidas de acción afirmativa a favor de quienes se encuentren en condiciones de desplazamiento, lo cual de hecho constituye una de las principales obligaciones reconocidas por la jurisprudencia constitucional en cabeza del Estado.[27] Los alcances de este derecho han sido definidos por los Principios 1 a 4, 6, 9 y 22, que prohíben la discriminación a la población desplazada, recomiendan la adopción de medidas afirmativas a favor de grupos especiales dentro de la población desplazada y resaltan la importancia de que a los desplazados se les garantice un trato igualitario.”

Por otra parte, el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas surte consecuencias especialmente graves sobre el goce efectivo de sus derechos fundamentales colectivos a la autonomía, la identidad, y el territorio. Entre los distintos factores del desplazamiento forzado que conllevan una violación de estos derechos colectivos se encuentran la pérdida o el abandono del territorio tradicional, el desarraigo que rompe las pautas culturales directamente asociadas al territorio, el desplazamiento especialmente agudo de los líderes y autoridades tradicionales con sus necesarias secuelas sobre la integridad cultural, y en general la ruptura del tejido social causada por este crimen. Tal y como se explicó en el Auto 218 de 2006, “el desplazamiento forzado es particularmente gravoso para los grupos étnicos, que en términos proporcionales son los que sufren un mayor nivel de desplazamiento en el país, según se ha informado reiteradamente a la Corte y lo han declarado distintos analistas del fenómeno. El impacto del conflicto como tal se manifiesta en hostigamientos, asesinatos, reclutamiento forzado, combates en sus territorios, desaparición de líderes y autoridades tradicionales, bloqueos, órdenes de desalojo, fumigaciones, etc., todo lo cual constituye un complejo marco causal para el desplazamiento. El desplazamiento de los grupos indígenas y afrocolombianos conlleva una violación grave de los derechos constitucionales específicos de los que son titulares, incluyendo sus derechos colectivos a la integridad cultural y al territorio. Más aún, la relación de los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos con su territorio y los recursos presentes en él transforma el desplazamiento forzado en una amenaza directa para la supervivencia de sus culturas.”

2. Deberes estatales frente a la afectación severa de los pueblos indígenas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

Por su deber de garantizar los derechos fundamentales de la población (arts. 1 y 5, C.P.) y por el mandato constitucional de preservación de la diversidad étnica y cultural del país (art. 7, C.P.), es claro para la Corte que el Estado colombiano está en la obligación doble de prevenir las causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, y atender a la población indígena desplazada con el enfoque diferencial que para ello se requiere.

En el ámbito de la prevención, es claro que el Estado no ha dado cumplimiento a sus obligaciones constitucionales. Si bien se ha acreditado ante la Corte que existen dos documentos orientadores de la respuesta estatal en este ámbito –la “Directriz para la Prevención y Atención Integral de la Población Indígena en Situación de Desplazamiento y Riesgo, con enfoque diferencial”, y el “Plan Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas en Alto Grado de Vulnerabilidad y Riesgo de Desaparición”-, los cuales han sido objeto de talleres de capacitación y desarrollo adicional en distintas regiones del país, es difícil ver cómo estos documentos se han traducido, en la práctica, en acciones concretas de prevención de la afectación desproporcionada del conflicto armado sobre los pueblos indígenas colombianos, de prevención del desplazamiento forzado causado por el conflicto armado, o de atención material diferencial y oportuna a sus víctimas.

En esa medida, dado que la respuesta estatal a la situación de los pueblos indígenas ha sido meramente formal y se ha traducido en la expedición de documentos de política sin repercusiones prácticas, la Corte Constitucional concluye que el Estado colombiano ha incumplido sus deberes constitucionales en este ámbito, en forma grave.

MEDIDAS A ADOPTAR

En atención a la situación que se ha descrito y examinado en la presente providencia, la Corte Constitucional ordenará a los funcionarios que se enuncian posteriormente que, en el término máximo de seis (6) meses contados desde la notificación del presente auto, adopten dos decisiones coordinadas.

Primero, que diseñen e implementen, dentro de sus respectivas órbitas de competencia, un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados Por el Desplazamiento, con el nombre que los responsables gubernamentales estimen aconsejable ponerle. Este programa deberá ser adoptado, junto con un cronograma para su implementación y seguimiento, dentro del término de seis (6) meses, y deberá contener componentes de prevención y atención así como respetar los criterios de racionalidad constitucional en las políticas públicas mencionadas en el presente auto y en otros donde se ha ordenado incluir un enfoque diferencial, en este caso en cumplimiento del principio de diversidad etnocultural.  En el diseño de este programa se aplicarán los parámetros constitucionales de participación de las organizaciones que abogan por los derechos de los pueblos indígenas, así como de líderes de los pueblos indígenas más afectados por el desplazamiento. Los responsables de diseñar e implementar esta orden serán los mismos de la orden atinente a los planes de salvaguarda que se enuncia a continuación.  

Segundo, que formulen e inicien la implementación de planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para cada uno de los pueblos identificados en la presente providencia.

Estos planes de salvaguarda étnica deben responder, tanto en el ámbito de la prevención del desplazamiento forzado como de la atención a sus víctimas, a la crítica situación descrita para cada uno de estos pueblos en los acápites precedentes y en el anexo.

Así mismo, cada uno de dichos planes de salvaguarda étnica ha de contemplar los siguientes elementos mínimos:

1. Ha de ser debidamente consultado en forma previa con las autoridades de cada una de las etnias beneficiarias, de conformidad con los parámetros que ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia constitucional para que la participación sea efectiva y respetuosa de la diversidad etnocultural.

2. Debe contener tanto un elemento de prevención del impacto desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado sobre el pueblo indígena respectivo, como un elemento de atención efectiva y diferencial a las personas desplazadas a la fecha.

3. Debe atender a los derechos fundamentales de las víctimas de los crímenes que se han descrito en el presente documento a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

4. Debe incluir un componente básico de protección de los líderes, autoridades tradicionales y personas en riesgo por sus posturas de activismo o de liderazgo.

5. Debe prever herramientas para el fortalecimiento de la integridad cultural y social de cada etnia beneficiaria.

6. Debe contener un ingrediente de protección de los territorios tradicionales, especialmente de los que están en proceso de titulación y asimismo de los que ya se encuentran titulados, frente a los distintos procesos bélicos y de despojo que se han descrito en el presente auto.

7. Debe prever que el principal objetivo ante la población indígena desplazada ha de ser el de garantizar su retorno en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad; pero asimismo, debe atender a los casos especiales de las personas, familias y comunidades que no pueden volver a sus territorios por la vigencia de las amenazas de los grupos armados o de quienes propiciaron su destierro.

8. Debe respetar, como mínimo, los siguientes elementos de racionalidad en tanto componente de una política pública seria y racional de atención diferencial al desplazamiento forzado indígena:

8.1. Especificidad individual de cada Plan, sus Componentes y sus respectivos Elementos Constitutivos. Cada Plan de Salvaguarda, con sus componentes y sus correspondientes elementos Constitutivos, debe ser creado en forma específica, individual y autónoma en el marco de la política pública de atención a la población desplazada para atender la situación de la respectiva etnia beneficiaria. No se admitiría que, en cumplimiento de la orden de creación de este Plan de Salvaguarda, se subsuman o fraccionen los objetivos que mediante él se pretenden en el marco de otros programas desarrollados por el Gobierno Nacional para atender las necesidades de la población vulnerable o la población indígena, ni de otros componentes o programas ya existentes en el marco del SNAIPD. Enfatiza la Corte que debe crearse un nuevo Plan de Salvaguarda específicamente diseñado para atender esta orden, con los Componentes y los Elementos Constitutivos recién enunciados.

8.2. Definición de metas puntuales a corto, mediano y largo plazo, basadas en el goce efectivo de los derechos fundamentales individuales y colectivos a garantizar.

8.3. Cronograma acelerado de implementación.

8.4. Presupuesto suficiente y oportunamente disponible. La Sala advierte expresamente que la inexistencia de apropiaciones presupuestales o la no disponibilidad inmediata de presupuesto no será admitida bajo ninguna circunstancia por la Corte Constitucional como justificación válida para el incumplimiento de esta orden. La presente providencia genera en cabeza de los destinatarios de las órdenes aquí impartidas la obligación de asegurar que el Plan de Salvaguarda cuente con presupuesto suficiente y oportunamente disponible, para lo cual tienen el deber de aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a las disposiciones normativas que puedan constituir un obstáculo para ello.

8.5. Cobertura material suficiente, de conformidad con el espectro fáctico de violación de los derechos fundamentales de la etnia beneficiaria, según se han descrito en la presente etnia, y desde las perspectivas de prevención, protección y materialización de los derechos de las víctimas.

8.6. Garantías de continuidad hacia el futuro, en el marco de la política pública de atención e indiferentemente a los cambios coyunturales o políticos.

8.7. Adopción e implementación de indicadores de resultado, basados en el criterio del goce efectivo de los derechos fundamentales individuales y colectivos de la etnia respectiva. Estos indicadores de resultado, que habrán de ser específicos para el Plan de Salvaguarda y para cada uno de sus Componentes y Elementos Constitutivos, podrán armonizarse con las baterías de indicadores que ya han sido adoptadas por la Corte Constitucional y por el Gobierno Nacional.

8.8. Diseño e implementación de mecanismos e instrumentos específicos de coordinación interinstitucional, tanto entre las entidades del SNAIPD, como en las entidades públicas externas con las cuales se establezcan vínculos de colaboración al interior del Plan de Salvaguarda, y  entre el nivel nacional y las entidades territoriales.

8.9. Desarrollo e implementación de mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan medir de manera permanente el avance, el estancamiento, el rezago o el retroceso del Plan de Salvaguarda en relación con sus Componentes y Elementos Constitutivos, así como el goce efectivo de los derechos fundamentales que se busca proteger.

8.10. Diseño e implementación de instrumentos de corrección oportuna frente a estancamientos o retrocesos en el cumplimiento de las metas del Plan.

8.11. Diseño e implementación de mecanismos internos de respuesta ágil y oportuna a las quejas o solicitudes puntuales de atención presentadas por la población desplazada.

8.12. Armonización con los demás elementos de la política pública e integración formal a la misma, a cargo de Acción Social, mediante los procedimientos administrativos a los que haya lugar. En particular, cada Plan de Salvaguarda se habrá de armonizar con los documentos de política ya existentes, a saber, la “Directriz para la Prevención y Atención Integral de la Población Indígena en Situación de Desplazamiento y Riesgo, con enfoque diferencial”, y el “Plan Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas en Alto Grado de Vulnerabilidad y Riesgo de Desaparición”, sin subsumirse en ellos.

8.13. Apropiación nacional y autonomía. Es indispensable que el diseño e implementación de cada Plan de Salvaguarda no dependan en su integridad de la cooperación internacional, sino que tengan una sólida base nacional, establecida por las autoridades colombianas que conforman el SNAIPD. Si bien la cooperación internacional es un elemento deseable, importante y bienvenido para efectos de crear e implementar estos proyectos, es necesario, para garantizar su estabilidad a mediano y largo plazo en el marco de la política pública de atención al desplazamiento forzoso, que sean proyectos basado en los esfuerzos del gobierno nacional, que debe proveer el impulso primordial para su materialización, con la concurrencia de las entidades territoriales donde ellos sea conducente a alcanzar los objetivos del respectivo Plan de Salvaguarda..

8.14. Armonización con otros procesos y programas que se adelantan por el Gobierno Nacional o por otras autoridades, pero siempre manteniendo su autonomía propia.

8.15. Obligaciones de diseño e implementación de cada Plan de Salvaguarda en cabeza del Acción Social, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, el ICBF, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Defensa y el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal, bajo la coordinación unitaria y centralizada del Director de Acción Social.

Las órdenes relativas a la creación e implementación de cada Plan de Salvaguarda serán impartidas al Director de Acción Social y al Ministro del Interior y de Justicia - con la intervención dentro de sus órbitas de competencia de la Directora del ICBF, la Ministra de Educación, el Ministro de la Protección Social, el Ministro de Defensa y el Director del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal - por ser éstas las autoridades y entidades integrantes del SNAIPD con competencias específicas para la adopción de las medidas urgentemente requeridas por los pueblos indígenas afectados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

Sin embargo, la coordinación del diseño, adopción e implementación del Plan de Salvaguarda y cada uno de sus Componentes y Elementos Constitutivos es un deber de Acción Social y del Ministerio del Interior y de Justicia; para efectos de materializar cada una de estas etapas, estas autoridades podrán acudir a las distintas herramientas jurídicas con las que cuentan en sus competencias respectivas de coordinación de las distintas entidades que conforman el SNAIPD y de la atención de los grupos étnicos del país, e igualmente solicitar el concurso de las demás entidades públicas que considere pertinente involucrar. La presente providencia provee un título jurídico suficiente para que active sus competencias de coordinación en forma efectiva.

Advierte la Corte que, en relación con los distintos obstáculos normativos que pueden afectar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la presente providencia dentro de los términos estrictos aquí fijados –por ejemplo, disposiciones normativas sobre procedimientos presupuestales o requisitos administrativos-, el Director de Acción Social y el Ministro del Interior y de Justicia están en la obligación de aplicar la excepción de inconstitucionalidad. No se admitirá este tipo de razones como justificación para el incumplimiento de las órdenes impartidas en el presente Auto para proteger los derechos fundamentales de las personas y pueblos indígenas en riesgo de desplazamiento por el conflicto armado o efectivamente desplazados.

8.16. Término de seis (6) meses para finalizar el proceso de diseño de cada Plan de Salvaguarda e iniciar su fase de implementación.

La Corte reconoce que el diseño de cada Plan de Salvaguarda Étnica de estas características es una tarea altamente compleja, especialmente por el tipo y diversidad de problemas que se deben abordar, por lo cual se considera que un término de seis (6) meses es razonable para que el Plan de Salvaguarda esté en condiciones de iniciar su implementación.

RESUELVE

Primero.- DECLARAR que los pueblos indígenas de Colombia, según lo advertido en esta providencia, están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario, todo lo cual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo de indígenas.

Segundo.- DECLARAR que el Estado colombiano está en la obligación doble de prevenir las causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, y atender a la población indígena desplazada con el enfoque diferencial que para ello se requiere. En consecuencia ORDENAR a los mismos funcionarios enunciados en el siguiente numeral que diseñen e implementen, dentro de sus respectivas órbitas de competencia, un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados Por el Desplazamiento, con el nombre que los responsables gubernamentales estimen aconsejable ponerle. Este programa deberá ser adoptado, junto con un cronograma para su implementación y seguimiento, dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de este auto, y deberá contener componentes de prevención y atención así como respetar los criterios de racionalidad constitucional en las políticas públicas mencionadas en el presente auto y en otros donde se ha ordenado incluir un enfoque diferencial, en este caso en cumplimiento del principio de diversidad etnocultural.  En el diseño de este programa se aplicarán los parámetros constitucionales de participación de las organizaciones que abogan por los derechos de los pueblos indígenas, así como de líderes de los pueblos indígenas más afectados por el desplazamiento.

Tercero.- ORDENAR al Director de Acción Social y al Ministro del Interior y de Justicia, - con la participación de la Directora del ICBF, la Ministra de Educación, el Ministro de la Protección Social, el Ministro de Defensa y el Director del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal - que, en el término máximo de seis (6) meses a partir de la notificación del presente auto, formulen e inicien la implementación de planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para cada uno de los pueblos identificados en la presente providencia. En el cumplimiento de esta orden deberán tener participación efectiva las autoridades legítimas de los pueblos indígenas enunciado de conformidad con lo señalado tanto en la parte motiva como en el anexo de la presente providencia. Estos planes son:

1. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Wiwa.

2. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Kankuamo.


3. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Arhuaco.

4. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Kogui.

5. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Wayúu.

6. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Embera-Katío.

7. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Embera-Dobidá

8. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Embera-Chamí

9. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Wounaan

10. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Awá

11. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Nasa

12. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Pijao

13. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Koreguaje

14. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Kofán

15. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Siona

16. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Betoy

17. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Sikuani

18. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Nukak-Makú

19. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo del pueblo Guayabero

20. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo U'wa

21. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Chimila

22. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Yukpa

23. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Kuna

24. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Eperara-Siapidaara.

25. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Guambiano

26. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Zenú

27. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Yanacona

28. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Kokonuko

29. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Totoró

30. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Huitoto

31. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Inga

32. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Kamentzá

33. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Kichwa

34. El Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Kuiva.

Cuarto.- COMUNICAR la presente providencia al Fiscal General de la Nación, para que en ejercicio de sus competencias adopte las determinaciones encaminadas a evitar la impunidad de las conductas delictivas de las cuales han sido víctimas los miembros de los pueblos indígenas.

Quinto.- COMUNICAR la presente providencia al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y al Contralor General de la República, para que dentro de su órbita de competencia adopten las medidas a que haya lugar. Se les SOLICITA que, según lo consideren, informen a la Corte sobre las mismas, y sobre las medidas que han adoptado desde sus respectivas esferas de competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas desplazados, confinado o en peligro de desplazamiento.

Sexto.- COMUNICAR la presente providencia al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para que adopten las decisiones que estimen pertinentes.

Séptimo.- COMUNICAR la presente providencia a la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento, así como a las organizaciones que abogan por los derechos de los pueblos indígenas, v.gr. la ONIC, AICO, y las demás de carácter regional que participaron en la sesión de información técnica del 21 de septiembre de 2007.

Octavo.- COMUNICAR la presente providencia a las autoridades indígenas de los pueblos que deben ser protegidos mediante un plan de salvaguarda étnica v.gr. los pueblos indígenas Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U'wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva.

Noveno.- COMUNICAR la presente providencia a la Comisión Colombiana de Juristas.

Décimo.- COMUNICAR la presente providencia al Consejo Noruego para Refugiados con el fin de que adopte las decisiones que estime pertinentes para hacer el seguimiento al cumplimiento de este auto.

Comuníquese y cúmplase.

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

JAIME CORDOBA TRIVIÑO

Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General

ANALISIS FOCALIZADO DE LA SITUACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS COLOMBIANOS MAYORMENTE AFECTADOS POR EL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO

Durante el proceso de monitoreo del cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento la Corte Constitucional ha recibido una serie de documentos y testimonios acerca de la situación que afrontan los siguientes pueblos indígenas: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayuu, Embera-Katio, Embera-Dobida, Embera-Chami, Wounaan, Awa, Nasa, Coreguaje, Cofan, Siona, Betoye y Nukak-Maku.

La situación que se describe en esos documentos y testimonios es alarmante. Por eso, el objeto de este anexo es sintetizar lo que en ellos se expone sobre cada uno de los pueblos indígenas mencionados, con el fin de hacer visibles las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que padecen,  lo cual hace imperioso que el Estado actúe para salvaguardar los derechos de las  comunidades y de las personas que las integran.

  

Como se ha señalado, en este anexo se compendian los datos que han sido reportados a esta Corporación, sin que la Corte asuma una posición frente a ellos. Corresponde a las autoridades competentes, a las cuales se les comunica el presente auto, adoptar las decisiones que estimen conducentes para esclarecer lo sucedido y la exactitud de todo lo que se menciona, al igual que sancionar a los responsables que se identifiquen en el transcurso de las investigaciones.

En los documentos y testimonios recibidos se relatan hechos criminales atribuidos a la guerrilla y a grupos paramilitares, y en algunos casos a miembros de la Fuerza Pública. Al respecto, la Corte considera necesario manifestar que ella parte de la base de que las conductas ilícitas atribuidas a miembros de la Fuerza Pública fueron ejecutadas por cuenta propia. Por eso, la mención de esos delitos en este anexo no puede entenderse como una afirmación acerca de que ellos son el producto de una política de la Fuerza Pública. Como se ha indicado, en todos esos casos las denuncias deben ser investigadas en lo referido a su exactitud y a los supuestos responsables de las mismas.

Por otra parte, es importante anotar que la lista de los pueblos en situación crítica no se agota con las comunidades cuya situación se describe en este anexo. Existen otras etnias sobre las cuales también la Corte ha recibido información y para las cuales es igualmente necesario adoptar un plan de salvaguarda específico. Estas son: Pijao, Sikuani, Guayabero, U'wa, Chimila, Kuna, Yukpa, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenu, Yanacona, Kokonuko, Totoro, Huitoto, Inga, Kamentza, Kichwa y Kuiva. Sin embargo, la Corte no tuvo a su alcance suficiente información para poder referirse adecuadamente a la situación que afrontan estas comunidades. Por esta razón, la Corte estimó que lo más prudente era incluirlas en la orden de protección, pero dejar a un proceso posterior la identificación de sus problemas específicos atinentes al conflicto armado y al desplazamiento interno. La carga de identificar estos problemas recae sobre el gobierno.

Por lo tanto, también en relación con estos pueblos el gobierno deberá (i) iniciar un proceso de participación efectiva con las autoridades indígenas legítimas de cada comunidad con el fin de identificar los problemas que deben ser abordados por el plan de salvaguarda correspondiente y, (ii) luego, diseñar con participación de los pueblos concernidos el respectivo plan. En estos procesos participativos se habrán de respetar las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional, en aplicación del bloque de constitucionalidad, y las autoridades indígenas podrán invitar a participar a organizaciones sociales que abogan por sus derechos así como a asesores externos a la comunidad. De los invitados se informará previamente al Ministerio del Interior y de Justicia.

SITUACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA.

A. Situación del pueblo indígena Wiwa ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo Wiwa ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente.

Las principales fuentes consultadas para la escritura de este capítulo son las siguientes: (1)Informe Regional de la Misión Internacional de Verificación a la Sierra Nevada de Santa Marta”, septiembre de 2006; (2) “Pronunciamiento de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta”, 21 de julio de 2006; (3) “Informe actual sobre la situación de violencia en los pueblos Wiwa y Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta – Colombia” (informe preparatorio para la Misión Internacional de Verificación de septiembre de 2006); (4) Denuncia a la opinión pública sobre el proceso de exterminio de los indígenas Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta”, efectuada por el Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta – Departamento de la Guajira; (5) Documento titulado “Un acercamiento a la situación de derechos humanos del pueblo Wiwa”, elaborado por la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona; (6) Comunicado de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona titulado: “¿Si nos matan los que nos deben proteger, qué se puede esperar?”; (7) Comunicado de la ONIC titulado “Sobre el reciente asesinato de otro Gunama Wiwa”; (8) Resolución Defensorial No. 024 del 18 de septiembre de 2002, sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá.

1. Panorama general de afectación étnica del pueblo Wiwa por el conflicto armado.

La población Wiwa actualmente es de aproximadamente 15.000 personas. Las comunidades Wiwa están ubicadas en el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, en Valledupar, San Juan del Cesar, Riohacha, Dibulla y Santa Marta. Estas comunidades son, principalmente, las siguientes: en la Guajira, las comunidades de El Limón, Marokazo, Sabana Joaquina, Kuashrimake (La Laguna), Wamaka, Potrerito, Machín, Ulago, Siminke, Barcino, Dudka, Linda, Loma del Potrero, Piñoncito, Sabana Grande, El Caney, El Pital, La Peña de los Indios, Gomake, Kurubal. En el Cesar, las comunidades de Pozo de Humo y Teyumke. En el Magdalena, las comunidades de Kemakumake y Goshezhi. La principal organización que agrupa y representa al pueblo Wiwa es la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), la cual agrupa a la población Wiwa y Kogui del Cesar y la Guajira  (5127 wiwas y 3324 koguis en Cesar; 5127 wiwas en la Guajira).

  1. El pueblo Wiwa ha sido, sin lugar a dudas, una de las etnias más duramente golpeadas por el conflicto armado colombiano en los últimos años. El teatro de la guerra se ha trasladado materialmente al territorio Wiwa, por lo cual los ha victimizado directamente. Como se verá en el subcapítulo siguiente, los Wiwa han sido víctimas de una secuencia escalofriante de asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, amenazas, hostigamientos, torturas, detenciones arbitrarias, señalamientos y abusos por parte de los grupos armados ilegales, y en algunos casos, según se denuncia, por parte de miembros aislados de la Fuerza Pública.  Varios líderes y comunidades han sido declarados objetivo militar por distintos grupos armados. Este panorama de violaciones graves de sus derechos fundamentales ha causado el desplazamiento de amplios segmentos de este pueblo, tanto en forma masiva como individual.
  2. En la Sierra, la incursión de la guerrilla desde mediados de los años 80 vino acompañada de violencia contra los pueblos indígenas; luego, la entrada de los paramilitares al final de los noventa agudizó la violencia; y actualmente la guerra por el control territorial de áreas estratégicas y de cultivos ilícitos ha exacerbado la violencia entre los distintos grupos armados que operan en la región. El carácter estratégico de la Sierra Nevada para los actores armados radica en: salida al mar y contacto con el resto del país, por lo cual es un corredor estratégico para el transporte de armas y droga; recursos naturales despiertan intereses privados de apropiación para fines comerciales; acceso estratégico a tres departamentos. Las acciones insurgentes y contrainsurgentes han generado el asesinato de líderes y miembros de la etnia, desapariciones forzadas, quema y destrucción de viviendas y poblados, desplazamientos forzados, y reclutamientos de miembros individuales de la comunidad, entre otras violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

  3. Desde la llegada de las guerrillas a la zona los Wiwa fueron objeto de estrategias de control y de exigencias de ayuda, so pena de muerte o de violencia contra sus miembros. La guerrilla llegó al territorio Wiwa en 1985 por ser una zona militar y económicamente estratégica; su arribo marcó el inicio de la violencia que los afecta actualmente, con la ocurrencia de homicidios, desapariciones y desplazamientos. El panorama bélico se agudiza en 1999 con la entrada de los paramilitares, y finalmente con el establecimiento de la economía ilegal de la coca, que ha exacerbado la disputa territorial entre los distintos grupos armados.
  4. Desde 2001 se inicia la etapa de afectación más grave por el conflicto armado. Las acciones insurgentes y contrainsurgentes han generado asesinato de líderes, desapariciones, quema de viviendas, desplazamientos, y reclutamientos. Las masacres más graves tuvieron lugar con la entrada a la zona de las AUC en desarrollo de estrategias contrainsurgentes, principalmente por la ocurrencia de señalamientos colectivos a comunidades enteras de ser colaboradores de la guerrilla o guerrilleros, desconociendo el carácter coercitivo de la “colaboración” que habían sido obligados a prestar. Algunos miembros individuales de la etnia Wiwa fueron reclutados por la guerrilla; el castigo por estas transgresiones individuales, de parte de las AUC,  fue colectivo, con la realización de masacres, ataques, maltratos y abusos. En general, los Wiwa son objeto permanente de señalamientos de ser de la guerrilla o ser sus colaboradores. Varios líderes y comunidades han sido declarados objetivo militar.

    Actualmente hay noticia de la presencia de grupos paramilitares que no se desmovilizaron en el proceso de 2005-2006, en las partes bajas de las cuencas de los ríos Jerez, Ancho y Palomino en Dibulla. Su presencia y operancia genera temor y zozobra en la población. Además, desarrollan actividades de narcotráfico, con la violencia consiguiente.

    Persisten actualmente las amenazas por parte de grupos armados ilegales contra los Wiwa –incluidas sus autoridades tradicionales-, profesores, líderes y directivos de la organización OWYBT. También se reporta a la Corte que  cuando los Wiwa están en las partes bajas son considerados frecuentemente como milicianos o guerrilleros, y cuando vuelven a sus comunidades de hacer gestiones en los poblados de la parte baja de la Sierra, son señalados por la guerrilla como integrantes de la red de cooperantes e informantes de las Fuerzas Armadas. De la misma manera, se hostiga a los que quedan en libertad luego de ser detenidos por las autoridades bajo acusaciones de rebelión que, a la larga, resultan en la mayoría de los casos infundadas. Se ha denunciado a este respecto la labor de informantes reinsertados de la guerrilla que señalan infundadamente a Wiwas inocentes.

    Ante la Corte se ha reportado el involucramiento en el conflicto armado de miembros de la comunidad Wiwa, tanto por parte de las guerrillas como de los paramilitares, en calidad de informantes, guías o traductores, bien sea a cambio de dinero, o mediante amenazas.  Se ha precisado que en algunos casos este involucramiento es de miembros de la comunidad, a menudo de infractores de la ley tradicional, que luego de ser sancionados se resienten con sus comunidades de origen, y en consecuencia efectúan señalamientos a las autoridades indígenas de ser colaboradores de alguna de las partes enfrentadas.

    Manifiestan los Wiwa que su vida comunitaria ha sido afectada por la presencia de las Fuerzas Armadas en los resguardos. Señalan que la fuerte presencia militar en el territorio Wiwa no ha redundado en disminución de la violencia, sino que, por el contrario, se ha traducido en enfrentamientos militares dentro de su territorio y, en no pocos casos, en violaciones de sus derechos humanos por miembros individualmente considerados de la Fuerza Pública. De allí que, por ejemplo, hayan manifestado su oposición al proyecto de construir una base militar en lo que fuera el pueblo de Guachirimake (La Laguna), destruido por el Ejército mismo en un bombardeo, según relatan ellos.

  5. También han denunciado ante las autoridades la ocurrencia de detenciones masivas arbitrarias, sin respeto por el debido proceso. Según denuncias de la comunidad, hay numerosos casos de indígenas wiwa detenidos y judicializados por rebelión, lo cuales, luego de ser liberados ante la ausencia de pruebas, son objeto de señalamientos y hostigamientos por parte de los paramilitares. La comunidad afirma que en su gran mayoría las personas detenidas no tienen vínculos con los actores armados, y que han sido denunciados injustamente por la red de cooperantes e informantes.

En los documentos se expresa que, además, el conflicto armado restringe la movilidad por el territorio Wiwa. Las estrategias bélicas y de control de los grupos armados ilegales, y también de la Fuerza Pública, conllevan restricciones en el paso de alimentos, personas, medicamentos e insumos básicos. Estas restricciones, sumadas al frecuente robo de alimentos, cultivos y ganados por los grupos armados, han generado una seria crisis alimentaria. En efecto, el recrudecimiento del conflicto armado ha generado un serio desabastecimiento alimentario por la destrucción de cultivos, el hurto de ganado y animales, la destrucción y saqueo de tiendas, las restricciones a la movilidad de alimentos y personas, el miedo de los vehículos a subir a la zona ante la posibilidad de ser objeto de ataques, y la interrupción de las labores agrícolas por causa del desplazamiento forzado. Inicialmente la crisis alimentaria surgió de las restricciones y bloqueos alimenticios impuestos por los grupos paramilitares, que además prohibieron a los Wiwa comercializar sus cosechas; luego se acentuó por la destrucción y hurto de cultivos y animales por todos los grupos armados, y por las restricciones alimentarias impuestas por el Ejército, que frecuentemente acusa a los wiwas de alimentar a la guerrilla e impone topes a los alimentos que se pueden transportar por familias, por ejemplo, no permite que se transporten más de 4 kg de arroz por familia para la semana. La situación alimentaria incide especialmente sobre los menores de edad, exacerbando las tasas de morbi-mortalidad por desnutrición y enfermedades prevenibles de la infancia.

La incomunicación y el aislamiento de las comunidades, causada por la distancia geográfica de sus asentamientos, las restricciones a la movilidad impuestas por los grupos armados –se reportan, por ejemplo, toques de queda impuestos por el ejército entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana-, el mal estado de las vías y el temor a entrar, salir o transitar por su territorio, genera una grave invisibilidad de sus problemas y su situación.

También se ha generado una situación de afectación en la salud del pueblo Wiwa causada por la amenaza o el asesinato de auxiliares y promotores de salud y de las brigadas médicas, por el saqueo de puestos de salud, y por las restricciones al paso de medicamentos y de enfermos. Estos problemas de salud derivados de la inseguridad, se agudizan por los problemas en el servicio que presta  la EPS Tenaka.

Las restricciones de movilidad y la afectación de los sitios sagrados por el conflicto armado han generado un grave impacto cultural, ya que afectan la dinámica de los pagamentos, y por lo tanto atentan contra la integridad étnica del pueblo Wiwa. A este respecto debe tenerse en cuenta que, en la cosmovisión de esta etnia, los sitios sagrados tienen sentido al estar intercomunicados para la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta como corazón del mundo; los mamos y sagas juegan un rol crítico en su cuidado, y de esa práctica depende, en su criterio, la supervivencia del conjunto. La interferencia y el control de sus formas culturales propias por los actores del conflicto armado afectan, así, en forma directa, su derecho a la integridad cultural.

Las autoridades Wiwa han denunciado repetidamente que han sufrido daños por operaciones indiscriminadas de fumigación, que no han recaído únicamente sobre cultivos ilícitos, sino también sobre los cultivos de pancoger, el agua y los suelos, afectando su salud.

Los Wiwa también han denunciado que han sido afectados por la construcción de la represa del Río Ranchería, que en su criterio se realizó sin que se hubiera realizado un proceso de consulta previa adecuado, y contrariando los acuerdos suscritos en 2001 entre el Gobierno Nacional y los cuatro pueblos de la Sierra Nevada. Se han opuesto a la construcción de la represa del río Ranchería porque ésta afectará el medio ambiente; incidirá sobre uno de sus sitios sagrados; y se encuentra además en la zona de proyección del resguardo. Independientemente de estas protestas, según se ha reportado a la Corte, las obras de construcción de la represa se iniciaron y actualmente están en desarrollo.

Más aún, los Wiwa han reportado la gestión lenta e ineficiente del INCORA en el saneamiento de sus territorios y la constitución de resguardos, que aumenta su riesgo ante los agresores, interesados en apropiarse de sus territorios por su valor militar y económicamente estratégico.

También informan sobre la afectación del goce efectivo del derecho a la educación por causa del conflicto armado, principalmente por las amenazas a maestros y educadores por los actores armados.

Los Wiwa se han declarado reiteradamente como un grupo neutral ante el conflicto armado. Así, por ejemplo, en el año 2006 expresaron: “nuestros pueblos no se encuentran en territorio de ningún actor armado, sino que son los actores armados los que están en nuestros territorios, realizando una guerra que no sólo es ajena sino que no la alcanzamos a comprender. Es así como los diferentes actores armados transitan y viven en nuestros territorios, pero no viven entre nosotros.”[28]. En otra ocasión, se manifestaron en los términos siguientes: “Hoy se nos ha desplazado en nuestro propio territorio, se han burlado de nuestra cultura, pisoteando y profanando  nuestros sitios sagrados, a  pesar de  nuestra declaración de autonomía y neutralidad  frente a todos los actores que insisten en vincularnos al conflicto armado que vive nuestro país, desconociendo nuestro derecho a existir de acuerdo a nuestra cultura, nuestras propias formas de gobierno y regidos por nuestras autoridades tradicionales.” Y en otra oportunidad, se expresaron así: “La arremetida de estos actores armados contra los pueblos Kággaba (Kogui) y Wiwa, guardianes de la Sierra Nevada de Santa Marta, ha generado el desplazamiento de las tierras que heredamos de nuestros ancestros y que por tiempos milenarios hemos habitado; han pisoteado nuestra cultura, profanando nuestros sitios sagrados, a pesar de nuestra declaración de autonomía y neutralidad frente al conflicto. Nos han vinculado a una disputa  armada, absolutamente  desconocida por los miembros de nuestra sociedad.”

2. Relación detallada de los crímenes sobre los que se ha alertado a la Corte Constitucional.

La Corte ha sido alertada sobre una serie de crímenes de los que ha sido víctima la población Wiwa. En los documentos que sirven de fuente a este aparte se mencionan, entre otros, los siguientes crímenes perpetrados contra la población Wiwa en el curso del conflicto armado:

Masacres y actos de violencia colectiva contra los Wiwa reportados ante la Corte

a. Masacre de El Limón: 30 de agosto a 5 de septiembre de 2002. Se reporta la muerte de 6 personas, incluidos 2 ancianos y 3 menores; generó el desplazamiento de la mayor parte de la comunidad a Riohacha, al barrio “Abuwimake”, donde están todavía con temor a volver. Hubo quema de las viviendas, tortura de personas, y aterrorizamiento de la población. Esta masacre se atribuye por los Wiwa a los paramilitares, quienes habrían contado con la colaboración de elementos del Batallón Cartagena.

b. Masacre de Potrerito: enero de 2003. Se reporta la destrucción de la comunidad por ametrallamiento y bombardeo por aire y tierra, por parte de las Fuerzas Armadas – Batallón de Artillería No. 2 La Popa. Dicen que también participaron las AUC. Se informa sobre la quema de viviendas, el colegio, el centro de salud, y la destrucción de los cultivos. Se informa que entre finales de enero y febrero de 2003, por los combates entre las Fuerzas Armadas y las AUC contra la guerrilla, se desplaza la comunidad de Potrerito a zonas rurales y urbanas de San Juan del Cesar, Villanueva, Valledupar, Riohacha y la Serranía del Perijá; actualmente hay sólo 5 familias Wiwa de esta comunidad en el territorio, viviendo en la población de la Peña de los Indios del resguardo kogui-Malayo-Arhuaco.

c. Masacre de Marokazo: 21 de abril de 2003. Se reporta que tropas del Ejercito Nacional – Batallones Rondón y Cartagena, que estaban concentradas desde el 16 de abril en el corregimiento de Caracolí, ingresaron a Marokazo con helicópteros artillados realizando bombardeos, generando daños materiales, y amenazas contra la población. Se denuncia que luego de que el Ejército se fue entraron las AUC y en su recorrido asesinaron, torturaron y golpearon hombres y mujeres; destruyeron el centro de salud, llevándose medicinas e implementos; quemaron casas; mataron animales; y destruyeron una tienda comunitaria y una tienda particular. Este hecho generó el desplazamiento de 19 familias – 175 personas, hacia El Machín, La Peña de los Indios, Ulago y San Juan del Cesar.

d. Masacre de La Laguna. En los documentos se expresa que del 20 al 25 de abril de 2003, la comunidad de Cuachirimake (La Laguna) fue objeto de ametrallamientos indiscriminados desde un helicóptero y aviones de combate de las FAC, al igual que de un ataque por parte de tropas de los batallones Cartagena y Rondón de las Fuerzas Armadas. Se manifiesta que también participaron en los ataques miembros de las AUC. Este hecho generó el desplazamiento de 52 personas a poblaciones Kággaba vecinas de El Colorado y Mamarongo en la parte más alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Posteriormente, del 21 al 24 de mayo de 2003, hubo combates que afectaron La Laguna, Sabana de Joaquina, Seminke y Goamaka, causando el desplazamiento interno de las comunidades. Luego, en septiembre de 2003, hubo combates en Sabana Grande, que generaron el desalojo casi completo de la comunidad. Hoy quienes fueran sus habitantes viven en San Juan, Valledupar y en otras comunidades del resguardo en el Cesar.

e. Masacre de Las Mercedes: el 8 de diciembre de 2003 la comunidad fue destruida por la guerrilla. Para diciembre de 2005 seguían desplazadas 50 familias dentro y fuera del resguardo; la comunidad está en ruinas. Es un punto estratégico de tránsito entre las partes alta y baja del territorio Wiwa, por lo cual su sometimiento al control de los grupos armados y al conflicto coarta la movilidad.

Crímenes individuales reportados ante la Corte

1. 12 enero de 2001: se reporta el asesinato de 7 personas en San Juan del Cesar – La Ye de Guacanayal, incluidos 2 líderes de Gonawindúa: Manuel Gil Alberto (Wiwa) y un kankuamo (Álvaro Romero). Se atribuye a miembros del Batallón Rondón del Ejército Nacional. La denuncia fue instaurada, pero no se ha avanzado en la investigación.

2. 19 de diciembre de 2001: se reporta el bombardeo de un sitio sagrado, Zhitenguia, por un helicóptero y aviones de las Fuerzas Armadas.

3. 14 de marzo de 2002: se reporta un bombardeo contra mujeres de Wamaka mientras recogían coca para sus prácticas ceremoniales; este hecho generó un desplazamiento a los cerros.

4. 9 de marzo de 2002: se reporta la tortura y asesinato de dos indígenas Wiwa de El Limón, los hermanos Elber y William Montero Calvo, en un retén de los paramilitares en el corregimiento de Tomás. A este respecto se informa sobre la permanencia y el desarrollo de retenes de los paramilitares durante tres meses, pese a la cercanía de la base militar del batallón Cartagena.

5. 29 de marzo de 2002: se reporta que paramilitares del bloque norte de las AUC toman como escudos humanos  a varios miembros de la comunidad de Tembladera y los llevan hasta Piñoncito y Caracolí en las Sabanas de Manuela, donde reúnen a las comunidades y las amenazan acusándolas de ser colaboradores de la guerrilla. En los documentos se acusa a miembros del Ejército de participar en este operativo.

6. 10-15 de julio de 2002: se reporta que un grupo del Bloque Norte de las AUC proveniente de Caracolí irrumpe en Marokazo, generando el desplazamiento de toda la comunidad. Se denuncia el hurto de gallinas y cultivos, robo de implementos personales y saqueo de viviendas, saqueo de la tienda y del puesto de salud; se acusa a miembros del Batallón Rondón de participar y de amenazar y hacer señalamientos contra la comunidad; en particular se denuncia que amenazaron con bombardear la tienda comunitaria.

7. 14 de julio de 2002: se denuncia que hubo un bombardeo indiscriminado, por parte de aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas, sobre Potrerito y Sabanagrande, a causa de los cuales murieron los Wiwa Marcelo Nieves (30 años) y Raúl Nieves Mestre (23 años). También se reporta el saqueo por parte del Ejército de los alimentos del restaurante escolar donados por el ICBF. En los documentos se manifiesta que el Ejército reportó públicamente que se habían presentado combates, y que los alimentos se encontraron en campamento de la guerrilla. Los hechos causaron el desplazamiento de las comunidades a San Juan del Cesar y la Sierra Nevada.

8. 16 de julio de 2002: se informa que cuando se va el Ejército de Tembladera, entran los paramilitares, roban ganado (reses, mulas y caballos) y obligan a los pobladores a acompañarlos a llevar el ganado a El Carmen.

9. 17 de julio de 2002: se reporta que después de un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla, los paramilitares amenazan a la población de Curazao y alrededores de La Junta dándoles 2 horas para salir; se genera el desplazamiento de indígenas a poblaciones cercanas – Lagunita, Tocapalma, Peña de La Junta-.

10. 29 de agosto de 2002: se denuncia que miembros de las AUC asesinan en el sitio Comejenes – finca Las Paivas a los Wiwa Eliécer Mendoza Rabillo (7 años), Albeiro Mendoza Rabillo (12 años), Francisco Mendoza Rabillo (17 años). Según se reporta, hay presencia cercana del Ejército en Casitas – Batallón Cartagena.

11. 30 de agosto de 2002: se reporta, en El Limón, el asesinato de la señora Rosalía Loperena (84 años) con una granada frente a sus nietos, y la desaparición de su esposo Luis Antonio Mendoza (88 años) y su hijo Jaime Elías Mendoza Loperena (48 años), cuyo cadáver apareció descuartizado. También se informa que al caserío llegaron disparando indiscriminadamente, lo que causó la muerte de dos niñas, y la quema de 23 casas. Al día siguiente, según se informa a la Corte, llegó el Ejército, se comieron los animales que quedaban, y saquearon la tienda comunitaria.

12. 1º de septiembre de 2002: se denuncia que miembros del Batallón Cartagena de Riohacha, en un operativo en Contadero, El Limón, Marocaso, Tembladera y Caracolí, asesinan entre otras personas a dos indígenas Wiwa –José Ángel y Alberto Sarmiento, y que reúnen a la comunidad de Piñoncito y les dan un plazo para desalojar su territorio. En los documentos se dice que en esta última acción participaron también miembros de las AUC. Esta situación genera el desplazamiento de 1500 personas.

13. 19-20 de enero de 2003: se reporta una incursión de presuntos paramilitares en las comunidades de Bernaka y Potrerito; lanzan granadas, destruyen casas y animales, y generan el desplazamiento de las comunidades.

14. 20 de abril de 2003: se reporta que un helicóptero ametralla la comunidad de La Laguna, y genera el desplazamiento de los pobladores.

15. 21 de abril de 2003: se reporta la ocurrencia de dos ametrallamientos más, por parte de un helicóptero y unos aviones. Los ametrallamientos también afectaron sitios sagrados.

16. 20 de abril de 2003: se reporta que, en La Laguna, hombres armados destruyen las tiendas comunitarias, saquean el centro étnico educativo, destruyen y saquean el restaurante escolar, y queman y saquean los medicamentos e instrumentos de salud donados a la comunidad. También se informa que todas las casas fueron quemadas, que se comieron los animales y el ganado, y maltrataron a varios indígenas. En los documentos se denuncia  una presunta autoría de miembros del Ejército. En la acción también habrían participado hombres del Bloque Norte de las AUC.

17. 21 a 25 de abril de 2003: se denuncia que tropas del Ejército llegan a Marokazo, destruyen una tienda y saquean el puesto de salud.

18. 22 de abril de 2003: se reporta que en Wamaka, presuntos miembros del Ejército quemaron cuatro casas del mamo y la zaga; violentaron todas las viviendas del caserío; quemaron las drogas; maltrataron físicamente al comisario; a otro indígena lo desnudaron y lo pasearon por el pueblo a culatazos para que dijera dónde estaba la guerrilla. Se comieron animales, destruyeron herramientas, destruyeron la escuela y profanaron la casa sagrada o Kankurua, profanando los objetos sagrados. En los documentos se dice que en la acción participaron también miembros de las AUC.

19. 27 de abril de 2003: se reporta que los paramilitares se llevan a 5 personas incluido un indígena de la finca La Amazona, que no volvió aparecer; apareció el cadáver de otra persona, un campesino (Hiraldo Manjarrez), descuartizado.

20. 9 de mayo de 2003: se reporta la ocurrencia de combates entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla en Marokazo, que generan el desplazamiento de las comunidades del área.

21. 28 y 29 de agosto de 2003: se reportan bombardeos y ametrallamientos indiscriminados por parte de la Fuerza Aérea contra La Sierrita y Sabanagrande, poblados indígenas, que generan el desplazamiento de sus habitantes hacia San Juan y La Sierra.

22. 4 de septiembre de 2003: se reporta que tropas del Batallón Cartagena llegan a Gomake y obligan a dos indígenas a acompañarlos a buscar a la guerrilla a Mamarongo. En Mamarongo hurtan y comen ganado y productos, y profanan pertenencias sagradas de los mamos.

23. Septiembre 7-8 de 2003: se denuncia que en las comunidades de Coloradito y Wuamaka miembros de las Fuerzas Armadas hurtan y comen ganado y alimentos, y maltratan a indígenas. En los documentos se dice que en la acción participaron también miembros de las AUC.

24. Septiembre 26 de 2003: se denuncia que un grupo de hombres armados con prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas reúnen en Marocazo a toda la comunidad; unos encapuchados señalan y separan a Braulio Montoya López (63 años) y lo asesinan. Luego en Contadero el grupo asesina al indígena Marcos Calvo y amenaza a sus familiares con que les falta asesinar al hermano restante.

25. 9 de enero de 2004: se denuncia que un grupo armado identificado como de las AUC llega a Kuashirimake (La Laguna) y dispara contra los indígenas José del Carmen Torres, Fernando Torres y Eliécer Torres, que sobreviven.

26. 30 de enero de 2004: se informa sobre la llegada del Batallón Rondón a la comunidad. En los documentos se denuncian violaciones, saqueo y quema de las viviendas por parte de algunos soldados, así como señalamientos a los Wiwa de ser colaboradores de la guerrilla y a las mujeres de ser amantes o compañeras de los jefes guerrilleros.

27. 18 de enero de 2004: se reporta el asesinato, en San Juan del Cesar, de José Pedro Pastor Alberto y Zunilda Villazón Montano, desplazados, por paramilitares.

28. 17 de febrero de 2004: se denuncia el asesinato del propietario y el conductor del único vehículo que cubría la ruta San Juan – La Peña de Los Indios. Se dice que el día anterior el Ejército les había dado 24 horas para renovar los documentos del vehículo para poder seguir transitando, y que simultáneamente con los asesinatos hubo allanamientos por el Ejército a sus casas.

29. 7 de abril de 2004: se reporta el asesinato de los indígenas Víctor Julio Montaño y Simón Montaño y el campesino Emer Manjarrez en la ruta San Juan – Peña de los Indios a la altura de Zambrano, y quema del vehículo en el que iban, que era el único que cubría la ruta, con el mercado, dentro del límite de $40.000 por familia que permite el Ejército. Como consecuencia de este hecho, ni siquiera los vehículos de poblaciones vecinas transitan por el área, por miedo; según informan, la única forma de salir del resguardo es caminando 8 horas con riesgo de retenes.

30. 8 de abril de 2004: se reporta el asesinato, en su casa, de Luis Fernando Montaño en la Peña de los Indios, por tres hombres armados que portaban prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

31. 11 de abril de 2004: se reportan los bombardeos de las comunidades de La Celosa, Sabana Joaquina y El Filo del Machín, generando el desplazamiento de las personas, de quienes se perdió el rastro.

32. 19 de mayo de 2004: se denuncia el desplazamiento masivo de decenas de familias Wiwa a Dibulla por amenazas de los paramilitares.

33. 15 de enero de 2005: se reporta el asesinato en San Juan del Cesar por las AUC de 2 wiwas, uno de ellos reconocido líder y miembro de OWYBT.

34. 18 de enero de 2005: se reporta el asesinato en San Juan del Cesar de los wiwas Ángel Melquíades Loperena y Darío Loperena, hermanos, tesorero de OWYBT y docente de la comunidad respectivamente.

35. 15 de febrero de 2005: se denuncia el asesinato de la wiwa Noemí Pacheco Zabatá y su esposo kankuamo por tropas del batallón La Popa, en medio de un  enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y las FARC.

36. 15 de febrero de 2005: se denuncia la desaparición de los wiwas Juan Ignacio Solís, Antonio Solís Loperena y Julio Solís Torres de la comunidad de El Barcino, presuntamente por las FARC.

37. 5 de abril de 2005: se denuncia la detención, en San Juan, del docente y líder wiwa Elkin José Móvil Alberto, por parte del batallón Rondón Buenavista, acusado de rebelión y abastecimiento de alimentos a la guerrilla. Se resalta la importancia de su labor de liderazgo y de denuncia la violación de derechos humanos. Fue puesto en libertad luego de más de dos meses. Se manifiesta que el proceso continúa y que él está basado en señalamientos hechos por guerrilleros desmovilizados que viven en el Batallón.

38. 10 de abril de 2005: se denuncia el asesinato de Carlos Alberto Vega Camacho por miembros del Batallón Rondón en el área rural del municipio de Villanueva – Serranía del Perijá.

39. 17 de abril de 2005: se reporta el asesinato del menor Wiwa Ángel David Lotiza en Riohacha, y lesiones a su hermanito Juan Tomás, hijos del coordinador de educación de OGT en la Guajira.

40. 26 de mayo de 2005: se reporta el asesinato, por las FARC, de los wiwas Bélica Argenta Mejía y Esteban Argenta Mejía.

41. 10 de agosto de 2005: según manifiesta la comunidad, el Ejército informa en un comunicado de prensa que entre algunos guerrilleros de las FARC dados de baja se encuentra el indígena wiwa Robinson Pacheco Malo, quien en realidad está vivo y reside en la comunidad de El Cerro; el comunicado dice que también se había capturado a un subversivo, el kankuamo Juan de Jesús Mendoza Arias, casado con una mujer wiwa y residente en el Cerro, a quien se maltrata y captura después por parte de algunos soldados.

42. 25 de agosto de 2005: se reporta que, en Sabanas de Joaquina, el profesor Alcibíades Mejía Solís y el menor Luis Guillermo Maestre Cáceres fueron detenidos por la Policía, durante la “Operación Atasques”; se denuncia que ambos fueron presentados a la opinión pública como guerrilleros del Frente 59 de las FARC.

43. 27 de agosto de 2005: se denuncian ametrallamientos y bombardeos indiscriminados por la Fuerza Aérea a las comunidades de El Cerro, Piedra Lisa y Rongoy en el Cesar.

44. 28 de septiembre de 2005: se reporta el asesinato de Rosa Armenta Nieves por paramilitares en el caserío de Las Colonias en Riohacha.

45. Agosto de 2005: se denuncia que el profesor de la Comunidad Sabana Joaquina fue señalado infundadamente de ser un líder guerrillero y que, posteriormente, 5 helicópteros, una avioneta y un helicóptero aterrizaron a menos de 100 metros de la escuela, y varios agentes capturaron al maestro en el salón de clase. Su detención fue reportada a la opinión pública como la captura del jefe político del Frente 59 de las FARC. El maestro fue liberado después.

46. 12 de octubre de 2005: la comunidad de Gongra en el municipio de Riohacha es objeto de una toma por 300 miembros de la guerrilla, quienes se apropiaron de las casas y los cultivos de la comunidad, estableciendo allí su campamento y base de operaciones; el hecho genera el desplazamiento de 12 familias.

47. Finalizando 2005: se denuncia que un indígena de la comunidad de Ulago (San Juan) fue detenido por tres miembros del Ejército y que, posteriormente, apareció su cadáver con uniforme de la guerrilla y armas y fue reportado como muerto en combate.

48. 14 de octubre de 2005: se denuncia un atentado contra el maestro Luis Oswaldo Nieves.

49. 10 de diciembre de 2005: se denuncia el asesinato del wiwa Laudelino Montaño Loperena, quien habría sido sacado de su casa y detenido por miembros del Batallón Rondón – X Brigada, y posteriormente fue presentado como un guerrillero dado de baja en el reporte militar correspondiente. Apareció su cadáver entre Ulago y Sabana Joaquina el 10 de diciembre.

50. 11 de diciembre de 2005: se reporta la detención por parte del Batallón Rondón de los esposos José Mestre Crespo y Maira Cáceres, de la comunidad de Sabana de Joaquina, bajo la acusación de rebelión. La comunidad se opuso a  la medida.  

51. 3 de enero de 2006: se reporta que en Sabana Joaquina fueron detenidos por hombres armados Celso Carrillo - de El Limón y desplazado a Sabana Joaquina - y Ricardo Arias Solís, de Sabana Joaquina. En los documentos se menciona que, posteriormente, el Ejército, en un informe militar del 4 de enero, los presentó a la opinión pública como guerrilleros dados de baja en combate, que respondían a los alias de “Agustín” y “César”.

52. 7 de enero de 2006: se reporta la detención por la SIJIN, en Valledupar, de la enfermera de Marokazo, Carmen Arias Cáceres, quien es procesada por rebelión.

  1. 53. 9 de enero de 2006: se reporta el asesinato de Bernardo Montaño Armenta, de la comunidad de La Peña de los Indios, en la calle en San Juan del Cesar, por presuntos paramilitares.
  2. 54. 21 de enero de 2006 – se denuncia que Farid Nieves Nieves, de la comunidad de Potrerito pero desplazado al casco urbano de San Juan del Cesar, a las 2:00 AM en el sector Villa Corelca del casco urbano, fue muerto por agentes del GAULA de Valledupar, cuando -según el GAULA- hubo un intercambio de disparos con dos extorsionistas dados de baja en flagrancia. La comunidad niega su involucramiento en los hechos y controvierte las circunstancias de su asesinato.

  3. 55. 25 de marzo de 2006 – se denuncia que Ever José Vega Vega y Heiner Vega Radillo, de El Placer, que vivían en Riohacha, en el corregimiento de Corretalito en Barrancas (Guajira), fueron muertos por agentes del GAULA de Valledupar cuando, según el GAULA, iban a extorsionar a un comerciante junto con otros hombres. La comunidad controvierte las circunstancias de su muerte.
  4. 56. 6 de abril de 2006: se reporta el asesinato en Riohacha del Mamo mayor wiwa Juan Alberto Gil, de la comunidad de Cherúa, en su residencia del Barrio 31 de octubre, por dos pistoleros en moto, presuntos sicarios de los paramilitares locales.

  5. 57. 30 de abril de 2006: se denuncia que Héctor José Nieves Nieves, de Potrerito, fue asesinado con un disparo por dos policías del Comando Departamental de La Guajira, cuando realizaban una requisa a su vivienda en el corregimiento de La Junta de San Juan del Cesar, argumentando que perseguían a milicianos de las FARC.
  6. 58. 12 de mayo de 2006: se denuncia el asesinato, en la finca Torcoroma del corregimiento de Mingueo (Dibulla – Guajira), de Marceliano Pacheco Malo por presuntos paramilitares de las AUC.

    59. 2 de agosto de 2006 – se denuncia la detención, por el Ejército, del wiwa Román Vega Nieves mientras trabajaba en San Juan del Cesar, en una parcela de la finca La Mina. En los documentos se dice que, el 3 de agosto, se presentó su cadáver como el de un guerrillero de las FARC dado de baja en combate en el municipio de La Jagua del Pilar, con una camiseta verde oliva,  una granada y un revólver que la familia niega que tuviera. También se afirma que Román Luis Vega Nieves y su hermano Juan Segundo Vega Nieves habían sido detenidos en octubre de 2005 en la comunidad de La Loma del Potrero por tropas del Batallón Rondón por 8 días; al liberarlos los militares les advirtieron que no regresaran a la comunidad donde habían sido detenidos, porque “no respondían”.

    60. 19 de marzo de 2007: se denuncia la desaparición de Víctor Julio Mendoza Montero (78 años) en Potrerito, mientras se encontraban tropas del Batallón Rondón en las inmediaciones.

    61. 21 de julio de 2007: se reporta el asesinato del indígena Wiwa Pedro Evangelista Montero Nieves, de la comunidad de Sabana Grande, que estaba desplazado en San Juan del Cesar – corregimiento de Curazao, en su casa, aparentemente por paramilitares de las llamadas “Águilas Negras”. Dejó una viuda y 9 hijos.

    3. Afectación del pueblo Wiwa por el desplazamiento forzado

    La situación recién descrita ha sido la causa de una grave afectación de la etnia Wiwa por el desplazamiento forzado, que se ha presentado tanto a nivel masivo como individual, y aún pende en tanto riesgo claramente identificable sobre las comunidades y familias de este pueblo.

    El desplazamiento masivo de las comunidades wiwa ha tenido lugar en distintas ocasiones; entre las que se han reportado a la Corte, se incluyen: (a) en 2003, se desplazaron 22 familias (133 personas), (b) en 2004 se desplazaron 90 familias (509 personas) a San Juan del Cesar, (c) en 2005 se desplazaron 10 familias y varias personas; (d) en 2006 hubo varios desplazamientos de familias hacia Riohacha y Palomino (Dibulla). Desde entonces no han vuelto a haber desplazamientos masivos de la población wiwa, pero según se informa a la Corte, los desplazamientos individuales, familiares y a pequeña escala son constantes; muchos de ellos ocurren dentro del mismo resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, por lo cual son invisibles.

    Los desplazados sufren una ruptura cultural, junto con malas condiciones de vida y violencia en los lugares de llegada. En el lugar de desplazamiento se ven enfrentados a prejuicios, intolerancia y discriminación. Más aún, sus condiciones de vida durante el desplazamiento son infrahumanas. Así, por ejemplo, en el Barrio Abuwimake de Riohacha, donde están desplazadas las 26 familias de El Limón desde el 7 de septiembre de 2002, se reporta que la población desplazada vive en casas de plástico establecidas por la alcaldía, sin la infraestructura necesaria; constantemente se reportan casos de niños enfermos por falta de agua limpia e higiene básica; además son objeto de violencia y señalamientos por los actores armados. En efecto, se han reportado hostigamientos y amenazas por todos los actores armados contra estas familias desplazadas, y la detención de algunos de ellos por las Fuerzas Armadas: Ledis Loperena Joño (1º de junio de 2005), Deudelith Enrique Guerra Luna –suntalo- (15 de abril de 2006), y Aris Melder Vidal Mendoza (30 de junio de 2006).

    En criterio de las comunidades afectadas, los retornos promovidos por el Gobierno son insostenibles. Por otra parte, se han presentado algunos retornos espontáneos, que han sido causa de nuevos problemas entre los retornados y los grupos armados que operan en la zona.

    Así, se informa que los procesos de retorno de El Limón, La Laguna y Potrerito en 2006 están paralizados. El último hecho del que se tiene noticia fue que en octubre de 2005 una comisión interinstitucional fue a las comunidades a establecer los procedimientos y la agenda de retornos. Por otra parte, se ha reportado que el retorno de Sabana Grande ni siquiera está en la agenda de las autoridades.

  7. Igualmente, se ha informado sobre algunos retornos espontáneos bajo condiciones de riesgo, de las comunidades de Potrerito (16 familias), Sabana Grande (24 familias), El Limón (18 familias), y La Laguna (2 familias).

4. Medidas cautelares del sistema interamericano a favor de la población Wiwa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó medidas cautelares para proteger a la población Wiwa el 4 de febrero de 2005. En los términos de la Comisión, las medidas consistieron en lo siguiente:

“La información disponible indica que durante los últimos dos años este pueblo indígena ha sido víctima de una serie de actos de violencia paramilitar incluyendo el asesinato de aproximadamente 50 líderes indígenas, el desplazamiento forzado de más de 800 personas y la afectación de la situación humanitaria de las comunidades de La Laguna, El Limón, Marokazo, Dudka, Linda y Potrerito. Se alega que el 19 de enero de 2005 fueron asesinados el Tesorero General de la Organización Wiwa Yugumaiun Bukuanarúa Tairona, Ángel Milcíades Loperena Díaz y su hermano Darío Loperena, maestro de la comunidad, en San Juan del Cesar (departamento de La Guajira), habiéndose atribuido responsabilidad al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el mando de 'Jorge 40'. En vista de la situación de riesgo para los beneficiarios, la Comisión solicitó al Estado colombiano la adopción de las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, respetando su identidad cultural y protegiendo la especial relación que tienen con su territorio, conforme a las obligaciones contraídas por el Estado; brindar atención humanitaria a las víctimas de desplazamiento y de la crisis alimentaria, en particular a las niñas y niños del pueblo indígena; concertar las medidas de protección colectiva, incluyendo la presencia de un defensor comunitario, con los beneficiarios, a través de sus organizaciones representativas Wiwa Yugumaiun Bukuanarúa Tairona (OBYBT) y la Organización Gonabindúa Tairona y los peticionarios; adoptar las medidas necesarias a fin de poner término a los hechos de violencia y las amenazas proferidas en contra de la comunidad beneficiaria. (…)”

En criterio de las comunidades Wiwa beneficiarias, el proceso de concertación de la implementación de estas medidas cautelares con las autoridades revela la falta de voluntad del Estado colombiano de proteger realmente sus derechos humanos. Según informan estas comunidades, la concertación consistió en que las autoridades se aproximaron al pueblo Wiwa para dar inicio al proceso un año después del otorgamiento de las medidas por la CIDH; 18 meses después, se han hecho 3 reuniones de concertación y se han entregado algunos celulares y horas de transporte, lo cual se considera irrisorio. No se ha avanzado sustancialmente, e incluso se ha informado sobre algunas autoridades que cuestionan la legitimidad de haber solicitado estas medidas. Mientras tanto, según se indicó, han continuado las violaciones a los derechos humanos de este pueblo.

5. Respuesta estatal a la situación.

La respuesta de las autoridades a la alarmante situación del pueblo Wiwa se ha concentrado en tres ámbitos: el proceso de implementación de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la iniciación y el desarrollo incipiente de algunos procesos de retorno; y la realización de múltiples reuniones de concertación con representantes del pueblo Wiwa, en las cuales se han reconocido ciertas situaciones de alta gravedad y se han adquirido compromisos genéricos que, a la larga, han sido incumplidos.

5.1. Implementación de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH

El proceso de implementación de las medidas cautelares es descrito por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, en su respuesta al Auto 248 de 2007 de la Corte Constitucional, en los siguientes términos:

- Constitución de una mesa de trabajo el 29 de septiembre de 2007 con las entidades del Estado de los niveles nacional, departamental y local, los peticionarios y los beneficiarios;

- Adopción de medidas de carácter colectivo e individual de protección;

- Asistencia humanitaria a los beneficiarios;

- Apoyo del Estado a las asambleas del pueblo Wiwa en 2007;

- Reuniones periódicas de concertación y seguimiento donde se revisan situaciones de seguridad y protección de la comunidad; visitas de seguimiento en la zona;

- Seguimiento a las investigaciones penales y disciplinarias;

- Adopción de medidas de seguridad por la Fuerza Pública y la Policía;

- Inclusión en el proyecto de comunidades en riesgo.

En otro de los documentos aportados por la Dirección de Etnias a la Corte, esta dependencia se expresa así:

 “Tema: Ultimas actuaciones en el marco de Medidas Cautelares Wiwa

ANTECEDENTES

El 4 de febrero de 2005 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. La información disponible indica que durante los últimos dos años este pueblo indígena ha sido víctima de una serie de actos de violencia paramilitar incluyendo el asesinato de aproximadamente 50 líderes indígenas, el desplazamiento forzado de más de 800 personas y la afectación de la situación humanitaria de las comunidades de La Laguna, El Limón, Marokazo, Dudka, Linda y Potrerito.

I. MEDIDAS GENERALES

Un apoyo de transporte colectivo equivalente a 150 horas con una temporalidad de seis meses para el grupo de derechos humanos de la organización Wiwa, aprobado en sesión del mes de enero de 2007. Por solicitud de los miembros del grupo de derechos humanos se individualizaron los apoyos de transporte, teniendo en consideración, que los mencionados señores residen en municipios diferentes, de acuerdo a la información suministrada a este Despacho.

II. MEDIDAS INDIVIDUALES

[Líder 1]

- Apoyo de transporte terrestre temporal equivalente a 150 horas mensuales por seis meses aprobado mediante Acta 01 del 06 de marzo de 2006 y prorrogado posteriormente por otros seis meses mediante Acta 01 del 30 de enero de 2007.

- Un medio de comunicación celular, mediante Acta 01 del 06 de marzo de 2006.

- Dos tiquetes aéreos nacionales aprobados en el mes de junio de 2007, para asistir a la reunión de concertación de las medidas cautelares del pueblo Wiwa con el Estado (uno de estos no fue utilizado).

[Líder 2]

- Medio de comunicación celular por doce (12) meses, aprobado mediante Acta 38 del 14 de agosto de 2006.

- Dos tiquetes aéreos nacionales aprobados en el mes de junio de 2007, para asistir a la reunión de concertación de las medidas cautelares del pueblo Wiwa con el Estado (uno de estos no fue utilizado).

[Líder 3]

- Medio de comunicación celular por doce (12) meses, aprobado mediante Acta 38 del 14 de agosto de 2006.

- Un apoyo de transporte terrestre por 50 horas mensuales, por seis meses aprobado el 20 de junio de 2007.

[Líder 4]

- Medio de comunicación celular por doce (12) meses, aprobado mediante Acta 38 del 14 de agosto de 2006.

- Un tiquete nacional aprobado mediante trámite de emergencia del mes de abril de 2007.

- Dos tiquetes aéreos nacionales aprobados en el mes de junio de 2007, para asistir a la reunión de concertación de las medidas cautelares del pueblo Wiwa con el Estado (uno de estos no fue utilizado)

[Líder 5]

- Medio de comunicación celular por doce (12) meses, aprobado mediante acta 38 del 14 de agosto de 2006.

[Líder 6]

- Medio de comunicación celular por doce (12) meses, aprobado mediante acta 38 del 14 de agosto de 2006.

[Líder 7]

- Medio de comunicación celular por doce (12) meses, aprobado mediante acta 38 del 14 de agosto de 2006.

[Líder 8]

- Medio de comunicación celular por doce (12) meses, aprobado mediante acta 38 del 14 de agosto de 2006.

[Líder 9]

- Medio de comunicación celular por doce (12) meses, aprobado mediante acta 38 del 14 de agosto de 2006.

- Un tiquete nacional aprobado mediante trámite de emergencia del mes de abril de 2007.

- Dos tiquetes aéreos nacionales aprobados en el mes de junio de 2007, para asistir a la reunión de concertación de las medidas cautelares del pueblo Wiwa con el Estado.

- Un apoyo de transporte terrestre por 50 horas mensuales, por seis meses aprobado el 20 de junio de 2007.

[Líder 10]

- Un apoyo de transporte terrestre por 50 horas mensuales, por seis meses, aprobado el 20 de junio de 2007.

- Un medio de comunicación celular, aprobado por emergencia el 01 de junio de 2007.

- Dos tiquetes aéreos nacionales aprobados en el mes de junio de 2007, para asistir a la reunión de concertación de las medidas cautelares del pueblo Wiwa con el Estado (uno de estos no fue utilizado).

[Líder 11]

- Un medio de comunicación celular, aprobado por emergencia el 01 de junio de 2007.

- Dos tiquetes aéreos nacionales aprobados en el mes de junio de 2007, para asistir a la reunión de concertación de las medidas cautelares del pueblo Wiwa con el Estado (uno de estos no fue utilizado).

[Líder 12]

- Un (1) apoyo de reubicación temporal, aprobado por emergencia del 15 de agosto de 2006.

- Dos (2) apoyos de reubicación temporal, aprobados mediante acta 03 del 05 de septiembre de 2006.

- Un tiquete nacional aprobado mediante trámite de emergencia del mes de abril de 2007, junto con su compañera permanente.

- Dos tiquetes nacionales, aprobados por trámite de emergencia el 07 de abril de 2007, para [el líder] y su esposa, con el fin de participar en una asamblea Wiwa en la ciudad de Valledupar.

- Cuatro tiquetes aéreos nacionales para la familia del señor [líder] aprobados en junio por trámite de emergencia.

[Líder 13]

- Un apoyo de transporte terrestre por 50 horas mensuales, por seis meses aprobado el 20 de junio de 2007.

[Líder 14]

- Un apoyo de transporte terrestre por 50 horas mensuales, por seis meses aprobado el 20 de junio de 2007.

Resumen comunidad indígena Wiwa

MEDIDACANTIDAD
Apoyo de transporte terrestre (meses)18
Apoyo de reubicación temporal3
Medio de comunicación celular11
Tiquetes aéreos nacionales16
Beneficiarios14”

5.2. Desarrollo incipiente de algunos procesos de retorno de las comunidades desplazadas.

Acción Social remitió a la Corte una tabla en la que se dan respuestas puntuales a las distintas denuncias efectuadas por el pueblo Wiwa sobre su situación, y sobre el desarrollo de los procesos de retorno. De dicha tabla, la Corte resalta los siguientes elementos.

1) En respuesta a los documentos: “Informe preparatorio Misión Internacional de Verificación”, e “Informe actual sobre la situación de violencia en los pueblos Wiwa y Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta – Colombia”, se reporta:

“Queja y/o solicitud: retorno familias Wiwa desplazadas en el año 2003.

Respuesta: Desde el año 2004 se está haciendo el Plan de Retorno, conforme al Protocolo de Retornos de Acción Social y en este momento se encuentra en la fase de Análisis Situacional.

Observaciones: Ver Anexo”.

“Queja y/o solicitud: Sostenibilidad de los retornos a las comunidades de origen del pueblo Wiwa.

Respuesta: El retorno tiene un proceso de acompañamiento por parte del CCAI el cual viene adelantando procesos de reconstrucción de escuelas, centros de salud y mejoramiento de hábitat.

- Se reinstaló el servicio de Energía Eléctrica por parte del Departamento con una Inversión de $119.000.000 de pesos. De Villanueva a Vera Cruz.

- Se optimizó el servicio de Acueducto por sistema de bombeo.

- En la escuela se encuentran matriculados 30 niños, de los cuales 18 se encuentran en los grados de 1º a 4º de primaria y los 12 restantes se encuentran en el programa de crecimiento y desarrollo.

- El puesto de salud se encuentra arreglado, pero le falta dotación y el nombramiento de la promotora de salud, por parte del Municipio de San Juan del Cesar.

- Hoy se encuentran retornadas 24 núcleos familias integradas por 101 personas.

Los 24 núcleos familiares se encuentran incluidos en el programa RESA, 14 familias se encuentran inscritos en el Programa Familias en Acción y 10 se encuentran en el proceso de inscripción, con la convocatoria que se encuentra abierta.

Se presentó ante Banco Agrario un Proyecto por 33 viviendas, es decir para las 24 familias retornadas y para 9 familias que hicieron resistencia en fincas aledañas al pueblo.

Del área de hábitat de Acción Social y CHF Internacional se aprobaron 24 Unidades de Saneamiento Básico, cuya construcción se inicia el 20 de septiembre. Se entregó una Donación de alimentos el día 24 de agosto. Se aprobaron alimentos de la OPSR 10366 por 80 días y la primera entrega se hará el 20 de septiembre.”

2) En respuesta al documento de la OWYBT titulado “Un acercamiento a la situación de derechos humanos del pueblo Wiwa”, se informa:

“Queja y/o solicitud: Retorno comunidades y familias Wiwa a sus lugares de origen. Qué se está haciendo para el retorno de las comunidades de El Limón y La Laguna ubicadas en la jurisdicción de Riohacha y Potrerito ubicada en San Juan del Cesar.

Respuesta: Se han realizado varias reuniones para conocer las necesidades de las familias Wiwa, con el fin de fortalecer la voluntad de retorno de la población indígena de La Laguna, El Limón y Potrerito. Desde el año 2004 se está haciendo el Plan de Retorno, conforme al Protocolo de Retornos de Acción Social y en este momento se encuentra en la fase de Análisis Situacional. Adicional a ello, registramos el Retorno de 99 familias Wayúu hacia Portete, 13 familias Wiwas hacia Corual desde Campana Nuevo y 57 familias wiwas a Potrerito, así como los hogares que han retornado a La Laguna, Potrerito y El Limón.”

3) En respuesta al Acta del Comité Departamental Ampliado en San Juan del Cesar para tratar el tema de los retornos de La Laguna, El Limón y Potrerito, 8 de febrero de 2007, con su respectiva carta remisoria al Cabildo Gobernador Wiwa de San Juan del Cesar, se informa:

“Queja y/o solicitud: Visita que los funcionarios de la UT Guajira realizaron a las comunidades indígenas de La Laguna, El Limón y Potrerito, para la construcción del Plan de Retorno.

Respuesta: Desde el año 2004 se está haciendo el Plan de Retorno, conforme al Protocolo de Retornos de Acción Social y en este momento se encuentra en la fase de Análisis Situacional.”

En relación con la Resolución Defensorial No. 024 de 2002, se informa:

“Queja y/o solicitud: Atención Humanitaria para la población indígena de la sierra Nevada, atendiendo a su situación real y de manera diferenciada, para la superación de la crisis alimentaria de la zona.

Respuesta: [en blanco]

Observaciones: Ver anexo.”

B. Situación del pueblo indígena Kankuamo ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo Kankuamo ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente.

Las principales fuentes utilizadas son las siguientes: (1) Informe Regional de la Misión Internacional de Verificación a la Sierra Nevada de Santa Marta, septiembre de 2006. (2) Informe sobre la “Situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario pueblo Kankuamo Sierra Nevada de Santa Marta, Valledupar, Cesar, 2005-2006 (Primer Trimestre)”, elaborado por el Consejo Nacional Indígena de Paz – CONIP, Septiembre de 2006. (3) Informe Final de la Segunda Misión de Acompañamiento y Solidaridad con el Pueblo Kankuamo, julio de 2006. (4) Informe “Hoja de Cruz” sobre la situación de derechos humanos del pueblo Kankuamo. (5) Resolución Defensorial No. 024 del 18 de septiembre de 2002, sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá. (6) Informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención al Desplazamiento Forzado a la Corte Constitucional, marzo 14 de 2007, con reportes sobre la situación de los pueblos Kankuamo, Awá, Embera y Nukak-Makú. (7) Intervención del representante del pueblo Kankuamo, con anexos (documentos relativos al proceso de estabilización socioeconómica); (8) Informe actual sobre la situación de violencia en los pueblos Wiwa y Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta – Colombia (informe preparatorio para la Misión Internacional de Verificación de septiembre de 2006). (9) Denuncia a la opinión pública sobre el proceso de exterminio de los indígenas Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, efectuada por el Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta – Departamento de la Guajira.

1. Panorama general de afectación étnica del pueblo Kankuamo por el conflicto armado.

El pueblo Kankuamo ha sido quizás el más golpeado de los cuatro pueblos de la Sierra por la violencia del conflicto armado. Las guerrillas y los grupos paramilitares han causado asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, hostigamiento sexual a mujeres y niñas, abuso. También se ha denunciado la comisión de detenciones masivas y arbitrarias, torturas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, señalamientos y hostigamientos por parte de las Fuerzas Armadas y otros agentes estatales. En 6 años se han presentado 228 asesinatos políticos selectivos de líderes, mamos, mujeres y otros; generando 200 viudas, 700 huérfanos, en total impunidad.

El pueblo kankuamo, constituido por aproximadamente 13.000 a 15.000 personas, habita entre las cuencas de los ríos Guatapurí y Badillo; tiene un área de resguardo de 24.000 hectáreas aproximadamente. El resguardo está conformado por 12 comunidades reconocidas por el Estado: Atánquez, Guatapurí, Chemesquemena, Pontón, Las Flores, Mojao, Los Haticos, Rancho de la Goya, Ramalito, La Mina, Ríoseco y Murillo. El resguardo y territorio kankuamo está en el municipio de Valledupar, en una zona de especificidades propias, en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada, por la alta presencia de colonos y campesinos entremezclados con la sociedad indígena por oleadas migratorias sucesivas en el siglo XX, y porque desde los años 70 el territorio se usó como corredor para el transporte de drogas, armas, contrabando, y para cultivo y comercialización de marihuana y coca. Se trata de una zona estratégica por su acceso al mar, por ser área de repliegue rápido y corredor estratégico. Por eso el conflicto entre Fuerzas Armadas, guerrilla y paramilitares se desenvuelve en el territorio kankuamo, con el objetivo de ejercer control territorial; ello ha generado una afectación especial sobre los indígenas, porque por presión, masacres y enfrentamientos, se han ido desplazando.

El territorio kankuamo no era reconocido durante los años setenta ni ochenta como territorio indígena sino como zona de población campesina, por lo cual hubo una alta colonización; una porción del territorio tradicional quedó bajo el resguardo arhuaco. Pero desde hace 15 años los kankuamo, hasta entonces reconocidos como campesinos descendientes de los kankuamo, llamados comúnmente atanqueros, fueron reconocidos como indígenas por su proceso de reconstrucción étnica, ante la desestructuración de los 50 años precedentes causada por la colonización. En 1993 se realizó el primer congreso indígena kankuamo y la creación de la OIK. Cabildo Gobernador: Jaime Arias. En 1997 hubo un reconocimiento de su carácter de pueblo indígena por la Dirección de Etnias. Desde entonces, se ha ido fortaleciendo la organización, y se han incorporado a los kankuamo residentes en Valledupar y en Bogotá.

En menos de 4 años, sin embargo, el pueblo Kankuamo pasó a ser objeto de atención nacional por el asesinato de más de doscientos miembros de la etnia, la mayoría después de 2000, el desplazamiento forzado de casi el 50% del pueblo, y la ocupación de su territorio por todos los actores del conflicto, con las autoridades tradicionales actuando desde sus lugares de recepción, y con varias autoridades que denuncian haber sido víctimas de detenciones arbitrarias.

Los Kankuamo han sido afectados por la dinámica de la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. La violencia empieza con la entrada de las guerrillas, especialmente las FARC en 1988-1990, y luego se exacerba con la entrada de los paramilitares a la zona, generando enfrentamientos por el control de territorios estratégicos. En este contexto, el ELN y las FARC asesinan a líderes y pobladores kankuamos; reclutan forzadamente a jóvenes; extorsionan miembros de la comunidad; inhiben las prácticas económicas y culturales. Los paramilitares de las AUC, se instalan en 1996 y comienzan el proceso de colonización armada, arremetiendo contra los kankuamo mediante masacres, asesinatos de líderes y de población, bloqueo de víveres y medicamentos, restricciones de movilidad interna, secuestro, señalamiento, intimidación y desplazamiento, generando una crisis humanitaria. La presencia de cultivos ilícitos, al igual que los intereses comerciales en los recursos naturales de sus territorios y de la Sierra Nevada, ha exacerbado la violencia contra los pueblos indígenas del área.

En este contexto, se denuncia que las acciones insurgentes y contrainsurgentes han causado asesinatos de líderes, desapariciones, quemas de viviendas, desplazamientos y reclutamientos. Según explican las fuentes aportadas a la Corte, las muertes se dieron porque el orden de control social que impuso a la fuerza la guerrilla en las comunidades habitantes de sus áreas de operación, luego fue atacado por los paramilitares. Se denuncia que los miembros del pueblo Kankuamo han sido víctimas de señalamientos permanentes de ser colaboradores de la guerrilla, situación que los ha convertido en objetivos militares de los grupos paramilitares, y que también los habría expuesto a abusos por parte de la Fuerza Pública.

Entre 1986 y 2003 se presentó un escalamiento de las violaciones de los derechos humanos de los kankuamo, situación confirmada, entre otras, por el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Las principales masacres se presentaron en 2002-2003; después de este período se presentaron múltiples homicidios selectivos, que no cesan. De acuerdo con las estadísticas de la OIK/CONIP a agosto de 2006 sobre el número de víctimas kankuamo por comunidad, en Atánquez se presentaron 86 asesinatos; en La Mina, 32; en Guatapurí, 30; en Río Seco, 25; en Los Haticos, 19; en Chemesquemena, 17; en Murillo, 8; en Pontón, 7; en Ramalito, 5; en Mojao, 2; y en Rancho de La Goya, 1.

Si bien tales violaciones de los derechos humanos tuvieron una disminución notoria desde 2005, el impacto de esta agresión generó una crisis humanitaria irresuelta, en un contexto que para el Relator Especial configura una situación de etnocidio. De particular gravedad son las secuelas sociales, y en la memoria de las víctimas sobrevivientes –en el territorio o desplazadas- de las masacres, incursiones, armadas, homicidios selectivos, desapariciones, muertes de docentes y amenazas.

 En respuesta a la gravedad de la situación, el 24 de septiembre de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los integrantes del pueblo Kankuamo. Por la persistencia de la violencia después de esta decisión, el 6 de julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de la CIDH, adoptó medidas provisionales de protección, dado que se habían presentado 32 muertes después de la solicitud de medidas cautelares.

Declaradas las medidas de la Corte Interamericana, se reporta que han seguido presentándose asesinatos en la zona, dentro de las comunidades kankuamo en el resguardo o en zonas adyacentes. Los crímenes han sido cometidos principalmente por las AUC. Sin embargo, en las denuncias se atribuyen muchos a miembros de la Fuerza Pública, y se denuncia que varios indígenas asesinados han sido presentados públicamente como guerrilleros muertos en combate.

El conflicto armado también ha generado numerosos impactos de otra índole sobre los derechos colectivos e individuales de los Kankuamo. Por ejemplo, se reportan restricciones constantes a la movilidad de la población y los horarios de circulación, así como restricciones de acceso a ciertas partes del territorio por parte de las Fuerzas Armadas, los paramilitares y las guerrillas. También se reportan restricciones al paso de alimentos y de medicamentos, por parte de los grupos armados ilegales y de la fuerza pública, en tanto estrategia bélica para impedir que tales insumos lleguen a los grupos armados. La restricción al paso de alimentos, junto con el robo de ganado, cultivos y alimentos por los grupos armados, ha generado una grave situación de inseguridad alimentaria entre las comunidades. La seguridad alimentaria también ha sido afectada por la disminución de la capacidad productiva, dado el alto número de parcelas abandonadas por familias desplazadas a los centros urbanos.

En el contexto del conflicto armado en la Sierra Nevada, la fuerte presencia del Ejército en los lugares de vida de la población civil, como escuelas, lugares sagrados, sitios de entretenimiento, sea permanente o temporal, genera riesgos para su seguridad. La presencia temporal del Ejército en los poblados indígenas genera represalias por parte de las FARC; en algunos casos, el Ejército pernocta en las residencias de los indígenas, y luego las guerrillas toman represalias contra los dueños, como en el caso de Baldomera Pacheco de Guatapurí. En esta misma línea se denuncia el caso de una mujer indígena Kankuama, quien por lavar el uniforme de un miembro de las Fuerzas Armadas, fue asesinada por la guerrilla de las FARC, que la acusó de ser colaboradora del Ejército. En otras ocasiones se ha reportado la ocupación de escuelas por las Fuerzas Armadas; por ejemplo, en Guatapurí, en 2005, se acantonaron en la escuela.

Se denuncian agresiones verbales y estigmatización por parte de las Fuerzas Armadas en retenes, reuniones y actos de la vida diaria, como parte de una situación de desconfianza recíproca entre las comunidades y la Fuerza Pública. También se denuncia que las Fuerzas Armadas se ubican en sitios sagrados,  irrespetan la jurisdicción indígena e utilizan informantes encapuchados que efectúan señalamientos contra miembros de las comunidades. Mencionan un alto número de detenciones arbitrarias y masivas prolongadas, sin debido proceso ni defensoría adecuada, en las que según la OIK el 95% son inocentes.

Una denuncia frecuente de las comunidades kankuamo es el reclutamiento forzado de sus niños y jóvenes por las guerrillas y los paramilitares. Igualmente, se ha informado que miembros de la comunidad son involucrados en el conflicto armado por los grupos armados o por la Fuerza Pública, como informantes, guías o traductores, a través de dinero o amenazas. Frecuentemente se trata de infractores de la ley tradicional que han sido sancionados y luego hacen señalamientos contra las autoridades indígenas de ser colaboradoras de alguno de los grupos en conflicto, poniéndolas así en riesgo.

Hay asimismo una situación de afectación en la salud de este pueblo, por la amenaza y el asesinato de promotores o auxiliares de salud y brigadas médicas; por el saqueo de puestos de salud; y por restricciones al paso de medicamentos y enfermos que no pueden ser remitidos a los hospitales.

También se reporta la afectación de sitios sagrados, por la presencia de grupos armados y combates en los mismos, que afectan la integridad cultural e impiden la práctica de los “pagamentos”.

Las autoridades kankuamo han denunciado, igualmente, la causación de daños por fumigaciones indiscriminadas contra cultivos ilícitos que han afectado sus cultivos de pancoger, sus fuentes de agua, sus animales y el medio ambiente.

Por otra parte, los kankuamo han denunciado la realización de numerosas detenciones arbitrarias por las autoridades, dada su estigmatización como auxiliadores de las guerrillas; según se reporta, tales detenciones no respetan el debido proceso, y a muchos de ellos los procesan por rebelión en virtud de señalamientos.

En la percepción de las comunidades Kankuamo, los crímenes de los que han sido víctimas obedecen a diversos móviles:

a. La imposición de regímenes de control social por las guerrillas en el territorio, con el asesinato de personas presuntamente vinculadas a robos;

b. La pena de muerte impuesta por las guerrillas a los infractores de sus órdenes coercitivos de comportamiento;

c. Señalamientos a los líderes, por parte de las guerrillas, de ser colaboradores del Ejército o de los paramilitares, en razón de sus contactos con la institucionalidad;

d. Grupos paramilitares reclutan kankuamos en sus filas y los usan para hacer 'inteligencia' en las comunidades, lo cual genera señalamientos de presuntos colaboradores de la guerrilla, familiares o esposas de kankuamos guerrilleros.

e. Estigmatización de líderes y autoridades kankuamo por parte de los paramilitares, por causa de sus exigencias de respeto a los derechos humanos, promoción de los derechos de las víctimas o judicialización de los casos.

f. “Falsos positivos” por las Fuerzas Armadas.

g. Se interpretan las acciones paramilitares como una vía de despojo territorial por medio del etnocidio/genocidio, que abre paso a los megaproyectos infraestructurales y económicos.

El conflicto armado ha truncado el proceso de reconstitución étnica del pueblo kankuamo, particularmente por afectar su proceso organizativo, y a través de ello su reconstitución sociocultural y el proceso de reconstrucción de su identidad. El conflicto ocasionó una ruptura profunda del tejido social kankuamo y de la dinámica de la memoria de los mayores como depositaria de la historia propia. El conflicto también ha dificultado la participación de algunas comunidades en el proceso, especialmente las de Atánquez y Murillo – principalmente por causa de la presión por la tierra, que debilita el fortalecimiento comunitario, y de la alta presencia de campesinos, que están en la zona de ampliación del resguardo y han sido muy afectados por el conflicto.

Uno de los principales impactos del conflicto armado ha sido el desplazamiento forzado de cerca de 400 familias a centros urbanos, que como se verá, ha afectado la integración familiar, comunitaria, y el proceso de reconstitución étnica. Por ejemplo, el desplazamiento generó la desestructuración social y comunitaria de las comunidades de Murillo y Río Seco.

El proceso de delimitación del territorio kankuamo y de creación del resguardo ha sido difícil desde que se empezaron a reivindicar como un grupo indígena. Se inició con la delimitación por caminatas con los Arhuacos, Koguis y Wiwas, en 2002 se presenta el mapa al INCORA y es aceptado. Luego de un Acta de cesión de títulos y de mejoras por los campesinos, hubo una masacre en la comunidad de La Mina, como consecuencia de la cual se produce la Resolución Defensorial No. 024/02, que plantea exigir la constitución de un resguardo. Las visitas del INCORA y los estudios se truncan por el asesinato de los investigadores; eventualmente después de presiones, se constituye el resguardo el 10 de abril de 2003. El resguardo es solo una porción del territorio ancestral, que es estratégico para los actores armados y narcotraficantes, así como para terratenientes e intereses comerciales agroindustriales. Está actualmente en proceso la ampliación, saneamiento y consolidación del territorio. También está en proceso el reconocimiento de los kankuamo por las otras etnias y por los no indígenas que habitan en su territorio. Además al territorio kankuamo han empezado a llegar miembros de los otros pueblos de la Sierra Nevada, refugiándose de la violencia.

Dado que la causa principal de la tragedia del pueblo indígena kankuamo en  el conflicto armado ha sido la intromisión en su territorio de los grupos armados, el señalamiento de vinculación directa e indirecta de sus miembros con las partes enfrentadas y su incorporación forzada al conflicto armado, en múltiples oportunidades este pueblo se ha declarado neutral ante las confrontaciones y ha exigido el respeto de su territorio y sus derechos por las guerrillas, los paramilitares y la Fuerza Pública. Por ejemplo, el III Congreso del Pueblo Indígena Kankuamo, en su Declaración sobre Violaciones de los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, señaló:

“Rechazamos la intromisión de los actores armados, la vinculación forzosa de indígenas a los diferentes grupos armados y las campañas y estrategias de reclutamiento de nuestros jóvenes, mujeres y líderes (soldados campesinos, red de cooperantes e informantes, pago de recompensas, amenazas, chantajes, etc.)  Igualmente, rechazamos la utilización de nuestros niños y niñas como “colaboradores” y “mandaderos” de los actores armados.

Los actores armados deben respetar nuestro territorio y a nuestra gente.  Exigimos el respeto por nuestro territorio y nuestras autoridades por los actores en conflicto, demandándoles que se abstengan de ocupar y utilizar nuestras casas, teruarikas, escuelas, puestos de salud, hospitales, y demás bienes civiles, como campamentos de paso y trincheras; y nuestra gente como escudos humanos.  Especialmente, cuando la Fuerza Pública requiera de traslado, movilidad y tránsito de tropas, se le insta a concertar oportuna y adecuadamente estas acciones con las autoridades indígenas tradicionales…”

Tales declaraciones de neutralidad, sin embargo, no han sido efectivas para proteger al pueblo kankuamo de la violencia armada.

El miedo y el dolor han inhibido a la población Kankuamo de hablar pública y abiertamente sobre su situación. Sin embargo, en años recientes esta etnia se ha dado a la tarea de dar a conocer su profunda victimización por el conflicto armado. La adopción reciente de medidas oficiales e internacionales obedece al proceso activo de denuncia que desarrollaron los mismos Kankuamo.

2. Relación detallada de algunos crímenes sobre los cuales se ha informado a la Corte.

La Corte ha sido alertada sobre una serie de crímenes de los que ha sido víctima la población kankuamo. En los documentos que sirven de fuente a este aparte se menciona que, en 5 años, se han presentado más de doscientos asesinatos selectivos de líderes, mamos, mujeres y otras personas pertenecientes a las comunidades kankuamo. A continuación se mencionan algunos de los crímenes denunciados, perpetrados contra la población kankuamo en el curso del conflicto armado, la   mayoría de los cuales permanece en la impunidad.

1. Octubre de 2000: asesinato de Víctor Manuel Villazón, Eneida Arias, y Fredys Arias en Ríoseco (Cesar) por las AUC.

2. 12 de enero de 2001: asesinato en San Juan del Cesar – la Ye de Guayacanal de 7 personas, incluidos dos líderes de Gonawindúa: Álvaro Romero Cáceres (Kankuamo) y un Wiwa (Manuel Gil Alberto). Se denunció, sin resultados.

3. 11 agosto 2003: Andrés Ariza Mendiola asesinado por una incursión paramilitar a su finca.

4. 18 de agosto 2003: Alcides Arias Maestre y Robinson Villazón asesinados por las AUC en incursión paramilitar al corregimiento de Los Haticos.

5. 29 de agosto de 2003: cadáver desfigurado de Ever de Jesús Montero fue  presentado como guerrillero del ELN dado de baja en combates con las AUC. Los actos de violencia generaron el desplazamiento de la comunidad indígena.

6. 3 de febrero de 2004 – asesinato de Luis Iván Lúquez Alvarado, de La Mina – agricultor, 32 años.

7. 7 de febrero de 2004 – se denuncia que Juan Jeremías [o Enenías] Daza Carrillo, 28 años, agricultor, fue detenido por militares con sus dos hijos; uno fue a avisar, y cuando volvieron a preguntarles las Fuerzas Armadas informaron que “se les había volado”; en las denuncias se dice que, al día siguiente, fue  reportado como un presunto subversivo del Frente 6 del ELN, dado de baja en combate por el Ejército.

8. 9 de febrero de 2003 – asesinato de Ever de Jesús Montero Mindiola, asesinado en la vía a Valledupar.

9. 15 de marzo de 2004 – desaparición de Nilson Francisco Arias y Elmer Eugenio Martínez, de 31 y 22 años, de Atánquez, agricultores.

10. 29 de marzo de 2004 – Rafael Enrique Montero, de 20 años, agricultor, asesinado y torturado por las FARC.

11. 15 de abril de 2004 – asesinato del líder Oscar Enrique Montero Arias, de Chemesquemena; docente y líder comunitario en Callao, asesinado presuntamente por autodefensas de la zona.

12. 17 de abril de 2004 – Néstor Rafael Oñate Martínez fue secuestrado por un grupo armado ilegal en la finca de su padre en Atánquez – región de Girardot – cerro Las Palomitas. En las denuncias se dice que el 17 por la mañana el ejército lo recogió y lo reportó como muerto en enfrentamiento.

13. 30 de abril de 2004 – aparece el cadáver del asesinado Arnoldo Villazón Rodríguez, agricultor.

14. 26 de mayo de 2004 – Edilber Miguel Maestre Villazón, 20 años, de la comunidad de Mojao, desplazado en Valledupar, es asesinado frente a su casa en el barrio Las Rocas por un desconocido armado.

15. 26 de mayo de 2004 – Baldomera Pacheco, artesana, torturada y asesinada por las FARC frente a su casa.

16. 24 de junio de 2004 – retención en Río Seco y posterior asesinato de Romelio Antonio Pacheco, transportador de aguacate, por un grupo armado sin identificar.

17. 16 de julio de 2004 – se denuncia el asesinato de Luis Carlos Arturo Montero Cáceres por miembros del Ejército, que lo acusaron de miliciano de la guerrilla. La comunidad de Guatapurí rechaza esa afirmación.

18. 3 de agosto de 2004 – Freddy Antonio Arias Arias, de Chemesquemena pero residente en Valledupar, hermano del cabildo gobernador kankuamo Jaime Arias y asesor de la OIK, quien denunció falsos positivos con los kankuamo, es asesinado por un sicario en Valledupar.

19. 15 de agosto de 2004 – Merilo del Carmen Maestre Rodríguez, de Río Seco y desplazado en Valledupar, administrador de finca, asesinado por un grupo de hombres armados.

20. 22 de septiembre de 2004 – Javier Francisco Arias Arias, de 19 años, Jaime Antonio Solís Arias, de 17 años, hermanos, de Guatapurí, fueron desaparecidos mientras trabajaban en una finca en San Pedro – Mingueo, por presuntos paramilitares.

21. 3 de octubre de 2004 – Víctor Hugo Maestre Rodríguez, 24 años, fue retenido por hombres armados. En las denuncias de señala que el cadáver apareció en Medicina Legal de Valledupar y fue reportado como muerto en combate por el Ejército.

22. 16 de octubre de 2004, región de Murillo: retención, tortura y asesinato de Escobar Montero, de Los Haticos; Pedro Arias de Ramalito; y Néstor Feliciano Maestre de Mojao, por las AUC, con armas de fuego; y Alcides Arias y Wilson Arias, asesinados a puñaladas por AUC.

23. 1º de noviembre de 2004 – desaparición y posterior asesinato de Héctor Manuel Pacheco Carrillo.

24. 8 de noviembre de 2004 – retención y posterior asesinato de Pervis de Jesús Pacheco Díaz, agricultor.

25. 15 de noviembre de 2004 – Cristóbal Rafael Arias Arias, de 66 años, de Chemesquemena, asesinado por presuntos guerrilleros del ELN camino a trabajar en su finca de La Makana.

26. 31 de diciembre de 2004 – asesinato de Arnoldo Enrique Fuentes Daza, de Atánquez, cerca de Valledupar, 68 años, agricultor.

27. 2004 – Diógenes Enrique Galvis Arias, 31 años, desplazado en Valledupar, carnicero, asesinado por sicarios.

28. 2004 – Audelino Maestre Maestre, 18 años, agricultor en Pueblo Bello – vereda Santa Ana, asesinado por presuntos paramilitares entre Pueblo Bello y Minas de Iracal.

29. 2004 – Javier Montero Arias, docente, de Atánquez desplazado en Valledupar, asesinado frente a su casa.

30. 2004 - Héctor Montero de Chemesquemena fue asesinado en el sitio El Magueyal a 1 km. de Chemesquemena. Según las denuncias, fue reportado por el Ejército como muerto en combate.

31. Febrero de 2005 – son asesinados Hermes Enrique Carrillo y su esposa wiwa de 14 años, embarazada, entre Pontón y Atánquez. Según las denuncias, fueron reportados como guerrilleros.

32. 13 de junio de 2005 – desaparición y posterior asesinato de Alcides Enrique Carrillo Maestre, agricultor, de Atánquez y residente en Codazzi, por presuntos paramilitares.

33. 3 de julio de 2005 – Daiber José Mendoza Montero, de La Mina, cuidaba la finca de su hermana en la región de Kunchurúa y fue detenido por el Ejército, sindicado de ser subversivo. Dicen las denuncias que apareció vestido de camuflado y reportado como muerto en combate. Tenía un tío paterno en la guerrilla.

34. 3 de agosto de 2005 – Yair Tobías Mendoza Montero, de La Mina, estaba trabajando en una finca. Dicen las denuncias que mientras se desarrollaban combates en la cercanía entró un grupo de militares a la finca, él salió corriendo por temor, le lanzaron una granada y luego lo remataron con un arma de fuego.

35. 12 de octubre de 2005 – Abelardo Fuentes Montaño, de 80 años, desplazado de la Sierra de Mariangola a Valledupar, despareció en la vía Valledupar – Aguas Blancas.

36. 3 de noviembre de 2005 – Andrés Talco Arias es retenido por un grupo armado en la vía a Tierras Nuevas, aparece 2 días después su cadáver.

3. Afectación del pueblo Kankuamo por el desplazamiento forzado.

Como se mencionó, uno de los impactos más destructivos del conflicto armado sobre el pueblo indígena Kankuamo ha sido el desplazamiento forzado de cientos de familias a los centros urbanos. Según el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, los kankuamo han sido uno de los grupos más afectados en Colombia por el desplazamiento forzado.

Se reporta, por ejemplo, que actualmente hay más de 300 familias Kankuamas desplazadas en Valledupar, sin atención en educación, salud ni seguridad; aproximadamente setenta familias desplazadas en Bogotá. Cerca de 400 familias están desplazadas; el 65% de la población sigue en el resguardo, el 35% están desplazados en Valledupar y en otras zonas del país. En criterio de las autoridades tradicionales, es de esperar que este patrón aumente, por la presencia actual de grupos paramilitares en proceso de reconstitución que han intimidado a los kankuamos que habitan aun en sus territorios.

Hay distintos tipos de desplazamiento kankuamo: hacia fuera del territorio, y hacia dentro del resguardo –sea a otras comunidades kankuamas, o a otros lugares de la Sierra-. El desplazamiento de los kankuamo ha sido tanto masivo como individual (“gota a gota”), y empieza desde que se inician los asesinatos sistemáticos a finales de los años noventa. Por ejemplo, hubo un desplazamiento masivo el 10 de mayo de 2000 por incursiones paramilitares en Atánquez y La Mina, en el curso del cual 1500 indígenas ocuparon la plaza Alfonso López de Valledupar; muchos de ellos no regresaron al territorio tradicional por temor. Desde entonces, 300 familias kankuamas viven en los barrios populares de Valledupar; algunas han sido objeto de nuevas amenazas y hostigamientos, que a su vez han generado nuevos desplazamientos a otras ciudades principales, como Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Barranquilla, donde son forzados a vivir en la pobreza y marginalidad.  

Así, en el sustento de la intervención de la OIK ante la Corte Constitucional, se afirma sobre las familias desplazadas en Valledupar: “La mayoría expresan vivir en peores condiciones de las que vivían en el hábitat anterior. Muchos viven en espacios muy reducidos y en total hacinamiento y en viviendas con pésimas condiciones de salubridad y servicios públicos aumentando el índice de morbilidad infantil, el estrés en los adultos debido a la situación de temor e inseguridad en que viven. Igualmente para poder sobrevivir en un ambiente totalmente desconocido para ellos, han tenido que recurrir a prácticas del 'rebusque', sobre todo en las ventas ambulantes y el jornaleo en actividades de construcción y agricultura, ocasionalmente”.

Muchas familias en Valledupar reportan la voluntad de retornar, por ejemplo a Murillo, pero no hay planes de acompañamiento estatal que hagan sostenible el retorno. Las iniciativas de acompañamiento promovidas por el Estado, por ejemplo a Murillo y a Ríoseco, han sido criticadas por los beneficiarios por carecer de las garantías de seguridad y restablecimiento exigidas por la ley. La impunidad de las amenazas y los asesinatos, tanto en la población desplazada como en el territorio tradicional, impide el retorno.

Las autoridades indígenas han denunciado la falta de atención diferencial a los desplazados kankuamo, en alimentación, salud y educación.

En cuanto a los desplazados en Bogotá, especialmente los líderes protegidos bajo el programa de protección del Ministerio del Interior, se ha informado a la Corte que en virtud de acciones de tutela que se vieron obligados a interponer en 2005, se ordenó al Gobierno que solucionara sus problemas de seguridad y autosostenimiento. En cumplimiento de este fallo, las autoridades dieron curso a un proceso de reubicación, para el cual se han identificado algunos predios en el departamento de Cundinamarca. Pese a la realización de estos esfuerzos, cuyo resultado actual no ha sido reportado a la Corte, los indígenas kankuamo que viven en Bogotá exigen un retorno a sus tierras, y no una reubicación en un lugar que les es ajeno. Los indígenas desplazados beneficiarios de estas órdenes consideran que el cumplimiento ha sido parcial, inadecuado y demorado.

El desplazamiento forzado también ha tenido graves efectos sobre el territorio kankuamo: entre ellas, la más grave es la disminución de la capacidad productiva por el gran número de parcelas abandonadas, que amenaza la seguridad alimentaria de la región. Además, al perder contacto con espacios críticos del territorio que sustentan su adscripción étnica, se debilita la identidad individual y colectiva.

El proceso organizativo del pueblo Kankuamo también ha sido afectado, porque muchas familias prefieren marginarse por temor e inseguridad, y prefieren aislarse una vez desplazados, para protegerse.

4. Medidas interamericanas de protección del pueblo Kankuamo

 Como se indicó, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han adoptado medidas de protección de la etnia kankuamo, dada su grave afectación por el conflicto armado interno.

Así, el 24 de septiembre de 2003, la CIDH otorga medidas cautelares a favor del pueblo kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. En los términos de la Comisión: “La información disponible indica que en el primer semestre de 2003 fueron asesinados 44 indígenas kankuamos. El 11 de agosto de 2003 Andrés Ariza Mendiola fue asesinado por las AUC en una incursión paramilitar a su finca; el 18 de agosto de 2003 Alcides Arias Maestre y Robinson Villazón fueron asesinados por las AUC en una incursión paramilitar al corregimiento de Los Haticos; y el 29 de agosto de 2003 el cuerpo sin vida de Ever de Jesús Montero fue encontrado con el rostro desfigurado, vestido con prendas camufladas y presentado ante los medios de comunicación como miembro del Ejército de Liberación Nacional, dado de baja en combate con las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. Asimismo, se produjeron desplazamientos de la población indígena como resultado de constantes actos de violencia contra la comunidad. En vista de la situación la CIDH solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo kankuamo, respetando su identidad cultural y protegiendo la especial relación que tienen con su territorio; brindar atención de emergencia a las víctimas del desplazamiento forzado; y adoptar las medidas necesarias con el fin de investigar judicialmente los hechos de violencia y las amenazas proferidas en contra de la comunidad beneficiaria. El 30 de octubre de 2003 la CIDH emitió un comunicado de prensa en el cual expresa su grave preocupación por la situación del pueblo Kankuamo”.

Ante la persistencia de la violencia tras la adopción de estas medidas cautelares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó, el 5 de julio de 2004, medidas provisionales de protección, que reiteró el 30 de enero de 2007. El contenido de estas medidas fue el siguiente:

“1. Requerir al Estado que mantenga y adopte las medidas necesarias para continuar protegiendo la vida, integridad personal y libertad personal de todos los miembros de las comunidades que integran el pueblo indígena kankuamo.

2. Reiterar al Estado que continúe investigando e informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos denunciados que dieron origen a las presentes medidas con la finalidad de descubrir a los responsables y, en su caso, sancionarlos.

3. Reiterar al Estado que continúe garantizando las condiciones de seguridad necesarias para que se respete el derecho a la libre circulación de las personas del pueblo indígena kankuamo, así como que quienes se hayan visto forzadas a desplazarse a otras regiones puedan regresar a sus hogares si lo desean.

4. Reiterar al Estado que continúe dando participación a los beneficiarios en la planificación e implementación de las medidas de protección y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas por la Corte IDH (…)”.

5. Respuesta estatal a la situación, según se ha reportado a la Corte Constitucional.

La respuesta de las autoridades a la grave situación del pueblo Kankuamo se ha concentrado en dos ámbitos: el proceso de implementación de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y la iniciación y el desarrollo incipiente de algunos procesos de retorno y atención a la población desplazada.

1. Implementación de las medidas interamericanas de protección

1.1. La Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, en respuesta al Auto 248 de 2007 de la Corte Constitucional, informó que en el proceso de implementación de las medidas de protección dictadas por los organismos del sistema interamericano, se han adoptado las siguientes medidas:

“- Constitución de un grupo de trabajo (autoridades nacionales, departamentales y locales, peticionarios y beneficiarios).

- Medidas individuales y colectivas de protección – esquemas duros, esquemas individuales, apoyos de reubicación, medios de comunicación, apoyos de transporte.

- Adopción de medidas de seguridad por la Fuerza Pública y la Policía Nacional.

- Intervención por el Plan de Acción Integral

- Ayuda Humanitaria

- Comisión de fiscales en la zona, desde mayo de 2006 por 2 meses, para determinar los avances en las investigaciones.

- Revisión de avances en las investigaciones disciplinarias.

- Reuniones periódicas de seguimiento en Bogotá, y visitas a la zona.

- Inclusión en el proyecto de comunidades en riesgo.”

1.2. En un documento separado aportado en respuesta al Auto 251 de 2008, la Dirección de Etnias informó lo siguiente a la Corte Constitucional:

“Tema: Ultimas actuaciones en el marco de medidas provisionales CIDH.

Antecedentes

Con el objeto de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en el marco del Grupo de Trabajo, así como en el marco de los Comités de Atención a Desplazados que se han habilitado en el espacio de seguimiento de las medidas provisionales decretadas por la CIDH el 5 de julio de 2004, se llevó a cabo una visita a la Comunidad Indígena Kankuamo de Mojao, el 29 de septiembre de 2007.

Dicha Comisión estuvo integrada por un delegado de la Gobernación del Cesar, una delegada del Ministerio del Interior y de Justicia – Dirección de DH, la Subdirectora de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior y de Justicia, el Inspector de Primera División, el Director de Derechos Humanos y una asesora del Ministerio de Defensa Nacional, el Comandante de la Popa (e), el Comandante de Policía del Departamento del Cesar (e), el encargado de DH de la Policía Nacional del Departamento del Cesar, el Coordinador de comunidades en Riesgo del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, la Coordinadora del Grupo de Información a Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, tres asesores de Acción Social, el Defensor del Pueblo Regional, la Defensora Comunitaria de la Defensoría del Pueblo, una abogada de los peticionarios, los beneficiarios de las medidas: Pueblo Kankaumo, Cabildos Menores, líderes indígenas y la Organización Indígena Kankuama OIK, representada por el Cabildo Gobernador, Cabildo.

A continuación un resumen de las diferentes actividades desarrolladas en el marco de la visita, que cumplió con la agenda concertada para la misma. Igualmente, adjuntamos una lista de los compromisos adquiridos por las entidades y la organización indígena Kankuama.

I. Reunión 29 de septiembre de 2007 (Mojao)

1. Orden del día

Presentación

Revisión de los compromisos

Plan de Acción

Propuesta metodológica Mesa de Trabajo Gobernación y Alcaldía y OIK (no en el marco de las Medidas Provisionales, temas de inversión).

A solicitud del Cabildo Gobernador se suscribe un acta de compromisos (ver anexo):

COMPROMISORESPONSABLE
Informar inquietudes sobre el informe presentado por la comisión de fiscales, en el término de un mes. Dicho informe se presentará a la cancillería para que se habilite el respectivo espacio con la Fiscalía General de la Nación.OIK y peticionarios.
Remitir a la Defensoría del Pueblo el concepto sobre inspector rural en el término de 15 días.Dirección de Etnias del MIJ
Recibido el concepto se revisarán las acciones judiciales pertinentes, tendientes a que se determine el mecanismo para superar la situación que se viene presentando (con el tema de corregidores)Defensoría del Pueblo, OIK y peticionarios.
Enviar un oficio al alcalde de Valledupar con copia a la Procuraduría, con el fin de que adopte medidas, frente a las situaciones que se vienen presentando con los corregidores en las comunidades.Defensoría del Pueblo Regional
Dirigir una comunicación al alcalde de Valledupar sobre las situaciones que se han generado con las actuaciones de los corregidores en las comunidades y remitir copia del concepto que ya elaboraron sobre corregidores.Dirección de Etnias del MIJ
Enviar una comunicación a los corregidores advirtiendo que están entrando en contravía del reglamento interno de la comunidad.OIK
Realizar una reunión el 8 de noviembre para revisar la metodología y el cronograma de capacitación. La Gobernación del Cesar y la Defensoría del Pueblo, acompañarán el programa de capacitación.Cancillería, OIK, peticionarios.
Revisar si entre las siete ambulancia sen proceso de adquisición por parte de la Gobernación del Cesar, se encuentra la destinada para la comunidad indígena kankuama.Gobernación del Cesar.
Verificar si la secretaría de salud departamental es la entidad competente para disponer del uso de los puestos de salud.Gobernación del Cesar
En relación con las situaciones planteadas por la comunidad frente al tema de seguridad –relación fuerza pública-comunidad, se harán las investigaciones correspondientes.Inspector delegado de la primera división del Ejército Nacional.
Activar un mecanismo de comunicación permanente vía telefónica, entre el ejército y las comunidades (se suministraron dos números celulares)Inspector delegado de la primera división del Ejército Nacional y Batallón La Popa.
Enviar una comunicación al cabildo gobernador en la que se reitera lo manifestado en la reunión, sobre la inexistencia de un campo minado en Guatapurí. Batallón La Popa
Convocar reuniones mensuales con el Comandante del Batallón La Popa o su delegado, el Comandante de Policía del Cesar os u delegado, Defensoría del Pueblo y miembros de la OIK para revisar la situación de seguridad.El representante del Programa Presidencial de DDHH para el proyecto de comunidades en riesgo.
Verificar en el terreno el estado de los predios de Luis Fernando Ramírez, Felipe José Arias y Clemente Ramón Arias para conocer los daños causados.Oficial de enlace de las comunidades indígenas de la Décima Brigada, el Comandante del Batallón La Popa, la Defensoría del Pueblo y una delegada de la OIK.
Realizar los arreglos correspondientes al techo de la caseta de la emisora, retirar los bultos y permitir acceso de los operarios.Comandante del Batallón La Popa.
Facilitar la información correspondiente a los datos de los soldados involucrados en los casos de embarazos de mujeres de las comunidades. Esta información también la suministrará la Policía Nacional. Para estos efectos es necesario que las mujeres afectadas suministren la información sobre los padres. Comandante del Batallón La Popa, Comandante de Policía del departamento del Cesar y OIK.
Realizar una reunión el 3 de octubre para discutir el tema de las ayudas de hábitat y definir su monto y el número de familias beneficiarias (ACH, CHE, Acción Social, OIK)Acción Social
Complementar el censo de la comunidad de acuerdo a los requerimientos que de Acción Social.OIK
Conformar las mesas de trabajo municipal y departamental de política pública indígena sobre inversión social en territorio kankuamo (ver documento anexo)Gobernación del Cesar. Alcaldía (ausente) y OIK.

Fuente: Cancillería.”

2. Iniciación de algunos procesos de retorno y atención incipiente a la población kankuamo desplazada.

Por su parte, Acción Social informó a la Corte, en respuesta al Auto 251 de 2007, lo siguiente, en una breve tabla acompañada de un alto cúmulo de documentos anexos.

En respuesta al Informe regional de la Misión Internacional de Verificación sobre la Sierra Nevada de Santa Marta,  se reporta:

“Queja y/o solicitud: Garantías para el retorno de las familias de Murillo.

Respuesta: en el caso específico de las familias de Murillo, en abril de 2006 se realizó un acompañamiento al retorno de 30 familias al corregimiento de Murillo, con ayuda humanitaria. Adicional a ello, retornaron 110 familias a las comunidades de Murillo y Ríoseco”.

En respuesta al documento de CONIP sobre la situación del pueblo Kankuamo, se informa:

“Queja y/o solicitud: Programas que se están desarrollando en territorio Kankuamo.

Respuesta: Ver Anexos.”

“Queja y/o solicitud: Ayuda [humanitaria de emergencia] efectiva que está recibiendo la población Kankuama.

Respuesta: Se entregaron mercados a 120 personas, beneficiando a 500 indígenas de la comunidad indígena Wiwa (sic), en junio de 2006. Adicional a ello se entregaron alimentos por trabajo a varias personas de la etnia Kankuamo, en la Ciudad de Valledupar, como consta en las actas de entrega de estos alimentos.”

“Queja y/o solicitud: Atención a la población kankuama desplazada en Bogotá.

Respuesta: Frente a la situación de Asistencia humanitaria de emergencia, Acción Social realizó reuniones de coordinación y caracterización de las familias asentadas en la ciudad de Bogotá. Para la caracterización de estas familias se realizaron visitas de ubicación para verificar la real situación de la comunidad y ejecutar soluciones de hábitat en condiciones dignas. De igual forma, se realizaron jornadas de caracterización por desplazamiento de las familias que no habían declarado antes para poder unificar y consolidar a las familias y canalizar recursos como población desplazada, dando alcance al sentimiento del pueblo Kankuamo de colectividad.”

“Queja y/o solicitud: Proyectos de generación de ingresos, atención en educación y salud.

Respuesta: Respecto a los proyectos de generación de ingresos que se desarrollaron con las comunidades indígenas Kankuamo, podemos indicar la realización de un proyecto agroindustrial de caña panelera y un proyecto de artesanías en fique. En educación se adecuó y actualizó el proyecto etnoeducativo comunitario para el pueblo Kankuamo del Cesar, beneficiando a 1800 estudiantes en los grados de Preescolar – Básica Media, y especialmente a las comunidades de Atanquez, Chemesquemena, La Mina, Valledupar, Rioseco, Murillo, Mojana, Ramalito, Rancho de la Coya, Los Haticos, Pontón, Las Flores, y Guatapurí.

En salud se realizaron jornadas de salud entre el 2004 y 2006: El 24 de julio de 2004 se realizó una jornada interinstitucional en Río Seco en temas de salud y atención humanitaria; el 6 de octubre de 2004 se realizó una jornada interinstitucional en Atanquez en temas de salud y atención humanitaria; el 2 de febrero de 2005 se realizó una jornada interinstitucional en Los Haticos en temas de salud y atención humanitaria; del 9 al 11 de junio de 2006 se realizó una Jornada Quirúrgica en el corregimiento de Atanquez. Adicional a ello se abrieron 5.037 nuevos cupos de Régimen Subsidiado para la comunidad indígena de Valledupar, de los cuales 3977 son para la comunidad indígena Kankuama. Para finalizar, se reparó y adecuó el puesto de salud del corregimiento de Río Seco en el año 2005.”

En respuesta al Informe Final de la Segunda Misión de Acompañamiento y Solidaridad con el pueblo Kankuamo, se informa:

“Queja y/o solicitud: Proceso de implementación de las medidas para promover el retorno de los desplazados en condiciones dignas a sus lugares de origen.

Respuesta: En materia de retornos, Acción Social está adelantando procesos de retorno del resguardo indígena Kankuamo en el municipio de Valledupar (corregimientos Río Seco y Murillo). Para este fin, se realizó un Plan de Retorno en el marco del Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada.

Observaciones: Ver Anexo 1.11.”

“Queja y/o solicitud: Programas de Seguridad Alimentaria.

Respuesta: 9 de junio de 2004: implementación primer programa de Seguridad Alimentaria (Resa). Se beneficiarán a 743 indígenas Kankuamos. Resa. 600 familias beneficiadas (3000 personas). Valor: 132 millones de pesos, de los cuales Acción Social aporta 120 millones. No son sólo Kankuamos, sino arhuacos y zenúes.

Observaciones: Ver documentos ReSA”.

En relación con la Resolución Defensorial No. 024 de 2002, se informa:

“Queja y/o solicitud: Atención Humanitaria para la población indígena de la sierra Nevada, atendiendo a su situación real y de manera diferenciada, para la superación de la crisis alimentaria de la zona.

Respuesta: [en blanco]

Observaciones: Ver anexo.”

En respuesta al informe de la Comisión de Seguimiento sobre la situación del pueblo Kankuamo, se reporta:

“En el 2004 retornaron a Río Seco 46 hogares 202 personas y en diciembre de 2006 retornaron a Murillo 26 hogares 143 personas. En la comunidad de Río Seco, se han implementado programas de asistencia humanitaria a través de la OPSR así: Alimentos por trabajo y capacitación OPSR 10158/2004, 8 proyectos beneficiando a 1090 personas y entregadas 49400 raciones de alimentos. Alimentos por trabajo y capacitación OPSR 120158/2004: 2 proyectos beneficio a 500 personas y entregadas 40.000 raciones de alimentos. Cocinas comunitarias. OPSR 10158/2004: 1 cocina con capacidad para 60 beneficiarios y entregadas 13200 raciones de alimentos.

Como acciones de fortalecimiento a los procesos de retorno de la comunidad Kankuamo ubicada en Río Seco y Murillo, Acción Social ha coordinado la implementación de un proyecto de seguridad alimentaria, con un costo de $44'599.000. Se viene implementando igualmente un proyecto de mejoramiento de hábitat con un costo de $32'961.200. De igual manera Acción Social adelanta la construcción de un distrito de riego con un costo de $100'000.000. Se han entregado donaciones por $39'907.000.”

C. Situación de los pueblos indígenas Arhuaco y Kogui ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual de los pueblos Arhuaco y Kogui ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente.

Las principales fuentes utilizadas para este aparte son las siguientes: (1) Informe Regional de la Misión Internacional de Verificación a la Sierra Nevada de Santa Marta, septiembre de 2006; (2) Informe actual sobre la situación de violencia en los pueblos Wiwa y Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta – Colombia (informe preparatorio para la Misión Internacional de Verificación de septiembre de 2006); (3) Declaración de la Confederación Indígena Tairona titulada “Declaración Oficial sobre la situación del Pueblo Arhuaco en el marco de nuestra convocatoria por la reconstrucción de un espacio de hermandad”; (4) Declaración de la Corporación Arhuacos Derechos y Deberes, septiembre 28 de 2006;  (5) Resolución Defensorial No. 024 del 18 de septiembre de 2002, sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá.

1. Panorama general de afectación étnica de los pueblos Arhuaco y Kogui por el conflicto armado.

Al igual que los pueblos Wiwa y Kankuamo, los pueblos Arhuaco y Kogui ha sido golpeado gravemente por el conflicto armado colombiano tal y como se desenvuelve en la Sierra Nevada de Santa Marta. En esta región, como se ha indicado, la violencia armada se desarrolló en la siguiente secuencia: en los años 80 se consolidó la presencia y control de la guerrilla, que ejercía control sobre la población y exigía su colaboración bajo pena de muerte; en los años noventa, se registró la entrada de los grupos paramilitares, con lo cual la violencia se exacerba por los señalamientos colectivos de ser guerrilleros o colaboradores de la guerrilla, desconociendo el carácter coercitivo de la “ayuda”; y se genera desde entonces una disputa por el control de territorios estratégicos y de cultivos ilícitos, enfrentamiento que exacerba la violencia contra las comunidades. A ello se suma que hay intereses comerciales en los recursos de sus territorios por los actores armados ilegales y por actores dentro de la legalidad.

Las comunidades arhuacas han sido afectadas por homicidios, masacres y violaciones de derechos humanos cometidos por los actores armados ilegales y por miembros de la fuerza pública. Las acciones insurgentes y contrainsurgentes han generado asesinatos de líderes, desapariciones, quema de viviendas, desplazamientos y reclutamientos. También han sido afectados por la presencia de las Fuerzas Armadas en sus territorios y en la vida comunitaria.

Según el diagnóstico de las autoridades del pueblo arhuaco, en el ámbito de los derechos humanos, los hechos de mayor gravedad y recurrencia que han golpeado a esta etnia son: (a) despojo del territorio tradicional por los grupos armados ilegales; (b) presencia de grupos armados en su territorio, y control  basado en la intimidación; (c) restricción alimentaria, apropiación de los alimentos, productos agrícolas y ganado de los indígenas por parte de los grupos armados, que generan inseguridad alimentaria y un mayor recurso a la cacería, afectando el medio ambiente; (d) irrespeto a las autoridades indígenas e imposición de pautas de comportamiento o restricción de las prácticas propias por los grupos armados; (e) asesinatos selectivos de autoridades tradicionales Arhuacas, en particular denuncian un crimen que habría sido cometido en 1990 por las Fuerzas Armadas y que sigue en la impunidad; (f) asesinatos de indígenas arhuacos por señalamiento, en el marco del conflicto, por las tres partes enfrentadas; (g) reclutamiento forzado y voluntario de indígenas por los grupos armados ilegales; (h) restricción de la movilidad, intimidación de la población y riesgos generados por la presencia de actores armados en la Sierra, con porte de armas y uso del territorio para secuestros; (i) bombardeos por el Ejército en territorio indígena en desarrollo de operaciones contrainsurgentes, que han afectado sus asentamientos; (j) bloqueo por los actores armados al desarrollo de sus economías colectivas, al impedir el comercio e intercambio de productos, acabando con las cooperativas indígenas; también por extorsión a los productores y comerciantes, y control a los transportadores; y (k) la exigencia de las Fuerzas Armadas de que los indígenas porten una certificación sobre su condición de indígenas, expedida por las autoridades, y maltratos a los que no la llevan. Una de las denuncias más frecuentes de los miembros de este pueblo se refiere al reclutamiento forzado de miembros de la comunidad. También se denuncia el involucramiento en el conflicto de algunos miembros de la comunidad por guerrillas y paramilitares en tanto informantes, guías y traductores, sea mediante dinero o mediante amenazas.

Entre los pueblos de la Sierra Nevada los Kogui han sido los menos afectados por el conflicto armado, porque no ha habido casos de masacres o desplazamientos fuertes; pero el conflicto ya está llegando a sus territorios con la presencia de la guerrilla. Las razones de la menor afectación radican en su ubicación geográfica en las partes superiores de la Sierra, exigiendo horas de marcha para llegar; conservación fuerte de su identidad; y no hablan en su mayoría español, por lo cual no se pueden comunicar con ellos. Pero la persecución de la guerrilla por las Fuerzas Armadas y AUC la ha empujado hacia arriba, y en consecuencia se ha detectado su presencia. En cualquier caso, los Kogui han denunciado graves violaciones de derechos humanos de miembros de sus comunidades, en el transcurso del conflicto armado; así, (a) frecuentemente denuncian el reclutamiento forzado de sus niños y jóvenes por las guerrillas y los paramilitares, (b) denuncian la desaparición de tres indígenas kogui en los dos primeros meses del 2000, en inmediaciones del río Guachaca, (c) entre 2004 y 2005, se denunció la muerte o desaparición de diez indígenas Kogui en las cuencas de los ríos Ancho y Jerez en Dibulla; y (d) en abril de 2006, se reporta la muerte de un indígena kogui y su hija por haber pisado una mina antipersonal en Palomino (Dibulla).

En general, se denuncia la interferencia constante de los grupos armados en  las formas culturales propias de los Arhuaco y los Kogui, y ejercicio de control arbitrario sobre sus prácticas culturales propias.

Por otra parte, también se ha reportado que las restricciones al paso de alimentos, junto con el robo de alimentos, cultivos y ganado por los grupos armados, ha generado una grave crisis alimentaria en ambos pueblos; y que más aun, las restricciones de movilidad y la afectación de sitios sagrados rompen la dinámica de los pagamentos, afectando la integridad cultural.

Los Arhuacos y los Kogui también han sido afectados por la construcción de la Represa Multipropósito Los Bezotes, respecto de la cual denuncian que no se ha surtido adecuadamente el trámite de consulta previa, y que queda en un lugar sagrado. Desde 2003 se pronuncian contra el proyecto de los Bezotes y la construcción de una represa sobre el río Guatapurí, en territorio de ampliación del resguardo y dentro del territorio tradicional, por cuanto afectará un lugar sagrado de pagamentos, impidiendo que los mamos preserven el equilibrio del mundo.

Las autoridades Arhuacas y Kogui han denunciado reiteradamente la ocurrencia de daños por fumigaciones indiscriminadas de cultivos ilícitos que afectan cultivos de pancoger, tierra y aguas, con afectación de la salud de los miembros de la comunidad.

La situación en salud de ambos pueblos también se ha visto afectada por el conflicto armado, dado que, según se reporta, han ocurrido amenazas y asesinatos de promotores, auxiliares y brigadas de salud; saqueo de los puestos de salud; y restricciones en la movilidad de alimentos y de enfermos. En la misma línea, denuncian que ha habido afectación del derecho a la educación por amenazas de grupos armados contra maestros.

La afectación de los lugares sagrados de los Arhuaco y los Kogui por los actores armados genera la imposibilidad de realizar pagamentos, con lo que eso implica para su estructura e integridad cultural; además se denuncia frecuentemente la profanación y el robo de objetos sagrados, con pérdida consiguiente de la autoridad. En este mismo sentido, las comunidades arhuacas han expresado su inconformidad por la instalación de una base militar del Ejército en el cerro Inarwa o Alguacil, sitio sagrado para los Arhuacos; la base limita su acceso. Además el sitio está rodeado de minas antipersonal; se reportan algunos incidentes con ganado.

Las comunidades arhuacas se han declarado neutrales ante el conflicto armado en diversas oportunidades. Así, por ejemplo, la Confederación Indígena Tayrona ha expresado:

Haciendo uso de ese revestimiento moral, manifestamos nuestro rotundo rechazo a la forma de pretender resolver los conflictos históricos, sociales, económicos, políticos y culturales, de la sociedad y los pueblos a través de la confrontación armada en nuestros territorios y sobre todo involucrándonos en una situación de alto riesgo y vulnerabilidad para  nuestra manera de ser y  de mirar el Mundo, y  para la preservación de  nuestro territorio. (…) Tal como lo hemos manifestado en anteriores ocasiones, hacemos un llamado al diálogo a los grupos armados y al gobierno, para que se busque una fórmula de arreglo a los conflictos que nos han traído a la Sierra, o si por el contrario no hay disposición para un arreglo, de la misma manera como nos trajeron el conflicto que se lo lleven para otra parte y que en todo caso se respete nuestra paz, y que nuestro territorio sagrado no siga siendo manchado con sangre de inocentes.”

Estas declaraciones de neutralidad, sin embargo, no han sido efectivas para prevenir el impacto destructivo del conflicto sobre la vida de estas comunidades.

2. Afectación de los pueblos Arhuaco y Kogui por el desplazamiento forzado.

Ni el pueblo Arhuaco ni el pueblo Kogui han sido golpeados por el desplazamiento forzado con la misma seriedad con la que éste fenómeno ha afectado a otros pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, como los Wiwa o los Kankuamo. Sin embargo, es claro que el influjo del conflicto armado genera una clara situación de riesgo de desplazamiento en el futuro cercano para las comunidades Arhuacas y Koguis, que el Estado está en el deber de prevenir.

Ello no obsta para que se hayan presentado, en efecto, algunos desplazamientos masivos de comunidades arhuacas que permanecen irresueltos. Por ejemplo, hoy en día viven en Barranquilla varias familias arhuacas que se desplazaron desde hace más de 10 años y no han sido debidamente atendidas, debiendo subsistir en la miseria y sin posibilidades de retorno. Así, según se informa a la Corte, el 16 de mayo de 1997, fueron desplazadas 7 familias de la vereda Las Cumbres – municipio El Copey (Cesar), dentro de la línea negra y el resguardo indígena, por un grupo armado al margen de la ley que los expulsó dándoles un plazo de 12 horas y les advirtió que no volvieran más, bajo amenaza de muerte. En total se desplazaron 150 familias que vivían en ese territorio. Estas familias recibieron apoyo inicial por la Red de Solidaridad Social, la Alcaldía de Barranquilla y el CICR; hoy en día lograron establecer unas viviendas en el lote donde fueron instalados. Expresamente reconocen y denuncian la fragmentación cultural causada por el desplazamiento a Barranquilla, en los términos siguientes:

“El haber tenido que llegar a una ciudad como Barranquilla ha influenciado de alguna manera en nuestro vivir ya que nos ha llevado a tener que hacer cambios en nuestra manera de pensar y de actuar y donde nos ha tocado asumir ciertas reglas impuestas por la sociedad Barranquillera, toda esa serie de cambios nos ha llevado un poco a la desfragmentación de todo un referente cultural que es nuestro, ya que el lugar fundamental para la supervivencia es el entorno natural, es decir La Sierra Nevada.

El desplazamiento para una cultura indígena como la nuestra significa la muerte, ya que se atenta con un sinnúmero de referentes  culturales dejando como resultado la desaparición y el exterminio.

Actualmente nos encontramos en la misma ciudad  habituándonos a ese medio y tratando de sobrevivir con lo que él nos ofrece, elaborando nuestras artesanías y ofreciéndoselas a la gente para poder subsistir.  Es así como nos hemos mantenido y hemos salido adelante, sin poder retornar al espacio a donde pertenecemos.

Por otro lado el acceso a los servicios del estado ha sido muy difícil, con respecto a la salud hasta hace dos años pudimos tener un carné de salud para ser atendidos, con esta situación hemos tenido la muertes de tres niños menores de un año que debido a las enfermedades que les ha producido y la tardía asistencia que se le ha dado han fallecido.

Con respecto a la educación también ha sido muy difícil, en algunas instituciones nos exigen que debemos tener una vinculación con la comunidad a la que pertenecemos para poder acceder al estudio, sin tener en cuenta la situación de riesgo que se tiene al momento de ir a prestar un servicio social como estudiante en estas comunidades.

A pesar de toda una serie de advertencias por parte de los grupos al margen de la ley nos hemos puesto en contacto con nuestras comunidades de origen para poder vincularnos con ellos y poder trabajar y así responder con las exigencias de las instituciones educativas donde nos encontramos estudiando algunos miembros Arhuacos radicados en la ciudad de Barranquilla y en la Capital.

A pesar de todas estas circunstancias que nos han acechado, tenemos aun el espíritu vivo y la fortaleza para seguir adelante con nuestros propósitos y con la dignidad de ser indígenas Arhuacos.”

El pueblo Kogui también ha sido afectado por algunos desplazamientos forzados. Así, en la Resolución Defensorial 024 de 2002 se informa que la Defensoría reportó el 9 de marzo de 2000 que las confrontaciones entre las AUC y la guerrilla en las estribaciones de la Sierra Nevada generaron el desplazamiento de 126 indígenas koguis hacia los sitios de Buriticá, Guachaca, Don Diego y Santa Marta, en febrero. No se tiene información sobre la situación actual de estos indígenas desplazados.

3. Respuesta estatal a la situación según se reportó a la Corte

Las autoridades no han dado una respuesta materialmente significativa a la situación de los pueblos indígenas arhuaco y kogui ante el conflicto armado o ante el desplazamiento forzado.

SITUACION DE OTROS PUEBLOS INDIGENAS DE LA COSTA ATLANTICA.

D. Situación del pueblo Wayúu ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo Wayúu ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente.

Los principales documentos tenidos en cuenta son los siguientes: (1) Informe Regional de la Misión Internacional de Verificación a la Sierra Nevada de Santa Marta, septiembre de 2006. (2) Documento titulado “Reporte Actual sobre la situación de violencia en las comunidades Wayúu, La Guajira – Colombia” – Reporte preparativo para la “Misión Internacional de Verificación de la Verdad en Pueblos Indígenas”, julio de 2006. (3) Documento titulado “Acerca de la problemática del desplazamiento interno: Consideraciones de Organizaciones del Pueblo Wayúu”, presentado ante el Relator Especial de Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados Internos. (4) Artículo titulado “A los desplazados Wayúu los está matando el hambre”, aparecido en Vanguardia Liberal – Valledupar el 14 de agosto de 2006. (5) Informe de Riesgo No. 17-06 del SAT, 28 de abril de 2006 – Defensoría del Pueblo. (6) Informe titulado “Guajira: Alertas tempranas, desplazamientos anunciados”, elaborado por CODHES, enero de 2007. (7) Documento titulado “La cosmogonía wayúu y la masacre de Bahía Portete”, enero 11 de 2006. (8) Documento de ONIC titulado “Las verdades ocultas: qué hay detrás de la masacre contra el pueblo Wayúu”.

1. Panorama general de afectación étnica del pueblo Wayúu por el conflicto armado.

El pueblo Wayúu está conformado por aproximadamente 144.000 personas, es decir, representan un alto porcentaje de la población indígena de Colombia. Su territorio tradicional ocupa 1.080.336 hectáreas en el resguardo de la Alta y Media Guajira; hay más resguardos en el sur de la Guajira y en la media Guajira.

El pueblo Wayúu ha sido gravemente afectado por el conflicto armado colombiano, principalmente por razón de las características geográficas de su territorio, que lo han hecho atractivo para los grupos armados ilegales. En efecto, los principales factores que inciden sobre el agravamiento del conflicto armado son el reacomodamiento geográfico y estructural de los grupos armados ilegales, y la importancia geográfica estratégica de la Guajira por la salida al mar, la frontera con Venezuela, corredores hacia la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Las características naturales del territorio, que implican ventajas para el tráfico de mercancías, vehículos y personas, junto con la precaria presencia estatal, han sido las causas de la presencia de grupos armados ilegales que buscan aprovechar esas ventajas por vía armada y violencia. Los wayúus, población mayoritariamente ancestral y socialmente vulnerable, han sido víctimas en los últimos años de amenazas, principalmente por los paramilitares. La facilidad para el desarrollo del contrabando de bienes y de gasolina en el territorio Wayúu, por la facilidad del paso de mercancías, vehículos y personas, hace que los grupos armados ilegales se hagan presentes en la región y busquen canalizar esas ventajas para sus respectivos negocios, por la vía armada. En consecuencia, la población wayúu se vuelve objeto de amenazas por los grupos armados ilegales.

En los años noventa, la violencia en la Guajira fue causada principalmente por las actividades de narcotraficantes; en la segunda mitad de los 90s, por el combate entre las estructuras del narcotráfico y las Fuerzas Armadas; y desde 2001, especialmente por las confrontaciones entre las Fuerzas Armadas, los paramilitares, grupos de narcotraficantes y la guerrilla. Según reportan las comunidades Wayúu, la entrada de los grupos paramilitares a la Guajira en los años 90 produjo una grave violencia de cuyas víctimas no hay registro. Entre 2001 y 2004, se reporta una etapa de expansión del conflicto armado por el territorio; y desde 2005 hasta la fecha, una grave disputa armada territorial, por el control de los recursos y de la población, que ha generado una nueva dinámica de violencia, exacerbada por el narcotráfico y el comercio ilegal de armas y de gasolina. Sin embargo, el contrabando, que en amplias partes de la Guajira es usual, es secundario frente al problema del narcotráfico, en el que participan muy pocos Wayúu.

Se reportan como tipos de violaciones de derechos humanos del pueblo Wayúu en el marco del conflicto armado: masacres; homicidios selectivos o múltiples; desapariciones; enfrentamientos armados que afectan a los civiles; destrucción de bienes civiles; destrucción de bienes indispensables para la supervivencia; y desplazamiento forzado.

La afectación del pueblo Wayúu por el conflicto armado ha sido invisibilizada por las características culturales de los Wayúu; éstas han dado lugar a malas interpretaciones que, por un lado, subsumen los homicidios y las masacres de los que han sido víctimas a manos de los grupos armados ilegales dentro de los patrones documentados de conflictos y guerras interclaniles y, por el otro, confunden el desplazamiento forzado con la representación social predominante de su estilo de vida polirresidencial o semi-nómada. Así, los principales factores que dificultan la visibilización del impacto que ha surtido el conflicto armado sobre esta etnia son sus rasgos culturales: el desarrollo de actividades económicas ilegales, como el contrabando, por algunas familias Wayúu; la posesión y uso de armas; su forma polirresidencial de vida. Debe precisarse a este respecto que las denominadas “guerras interclaniles”, que están estrictamente reguladas por códigos culturales, han sido cooptadas y pervertidas por los grupos armados en el curso de su expansión territorial.

El desplazamiento forzado de los indígenas Wayúu es, por lo tanto, invisible. En efecto, aparte de sus ciclos usuales de trashumancia a lo largo de la península, que se regulan culturalmente, ha habido un alto grado de desplazamiento forzado por el conflicto, por los enfrentamientos armados entre los miembros de clanes wayúu y grupos armados ilegales, o por masacres y asesinatos selectivos de los Wayúu que no acatan las imposiciones de estos últimos. Estos desplazamientos forzados quedan ocultos tras los movimientos normales de población.

Otros factores que promueven fuertemente la invisibilización, y por lo tanto hacen más difícil la situación, consisten en que algunos pocos wayúu sí se han involucrado con grupos armados; algunos sí se han desplazado por guerras interclaniles; y algunos sí participan en el contrabando y el narcotráfico. Pero estos son una minoría de casos que generan falsas representaciones sobre la mayoría de las víctimas reales del conflicto armado.

Sin lugar a dudas, la afectación más significativa que ha causado el conflicto armado sobre esta etnia fue la comisión de una masacre en Bahía Portete, el 18 de abril de 2004, que generó serios desplazamientos masivos. Para abril de 2006, Bahía Portete estaba habitado por cuatro familias; las demás abandonaron el territorio luego de la masacre y del asesinato de otra indígena Wayúu en julio de 2005.  En noviembre de 2004 el gobierno departamental organizó un proceso de retorno a Bahía Portete, pero no ha sido posible el restablecimiento por el acoso paramilitar persistente; a la fecha se reporta que sólo un escaso número de familias vive ahí. En el segmento siguiente del presente capítulo se describe con mayor detalle este crimen atroz.

Hoy en día, la confrontación armada y la crisis humanitaria persisten en la Guajira, ante la aparente inacción de las autoridades, pese a las advertencias de las organizaciones de derechos humanos y las alertas tempranas de la Defensoría. El hecho más importante en este campo es la permanencia de grupos paramilitares que no se desmovilizaron o se rearmaron, y siguen operando en la Guajira, bajo otro nombre pero con las mismas estructuras armadas. También hay presencia en la Guajira de guerrillas activas.

En efecto, se ha reportado por múltiples fuentes la presencia de paramilitares desmovilizados que siguen ejerciendo control sobre la población civil. Por ejemplo, desde marzo de 2006 el SAT ha conocido de la presencia y actividad de un grupo paramilitar en las poblaciones Wayúu de Poropo, Perpana, La Esperanza, Tres Bocas, Pusheo, La Loma, Kariwac, Jatete, Jepsut, Karimaya, Ariguna Kimana, y sector de Bahía Portete en el municipio de Uribia, constituido por aproximadamente 70 hombres armados que hicieron parte del Frente Contrainsurgencia Wayúu de las AUC y que no se desmovilizaron. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo de abril de 2006, este grupo ha amenazado a la población para evitar que denuncien su actuación en el territorio y su control de las actividades de tráfico de estupefacientes, armas, combustible, contrabando y actividades comerciales ilícitas, y su pretensión de controlar los puertos y los corredores naturales entre La Guajira y Venezuela.

Salvo por el caso de Bahía Portete y algunos desplazamientos individuales de familias Wayúu, la violencia de los paramilitares es focalizada, de baja intensidad, selectiva, y queda invisibilizada por el inmenso temor de los Wayúu a denunciar. Este temor se fundaría, según los documentos, en una clara situación de desconfianza y distancia históricas hacia las autoridades y en  el temor de que existe una alianza entre miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado con los paramilitares.

Algunas familias Wayúu han tenido que armarse para defenderse de los paramilitares, porque se niegan a colaborarles. La situación, sin embargo, es descartada por las autoridades como un conflicto interclanil. En efecto, ante la imposición violenta de los paramilitares, los wayúu se han resistido, negándose a colaborarles con ganado, información, ayuda logística o de movilidad; la reacción de los paramilitares ha sido violenta. Esto ha llevado a algunas familias wayúu a armarse para defenderse: se ha generado la necesidad de organizarse para la defensa armada frente a las agresiones paramilitares, y se han causado enfrentamientos, lo cual ilustra la gravedad de la amenaza.  

Por ejemplo, el 3 de abril de 2006, en inmediaciones del sector de Peruana, un grupo de aproximadamente 10 indígenas se enfrentaron con paramilitares; se desconoce si hubo víctimas. Como retaliación, el 7 de abril de 2006 los paramilitares incursionaron en una vivienda de Poropo, donde torturaron y asesinaron a Álvaro Uriana de 37 años por negarse a dar información sobre dónde estaba el resto de su familia; maltrataron a dos mujeres e incendiaron la vivienda. La población se siente amenazada y considera que es una advertencia de los paramilitares de acabar con toda la familia; se generó el desplazamiento de 50 personas, principalmente niños, niñas y mujeres de la familia Uriana – Pana.

El SAT desde el Informe de Riesgo No. 052/04 del 24 de junio de 2004 había advertido sobre las acciones de control del Bloque Norte de las AUC – Tercer Grupo de la Guajira sobre los puertos de embarque y descargue de mercancías para garantizar el paso de contrabando, el ingreso de precursores para procesamiento de drogas, la salida de drogas (cocaína), la entrada de armas y de combustibles. En el proceso de controlar la zona cometieron actos de violencia contra las comunidades wayúu que tradicionalmente comerciaban en la zona; frente a sus amenazas, un grupo de indígenas de diferentes clanes había organizado resistencia armada para hacerles frente, lo cual generaba mayor riesgo de violencia para la población civil. Se generaron así distintas masacres, desapariciones, homicidios selectivos, nuevos desplazamientos forzados, enfrentamientos con la población civil interpuesta, destrucción de bienes civiles y de bienes indispensables para la supervivencia, ataques contra las familias wayúu que viven en las zonas de los puertos naturales de la región, particularmente las autoridades de las familias locales y sus parientes, que se oponen al control de los paramilitares en la Alta Guajira. Además, ello significa un riesgo para las familias que se desplazaron después de la masacre de Bahía Portete, asentadas en el municipio de Uribia y Maicao en asentamientos dispersos.

Esta etnia también ha sido afectada por la presencia y las actividades de la guerrilla en su territorio. Así, por ejemplo, el 14 de agosto de 2006, el Frente 59 de las FARC atacó el centro de acopio de gasolina de la cooperativa de indígenas Wayúu Ayatawacoop en Maicao, con cilindros que destruyeron 88 camiones y provocaron un gran incendio que dejó grandes pérdidas materiales; la guerrilla acusó a la cooperativa de vínculos con los paramilitares.

Múltiples organizaciones y entidades, incluida la Defensoría del Pueblo, han denunciado la persistencia de los grupos paramilitares después de la desmovilización formal de las AUC, bien sea por causa del rearme, de la no desmovilización o de la aparición de grupos emergentes. Lo cierto es que  persisten los ataques a la población civil Wayúu. Este escenario es de alto riesgo para las comunidades wayúu, por amenazas de enfrentamientos, hostigamientos y crímenes selectivos y desplazamientos.

El conflicto armado y el desplazamiento forzado han generado la ruptura de tradiciones culturales y familiares y de estructuras sociales a lo largo de la Guajira. La restricción de la libertad de movimiento que conlleva su presencia, afecta también las prácticas culturales básicas. Esta situación surte un impacto especialmente fuerte sobre los más jóvenes y sobre la continuidad y transmisión cultural.

Por último, el desorden institucional en la Guajira hace más difícil el reconocimiento y atención de las víctimas del conflicto armado.

2. Relación detallada de los crímenes sobre los cuales se ha informado a la Corte.

La Corte ha sido alertada sobre una serie de crímenes de los que ha sido víctima la población Wayúu. En los documentos que sirven de fuente a este aparte se mencionan, entre otros, los siguientes crímenes perpetrados contra la población Wayúu en el marco del conflicto armado:

1. El informe de OACNUDH de 2002 reporta que el 1º de octubre de 2001, en Maicao, varios soldados dispararon contra una residencia Wayúu, causando la muerte de 2 hombres y heridas a una mujer con un bebé de seis meses.

2. 1º de febrero de 2004: en los documentos se denuncia la ejecución extrajudicial de Nicolás Ballesteros Epinayú y Segundo Epinayú, luego de que por la mañana hubieran puesto una denuncia ante la Policía contra los paramilitares. La comunidad fue testigo de que los estaban esperando.

3. El 18 de abril de 2004, paramilitares entran a Bahía Portete y asesinan y maltratan a personas wayúu de todas las edades. Esto genera un desplazamiento masivo hacia otras partes de la Guajira y de Venezuela. Bahía Portete queda prácticamente deshabitada. El pueblo Wayúu denunció que en el transcurso de esta masacre se asesinó a por lo menos doce personas (incluidas mujeres y niños), treinta más desaparecieron (incluyendo a veinte menores de edad), y aproximadamente trescientas personas se desplazaron forzosamente. Muchos huyeron hacia Maracaibo, o a otras partes de la Guajira. Se ha denunciado la sevicia con la cual este grupo paramilitar asesinó niños, torturó adultos antes de matarlos, cometió violencia sexual y mutilaciones, decapitó ancianos, incendió y desmembró menores de edad y mujeres vivas hasta la muerte, o desmembró los cadáveres, entre otros crímenes atroces.

En una comunicación de las autoridades Wayúu a la ONIC, se enuncian los siguientes muertos: Nicolás Barros Ballesteros; Arturo Epiayú; Alberto Everts Fince; Rolan Everts Fince; Rosa Fince Uriana (asesinada con una granada); Diana Fince Uriana (desaparecida); Reina Fince Pushaina (desaparecida, 13 años); Rubén Epinayú (16 años); una joven mujer del clan Epinayú (desaparecida); Margarita Epinayú (75 años); Rosalinda Fince (45 años); Reyes Fince (17 años); Segundo Ashapua (28 años); Jorge Ashapua (30 años); Moyo Uriana (10 años – desaparecido); Luquita Epinayú (8 años – desaparecida); Jacqueline y Diosa (niños, quemados entre un camión). Afirman adicionalmente las autoridades Wayúu que hubo muchas más víctimas, y que no denuncian en su integridad las atrocidades cometidas por miedo. Los desplazados que huyeron de la región tras este violento episodio, hacia Maracaibo y otras partes, viven en condiciones de extrema pobreza.

Aparentemente la masacre se relaciona con la lucha por el control territorial para comercios ilícitos, por los paramilitares, que buscan expulsar a los Wayúu de sus territorios. La primera versión oficial, sin embargo, era que la masacre se había cometido en  el transcurso de un combate entre las AUC y la guerrilla; otras versiones oficiales posteriores presentaron estas muertes como resultado de enfrentamientos entre las AUC y wayúus o entre clanes wayúu; y se reporta la población desplazada como resultado de medidas adoptadas contra el contrabando.

Las autoridades Wayúu denuncian que ocho días antes de la masacre de Bahía Portete, una unidad del Ejército adscrita al Batallón Cartagena que había sido trasladada a mediados de marzo de 2004 a la zona, fue retirada. Habían establecido su base en la escuela de la comunidad y utilizado a algunos indígenas como informantes. Miembros de la comunidad denunciaron la connivencia del Capitán de esta unidad con el comandante del grupo paramilitar que efectuó la masacre. Se reporta que tres días antes de la masacre, la Defensoría y la Procuraduría recibieron una denuncia y solicitud de protección para los habitantes de Bahía Portete por las autoridades wayúu, pero no hicieron nada.

4. El 13 de julio de 2005, se asesinó a Dilia Epinayú, quien había sobrevivido a la masacre de Bahía Portete y estaba desplazada, y había denunciado y atestiguado sobre los hechos. Estaba incluida en el programa de protección de la Fiscalía.

5. En abril de 2006, los paramilitares entran a una vivienda en Poropo, torturan y asesinan a un miembro del clan Uriana por negarse a suministrar información sobre la ubicación del resto de la familia; con ello se genera el desplazamiento de 50 personas de esta familia.

6. Según reporta la Misión Internacional de Verificación, se registró en 2006 el asesinato de 16 mujeres líderes que ejercían resistencia contra los distintos megaproyectos que se busca construir en la Guajira. Debe reportarse a este respecto que existe la percepción, entre las autoridades wayúu, de que existe un vínculo entre los megaproyectos mineros en el área impulsados por el Gobierno, y la violencia paramilitar, especialmente en Bahía Portete. El propósito, para ellos, es el de apoderarse de los territorios mediante el terror y el exterminio.

3. Afectación del pueblo Wayúu por el desplazamiento forzado.

El desplazamiento forzado y la búsqueda de refugio tiene características distintivas entre los Wayúu: las condiciones geoestratégicas de la Alta y Media Guajira; la polirresidencialidad y alta movilidad geográfica; la organización social en grupos familiares autónomos, descentralizados y dispersos, generan dificultad en diferenciar fácilmente las migraciones culturales de las migraciones forzadas por el conflicto armado. Estas especificidades hacen imperceptible el desplazamiento wayúu, lo que contribuye a su invisibilización y negación por parte de las autoridades – en relación con 3 cabildos, el gobierno a diferentes niveles pretendió negar su condición de desplazados.

La imperceptibilidad no implica la inexistencia del desplazamiento y del refugio. En el no reconocimiento radica la gravedad del problema, porque sin reconocimiento no hay respuesta del Estado.

Ha habido algunos desplazamientos masivos wayúu, pero en su mayoría son gota a gota, y a lo largo de los años generan asentamientos de personas desplazadas emparentadas entre sí. La inmensa mayoría no han sido reportados; no hay registro. No se declara por desconfianza, temor, ignorancia o pragmatismo, con el resultado de que no hay estadísticas ni mediciones del problema.

Como se indicó, el 18 de abril de 2004, presuntos paramilitares entran a Bahía Portete y asesinan y maltratan a wayúu de todas las edades. Esto genera un desplazamiento masivo hacia otras partes de la Guajira y de Venezuela. Bahía Portete queda prácticamente deshabitada; hoy en día se informa que sólo viven allí  4 familias; los planes de retorno sugeridos por la Gobernación no se han concretado.

En la comunidad de Wepiapaa en Mingueo (Dibulla), hay 36 familias Wayúu desplazadas, que llegaron en tres oleadas sucesivas, entre octubre y noviembre de 2006, de un asentamiento hoy desaparecido que quedaba en el Alto San Jorge (Sierra Nevada). Pasaron seis meses antes de que el Gobierno reconociera y atendiera el desplazamiento. Los indígenas desplazados en Wepiapaa tienen problemas críticos de alimentación. En 2006 murieron dos niños por desnutrición y otros nueve fueron hospitalizados en Valledupar, Riohacha y Dibulla, en estado crítico. Dusakawi afirma que es por falta crónica de alimentación.

El primer desplazamiento fue hace más de 20 años, desde la Alta Guajira, por disputas entre familias; un total de 36 familias llegaron desplazadas al Alto San Jorge, en límites entre Guajira y Magdalena en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde un familiar que tenían allí. De septiembre a noviembre de 2005 se presentaron 2 desplazamientos masivos de indígenas Wayúu provenientes del Alto San Jorge. El primero fue el 25 de septiembre, de 14 familias, por el atentado contra Efraín Cuadrado, el esposo de la profesora de la comunidad. El segundo fue el 12 de noviembre, cuando 40 familias se desplazaron por la desaparición de Eleuterio Jayariyú, quien antes había denunciado maltratos por parte de los paramilitares.

Se instalaron en Wepiapaa no en albergues sino en una finca de un familiar, por lo cual las instituciones no les dieron atención adecuada. Después de confrontaciones con la comunidad, Acción Social solo reconoció al 60% de los desplazados que llegaron al corregimiento de Mingueo en Dibulla. La polémica retrasó la atención a la comunidad; intervino la ONG internacional Acción contra el Hambre, que estableció una olla comunitaria que les dio una comida diaria. Al terminar el proyecto alimenticio, en marzo de 2006, llegó una crisis alimentaria fuerte, causando problemas de desnutrición que se suman a los problemas de higiene por la falta de agua y la calidad de los asentamientos (cambuches). Según informan, a veces el gobierno departamental manda agua, pero no con frecuencia. En sus palabras, sienten que están mendigándole al Estado. Una niña murió porque su madre, igualmente desnutrida, no tenía leche materna, dice Dusakawi. El niño muerto fue Mario Iguana Ipuana. La segunda semana de mayo de 2006, la Misión de Verificación constató que permanecían 32 familias / 280 personas, 90 niños y niñas, que no habían sido incluidos en el SUR; las autoridades locales y departamentales afirmaron que estas personas no eran población desplazada y querían aprovecharse de las ayudas del Estado.

En distintos barrios marginales de Santa Marta –Timayuy, Cristo Rey, La Parrilla y La Paz- hay 45 familias wayúu provenientes de distintos lugares de la Media y Alta Guajira, en cuatro oleadas distintas; pasaron 4 meses hasta que el Gobierno reconoció.

En la comunidad Nóüna de Campamento, en zona rural de Maicao, se ha reducido el número de familias porque varias de ella en forma sucesiva se desplazaron hacia Venezuela o diferentes ciudades del interior, por la violencia; no se registraron como desplazados.

En estos tres últimos casos los desplazamientos los causaron los paramilitares, incluso después de la desmovilización. En la comunidad desplazada hacia Wepiapaa, el desplazamiento se dio por la desaparición de un miembro de la comunidad, y por un atentado contra el esposo de la maestra de la comunidad. En el caso de la población desplazada en Santa Marta, se causaron los desplazamientos por amenazas de los paramilitares a distintas familias a quienes les ordenaron desalojar el territorio, y en algunos casos por homicidios. En la comunidad de Nóüna de Campamento, el desplazamiento se causó por el asesinato sistemático de varios miembros de familias de esta comunidad.

Posteriormente, en abril de 2006, como se indicó, los paramilitares entraron a una vivienda en Poropo, torturaron y asesinaron a un miembro del clan Uriana por negarse a suministrar información sobre la ubicación del resto de la familia y agredieron a varias mujeres, incluida una anciana de 80 años; este acto criminal genera el desplazamiento de 50 personas de esta familia. Acción Social entregó ayuda inicial a algunos, supeditada a un retorno rápido. Pero más de 150 permanecen en Uribia y otras se fueron a Venezuela (56 personas).

La poliresidencia de los wayúu y la organización social basada en clanes autónomos y dispersos, hacen difícil distinguir entre los desplazamientos forzados y desplazamientos normales. Por eso las expresiones y formas del desplazamiento terminan por ser imperceptibles, generando invisibilización y negación por las autoridades. Por ejemplo, se han negado los desplazamientos de Wepiapaa en Dibulla, o los desplazamientos desde la Media y Alta Guajira hacia Santa Marta, o a Venezuela.

La inmensa mayoría de los desplazamientos han sido “gota a gota”, pero van consolidando con el tiempo asentamientos de población desplazada; la inmensa mayoría no han sido reportados ni han sido objeto de ningún registro, por desconfianza, temor, ignorancia o pragmatismo.

Las organizaciones wayúu reportan los siguientes problemas en la reacción el Estado al desplazamiento wayúu:

a) Negación frecuente del estado de desplazamiento, se les señala de querer aprovecharse de los beneficios para la población desplazada.

b) Poca voluntad de ayuda y animadversión de las autoridades y funcionarios hacia la comunidad, lo cual genera un ambiente tenso.

c) Procedimientos inapropiados de recepción de declaraciones por parte de personas que no entiende wayunaiki – especialmente en el caso de Wepiapaa.

d) Problemas de la ayuda humanitaria de emergencia: es insuficiente, les dan alimentos que no corresponden a su dieta, entregas por familia sin atender al número de personas de cada una, entregas a destiempo e incompletas, demasiados productos innecesarios.

La negativa a reconocer el desplazamiento también se deriva de la negativa a reconocer la presencia de paramilitares en la Guajira luego de su anuncio público de desmovilización. Sin embargo, los testimonios de diversas comunidades coinciden en que los paramilitares siguen operando.

Siguiendo este patrón, se informa que en los casos de los desplazamientos forzados de Wepiapaa y Santa Marta, la reacción de las autoridades fue semejante: primero se expresó sorpresa y desconocimiento de la existencia de Wayúus en la Sierra Nevada de Santa Marta; luego se hizo una acusación de oportunismo y descrédito; finalmente se realizó el registro a regañadientes por presión de las organizaciones indígenas y del Ministerio Público, lo cual generó hostilidad en las relaciones con las autoridades.

Se ha denunciado que en muchos casos en Wepiapaa, se recibieron declaraciones a wayúus que prácticamente no hablaban español, sin la ayuda de intérpretes, por lo cual se produjeron declaraciones que no reflejan la realidad.

También se reporta que la ayuda humanitaria de emergencia fue entregada en cantidades insuficientes, y en alimentos distintos a los de la dieta wayúu; se entregaron por familias sin atender al número de miembros, en entregas incompletas y a destiempo, o entregando en demasía productos innecesarios.

En términos generales, las comunidades Wayúu desplazadas han protestado por la indignidad de la respuesta del Gobierno; se sienten, en sus palabras, mendigándole una ayuda inadecuada. Por ello han solicitado expresamente que el Gobierno reconozca las especificidades y la naturaleza sui generis del desplazamiento interno y el éxodo a Venezuela de los Wayúu. La invisibilización de este problema es en sí misma una amenaza a la integridad del pueblo Wayúu. Es necesario, igualmente, capacitar a los funcionarios públicos municipales y departamentales, que desconocen al igual que el pueblo wayúu los derechos de los indígenas y los derechos de la población desplazada.

A pesar de la inclusión de varios municipios de la Guajira en los Informes del SAT de la Defensoría y de los desplazamientos del 2006 las autoridades no han respondido enérgicamente a esta situación, ni han formulado un plan de contingencia o mecanismos de prevención.

4. Medidas interamericanas de protección del pueblo Wayúu.

El 23 de septiembre de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de cuatro mujeres líderes Wayúu, que posteriormente fueron ampliadas a otros 5 líderes más en noviembre de 2004.

En términos de la Comisión, “la información disponible indica que durante los últimos tres años la comunidad indígena wayúu ha padecido actos de violencia por parte de grupos paramilitares comandados por 'Jorge 40', con la colaboración o aquiescencia de miembros del Estado. Los peticionarios alegan que algunas de las llamadas 'liderezas' (voceras de las familias Wayúu ante los organismos nacionales e internacionales) han sido objeto de amenazas contra su vida e integridad personal como resultado de su actividad de denuncia. Entre ellas se destacan [nombres de 4 mujeres], liderezas y familiares de indígenas asesinados y desaparecidos en una masacre perpetrada el 18 de abril de 2004, quienes han sido blanco de amenazas y actos de hostigamiento. En vista de la situación de las beneficiarias, la Comisión solicitó al gobierno colombiano la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de [nombres]; e informar sobre las acciones adoptadas a fin de poner término a la situación que justifica la adopción de medidas cautelares, incluyendo los procesos judiciales que resulten pertinentes. El 16 de noviembre de 2004 la CIDH amplió la vigencia de las medidas cautelares a fin de cobijar a [otros 5 líderes] (…)”.

5. Respuesta estatal a la situación del pueblo Wayúu

Las autoridades han informado a la Corte sobre sus actuaciones ante la grave situación del pueblo Wayúu, en dos ámbitos: la implementación de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana, y la atención de la población desplazada.

5.1. Implementación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el informe de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia a la Corte Constitucional, en respuesta al Auto 248 de 2007, se reportan las siguientes actuaciones:

- Adopción de medidas de protección individual para cada uno de los beneficiarios – esquemas duros y medidas de protección.

- Realización de reuniones periódicas de concertación y seguimiento en las que se revisan situaciones de seguridad y protección concretas.

- Adopción de medidas de seguridad por parte de la Fuerza Pública y la Policía Nacional.

- Seguimiento a las investigaciones penales y disciplinarias.

5.2. Atención a la población Wayúu desplazada.

Por otra parte, en la respuesta de Acción Social al Auto 251 de 2007 de la Corte Constitucional, se incluye una tabla de resumen que presenta la siguiente información:

- En relación con el documento titulado “Reporte Actual sobre la situación de violencia en las comunidades Wayúu, La Guajira – Colombia” – Reporte preparativo para la “Misión Internacional de Verificación de la Verdad en pueblos indígenas”, julio de 2006, se informa:

“Queja y/o solicitud: Retorno a Bahía Portete.

Respuesta: Se atendieron las 100 familias que retornaron a Bahía Portete que se quedaron en el país en Maicao y Uribia, de la siguiente manera, la atención de urgencia la prestó la Alcaldía Municipal de Uribia y fue complementada por Acción Social, mientras que la atención humanitaria la efectuó la Cruz Roja Internacional de acuerdo a la carta de entendimiento que existe con ellos.”

“Queja y/o solicitud: AHE – Entrega de ayudas alimentarias conforme a su dieta especial.

Respuesta: En el desplazamiento masivo de Bahía Portete, atendido por la CICR, se sustituyó la harina por maíz en grano a 115 familias atendidas en Bogotá. Aparte de la Atención Humanitaria, se han brindado otra serie de elementos a través del programa de donaciones de Acción Social, tales como alimentación, vestuario, kits de aseo, kits de hábitat, medios de transporte y elementos para apoyar la generación de ingresos.”

“Queja y/o solicitud: Registro sobre los desplazamientos Wayúu e invisibilización.

Respuesta: Los desplazamientos deben ser reportados por las personas afectadas ante cualquier entidad del Ministerio Público, para proceder a valorar los hechos narrados y determinar su acceso o no al Registro Único de Población Desplazada. En caso que la persona resulte incluida, puede acceder a los beneficios contemplados en la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000. Sin embargo, según el artículo 11 del decreto 2569 de 2000, es posible que la persona resulte No Incluida, cuando se presenten los siguientes casos: a) Cuando la declaración resulte contraria a la verdad. B) Cuando existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997. c) Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en el Registro después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997.

Por esta razón, cabe resaltar que el que las personas no se encuentren incluidas en el Registro Único de Población Desplazada no quiere decir que se les esté negando su condición de desplazados, pues lo que esto implica es que las personas no rindieron declaración de acuerdo con lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997, sin perder por ello su condición de desplazados y en el caso en que la declaración se encuentre dentro de los parámetros de No Inclusión (artículo 11 L. 387/97), esto se le expone a la persona mediante acto administrativo motivado, contra el cual proceden los recursos de Ley.”

- En relación con el documento titulado “Acerca de la problemática del desplazamiento interno: Consideraciones de Organizaciones del Pueblo Wayúu”, presentado ante el relator especial de Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados Internos”, se informa:

“Queja y/o solicitud: Entrega de ayudas alimentarias conforme a su dieta especial.

Respuesta: En el desplazamiento masivo de Bahía Portete, atendido por la CICR, se sustituyó la harina por maíz en grano a 115 familias atendidas en Bogotá.”

- En cuanto al documento titulado “A los desplazados Wayúu los está matando el hambre”, aparecido en Vanguardia Liberal – Valledupar el 14 de agosto de 2006, se informa:

“Queja y/o solicitud: Entrega de ayudas alimentarias.

Respuesta: El programa RESA en el año 2007 ejecutó un proyecto por 750 millones de pesos, 500 millones aportados por Acción  Social, a través de la Acción Cerrejón. Se beneficiaron 3750 familias – 1875 indígenas.”

- En cuanto al documento titulado “Amenazas de grupos paramilitares contra comunidades del pueblo Wayúu de la Media y Alta Guajira”, por la Defensoría del Pueblo – Dirección del sistema de Alertas Tempranas, abril de 2006”, se informa:

“Queja y/o solicitud – Retorno Bahía Portete.

Respuesta: Se atendieron las 100 familias que retornaron a Bahía Portete que se quedaron en el país en Maicao y Uribia, de la siguiente manera, la atención de urgencia la prestó la alcaldía municipal de Uribia y fue complementada por Acción Social, mientras que la atención humanitaria la efectuó la Cruz Roja Internacional de acuerdo a la carta de entendimiento que existe con ellos.”

- En cuanto al documento titulado “Guajira: Alertas tempranas, desplazamientos anunciados”, se informa:

“Queja y/o solicitud: Maltrato de las personas por parte de los funcionarios de Acción Social Guajira.

Respuesta: En este sentido, realizaremos las acciones correspondientes para encontrar y corregir las irregularidades en la Atención a la población en la Unidad Territorial Guajira.”

“Queja y/o solicitud: Registro - Cifras de Acción Social frente a las de otras instituciones.

Respuesta: El Sistema de Registro es una herramienta para facilitar la atención y un medio para que la población desplazada pueda ejercer sus derechos de una forma ordenada e integral, por lo anterior, y a pesar de que el registro produce cifras que miden el comportamiento de parte del fenómeno, no es el registro la herramienta legal para medir el desplazamiento.”

“Queja y/o solicitud: Registro – Masivo Mingueo Municipio de dibulla, inclusión de familias en este desplazamiento.

Respuesta: En el registro se incluyeron 36 familias de la comunidad indígena Wayúu de Weepiapaa del masivo de Mingueo, que por su cultura, usos y costumbres y sus propias individualidades se realizó de manera familiar. Acción Social realizó una verificación in situ y se confirmó que de las 54 personas que le manifestaron a otras entidades haber llegado del Alto San Jorge, se pudo establecer que 14 familias vivían y trabajaban en entidades privadas en Mingueo y Maicao, y que nunca vivieron en el alto San Jorge, lo que fue aceptado por la comunidad.”

“Queja y/ o solicitud: Registro – 'Acción Social obliga a las personas a retornar, para que puedan recibir ayudas'.

Respuesta: De acuerdo al Protocolo de Retornos de Acción Social, el retorno solo se da cuando existe voluntariedad, seguridad y dignidad. De esta forma si falla alguna de estas tres condiciones, no se realiza el retorno y Acción Social no hace el acompañamiento de las familias para el retorno. En este orden de ideas, no es cierta la afirmación que descansa en este documento, puesto que los funcionarios de Acción Social no constriñen a las persona ha realizar determinada actuación, siendo voluntario el acceso a todos los programas y beneficios de la Ley 387/97 y tampoco condicionamos la entrega de nuestras ayudas al acceso a otros programas.”

“Queja y/o solicitud: AHE – Entrega de la Ayuda Humanitaria de Emergencia.

Respuesta: Tras el desplazamiento masivo la ayuda humanitaria de Emergencia es entregada directamente a la población a través de la Cruz Roja Internacional – Ver anexo CICR”.

En cuanto al documento de ONIC titulado “Las verdades ocultas: qué hay detrás de la masacre contra el pueblo Wayúu”, se informa:

“Queja y/o solicitud – Registro: Invisibilización del desplazamiento, reflejado en las cifras.

Respuesta: El sistema de registro es una herramienta para facilitar la atención y un medio para que la población desplazada pueda ejercer sus derechos de una forma ordenada e integral, por lo anterior, y a  pesar de que el registro produce cifras que miden el comportamiento de parte del fenómeno, no es el registro la herramienta legal para medir el desplazamiento.”

“Queja y/o solicitud: AHE – Situación de la Atención Humanitaria de Emergencia.

Respuesta: En cuanto a la Ayuda Humanitaria de Emergencia, resaltamos que en el desplazamiento masivo de Bahía Portete, atendido por la CICR, se sustituyó la harina por maíz en grano a 115 familias atendidas en Bogotá.”

“Queja y/o solicitud: Retornos – Atención familias Wayúu en Venezuela.

Respuesta: Las familias Wayúu que se desplazaron hacia Venezuela, no han seguido los parámetros para la entrega de la Atención Humanitaria, dado que se les solicitó la caracterización de la población, el número de personas que se encuentran en el vecino país y cuantas personas componen los núcleos familiares, tal y como se refleja en la última reunión con la comisión binacional Colombia-Venezuela realizado en Maracaibo.”

SITUACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LAS FAMILIAS EMBERA Y WOUNAAN

E. Situación del pueblo indígena Embera-Katío ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo Embera-Katío ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente.

Los principales documentos que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: (1) Informe Regional de la Misión Internacional de Verificación a Córdoba, septiembre de 2006. (2) Informe titulado “Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario – Pueblo Embera Katío Tierralta, Córdoba, 2005-2006 (primer trimestre)”, elaborado por el Consejo Nacional Indígena de Paz – CONIP, septiembre de 2006. (3) Informe de Derechos Humanos de la Misión de Verificación sobre la Situación Actual de los Pueblos Indígenas de Antioquia – Organización Indígena de Antioquia, septiembre de 2006. (4) Ponencia de la Organización Zonal del Cabildo Mayor del Bajo Atrato – CAMIZBA, Municipio de Rio Sucio – Chocó, sobre la situación de las mujeres indígenas en su área de jurisdicción. (5) Documento titulado “Pueblos Indígenas del Chocó – Megaproyectos, Etnocidio y Ecocidio”. (6) Informe sobre la situación de las comunidades indígenas del Alto San Jorge y el Alto Uré. (7) Documento titulado “Posición de las Comunidades Indígenas Embera Katío y Embera Dobida frente a la exploración y explotación del Cerro Careperro”, por el cabildo Mayor Indígena de Carmen del Darién, octubre de 2005. (8) Intervención de los representantes del Cabildo Mayor Indígena de la zona del Bajo Atrato (CAMIZBA) ante la Corte Constitucional. (9) Informe presentado por la Comisión Colombiana de Juristas a la Corte Constitucional, titulado “El Estado colombiano no ha cumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento forzado”.

1. Panorama general de afectación étnica del pueblo Embera-Katío por el conflicto armado.

El pueblo indígena Embera-Katío se ubica en distintos lugares de la zona norte del país. A la Corte Constitucional se ha allegado información sobre dos bloques principales de este pueblo: los Embera-Katío del Alto Sinú –que habitan en las cuencas de los ríos Verde, Sinú y Esmeralda, en el municipio de Tierralta (Córdoba)-, y los Embera-Katío del Alto San Jorge, Urabá y Chocó.

a. Grupos Embera-Katío del Alto Sinú

El resguardo Embera-Katío del Alto Sinú, en Tierralta, consta de 103.517 hectáreas, que se suman al área de restitución por la inundación causada por el megaproyecto de Urrá, de la Quebrada de Mutatá a la comunidad de Mungaratatadó.

En el territorio tradicional se constituyeron dos resguardos: Karagaví, a lo largo de los ríos Esmeralda  y Sinú en Tierralta e Ituango; e Iwagadó, colindante, a lo largo del río Verde en Tierralta, antigua Reserva Indígena de Río Verde. Antes el INDERENA había creado el Parque Nacional Natural de Paramillo, que quedó sobrepuesto con los dos resguardos. El resguardo de Iwagadó cuenta con 750 habitantes aproximadamente; El de Karagaví, con 1549 (769 sobre el río Esmeralda, 780 sobre el río Sinú). Actualmente los Embera-Katío del Alto Sinú son, en total, 4256 indígenas, distribuidos en 24 comunidades:

En la cuenca del Río Esmeralda (Kuranzadó), se ubican las comunidades de Beguidó (Quebrada Venado), Kachichí, Wido (Quebrada El Oso), Karakaradó (Queb. Cadiyo), Junkaradó (Queb. Pita) y Kanyidó (Queb. De Achiote). En la cuenca del Río Sinú (Keradó) habitan las comunidades de Amborromia, Mongaratatadó (Q. Pedregoso), Zambudo (Q. Totuma), Nejodó (Q. Guamo), Koeredo (Q. Caimán), Kapupudo (Q. Candelaria), Changarra, Kiparadó (Q. Jagua),  Antadó (Q. Tagua). En la cuenca del Río Verde (Iwagadó), están las comunidades de Dozá, Tundó (R. Pulgas), Pawarandó (R. Clara), Ariza, Porremia (Torres), Imamadó (Q. Tigre), Simbra, Chimiadó (Q. Polillas), Zorandó (R. Viejos).

Hay dos cabildos mayores: Río Sinú y Río Verde. Estos dos cabildos fueron constituidos tras la adopción de la sentencia T-652/98 de la Corte Constitucional, para solucionar problemas previos de representación generados por divisiones internas entre Cabildos Mayores y Cabildos Menores que llegaron a apoyar a Urrá.

El megaproyecto Urrá I generó diversos tipos de impacto destructivo, que fueron ampliamente documentados en la sentencia T-652 de 1998. En lo ambiental: la inundación de 417 hectáreas de territorio indígena (7417 hectáreas en total); la descomposición de la biomasa; alteración de los ecosistemas de páramo, selva húmeda, humedales y estuario; la salinización del estuario del bajo Sinú; la sedimentación y contaminación del río; inundación de tierras fértiles de los Embera; la baja del nivel de agua de la ciénaga grande de Lorica, que afectó a los campesinos y pescadores; la desaparición del pescado con amenaza a la alimentación y el comercio (que dio lugar a la sentencia T-652/98); y el aumento de insectos malsanos. En lo cultural: se causó una grave división interna y conflictos entre los Embera-Katío, relacionados con el dinero de la indemnización de Urrá.

La Represa de Urrá en el Río Sinú afectó la autonomía alimentaria de los Embera-Katío, porque el cambio de nivel del río redujo las especies de peces de las que dependían consuetudinariamente, haciéndolos dependientes de comida que compran en los mercados de Puerto Frasquillo con el dinero de la indemnización por la empresa. Las especies que se reproducen lo hacen en la represa, que queda lejos de sus asentamientos. Por ello han expresado que se requiere apoyo para una actividad piscícola que les permita recuperar sus costumbres y su autonomía alimentaria. Además, hay mayores restricciones alimentarias porque la pérdida de las playas y vegas de los ríos hizo que se dejara de cultivar arroz; ahora deben comprarlo en el comercio de Puerto Frasquillo y Tierralta. Se ha  presentado la introducción de leche en polvo para niños y de alimentos occidentales procesados que no suplen las calorías de la dieta tradicional, al igual que se registra un incremento en el consumo de alcohol. Pero la principal restricción alimentaria se causó porque se acabó el pescado por el embalse, y las prácticas agrarias riñen con la legislación de parques superpuesta a sus resguardos. Tienen además pocas lanchas de motor, lo cual causa un mayor costo de transporte por río y tierra, por lo cual deben pagar para acceder a los mercados y fuentes de abastecimiento.

La indemnización ordenada en la sentencia T-652/98 –por la pérdida de alimentación y de transporte, traducida en subsidios alimentarios entregados a cada persona- se empezó a recibir en 2006; sin embargo, esta indemnización ha generado más problemas en criterio de los Cabildos Mayores. Estos Cabildos reportan que el recibo del dinero ha generado mayores divisiones internas, incidiendo sobre la reivindicación colectiva de derechos; también dicen que ha causado aculturación y pérdida de costumbres –principalmente por los miembros de la Alianza de Cabildos Menores en la ciudad-; la pérdida de interés en la organización, el trabajo comunitario y la organización política; el riesgo de que desaparezcan las costumbres y tradiciones embera; y la pérdida de la relación con los mayores.

En este mismo sentido, dentro del contexto de la grave desestructuración cultural causada por esta situación, se han presentado suicidios de 20 emberas desde 1997, por inundación de 28 lugares sagrados. La importancia cultural del pescado hace que su pérdida sea más grave; ello se suma a la pérdida de los medios de transporte tradicional por el río, que fue desviado y ahora exige el uso de motores fuera de borda para poder llegar a las comunidades. Lo anterior, en un ambiente general de discriminación y hostilidad contra el pueblo Embera-Katío.

Tras el proceso de Urrá y el pago de las indemnizaciones en dinero, el 65% de la población embera está en el resguardo, y el 35% en el casco urbano de Tierralta y de Montería – principalmente, la Alianza de Cabildos Menores.

Ahora bien, los Embera-Katío denuncian que sin perjuicio de esta grave situación de desestructuración cultural tras los impactos de la Represa Urrá, hay una falsa representación en los medios en el sentido de que los indígenas “se enloquecieron” con el dinero (se les acusa de dedicarse al alcoholismo, la prostitución, y el consumo de bienes suntuarios) y se volvieron “borrachos” y “violentos”; según explican los Cabildos Mayores, esto ha pasado con algunos individuos, pero no con todo el pueblo. Se trata de una generalización discriminatoria en los medios de comunicación. En efecto, los medios, la empresa y el Gobierno, generalizando algunos casos individuales, afirman que los Embera-Katío no estaban preparados para recibir dinero.

Sobre la base del impacto altamente destructivo de Urrá se proyecta el conflicto armado, con su propio impacto nefasto sobre la integridad cultural de este pueblo. Los Embera-Katío han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos humanos por los paramilitares y las guerrillas –principalmente las FARC. También denuncian algunos casos de vulneraciones de sus derechos por parte de miembros individuales de la Fuerza Pública. En la base de la afectación de este pueblo por el conflicto armado se encuentra el hecho de que el territorio tradicional se transformó en teatro de operaciones militares, por la presencia de las tres partes en conflicto, sus confrontaciones, y el involucramiento de la población civil, principalmente de la población indígena, en el conflicto.

Así, en Tierralta opera el Frente 18 de las FARC, al cual se le atribuyen homicidios, secuestros, retenciones, amenazas, irrespeto a autoridades y a la cultura, principalmente desde 1999. También se reporta la presencia de paramilitares en toda la zona, algunos de ellos rearmados después de la desmovilización formal de las AUC, otros que se han apropiado o son propietarios de fincas cercanas, o son sus allegados, y en general en todo Córdoba. Igualmente, se reporta una alta actividad de narcotráfico en la región.

La guerrilla de las FARC ha cometido graves crímenes contra el pueblo Embera-Katío. Se denuncia, por ejemplo, el reclutamiento forzado constante de niños, niñas y jóvenes indígenas; el control al paso de personas, víveres y alimentos; y la intensificación de la siembra de minas antipersonal en el territorio tradicional desde 2005, especialmente en la parte alta del Río Esmeralda. Por ejemplo, se denuncia el caso del menor de edad Luis Javier Domicó de 15 años, quien el 22 de septiembre de 2005 en la comunidad de Beguidó a orillas del embalse Urrá, pisó una mina y sufrió quemaduras. Las comunidades informan que hubo un proceso de desminado de la zona rural de Beguidó, pero sin consulta previa.

Los grupos paramilitares, por su parte, han señalado constantemente a los Embera-Katío de ser guerrilleros o colaboradores de la guerrilla, asesinando selectivamente a varios de sus miembros. Se denuncia también que ha habido señalamientos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas.

La Misión Internacional de Verificación constató en 2006 la “impunidad total” en los casos de líderes y miembros del pueblo Embera-Katío asesinados o desaparecidos. Igualmente, resaltó la alta vulnerabilidad de los líderes de la Alianza de Cabildos Menores a las presiones de todas las partes del conflicto, con mayor riesgo por su fragilidad organizativa.

También se han presentado combates en territorio del resguardo, que causan terror entre la población - por ejemplo el 7 de marzo de 2006, cerca de Kiparadó. La presencia de paramilitares rearmados en la zona aumenta la inseguridad; además de la presencia de narcotraficantes. Así, por ejemplo, en febrero de 2006 se reporta la presencia de 20 hombres armados en Kiparadó, algunos de ellos encapuchados, preguntando por la guerrilla, con algunos nombres de miembros y líderes de la comunidad. Igual en mayo de 2006, apareció un grupo de 15 hombres. Según los informes recibidos, no ha habido respuesta del Estado pese a las denuncias.

Uno de los problemas más severos que ha generado el conflicto armado para el pueblo Embera-Katío ha sido el de las restricciones a la movilidad y circulación de personas, alimentos, medicamentos e insumos básicos, derivados de las estrategias de control territorial de los grupos armados que operan en la zona, y también de la Fuerza Pública. En efecto, se han presentado varios casos de confinamiento de comunidades causado por retenes de los grupos armados y prohibiciones de transporte por determinadas zonas. A manera de ejemplo, un retén/orden de no movilización de canoas por el Sinú impartida por las AUC, tuvo a 226 Embera-Katío aislados del 3 al 6 de junio de 2001 en Beguidó. En muchos casos, la única ruta de acceso a las comunidades es cruzando la represa, y la movilización por esta ruta se ve afectada por las reglas de la empresa y los controles de los grupos armados.

Pero el principal problema derivado de estas restricciones ha sido la crisis alimentaria y de salud que se deriva de no poder acceder a alimentos, víveres, medicamentos y combustible, ya que no se permite su transporte. De particular gravedad para la Corte resultan las denuncias sobre controles y restricciones alimentarias por parte de las Fuerzas Armadas en contra de las familias indígenas, por ejemplo, en Puerto Frasquillo. En efecto, se ha denunciado que las Fuerzas Armadas restringen el tránsito de víveres y medicinas en los retenes del ejército, indicando cantidades máximas que pueden pasar. Esto afecta los eventos comunitarios (se ha restringido el ingreso para la Asamblea General de los Cabildos en diciembre de 2005 y enero de 2006), y las familias con bastantes hijos, que son la regla general, y deben afrontar problemas para pasar con mercados por valores superiores a $100.000 (con menos, los alimentos no alcanzan para todos los miembros). Los Cabildos Mayores denuncian, en comunicado del 12 de septiembre de 2005, que las demoras impuestas por las Fuerzas Armadas en el paso de alimentos del ICBF y la Defensoría para los programas de desayuno escolar y almuerzo, hacen que los alimentos lleguen descompuestos; para permitir su paso se exigen certificados y documentos, cuya consecución tarda varios días. El Comandante de la Brigada XI confirmó que en efecto hay una orden expresa de los altos mandos militares de controlar los alimentos para cortar los abastecimientos de la guerrilla.

Las denuncias de los Embera-Katío contra las Fuerzas Armadas también se refieren a otro tipo de abusos, y a señalamientos y hostigamientos contra la población indígena. Se reportan maltratos a la población indígena por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, que acusan a los Embera-Katío de ser guerrilleros y les exigen información. Según comunicado de los Cabildos Mayores, desde finales de agosto hasta el 12 de septiembre de 2005, el Ejército permaneció en territorio embera-katío cometiendo múltiples abusos y violaciones del DIH. Según el CONIP, “miembros de la Fuerza Pública permanecieron con sus tiendas de campaña en cercanías de los lugares de habitación de la comunidad de Amborromía; durmieron al menos en dos oportunidades debajo o al lado de los tambos (viviendas de la comunidad); entraron en los tambos 'cuando les pareció'; sustrajeron animales domésticos (gallinas), en algunas oportunidades pagaron el precio que ellos quisieron, y en una ocasión no pagaron; preguntaron a las mujeres, niñas y niños sobre el sitio donde está la guerrilla; obligaron a los jóvenes a cargarles sus remesas (alimentos y vituallas); utilizaron los botes de la comunidad; dijeron a la gente que 'como estas cosas las hacen para la guerrilla, entonces para ellos también las tienen que hacer'”. También se hace referencia a un hostigamiento de las Fuerzas Armadas a las comunidades de Porremia y Kiparadó, del 28 al 30 de abril de 2006, cuando miembros del Batallón Voltígeros estuvieron preguntando por la guerrilla en la zona.

También se ha denunciado que las Fuerzas Armadas detienen las embarcaciones indígenas para pedirles que los transporten, o que les den su gasolina. En estas zonas el costo de la gasolina es muy alto por las restricciones impuestas por las autoridades (se usa como insumo para el procesamiento de coca), y por las largas distancias que hay que recorrer. En este sentido, se denuncia que el 9 de junio de 2006, el Ejército saliendo de Frasquillo detuvo la embarcación de la comunidad, pidiendo que los llevaran, a lo cual los Embera-Katío se negaron porque se habían recibido quejas por el tema, dado que en meses anteriores hubo disparos al aire para parar las embarcaciones. Más aún, se reporta que en el marco de los operativos militares entre finales de 2005 y mediados de 2006, en los retenes militares en Puerto Frasquillo las tropas tomaron una fotografía de las personas que se embarcaban y les entregaban una ficha que debían regresar al volver al puerto, registrando sus datos.

Por otra parte, los Embera-Katío también se han visto afectados por la presencia reciente de cultivos de coca dentro del resguardo, desarrollados por colonos no indígenas, paramilitares activos y desmovilizados, que conllevan la realización de operaciones de fumigación sin consulta previa. Igualmente, se ha reportado la presencia de comunidades campesinas dedicadas al cultivo de coca en las tierras colindantes con el resguardo, que ha causado fumigaciones que afectan a los indígenas. Por ejemplo, la Misión Internacional de Verificación constató que aproximadamente 20 días antes de su visita hubo una fumigación inconsulta que generó daños dentro del resguardo, hecho que fue corroborado por la Unidad de Parques en Montería el 22 de septiembre de 2006; se denuncia que por causa de esta fumigación se generó la destrucción de los cultivos de pancoger y la contaminación de las aguas consumidas.

Por último, las autoridades Embera-Katío han denunciado la práctica de enamoramiento y violencia sexual contra las mujeres y niñas por los actores armados en general.

Por la grave situación humanitaria del pueblo Embera-Katío, entre noviembre de 2004 y abril de 2005 hubo una movilización masiva a Bogotá en tanto Asamblea Permanente, donde permanecieron para exigir al Gobierno una solución; denunciaban principalmente el incumplimiento de los acuerdos de Urrá, el abandono institucional, la impunidad de la desaparición de líderes. Eventualmente, ante el logro de un acuerdo con el Gobierno, regresaron a su territorio; sin embargo, denuncian que este acuerdo ha sido incumplido.

b. Grupos Embera-Katío del Alto San Jorge, Urabá y Chocó

Los pueblos Embera-Katío que habitan en las regiones del Alto San Jorge, el Urabá Antioqueño y el Chocó también se han visto gravemente afectadas por distintas manifestaciones del conflicto armado.

Así, se reporta que las guerrillas, los grupos paramilitares –desmovilizados y en proceso de reconfiguración- y la Fuerza Pública hacen presencia en sus territorios tradicionales y desarrollan confrontaciones militares en los mismos, involucrando a la población indígena en el conflicto, Por ejemplo, se ha denunciado que en Urabá las FARC –Frentes 5 y 57- se han fortalecido y han amenazado a las comunidades indígenas por acusarlas de colaboradoras de los paramilitares.

Un factor especialmente grave de recrudecimiento del conflicto en territorio indígena ha sido la explotación de los recursos naturales por parte de los grupos armados al margen de la ley. Por ejemplo, se denuncia la explotación maderera que ha atraído a los grupos armados al territorio.

También hay una alta presencia del narcotráfico en la  región, especialmente en Tierralta y el Nudo de Paramillo; ello exacerba la actividad y la violencia de los actores armados ilegales, que ha atrapado a los indígenas. La presencia de cultivos ilícitos también genera operaciones de fumigación que afectan a las comunidades indígenas; así, el 2 de agosto de 2005, las comunidades embera katío del Alto San Jorge – resguardo de Quebrada Cañaveral denuncian una operación de fumigación indiscriminada de coca que afecta sus cultivos de pancoger y la selva, así como contaminación del agua con perjuicio de la salud.

Igualmente se reporta que, como consecuencia del conflicto, el territorio tradicional ha sido sembrado con minas antipersonal. Por ejemplo, en Mutatá, en 2005, una mina antipersonal en un campo de cultivo causó la muerte a un indígena e hirió a dos más; fue sembrada en combates entre las Fuerzas Armadas y las FARC.

Los grupos armados utilizan o explotan a las mujeres y no les pagan por su trabajo.

La situación de los Embera-Katío de estas regiones ante el conflicto armado se puede visualizar mejor mediante una descripción de la forma como han sido afectadas algunas comunidades específicas – concretamente, las del Alto San Jorge y Alto Uré, y las del Bajo Atrato y el norte del Chocó –, todo de acuerdo con los documentos recibidos por la Corte:

Comunidades indígenas del Alto San Jorge y Alto Uré. Están ubicadas en el resguardo Quebrada Cañaveral (2815 hectáreas, 122 familias) y en la zona de no resguardo del Alto Uré. En la región hay disputas territoriales por megaproyectos minero-energéticos, presiones de los terratenientes por las tierras alrededor y dentro del resguardo, y expansión del narcotráfico, que ha resultado en un cambio en las dinámicas de la tierra que genera desplazamiento. En el Alto Uré hay fincas sin titular donde se realizan los proyectos y los cultivos ilícitos; por lo mismo ha habido fumigaciones recientes en Batatadó (Quebrada Boca de San Pedrito), Dochamá (Quebrada San Antonio) y Dandadó (Quebrada La Danta) del Alto Uré, afectando los cultivos de pancoger, el bosque y las quebradas. Se reporta la sustitución de cultivos tradicionales de pancoger por cultivos ilícitos. También se reporta deforestación por explotación maderera controlada por las AUC, y pesca con explosivos por las AUC que está acabando con los recursos ictiológicos. Por otra parte, se ha presentado siembra de minas antipersonal por las FARC. Todo lo anterior ha resultado en: interrupción del proceso de organización y manejo territorial indígena; alteración de los sistemas de producción tradicional resultando en inseguridad alimentaria; reducción de caza y pesca por fumigaciones y contaminación por los insumos para la coca; enfermedades por fumigaciones; desplazamiento forzado; y debilitamiento social y de las autoridades.

En relación con las fumigaciones, se ha informado a la Corte que el 2 de agosto de 2005, comunidades indígenas vecinas a las del Alto Sinú, del pueblo Embera Katío del río San Jorge denunciaron una intensa fumigación de cultivos de coca: “…En el Alto Uré, se viene fumigando de manera repetida desde hace más de 2 años. Lo delicado es que las fumigaciones resultan más graves para la comida de la gente y para los bosques, que para la coca, la cual queda intacta en muchos casos. Hace mes y medio, la fumigación se hizo sobre un bosque de conservación en Alto Cristal y sobre los sitios de cultivo de las comunidades Batatadó, Dochamá (San Antonio) y La Danta, fumigando un total de 55,25 hectáreas. Esto dejó sin comida a las familias, como también ha provocado muchas enfermedades (diarreas, gripa, erupciones en la piel, vómito, mareos, dolor de cabeza, fiebre) y contaminación del río y los animales. La coca, viene arrasando las comunidades ante la impasividad del Estado, que sólo sabe fumigar los alimentos, el bosque, los rastrojos, mientras sigue aumentando la coca”.

Comunidades indígenas del Bajo Atrato y del Norte del Chocó

- Comunidad La Loma (compuesta por Emberas, Wounaan y Embera-Katíos), municipio de Ríosucio - cuenca del Quiparadó: Tiene 125 habitantes. Denuncian que, en 1996, sufrieron un confinamiento por 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2002, se presentó el desplazamiento selectivo de líderes y familias al casco urbano de Ríosucio; entre 1997 y 2003, sufrieron el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 2003, se causó el desplazamiento de toda la comunidad (17 familias) a Marcial y Jagual por dos meses, luego de lo cual hubo un retorno sin apoyo del Estado; y en 2007, dos niños menores de 4 años murieron por desnutrición.

- Comunidad Yarumal, municipio de Ríosucio – cuenca del Arenal-Sataquí: Tiene 58 habitantes. Denuncian que, en 1996, sufrieron un confinamiento por 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2002, se presentó el desplazamiento selectivo de líderes y familias al casco urbano de Ríosucio; entre 1997 y 2003, sufrieron el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 1997, hubo un bombardeo en la comunidad por el Ejército Nacional; en 1997, se presentó el desplazamiento de toda la comunidad (13 familias) a Barranco por un mes, y luego hubo un retorno que sólo contó con el apoyo de CAMIZBA.

- Comunidad Unión Embera-Katío (compuesta por Emberas y Embera-Katíos), municipio Ríosucio – cuenca del Salaquí: tiene 368 habitantes. En punto a esta comunidad se denuncia que, en 1996, sufrieron un confinamiento de 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, se presentó bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 1997, cuatro familias se desplazaron al casco urbano de Ríosucio; y en 2007, un menor de un año murió por desnutrición.

- Comunidad Pueblo Antioquia, municipio de Ríosucio – cuenca del Alto Salaquí: tiene 127 habitantes. De acuerdo con los documentos, en 1996, sufrieron un confinamiento de 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, hubo bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 2005, se presentó ocupación del territorio de la comunidad por las AUC por 15 días, y luego por las FARC por 3 días; entre 1997 y 2005, se presentó el desplazamiento selectivo de líderes y familias al casco urbano de Ríosucio por señalamientos de las AUC; en 2007, dos niños menores de un año y un adulto murieron por desnutrición.

- Comunidad Bekerá – Perancho, municipio Ríosucio – Cuenca del Perancho: tiene 127 habitantes. En relación con esta comunidad se dice que, en 1996, sufrieron un confinamiento por 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, soportaron el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 1998, 3 familias se desplazan a Panamá.

- Comunidad Pueblo Nuevo – Peranchito (compuesta por Embera-Katíos y Embera-Chamíes), del municipio de Ríosucio – cuenca del Perancho: tiene  146 habitantes. Acerca de la comunidad se dice que, en 1996, sufrieron un confinamiento por 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, soportaron el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 1997, cuatro familias fueron desplazadas a Panamá; entre 1980 y 1997, hubo presencia continua de las FARC por un campamento de frontera; en 1999, se presentó el asesinato de un líder indígena en Turbo por las AUC.

- Comunidad Coredocito, del municipio Carmen del Darién – cuenca del Jiguamiandó: tiene 265 habitantes. Sobre esta comunidad se plantea que, en 1996, sufrieron un confinamiento de 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, hubo bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 1998, hubo un bombardeo en la comunidad por el Ejército, luego del cual desaparecieron tres mujeres y una niña; en 1998, se presentó el desplazamiento masivo de 53 familias de Guayabal a la cabecera de Coredocito, que todavía están desarrollando un  plan de retorno a la misma cuenca; han sido afectados por la presencia de las FARC, las AUC, y las Fuerzas Armadas en el territorio.

- Comunidad Uradá, del municipio de Carmen del Darién – cuenca del Urada: tiene 224 habitantes. Se denuncia que, en 1996, sufrieron un confinamiento por 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, soportaron el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 1998, hubo bombardeos por el Ejército Nacional; han sido afectados por la presencia  de FARC, AUC y Fuerzas Armadas en el territorio; en 1998, se presentó un desplazamiento masivo de 54 familias a Mutatá (Jaikerazabí, Vedó, Piñales), luego del cual, en 2000, se presentó el retorno de 10 familias, gota a gota y sin apoyo de las autoridades.

- Comunidad Chidima, del municipio de Acandí – cuenca del Tolo: tiene 88 habitantes. Se informa que, en 1996, sufrieron un confinamiento de 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, hubo bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 1998, se presentaron enfrentamientos y hostigamientos por las AUC y las FARC; en 2007, hubo presencia de las FARC en el territorio.

- Comunidad de Cutí, del municipio de Unguía – cuenca del Tanela: tiene 30 habitantes. Se reporta que, en 1996, se presentó el asesinato de un líder indígena en la comunidad, y el desplazamiento de tres familias a Córdoba; han informado sobre la pérdida de 900 hectáreas del resguardo a manos de colonos y de las AUC.

- Resguardos Embera-Katío de Tanela, Eyákera-Tanelita (en proceso de constitución), Pescadito y Chidima (Acandí): Denuncian en primer lugar la ocupación ilegal de tierras indígenas por colonos y terratenientes para ganadería extensiva; extracción de oro en la quebrada Bonita en el resguardo de Chidima; y la caza, extracción de madera, agricultura y venta de mejoras por colonos a los terratenientes en el resguardo de Chidima. También denuncian en este contexto la intensificación del conflicto armado: “La vida y la integridad de las comunidades indígenas se encuentra particularmente amenazada por la presencia en la zona de grupos paramilitares que ahora se hacen llamar 'Águilas Negras', que son los mismos con nombre diferente, quienes en Unguía y El Tigre continúan patrullando y reclutando jóvenes. Los paramilitares también están presentes en Acandí y El Gilgal. Además, algunos líderes indígenas han sido víctimas de amenazas de muerte por parte de terratenientes y ganaderos interesados en explotar el territorio de las comunidades. // Por otra parte, la Policía ejerce estrictos controles a la circulación y el transporte de víveres por parte de los indígenas y campesinos. La Policía del corregimiento de Balboa, lleva a cabo el registro de los nombres y las actividades de los visitantes a la zona, justificándose en la necesidad de mantener informado al Ejército”. Por otra parte, reportan que en el resguardo de Chidima, los colonos se han apropiado de tierras para ganadería, pescan y cazan en el territorio, y tienen cultivos de coca; y en el resguardo de Pescadito se reporta la venta irregular de 60 hectáreas a 2 colonos.

La desestructuración cultural del pueblo Embera-Katío ha aumentado las tasas de suicidios entre jóvenes en la zona del Bajo Atrato; así, se informa que el 15 de marzo de 2003 se suicidó Patricia Jumí Carupia, de 12 años; y el 12 de abril de 2003 Cecilia Domicó Majoré, de 13 años. Ha habido además varios intentos de suicidio entre la población indígena.

Las comunidades Embera-Katío de estas regiones del país se han declarado, en distintas oportunidades, neutrales ante el conflicto armado, y han exigido el respeto de sus territorios y de su integridad cultural por parte de los actores armados. Así, por ejemplo, las autoridades que conforman el Cabildo Mayor Indígena Zonal del Bajo Atrato (CAMIZBA) han expresado: “Las comunidades indígenas que representa CAMIZBA y que se encuentran ubicadas en la subregión del Bajo Atrato ...también han sido víctimas de la violencia desde hace muchos años, pero de manera particular y crítica desde diciembre de 1996, época en que se intensifica la confrontación entre los diferentes actores armados. (…) nuestra organización ha levantado la consigna, que frente a esos actos de barbarie de la guerra, de resistir en defensa de nuestra dignidad, cultura, territorio y autoridades propias de nuestros pueblos. Pues nuestras comunidades poco a poco se han convertido en el blanco predilecto de todos los actores de la guerra que consume la zona del bajo Atrato, por el hecho de habernos negado a ser partícipes directos de ésta y mantener una posición digna de autonomía y resistencia en nuestros territorios”.

2. Relación detallada de los crímenes sobre los cuales se ha informado a la Corte.

La Corte ha sido alertada sobre una serie de crímenes de los que ha sido víctima el pueblo indígena Embera-Katío. En los documentos que sirven de fuente a este aparte se mencionan, entre otros, los siguientes crímenes perpetrados contra la población Embera-Katío en el marco del conflicto armado:

1. En 1996, fue asesinado un líder indígena de la comunidad de Cutí, en el  municipio de Unguía – cuenca del Tanela.

2. En 1998, se denuncia un bombardeo por el Ejército en la comunidad de Coredocito, en el municipio Carmen del Darién – cuenca del Jiguamiandó, como consecuencia del cual desaparecieron tres mujeres y una niña.

3.  El 25 de agosto de 1998, un grupo de paramilitares asesinó al jaibaná Alonso Domicó Jarupia, del Cabildo Mayor del Río Sinú – resguardo Karagabí, de 60 años de edad.

4. En 1999, las AUC asesinaron en Turbo a un líder indígena de la comunidad Pueblo Nuevo – Peranchito.

5.  El 1º de febrero de 1999, el indígena Alejandro Domicó fue asesinado por presuntos paramilitares de las ACCU en un retén que se instaló en el sector de “El Gallo”, sobre el Río Sinú.

6. El 24 de abril de 1999, el líder Lucindo Domicó Cabrera, del Cabildo Mayor del Río Sinú y Río Verde, fue asesinado  por presuntos paramilitares, en Tierralta.

7. Según reporta la Comisión Colombiana de Juristas, “el 14 de julio de 1999, en el corregimiento de Saiza (en cabecera del río Verde), municipio de Tierralta, los paramilitares incendiaron 10 viviendas, asesinaron a ocho personas e hirieron a los indígenas Rubén Darío Mosquera Pernía y Moisés Domicó Bailarín. Los heridos fueron subidos a una ambulancia con destino al municipio de Tierralta, pero en el camino el vehículo fue detenido por paramilitares, quienes capturaron y desaparecieron a Rubén Darío Mosquera.”

8. El 16 de septiembre de 2000, hombres armados, presumiblemente de las FARC, asesinan en Zorandó al comunero Januario Cabrera Lana, y obligan a 7 familias de esa comunidad a desplazarse a la vereda El Cerro en los límites con Antioquia.

9. El 6 de marzo de 2001, José Ángel Domicó Jarupia, Jenené Mayor del Río Sinú, fue asesinado por hombres armados en el municipio de Tierralta.

10. El 2 de junio de 2001, fue retenido y desaparecido por paramilitares el líder Kimy Pernía Domicó. Este crimen, emblemático por la amplia labor pública de la víctima, permanece hasta la fecha en la impunidad.

11. El 19 de enero de 2002 fue asesinado William Domicó, presuntamente por los paramilitares.

12. El 5 de febrero de 2002, fueron asesinados Cirilo Enrique Domicó Domicó, y el niño Armando Domicó Domicó, presuntamente por paramilitares, bajo acusaciones de ser colaboradores de la guerrilla, hechos que produjeron el desplazamiento forzado de 29 familias indígenas. También fueron asesinados por la misma razón los dueños de una tienda que proveía alimentos a la comunidad.

13. El 21 de febrero de 2002 fue asesinado Sol Ángel Arias Domicó, presuntamente por las FARC.

14. El 25 de abril de 2002, fue secuestrado, torturado y asesinado Ludolfo Domicó Chará, presuntamente por las FARC.

15. El 18 de abril de 2003, fue asesinado Augusto Lana Domicó, presuntamente por las FARC.

16. El 6 de diciembre de 2004, miembros de las Farc llegaron a la vereda Caracolí y asesinaron a Horacio Bailarín, Arturo de Jesús Domico Bailarín y Misael Domicó[29].

17. El 6 de diciembre de 2004, tres indígenas katío de la comunidad de Ibudó – Las Playas en Apartadó fueron asesinados en su territorio frente a toda su comunidad por el Frente 5 de las FARC.

18. El 10 de junio de 2005, fueron secuestrados Colmes Hernández (presidente de la JAL) y Darío Gómez, presumiblemente por las FARC, en bocas del río Verde – comunidad de Kapupudó.

19. En agosto de 2005, las FARC asesinan a Honorio Domicó, de Kiparadó.

20. El 15 de febrero de 2006, se denuncia que 5 hombres, presumiblemente miembros de las Fuerzas Armadas, retuvieron, golpearon, amenazaron y maltrataron gravemente a Augusto Mojoré Jumí, Julio Martín Domicó y Algarín Domicó, cerca de la comunidad de Porremia; esta información fue constatada por la Defensoría del Pueblo.

21. El 13 de septiembre de 2006, la guerrilla incursionó en Turbo, y asesinó a un indígena Embera-Katío del resguardo Arepera.

3. Afectación del pueblo Embera-Katío por el desplazamiento forzado.

Las diversas comunidades que integran el pueblo Embera-Katío han sido afectadas en forma severa, reiterada y masiva por el desplazamiento forzado, que les ha golpeado en numerosas oportunidades a lo largo de la última década. Más aún, no se ha informado sobre actuaciones de las autoridades tendientes a prevenir la ocurrencia de nuevos desplazamientos, ni a proveer a las víctimas con la atención diferencial que requieren.

La siguiente es una enunciación, no exhaustiva, de algunos desplazamientos del pueblo Embera-Katío que han sido denunciados:

- Según informa la Comisión Colombiana de Juristas, "el 29 de enero de 1999, grupos paramilitares llegaron a la quebrada Chispas, en la comunidad de Kiparadó y ordenaron a tres familias indígenas que desalojaran en un plazo de tres días sus viviendas, ubicadas en los límites del resguardo Karagabí. Igualmente ordenaron despejar la parte central de la comunidad de Kiparadó, donde se encuentra el dispensario de salud y la escuela. Los paramilitares prohibieron a las familias amenazadas desplazarse hacia el casco urbano de Tierralta y a la zona de Río Verde."

- El 15 de septiembre de 2000, los cabildos mayores de Río Verde y Río Sinú denuncian que un presunto grupo de paramilitares incursionó en Zorandó y Zimbra, acusaron a los indígenas de ser auxiliadores de la guerrilla y los obligaron a desplazarse de estas comunidades.

- El 16 de septiembre de 2000, hombres armados presumiblemente de las FARC asesinan en Zorandó al comunero Januario Cabrera Lana, y obligan a 7 familias de esa comunidad a desplazarse a la vereda El Cerro en los límites con Antioquia.

- El 26 de septiembre de 2000, combates entre AUC y FARC generan el desplazamiento de 200 familias del corregimiento de Saiza en Tierralta.

- El 27 de septiembre de 2000, las autoridades confirman el desplazamiento masivo de la comunidad de Zorandó hacia Antioquia. También confirman que la comunidad de Simbra se desplazó hacia Zorandó por amenazas de los grupos paramilitares, que reunieron a la población en el sitio de el Llano y les dieron 20 días para desocupar la región. Posteriormente, el 30 de septiembre de 2000, la comunidad de Simbra se desplaza de Zorandó hacia El Cerro (Antioquia), porque los paramilitares amenazan con que los que no despejen serán considerados miembros de la guerrilla.

- En noviembre de 2003, se presenta un desplazamiento intra-resguardo en Nejundó.

- En el casco urbano de Ríosucio hay 200 personas Embera-Katío desplazadas por señalamientos de las autodefensas. Algunos retornan por unos días, pero no pueden quedarse en sus comunidades de origen. Hay muchos desplazamientos hacia otras comunidades dentro del mismo resguardo, que no reciben ningún tipo de atención.

- En mayo 5 de 2004 se presenta el desplazamiento de la comunidad El Noventa de Chocó, compuesta por 14 familias, 69 personas.

- El 29 de septiembre de 2004, se presenta el desplazamiento de la comunidad La Fiera (compuesta por 14 familias).

- Entre 1997 y 2002, se registró el desplazamiento selectivo de líderes y familias de la comunidad La Loma del municipio Ríosucio, hacia el casco urbano; en 2003, hubo un desplazamiento de toda la comunidad (17 familias) a Marcial y Jagual por dos meses, y luego un retorno sin apoyo del Estado.

- Entre 1997 y 2002, hubo desplazamientos selectivos de líderes y familias de la comunidad Yarumal, en el municipio de Ríosucio, hacia el casco urbano; en 1997, se presentó el desplazamiento de toda la comunidad (13 familias) a Barranco por un mes, y un retorno posterior, sólo con el apoyo de Camizba.

- En 1997, cuatro familias de la comunidad Unión Embera-Katío del municipio Ríosucio se desplazaron al casco urbano.

- Entre 1997 y 2005, se presentó el desplazamiento selectivo de líderes y familias de la comunidad Pueblo Antioquia del municipio de Ríosucio, hacia el casco urbano, por señalamientos de las AUC.

- En 1998, tres familias de la comunidad Bekerá – Perancho, del municipio  de Ríosucio, se desplazan a Panamá.

- En 1997, cuatro familias de la comunidad Pueblo Nuevo – Peranchito, del municipio de Ríosucio, se desplazan a Panamá.

- En 1998, se presenta el desplazamiento masivo de 53 familias de la comunidad Coredocito del municipio de Carmen del Darién a la cabecera de Coredocito.

- En 1998, se presenta el desplazamiento masivo de 54 familias de la comunidad de Uradá, en el municipio de Carmen del Darién, a Mutatá; 10 de estas familias retornaron en 2000 sin apoyo del Estado.

- En 1996, como consecuencia del asesinato de un líder indígena en la comunidad de Cutí, se presenta el desplazamiento de tres familias a Córdoba.

4. Medidas interamericanas de protección de los Embera-Katío.

El 4 de junio de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de distintos integrantes de la etnia Embera-Katío del Alto Sinú. En términos de la Comisión:  "El 4 de junio de 2001 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Kimi Domicó, Uldarico Domicó, Argel Domicó, Honorio Domicó, Adolfo Domicó, Teofán Domicó, Mariano Majore, Delio Domicó, Fredy Domicó y demás miembros de la comunidad indígena Embera-Katío del Alto Sinú secuestrados en el cabildo comunitario y zonas aledañas. Se solicitó al Estado adoptar de manera urgente las medidas necesarias para establecer el paradero y proteger la vida e integridad personal de las personas arriba mencionadas, adoptar las medidas necesarias para proteger a los demás miembros de la Comunidad Indígena Embera-Katío del Alto Sinú, de común acuerdo con los peticionarios, e investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los atentados en contra de la Comunidad. (...)"

5. Respuesta estatal a la situación.

Según se reportó a la Corte Constitucional, la respuesta del Estado colombiano a la grave situación del pueblo indígena Embera-Katío se ha centrado en dos ámbitos: la implementación de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la atención incipiente de algunos de los desplazamientos forzados que se han presentado en esta etnia, según se explica a continuación.

1. Implementación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

En su respuesta al Auto 248 de 2007, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia reportó a la Corte los siguientes avances en esta materia:

"- Presencia permanente de un Defensor Comunitario en los resguardos desde el 9 de mayo de 2003, para garantizar la presencia civil en la zona.

- Una Comisión Mixta (Gobierno, peticionarios, beneficiarios de las medidas), que visitará la zona cada 2 meses o ante solicitudes urgentes, cuyo objeto es hacer acompañamiento al Defensor comunitario.

- Reuniones periódicas de concertación y seguimiento para revisar las situaciones de seguridad y protección.

- Adopción de medidas de seguridad por la Fuerza Pública y la Policía Nacional."

Más tarde, en respuesta al Auto 251 de 2007, la Dirección de Etnias presentó el siguiente informe:

"Tema: Ultimas actuaciones en el marco de Medidas Cautelares CIDH y en el tema de saneamiento básico de resguardo y consulta previa para erradicación de cultivos ilícitos.

Antecedentes:

El 4 de junio de 2001 la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Kimi Domicó, Uldarico Domicó, Argel Domicó, Honorio Domicó, Adolfo Domicó, TEofan Domicó, Mariano Majore, Delio Domicó, Fredy Domicó y demás miembros de la Comunidad Indígena Embera Katío del Alto Sinú secuestrados en el cabildo comunitario y zonas aledañas. Se solicitó al Estado colombiano adoptar de manera urgente las medidas necesarias para establecer el paradero y proteger la vida e integridad personal de las personas arriba mencionadas, adoptar las medidas necesarias para proteger a los demás miembros de la Comunidad Indígena Embera Katio del Alto Sinú, de común acuerdo con los peticionarios, e investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los atentados en contra de la Comunidad. Tras la respuesta del Estado las partes continuaron presentando información y observaciones con relación a estas medidas cautelares.

Compromisos coordinados por la Dirección de Etnias

TAREASRESPONSABLESTIEMPOS
1. Conformar un equipo de sensibilización a los campesinos que poseen las mejoras adquiridas para el resguardo. debe ser liderada por el INCODER con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el apoyo y coordinación de actividades de seguridad por parte del Ejército Nacional – Batallón Junín. 1. INCODER
2. Defensoría del Pueblo.
3. Procuraduría General de la Nación.
Segunda semana de septiembre de 2007. Ya se cumplió.
2. Una vez surtidos los procedimientos establecidos, el Gobierno Nacional a través del INCODER y con el apoyo de las demás instituciones competentes, se hará entrega de los territorios saneados y sin la presencia de los colonos.1. INCODER
2. Defensoría del Pueblo
3. Procuraduría General de la Nación
Al finalizar los procesos que lleven al saneamiento efectivo del resguardo se fijará fecha.
3. La Dirección de Etnias realizará una reunión de información con los 26 cabildos de la zona para informar sobre la presente reunión y la sentencia SU-383/03Ministerio del Interior y de Justicia – Dirección de EtniasFecha por fijar.
4. De conformidad con el desarrollo de esta reunión la PNA y la DET junto con las autoridades del pueblo Embera Katío priorizarán el desarrollo de la Consulta Previa por Erradicación de Cultivos Ilícitos.1. Policía Nacional Antinarcóticos.
2. Ministerio del Interior y de Justicia – Dirección de Etnias
3. Autoridades indígenas.
Las fechas se concertarán en las reuniones de información de septiembre 25-26 en Tierralta, Córdoba.
5. Instruir a los batallones 17 y 11 sobre la directiva 0161. Derechos Humanos Mindefensa
2. Ministerio del Interior y de Justicia – Dirección de Etnias.
Diciembre 5 y 6 de 2007
6. Instruir funcionarios de Alcaldía de Tierralta y Gobernación de Córdoba en Derechos de las Comunidades Etnicas y trato no discriminatorio.1. Ministerio del Interior y de Justicia – Dirección de EtniasDiciembre de 2007.

Fuentes: INCODER, MINDEFENSA, DET"

Posteriormente, la Dirección de Etnias presentó un tercer informe a la Corte sobre el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH así:

"Medidas adoptadas Estado Colombiano.

1. Presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en la zona a través de un Defensor Comunitario, desde el mes de mayo del 2003.

2. Conformación de una comisión mixta de acompañamiento a la presencia permanente del Defensor Comunitario, la cual viene funcionando desde 2003, con participación de los organismos de control, Ministerio del Interior y de Justicia, Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Comisión Colombiana de Juristas, Organización Nacional Indígena de Colombia, Organización Indígena de Antioquia y representantes de los Cabildos Mayores de Río Verde y Río Sinú. Entre actividades a la fecha se han realizado 6 visitas a la zona y se hace seguimiento a las acciones de protección y prevención acordadas con la comunidad cuya finalidad es garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la citada comunidad.

3. Implementación del Proyecto de Comunidades e Riesgo en la región del Alto Sinú.

4. Adopción de medidas materiales para los dirigentes indígenas tales como 37 apoyos de reubicación temporal y 86 tiquetes aéreos nacionales para salir temporalmente de la zona de riesgo.

5. En lo relacionado con procesos penales, la Fiscalía General de la Nación adelante 7 investigaciones con relación a los hechos denunciados por los miembros de la Comunidad Indígena Embera Katío del Alto Sinú.

6. En lo que respecta a procesos disciplinarios, la Procuraduría General de la Nación, adelanta 7 investigaciones contra servidores públicos.

7. Reuniones interinstitucionales de seguimiento a las medidas cautelares en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá.

Ultima actuación: La última visita de la Comisión Mixta de Protección fue en septiembre 3 a 7 de 2007."

Según informaron las autoridades Embera-Katío, la Comisión Mixta conformada para hacer seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH – ha sido útil para abrir espacios de comunicación y concertación entre los Embera-Katíos y el Estado; pero no ha servido para la protección de sus derechos ni  para su seguridad. En efecto, se reportan dilaciones y falta de voluntad de las autoridades para cumplir con los acuerdos pactados. También se informa que aunque las medidas cautelares de la CIDH se decretaron en 2001, sólo hasta 2004 se definió con el Gobierno el esquema de protección para los líderes beneficiarios, que consistieron en: chalecos, guardaespaldas, radios y vehículos o salida temporal para los líderes. Estos propusieron medidas más aptas y comprehensivas de atención a los derechos económicos, sociales y culturales para proteger a todo el pueblo Embera-Katío; pero en su criterio, no hay voluntad estatal de cumplir.

2. Atención de la población Embera-Katío víctima del desplazamiento forzado.

La respuesta estatal en este ámbito ha sido dada por Acción Social, que en su informe de respuesta al Auto 251/07 de la Corte Constitucional presentó una tabla de resumen con la siguiente información.

En relación con la ponencia de CAMIZBA sobre la situación de las mujeres indígenas en el área de su jurisdicción, se informa:

"Queja y/o solicitud: Ayuda humanitaria – Los indígenas desplazados no reciben 'ayuda de ninguna clase'.

Respuesta: Mercados y kit agropecuario den 2005 por una sola vez. // Mercados en el 2006 por una sola vez // 600 kilos de papas, 600 kilos de azúcar, 30 cajas de sardina por 24 unidades, 100 litros de aceite de cocina y 40 kilos de sal el 25 de abril de 2007.

Observaciones: Ver Anexo"

"Tema: ReSA.

Respuesta: Se está ejecutando, con recursos del Ministerio de Agricultura y Acción Social, un proyecto de seguridad alimentaria Proyecto de Seguridad Alimentaria en Ríosucio y Carmen del Darién, operado por la corporación Acción por el Quindío Actuar Famiempresas, el cual está atendiendo a 2706 familias, equivalentes a 13.530 indígenas. Es importante aclarar, que a la fecha no tenemos discriminada la población por municipios, ya que dicho proyecto se encuentra iniciando.

Observaciones: Ver anexos ReSa".

Por otra parte, en relación con la intervención de los representantes del Cabildo mayor Indígena de la zona del Bajo Atrato, se informa:

"Tema: Retorno y Reubicaciones

Respuesta: El 9 de mayo de 2006 se inicia el proceso de evaluación y concertación de un posible retorno de las comunidades: Unión Chocó, Olave, Macedonia, San Cristóbal y Unión Wounaan. Se valoran y establecen compromisos en los componentes de Seguridad y Protección, Seguridad alimentaria, Desarrollo Agropecuario, Educación, salud y saneamiento básico. En la evaluación de seguridad realizada, Acción Social no recomienda la realización del retorno, aun así las comunidades deciden retornar, los días 22 y 23 de mayo, se produce el retorno de las 5 comunidades desplazadas. Por lo menos 20 hogares familiares de las víctimas no retornaron. Posterior al proceso de retorno, en el mes de junio de 2006, Acción Social, en coordinación con la administración municipal, adelantó el apoyo a un proyecto de seguridad alimentaria para los 270 hogares retornados, con un costo de $109'134.000."

F. Situación del pueblo indígena Embera (Embera-Dobidá) ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo Embera (Embera-Dobidá) ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente.

Los principales documentos que se tuvieron en cuenta para este diagnóstico son los siguientes: (1) Documento titulado "Pueblos Indígenas del Chocó – Megaproyectos, Etnocidio y Ecocidio". (2) Documento titulado "Posición de las Comunidades Indígenas Embera Katío y Embera Dobida frente a la exploración y explotación del Cerro Careperro", por el cabildo Mayor Indígena de Carmen del Darién, octubre de 2005. (3) Comunicación de la ONIC titulada "Desplazamientos y muerte rondan la vida y los territorios indígenas", 10 de diciembre de 2005. (4) Comunicación de la ONIC titulada "Bajo el manto de la impunidad: continúa el etnocidio de nuestros pueblos indígenas". (5) Comunicación de la ONIC titulada "Confinamiento y elecciones: constante del terror en Colombia". (6) Intervención de los representantes del Cabildo Mayor Indígena de la zona del Bajo Atrato (CAMIZBA). (7) Intervención del representante de la comunidad Embera de Unión Cuití – Río Napipí en Bojayá. (8) Reporte sobre la situación de desplazamiento de la comunidad indígena Embera-Katío del Resguardo de Honduras – Municipio de Florencia (Caquetá). (9) Intervención del representante de la comunidad Embera-Katío del resguardo de Honduras (Caquetá).

1. Panorama general de afectación étnica del pueblo Embera (Embera-Dobidá) por el conflicto armado.

Al igual que en los casos de los pueblos indígenas cuya situación se ha reseñado en páginas anteriores, el pueblo Embera-Dovidá, que habita amplias franjas del occidente de Colombia, se ha visto gravemente afectado por el conflicto armado, el cual se ha conjugado con distintos factores económicos para generar una situación de alto riesgo que a muchas comunidades las ha forzado a desplazarse y ha generado un gran número de víctimas. Hay tres actividades económicas que, aunadas a la presencia y actividades de los grupos armados ilegales y de la Fuerza Pública en sus territorios, amenazan la vida y el medio ambiente: (a) el avance de los cultivos ilícitos en los resguardos – en Alto Baudó, Río Quito, Medio Atrato, Bojayá, Nóvita; (b) el avance de grandes plantaciones de palma africana sobre sus territorios, en algunos casos controladas por grupos paramilitares; y (c) la explotación maderera con motosierra, financiada por los paramilitares, en el territorio del resguardo. En este sentido, los Cabildos Mayores del Chocó denuncian atropellos, entre otros, en los municipios de Lloró, Carmen de Atrato, Bojayá, Riosucio, Juradó, y Medio Baudó en el Chocó, por el incremento de la explotación maderera promovida por los paramilitares y las guerrillas; temen, en este sentido, que a sus comunidades les pase lo que sucedió a los grupos afrodescendientes de Curvaradó y Jiguamiandó con la palma africana.

La situación del pueblo Embera-Dovidá se ilustra con la siguiente descripción breve de las acciones bélicas que han afectado a distintas comunidades que lo conforman, basada en los documentos recibidos:

- Comunidad de Jagual, del municipio de Ríosucio – cuenca del Chintadó: Tiene  356 habitantes. Sobre esta comunidad se denuncia que, en 1996, sufrió un confinamiento de 6 meses por las AUC; en 1996, fue receptora por 3 meses de población desplazada afrocolombiana y mestiza; en 1997, fue receptora de población desplazada de las comunidades de Chimirindó y Quiparadó por 2 meses; entre 1997 y 2003, soportó el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 1997, tres líderes indígenas fueron asesinados por las FARC; de 1997 a 1999 hubo explotación maderera en su territorio por las FARC; entre 2002 y 2007, hubo explotación maderera por las AUC en el territorio tradicional; en 2003, se presentó la ocupación de la comunidad por las AUC durante un mes; en 2003, fue receptora de población desplazada afrodescendiente durante 15 días; en 2006-2007, hubo actividad de las AUC en el territorio como guías de las Fuerzas Armadas, y se reportó la presencia en el territorio de minas antipersonal y municiones sin explotar; de 1997 a 2002, tuvo lugar el desplazamiento selectivo de líderes y familias al casco urbano de Ríosucio; en 2007, hubo una ocupación de la comunidad por las Fuerzas Armadas que llegaron en helicóptero; y en 2007, 2 niños menores de 1 año mueren por desnutrición.

- Comunidad de Pichindé, en el municipio de Ríosucio – cuenca del Taparal: Tiene 136 habitantes. Se denuncia que, en 1996, sufrió un confinamiento de 6 meses por las AUC; en 1996, recibe población desplazada afrodescendiente y mestiza por 3 meses; en 1997, recibe población desplazada de la comunidad de Chimirindó durante 7 años; entre 1997 y 2003, soporta el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, y torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; entre 1997 y 1999, se presenta explotación maderera por las FARC; en 1997, ocurre el asesinato de un líder indígena en el casco urbano de Ríosucio por las AUC; en 1999, tiene lugar el asesinato de un líder en la comunidad por las FARC; entre 2000 y 2007, se reportan actividades de explotación maderera por AUC; entre 2000 y 2006, tiene lugar la ocupación de la comunidad por AUC con tortura de líderes, amenazas, señalamientos y restricción de la movilidad por el territorio; en 2003, recibe población desplazada afrocolombiana por 15 días; entre 2006 y 2007 hay actividad de AUC en el territorio como guías de las Fuerzas Armadas; en 2007, tiene lugar la construcción de una base militar y helipuerto en el resguardo; se registra la presencia de minas antipersonal y municiones sin explotar; de 1997 a 2002, ocurre el desplazamiento selectivo de líderes y familias a Ríosucio; y en 2006, tiene lugar la masacre de 13 personas afrodescendientes en el resguardo, por las FARC.

- Comunidad de Peñas Blancas, en el municipio de Ríosucio – cuenca del Alto Truandó: tiene 123 habitantes. Acerca de esta comunidad se informa que, en 1996, soporta un confinamiento de 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, sufre el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; de 1997 a 2002, tiene lugar el desplazamiento selectivo de líderes y familias al casco urbano de Ríosucio; en 2004, 3 familias se desplazan a la comunidad de Dos Bocas en Juradó; en 2004, se reporta la persecución a líderes por las AUC, y la presencia de la guerrilla en su territorio; entre 2006 y 2007 se reporta la presencia de la guerrilla; y en 2007, 4 niños de entre 1 y 4 años mueren por desnutrición.

- Comunidad de La Loma, en el municipio Ríosucio – cuenca del Quiparadó: tiene 125 habitantes de las etnias Embera-Dobidá, Wounaan y Embera-Katío. En relación con ella se denuncia que, en 1996, sufrió un confinamiento de 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2002, ocurrió el desplazamiento selectivo de líderes y familias a Ríosucio; entre 1997 y 2003, soportó el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 2003, tuvo lugar el desplazamiento de toda la comunidad (17 familias) a las comunidades de Marcial y Jagual por 2 meses, luego de lo cual ocurrió un retorno sin apoyo del Estado; en 2007, 2 niños menores de 4 años murieron por desnutrición.

- Comunidad de Barranco, en el municipio de Ríosucio – cuenca del Sataquí: tiene 94 habitantes. Se denuncia que, en 1996, soportó un confinamiento de 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, sufrió el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 1997, tuvo lugar un bombardeo de la comunidad por el Ejército; en 1997, ocurrió el desplazamiento de 6 familias de Barranco a Ríosucio; en 1997, fue receptora de población desplazada indígena de Yarumal; en 2005, tuvo lugar la ocupación de la comunidad por las AUC durante dos meses; en 2007, dos niños menores de un año murieron por desnutrición.

- Comunidad de Unión Embera-Katío, del municipio Ríosucio - cuenca del Salaquí: tiene 368 habitantes, de las etnias Embera-Dobidá y Embera-katío. Se plantea que la comunidad, en 1996, sufrió un confinamiento por 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, soportó el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 1997, cuatro familias fueron desplazadas al casco urbano de Ríosucio; en 2007, murió un menor de un año por desnutrición.

- Comunidad de La Raya, del municipio de Ríosucio – cuenca de La Raya: tiene  99 habitantes. Se denuncia que, en 1996, sufrió un confinamiento por 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, soportó el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 1997, soportó la presencia de la guerrilla en el territorio comunitario; además, su territorio es ruta de paso de los grupos armados por estar en la frontera con Panamá.

- Comunidad de Unión Chogorodó, en el municipio Carmen del Darién – cuenca del Domingodó: tiene 308 habitantes. Se expresa que, en 1996, la comunidad soportó un confinamiento de 6 meses por las AUC; entre 1996 y 2007, fue receptora de población desplazada de Campo Bello (13 familias); entre 1997 y 2003, sufrió el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; entre 2003 y 2006, sufrió la ocupación de su territorio comunitario por las AUC; en 2003, es asesinado un indígena en combates entre las AUC y las FARC; en 2005, es objeto de hostigamiento y afectada por combates entre las AUC y la guerrilla en la comunidad; en 2006, sufre la ocupación de la comunidad por las Fuerzas armadas que llegan en helicóptero; y en 2007, 6 niños menores de 1 año murieron por desnutrición.

- Comunidad de Mamey Dipurdu, en el municipio Carmen del Darién – cuenca del Domingodó. Se indica que, en 1996, sufre un confinamiento por  6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, soporta el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; entre 2005 y 2006,  establecen su campamento allí las AUC; en 2005, tiene lugar la violación de tres mujeres por las AUC; en 2005, sufren hostigamientos y son afectados por combates en la comunidad; en 2005, ocurre el desplazamiento de una familia al casco urbano de Ríosucio; en 2007, un niño menor de un año y un anciano mueren por desnutrición. También se denuncia el confinamiento de la comunidad desde finales de 2005, cuando cerca de 2000 miembros del bloque Elmer Cárdenas de las AUC "llegaron a acabar con sus pocos alimentos, sus cultivos de pancoger, su combustible, además de quitarles sus canoas (único medio de transporte en esa zona del Bajo Atrato) e impedirles salir de la comunidad". En mayo 2006, la ONIC denunciaba que esta comunidad todavía seguía afectada por el confinamiento: "los grupos paramilitares han confinado a una pequeña población de 250 personas, la mayoría niños. Les han cercado con fusiles, les han robado sus alimentos, les han bloqueado la salida de la comunidad, les han arruinado los cultivos de subsistencia, les han hurtado las canoas para su transporte fluvial y como si fuera poco, quieren reclutar a la población más joven".

- Comunidad de Corobazal, en el municipio Carmen del Darién – cuenca del Curbaradó: tiene 49 habitantes. En punto a la comunidad, se expresa que, en 1996, ocurre el desplazamiento de 5 familias a Pavarandó; en 1998, esta población desplazada retorna con apoyo de Pastoral Social, Oxfam y Acción Social; entre 1996 y 2007, se reporta la presencia de AUC y de "Águilas Negras".

- Comunidad de Pescadito, en el municipio de Acandí – cuenca del Tolo: tiene 58 habitantes de las etnias Embera-Dobidá e Inga. Las denuncias indican que, en 1996, sufren un confinamiento por 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, soportan el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 1998, ocurren enfrentamientos y hostigamientos por las AUC y las FARC.

- Comunidad de Citará, en el municipio de Unguía – Cuenca del Tanela: tiene 109 habitantes. Se informa sobre la comunidad que, en 1996, sufren un confinamiento por 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, soportan el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; y reportan la pérdida de 850 hectáreas de resguardo por causa de las AUC y los colonos.

- Comunidad de Ziparadó: tiene 57 habitantes. Se reporta que, en 1996, sufren confinamiento por 6 meses por AUC; entre 1997 y 2003, soportan el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas.

- Comunidad de Tumurrulá – Eyakerá, en el municipio de Unguía – cuenca del Tanelita: tiene 62 habitantes. De acuerdo con los documentos, en 1996, sufren un confinamiento por 6 meses por las AUC; entre 1997 y 2003, soportan un bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; y en 2000, se presenta el desplazamiento de 12 familias de Tumurrulá hacia Eyakerá, que no han retornado.

- En noviembre de 2006, la ONIC denuncia la muerte de 107 indígenas embera del resguardo de Catrú (Alto Baudó), de los ríos Catrú, Dubasa y Ancoso, por desatención en salud, principalmente de mujeres y niños; en parte esta situación obedece a las fuertes restricciones al paso de alimentos, medicamentos y personal de salud impuestas por los grupos armados que operan en la zona.

Se ha reportado que la desestructuración cultural general causada por el impacto severo del conflicto armado sobre esta etnia, ha propiciado un alto número de suicidios entre emberas jóvenes; entre ellos se incluyen Nelson Guaseruca, de 20 años, muerto el 24 de diciembre de 2001; Ketty Salazar Casama, de 15 años, muerta el 26 de junio de 2003; Leira Salazar Casama, muerta el 14 de septiembre de 2003; Ariel Bailarín, el 15 de septiembre de 2003, de 15 años; Gloria Sirigui Bailarín, de 24 años, muerta el 25 de marzo de 2004; y el 11 de abril de 2004, Florentino Mecheche Valdespino. Además, se han reportado varios intentos de suicidio entre la población joven de estas comunidades.

2. Afectación del pueblo Embera-Dobidá por el desplazamiento forzado.

El pueblo indígena Embera-Dobidá, como se ha mencionado en el aparte anterior, ha sido afectado en forma severa por el desplazamiento forzado, como producto del conflicto armado que se desenvuelve en su territorio y ha involucrado directamente a su población.

Dos casos paradigmáticos ilustran la forma como el conflicto armado y el desplazamiento forzado han afectado, no solo a esta etnia, sino a los pueblos indígenas del país: los de la comunidad Embera del resguardo de Honduras en Caquetá, y los de las comunidades Embera de Bojayá. Además, múltiples comunidades distintas de esta etnia han sufrido desplazamientos forzados en la última década, como se describe a continuación.

a. Desplazamiento forzado de la comunidad Embera del Resguardo de Honduras (Caquetá).

El caso de esta comunidad ha llamado la atención de la Corte Constitucional por las condiciones infrahumanas en las que se encuentran viviendo desde 2005 en Florencia (Caquetá), a donde llegaron desplazados en virtud de amenazas de las FARC, que les obligaron a abandonar su territorio ancestral.

Explican las autoridades del resguardo de Honduras que el desplazamiento de la comunidad por las FARC se remonta a 1983, por el asesinato de su cacique, Marceliano Aizama, quien se negó a prestarles un animal, el 25 de enero. 4 años después, sin apoyo real del Estado, volvieron a su territorio.  El INCORA en 1992 constituye un resguardo de 908 hectáreas, llamado el Resguardo Indígena Embera de Honduras, en el corregimiento de Santo Domingo al sur de Florencia. Pasaron desde entonces 4 años de relativa calma.

En septiembre de 1996, "las FARC arribaron al Resguardo indígena de Honduras y en reunión con todos sus habitantes los instaron a armarse, según dijeron, debido a la inminente necesidad de enfrentar al Estado dada la ausencia de condiciones favorables para el campesino y para el indígena. Luego de que las FARC hicieran su propuesta, el cacique del resguardo se mostró contrario a ella, aduciendo que los Embera desde siempre habían sido una comunidad que se caracterizaba por pacífica y que nosotros no teníamos nada que ver en los conflictos entre el Estado y los grupos ilegales y los legales. La reacción de las FARC fue llevarse consigo al cacique Gonzalo Guazarabe y a otro miembro de la comunidad llamado Valerio Tanigama; hasta el día de hoy, el paradero de ellos es desconocido. La comunidad todavía los espera."

Según las autoridades Embera, "al poco tiempo llegó una tropa mucho más numerosa que la anterior y se presentó como si fuera del Ejército. Esta procedió a llevarse a unos compañeros del resguardo, aduciendo que eran colaboradores de las FARC, pero un miembro del resguardo pudo reconocer a uno de los supuestos militares como uno de los miembros de las FARC. Por esta misma época empiezan una serie de bombardeos y de impedimentos que nos imposibilitaba salir a sembrar, pescar, recoger leña, o cualquier otra labor que requiriera salir fuera de la comunidad. Los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, nos hace tomar la determinación de volver a salir del resguardo indígena Embera de Honduras hacia la Sede Campesina en el barrio La Vega. En la Sede nos instalamos unas 130 personas de la comunidad y la Cruz Roja nos auxilió con colchonetas, toldillos y comida". Retornaron el 10 de octubre de 1996.

En 2003 hay un nuevo enfrentamiento entre guerrilla y Ejército. "Luego de dicho enfrentamiento la situación en el Resguardo cambió drásticamente, puesto que los miembros de la comunidad del resguardo eran señalados, pues los guerrilleros decían que los miembros que salían estaban llevando información a la Policía, y si el Ejército llegaba a esa zona, entonces la comunidad era cómplice."

Finalmente, en 2005, "las FARC le preguntaron a la comunidad si estaban o no de acuerdo con la organización, y consiguientemente nos pidieron 15 jóvenes que necesitaban para integrarlos a su grupo. Al respecto se pronunciaron los padres de familia, el líder de la comunidad, los capitanes, y el gobernador, aclarando que no estaban de acuerdo con la guerra. Debido a la opinión de la comunidad, las FARC dieron una hora para desalojar; fue así como el 3 de septiembre, 160 personas de la comunidad embera de Honduras, salimos sin ninguna posesión, pasando la noche a la intemperie en el monte, hacia 3 lugares en los que quedó dividida la comunidad así: en la Sede Campesina del barrio Las Vegas 100 personas, en el barrio las Malvinas 46, y en el barrio Palmera Alta 14 personas".

El 13 de septiembre, Acción Social hizo un censo de la población desplazada, e hizo entrega de ayuda humanitaria de emergencia: 3 meses de alimentación a la comunidad, dos colchonetas a cada padre de familia, y algunos implementos de cocina. La fundación Picacho, a su turno, entregó un subsidio de arriendo para cada familia de $100.000 por 3 meses; y también proveyó un apoyo para el desarrollo de artesanías con base en las cuales se sustenta la comunidad, a través de pequeños subsidios económicos a las familias. Los insumos para artesanías, sin embargo, son caros, por lo cual es difícil para esta comunidad derivar su sustento digno de esta actividad.

No han podido volver por miedo, porque la guerrilla sigue en el territorio, y no tienen garantías estatales para el retorno. Han pedido la reubicación en otro lugar, dada la persistencia de las amenazas de las FARC, pero según informan las autoridades tradicionales, Acción Social e INCODER se niegan a proveerla, invocando falta de presupuesto. Ha habido Mesas Departamentales de Trabajo y sesiones del CMAIPD sobre su situación, sin resultados. Son 32 familias, 160 personas en tres barrios diferentes. Según se acreditó ante la Corte, en una sola casa habitan 8 familias con 10 miembros aproximadamente cada una, en condiciones infrahumanas. Hay muchos niños que no están asistiendo a la escuela porque les exigen pago de matrícula, uniforme y útiles.

La comunidad quiere superar su condición, pero no puede hacerlo sin apoyo y acompañamiento estatal para reactivar sus actividades productivas, seguridad alimentaria, y protección. En términos de la comunidad: "Como pueden notar, la situación que vivimos es paupérrima y denigrante. Nuestros niños sufren permanentemente de fiebre y de dolores estomacales, así como el resto de la comunidad que se encuentra desplazada. Además, carecemos de una alimentación balanceada, por lo cual gran parte de la comunidad se encuentra desnutrida. Las condiciones que tenemos como población desplazada no se pueden solucionar con subsidios de dinero que nos mejoren las condiciones por un poco tiempo, sino con la garantía de que nos puedan asignar un terreno que nos proporcione estabilidad y en el que podamos recuperar nuestras tradiciones ancestrales y nuestra cultura, a la vez que el Estado nos garantice nuestra seguridad como comunidad al margen del conflicto y la violencia".

b. Desplazamiento forzado de las comunidades Embera de Bojayá.

En el municipio de Bojayá viven aproximadamente 4000 personas embera, asentadas en 25 comunidades en diferentes cuencas: río Opogadó (Villa Hermosa, Playita, Unión Baquiaza, Egoroquera); Río Napipí (Unión Cuití); río Bojayá (Chanú, Mojaudó, Nambúa y Puerto Antioquia); Río Uva (Nuevo Olivo, Salinas y Charco Gallo); Río Pogue (Santa Lucía); Caño Tujena (Tujena); Caño Pichicora (Pichicora); Río Chicué (Nueva Jerusalén, Guayabal, Peñita, Lana); Río Cuía (Hoja Blanca, Punto Cedro, Punto Alegre); río Buchado (Amparadó, Gegenadó, Partadó). Viven en condiciones de vida muy precarias e indignas, logrando apenas niveles de subsistencia; hay especial afectación de la salud, y un virtual abandono por el Estado. Este es un contexto de desprotección y falta de desarrollo que, sumado al conflicto armado, acentúa su vulnerabilidad.

Por su ubicación, los territorios indígenas han tenido fuerte presencia de las FARC; y desde agosto de 2003, se incrementa la presencia de las AUC. También de las Fuerzas Armadas. Todo ello causa mayores enfrentamientos: entre las FARC y las AUC en el Río Opogadó y el Río Napipí, y entre las FARC y las Fuerzas Armadas en el Río Bojayá y sus afluentes. Los territorios indígenas son el centro de los combates.

A mediados de marzo de 2004 se intensificaron los combates; se dieron directamente en las comunidades del río Opogadó de Playita, Unión Baquiaza y Egoróquera; y cerca de las comunidades de Unión Cuití (Río Napipí) y Hoja Blanca (Río Cuía). En consecuencia, el 20 y 21 de marzo de 2004 se desplazaron las comunidades de Opogadó a Bocas de Opogadó, y la comunidad de Unión Cuití caminó 2 días por el monte hasta llegar a Hoja Blanca, y de allí bajaron las dos comunidades hacia las comunidades afrodescendientes de Lomas de Bojayá el 28 de marzo. En total, la población desplazada de las 5 comunidades suma 1225 personas. Fueron asistidos por la Diócesis de Quibdó que hizo acompañamiento, una vez las autoridades decidieron desplazarse.

En términos de las autoridades tradicionales, "la situación de nuestras comunidades indígenas, previa a su desplazamiento, fue ampliamente denunciada por la Defensoría del Pueblo, la Diócesis de Quibdó y la OREWA, sin embargo no hubo respuestas. Por el contrario, este desplazamiento desde su inicio, estuvo marcado por el desconocimiento de las condiciones que generaron el desplazamiento por parte de algunas instituciones, es así, como el Director de la Acción Social en el Chocó quien en informes oficiales describió este caso como 'traslado-desplazamiento' o el caso de la personera de Bojayá, quien en un comité de seguridad acusó a las organizaciones, incluyendo el ACNUR, de ser responsables de este desplazamiento".

Las comunidades de Playita y Egoroquera se desplazaron a Bocas de Opogadó; la de Unión Baquiaza a Puerto Antioquia; y la de Unión Cuití y Hoja blanca, a la Loma de Bojayá. Hubo acompañamiento y visitas periódicas por ACNUR, la Diócesis de Quibdó, la Defensoría, las instituciones del Estado.

Del 21 al 25 de abril de 2004 hubo una comisión de verificación a las comunidades de origen para evaluar la posibilidad de retorno, integrada por la Diócesis de Quibdó, OREWA, los Cabildos Locales, DASALUD, la Defensoría y ACNUR. Constataron la presencia de AUC y FARC en el territorio, y daños causados a las edificaciones y tanques de agua.

La comunidad señala que la utilización de la población desplazada como informantes de las Fuerzas Armadas –Batallón Manosalva Flores- generó conflicto e inseguridad: "La Fuerza Pública ...nos forzó a los indígenas para que nos convirtiéramos en informantes del Ejército, finalmente algunos aceptaron e identificaron a cinco vecinos de la comunidad receptora por sus relaciones con las AUC, inmediatamente el Ejército detuvo a estas personas, dejándolas en libertad a los tres días. Esto causó un enfrentamiento directo entre la comunidad receptora (afrocolombiana) y la desplazada. Diversas organizaciones e instituciones denunciaron el hecho de que el Ejército pretendiera usar a la población desplazada como 'informantes', y que la consecuencia directa de esta acción fuera la inseguridad de la comunidad desplazada". Hay fuerte presencia paramilitar en la zona de recepción, que los mantuvo en zozobra.

Acción Social entregó ayuda humanitaria de emergencia, por cuatro meses, pero sin enfoque diferencial: "esta ayuda es la general que se usa en todo el país, que incluye básicamente arroz, aceite, panela, fríjol y lentejas. Los indígenas embera no estamos acostumbrados a este tipo de alimentación, pues el fríjol y lenteja no es parte de nuestra dieta. A pesar de que esto se expuso en su momento a la Acción Social, el Director de esta institución se negó de forma sistemática a debatir este extremo, alegando que los alimentos que se entregan son los que marca la ley y la normativa internacional, lo que le impide cambiar su composición".

Las condiciones de alojamiento y sanidad en las que vivieron durante el desplazamiento eran inaceptables: "Los desplazados fuimos ubicados en los centros Humanitarios. La falta de espacio suficiente en estos albergues, obligó a las familias desplazadas a construir cambuches alrededor de los centros humanitarios ya que éstos no eran suficientes. Para su construcción algunas instituciones entregaron plásticos. Igualmente, la OIM construyó un albergue temporal que permitió albergar varias familias. La fragilidad de estas construcciones fue un factor más de riesgo, especialmente en la época de lluvias y de crecida de los ríos. Las condiciones de hacinamiento a que se vio forzada la población fueron inhumanas. A pesar de que este tema fue planteado en varias ocasiones, tanto a la Acción Social como al Comité Municipal de Asistencia a la población desplazada, ninguna acción fue tomada al respecto; la Acción Social aludió que frente a la posibilidad de inundaciones o crecidas de los ríos que estaban afectando directamente a la población desplazada, no había la posibilidad de un plan de contingencia o de entrega de materiales de construcción, pues de acuerdo a esta institución, la ayuda debía enfocarse al retorno de las comunidades. En cuanto a la sanidad: los centros humanitarios no tenían facilidades sanitarias. La población debió usar el agua del río Atrato, tanto para fines higiénicos como para alimentación. (...) nuestras comunidades en sus lugares de origen usan el agua del río, pues al ser cabeceras son aguas limpias, pero en su ubicación como desplazados, el agua del río Atrato tiene una calidad muy inferior. El usar esta agua como usaban las de sus comunidades de origen produjo un gran número de enfermedades del tipo diarrea y parásitos. Este problema también se planteó en los Comités Municipales, pero la única respuesta fueron solicitudes de Brigadas Médicas, no de revisión de las condiciones sanitarias de estos centros. Es importante resaltar que en el momento del desplazamiento se encontraron varios casos de tuberculosis, frente a los cuales no se realizó un acompañamiento y seguimiento por parte del Centro de Salud".

Así, el impacto diferencial del desplazamiento se sintió en que, como las formas de cohesión interna y organización social se fundamentan en el territorio, al vivir fuera del territorio esa organización se debilitó y empezó la descomposición social. Adicionalmente, no podían desarrollar actividades tradicionales de subsistencia –caza y pesca-, y había problemas de choque cultural con las comunidades receptoras. "Esto se vio agudizado con la presencia de efectivos militares en estas comunidades, en el caso de Loma de Bojayá el trato que algunos soldados dieron a las mujeres indígenas creó indignación en la comunidad, frente a lo cual, la ACNUR nos apoyó para hablar con el Ejército para que no se continuaran presentando estos abusos".

Ante esta situación y el daño que se estaba generando en la comunidad desplazada, decidieron retornar. La percepción fue que "la Acción Social, el Comité Municipal de Bojayá y el Comité Departamental, tácitamente planteaban el retorno como solución duradera, al no dar solución a ninguno de los problemas que la población desplazada estaba enfrentando". Las comunidades convocaron a un Congreso Regional Interno para evaluar la situación, del 16 al 19 de junio de 2004; las conclusiones sintéticas incluyen una denuncia de los factores de riesgo: "Denuncia: i) La creciente presencia de monocultivos legales e ilegales (palma africana y arracacho) y la violación a las propiedades colectivas de los pueblos indígenas, ii) la presencia de grupos ilegales, y los bloqueos a que quedan sometidas las comunidades, así como la presencia de estos grupos en los territorios de las comunidades indígenas, iii) el irrespeto de la Fuerza Pública a los pueblos indígenas; los casos de acoso sexual, las acusaciones contra las comunidades indígenas de vinculaciones con la guerrilla, la convivencia entre Fuerza Pública y AUC y las presiones a indígenas para colaborar con el Ejército, iv) la situación vivida en el desplazamiento, el hambre, problemas de salud y hacinamiento, y v) la desatención del Estado central por la problemática que están viviendo".

Así, decidieron retornar, y fijaron una fecha para el 15 de julio de 2004, solicitando ayuda y acompañamiento. Se programó una misión de verificación civil interinstitucional, con presencia de la Defensoría, ACNUR, Acción Social, la Diócesis, OREWA, DASALUD, ICBF, la Gobernación, COCOMACIA, la Procuraduría; y se discutió un Plan de Restablecimiento: "La Comisión pudo corroborar la presencia de grupos ilegales en las comunidades tanto de AUC como de FARC, además los indicios eran claros de posible agudización del conflicto en esta región. A pesar de esto, las comunidades mostraron su decisión de retornar. Los representantes de las comunidades desplazadas exigieron como condición para el retorno que se les entregara material para construir casas comunitarias a las comunidades que se iban a reubicar (Hoja Blanca y Playita). La Acción Social asumió este compromiso. (...) Posteriormente y por la misma situación de seguridad, la Acción Social condiciona su asistencia al retorno a que se firme un acta conjunta entre OREWA, RSS, Defensoría del Pueblo y ACNUR donde se indique que no existen condiciones de seguridad y que los indígenas retornan por voluntad propia". Las otras instituciones se opusieron, por considerar que no se podía apoyar el retorno porque faltaban las condiciones básicas de voluntariedad – la decisión se había tomado en vista de las condiciones denigrantes de vida y de la carencia de otras ofertas de solución duradera-, dignidad, y seguridad.

A pesar de todo, del 15 al 17 de julio se inició el proceso de retorno, con la cooperación de las instituciones para transporte. Las autoridades tradicionales afirman que, desde entonces, la seguridad ha empeorado. "El nivel de incumplimiento de los compromisos asumidos en comités municipales y departamentales genera la total desconfianza de la población afectada, que ya no los perciben como une espacio de utilidad, sino como un espacio donde se menosprecia a la población desplazada". Ante la inacción estatal, ellos mismos han venido elaborando su propio plan de protección.

c. Desplazamiento forzado de otras comunidades Embera-Dobidá.

Además de los anteriores dos casos paradigmáticos, ante la Corte Constitucional se han documentado otros múltiples desplazamientos forzados de esta etnia, entre los cuales se enuncian, en forma no exhaustiva, los siguientes.

- Se reportan los siguientes desplazamientos forzados por avances paramilitares en el Chocó, el 29 de febrero de 2004: comunidad de Playita (32 familias/159 personas); comunidades de Unión Baquiaza, Playita, Egoroquera (570 personas); y comunidad de Unión Cuití, Hoja Blanca (655 personas). Ya retornaron, pero hay tensiones persistentes por intereses de explotación comercial de sus territorios.

- Se reporta el desplazamiento masivo de la comunidad de Macedonia en el Río San Juan, junto con 4 comunidades wounaan, en abril de 2006, con un retorno espontáneo en mayo-junio de 2006. Se documenta que este desplazamiento afectó a 186 personas y 33 familias, es decir, la totalidad de la comunidad.

- Se reporta que la comunidad Jagual, del municipio de Ríosucio, ha sido receptora de población desplazada en múltiples oportunidades: en 1996, fue receptora por 3 meses de población desplazada afrocolombiana y mestiza; en 1997, fue receptora de población desplazada de las comunidades de Chimirindó y Quiparadó por 2 meses; y en 2003, fue receptora de población desplazada afrodescendiente durante 15 días. Además, se reporta que entre 1997 y 2002, tuvo lugar el desplazamiento selectivo de líderes y familias de esta comunidad al casco urbano de Ríosucio.

- Se reporta que la comunidad de Pichindé, en el municipio de Ríosucio, también ha sido receptora de población desplazada en distintas oportunidades: en 1996 recibe población desplazada afrodescendiente y mestiza por 3 meses; en 1997 recibe población desplazada de la comunidad de Chimirindó durante 7 años; y en 2003, recibe población desplazada afrocolombiana por 15 días. Igualmente se informa que de 1997 a 2002, ocurrió el desplazamiento selectivo de líderes y familias de esta comunidad a Ríosucio.

- Se reporta que la comunidad Peñas Blancas, del municipio de Ríosucio, ha sido afectada entre 1997 y 2002 por el desplazamiento selectivo de líderes y familias al casco urbano de Ríosucio; y que en 2004, 3 familias se desplazaron a la comunidad de Dos Bocas en Juradó.

- Se reporta que la comunidad de Chimirindó, en el municipio de Ríosucio, se desplazó en 1996 en su integridad (15 familias) a Jagual y Pichindé; y que en 2006 se desplazan nuevamente de Jagual y Pichindé a Quiparadó.

- Se reporta que la comunidad de La Loma, del municipio de Riosucio, compuesta por personas de las etnias Embera-Dobidá, Wounaan y Embera-Katío, fue afectada entre 1997 y 2002 por el desplazamiento selectivo de líderes y familias a Ríosucio; y que en 2003, ocurrió el desplazamiento de toda la comunidad (17 familias) a Marcial y Jagual por 2 meses, luego de lo cual tuvo lugar un retorno sin apoyo del Estado.

- Se informa que la comunidad de Barranco, en el municipio de Ríosucio, fue afectada en 1997 por el desplazamiento de 6 familias de Barranco a Ríosucio; y que en 1997, fue receptora de población desplazada indígena de Yarumal.

- Se reporta que la comunidad Unión Embera-Katío, que agrupa a personas de las etnias Embera-Dobidá y Embera-Katío en el municipio Ríosucio, sufrió en 1997 el desplazamiento de cuatro familias al casco urbano de Ríosucio.

- Se informa que la comunidad de Campo Bello, en el municipio de Carmen del Darién, se desplazó en su integridad en 1996, 13 familias, a Unión Chogorodó, y que a la fecha no han retornado; una familia se fue al casco urbano de Ríosucio.

- Se informa que en la comunidad de Corobazal en el municipio de Carmen del Darién, en 1996, tuvo lugar el desplazamiento de 5 familias a Pavarandó; en 1998, hubo un retorno con apoyo de Pastoral Social, Oxfam y Acción Social.

- Finalmente, se reporta que en la comunidad de Tumurrulá – Eyakerá  del municipio de Unguía, en 2000, ocurrió el desplazamiento de 12 familias de Tumurrulá hacia Eyakerá, que a la fecha no han retornado.

3. Respuesta estatal a la situación.

A continuación se describe la respuesta de Acción Social al Auto 251 de 2007, en la cual se resume la forma como el Estado ha reaccionado ante la crítica situación del pueblo Embera-Dobidá ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

En relación con el reporte sobre la situación de desplazamiento de la comunidad indígena Embera-Katío del Resguardo de Honduras, se informa:

"Queja y/o solicitud: problemas con la AHE.

Respuesta: En el año 2005 15 familias 84 personas de la comunidad indígena Embera Katío del Resguardo Indígena Honduras municipio de Florencia se desplazaron al casco urbano del mismo municipio. Inmediatamente fueron atendidas mediante Convenio Acción Social – CHF Internacional Operador Humanitario Fundación PICACHOS. La comunidad recibió la ayuda de alimentos, de arriendo, kits de cocina, apoyo psicosocial."

"Queja y/o solicitud: cómo se decidieron los proyectos productivos?

Respuesta: Los proyectos productivos, como estrategia de estabilización, comienzan con unos talleres de identificación de perfiles. Esta identificación busca que a partir de las competencias, capacidades, usos y costumbres de las comunidades se busquen aquellos proyectos productivos más acordes con la comunidad. Teniendo en cuenta el buen manejo de los incentivos económicos y que la comunidad diseñó mecanismos comunitarios de producción y comercialización, la comunidad participó en ferias artesanales a nivel local, departamental y nacional."

"Queja y/o solicitud: Carta de Derechos. No se realiza la presentación de los derechos de los desplazados.

Respuesta: Los operadores humanitarios socializan en los talleres de acogida la carta de derechos, de igual forma todos los jueves en la mañana se hace un taller de nuevos incluidos en la UAO donde la profesional de Acción Social les da a conocer la carta de derechos."

"Observaciones: Ver anexo".

En relación con la ponencia de CAMIZBA sobre la situación de las mujeres indígenas en el área de su jurisdicción, se informa:

"Queja y/o solicitud: Ayuda humanitaria – Los indígenas desplazados no reciben 'ayuda de ninguna clase'.

Respuesta: Mercados y kit agropecuario den 2005 por una sola vez. // Mercados en el 2006 por una sola vez // 600 kilos de papas, 600 kilos de azúcar, 30 cajas de sardina por 24 unidades, 100 litros de aceite de cocina y 40 kilos de sal el 25 de abril de 2007.

Observaciones: Ver Anexo"

"Tema: ReSA.

Respuesta: Se está ejecutando, con recursos del Ministerio de Agricultura y Acción Social, un proyecto de seguridad alimentaria Proyecto de Seguridad Alimentaria en Ríosucio y Carmen del Darién, operado por la corporación Acción por el Quindío Actuar Famiempresas, el cual está atendiendo a 2706 familias, equivalentes a 13.530 indígenas. Es importante aclarar, que a la fecha no tenemos discriminada la población por municipios, ya que dicho proyecto se encuentra iniciando.

Observaciones: Ver anexos ReSa".

En relación con el documento aportado por los representantes de CAMIZBA ante la Corte, se informa:

"Tema: Retorno y Reubicaciones

Respuesta: El 9 de mayo de 2006 se inicia el proceso de evaluación y concertación de un posible retorno de las comunidades: Unión Chocó, Olave, Macedonia, San Cristóbal y Unión Wounaan. Se valoran y establecen compromisos en los componentes de Seguridad y Protección, Seguridad alimentaria, Desarrollo Agropecuario, Educación, salud y saneamiento básico. En la evaluación de seguridad realizada, Acción Social no recomienda la realización del retorno, aun así las comunidades deciden retornar, los días 22 y 23 de mayo, se produce el retorno de las 5 comunidades desplazadas. Por lo menos 20 hogares familiares de las víctimas no retornaron. Posterior al proceso de retorno, en el mes de junio de 2006, Acción Social, en coordinación con la administración municipal, adelantó el apoyo a un proyecto de seguridad alimentaria para los 270 hogares retornados, con un costo de $109'134.000."

En relación con la intervención ante la Corte del representante de la comunidad Embera de Unión Cuití – Río Napipí en Bojayá, se informa:

"Tema: Comunidades de Bojayá, Monguidó, Bocas de Opogadó, Unión Baquiaza, Unión Cuití.

Respuesta: El proceso de retorno de las comunidades no se ajustó a los principios de seguridad, voluntariedad y dignidad, contemplados en los "Principios Rectores de los desplazamientos internos", hecho que dificultó el acompañamiento institucional, ya que en la zona se mantenían grupos armados de autodefensas. El retorno se produjo el 15 de julio de 2004.

Reconociendo la dificultad de acceso y acompañamiento en la zona, Acción Social hizo entrega de alimentos y kits de aseo por 1 mes, a través de la OPSR se les entregó alimento por trabajo, alimento para la recuperación nutricional y alimento en el componente de madres lactantes y gestantes (dicha ayuda, contiene los siguientes alimentos: Arroz – leguminosa – panela – aceite y sal. Las cuales fueron distribuidas de la siguiente manera). (sic). También se le hizo entrega de un botiquín de primeros auxilios, el cual fue donado por DASALUD, y entregados por Acción Social.

Se apoyó un proyecto de seguridad alimentaria de kits agropecuarios y un motor fuera de borda 9.9.

La unidad móvil del ICBF les brindó atención psicosocial nuevamente y además tuvieron acompañamiento de Acción Social, DASALUD, Diócesis de Quibdó, Centro de Salud de Bojayá, Médicos del Mundo, Defensoría, ACNUR, OCHA, Administración Municipal, SEWFOR (Agencia de acompañamiento de DH).

Tema: Acción Social entregaron herramientas y semillas no aptas para la zona // Acción Social no entregó los alimentos en el tiempo acordado // Acción Social no se tuvo en cuenta a las comunidades indígenas en el proceso de coordinación institucional y tampoco a sus líderes. // No se hizo la gestión para la consecución de toldillos con DASALUD // Motor 9.9. para Egoróquera y otro para Cuití no fueron entregados // No se facilitó el transporte del retorno. Acción Social no aportó nada para el combustible del retorno.

Respuesta: Acción Social realizó entrega de apoyos agropecuarios, sin embargo la implementación del proyecto de seguridad alimentaria, dependía de un proceso de capacitación, seguimiento y acompañamiento por parte de la UMATA municipal, proceso que por problemas de seguridad no fue posible realizarlo. // La entrega se realizó 8 días después de lo acordado. // Todo el proceso de atención fue concertado y acordado en el Comité Municipal de Población Desplazada, en donde siempre participaron los líderes y representantes de las comunidades. // En el proceso de atención humanitaria en el momento del desplazamiento se hizo entrega de toldillos. // Si fueron entregados, de conformidad a la ejecución del proyecto denominado "Restablecimiento de los sistemas productivos tradicionales de las comunidades indígenas". // Los costos y/o insumos concernientes al trasporte fueron asumidos por parte de Acción Social y la Administración Municipal.

Situación actual: En el mes de julio de 2007 Acción Social hizo una visita de seguimiento a la comunidad y se pudo constatar que la comunidad retornada, volvió a su cotidianidad, y reanudaron sus labores habituales de producción, los niños volvieron a sus actividades académicas, en la zona todavía hay presencia activa de grupos al margen de la ley.

Se tiene previsto para el mes de noviembre realizar una brigada de salud con el apoyo del puesto de salud de Bojayá y DASALUD y realizar la entrega de alimento y kits de aseo y donaciones por parte de Acción Social."

G. Situación del pueblo indígena Embera-Chamí ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo Embera-Chamí ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente.

Los principales documentos que se han tenido en cuenta para este aparte son los siguientes: (1) Informe Situacional de la Comunidad Indígena Embera-Chamí del Departamento de Risaralda, elaborado por el Consejo Regional Indígena de Risaralda – CRIR el 14 de septiembre de 2006. (2) Documento titulado "Informe Actual sobre la Situación de Violencia en las Comunidades Embera Chamí, Riosucio-Caldas" – Informe Preparatorio para la Misión Internacional de Verificación de la Verdad en Pueblos Indígenas, septiembre de 2006. (3) Documento titulado "Informe de Derechos Humanos Comunidad Indígena Embera-Chamí del Departamento de Caldas", por el Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC, septiembre de 2006. (4) Diagnóstico de salud indígena del Departamento del Quindío, de acuerdo a la situación de la población de la Organización Regional Indígena del Quindío "ORIQUIN" y el Cabildo Mayor Indígena Embera-Chamí. (5) Comunicación de la Asociación Solidaria Indígena Desplazada y Vulnerable – ASIDVU al Comité de Verificación de la ONIC, septiembre 28 de 2006. (6) Intervención de los representantes del Cabildo Mayor Indígena de la zona del Bajo Atrato (CAMIZBA).

1. Panorama general de afectación étnica del pueblo Embera-Chamí por el conflicto armado.

Los Embera-Chamí se ubican en los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas. Por las sutiles diferencias que existen entre la situación acreditada ante la Corte en los tres departamentos, se procederá a describir en cada uno de ellos la afectación de la etnia Embera-Chamí por el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

Los Embera-Chamí de Risaralda son más de 22.000 personas en Mistrató, Pueblo Rico, Marsella, Guática, Quinchía, Belén de Umbría, y aproximadamente 300 indígenas desplazados en Pereira. Se han declarado en crisis humanitaria como pueblo. Han sido afectados por el conflicto armado porque en su territorio están presentes todos los actores armados. El conflicto armado ha causado muertes, desapariciones, desplazados y amenazas, en particular muertes de líderes.

El territorio del resguardo de los Embera-Chamí en Risaralda es pequeño y con bosques naturales, por lo cual hay poca posibilidad de producción; es insuficiente para sus necesidades alimentarias. En los últimos 12 años el Gobierno no ha asignado recursos ni para la compra de tierras ni para la ampliación o saneamiento de resguardos. En la comunidad de Quinchía, compuesta por 18 comunidades menores (600 familias, 2600 indígenas), hay problema alimentario: las pequeñas propiedades de cada familia son insuficientes para su sustento, por lo cual la mayoría de la población debe salir de las comunidades buscando empleo, generando así pérdida de la identidad. El problema territorial se agrava por los intereses comerciales de multinacionales en los recursos naturales de sus territorios. Hay 1500 familias sin tierras, y el resguardo no ha sido saneado ni ampliado. La falta de proyectos económicos genera también problemas serios de manejo medioambiental.

Los Embera-Chamí de Risaralda denuncian, en medio del conflicto armado: la presencia de actores armados en su territorio; actividades de explotación maderera y minera, por multinacionales y por los grupos armados ilegales; combates en sus territorios y bombardeos; maltratos por los actores armados; señalamientos por los desertores de la guerrilla que son incorporados como informantes, y posteriores desplazamientos; bloqueo de alimentos; reclutamiento forzado de jóvenes y niños; desconocimiento de las autoridades: cabildos, jaibanás, alguaciles; y ocupación de instalaciones, escuelas, y casas. Explican que en su territorio grupos armados pasan y exigen alojamiento o permiso para cocinar en las casas; las familias quedan así comprometidas, y los otros grupos las señalan de colaboradoras.

Refieren también una alta mortalidad infantil por desnutrición y deshidratación, por falta de acceso a atención oportuna, falta de afiliación, ausencia de brigadas de salud en el territorio y carencia de programas de etnosalud. Sufren también enfermedades como paludismo y leishmaniasis, pero han sido afectados particularmente por la desnutrición infantil.

La situación de los Embera-Chamí en Caldas no es menos grave. En Ríosucio hay 4 resguardos indígenas: La Montaña, Cañamomo-Lomaprieta, San Lorenzo, Escopetera Pirza. Viven aproximadamente 45.000 embera-chamíes. La mayoría están en Ríosucio, otra parte en Supía (Caldas); en total hay 102 comunidades, con el 80% del territorio tradicional titulado como resguardo.

Hay presencia de los actores armados en el territorio y violencia que conllevan temor de las comunidades. Denuncian que, en 2003, helicópteros de las Fuerzas Armadas bombardearon la comunidad de Iberia en el resguardo Cañamomo-Lomaprieta, alegando un ataque a grupos subversivos.

Los territorios de las comunidades embera-chamí de Caldas son estratégicos para el posicionamiento de las FARC y las autodefensas que se disputan las zonas de corredores estratégicos, "convirtiendo a las poblaciones indígenas en objetivo militar, a quienes violan el derecho a la vida e integridad personal continuamente (desaparición y retención de personas, torturas y homicidios selectivos, homicidios de líderes indígenas y desplazamiento forzado), han convertido los territorios de nuestros pueblos en zona de guerra y, por ende, han puesto a los indígenas en el centro de sus disputas".  En efecto, el municipio de Ríosucio es un corredor estratégico para los grupos armados ilegales, entre Antioquia, Risaralda y Chocó; por ello todos los resguardos quedan en medio de la confrontación. Esto genera señalamientos de ser colaboradores, que resultan en asesinatos, encarcelamiento injusto, desplazamiento forzado y otros. Los archivos del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) registran 45 personas indígenas asesinadas por grupos armados desde 2003, más de 10 amenazadas/heridas/desaparecidas. Y hay mucho sub-reporte, por falta de denuncia por amenazas, falta de credibilidad y legitimidad de las autoridades. En los últimos 10 años han sido asesinados aproximadamente 200 indígenas, entre líderes y miembros de la comunidad, por los paramilitares y la guerrilla. Las FARC asesinan dirigentes y comuneros por oponerse a sus planes de control social, o por acusarlos de colaborar con los grupos paramilitares o con el Estado.

Por otra parte, manifiestan que son frecuentes los señalamientos a indígenas por las Fuerzas Armadas de ser colaboradores de la guerrilla o guerrilleros, sin pruebas ni fundamento; esto ha generado detenciones arbitrarias, y desconfianza hacia las Fuerzas Armadas. Se acusa a las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad de realizar allanamientos a casas de miembros de la comunidad, "y en ocasiones han utilizado la fuerza y la intimidación para hacer que los comuneros admitan hechos que no son ciertos, en ocasiones vienen con órdenes judiciales proferidas por quienes imparten justicia basándose en declaraciones dudosas y falsas acusaciones de reinsertados y desmovilizados que pretenden conseguir rebajas de sus condenas comprometiendo la libertad y el buen nombre de otros. // En los operativos y visitas que realiza la fuerza pública algunos comuneros son retenidos por espacios largos de tiempo, señalados de ser colaboradores de las guerrillas, y en ocasiones son amenazados para que den información sobre el paradero de los insurgentes, incluso en algunas comunidades tienen la prohibición expresa de transitar en horas de la noche por sus comunidades".

Los grupos armados entran a sus territorios con personas secuestradas; extorsionan y chantajean a miembros de las comunidades; hay reclutamiento forzado y vinculación de jóvenes indígenas; todo esto genera señalamientos de ser sus colaboradores, y posteriores desplazamientos. Las partes en conflicto utilizan las escuelas, puestos de salud, viviendas civiles, casetas comunales y lugares sagrados como sitios para acampar. Por último, se reportan cultivos ilícitos en territorio del resguardo.

Los señalamientos afectan especialmente el proceso organizativo y político. Actualmente hay persecuciones continuas a líderes indígenas y entidades que trabajan con temas indígenas. Así, los Gobernadores de los cuatro resguardos del municipio de Ríosucio han recibido amenazas por los actores armados; no andan sin escoltas y medidas preventivas. El 15 de marzo de 2002, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 40 indígenas Embera-Chamí de los resguardos y asentamientos de Caldas y miembros del CRIDEC. Pese a los esquemas de protección subsiguientes para algunos de los líderes, persisten las amenazas. Los cuatro gobernadores tienen medidas de protección por el Ministerio del Interior ante la recomendación de la CIDH: escoltas y carros blindados; pero las medidas no se han implementado respecto de todos los líderes que las requieren. Además, toman sus propias precauciones.

La violencia es selectiva y potencial por amenazas contra los líderes y la organización. En parte, porque se teme más fortalecimiento y consolidación del proyecto político. No obstante, el movimiento político Embera-Chamí en Caldas ha sido frustrado por la violencia; los candidatos indígenas a la alcaldía de Ríosucio de 2000, 2002 (María Fabiola Largo) y 2003 fueron asesinados.

También se reporta que hay señalamientos y amenazas a no indígenas que trabajan con las comunidades o realizan acciones humanitarias en sus territorios; por ejemplo, el Comandante de Bomberos de Ríosucio fue detenido en agosto por ser presunto colaborador de la guerrilla; ha habido amenazas de las AUC contra ONIC y periodistas que difunden las actividades y programas de las comunidades.

En la actualidad persisten los señalamientos y acusaciones, por ejemplo a través de volantes o pasquines dirigidos a las autoridades o las comunidades. Se reporta que hay presencia continua de un grupo paramilitar local: el Cacique Pipintá, incluso después del proceso de desmovilización nacional de las AUC.

La organización indígena ha recurrido a las denuncias públicas y las alertas tempranas. También hay un comité interinstitucional que incluye a la Alcaldía, la Fiscalía, la Personería, los Gobiernos Indígenas, la Fuerza Pública, el CRIDEC, la Iglesia, ACNUR. Este ha sido exitoso en la prevención de violencia en algunos casos.

Los Embera-Chamí han sufrido una alta aculturación y están en medio de un proceso de recuperación étnica, el cual ha sido alterado por el conflicto armado por la desestabilización, el desarraigo y el debilitamiento de identidad que causa.

2. Relación detallada de los crímenes sobre los cuales se ha informado a la Corte.

La Corte ha sido alertada sobre una serie de crímenes de los que han sido víctimas miembros de la etnia Embera-Chamí. En los documentos que sirven de fuente a este aparte se mencionan, entre otros, los siguientes crímenes perpetrados contra la población Embera-Chamí en el marco del conflicto armado:

- Entre 1982 y 1992 fueron asesinados aproximadamente 200 indígenas, incluidos muchos líderes.

- En febrero de 2002 en Quinchía, tuvo lugar el asesinato del Gobernador Mayor Luis Gonzagatrejos García; su muerte permanece impune, sin esclarecer, y generó el desplazamiento de su familia.

- En 2002, se reporta la muerte de Leonardo Caizales en Pueblo Rico, y  de Lucelly Osorio en Villa Claret.

- En mayo de 2002, tuvo lugar el asesinato del gobernador menor Luis Aníbal Binasco Quinchía.

- El 10 de febrero de 2003, ocurrió el asesinato del comunero Rogelio Becerra Arce y de William Ruiz en Quinchía – comunidad Pomecia.

- En 2004, tuvo lugar la muerte violenta del gobernador menor Wualdo (Hubaldo) Morales en Quinchía.

- En 2006, tuvo lugar la desaparición de 6 indígenas en la zona urbana de Pereira, corregimientos Caimalito y La Carbonera. En efecto, la Asociación de indígenas Embera-Chamí desplazados en Pereira –la Asociación Solidaria Indígena Desplazada y Vulnerable, ASIDVU-, denuncia que en abril de 2006, 6 indígenas de la asociación fueron desaparecidos; los engañaron diciéndoles que los iban a llevar a trabajar a fincas y desaparecieron. Dejaron 50 viudas, huérfanos y padres. Se denunció el caso ante diversas instancias, sin resultados.

- El candidato indígena a las elecciones de Ríosucio 2003, Gabriel Ángel Cartagena, fue asesinado.

- El 5 de julio de 2006 fue asesinado el intendente de policía de Ríosucio José Libardo Villada Monsalve, indígena, que cumplía un rol importante como mediador con las comunidades.

- El movimiento político Embera-Chamí ha sido frustrado por la violencia; los candidatos indígenas a la alcaldía de Ríosucio de 2000, 2002 (María Fabiola Largo) y 2003 fueron asesinados.

- El 3 de agosto de 2007, fue asesinado Virgilio Guatiui, líder y miembro de la comunidad de Kundumi, en el Resguardo Unificado del municipio de Pueblo Rico (Risaralda).  

- En julio de 2008, fue asesinado en Mistrató (Risaralda) el gobernador del resguardo, Hugo González, por tres hombres armados que le hicieron descender de un vehículo de transporte público en el que se movilizaba; desde 2007 el Sr. González había sido amenazado de muerte y había puesto las denuncias ante las autoridades y la opinión pública, sin resultados.  

3. Afectación del pueblo indígena Embera-Chamí por el desplazamiento forzado.

El anterior cuadro situacional ha generado altos patrones de desplazamiento forzado de los miembros de esta etnia. Según datos de la Personería, hay 260 personas desplazadas en Ríosucio, y una tendencia al desplazamiento dentro del mismo resguardo, o de una comunidad a otra. Por otra parte, en Pereira, los Embera-Chamí desplazados tienen problemas serios, particularmente las mujeres cabezas de familia, principalmente porque se ven forzadas a la mendicidad, y en forma consiguiente sufren el retiro de los menores por el ICBF y la policía; ello causa una mayor descomposición social, porque las madres sólo saben hacer artesanía y no tienen apoyo de ningún tipo.

Además, se informa a la Corte que hay un alto porcentaje de desplazamientos forzados intra-resguardo.

Antes de 2004 hubo dos desplazamientos masivos: por la toma del casco urbano del resguardo indígena de San Lorenzo, y por una incursión de las AUC en el sector del Salado y Pueblo Viejo. No obstante, los desplazamientos individuales son continuos y no son registrados, por ser principalmente de tipo intra-resguardos; las víctimas de estos desplazamientos no se registran en el RUPD ni ante las autoridades tradicionales.

Los indígenas Embera-Chamí desplazados en la ciudad de Pereira han constituido una asociación –ASIDVU-, y se dirigieron a la Corte Constitucional para describir su situación. Explican que Pereira es una ciudad de alta recepción de indígenas Embera-Chamí, tanto de Caldas como de Risaralda. Resaltan el choque cultural, y la indiferencia de las instituciones hacia sus problemas. Informan que todos viven en extrema pobreza, y crítica situación alimentaria. Pocos tienen SISBEN, y no tienen recursos para comprar medicamentos ni acceso a las medicinas tradicionales.

Además indican que la educación que reciben sus menores de edad no es específica; tienen 3 docentes indígenas para 342 niños, por lo cual temen por la aculturación de los niños y adolescentes. La mayoría viven de vender artesanías. Como se indicó anteriormente, se denuncia que en abril de 2006, 6 indígenas de la asociación fueron desaparecidos, dejando viudas y huérfanos desprotegidos.

4. Medidas interamericanas de protección de los indígenas Embera-Chamí.

El 15 de marzo de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 40 indígenas Embera-Chamí, de los resguardos y asentamientos de Cañamomo-Lomaprieta, San Lorenzo, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Escopetera-Pirza, Totumal, La Trina, La Albania, Cerro Tacón, La Soledad, y miembros del CRIDEC.

En términos de la Comisión, "Desde julio de 2001 estas comunidades –señaladas públicamente por agentes del Estado como colaboradores de la guerrilla- han sido objeto de amenazas y actos de hostigamiento y violencia por parte de las AUC. La información disponible indica que un grupo armado incursionó en la comunidad de Escopetera-Pirza donde produjo destrozos materiales, intimidó los presentes, asesinó a Leonardo Díaz Becerra (excabildante del resguardo) e hirió a Luis Eduardo Flórez (fiscal suplente del cabildo indígena). Los peticionarios indican que a pesar de los esfuerzos de un número de organizaciones no gubernamentales, las autoridades no adoptaron medidas para prevenir la incursión paramilitar en la zona y que con posterioridad no prestaron apoyo para ingresar a la zona con fines humanitarios. Posteriormente la CIDH fue informada sobre el asesinato de la dirigente indígena María Fabiola Largo y un atentado contra la vida del ex gobernador indígena Miguel Antonio Largo Pescador, ambos beneficiarios de las medidas cautelares del 9 de abril de 2002 en el resguardo de Cañamomo – Lomaprieta. El Estado informó asimismo sobre una misión conducida por el DAS con el fin de esclarecer los ataques, pero indicó que los testimonios recabados 'no suministraron datos de interés que permitan la individualización de sus autores, así como aportar indicios a la autoridad encargada de la investigación'. Indicó que el Batallón Ayacucho había efectuado operaciones de contraguerrilla en Ríosucio y que la Policía del municipio prestaba seguridad a los locales donde se reunía la Comunidad. La Comisión ha continuado recibiendo información sobre la situación de la comunidad indígena y las amenazas de incursión."

En atención a esta situación, la Comisión solicitó al Estado: "Adoptar, de conformidad con los peticionarios y el CRIDEC, las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de los miembros de los resguardos y asentamientos de Cañamomo-Lomaprieta, San Lorenzo, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Escopetera-Pirza, Totumal, La Trina, La Albania, Cerro Tacón, La soledad, así como a favor de los miembros del CRIDE, individualizados en la solicitud de los peticionarios, incluyendo auxilio para su desplazamiento, de resultar necesario. Informar sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las amenazas y actos de violencia perpetrados contra las personas protegidas".

5. Respuesta estatal a la situación.

La respuesta del Estado a la situación de las comunidades Embera-Chamí se ha concentrado en tres ámbitos: (a) la implementación de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; (b) la atención incipiente de algunas familias desplazadas; y (c) la formulación, por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, de dos planes de acción para las comunidades de Pueblo Rico y Mistrató.

a. Implementación de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH.

En su respuesta al Auto 248 de 2007 de la Corte Constitucional, la Dirección de Etnias informó lo siguiente sobre las medidas adoptadas para cumplir con la solicitud de medidas cautelares de la CIDH:

"- Adopción de medidas de protección individuales y colectivas – apoyos de reubicación, transporte, medios de comunicación.

- Adopción de medidas de seguridad por la Fuerza Pública y la Policía Nacional.

- Seguimiento a las investigaciones penales y disciplinarias.

- Inclusión en el proyecto de comunidades en riesgo."

Posteriormente, la Dirección de Etnias aportó en un documento separado, la siguiente información sobre la implementación de las medidas cautelares:

"ANTECEDENTES:

I. Trámite Internacional.

La CIDH decretó el 15 de marzo de 2002, medidas cautelares a favor de la Comunidad Indígena Embera Chamí (...).

Hechos que sustentan la solicitud de medidas cautelares:

- Que el 9 de junio de 2001, el CRIDEC y varias autoridades indígenas y miembros de las comunidades referidas anteriormente, enviaron a diversas autoridades locales y nacionales una acción urgente, en virtud, de que los resguardos La Montaña se habían visto afectados y amenazados desde el 5 de junio de 2001 por grupos al margen de la ley, AUC.

- El 8 de junio, hubo un desplazamiento de 13 familias del resguardo El Salado, por las amenazas proferidas por las AUC el 7 de junio. Debido a esta situación, se efectuó una reunión con el Alcalde de Riosucio, la secretaria de gobierno, la personera municipal, representantes de la policía y el batallón Ayacucho del Ejército Nacional con sede en la zona, y los representantes del Cridec y algunos líderes indígenas. El objeto de la reunión era estudiar la situación del resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña e intentar prevenir las atrocidades contra la población indígena y campesina.

ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA FRENTE AL ESQUEMA DE SEGURIDAD:

- Los escoltas asignados al señor Darío Tapasco recibieron curso de retroalimentación en protección a dignatarios por parte de la Dirección de Servicios Especializados de la Policía Nacional, igualmente se mantiene el servicio de seguridad las 24 horas del día en su lugar de residencia con tres unidades policiales.

- Revistas constantes a las Instalaciones de la Alcaldía Municipal, sedes de los Resguardos Indígenas y de los Líderes Indígenas residentes en los municipios de Ríosucio, Supía, Marmato y corregimientos San Lorenzo y Bonafont, para lo cual fueron diseñadas planillas que son diligenciadas por las patrullas de vigilancia.

- Permanentemente y en forma coordinada con la Seccional de Inteligencia, Ejército Nacional y CTI de esta jurisdicción se adelantan labores de inteligencia tendientes a detectar la ubicación de grupos armados ilegales y las posibles acciones delictivas que pretendan ejecutar en contra de las comunidades indígenas y sus líderes, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad que existe en cada uno de ellos.

ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA EN MATERIA DE CAPACITACION:

En agosto de 2007 se inició el proyecto "Fortalecimiento de la Justicia Propia en los Resguardos Indígenas de Caldas y sus Relaciones con la Justicia Ordinaria como Mecanismo de Protección de los Derechos Humanos", presidido por el señor Darío Edgardo Tapasco Bueno, Alcalde Municipal de Ríosucio.

- Está liderado por el Ministerio del Interior, coordinado por Alcaldía Municipal, Defensoría del Pueblo, Programa Atención Comunidades en Riesgo y la Policía Nacional en cabeza del suscrito Comandante de Distrito.

- Su objetivo es fortalecer la jurisdicción especial indígena en el departamento de Caldas, como estrategia de empoderamiento para la protección de derechos humanos de las comunidades indígenas, con participación de operadores de justicia (ordinaria y especial indígena), funcionarios públicos y comunidad en general dentro de un marco de cooperación y concertación interinstitucional.

- Se realizarán mensualmente con el fin de analizar los resultados obtenidos por los grupos de trabajo establecidos para el cumplimiento del proyecto, según lo ordenado a través de la Directiva Permanente 16 de 2006 del Ministerio de Defensa Nacional y Directiva 036 DIPON-OFPLA del 201206 'Reconocimiento, prevención y protección a comunidades de los Pueblos Indígenas'.

- Personal del Distrito de todas las estaciones y subestaciones, recibieron capacitación en el taller 'Atención a Comunidades Indígenas en Riesgo'.

RESULTADOS OPERACIONALES OBTENIDOS POR LA FUERZA PÚBLICA:

- Se han desarrollado diversos operativos tendientes a desarticular la acción del grupo armado ilegal de las FARC que opera en la zona – Frente Aurelio Rodríguez.

- Igualmente, acciones operativas contra Banda Criminal Cacique Pipintá.

ESTUDIO DE LA COMISION ESPECIAL DE IMPULSO DE LAS INVESTIGACIONES

Debido a la falta de presupuesto para la realización de esta comisión, la Unidad Nacional de Derechos Humanos, propuso durante una reunión que se llevó a cabo el 17 de mayo de 2006, destacar cinco investigadores del CTI de Medellín, para que se desplazaran a Ríosucio.

El objeto de la comisión era realizar un estudio de las investigaciones que allí se encontraban a efecto de hacer una planificación de las mismas, descartando o afirmando la posibilidad de que varias se adelantaran bajo una misma cuerda procesal.

Frente a este trabajo la Unidad Nacional de Derechos Humanos presentó un primer informe, de fecha 21 de julio de 2006, en donde se relacionaron las investigaciones, que debían ser objeto de estudio y valoración sobre la procedencia y sustento legal de las decisiones inhibitorias. A la fecha la Unidad no ha reportado más información sobre el estado de este trabajo."

Se adjuntó adicionalmente, por la Dirección de Etnias, un nuevo informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la CIDH, en los siguientes términos:

"1. Seguimiento de la situación de orden público en la zona a través del Comité Interinstitucional de Seguridad Ciudadana de Ríosucio, instancia que cuenta con la participación de un representante del Gobierno Nacional a través de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia en esa zona del país (Descentralización de la política pública en materia de Derechos Humanos).

2. Seguimiento a las actividades de prevención, protección y lucha contra la impunidad.

La Fiscalía General de la Nación se comprometió a habilitar una comisión Judicial Especial de investigaciones. Por ende, presentó un proyecto al Ministerio de Hacienda cuyo objeto es la asignación de una partida presupuestal para dicha Comisión.

La PGN, informa que están en curso 9 investigaciones de carácter disciplinario.

3. Implementación de las actividades contempladas en el plan de acción de derechos humanos del Municipio de Ríosucio, Caldas.

4. Adopción de medidas de protección individual así: entrega de 30 teléfonos celulares, 9 radios avantel, 17 chalecos antibalas, 78 tiquetes aéreos nacionales, 23 apoyos de reubicación temporal, apoyos de transporte terrestre temporal 62 y 7 blindajes de sedes.

5. Reuniones interinstitucionales de seguimiento a las medidas cautelares en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá y en la ciudad de Manizales.

6. Dentro del marco del Proyecto de Atención a comunidades en Riesgo, se han fortalecido los espacios de concertación con las comunidades indígenas, y se han elaborado planes de acción para incrementar el nivel de protección de las comunidades indígenas de las regiones de Caldas y Risaralda.

7. El Gobierno Nacional conformó un grupo de trabajo interinstitucional con la finalidad de realizar acompañamiento y presencia en la zona. Se prevén visitas bimensuales."

b. Atención de la población desplazada

En la respuesta de Acción Social al Auto 251 de 2007, se incluyó una tabla de resumen en la que se proveyó la siguiente información concreta sobre la atención a la población Embera-Chamí en situación de desplazamiento.

En relación con el Informe Situacional de la comunidad indígena Embera-Chamí del Departamento de Risaralda, elaborado por el CRIR, 14 de septiembre de 2006, se informa:

"Queja y/o solicitud: Se solicitan proyectos alimenticios para generar fortalecimiento de soberanía y autonomía alimentaria.

Respuesta: se responde en el anexo cuadro de Resa.

Observaciones: Ver anexo."

En relación con el "Informe actual sobre la situación e violencia en las comunidades Embera-Chamí, Riosucio-Caldas" – Informe preparatorio MIV, se informa:

"Queja y/o solicitud: Recomendación: hacer seguimiento a las estadísticas del desplazamiento, pues no coinciden las cifras del Estado con las de ACNUR o el CRIDEC.

Respuesta: [en blanco]

Observaciones: Ver documentos registro."

"Queja y/o solicitud: Solicitan seguridad alimentaria.

Respuesta: [en blanco]

Observaciones: Ver anexos ReSa."

En relación con el Diagnóstico de salud indígena del Quindío hecho por ORIQUIN y el Cabildo Mayor Embera-Chamí, se informa:

"Queja y/o solicitud: Desean programas de seguridad alimentaria para niños menores de 5 años de las comunidades indígenas del Departamento.

Respuesta: A la fecha no se han realizado proyectos especiales para las comunidades indígenas del Departamento, sin embargo, a través del proyecto "Seguridad alimentaria para la familia residente en la zona cafetera a partir de la adopción de prácticas de producción, preparación y consumo de alimentos en su predio", ejecutado por el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, se atendieron 38 indígenas."

En relación con el comunicado de ASIDVU:

"Queja y/o solicitud: Ayuda humanitaria – 'la respuesta de la institución hacia nuestra comunidad es de ignorar el problema del desplazado'.

Respuesta: [en blanco]

Observaciones: Ver anexo 2.3 // Ver anexo ReSA."

c. Formulación de planes de acción para las comunidades Embera-Chamí de Mistrató y Pueblo Rico.

A este respecto, la Dirección de Etnias informó a la Corte Constitucional lo siguiente:

"En respuesta a la situación de los indígenas Embera Chamí de los municipios Mistrató y Pueblo Rico específicamente, se formuló un Plan de Acción en beneficio de las comunidades vulnerables de cada uno de los resguardos de estos municipios los días 2 y 3 de mayo de 2007. Los componentes del Plan son los siguientes: seguridad alimentaria, salud, educación, potabilización de aguas y saneamiento básico, fortalecimiento organizativo, apoyo a niñez y la familia y vivienda.

En este Plan de Acción son vinculadas las familias que se encuentran en situación de desplazamiento y mendicidad en las ciudades de Pereira y Bogotá, la vinculación depende de las condiciones de seguridad de la zona y de la decisión voluntaria de las familias para retornar.

En el momento se encuentra en contratación el proyecto de seguridad alimentaria para 2110 familias indígenas por un valor de $520 millones, contratado con la CARDER, se asignaron $460 millones para hábitat y saneamiento básico, la Gobernación Departamental financió un proyecto de seguridad alimentaria en estos municipios para 700 familias y recursos para el proyecto pisos y techos, se anexa acta y matriz de seguimiento."

H. Situación del pueblo indígena Wounaan ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo Wounaan ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente.

Los principales documentos que se tuvieron en cuenta para esta descripción fueron los siguientes: (1) Documento titulado "Pueblos Indígenas del Chocó – Megaproyectos, Etnocidio y Ecocidio". (2) Informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención al Desplazamiento Forzado a la Corte Constitucional, marzo 14 de 2007. (3) Intervención de los representantes del Cabildo Mayor Indígena de la zona del Bajo Atrato (CAMIZBA). (4) Informe presentado por la Comisión Colombiana de Juristas a la Corte Constitucional, titulado "El Estado colombiano no ha cumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento forzado".

1. Panorama general de afectación étnica del pueblo Wounaan por el conflicto armado.

El pueblo indígena Wounaan se ubica en el departamento del Chocó. En esta región del país hay una grave crisis humanitaria, agravada por el conflicto armado; la presencia y constantes enfrentamientos de los grupos armados en territorio Wounaan en las zonas de San Juan, Baudó, el Bajo Atrato y la Costa Pacífica, ha hecho que éstas se consideren zonas de riesgo, pero no hay planes específicamente dirigidos a superar la vulnerabilidad de sus habitantes. Así, por ejemplo, la zona del San Juan es corredor entre la costa pacífica y el interior; hay presencia de las AUC –Bloque Calima- y de las FARC –Frente 34 y columna móvil Arturo Ruiz-. Ambos mantienen control sobre la zona del San Juan, vigilando el flujo de personas, productos y alimentos. La seguridad de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la zona ha sido afectada por enfrentamientos y por señalamientos y amenazas a las comunidades, situación agudizada por el incremento acelerado de cultivos ilícitos.

La crisis de la región por el conflicto armado se erige sobre la ausencia y el abandono previo por el Estado; particularmente en salud, los miembros del pueblo Wounaan se siguen muriendo por malaria, tuberculosis, incluso sarampión, en especial los niños, por no tener acceso a tratamiento oportuno ni haber medidas de prevención.

La gravedad de la afectación de este pueblo indígena por el conflicto armado se puede ilustrar con la comunicación que dirigió a la Corte el representante del Cabildo Mayor Indígena Zonal del Bajo Atrato:

"Las comunidades indígenas que representa CAMIZBA y que se encuentran ubicadas en la subregión del Bajo Atrato ...también han sido víctimas de la violencia desde hace muchos años, pero de manera particular y crítica desde diciembre de 1996, época en que se intensifica la confrontación entre los diferentes actores armados. (...) nuestra organización ha levantado la consigna, que frente a esos actos de barbarie de la guerra, de resistir en defensa de nuestra dignidad, cultura, territorio y autoridades propias de nuestros pueblos. Pues nuestras comunidades poco a poco se han convertido en el blanco predilecto de todos los actores de la guerra que consume la zona del bajo Atrato, por el hecho de habernos negado a ser partícipes directos de ésta y mantener una posición digna de autonomía y resistencia en nuestros territorios. Así mismo observamos que desde que se agudizó el conflicto en la zona (año 1997) empieza la disputa por el control militar del territorio, y desde este momento los indígenas del Bajo Atrato hemos venido siendo víctimas de toda clase de atropellos y presiones por parte de todos los actores armados y somos señalados por unos y otros como informantes, simpatizantes o miembros activos de sus respectivos adversarios. (...) La posición de la organización frente al fenómeno del desplazamiento ante la agudización del conflicto armado interno, es la de resistencia al desplazamiento forzado por las consecuencias fatales que conlleva para la pervivencia de sus comunidades, en este sentido muchos han desarrollado su derecho propio y fortalecido la jurisdicción indígena en sus propios territorios y el mantenimiento de la cohesión interna de las comunidades. No obstante a lo anterior la presión ejercida por los actores armados y el clima de terror y miedo al que fueron sometidas las comunidades indígenas, así como los innumerables atropellos, torturas y asesinatos al cual fueron sometidos muchos miembros de nuestras comunidades, generó el desplazamiento de ciertas comunidades indígenas del Bajo Atrato, desplazamiento que no fue muy notorio en las estadísticas de los organismos de atención y ONG, ya que la mayoría de estos desplazamientos fueron bien a las selvas o a otras comunidades indígenas (...) e incluso a comunidades indígenas de Panamá. (...) Pese a que las comunidades indígenas prefieren desplazarse internamente, antes de optar desplazarse a cascos urbanos, en la actualidad se puede decir que como consecuencia de la violencia imperante en la zona desde 1996 y la falta de operatividad del Estado, al casco urbano de Ríosucio se desplazaron muchos líderes y miembros de las diferentes comunidades, pues desde esa época hasta hoy persiste ese desplazamiento"; ha sido gota a gota, y hay 68 familias/394 personas desplazadas en Ríosucio.

En este contexto, los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública ejercen un fuerte control sobre la población civil, incluida la población indígena, incluyendo restricciones sobre su movilidad que, entre otras, han causado el confinamiento de la población. Así, en julio de 2004, hubo un confinamiento de las comunidades indígenas Wounaan de Olave, Unión Chocó, Unión Wounaan, San Cristóbal, y Macedonia; se reporta que el enfrentamiento entre las AUC y las guerrillas implica prohibición de movilización por el río San Juan y restricción al tránsito de alimentos, causando una crisis humanitaria que afecta a 286 familias indígenas wounaan de los municipios de Medio San Juan e Istmina.

El tipo de crímenes del que han sido víctimas los Wounaan a manos de los grupos armados ilegales también se ilustra con la siguiente descripción de la situación de la comunidad de Unión Chocó:

"...las FARC, quienes desde el 15 de marzo [de 2006] se habían presentado también ante la comunidad Unión Chocó realizando un censo para el control del personal de la región, terminando con la lectura de una lista de seis líderes indígenas de la comunidad para ser asesinados en el menor tiempo posible. El día 30 de marzo un profesor del centro educativo Genaro Opua Quiro, en la comunidad Unión Wounaan, fue sacado del aula de clase por dos guerrilleros de las FARC y encontrado posteriormente sin vida y con signos de tortura a 2 Km. de la comunidad en el sitio llamado Boca de Paidó."

Otra comunidad fuertemente afectada por el conflicto armado ha sido la comunidad Marcial, en el municipio de Ríosucio – cuenca del Chintadó. Tiene 280 habitantes. En 1995, 9 familias fueron desplazadas a Panamá; en 1996, las AUC asesinan a un líder en Turbo; en 1996, hubo un confinamiento por 6 meses por las AUC; en 1996, recibe a población desplazada afrodescendiente y mestiza por 3 meses; entre 1997 y 1999, se reporta explotación maderera por las FARC en su territorio; entre 1997 y 2003, denunciaron el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, tortura y señalamientos por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; de 1997 a 2002, se reporta el desplazamiento selectivo de líderes y familias al casco urbano de Ríosucio; en 2001, ocurre el asesinato de un líder en la comunidad por las FARC; entre 2002 y 2007, se denuncia explotación maderera por las AUC en el territorio; en 2003, se produce un desplazamiento de 30 familias wounaan al Parque Nacional Los Katíos; en 2003, fue receptora de población desplazada afrodescendiente por 15 días; en 2004, se presenta la ocupación de la comunidad por las AUC por 15 días; se denuncia la presencia de minas antipersonal y municiones sin explotar; y  en 2007, 3 niños menores de un año mueren por desnutrición.

2. Afectación del pueblo Wounaan por el desplazamiento forzado.

Quizás el fenómeno que en la actualidad golpea con mayor gravedad al pueblo Wounaan es el desplazamiento forzado. La severidad de la afectación de este pueblo se ilustra claramente con la siguiente comunicación, dirigida en octubre de 2008 a distintas entidades públicas del nivel nacional por las autoridades tradicionales, describiendo la situación de la que han sido víctimas:

"La Asociación Indígena del Bajo Baudó  ASAIBA, las autoridades  y comunidades indígenas de los pueblos Wounan y Embera de  los Resguardos de Rio Orpúa,  Santa Rosa de Igua,  Bajo Grande, Puerto Chichiliano, Bellavista-Unión Pitalito, La Jagua Guachal Pitalito, Ordó Sibirú Agua Clara, Purricha, Pavasa Gella, Doimama Tuma, El Piñal que habitamos en el municipio del Bajo Baudó en el Departamento del Choco,  denunciamos  ante las Entidades del Nivel Nacional, regional y local, el Ministerio Público, a la Cooperación Internacional, Nacional y a la opinión publica en general, la grave situación  de violación y vulneración de nuestros derechos colectivos e individuales como pueblos indígenas, ya que  nos vienen desplazando de nuestros territorios colectivos, amenazando a nuestros líderes,  autoridades violando el derecho a la Autonomía  y Derecho propio, nuestra identidad étnica y cultural , por parte de los actores armados ilegales que operan en la zona: guerrilla (FARC-ELN), Paramilitares, Los Rastrojos, que mantienen disputas Territoriales;  y teniendo en cuenta que  estamos ubicados en territorios estratégicos, tienen el objetivo de despojarnos de nuestros territorios.

A continuación presentamos una relación de los graves hechos que se han  venido  presentando en el transcurso de este año:

  1. Desplazamiento de Bajo Grande:
  2. Desde el 1 de mayo de 2008  once  (11) familias, (38 personas  niños, mujeres, hombres, ancianos) de la comunidad indígena del pueblo Embera, del Resguardo de Bajo Grande, zona rural de Bajo Baudó, se desplazaron masivamente al casco urbano del municipio de Pizarro,   por las amenazas de muerte  y atropellos por parte de hombres del grupo ilegal  de "Los Rastrojos" que opera en estos territorios. Después de cuatro meses por la falta de apoyo de las entidades del gobierno,  y ante la difícil situación  humanitaria que estaban afrontando por fuera de  sus territorios,  se vieron obligados a retornar nuevamente al resguardo,  sin ninguna clase de garantías, ni de seguridad y sin ningún acompañamiento a su territorio, donde continúa la zozobra  y la inseguridad por la presencia  permanente que hacen los  grupos armados que operan en la zona.

  3. Desplazamiento  de la comunidad de Santa Rosa
  4. El  pasado 4 de mayo de 2008 hombres pertenecientes al grupo  los Rastrojos   amenazaron de quemar  las viviendas,    golpearon y atropellaron a cuatro miembros de la comunidad del pueblo Wounan del Resguardo indígena de Santa Rosa de Igua  en  municipio de Bajo Baudó,   por el temor y buscando  la  protección  se desplazaron masivamente  13 familias (65 personas mujeres, niños, hombres, jóvenes, ancianos), hacia  el territorio del resguardo Unión Chocó en el municipio de Itsmina, donde permanecieron durante cuatro meses.  Después de este tiempo por la difícil situación humanitaria que les tocó vivir  por fuera de  sus territorios,  decidieron retonar y solicitaron a las entidades del Comité de Atención de Desplazados un Plan de  Retorno y en  una actividad de  verificación y limpieza del territorio  a que se comprometió la comunidad,  cuando se desplazaron a desarrollar esta actividad once familias que se encontraban haciendo las labores de  limpieza y preparación para el retorno, fueron  amarradas y  golpeadas por hombres del grupo los Rastrojos, razón por la cual las familias deciden no retornar y se produce un segundo desplazamiento  hacia  la cabecera municipal  del municipio del Bajo Baudó.

    Las autoridades municipales, regionales  en el momento no  reconocieron el desplazamiento, aduciendo que ellos ya habían sido desplazados, por lo tanto no se brindó la Atención  humanitaria, ni medidas de protección a estas familias, incumpliendo lo establecido en la Ley 387 de 1997, la Constitución Política (Art.7-8)  y los mandatos de la Corte Constitucional ST-025 y  los Autos.

    Ante los expuesto por las Autoridades  que no reconocieron este segundo desplazamiento, se solicitó a  Acción Social la prórroga de la Atención Humanitaria, y hasta la fecha no se ha dado ninguna respuesta, encontrándose estas familias en una grave crisis humanitaria, donde no se están garantizando los derechos a la  alimentación, educación, salud y la protección de nuestros derechos colectivos como comunidades indígenas.

  5. Desplazamiento Resguardo de Puerto Chichiliano
  6. El dos de septiembre del presente año   dos miembros de la comunidad del pueblo Wounan del resguardo Puerto Chichiliano, los comuneros [XX y YY] mientras se encontraban adelantando la actividad de la cacería, fueron privados de la libertad  y amenazados de quemar sus viviendas por parte de miembros de la Banda los Rastrojos,  adicionalmente los enfrentamientos armados  que se presentaron entre  la Guerrilla  y los Paramilitares,   situación que produjo pánico y temor a la comunidad que provocó el desplazamiento masivo de  24 familias (124 personas niños, mujeres, jóvenes, ancianos),  hacia el territorio de  Bellavista Unión Pitalito y a orillas del Río Docampadó.

    Ante la Personería  del Bajo Baudó se presento la denuncia y el censo de las familias desplazadas,  para que las entidades procedieran a dar la Atención   por el desplazamiento,  y hasta la fecha no se ha recibido ni la Atención Humanitaria de Urgencia, ni de Emergencia por parte de las entidades del nivel local, regional y nacional, como tampoco las medidas de protección, estipuladas en las políticas y normatividad del desplazamiento Forzado.

  7. Amenazas Selectivas a líderes  indígenas Wounan de las comunidades de los Resguardos de Bella Vista -  Unión Pitalito

El día 4 de octubre del presente en el casco urbano del Municipio del Bajo Baudó a las 7:30 a.m llegaron dos hombres  armados interceptaron  a [XX – líder comunitario indígena],  a quién le colocaron el revólver en la frente y empezaron a averiguar  y a pedir datos e información de  miembros  líderes de la comunidad, que  tenían registrados en una liste  en un computador portátil, a quién le informaron que les estaban pagando $800.000 por la cabeza de cada  uno de los líderes por los que   estaban averiguando, y que a continuación relacionamos: [sigue la lista de los líderes amenazados]"

No se trata de un fenómeno reciente que afecte al pueblo Wounaan; de hecho, han sufrido varios desplazamientos graves en el pasado. Por ejemplo, los primeros días de abril de 2006 hubo un desplazamiento masivo de comunidades wounaan de la parte media del río San Juan: Unión Chocó, San Cristóbal, Olave Indio (de Istmina), y la comunidad embera de Macedonia (Medio San Juan), a la cabecera municipal de Istmina. Tres causas principales motivaron estos desplazamientos: amenazas y asesinatos selectivos de líderes indígenas wounaan por las FARC; señalamientos a miembros de la comunidad de ser informantes del Ejército, y oposición a un censo de las FARC en la zona entre las comunidades indígenas; y el "deseo de visibilizar la situación de violencia que viven las comunidades asentadas en la parte media del río San Juan, por la presencia de actores armados ilegales, los cultivos de uso ilícito y la falta de una presencia estatal diferente a la militar".

Los hechos son descritos así por las autoridades tradicionales en su comunicación a la Corte Constitucional:

"Dada la importancia de los cultivos de uso ilícito para los actores armados ilegales de la región, algunos profesores de la comunidad indígena Unión Wounaan que habían manifestado su preocupación por la vinculación de jóvenes de su comunidad como raspachines de hoja de coca, fueron objeto de amenazas directas de miembros de las FARC, quienes desde el 15 de marzo se habían presentado también ante la comunidad Unión Chocó realizando un censo para el control del personal de la región, terminando con la lectura de una lista de seis líderes indígenas de la comunidad para ser asesinados en el menor tiempo posible. El día 30 de marzo un profesor del centro educativo Genaro Opua Quiro, en la comunidad Unión Wounaan, fue sacado del aula de clase por dos guerrilleros de las FARC y encontrado posteriormente sin vida y con signos de tortura a 2 Km. de la comunidad en el sitio llamado Boca de Paidó."

Acción Social registró como población desplazada a 270 familias – 1238 personas -642 hombres, 596 mujeres, 318 niños menores de 7 años. Pero la Defensoría y otras fuentes registraron a 148 familias (738 personas).

El 3 de abril se reunió el CMAIPD de Istmina, con Acción Social, ACNUR, la Iglesia, OCHA, OPS, los gobernadores indígenas y el CICR; adoptó un plan de contingencia, el "Plan de emergencia de Istmina y medio San Juan", que preveía la llegada de población desplazada a Istmina pero no tanta como de hecho llegó. "Finalmente, las comunidades fueron alojadas bajo condiciones de hacinamiento en cuatro albergues dispuestos en el municipio, uno de ellos sin piso y los otros sin paredes ni separadores interiores. La situación se hizo aún más grave debido a que personas afectadas en su salud algunos por brotes de varicela y otros por tuberculosis –se hablaba de 12 personas con TBC) no fueron propiamente identificadas, y convivieron por varios días con personas sanas...".

Recibieron ayuda humanitaria de emergencia en los albergues por el CICR, Acción Social, ACNUR, OPS y las entidades territoriales. "La ayuda alimentaria recibida en las comunidades por parte del CICR, consistió en provisiones que se ajustan a los parámetros internacionales en cuanto a ración de productos alimenticios, pero no a las costumbres y la cultura de pueblos indígenas. Quizá por esta razón los alimentos no fueron consumidos o bien aprovechados. Esta situación generó en los menores de edad afectaciones por enfermedad diarréica aguda, acompañada por vómito y fiebre, y agudizada por la presencia previa de parásitos intestinales y condiciones de desnutrición".

Tuvieron atención en salud por brigadas a los albergues de atención, prevención y vacunación, por el hospital Eduardo Santos de Istmina, DASALUD Chocó, OPS, Médicos Sin Fronteras. Estos junto con UNICEF proveyeron tanques para agua potable y filtros.

"Durante el desplazamiento de estas comunidades indígenas se dieron 3 muertes de menores, estas muertes según lo corroborado con la OPS y el Hospital Eduardo Santos, respondían a patologías crónicas anteriores al evento de desplazamiento. En uno de los casos la negativa de los padres a permitir la remisión del menor a Quibdó fue determinante".

En cuanto al retorno: la mayoría de las comunidades retornaron en mayo pese a la inseguridad, presencia de actores armados y precaria presencia de la Fuerza Pública. "Según Acción Social el retorno surtió los criterios de seguridad, voluntariedad y dignidad. Sin embargo, según la Defensoría regional, la personería municipal y la información recogida en terreno, después de una consulta al interior de las comunidades indígenas y acuerdos posteriores a divisiones internas que se presentaron durante el tiempo del desplazamiento, éstas decidieron retornar dadas las inadecuadas condiciones en las que se encontraban en los albergues, y optaron por pedir a los actores armados que actuaban en sus zonas que les permitieran hacerlo". Los 12 líderes amenazados se refugiaron con sus familias en Panamá.

La Defensoría aclaró su oposición al retorno, porque para el 20 de mayo seguía habiendo desplazamientos de otras comunidades en la misma zona de conflicto.

Los datos de terreno confirman que un grupo de familias continúa en Istmina – esto es, no retornó.

La Comisión de Verificación constató el incumplimiento parcial de los compromisos del Estado en educación, salud y acompañamiento; se entregaron kits agropecuarios por Acción Social, pero persistía el riesgo por los actores armados y los cultivos ilícitos.

3. Respuesta estatal a la situación.

La única indicación que se ha provisto a la Corte Constitucional sobre la respuesta del Estado a la grave situación del pueblo Wounaan, es la siguiente, comunicada en el informe de Acción Social en respuesta al Auto 251 de 2007:

"El 9 de mayo de 2006 se inicia el proceso de evaluación y concertación de un posible retorno de las comunidades: Unión Chocó, Olave, Macedonia, San Cristóbal y Unión Wounaan. Se valoran y establecen compromisos en los componentes de Seguridad y Protección, Seguridad alimentaria, Desarrollo Agropecuario, Educación, salud y saneamiento básico. En la evaluación de seguridad realizada, Acción Social no recomienda la realización del retorno, aun así las comunidades deciden retornar, los días 22 y 23 de mayo, se produce el retorno de las 5 comunidades desplazadas. Por lo menos 20 hogares familiares de las víctimas no retornaron. Posterior al proceso de retorno, en el mes de junio de 2006, Acción Social, en coordinación con la administración municipal, adelantó el apoyo a un proyecto de seguridad alimentaria para los 270 hogares retornados, con un costo de $109'134.000."

SITUACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA REGION ANDINA COLOMBIANA

I. Situación del pueblo indígena Awá ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo Awá ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente.

Los principales documentos que se han tenido en cuenta para este acápite son los siguientes: (1) Informe Defensorial sobre la situación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario del pueblo indígena Awá, departamento de Nariño, Colombia – Defensoría del Pueblo, junio 30 de 2007. (2) Comunicación del Comité de Desplazados Awá del municipio de Ricaurte a la Corte Constitucional – magistrado Manuel José Cepeda, 31 de mayo de 2007. (3) Comunicado de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá – CAMAWARI, 25 de julio de 2006. (4) Informe titulado "Situación actual del pueblo indígena Awá-UNIPA-, Departamento de Nariño", por UNIPA – Septiembre de 2006. (5) Comunicación de las autoridades indígenas del Putumayo a Luis Alfonso Hoyos y la gerente de USAID, 31 de julio de 2006. (6) Informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención al Desplazamiento Forzado a la Corte Constitucional, marzo 14 de 2007, con reportes sobre la situación de los pueblos Kankuamo, Awá, Embera y Nukak-Makú. (7) Intervención de los representantes del pueblo Awá – UNIPA y CAMAWARI.

1. Panorama general de afectación étnica del pueblo Awá por el conflicto armado.

Los derechos fundamentales individuales y colectivos del pueblo Awá están sujetos a violaciones de naturaleza "permanente, sistemática y generalizada", derivadas de infracciones constantes del Derecho Internacional Humanitario por todos los actores enfrentados en el conflicto armado colombiano. Es de tal gravedad esta afectación, que la Defensoría del Pueblo en Nariño emitió en 2007 un informe defensorial como mecanismo para visibilizar su crítica situación. Para la Corte Constitucional no cabe duda de que el pueblo Awá atraviesa por una crisis humanitaria de proporciones desmesuradas y sin antecedentes en la historia de los pueblos indígenas colombianos, que les pone en claro riesgo de exterminio por el conflicto armado.

En Colombia tiene 40 resguardos constituidos y 10 en proceso de constitución, 26 asociados a UNIPA (Unidad Indígena del Pueblo Awá), 11 a CAMAWARI (Cabildo Mayor Awá de Ricaurte); en Putumayo están 8 resguardos constituidos y 5 en proceso en ACIPAP (Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo).

Los Awá en Colombia están ubicados principalmente en los departamentos de Nariño y Putumayo. En Nariño, están agrupados en dos grandes organizaciones con distinta cobertura geográfica: UNIPA (Unidad del Pueblo Awá), que abarca 26 cabildos, 22 con sus territorios constituidos y 4 en proceso de constitución, y CAMAWARI (Cabildo Mayor Awá de Ricaurte), que abarca 11 cabildos con sus territorios constituidos. En Putumayo, están agrupados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP), que abarca 17 resguardos reconocidos, y 5 en proceso de titulación, en los municipios de Villagarzón, San Miguel, Puerto Asís, Orito. También hay presencia del pueblo Awá en Ecuador.

No hay datos exactos de la población, por distintos factores: dispersión geográfica en zonas de difícil acceso; baja densidad, e inexistencia hasta hace poco de centros poblados; e invisibilización por las autoridades. Los Awá de Nariño se calcula que son aproximadamente 25.800 personas, 4400 familias, 38 cabildos, 32 resguardos en 5 municipios - Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego y Ricaurte. Los estudios poblacionales entre 1990 y 2005 fluctúan en diagnósticos de entre 15000 y 25000 personas. El censo del DANE de 2005 informa que hay 15400 personas en UNIPA y 10476 en CAMAWARI.

El pueblo Awá ha sido afectado por varios factores estructurales que en su conjunto amenazan su integridad étnica: altas migraciones de no indígenas (afrodescendientes, colonos, mestizos y campesinos) al territorio; la llegada de la coca, el narcotráfico y las fumigaciones; la violencia extrema del conflicto armado; y el desplazamiento forzado. Esta situación incide directamente sobre su tejido social y su integridad cultural.

La gravedad del problema de expansión de cultivos de coca para narcotráfico, se liga directamente a la política antinarcóticos en Caquetá, Putumayo y Cauca que los llevó a Nariño, generando presencia de población cocalera en la región que busca su sustento, causando así presión social y económica en el territorio Awá. En efecto, el crecimiento de los cultivos de coca entre 1999 y 2004 en Nariño ha sido exponencial. La expansión de cultivos ilícitos se vincula también a la expansión territorial de los narcotraficantes a través de la compra de tierras en Tumaco, Barbacoas e Ipiales desde los años 90, y a la condición periférica del departamento que genera virtual ausencia del Estado, lo cual permite el auge del narcotráfico y del tráfico de insumos, procesamiento, transporte y exportación.

La penetración del narcotráfico en el territorio hizo más vulnerables a los Awá y generó cambios en las dinámicas socioeconómicas locales y la configuración del conflicto, por la invasión del territorio, la violencia, la descomposición social, y la aculturación de los jóvenes. Además el auge de los monocultivos lícitos e ilícitos en la región ha generado cambios en la estructura de la tenencia de la tierra: ahora priman latifundios para la explotación industrial de diferentes productos. También ha causado cambios ambientales por la destrucción de la selva. La presencia de cultivos y laboratorios de coca, por la inseguridad, también afecta la movilidad por los caminos tradicionales, afectando el tránsito hacia lugares de trabajo, caza, pesca y actividades culturales. La llegada de los cultivos de coca, por otra parte, encareció la tierra, con múltiples efectos negativos para los Awá: (i) restricción de posibilidades de adquirir nuevos predios para ampliar sus resguardos y recuperar su territorio tradicional; y (ii) generación de oportunidades económicas para las familias Awá que necesitan dinero y venden la tierra. Hay problemas asociados de venta indebida de parcelas dentro de los resguardos, y de presencia de población no indígena, que causa choques y conflicto. También se ha reportado que los colonos se apropian de las tierras indígenas y dentro de los resguardos para sembrar coca, mediante la violencia y el engaño. Los indígenas mismos han denunciado públicamente que tienen graves problemas con los cultivos de coca, "que están generando la destrucción del territorio y altos grados de violencia, descomposición y cambio cultural de nuestro pueblo". La economía del narcotráfico ha afectado a familias y comunidades, generando rupturas culturales, especialmente entre los jóvenes, por afectación de la autoridad familiar y tradicional; "De igual manera, si ponen cultivos de coca o laboratorios, se están cerrando los caminos por donde tradicionalmente pasamos, y no se nos permite salir libremente de cacería o pesca afectando nuestra cultura y la alimentación de nuestras familias. También hay atracos, robos, peleas y muertos y es la sangre indígena de nuestros hijos la que está pagando la bonanza de este negocio". La presión ejercida por la presencia del narcotráfico en la región puede desembarcar en la vinculación forzada de familias indígenas a las actividades ilegales, o en el desplazamiento forzado de quienes se oponen, su amenaza o su muerte.

El incremento de los cultivos de coca implica un aumento en las estrategias de erradicación por fumigación, sin consulta previa, y con quejas por los indígenas de afectación de cultivos de pancoger, de animales y del medio ambiente – en este sentido han informado que se ha afectado la pesca por la contaminación de las aguas, y se ha generado la destrucción de la selva. Según han denunciado las autoridades Awá, ello ha traído repercusiones negativas sobre la salud, principalmente problemas dermatológicos, digestivos, respiratorios y visuales, especialmente en los niños y adultos mayores. Las autoridades Awá han reportado en numerosas oportunidades en el curso de los últimos años distintas afectaciones a su salud por las fumigaciones indiscriminadas. En efecto, según consta en el Informe Defensorial que se ha citado anteriormente, los Awá han presentado denuncias por más de 145 casos de afectación por fumigaciones indiscriminadas de cultivos ilícitos. Según denuncian, no se ha dado cumplimiento a la sentencia SU-383/03 sobre consulta previa. La siguiente es una compilación hecha por la Defensoría del Pueblo de Nariño sobre las quejas presentadas por el pueblo Awá a este respecto:

DENUNCIAS DE CASOS DE FUMIGACIONES Y DAÑOS FISICOS Y MATERIALES EN RESGUARDOS DEL PUEBLO AWA 2000-2006

ResguardoComuni-dadNo. fumigacionesNo. familias afectadasDaños causadosNo. hectáreas deAyuda entidades
  Cultivo lícitoMontaña virgenPúblicasPrivadas
Alto Ulbí NunalbíAlto Ulbí24 familiasProductos alimenticios, contaminación del medio ambiente, daños de la selva, personas enfermas.17,52Ninguna Ninguna
 2 familiasProductos alimenticios, contaminados, muerte de animales domésticos y de selva.3NingunaNinguna
 2 familiasProductos alimenticios, contaminados y daño de la selva3NingunaNinguna
Chinguirito MiraChinguirito Mira320 familiasEnfermedad de las personas, contaminación de productos alimenticios, muerte de animales domésticos y de selva y contaminación del medio ambiente.1520NingunaNinguna
Gran RosarioGran Rosario4156 familiasEnfermedad de las personas, contaminación de productos alimenticios, muerte de animales domésticos y de selva y contaminación del medio ambiente.250240NingunaNinguna
Alto Palay328 familiasMuerte animales por contaminación: peces, loros, ardillas, micos, daño de cultivos, frutas, plátano, chiro, yuca.100220NingunaNinguna
Salto Palay448 FamiliasEnfermedad de las personas, contaminación de productos alimenticios, muerte de animales domésticos y de selva y contaminación del medio ambiente.5010NingunaNinguna
Negrital480 familiasEnfermedad en las personas, productos alimenticios, muerte de animales domésticos y de selva, contaminación del medio ambiente.10010NingunaNinguna
Gran SábaloAlbicito227 familiasEnfermedad en personas, contaminación de productos alimenticios y montaña virgen.3015NingunaNinguna
Inda Sabaleta4300 familiasMuerte de 3 indígenas, enfermedades, muerte de animales domésticos y de selva, ambiente contaminado.241565,5NingunaNinguna
Hojal La TurbiaHojal3120 familiasEl viento ha traído la fumigación. Afectó principalmente el maíz casi acaba la semilla. Quebradas contaminadas – quemó selva.165180NingunaNinguna
 70 familiasAnimales, potreros, cultivos120130NingunaNinguna
La Turbia50 familiasCultivos de maíz y yuca, caña, chontaduro, chiro, plátano, banano, chirimoya. Montaña virgen.4550NingunaNinguna
Honda
Río Guiza
Honda112 familiasPlátano, yuca, maíz107NingunaNinguna
La Brava377 familiasMuerte de 4 niños. Personas enfermas, contaminación productos alimenticios, contaminación del medio ambiente, muerte de animales domésticos y de selva.380426NingunaNinguna
El Cedro12 familiasProductos alimenticios contaminados, contaminación del medio ambiente, muerte de animales domésticos y de selva.70118NingunaNinguna
La Brava22 familias2 niños muertos. Personas enfermas, contaminación productos alimenticios, del medio ambiente, muerte de animales domésticos y la selva.196138NingunaNinguna
La Peña28 familiasContaminación productos alimenticios. 3490NingunaNinguna
Pintada9 familias1 niño muerto. Enfermedades, contaminación productos alimenticios, del medio ambiente, muerte de animales domésticos y de selva.3015NingunaNinguna
Pilví6 familias1 niño muerto. Enfermedades, contaminación de productos alimenticios, del medio ambiente, muerte de animales domésticos y de selva.5065NingunaNinguna
Piguambí PalangalaPalangala11 familiasContaminación del medio ambiente, muerte de animales domésticos.11810NingunaNinguna
Pulgande Campo AlegreCampo Alegre140 familiasCultivos contaminados, enfermedades2030NingunaNinguna
Quejuambí FelicianaFeliciana126 familiasDaño de cultivos y enfermedades338405NingunaNinguna
Quejuambí111 familiasCultivos contaminados150105NingunaNinguna
Santa RositaSanta Rosita210 familiasEnfermedades de las personas, contaminación de productos alimenticios y del medio ambiente, muerte de animales domésticos y de selva.6512NingunaNinguna
Tortugaña TelembíTortugaña Telembí11 familiaEnfermedad de las personas, contaminación de productos alimenticios, muerte de animales domésticos y de selva1315NingunaNinguna
Se hace referencia entre 719 y 1.177 familias afectadas por fumigaciones.

Elaborado por la Defensoría del Pueblo[30].

El problema del narcotráfico ha catalizado la afectación del pueblo Awá por el conflicto armado. En efecto, según denuncian los mismos indígenas, el auge de los negocios ilícitos ha atraído a los actores armados, desencadenando en su territorio una espiral de violencia que hoy en día les ha diezmado y amenaza con disolver su estructura cultural y su integridad misma como pueblo: "Es a partir del año 2000, cuando se enfrentan los grupos guerrilleros y los paramilitares y se da inicio a la militarización del departamento y específicamente la ocupación del territorio Awá, que hemos tenido que vivir un escalamiento sin precedentes del conflicto armado en la región. A raíz de esto hemos visto como cada año caen más compañeros Awá víctimas de esta guerra que no es nuestra. Hoy en día tenemos que soportar constantes violaciones a las normas de vida y convivencia heredadas de la montaña desde tiempos inmemoriales, y a lo que ustedes llaman los Derechos Humanos y el DIH. Los grupos armados ilegales han señalado, violado a nuestras mujeres, amenazado, secuestrado, asesinado y desaparecido a nuestros líderes y autoridades tradicionales. (...) Así mismo, estos grupos han cometido torturas, muertes selectivas y masacres de nuestros familiares. A los jóvenes cada vez los acechan más condenándolos al reclutamiento forzado y a la persecución de sus familias en caso de deserción. La presencia de actores armados ilegales en casas, escuelas y demás lugares pone en riesgo a nuestra población convirtiéndola en objetivo militar. También hemos tenido accidentes causados por minas antipersonales y vemos cómo cada vez más se nos restringe el tránsito por nuestra montaña. // La respuesta del Estado colombiano frente a esta situación se ha limitado a la militarización de toda la zona incluyendo nuestros resguardos. Esto en vez de traducirse en mayor seguridad para nuestras familias se ha convertido en un problema más para nosotros. Constantemente tenemos casos de señalamientos, abusos de autoridad y detenciones ilegales de compañeros indígenas que en muchas ocasiones ni siquiera hablan el castellano, siendo estos claros casos de discriminación que violan los principios de la presunción de inocencia y del Hábeas Corpus. En casos más graves hemos sido víctimas de amenazas, torturas, maltratos físicos y tentativas de violación de mujeres y mutilación de partes del cuerpo. Injustamente la presencia de la fuerza pública viene acompañada por el saqueo de las casas y el robo de nuestros animales y enseres del hogar, los cuales son consumidos o vendidos posteriormente en los poblados de la carretera. En varias ocasiones hemos sufrido la injusta muerte de indígenas Awá a manos de la Fuerza Pública (ej.: Hermínzul Pascal y Marco Aurelio Nastacuás entre otros...), quienes posteriormente los visten con prendas camufladas e inventan que eran guerrilleros y que fueron muertos en combate. Los testimonios de la comunidad, avalados por los gobernadores indígenas, no son tenidos en cuenta y estos casos han quedado todos completamente impunes. (...) Además de esto, somos objeto permanente de enfrentamientos, empadronamientos ilegales, toma de fotografías, control sobre la entrada de remesas para los restaurantes escolares, irrespeto de la autonomía de nuestra emisora radial 'La Voz de los Awá', y de infracciones constantes al DIH, como por ejemplo el desconocimiento del principio de distinción, la presencia, permanencia e instalación de campamentos (con varios días de estadía) en zonas habitadas como escuelas, centros comunales, casas de familia, etc..., el desplazamiento de los compañeros Awá de sus casas y fincas, desconocimiento de las autoridades Awá, de sus competencias y de sus derechos y responsabilidades reconocidos constitucionalmente para el control y gobierno sobre sus territorios, la corrupción y demás abusos que rompen nuestro tejido social y nos dejan viviendo rodeados por el miedo y la intimidación".

Las guerrillas estaban presentes en Nariño desde hacía 20 años: las FARC – Frentes 2 y 29, compañías móviles Mariscal Antonio José de Sucre y Daniel Aldana; y el ELN – compañía Mártires de Barbacoas, Héroes del Sindagua. Aproximadamente desde el 2000, ingresan al departamento los paramilitares – AUC, Bloque Central Bolívar – Frente Libertadores del Sur. En paralelo, se incrementa desde entonces el cultivo de coca (que ya estaba presente desde los 90); y se intensifican por decisión expresa del Gobierno las actuaciones de las Fuerzas Armadas, a partir de la reorientación del Plan Colombia, que determinó a Nariño como uno de los departamentos de mayor incremento de cultivos ilícitos en el país y como parte de la ofensiva contraguerrillera. La frontera con Ecuador y la salida al Pacífico hacen de Nariño una zona estratégica muy importante para los actores armados, para desarrollar acciones bélicas-militares y para consolidar sus intereses en el narcotráfico. La situación actual se empieza a gestar a principios de los 90, pero se intensifica exponencialmente desde 2001 con la ejecución del Plan Colombia en Putumayo, con operaciones antinarcóticos y contrainsurgentes que han trasladado los cultivos de coca y las rutas de comercialización a Nariño, en especial a la zona del Pacífico sobre territorios indígenas y afrodescendientes. Hay un fortalecimiento consiguiente de los actores armados en Nariño, que ha redundado en detrimento de los derechos fundamentales básicos de la población civil. Distintas fuentes coinciden en señalar a Nariño como uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, con altos índices de desplazamiento, secuestros, homicidios, desapariciones, masacres, víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar, y otras violaciones al DIH y los derechos humanos.

En 2005, con la desmovilización del Bloque Central Bolívar de las AUC se genera una reconfiguración de las estructuras paramilitares en la región, que según han denunciado múltiples fuentes, continúan operando y ejerciendo actividades económicas ilícitas, con otros nombres. Pese a la desmovilización de algunos miembros de las AUC – Bloque Libertadores del Sur en julio de 2005, es un hecho público la presencia y control de territorios por grupos de paramilitares, caracterizados por el Gobierno como "bandas emergentes delincuenciales organizados al servicio del narcotráfico", o como "grupos de recomposición paramilitar", que incluyen, entre otras: Los Rastrojos, las Organizaciones de Nueva Generación, Águilas Negras, AUC, AUI (Autodefensas Unidas Ilegales), Bloque Pacífico, Desmovilizados del Bloque Pacífico, AUC de Don Berna, Mano Negra.

Igualmente, hay denuncias constantes de operativos contrainsurgentes por la Fuerza Pública que afectan a la población civil por sus efectos indiscriminados: "Entre los principales operativos desarrollados en Nariño están: Operativo Camawari, Operación Libertad (abril de 2006 en Ricaurte, Mallama, Altaquer-Barbacoas), Operación El Gladiador (2005), y Operación Tornado (desarrollada desde el 11 de julio de 2006 en Ricaurte y la zona rural)." Estas operaciones y la contraofensiva de la guerrilla, se desarrollan en territorios de resguardos indígenas afectando principalmente a sus comunidades.

Esta reconfiguración e intensificación del conflicto ha incrementado las violaciones de derechos humanos y del DIH en Nariño y específicamente contra los Awá, a través de incursiones, amenazas, intimidaciones, asesinatos, desplazamiento de comunidades, ataques a la infraestructura, reclutamiento forzado de jóvenes, uso de informantes de la población civil, entre otras. En efecto, los indígenas Awá han sido objeto de violaciones de sus derechos humanos y del DIH por parte de la guerrilla y los paramilitares, y en algunos casos por miembros de la Fuerza Pública, bien sea por estigmatización como colaboradores del otro bando, o bien sea porque se afecta su gobernabilidad y autonomía en el control del territorio y jurisdicción propia, teniendo en cuenta que han incrementado las amenazas y atentados contra los líderes. Los Awá siempre se han opuesto a la presencia de actores armados en sus territorios, exigiéndoles que respeten su autonomía y abandonen sus territorios para no involucrarlos en el conflicto; se niegan a ser parte de los grupos armados ilegales o a colaborar con ellos, y han denunciado y rechazado su presencia en el territorio, pues los llevan a ser constantemente víctimas de amenazas, señalamientos, acusaciones de apoyar al bando contrario, o ser partes de él.

A pesar de ello, manifiestan que son víctimas permanentes e indefensas de violaciones de derechos humanos y el DIH por la ocupación militar de sus territorios, el abuso de las autoridades, intimidación, saqueo, pillaje, homicidio, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tortura, desplazamientos forzados, persecuciones, amenazas de muerte, señalamientos, enfrentamientos armados en las poblaciones indígenas, ocupación y destrucción de bienes protegidos tales como sitios comunitarios, viviendas, o escuelas, y detenciones arbitrarias – todos estos gravísimos crímenes se han convertido en aspectos cotidianos de su vida como pueblo.

Entre 2004 y 2005 la Defensoría ha producido 5 informes de riesgo referentes a municipios donde se asienta el pueblo Awá. Adicionalmente, la Defensoría ha enviado múltiples comunicaciones, oficios y requerimientos a distintas autoridades con competencias de protección. En tales informes de riesgo se  "visibiliza la problemática de vulneración reiterada de derechos fundamentales, la ingobernabilidad histórica y creciente del Estado, la impunidad ante el considerable número de asesinatos, masacres, territorios minados, los desplazamientos individuales y/o masivos entre veredas, confinamiento y bloqueos a las comunidades, así como el reclutamiento forzado de menores y adultos de ambos sexos". Desafortunadamente, tales informes de riesgo han sido inefectivos, y no han servido para paliar la grave situación de esta etnia. Además el seguimiento de la situación por la Defensoría le ha "permitido identificar los factores causantes de la desestructuración del tejido social de las comunidades que habitan en esta región del país, factores entre los que se encuentran:

- El predominio de condiciones de pobreza y miseria en la población.

- La carencia de inversión social y física por parte de las autoridades regionales, locales, y del ámbito central.

- La penetración de actores armados ilegales en el territorio y el tejido social, con la finalidad de construir pautas y normas de identificación que respondan a proyectos subversivos o contrainsurgentes.

- El ingreso de las fuerzas del orden a los territorios como ejércitos de ocupación, deslegitimando aún más la gobernabilidad del Estado.

- El constante flujo de personas trashumantes, situación esta que fractura las unidades asociativas y los mecanismos de solidaridad establecidos, e implantan prácticas foráneas desligadas del entorno social.

- La movilización de las comunidades reivindicando sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos, en desarrollo de las cuales sus líderes son ubicados e identificados para luego ser objeto de amenazas, detenciones arbitrarias, desapariciones y homicidios selectivos.

- La estigmatización y señalamiento de los movimientos sociales como afines a los proyectos insurgentes o contrainsurgentes.

- La expansión de las fronteras agrícolas con cultivos de uso ilícito (alejando las fronteras de los centros de aglomeración y articulándolas con territorios externos), y la inserción de los lugareños en los circuitos ilegales.

- La aspersión con glifosato y la erradicación manual de los cultivos de hoja de coca.

- La desestabilización de la sostenibilidad alimentaria y la migración de mano de obra nativa.

- La exacerbación de la guerra por el control de áreas sembradas con cultivos de coca sin fumigar."

En cuanto a los asesinatos de miembros del pueblo Awá, la información aportada por múltiples fuentes, especialmente la Defensoría del Pueblo, indica que los Awá de Nariño han sido asesinados por los actores armados por múltiples razones: a) por equivocación o señalamientos infundados; b) por negarse a colaborar con los grupos armados presentes en sus territorios; c) por ser señalados de colaborar con alguno de los actores armados; d) por intentar huir de los actores armados. Algunos habían sido amenazados con anterioridad. Muchos eran líderes o autoridades que habían sido intimidados. Por el temor de los indígenas a denunciar, hay un alto subregistro del número real de asesinatos; según la Defensoría,  "señalaron los líderes que hay un subregistro de esta información, ya que muchas veces prefieren no denunciar hechos que conocen, para evitar que otros miembros de sus familias sean también asesinados".

Se ha reportado a la Corte la comisión de graves crímenes. En algunas ocasiones se atribuyen los asesinatos de indígenas Awá a miembros de la Fuerza Pública, los cuales posteriormente los reportarían como guerrilleros dados de baja en combate. En términos del informe defensorial que se cita, "en los relatos que hacen los indígenas de los asesinatos, en los que presuntamente la Fuerza Pública es responsable, se deja ver que primero las víctimas son retenidas, luego maltratadas verbal y físicamente, para posteriormente ser asesinados y reportarlos como guerrilleros muertos en combate. // Además, los indígenas Awá señalan que las unidades del Ejército Nacional que hacen presencia en sus territorios no sólo asesinan a los indígenas, sino que les roban la comida de los restaurantes escolares, los cultivos de pancoger y las especies menores (aves de corral y animales de cría). Igualmente, expresaron que el resto de miembros de la comunidad son maltratados verbal y físicamente, generando miedo y posteriores desplazamientos". También se ha informado que algunos miembros de las Fuerzas Armadas acusan a los Awá de ser guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla, o de estar involucrados colectivamente en el narcotráfico. Señalamientos generales de esta índole habrían sido hechos por las autoridades militares y civiles, vinculando a los indígenas a la guerrilla o a los narcotraficantes, y exponiéndolos a represalias. La estigmatización que denuncian viene del Ejército, la Policía y otros organismos de seguridad.

Por otra parte, la vinculación de los miembros del pueblo Awá al conflicto armado a través del uso de indígenas como informantes los expone a ellos y a sus comunidades a retaliaciones del bando contrario. En numerosos casos, los indígenas y especialmente los líderes Awá han sido víctimas de amenazas en virtud de señalamientos o de falsas informaciones allegadas contra ellos. Son pocas las denuncias de las amenazas, pero vinculan a todas las partes en el conflicto armado, y revelan la preferencia de amenazar a los líderes: hay amenazas a líderes, directivos de organizaciones awá, individuos indígenas, familias y comunidades.

También se han presentado varias denuncias de reclutamiento forzado de niños y jóvenes Awá por las guerrillas y los paramilitares. A este respecto, debe anotarse que la percepción por los indígenas de la postura del Estado como agresor incentiva el reclutamiento de jóvenes por la guerrilla.

Igualmente, se denuncian graves restricciones a la movilidad de personas, alimentos y medicamentos por los actores armados, incluida la Fuerza Pública, dentro del territorio Awá; en particular, se denuncia la requisa, revisión y control permanente de los mercados que van para las comunidades, incluidos aquellos que se dirigen a los centros educativos. Mencionan que la libertad de locomoción por el territorio se ve drásticamente afectada por los enfrentamientos armados dentro del territorio, por las prohibiciones de circulación impuestas por los grupos armados y la Fuerza Pública, y por el temor generalizado entre la población. Los confinamientos y bloqueos han sido descritos así por las comunidades: "Las estrategias adoptadas por los actores armados legales e ilegales son múltiples y se aplican dependiendo de las características de la zona, así como de la situación de orden público. La fuerza pública, principalmente recurre a los controles y la retención de remesas, insumos como tejas o materiales de construcción y gasolina necesaria para la movilidad del pueblo Awá por los ríos. Así mismo, adelanta requisas y fuertes controles sobre el tránsito por los caminos en zonas rurales, muchas veces acompañados por abusos en el uso de la fuerza, maltratos, señalamientos, etc. La intimidación, es por lo tanto una clara estrategia para impedir el tránsito de la población civil por los caminos, encerrando a los Awá dentro de sus territorios e interrumpiendo sus cadenas comerciales y sociales. Hay reportes de que la fuerza pública ha confinado a la población civil durante enfrentamientos armados con grupos guerrilleros, maltratándola, negándoles la realización de los derechos fundamentales y usándola como escudo humano. // Por otra parte, los grupos armados restringen en muchas regiones la movilidad de la población civil después de las 8 de la noche. Las personas que incumplen con esta medida corren el riesgo de ser acusadas y ajusticiadas por los grupos armados, quienes advierten que esa desobediencia puede ser castigada de manera ejemplar con la muerte. (...) Finalmente... en zonas rurales de permanencia y control territorial de los grupos armados, éstos ejercen un fuerte control sobre la movilidad de los habitantes de la región. Es así como, por ejemplo, les exigen a las mismas familias indígenas enviar a los comandantes de estos grupos permiso de ingreso o egreso de los resguardos, argumentando las razones de la movilidad, los lugares de partida y destino y el tiempo de permanencia. El incumplimiento puede ser castigado hasta con la muerte".

También hay un grave problema de minas antipersonal sembradas dentro del territorio Awá, en lugares cercanos a las comunidades o en sitios de tránsito estratégicos. En muchos casos, las víctimas de estos aparatos letales son niños. En el Auto 251 de 2008, la Corte Constitucional documentó una de estas tragedias: "en Samaniego (Nariño) en las semanas previas a la adopción de la presente decisión, tres niños indígenas Awá –Dumar Alexander, Leuvar y José Dilmer Pai Nasticum- murieron al pisar una mina antipersonal cuando regresaban a su hogar en el resguardo de Planadas Telembí luego de pescar en un río aledaño. Dos de ellos murieron instantáneamente, y el tercero pocos minutos después sin posibilidad alguna de recibir atención médica de emergencia.[31]" Este es solo un ejemplo del tipo de infamias a las que está expuesto el pueblo Awá en el marco del conflicto armado que penetró su territorio.

En criterio de la Defensoría del Pueblo, "es claro que la confrontación armada no solo está profundizando las contradicciones estructurales existentes, sino que además está dejando una herencia traumática en las mentes de los indígenas, las cuales quedarán grabadas en la memoria de jóvenes y niños, generando un panorama de desesperanza. Asimismo, está rompiendo las prácticas sociales que articulan y vinculan a los indígenas con su territorio, lo que origina prácticas de desarraigo y refuerza la exclusión y marginalidad de los moradores"

Por último, debe resaltarse que la presencia de actores armados en el territorio vulnera el derecho a la autonomía, porque esos actores suplantan el ejercicio de la autoridad por las autoridades indígenas en cuanto al manejo del territorio y el ejercicio de la jurisdicción indígena.

2. Relación detallada de los crímenes sobre los cuales se ha informado a la Corte.

La sucesión de crímenes de los que han sido víctimas los miembros del pueblo indígena Awá en el marco del conflicto armado es amplia, y hasta la fecha no ha sido valorada en sus reales dimensiones, incluidas las penales. La Corte Constitucional considera ilustrativo el siguiente cuadro, elaborado por la Defensoría del Pueblo, en el cual se resumen las quejas recibidas por esta dependencia estatal en los últimos años sobre violación de derechos humanos de indígenas Awá en el marco del conflicto armado:  

CUADRO RESUMEN DE QUEJAS

VIOLACION DERECHOS PUEBLO AWA DE NARIÑO[32]

NoFECHATIPO VIOLACIONRESGUARDO-COMUNIDADPRESUNTO AUTORAFECTADOS
12004
9 de mayo
Abuso de autoridad y afectación al buen nombre de CAMAWARI. La policía relaciona a la comunidad con grupos ilegales. Resguardos de CAMAWARIPolicía NacionalComunidad que integra CAMAWARI
22005
3 de abril
Abuso de autoridad y violación al principio de distinción. Se les disparó indiscriminadamente.Integrado MilagrosaEjército Nacional1 comunidad
32005
13 de junio
Abuso de autoridad, agresiones personales en estación de PolicíaRicaurtePolicía Nacional3
Eder Burgos y dos indígenas más
42006
Agosto
Abuso de autoridad y hurtoAltaquerEjército Nacional1 comunidad
52001
Marzo 24
Amenaza a comunidadLlorenteEjército
FARC-EP
1 comunidad
62003
Marzo 20
Amenazas, señalamiento y desplazamientoLambí Piedra VerdeAUC1 familia
72005
31 de enero
Amenaza a ex gobernador indígena, ocasionando desplazamiento forzadoPialapíFARC-EP, Columna Mariscal Sucre 1
Arturo García
82005
12 de junio
Amenazas, abuso de autoridad, hurto, tortura, desaparición.AltaquerPolicía Nacional y Ejército3
Pedro Nal Pai Pascal y 2 hermanos
92006
31 de enero
Amenazas contra comunidades declaradas objetivo militarPiedra Verde, Predio VerdeELN2 comunidades
102006
Abril 5
Amenaza contra la sede de la UNIPAPastoS/I[33]Directivos UNIPA
112006
1 semana de abril
Amenazas, desplazamiento forzado, reclutamiento ilegal.Sábalo y CamarónFARC-EP2 familias (10 personas desplazadas)
122006
mayo
Amenazas, líderes indígenasRicaurteFARC-EPDirigentes CAMAWARI
132006
Julio y Agosto
Amenazas, contra la vida que genera desplazamiento forzado.BarbacoasFARC-EP15 familias.
142006
12 de agosto
Amenazas. El comandante de las actuales AUC que operan en la región, da un plazo perentorio de salida inmediata de la región, a cambio de sus vidas. Violación Ley Justicia y Paz.Altaquer
Ricaurte
AUCLista de 21 personas pertenecientes al pueblo indígena awá del municipio de Ricaurte y a la población mestiza que vive en Altaquer.
152006
10 septiembre
Amenazas y desplazamiento forzado, usurpación de patrimonio.Inda SabaletaFARC-EP
Columna Daniel Aldana
1 familia
162006
Septiembre
Amenaza a comunidadAltaquerEjército Nacional1 comunidad
172006
10 de septiembre
Amenazas, de muerte a la señora Aura Cuarán Murillo, por negarse a sembrar coca.
Desplazamiento forzado de ella y su familia.
Inda SabaletaFARC-EP1 indígena, desplazamiento de 5 personas
2006
18 diciembre
Amenazas contra la vidaPialapi PuebloviejoAUCPlinio Marcillo
182007
6 de junio
Amenazas – Líderes indígenasUNIPA y otras ONGsParamilitares "Nueva Generación"Directivo UNIPA
Gabriel Bisbiscus
192007
12 de junio
Amenazas
Líderes indígenas, telefónicamente
UNIPAParamilitares "Nueva Generación"Gabriel Bisbiscus y demás directivos UNIPA "por ser colaboradores de la guerrilla".
Asesinatos u homicidios:
201995Asesinato ex gobernador saliente del ResguardoCuascuabiELN1
Héctor Giovanni Canticus
211995
9 de Febrero
Asesinato ex gobernador saliente del ResguardoTortugaña TelembíEPL-Los Fideles1
Lisandro Nastacuas G.
221998
17 de junio
Asesinato
Ejecución extrajudicial
Ejército Nacional1
Fredy Arboleda
231998
2 de octubre
Asesinato
Persecución política
Ricaurte
Casco urbano
S/I1
Henry Ramiro Revelo Valencia
241999AsesinatoNulpe AltoELN1
Laureano Nastacuas
252000
24 de marzo
Asesinato
En enfrentamientos actores armados ilegales
Gran Rosario
Llorente y Piguambí Palangala
AUC, Bloque Libertadores del Sur, FARC-EP2
Fidencio Taicús
Carlos Guango
262002
23 de abril
Asesinato
En enfrentamientos actores armados
Chaguí ChimbuzaAUC, Bloque Libertadores del Sur, FARC-EP1
Víctor Hugo Ortiz
272002
2 de febrero
AsesinatoChaguí ChimbuzaELN2
Armando Sotelo
Artemio Sotelo
282002
Marzo
Asesinato (ex gobernador)Cuascuabí PaldubiFARC-EP1
Luis Alfredo Rodríguez
292002
Diciembre 6
Asesinato (luego de ser torturado)SabaletaS/I1
José Arístides Rivera
302003
Abril
Asesinato (ex gobernador y ex concejal)Palví Gualtal, Chaguí ChimbuzaFARC1
Jesús Rosero
312003
Abril 3
AsesinatoEl Gran Sábalo
El Verde
AUC-Libertadores del Sur1
Clelio Pascal
322003
Abril 3
AsesinatoLa EspriellaFARC-EP1
Franco Rodríguez Taicús
332003
13 de abril
AsesinatoIntegrado MilagrosaELN, Comuneros del Sur1
Marcial Guangua
342003
19 de junio
AsesinatoIntegrado MilagrosaFARC-EP1
Javier Arias
35  
362003
20 de julio
Asesinato, amenaza y desplazamientoAlto Ulbi Nunalbi – Municipio BarbacoasEPL – Los Fideles1
Javier Erminsul García Canticus y 12 desplazados
372003
20 de julio
AsesinatoIntegrado MilagrosaFARC-EP1
Felipe Nastacuas
382003
25 de julio
AsesinatoCuascuabíFARC-EP1
Carlos Arturo Nastacuas
392003
Ago-11
Asesinato
y luego reportado como guerrillero
Chaguí ChimbuzaEjército Nacional1
Jerson Rosero
402004
Febrero 13
Asesinato
Vestido como guerrillero y luego reportado como guerrillero dado de baja en combate.
VegasEjército Nacional1
Servio Gerardo Casanova
412004
Marzo 5
AsesinatoLa BravaFARC-EP1
Luis Carlos Paí Guanga
422004
Mayo
Asesinato ex gobernadorMilagrosa, Cuaiquer ViejoFARC-EP1
Victoriano Nastacuás
432004
22 de abril
Constreñimiento ilegal y asesinatoPialapi Pueblo ViejoPolicía Nacional1
Héctor Orlando Taicus
442004
27 de mayo (o 27 de marzo)
AsesinatoResguardo de CuascuabiFARC-EP1
Luis Alfredo Nastacuas
452005
7 de junio
AsesinatoIntegrado MilagrosaFARC-EP1
Segundo Villalba Cuasaluzan
462005
15 de junio
AsesinatoPialapi Pueblo Viejo – Municipio RicaurteEjército Nacional1
Germán Efraín Guanga
472005
20 de octubre
AsesinatoLa Inda SabaletaFARC-EP1
John Antonio Lombana
482006
Enero 15
Asesinato
que ocasionó desplazamiento.
La Inda SabaletaFARC-EP1
Wilson Usgame y su familia
492006
27 de enero
Asesinato, desplazamiento de su familiaChaguí ChimbuzaFARC-EP1
Omar Guido Paí
502006
Abril 13
AsesinatoPiedra SelladaFARC-EP
Columna Mariscal Sucre
1
Polivio Pascal
512006
Abril 17
Asesinato
Ex gobernador indígena
Pialapi Pueblo ViejoS/I1
Manuel Arturo García Guango
522006
12 de mayo
AsesinatoAlto CartagenaS/I1
Jairo Nastacuas Bisbicús
532006
28 de junio
Asesinato docente y ex gobernador del Resguardo de MaguíMaguí
Río Guiza
FARC-EP1
Luis Hernando Chiran
542006
11 de julio
AsesinatoMaguíFARC-EP1
Roberto Guanga
552006
25 de julio
AsesinatoSanta RositaParamilitares1
Delio Taicús Guanga
562006
30 de julio
Asesinato de joven de 15 años, a manos del Sargento Mafla Franco Willinton. Base El Gualtal.Gran Rosario – Comunidad CalviEjército Nacional, Brigda 29 Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 Cabal1
Marco Aurelio Nastacuas
572006
3 de agosto
Asesinato Integrado MilagrosaFARC-EP1
Herminsul Taicus
582006
24 (28) de agosto
AsesinatoMaguíFARC-EP
Columna Mariscal Sucre
1
Rigo Artemio Guanga
592006
11 septiembre
AsesinatoNulpe AltoFARC-EP1
Fabian Canticus
602006
Noviembre
AsesinatoCuascuabi PaldubiEjército1
Jorge Argelio García
612006
5 noviembre
AsesinatoEl DivisoS/I1
622006
10 diciembre
Asesinato luego de retención (ejecución extrajudicial)Chagui ChimbuzaEjército1
Héctor Jairo Ortiz
632006
Diciembre 18
AsesinatoLlorenteParamilitares1
Plinio Marcillo
642006
Diciembre 20
Asesinato La BravaParamilitares1
Ángel España
652007
6 de febrero
Asesinato de indígena y conductor del 'carro tanque', por lo que su esposo e hijos sobrevivientes, son amenazados. Piedra VerdeS/I1
Nancy Floralba Nastacuas
662007
24 de marzo
Asesinato en persona protegida 1 indígenaInda GuacarayFARC-EP1
Carlos
672007
Abril 30
Asesinato, luego del asesinato, minaron el lugarPalpisFARC1
Ramiro Patiño
682007
Mayo 1
Asesinato esta persona fue sacada de su casa (había escapado de las filas de las FARC)Cuascuabi
La Esperanza
FARC1
Antonio Mauricio Guanga Pai
692005
15 de junio
Muerte por minas antipersonalResguardo de MaguíFARC-EP2
Pareja de indígenas
702007
14 de febrero
Muerte por mina antipersonalEl SandeELN y FARC-EP1
Leoncio Paí
712007
Abril 25
Muerte por explosión de artefacto potenteTallambi, Frontera con EcuadorS/I3
Beta Murín Hernández
Zoraida Serafina Ortiz
Yohana Yuliza Muñoz
722006
7 de agosto
Víctima de mina antipersonalMaguíFARC-EP1
Ademelio Guanga
732006
Diciembre 19
Víctima de mina antipersonalCuchilla del PalmarFARC-EP1
Libardo Rigo Cuasaluzan
742007
Junio 26
Víctima de mina antipersonalTronquería PulgandeELN1 indígena comunidad Tangaral
752006
31 de julio
Atentado contra población, al paso de un transporte militar, explosión de casa bomba que dejó a un joven herido (pérdida de una pierna)La GuayacanaS/I1
Comunidad
762005
21 de enero
Heridas, lesiones personales por mina antipersonalLas Vegas
Ricaurte
ELN3
Diógenes Cambiscus
Libardo Canticus y menor de 8 años
772005
Noviembre
Heridas, lesiones personales por mina antipersonalPiedra VerdeFARC-EP2 indígenas
9 campesinos
782006
2 de febrero
Lesiones personales por mina antipersonalPialpiFARC-EP2
Segundo Alias
Marcela García
792006
22 de abril
Ataque indiscriminado, disparos con armas de largo alcance como fusiles y ametralladoras por encima de las viviendas.El DivisoEjército Nacional26 familias, 164 personas. Toda la comunidad (40 familias – 250 personas), en particular niños y mujeres gestantes.
802007
2 de febrero
Ataque indiscriminado cerca de poblado indígena, destrucción de bienes civiles comunidad.Alto AlbiEjército1
Comunidad
812006
31 de julio
Atentado contra población protegida, daños a bienes civiles principio de distinción.La GuayacanaS/I1
Comunidad
822006
29 de octubre
Confinamiento población indígena. Advirtieron a la comunidad para no salir.MaguíFARC-EP1
Comunidad
832006
31 de marzo
Constreñimiento ilegal, amenaza Armando Bisbicus (profesor) y desplazamiento de familia.Centro educativo La Brava.Grupo paramilitar Mano Negra1 familia
842005
Abril
Daño a bienes civiles, amenazas, robo y pillajeAlto AlbíEjército Nacional
300 Soldados
1
852006
14 de octubre
Daño del buen nombre, señalamiento, retención ilegal de bienes (remesas), estigmatización sin que se haya hecho la reparación de los perjuicios.Planadas TelembíEjército Nacional1
José Anibal Nastacuás y su familia (1)
Desapariciones
862002
16 de noviembre
Desaparición
La víctima fue retenida cuando iba por el camino, era estudiante indígena.
MaguíFARC-EP, Columna Mariscal Antonio José de Sucre1
Franco Alirio Guangua Canticus
872003
23 de enero
Desaparición
La víctima fue retenida mientras trabajaba en casa de vecino.
MaguíFARC-EP, Columna Mariscal Antonio José de Sucre1
Gerardo Canticus
882003
10 de abril
Desaparición
Llevado por la fuerza, sin saberse nada de él
Integrado La MilagrosaELN, Comuneros del Sur1
Alirio Prado Guangua
892004
Mayo
DesapariciónMaguíFARC-EP1
Edifoncio Taicus
902004
24 de octubre
Desaparición forzada
Retuvieron 3 indígenas, pero de uno no se volvió a saber (gobernador del resguardo)
Kuambí
Yaslambí
Frente 29 de las FARC – Columna Mariscal Sucre3
Efrén Pasca, señora y Ma. Carolina Arteaga
912006
30 de enero
DesapariciónCuascuabi PaldubiFARC-EP1
José Erasmo Pai Guanga
922006
30 de enero
DesapariciónCuascuabi PaldubiFARC-EP1
José Alejandro Canticus
932006
30 de enero
DesapariciónCuascuabi PaldubiFARC-EP1
Manuel Canticus
942006
9 de mayo
Desaparición forzada
Al parecer lo reportaron como dado de baja en combate
Sábalo
(Panelero)
Ejército Nacional, Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 Cabal de Ipiales.
Fiscalía de Tumaco.
1
Herminzul Pascal Pai
952006
28 de septiembre
Desaparición forzadaRicaurteFARC-EP
Columna Mariscal Sucre
2
José Valenzuela, John Jairo Valenzuela
962001
17 de agosto
Desplazamiento por enfrentamientos. Utilización de los alimentos y animales de las comunidades por parte de miembros del Ejército.Maguí y VegasEjército Nacional
FARC-EP
Varias familias de las comunidades: Maguí Cumbas, Guadual, San Antonio y Quelbi.
972003
23 de abril
Desplazamiento de varios indígenas, acusados de ser colaboradores de los paramilitares y el EstadoMaguíFARC-EP C.M. AJS.5
Arturo Nastacuas
Roberto Nastacuas
Horacio Nastacuas
Mauricio Nastacuas
Alonso Nastacuas y sus familias
982003
27 de abril
Desplazamiento forzado por enfrentamientosMaguíFARC-EP
Ejército Nacional
3
Comunidades de Maguí, Cumbas y Guadual
992003
20 de julio
Desplazamiento forzadoAlto Ulbí NunalbíEPL – Los Fideles2 familias
1002004
21 septiembre
Desplazamiento forzado como consecuencia de enfrentamientosLa BravaEjército Nacional y FARC-EP4 familias de la comunidad El Cedro
1012005
Julio 14
Desplazamiento masivo como consecuencia de enfrentamientosMaguí, Cuchilla del Palmar, VegasEjército Nacional
FARC-EP
Paramilitares
1
Comunidad
1022006
15 de enero
Desplazamiento familia por reclutamiento ilícito, constreñimiento ilegal, amenaza.Hojal La TurbiaEjército Nacional y FARC-Frente 29  - Columna Daniel Aldana1 familia
1032006
18 de febrero
DesplazamientoNulpe MedioFARC-EP1 familia
1042006
Mayo 4
DesplazamientoPanelero
Guayacana
Ejército Nacional y FARC EP1 familia
1052006
Mayo 9
DesplazamientoEl Gran Sábalo (Panelero)Ejército Nacional13 familias (65 personas)
1062006
15 de junio y 11 de julio
Desplazamientos por enfrentamientos y ocupación del territorio, y bienes comunitarios, retención ilegal, asesinato, violación al principio de distinción, robo y daños de propiedad pública.Maguí
Altaquer
Vegas
Chasquis
Cuchilla el Palmar
Cuascabi
Puldubi
Ejército Nacional y FARC, Columna Mariscal Sucre – enfrentamiento de actores armados340 personas desplazadas, después de asesinato de líder.
Maltrato a comunidad.
1.300 desplazados
  Ejército Nacional92 personas confinadas en escuela Cumbas y utilizadas como escudo humano.
1072006
10 de agosto
Desplazamiento forzadoAltaquer
Maguí, Vegas,
Chaguí Chimbuza,
Cuchilla, El Palmar, Cuascuabí Paldubí
Ejército Nacional, Grupo Cabal, Policía NacionalComunidades de Altaquer
1082006
10 de octubre
Desplazamiento forzado por enfrentamientosInda SabaletaEjército Nacional
Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 Cabal de Ipiales, FARC-EP
Carlos Bisbiscus García y 1 comunidad
1092006
6 de noviembre
Desplazamiento forzadoAltaquerEjército Nacional y FARC-EP13 familias
1102006
noviembre
Desplazamiento forzadoGran RosarioS/I1 indígena awá
1112007
12 de enero
Desplazamiento por amenazas de ser colaboradores de la Fuerza PúblicaPialapí Publio ViejoFARC-EP1 familia
1122007
18 de enero
Desplazamiento de una familiaNulpe MedioFARC-EP1 familia
1132007
27 de enero
DesplazamientoVegas Chaguí ChimbuzaEjército, FARC-EP1 familia
1142007
18 de febrero
DesplazamientoVegas Chaguí ChimbuzaFARC-EP1 familia
1152007DesplazamientoAgua ClaraFARC-EP, Columna Daniel Aldana1 familia
Destrucción bienes
1162004
12 de Febrero
12 de marzo
Destrucción de bienes protegidos, escuela Maguí por bombardeo.MaguíFuerza Aérea Colombiana1 escuela
44 niños afectados en la educación
1172006
03 de abril
Destrucción o utilización ilícita de bienes culturales, y de transmisores y receptores, maltrato, por no emisión de propaganda del Ejército. Calumnia.Ejército Nacional, Grupo de Caballería Mecanizado no. 3 Cabal de Ipiales.1 comunidad
(emisora)
1182006
22 de abril
Destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto, métodos de guerra ilícitos.El DivisoFARC-EP, Columna Daniel Aldana1 comunidad
(explotaron 6 cilindros cerca de comunidad)
1192006
22 de abril
Destrucción o utilización ilícita de bienes, saqueo, hurto y pillajeChirguirito Mira
Hojal La Turba
Quejuambí
Feliciano
Piedra Sellada
Fuerza Armada Nacional Naval de Pacífico
Infantería de Marina 70
Comunidades de estos resguardos.
1202006
25 de diciembre
Destrucción de bienes civiles, contaminación de aguas comunidadesAlto AlbiAvionetas de fumigación1 comunidad
1212007
19 de marzo
Destrucción de bienes civiles, integridad física y personal, lesiones personales.La BravaPolicía y Ejército en labores de erradicación manual de coca2 familias
Detenciones Arbitrarias o ilegales
1222004
13 de abril
Detención arbitrariaRío GuizaEjército Nacional1
Ramiro García
2004
24 de abril
Detención arbitrariaEjército Nacional1
José Manuel Pai
1232004
24 de abril
Detención arbitrariaEl Pailón2
Sofonías Cornelio Nastacuas
Luis Franklin Ortega Taicus
1242004
Junio
Detención masiva y robo de los dineros que llevaban los indígenasMaguí, Vegas, Chaguí Chimbuza - otrosAUCVarias comunidades
1252005
12 de junio
Detención ilegal y violación del debido proceso, integridad física y personal, lesiones personales, intento de asesinato.Gran RosarioEjército Nacional
Grupo de Cablalería Mecanizado No. 3 Cabal de Ipiales y Policía Nacional.
3
Miembros de la familia Pai Pascal
1262005
25 de junio
Detención ilegal y violación del debido proceso, docentes y estudiantes desplazados en albergues, acusados de colaboradores de la guerrilla.Altaquer y RicaurteEjército Nacional3
Leudan Robeiro
Rosero Moran,
Campo Elías Pai, Audelino Antonio Nastacuas
1272005
17 de octubre
Detención ilegal y violación del debido procesoAlto Albí CuasambíEjército Nacional, Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 Cabal de Ipiales1
Armando Nastacuas
1282005
27 de octubre
Detención ilegal y violación del debido procesoGran SábaloPolicía Nacional1
Braulio Canticús
1292005
Octubre
Detención ilegal y violación del debido procesoLa BravaBatallón Fluvial de Infantería de Marina No. 70 de Tumaco y Fiscalía de Tumaco3
Manuel Antonio Ortiz
Álvaro Ortiz
Alirio Cuero Pai
1302006
9 de mayo
Detención ilegal, señalamiento, tortura, lesiones personales.Chaguí ChimbuzaEjército Nacional2
Juan Donaldo Monos
Adalberto Rodríguez
1312006
18 de mayo
Detención ilegal y violación del debido procesoEl PalmarEjército Nacional3
Victorio García
Abelino Guango
Pedro Bisbiscus
1322006
28 de mayo
Detención ilegal y violación del debido proceso, o, sindicación de rebelión y terrorismo. Afectados tres jóvenes, entre ellos un menor de 16Gran RosarioEjército nacional
Brigada 29 Caballería Mecanizada
3
Augusto Marcial Canticus
Héctor Fabio Guanga
Jaime Rivera
1332006
13 de julio
Detención ilegal y violación del debido procesoMaguí, CumbásEjército Nacional1
María Yanira Nastacuás Guanga
1342006
6 de agosto
Detención ilegal y violación del debido proceso, sindicados de rebelión y terrorismoQuejuambíEjército nacional, Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 Cabal de Ipiales.1
Manuel Cuasaluzan y otros
1352006
10 de agosto
Detención ilegal y violación del debido proceso, lesiones personales en personas protegidas por el DIHLa GuayacanaEjército Nacional3
Carlos Guillermo Canticús Pascal, Olivio Canticús Pascal y Luis Armando Canticús.
1362006
24 de octubre
Detención ilegal y violación del debido proceso, lesiones personales, tortura.Puguambí PalangalaEjército Nacional, Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 Cabal de Ipiales5
Francisco Javier Cortés Guango, Luis Alberto Nastacuás, Segundo Víctor Paí, Nelson Cuajiboy y Eduardo Pascal. Los tres primeros menores de edad.
1372004
Diciembre 4
Empleo sustancias peligrosas, daño en bien ajeno, contaminación de aguas y recursos naturales, sustracción bienes.La Brava
Pintada
El Cedro
Pilvi y La Peña
Policía Nacional, Antinarcóticos5 comunidades
1382006
Marzo
Empleo de sustancias peligrosas, contaminación de aguas, daños en bien ajeno y contra los recursos naturales, destrucción o utilización ilícita de bienes culturales.Chinguirito Mira
Alto Ulbí Nunalbí
Policía Nacional y Antinarcóticos, Consejo Nacional de Estupefacientes2 Comunidades
1392001
24 de marzo
Enfrentamientos en zona poblada, amenaza colectiva por persecución política, pillaje, tortura.LlorenteEjército Nacional y FARC-EP1 comunidad
1402001
22 de mayo
Enfrentamiento armado en zona poblada, en zona densamente pobladaRicaurte, casco urbanoEjército Nacional y FARC-EP1 Comunidad
1412004
Nov - Dic
Enfrentamientos en zona poblada, daño a bienes civiles y a productos alimenticios awáPiedra VerdeAUC, FARC-EP, Columna Daniel Aldana1 comunidad
1422006
1 de mayo
Enfrentamientos en zona poblada, desplazamiento forzado, desatención del Estado.Barbacoas, Km. 106, Entrada Resguardo Honda
Río Guiza
Ejército Nacional, Grupo Mecanizado de Caballería Cabal de Ipiales, FARC-EP7 familias
1432006
23 de junio
Enfrentamiento en zona poblada, un herido: atentado contra la integridad personal, lesiones personales.AltaquerPolicía Nacional y las FARC-EP1 herido
1442006
octubre
Enfrentamientos en zona pobladaA Inda Sabaleta, Inda GuacarayPolicía Nacional y las FARC-EP2 comunidades
1452007
febrero
Enfrentamientos en zona poblada. Saqueo bienes comunidad.Tortugaña TelembíELN y FARC-EP1 familia y la comunidad de Telembí.
1462007
julio
Hostigamiento e intimidación por militarización de comunidades.Brava
Inda Sabaleta
Inda Guacaray
Ejército Nacional
Paramilitares
FARC-EP
2 comunidades
1472007 enero, febrero y marzoHostigamiento del ejército, disparos a las comunidades, restricción de movilidad por parte de paramilitares.Piedra VerdeEjército Nacional, ParamilitaresVarias comunidades
1482007
23 de febrero
Hostigamiento del Ejército en comunidad densamente poblada.Alto AlbíEjército Nacional1 comunidad
1492007
Mar-26
Hostigamiento, requisas y daño de bienesHonda Río GuizaEjército Nacional3 comunidades
1502005
15 de junio al 1 julio
Hurto y amenaza, robo de animales y alimentosCuchilla del PalmarEjército, Grupo Cabal de Ipiales, ContraguerrillaComunidad
1512005
15 de junio a 1 julio
Hurto y amenazaPialapí Pueblo ViejoEjército, Grupo Cabal Ipiales, ContraguerrillaComunidad
1522006
5 abril
Hurto, saqueo y pillaje, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena, atentados a la subsistencia y devastación.Quejuambí FelicianoEjército Nacional2
Orlando y Sebastián Paí
153206
Agosto
Septiembre
Hurto de celularesAltaquerEjército NacionalA miembros de la comunidad
1542006
Primera semana de octubre
Hurto y pillaje comunidadInda SabaletaPolicía Nacional y erradicadores manuales1
Comunidad
1552006
Noviembre
Hurto de celularesRicaurteFARC-EP1
Comunidad
1562007
Febrero
HurtoFARC-EP, Columna Mariscal Sucre1 familia
1572003
28 de junio
Integridad física y personal, lesiones personalesEl Sábalo
Pialquer
AUC – Libertadores del Sur1
Carlos Ganga Paí
1582007
14 de febrero
Integridad física y lesiones personalesELN y FARC-EP1
Leonicio Paí
1592003
Mayo
Intento de asesinato (huye herido por impacto de bala al Ecuador con su familia)MaguíFARC-EP1
Otaviano Canticús y Familia
1602005
14 y 15 de noviembre
Intento de asesinato, atentado contra la integridad personal de dos menores de edadLa GuayacanaS/I2
Hijos de ex gobernador resguardo
1612001
24 de marzo
Lesiones personalesLlorenteAUC2
Rogelio Taicus
Nelson Tacus
1622003
1 de febrero
Lesiones personales (atentado contra la integridad física)Gran Rosario, comunidades de Calví, Peña Lisa y NegritalAUC – Libertadores del Sur5
Entre ellos Eduardo Pascal de Calvi y Rodrigo Taicúz Pascal de Negrital y una mujer de Peña Lisa.
1632003
11 de agosto
Lesiones personales y abuso de autoridadChaguí ChimbuzaPolicía Nacional (agente vestido de civil)2
Eder Burgos (Gobernador suplente) y
1642003
11 de agosto
Lesiones personales, herido con esquirlas de granada y retención ilegalChaguí ChimbuzaFuerzas Armadas1
Erminsul García
2007
Junio 2
Lesiones personales
(herido con arma de uso privativo de las fuerzas militares, tiene daño funcional)
Km. 92Ejército Nacional1
José Antidio Paí
1652006
22 de abril
Libre locomoción, principio de distinciónEl PailónEnfrentamientos entre el Ejército Nacional y las FARC-EP23 familias
164 personas
1662006
24 de junio
Libertades de intimidad, buen nombre, locomoción, domicilio y libertad.
En fila sobre la carretera, sacaron fotografías y los obligaron a entregar las cédulas, que posteriormente fueron devueltas, Adelantaron un registro de la población que se encontraba en Llorente. Así mismo, hubo varias detenciones arbitrarias de indígenas, de manera irregular adelantaron un empadronamiento en la población de Llorente.
LlorenteEjército, Policía, DAS, CTI1 comunidad
1672006
6 al 9 de junio
Maltrato, señalamiento, saqueo, hurto y pillaje, reclutamiento ilícito, desaparición forzadaChinguirito MiraArmada Nacional, Fuerza Naval del Pacífico, Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 70 de Tumaco4
Juan Macuace
Miguel Guango
Diego Acosta
Maicol Acosta
1682004
10 de junio
Masacre
En la noche, los obligaron a salir de viviendas, los mataron y luego los botaron al río Vega
Integrado Milagrosa

FARC-EPWilmer Gonzalo
Nastacuas, Leonardo
Nastacuas, Carmelia
Nastacuas, Romelia
Nastacuas Guanga
1692006
6 de abril
Masacre, 9 personas vecinos del Diviso asesinados, entre ellos 3 indígenas awáDivisoFARC, Frente Daniel Aldana3
Indígenas
6 no indígenas
1702006
9 de agosto
Masacre, asesinato en personas protegidas, omisión de medidas de protección a la población civil.Altaquer
Chaguí Chimbuza
S/I
(Policía Nacional y Ejército Nacional por omisión)
3
Juan Donaldo Morán (ex gobernador del resguardo Chaguí Chimbuza), Jairo Ortiz, Uango Paí, Adelaida Ortiz (docente de Kuesbí Montaña), Mauricio Ortiz Burbano.
1712006
18 de julio
Ocupación del territorio, ocupación de bienes comunitarios: escuela y viviendas, por más de una semana.Inda GuacarayEjército Nacional, Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 Cabal de Ipiales1
Comunidad
1722005
18 de julio
Ocupación del territorio, ocupación de bienes comunitarios: escuela y viviendas, por más de una semana.Inda GuacarayEjército Nacional, Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 Cabal de Ipiales.1
Comunidad
1732005
5 de julio
Reclutamiento forzadoYaundé GuiguayELN1
1742005
24 de octubre
Reclutamiento forzado, constreñimiento ilegal, amenaza, desplazamiento de la familia.Tortugaña
Telembí
ELN, Columna Guerreros del Sindagua1
1752005
10 noviembre
Reclutamiento forzadoPiedra verdeELN5
Liberados posteriormente
1762005
9 de noviembre
Reclutamiento forzado, constreñimiento ilegal, amenaza.Pipalta PalvíELN, Columna Guerreros del Sindagua1
1772005
23 Noviembre
Reclutamiento forzadoYaguapíELN5
1782006
Mediados año
Reclutamiento forzadoTortugaña TelembíELN2
Jóvenes de 18 años comunidad Alto Telembí
1792006
15 de enero
Reclutamiento forzadoHojal La TurbiaFARC – Frente 29 – Columna Daniel Aldana1
De 13 años
1802006
22 de marzo
Reclutamiento forzado, constreñimiento ilegal, amenaza, desplazamiento familia.GuangoELN, Comuneros del Sur1, que ocasionó desplazamiento de 1 familia.
1812006
10 de julio
Reclutamiento forzado y amenazasELN, Columna Guerreros del Sindagua1
1822006
14 de agosto
Reclutamiento forzado, desconocimiento exención servicio militarInda GuacarayEjército Nacional, Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 Cabal de Ipiales 1
David Mauricio Rodríguez Toro
1832006
29 de agosto
Reclutamiento forzado, amenazaPulgandé TronqueríaELN- Guerreros del Sindagua1
William Guillermo Pascal García
1842006
Diciembre
Reclutamiento forzadoTronquería Pulgandé PalicitoELN3 indígenas
1 niña de 15 años (Santa Rosa), 1 niña de 14 años y 1 mujer mayor de edad, madre de una niña de 2 años (Santa María). 20 no indígenas.
1852001
7 noviembre
Retén ilegal y amedrentamiento a la poblaciónOspina PérezFARC-EP1 comunidad
1862002
18 de enero
Retén ilegal a comunidades de carretera en cercanía a comunidades indígenasTumaco
La Guayacana y La Estrella
ELN1 comunidad
1872005
26 de octubre
Retención ilegal, abuso de autoridad, señalamiento, amenaza y maltrato físico.Pialapí Pueblo Viejo.Policía Nacional2
Eder Burgos (Coordinador de Justicia) y Braulio Canticus (Secretario General).
1882006
9 de abril
Retención ilegal, abuso de autoridad: los obligaron a entregar celulares y les tomaron huellas sin orden judicial.RicaurteEjército y DAS200 indígenas
1892006
26 de mayo
Retención ilegal, violación al principio de distinción, lesiones personales.Chaguí ChimbuzaEjército, Policía y DAS2
Juan Donaldo Morán y Eider Adalberto Rodríguez.
1902006
11 de julio
Retención ilegal y maltrato físico, en operativo se tomaron el centro educativo de Maguí.Maguí y Chaguí ChimbuzaEjército2
José Erasmo Nastacuas Hernández, Argemiro Rodríguez, Segundo Jaime Nastacuas, Edgar Orlando Nastacuas y Alonso Rosero.
1912005
noviembre
Robo, pillaje y daño de bienes de la comunidadPipalta PalvíAUC1 comunidad
1922006
18 de julio
Robo y pillaje de bienes de la comunidad por erradicadores manuales.Alto UlbíPolicía antinarcóticos4 familias
1932007
22 de marzo
Robo y pillaje de bienes de la comunidad; se llevaron una moto de una de las viviendas.Guacaray, Inda Sabaleta.Policía Nacional1 familia
1942005
15 de junio
Saqueo, desplazamiento masivoPialapi Pueblo Viejo y Cuchilla del PalmarEjército NacionalComunidad
1952005
Jul-06
Saqueo, robo, pillaje de bienes de la comunidad y amenazas.Maguí, Imbina, Cucaracher, ArratyanEjército NacionalVarias comunidades
1962006Saqueo, robo, pillaje de bienes de la comunidad, hurto y consumo de cultivos de pan coger y alimentos.Inda Guacaray, Comunidad de Vaquerío.Ejército Nacional1 familia
Canticús
1972004
25 de agosto
SecuestroRicaurteFARC-EP3
Alcalde indígena, conductor y escolta
1982006
13 al 16 abril
Secuestro de docente y luego amenazas todos los docentesAltaquerFARC-EP1
Docente fue secuestrado por 4 días.
1992006
27 de abril
Secuestro, amenaza y torturaAlto Ulbí NunalbíFARC-EP1
Hernando García
2002003Señalamiento, infracción del principio de distinción, ocupación de viviendas y lugares culturales comunidad; uso de comunidad como escudo humano, desplazamiento forzado.CuasambíEjército Nacional, FARC-EP7 indígenas
2012004
27 de mayo
Señalamiento, detención ilegal, amenaza.Sanundé GuiguayEjército Nacional2
Sifonías Cornelio Nastcuas, Franklyn Ortiga Taicús
2022005
10 de enero
Señalamiento, retención ilegal y retención ilegal de documento de identidad.AltaquerPolicía Nacional1
Filmar Eder Burgos Moreano
2032006
15 de octubre
Señalamiento, lesiones personales, amenazas, detención ilegal, daño a bienes civiles awá, mientras recibían remesas.GuayacanaEjército Nacional, Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 Cabal de Ipiales.30 indígenas
2042005
29 de noviembre
Tortura, atentado contra la integridad personal, lesiones personales y amenaza.Piedra Verde y Predio El VerdeEjército Nacional2
Sebastián Paí e hijo.
2052006
7 de abril
Violación a habitación ajena, hurto, saqueo y pillaje.Comunidad Predio El VerdeEjército Nacional, Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 Cabal de Ipiales.2 familias
14 personas
Familias Pai (11 personas) y Canticus (3 personas).
2062005
15 de junio a 1 de julio
Violación al principio de distinción DIH. Dispararon ráfagas sobre la comunidad.BocanaFAC, Fuerza Aérea Colombiana1 comunidad
2072004
08 de enero
Violación al principio de distinción DIH, viviendas afectadas por impacto de balas.Pialapi Pueblo ViejoELN y Ejército Nacional1 Comunidad
2082004
6 de julio
Violación sexual mujer indígenaGran Sábalo (Chaguí)AUC1
Mujer indígena

Los crímenes no se han detenido con posterioridad a la adopción de este informe por la Defensoría del Pueblo. Así, en marzo 26 de 2008, se reportó que cuatro indígenas Awá fueron asesinados en la frontera con Ecuador:

"Un grupo armado no identificado asesinó a cuatro nativos de una comunidad del pueblo colombiano de los awa, establecida cerca de la frontera sur con Ecuador.  El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) dijo que la masacre fue cometida la noche del sábado pasado en Vegas Changüí Chibusa, resguardo de los awas en las montañas de Ricaurte, zona limítrofe con Nariño. "Los indígenas Alonso Rosero Moreano, Johny Sotelo Rosero, Paulino Fajardo Marín y Manuel Antonio Rosero recibieron tiros de fusil", agregó la Organización No Gubernamental (ONG), que advirtió que la masacre se registró días después de que la Fiscalía lanzara en la zona una redada de detención masiva de aborígenes. La muerte de estos awas se registró cuando las autoridades militares avanzan en grandes operaciones en la misma región, añadió el CPDH, al apuntar que "curiosamente los asesinos actúan con la mayor libertad para ejecutar sus crímenes". Esta comunidad indígena hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, grupo que convocó la movilización contra los grupos paramilitares llevadas a cabo el pasado 6 de marzo en decenas de ciudades del país y el exterior.La protesta desató una campaña de amenazas y hostigamientos por parte de la nueva organización paramilitar Águilas Negras. Desde comienzos de mes, cinco dirigentes sindicales de organizaciones que se adhirieron a esta protesta han sido asesinados.[34]"

3. Afectación del pueblo indígena Awá por el desplazamiento forzado.

La gravísima exposición del pueblo Awá a los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, según se acaba de exponer, les ha transformado en una de las etnias más afectadas por el fenómeno del desplazamiento forzado en el país. Los desplazamientos individuales y masivos se han dado como consecuencia necesaria de cada uno de los crímenes relatados en el segmento precedente; el temor que naturalmente infunden estos hechos en la población ha causado un fuerte movimiento poblacional que amenaza la integridad y supervivencia misma de esta etnia.

Además de los desplazamientos forzados causados por los crímenes cometidos y por el temor de la población, en términos generales, el desplazamiento forzado del pueblo Awá obedece al acoso, la intimidación y el control permanente de los grupos armados ilegales; las restricciones al paso de alimentos; el involucramiento de los pobladores como informantes y en otros roles al conflicto armado; el desarrollo de intensos combates entre la Fuerza Pública, las guerrillas y los paramilitares en sus territorios o cerca de ellos; y las fumigaciones indiscriminadas que afectan sus cultivos de pancoger y su medio ambiente.

Si bien los casos de desplazamiento forzado masivo se incrementaron con particular notoriedad entre 2005 y 2006 por la agudización del conflicto, el desplazamiento forzado en esta etnia ha sido una constante y persiste hasta la fecha.

El siguiente es el cuadro de resumen elaborado por la Defensoría del Pueblo en su informe defensorial:

"La información que reposa en la Defensoría del Pueblo, da cuenta de 20 casos de desplazamiento forzado, de personas, familias y comunidades enteras, ocurridos entre el año 2001 y junio de 2007, en los que se ha desplazado a 41 familias, 5 comunidades enteras y 3.341 personas. Sin tener en cuenta los desplazamientos internos, ver siguiente tabla.

Desplazamiento forzado

AñoCasosAfectadosNo. de afectados
20011Familia1
20031Comunidades3
1Familia2
20041Familia4
20051Comunidades1
20061Familia1
1Familia1
1Familia1
1Familia13
1Personas340
1Personas1.378
1Personas1.746
1Comunidades1
1Familia13
1Personas1
20071Familia1
1Familia 1
1Familia1
1Familia1
1Familia1
Total20

Elaborado por la Defensoría del Pueblo[35]."

Así, se reporta que en el marco de la Operación Gladiador del Ejército, en 2006, hay enfrentamientos entre tropas de la Brigada 29 con sede en Popayán – Batallón Contraguerrilla 48, Unidad Móvil 6 - y las FARC, que generan el desplazamiento de más de 1370 personas, incluidos 780 niños, de los resguardos de Cuchilla del Palmar, La Bocana, Maguí, Cuascuabí Paldubi, Pialapi, Pueblo Viejo, La Esperanza, Nulpe Alto y Nulpe Medio hacia los poblados de Ricaurte, Mallama y Barbacoas (registrado por Acción Social).

Luego, se denuncia que, el 10 de julio de 2006, en medio de la Operación Júpiter II, adelantada  por el Ejército Nacional contra el Frente 29 de las FARC – Columna Mariscal Sucre, hubo ametrallamientos y bombardeos indiscriminados por la Fuerza Aérea que afectaron a las comunidades de los resguardos de Vegas, Chaguí Chimbuza, Maguí, Milagroso Cuaiquer Viejo, Cuascuabí, Cuchilla del Palmar; ello generó el desplazamiento de 1746 indígenas awá hacia la cabecera del municipio de Ricaurte y el corregimiento de Altaquer del municipio de Barbacoas, y causó la muerte de dos docentes. Se ha denunciado que en este operativo el Ejército utilizó la institución educativa de Maguí como base de ataques y trinchera, y tuvo retenidos a 92 Awá en la institución; consumieron la comida y utilizaron las colchonetas, cobijas y herramientas. En el informe defensorial hay fotos de la destrucción, ya que hubo una visita de reconocimiento desarrollada por la Defensoría, lo cual prueba que la escuela quedó destruida.

Para mayo de 2007, se reportaba que había 70 familias en la cabecera municipal de Ricaurte, que, por temor, llevaban 11 meses desplazados, sin atención adecuada de sus derechos, pasando muchas dificultades; en términos de estas comunidades, "sobreviven como pueden", ya que no han recibido apoyo adecuado en alimentación, arriendo, salud; hay manejo político de los beneficios; y no pueden retornar a sus territorios porque en ellos hacen presencia grupos armados. Se desconoce la situación actual de estas familias.

En relación con el desplazamiento del 13 de julio de 2006 a Barbacoas-Altaquer y Ricaurte, hay una marcada discrepancia en las cifras de registro: Acción Social reporta 757 personas; el CICR 1600; ACNUR, el cabildo CAMAWARI y Pastoral Social, 1700.

Además, según denuncian las autoridades Awá, el retorno tras este desplazamiento fue obligado y sin acompañamiento adecuado: "Retorno forzado. // Luego de permanecer 53 días en situación de desplazamiento, bajo condiciones de insuficiencia sanitaria, experimentando una profunda sensación de inseguridad debido a la masacre ocurrida, y con la obligación de tener que desocupar la escuela para dar paso al inicio de clases, los indígenas ubicados en el 'refugio' de Altaquer, deciden retornar, y desestimar el plan de retorno que venía elaborando Acción Social. // El Cabildo Mayor CAMAWARI presentó una propuesta de atención y restablecimiento socioeconómico para el retorno, la cual incorporaba la continuidad de la atención alimentaria (mercados) durante 6 meses, los kit agropecuarios y los proyectos productivos, atención en salud, cobertura en educación, mejoramiento de vivienda, y construcción de una infraestructura fija para la atención de la población desplazada. Adicionalmente, el Cabildo exigió respeto al proceso organizativo CAMAWARI, a la jurisdicción indígena, y solicitó el esclarecimiento de hechos y el establecimiento de responsabilidades por la masacre de Altaquer, así como la no estigmatización y señalamiento de los indígenas Awá de este Cabildo por estar ubicados en una zona de fuego cruzado. Para tomar decisiones sobre la situación fue activado el Comité Municipal y Departamental de atención al desplazamiento forzado, que estudió la propuesta CAMAWARI advirtiendo que en el plazo de un mes ofrecería una respuesta. A partir de este momento es la Gobernación del Departamento la que se ocupa del caso. // Hay que aclarar que este retorno careció de todo acompañamiento y respaldo, debido a que las condiciones de inseguridad que provocaron el desplazamiento no se habían modificado. Pasado un mes desde el retorno, Acción Social proveyó un segundo mercado 'Tipo C', que finalmente se constituyó en el único apoyo recibido en el momento, dada la difícil situación de seguridad en la zona. Este desplazamiento se enmarca en una serie de desplazamientos masivos que han ocurrido desde el 2005 de manera reiterativa, con la característica particular de la no permanencia en el sitio de recepción debido a la insostenibilidad en la prestación continua de la ayuda humanitaria".

Por la gravedad de esta situación, las autoridades Awá mismas han hecho, ante la Corte, una caracterización tipológica de los tipos de desplazamientos a los que han estado sujetos:

"Masivos:

1) Desplazamientos masivos definitivos, porque no están dadas las condiciones del retorno.

2) Desplazamientos masivos temporales a lugares con alta o media visibilidad: "estos casos han sido producto de riesgos o peligros inminentes de la población indígena localizada en pequeños poblados o dispersa en las montañas, causados por presencia y actuación desmedida por parte de algún grupo armado (legal o ilegal) o por enfrentamientos directos entre los grupos armados (...). Como respuesta la población indígena se ha dirigido fuera de sus resguardos buscando refugio y protección en zonas urbanas o sobre la carretera". Usualmente hay atención puntual por el Estado o por organismos humanitarios. En muchos casos por inseguridad los líderes se quedan desplazados.

3) Desplazamientos masivos intra o interveredales y a lugares con poca visibilidad: silenciosos, movilidad de la población no es ni en grupos numerosos ni a lugares comunes.

4) Desplazamientos masivos de reincidencia."

El siguiente fue el cuadro de resumen de algunos de los desplazamientos forzados masivos que han afectado a este pueblo, que fue presentado por las autoridades de UNIPA y CAMAWARI a la Corte Constitucional –el cual no incluye reportes de los múltiples desplazamientos individuales que también les han afectado-:

FECHARESGUARDO-COMUNIDADPERSONAS AFECTADASHECHOS
20 de julio de 2003Resguardo Alto Ulbi Nunalbi – Municipio de BarbacoasJavier Erminsul García Canticus y familiaCuando orientaba un proyecto de trocha de caminos, recibió alimentos del Programa Mundial para la Alimentación – PMA- para apoyo de la actividad, según proyecto en ejecución. Se le señaló que esos alimentos provenían de los paramilitares, varios hombres del grupo armado lo sacaron de la Guayacana, lo llevaron hasta el Km. 89, donde fue asesinado de un tiro en la cabeza. Amenazan también a la familia del gobernador asesinado y deben salir desplazados. Estado de la investigación se desconoce.
2003CuasambíMélida Pascal (50), María Socorro García Pascal (38), Dionisio García Pascal (23), Jovencio García Pascal (17); Familia 2: María Paí (55), Eduardo Pascal Paí (33), Daniel Pascal (16). Comunidad de Cuasambí.Los soldados llegaron y regalaban comida por las casas involucrando a la población civil con los actores armados y haciéndolos objeto de posibles represalias de los demás grupos armados. La guerrilla entró por la escuela de Cuasambí lanzando granadas y bombas. Los del ejército tiraron al suelo a las familias. Un señor se desmayó. Estuvieron como media hora en el suelo entre el fuego cruzado. Permanecieron 4 días en esta población. Tras los enfrentamientos ocurridos en esta población 2 familias se vieron en la obligación de desplazarse de sus casas. Los afectados son: Familia 1: Mélida Pascal (50), María Socorro García Pascal (38), Dionisio García Pascal (23), Jovencio García Pascal (17); Familia 2: María Paí (55), Eduardo Pascal Paí (33), Daniel Pascal (16). Así mismo el ejército levantó sus cambuches junto a las casas de familia indígenas poniéndolas en riesgo.
21 de septiembre de 2004La Brava, comunidad del CedroSegundo Alonso Puerres y su familia, María Visitación Caicedo y su familia, José Puerres y su familia, Rosita Pantoja y su familia.Enfrentamiento entre el ejército nacional y la guerrilla puso en peligro la integridad de las familias que se vieron obligadas a salir de sus casas.
15 de junio de 2005Municipio de Ricaurte, resguardos de Cuchilla El Palmar, Maguí y Pialapí Pueblo Viejo1400 indígenasEl desplazamiento se da a raíz de los fuertes enfrentamientos y las amenazas por parte de todos los grupos armados en los Resguardos de cuchilla El Palmar, Maguí y Pialapí Pueblo Viejo. Hubo muertos civiles y destrucción de bienes públicos por acciones de la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales.
31 de enero de 2005Municipio de Ricaurte, Resguardo de PialapíArturo García (ex gobernador indígena)Guerrilleros de las FARC amenazaron de muerte al ex gobernador indígena del resguardo de Pialapí, obligándolo a salir desplazado.
5 de julio de 2005Resguardo Saunde Guiguay – municipio de BarbacoasJoven y su familia (3 hermanos, 2 hermanas y los dos padres)En julio de 2005, vincularon a un joven indígena. Al otro día la comunidad con la Autoridad indígena salieron detrás de ellos. Los siguieron hasta que los encontraron. Entonces la comunidad fue a reclamar y dijo que dejaran al joven, que no lo llevaran. Que las autoridades no están de acuerdo que se lleven a sus jóvenes. De nada sirvió se lo llevaron sin atender el reclamo. El muchacho regresó a los pocos días a la comunidad con su familia, sin embargo, a toda la familia le tocó salir desplazada, les tocó abandonar su casa y su finca. Desde entonces, andan escondidos sin poder llegar a trabajar en su finca. En total fueron 3 hermanos, 2 hermanas y los dos padres. Hoy la familia se siente perseguida y amenazada por el grupo guerrillero. Se desconoce si se adelantaron acciones legales.
24 de octubre de 2005Resguardo Tortugaña Telembí, Municipio de BarbacoasJoven IndígenaSe llevaron a un joven de 18 años, convenciéndolo, más tarde quiso regresar con su familia y no lo dejaron. Los jóvenes se sienten atemorizados, presionados y seducidos por ello aceptan. Cuando quieren regresar a donde su familia son perseguidos, si lo consiguen son obligados a volver, si no, se llevan a un familiar en represalia o la familia tiene que desplazarse. Se desconoce si se adelantaron acciones legales.
31 de marzo de 2006Resguardo la Brava – Centro Educativo El Cedro – Municipio TumacoArmando BisbicusEl profesor indígena desde hace seis meses empezó a recibir llamadas al celular, de números desconocidos, en las que lo amenazan de que puede aparecer muerto en una alcantarilla. Situación que lo llevó a cambiar de celular. El 31 de marzo, a las 8:16 de la noche, recibe una llamada en la que le dicen que "por orden del comandante  hay que venir a LLEVARLO, porque según informaciones han llegado a constatar de que formó parte de la banda de los atracadores del Diviso y además de que he maltratado a una mujer", por lo que le dan 24 horas para salir del Diviso. Por ello tuvo que salir desplazado, renunciando a la coordinación de proyectos y al programa de educación al que pertenece. El día 24 de abril, nuevamente llaman pero al celular de una hermana a la cual también amenazan. El 22 de agosto nuevamente lo amenazaron a las 7 p.m. y le dieron 12 horas para irse. Ya sacó a sus 4 hijos y a su señora. Fue a la policía a reportar el hecho. Ahora vive en un barrio de Pasto.
1 semana de abril de 2006Resguardo Gran Sábalo, comunidad Camarón2 familias (10 personas desplazadas)Llegaron cerca de 10 personas del grupo armado de las FARC-EP y amenazaron al indígena Marco Tulio Canticús y a su familia, la mujer y 7 hijos. Le quitaron el celular. Le dijeron que se vaya porque el papá no estuvo de acuerdo en que su hija se enamorara de un miembro del grupo armado. Le dieron 15 días para salir. Se llevaron a uno de los hijos del afectado para la montaña. Estuvo allá cerca de 15 días y se devolvió. Lo tienen amenazado y le tocó salir de su casa. La familia Canticús igualmente salió y está viviendo en otra población del pueblo Awá. Otro joven de 15 años de apellido Canticús fue llevado a la guerrilla. Igualmente se salió de la montaña y ahora está amenazado y desplazado a otra comunidad del pueblo Awá.
1 de mayo de 2006Municipio de Barbacoas, Km. 106, entrada resguardo Honda Río Guiza7 familiasEl ejército se enfrentó con el grupo armado de las FARC en la cercanía de 7 casas habitadas por mestizos. La gente se corrió y dejó las casas deshabitadas. Algunas familias se fueron para Ricaurte y otras para la Guayacana. Dos días después regresaron todas.
Julio y agosto de 2006Barbacoas15 familiasAproximadamente quince familias han presentado declaración como desplazadas en la UAO de Pasto, durante las últimas 4 semanas (entre los meses de julio y agosto de 2.006), por amenazas directas contra sus vidas, 3 de ellas por las estructuras paramilitares que operan en Altaquer, Junín y El Diviso (la comunidad afro, indígena y mestiza asentada en este sector, advierte que el centro de actividades de estos grupos de recomposición paramilitar está ubicado en la vereda San Francisco –anteriormente llamada Cuchirabo-, en la vía Junín-Barbacoas), las 12 restantes por miembros de las FARC.
10 de agosto de 2006AltaquerDesplazados de los resguardos de Maguí, Vegas, Chaguí Chimbuza, Cuchilla El Palmar y Cuascuabí PaldubíTras la masacre sucedida el día 9 de agosto gran parte de la población decidió salir de Altaquer por no sentirse segura. La única alternativa fue volver a su territorio, sin que hubiera las garantías mínimas, a saber: voluntariedad, dignidad y seguridad. El gobierno nacional registró este desplazamiento forzado de población desplazada como un retorno.
10 de octubre de 2006Resguardo de Inda Sabaleta, Comunidad de Sabaleta, municipio de Tumaco.Comunidad de SabaletaEl día martes 10 de octubre de 2006 en las horas de la tarde hubo un enfrentamiento entre la policía antinarcóticos y el grupo guerrillero de las FARC-EP. Los combates ocurrieron cerca del caserío y la escuela de la comunidad de Sabaleta, Resguardo de Inda Sabaleta, municipio de Tumaco. Posteriormente llegaron refuerzos aéreos y ocurrieron bombardeos desde los helicópteros. La población indígena salió atemorizada de sus casas y en la huída hubo algunos niños y mayores golpeados contra las piedras y alambres. Cinco familias llegaron desplazadas al resguardo de Inda Guacaray, donde pasaron la noche en casa de conocidos.
Primera semana de octubre de 2006Resguardos de Inda Sabaleta, Inda Guacaray y La Brava. Posiblemente Pulgande Campoalegre y Piguambí Palangala.Gobernadores y ex gobernadores del pueblo Awá.La comunidad Awá informa que los policías antinarcóticos estaban difundiendo información falseada, al afirmar que 5 gobernadores Awá solicitaron y firmaron un documento oficial para que se erradicara la hoja de coca en la región. Esto está generando un claro señalamiento frente a ellos, a tal punto que el ex gobernador Carlos García, del resguardo Inda Sabaleta tuvo que desplazarse forzadamente hacia la ciudad de Pasto con su familia por amenazas de población colona y de la guerrilla del ELN. Los otros gobernadores en riesgo son los de los resguardos de Inda Guacaray y La Brava. Las otras dos personas que al parecer están buscando son desconocidas, aunque se supone que son los gobernadores de Pulgande Campoalegre y Piguambí Palangala.
6 de noviembre de 2006Resguardos indígenas de Maguí13 familiasTras los enfrentamientos y el confinamiento a que se vieron sujetas las comunidades indígenas, una vez los grupos armados se retiraron, las comunidades por temor a represalias decidieron desplazarse 11 familias hacia Altaquer y 2 familias más hacia Ricaurte. Se desconoce la situación de las restantes familias localizadas en predios rurales del municipio.
20 de marzo de 2007Resguardo ñambi Piedra Verde1 familia indígenaUna familia Awá perteneciente al resguardo ñambi piedra verde amenaza desplazamiento y señalamiento por los paramilitares, les hicieron montajes como colaboradores de los guerrilleros, la familia le dieron dos minutos para que abandonaran la casa y posteriormente se posesionaron de los bienes de la familia Awá fueron amenazados y desplazados.
Mayo de 2007Resguardo Gran Sábalo, comunidad de Agua Clara1 familia indígena
18 de septiembre de 2007Resguardo Inda Sabaleta965 personas, 488 niños y niñas, 196 hombres, 261 mujeres entre jóvenes, adultos y mayores, 20 mujeres en estado de embarazo.El día 18 de septiembre de 2007, siendo las 6:00 a.m. inició un fuerte enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional de Colombia y la guerrilla de las FARC en inmediaciones de la comunidad de Pilvicito, hasta las 6:40 a.m., los enfrentamientos cesaron por el lapso de media hora y posteriormente se reanudaron durante veinte minutos. En la carretera de acceso al resguardo se encontraban una tanqueta y dos camionetas del Ejército. Ante esta situación la fuerza pública obligó a tres familias Awá de la comunidad Sabaleta a salir de su casa argumentando que había peligro y además la comunidad vio bajas entre los combatientes.
El día 19 de septiembre a las 4:30 p.m. la comunidad informó que habían llegado al centro educativo Sabaleta 965 Awá, entre los cuales se encontraban 488 niños y niñas, 196 hombres, 261 mujeres entre adultos, jóvenes y mayores y 20 mujeres en estado de embarazo. Lamentablemente, hasta el día 20 de septiembre el registro asciende a 1.038 personas. Los Awá que se encuentran en el centro educativo pertenecen a las comunidades de Pilvicito, Inda Bajo, Nortal, La Victoria y Sabaleta.
12 de marzo de 2004Municipio de Ricaurte, resguardo de Chaguí Chimbuza450 personas desplazadasPor enfrentamientos entre el Ejército Nacional y miembros de las FARC en el 2004 se desplazaron 450 personas.
12 de junio de 2005Municipio de Ricaurte, resguardos de Chaguí Chimbuza, Pialapi Pueblo Viejo, Maguí y Cuchilla del Palmar. 1.400 personas desplazadas – cascos urbanos de Arenal, Ricaurte y Altaquer.En el desarrollo de la operación militar denominada Río Blanco – Gladiador fue muerto por miembros del ejército el compañero indígena Germán Efraín Guango el hecho sucedió el 15 de junio de 2005 en la comunidad de Pueblo Viejo. Posteriormente desplazadas 1.400 personas y durante la operación los animales sir comidos el menaje y las cobijas quemadas los alimentos de las escuelas saqueados; en toda esta acción es responsable el Ejército Nacional.
12 de julio de 2006Municipio de Ricaurte, resguardos de chaguí chimbuza, maguí y Cuchilla del Palmar, Cuaiquer viejo1.500 personas desplazadas, cascos urbanos de Ricaurte y AltaquerEn el desarrollo de la operación militar denominada Tornado se enfrentan la insurgencia de las FARC, desplazando esta confrontación armada 1500 personas. 92 personas detenidas por el Ejército en el colegio agropecuario de Maguí sirviendo como escudos humanos. Durante el desplazamiento fueron comidos los animales y el menaje esparcido; de igual manera fueron asesinados 5 compañeros indígenas en la población de Altaquer, hechos atribuidos al Ejército Nacional.
1º de julio de 2007Municipio de Ricaurte, resguardos de Maguí, Vegas Chaguí y Nulpe Medio Río San Juan1.300 personas confinadasEn operación militar que se adelanta por el ejército nacional Brigada Móvil No. 19 se han visto confinadas 1.300 personas por  estrategia de guerra de minas antipersonales utilizada por las FARC, 7 compañeros indígenas muertos y 1.300 personas confinadas producto del conflicto social y armado, durante mes y medio no se suministró alimentos a esta población. (la operación militar cumple 81 días en el territorio awá de CAMAWARI).

La desatención del Estado ante su situación ha llevado a que ellos mismos formulen planes de contingencia para eventos de desplazamiento, pero sobre una base de precariedad material: "En términos generales algunos resguardos del pueblo indígena Awá cuentan con Planes de Contingencia comunitarios. No obstante que existen algunas orientaciones hacia dónde movilizarse en caso de situación de riesgo, los centros en los cuales la población se reúne y se resguarda del peligro no cuentan con la infraestructura necesaria, ni la dotación para alojamiento en caso de emergencia (colchonetas, cobijas, toldillos, utensilios de cocina), en muchos casos las condiciones sanitarias de los 'albergues adaptados' no son las mejores y no se cuenta con medicamentos y personal de salud para la atención de estas emergencias. // Bajo situaciones de emergencia las diferentes familias deciden y actúan según cuál sea la mejor opción para su núcleo familiar y/o sus familiares más cercanos. La existencia de vínculos de parentesco en zonas vecinas hace muy difícil la respuesta colectiva y unificada de una comunidad frente a un desplazamiento masivo. Sin embargo, poco a poco surgen dentro del pueblo Awá algunos referentes que han servido como canalizadores y lugares de encuentro en situaciones de crisis. Así es como las casas indígenas localizadas a lo largo de la carretera, las emisoras indígenas 'CAMAWARI Stéreo', 'La Voz de los Awá', la IPS indígena y los centros administrativos han servido como lugares de recepción y prestación de atención de emergencia".

4. Posición expresa del pueblo indígena Awá frente al conflicto armado y el desplazamiento forzado.

Como se ha visto, la situación del pueblo Awá en la actualidad es extrema. La gravedad de su posición ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado les ha llevado a elaborar la siguiente declaración oficial de neutralidad, transcrita en el Informe Defensorial antecitado, que la Corte Constitucional considera pertinente citar en su integridad por ilustrar la magnitud de la violación de sus derechos fundamentales y lo complejo de su situación.

"POSICION DEL PUEBLO AWA DE NARIÑO FRENTE AL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Los indígenas Inkal-Awá, "gente de la montaña, los nietos del trueno", somos los hijos de la selva, porque nacimos de la barbacha de los árboles que crecen en la montaña. Desde la llegada de los españoles hasta nuestros días hemos sido víctimas de sometimiento, represión, masacres, violación de nuestras mujeres y niños, explotación de nuestra mano de obra, todo esto con el agravante del destierro, despojo, saqueo y la expoliación de gran parte de nuestro territorio. En los últimos años nuestros problemas se han agravado ya que desde el Estado colombiano se están implementando políticas de desarrollo que atentan contra nuestra vida, nuestra cultura y nuestra permanencia en el territorio, así como violan muchas veces nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política Nacional y en la legislación internacional.

La expropiación de nuestras tierras consideradas por el Estado como baldías o usurpadas por la empresa privada, a lo cual se le suman las crecientes restricciones que se nos imponen para recuperar y titular el territorio que histórica y culturalmente fue propio y nos fue despojado, reflejan la tendencia actual del gobierno nacional frente a nuestros procesos pacíficos y reivindicativos. De igual manera sucede con la proyección e implementación de proyectos de desarrollo dentro de nuestro territorio, la construcción de carreteras atravesando el corazón de nuestra montaña y dividiendo bruscamente nuestras relaciones sociales y culturales. También se ha incentivado desde el Estado la implementación de megaproyectos como los monocultivos de palma de aceite –desarrollados en muchos casos sobre nuestros territorios ancestrales y colectivos-, la extracción de petróleo, la construcción de hidroeléctricas, la concesión a las multinacionales para la explotación del oro, la madera y demás elementos de la naturaleza, sin que se implemente adecuadamente el derecho fundamental a la consulta previa. En términos generales desde el pueblo Awá vemos con gran preocupación cómo la pobreza, la discriminación y la injusticia crecen día a día en este país, mientras que sus dirigentes de manera autoritaria decretan una y otra vez leyes y normas que benefician a las minorías más adineradas, mientras que las comunidades mayoritarias somos marginadas y discriminadas hasta dejarnos en la miseria.

Como consecuencia de esto hemos tenido que soportar en los últimos 10 años, el escalamiento y la degradación acelerada del conflicto armado en el departamento de Nariño, con un fuerte impacto sobre nuestra población y nuestro territorio. Todos estos factores, según queda demostrado en el presente Informe Defensorial, están causando grandes daños sobre nuestros resguardos, nuestra cultura y nuestra integridad personal y social. La violación de nuestros derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y especialmente colectivos es creciente, sin que desde el Estado colombiano se estén implementando acciones diferentes a la militarización de la región con la consecuente agudización de la situación.

En la actualidad tenemos graves problemas como los cultivos de coca que están generando la destrucción del territorio y altos grados de violencia, descomposición y cambio cultural de nuestro pueblo. Nuestras prácticas productivas adecuadas a las condiciones de nuestro territorio, basadas en la técnica de tumba y pudre y en la siembra de pequeñas parcelas de policultivo para el autoconsumo, dejando descansar los rastrojos a veces durante más de seis años, tiende a perderse por prácticas de monocultivo extensivo que destruyen la selva, las fuentes de agua y ahuyentan tanto a los animales de cacería como a los espíritus de la montaña. La economía del narcotráfico ha tenido graves consecuencias en nuestras familias y comunidades, ya que se está perdiendo la cultura propia, la identidad y la solidaridad de la comunidad. Especialmente los jóvenes de algunos resguardos están perdiendo el pensamiento Awá y con él las formas propias de trabajar, de entendernos como parte de la naturaleza y de respetarnos mutuamente. También se ha afectado mucho el liderazgo de los padres de familia frente a sus hijos, que cada vez respetan menos a sus familias y a las autoridades tradicionales de los resguardos, generándose graves conflictos internos y haciéndose cada vez más difícil la solución de nuestros problemas a partir de la autonomía y el control de nuestro territorio. De igual manera, si ponen cultivos de coca o laboratorios, se están cerrando los caminos por donde tradicionalmente pasamos, y no se nos permite salir libremente de cacería o pesca afectando nuestra cultura y la alimentación de nuestras familias. También hay atracos, robos, peleas y muertos y es la sangre indígena de nuestros hijos la que está pagando la bonanza de este negocio.

Nosotros consideramos que la llegada de los cultivos de coca al departamento de Nariño, es en gran medida responsabilidad del estado colombiano, ya que el énfasis que ha dado el gobierno al componente represivo con la Política de Seguridad Democrática, la implementación del Plan Colombia y la orientación general de su política antidrogas, las fumigaciones masivas de la montaña y de los cultivos alimenticios propios[36], pero también la ausencia de planes integrales de inversión social como fundamento para la solución del conflicto social y armado interno, deben considerarse como acciones y omisiones del Estado, las cuales dieron origen al o que ellos mismos han denominado el efecto balón, es decir, migraciones previsibles constantes de pobladores, muchos de ellos cocaleros de los departamentos de Caquetá y Putumayo hacia el departamento de Nariño, introduciendo masivamente estos cultivos de uso ilícito.

Como consecuencia de esto desde hace 6 años se vienen realizando fumigaciones masivas con el veneno químico llamado glifosato en varias zonas de los municipios de Tumaco, Barbacoas y Roberto Payán, afectando directamente al territorio de varios de nuestros resguardos. En la gran mayoría de los casos las fumigaciones han afectado nuestras casas y escuelas, contaminado los ríos, quebradas y nacederos, quemando la montaña y nuestras plantas medicinales, así como los cultivos alimenticios de nuestras familias indígenas en proporciones tan grandes que no permiten pensar en errores de cálculo, sino que se trata de un daño intencional contra nuestra vida, nuestra salud y la permanencia en nuestros territorios.

Con la muerte de la montaña se han acabado también animales de monte, peces y aves que nos han aportado alimentación desde los tiempos de nuestros mayores. También han muerto grandes cantidades de animales domésticos como patos, gallinas, cuyes, cerdos y hasta vacas y caballos. Y lo que es peor, este veneno ha causado muchas enfermedades y la muerte de varios niños, entre ellos Daira Cuasaluzán de 2 años, su hermana mayor Mayeni Cuasaluzán de 17 años y la bebé de nueve meses que vivían en el resguardo de Quejuambí Feliciano. Vemos con mucha tristeza, pero también con recelo cómo las fumigaciones, al acabar con las perspectivas de futuro de nuestros jóvenes, han incentivado una y otra vez su reclutamiento en los grupos armados. Esto pone en riesgo no solo sus vidas, sino que involucra a las familias, a las comunidades y a nuestro pueblo Awá a las dinámicas del conflicto armado, rompiendo nuestra firme intención de mantenernos autónomos y distantes frente a esta guerra.

El auge de los negocios ilícitos en la región y el auge de la economía del narcotráfico han traído cada vez más actores armados. Es a partir del año 2000, cuando se enfrentan los grupos paramilitares y los guerrilleros y se da inicio a la militarización del departamento y específicamente la ocupación del territorio Awá, que hemos tenido que vivir un escalamiento sin precedentes del conflicto armado en la región. A raíz de esto hemos visto como cada año caen más compañeros Awá víctimas de esta guerra que no es nuestra. Hoy en día tenemos que soportar constantes violaciones a las normas de vida y convivencia heredadas de la ley de origen desde tiempos inmemoriales, y a lo que ustedes llaman los Derechos Humanos y el DIH. Los grupos armados ilegales han señalado, violado a nuestras mujeres, amenazado, secuestrado, asesinado y desaparecido a nuestros líderes y autoridades tradicionales. Tal es el caso del gobernador y miembro de la junta directiva de la UNIPA, Efrén Pascal, desaparecido el 24 de octubre de 2004 a manos del Frente 29 de las FARC-EP, caso que, como muchos, aun permanece impune. Así mismo, estos grupos han cometido torturas, muertes selectivas y masacres de nuestros familiares, así como suplantado y deslegitimado el ejercicio de las autoridades propias dentro del territorio. A los jóvenes cada vez los acechan más condenándolos al reclutamiento forzado y a la persecución de sus familias en caso de deserción. La presencia de actores armados ilegales en casas, escuelas y demás lugares, pone en riesgo a nuestra población convirtiéndola en objetivo militar. También hemos tenido accidentes causados por minas antipersonales y vemos cómo cada vez más se nos restringe el tránsito por nuestra montaña, así como nuestras prácticas culturales.

La respuesta del Estado colombiano frente a esta situación se ha limitado a la militarización de toda la zona incluyendo nuestros resguardos. Esto en vez de traducirse en mayor seguridad para nuestras familias se ha convertido en un problema más para nosotros. Constantemente tenemos casos de señalamientos, abusos de autoridad y detenciones ilegales de compañeros indígenas que en muchas ocasiones ni siquiera hablan el castellano, siendo éstos, claros casos de discriminación que violan los principios de presunción de inocencia y del Habeas corpus. En casos más graves hemos sido víctimas de amenazas, torturas, maltratos físicos y tentativas de violación de mujeres y mutilación de partes del cuerpo. Injustamente la presencia de la fuerza pública viene acompañada por el saqueo de las casas y el robo de nuestros animales y enseres del hogar, los cuales son consumidos o vendidos posteriormente en los poblados de la carretera. En varias ocasiones hemos sufrido la injusta muerte de indígenas Awá a manos de la fuerza pública, quienes posteriormente los visten con prendas camufladas e inventan que eran guerrilleros y que fueron muertos en combate. Los testimonios de la comunidad, avalados por los gobernadores indígenas, no son tenidos en cuenta y estos casos han quedado todos completamente impunes.

Expresamos igualmente nuestro claro rechazo por la desaparición del ex gobernador de la comunidad Panelero del resguardo Gran Sábalo Herminzul Pascal el pasado 9 de mayo de 2006, tras la arremetida del ejército nacional en el resguardo de Gran Sábalo. A pesar de los trámites y las denuncias que hemos adelantado, de la mano con la Defensoría del Pueblo, se han presentado irregularidades, por parte de la Fiscalía Regional y de la medicina legal para la identificación de cadáveres –según el ejército- caídos en combate el mismo día de su desaparición. Hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna por parte de la fiscalía regional y demás entidades del Estado. Además de esto, somos objeto permanente de enfrentamientos, empadronamientos ilegales, toma de fotografías, control sobre la entrada de remesas para los restaurantes escolares, irrespeto de la autonomía de nuestra emisora radial "La Voz de los Awá", y de infracciones constantes al DIH, como por ejemplo el desconocimiento del principio de distinción, la presencia, permanencia e instalación de campamentos (con varios días de estadía) en zonas habitadas como escuelas, centros comunales, casas de familia, etc... el desplazamiento de los compañeros Awá de sus casas y fincas, desconocimiento de las autoridades Awá, de sus competencias y de sus derechos y responsabilidades reconocidos constitucionalmente para el control y gobierno sobre sus territorios, la corrupción y demás abusos que rompen nuestro tejido social y nos dejan viviendo rodeados por el miedo y la intimidación.

El resultado más dramático para el pueblo Awá del escalamiento del conflicto armado ha sido los desplazamientos forzados, causados por todos los actores armados, los cuales se presentan de manera cada vez más seguida sin que las entidades del gobierno en cabeza de Acción Social adelanten las acciones de prevención, atención humanitaria y restablecimiento adecuadas. No solo estamos viviendo el desplazamiento intraveredal de personas y familias, sino que a lo largo de dos años hemos sido víctimas de tres desplazamientos masivos que en total han sumado cerca de 3.200 personas, lo cual corresponde a casi el 15% de la población total Awá en el departamento de Nariño. En el último caso ocurrido en el municipio de Ricaurte, fueron masacradas 5 personas desplazadas desde el resguardo de Maguí, quienes se encontraban bajo la custodia de cerca de 200 soldados del ejército nacional. Tal y como en los casos anteriores la impunidad es la regla. De esta manera ¿qué legitimidad tienen el gobierno nacional, la fuerza pública y los diferentes entes acusatorios frente a nuestro pueblo Awá?

Frente a la crítica situación resultado de la constante degradación del conflicto armado y teniendo en cuenta las acciones y omisiones del Estado colombiano, el pueblo indígena Awá reitera hasta el cansancio que no tenemos ningún tipo de vínculo con los grupos armados del conflicto, posición que se ha venido reafirmando mediante diversos comunicados a lo largo de los últimos años (ago. 1999, nov. 2002 y mayo de 2006). Consideramos vital que los actores armados, dentro de los que se incluye la fuerza pública, se abstengan de hacer señalamientos en contra del pueblo indígena Awá, solo porque algún indígena de manera individual y bajo la condena del proceso organizativo haya tomado la decisión de ingresar en las filas de alguno de estos grupos. Estas actitudes individuales son igualmente juzgadas y castigadas por nuestro pueblo Awá. Además se nos tilda constantemente de pertenecer a algún grupo armado por el solo hecho de calzar botas de caucho, entrar a los resguardos con remesas o simplemente por vivir en la selva. Exigimos que se nos respeten todos nuestros derechos, tanto aquellos nacidos desde la ley de origen, de nuestros mayores y de nuestra tradición, como los consagrados en la legislación nacional e internacional. La autonomía y el reconocimiento de nuestras autoridades tradicionales, entendidas como la voz de nuestro pueblo Awá, son igualmente un requisito para poder construir relaciones de respeto frente al futuro. Desde estos espacios seguiremos manteniendo y aplicando nuestra justicia propia incentivando la solución de conflictos internos y el control y manejo de nuestro territorio de acuerdo a nuestra propia cultura. No queremos que se nos vea solo como víctimas inermes dentro del conflicto social y armado que vivimos en el país. Somos un pueblo indígena propositivo, pacífico y con grandes sueños de vida y territorio. Nuestro Plan de Vida debe ser, por lo tanto, incluido dentro de las políticas nacionales, regionales y locales, ya que es a partir de su realización que el pueblo Awá logrará mejores niveles de prevención y protección frente a las dificultades actuales, de tal manera que se construyan espacios de convivencia no solo entre nuestro pueblo, sino también con nuestros vecinos y con la sociedad no indígena de Colombia."

5. Respuesta estatal a la situación.

La respuesta estatal a la situación del pueblo Awá contrasta en forma marcada con la profundidad de la afectación de sus derechos por el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La insuficiencia de la reacción de las autoridades constitucionalmente responsables de la protección de los miembros de este pueblo se ilustra con total claridad en la respuesta de Acción Social a los documentos que fueron circulados junto con el Auto 251 de 2007, incluido el Informe Defensorial que se cita.

En tal respuesta se incluye la siguiente tabla de resumen:

4.1.  Informe Defensorial sobre la situación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario del Pueblo Indígena Awá, departamento de Nariño, Colombia – Defensoría del Pueblo, junio de 2007.Emergencias, AHE, Generación de ingresosAcciones de prevención, atención humanitaria y restablecimientoEn materia de prevención, protección y restablecimiento se formuló y se inició la ejecución de un proyecto de fortalecimiento a las comunidades indígenas Awá en el municipio de Ricaurte. La ejecución del Plan se vio afectada por los hechos de desplazamiento interno y el minado del territorio a mediados de junio de 2007.
4.2. Comunicaciones del comité de Desplazados Awá del municipio de Ricaurte a la Corte Constitucional – magistrado Manuel José Cepeda, 31 de mayo de 2007.AHEEntrega alimentos y alojamientos.En la tabla resumen del presupuesto general, se estableció la construcción de alojamientos temporales para 160 hogares en la Vereda El Palmar, municipio Ricaurte y la construcción de alojamientos temporales para 30 hogares en el corregimiento de Altaquer, municipio de Barbacoas. Sumada la Cooperación Internacional, Acción Social y el MIJ se invertirán más de 310 millones de pesos.
4.4. Acta de la Mesa Departamental de Nariño – Representantes Indígenas de Putumayo, Pasto, 6 de diciembre de 2006.Coordinación territorialInformación sobre los derechos y beneficios que tienen como población desplazada.Los operadores humanitarios socializan en los talleres de acogida la carta de derechos, de igual forma todos los jueves en la mañana se hace un taller de nuevos incluidos en la UAO donde la profesional de Acción Social les da a conocer la carta de derechos.
4.5. Informe titulado "Situación actual del pueblo indígena Awá – UNIPA-, Departamento de Nariño", por UNIPA – Septiembre de 2006.Prevención, AHE y generación de ingresosPoner en marcha programas de prevención y protección.En materia de prevención, protección y restablecimiento se formuló y se inició la ejecución de un proyecto de fortalecimiento a las comunidades indígenas Awá en el municipio de Ricaurte. La ejecución del Plan se vio afectada por los hechos de desplazamiento interno y el minado del territorio a mediados de junio de 2007.
 Programas de seguridad alimentariaProyecto con UNIPA: Vigencia 2004-2005. 1. Municipio atendido: Barbacoas, beneficiarios: 610 personas. 2. Municipio atendido: Ricaurte, beneficiaros: 853 personas. 3. Proyecto Paneleros, beneficiarios: 483 personas. 4. Proyecto cafeteros I, beneficiarios: 264 personas.

Por otra parte, en respuesta al informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado que se incluyó en dicho Auto 251/07, se informó a la Corte lo siguiente por parte de Acción Social:

"El día 9 de agosto de 2006 se registró el asesinato de 5 indígenas en el casco urbano de Altaquer y la amenaza a 21 líderes más, hecho que generó gran pánico entre la comunidad y un retorno silencioso hacia sus comunidades. Acción Social solicitó a los efectivos del Batallón Cabal presentes en la zona, la adopción de medidas especiales de protección y seguridad en los lugares de albergue y en los cascos urbanos en donde se encuentra la comunidad, se solicitó igualmente la realización de un Consejo de Seguridad y la realización de un Comité Departamental de Atención a Población Desplazada, en donde se tomaron medidas de seguridad para las comunidades y sus líderes.

Posterior al retorno sin acompañamiento y entendiendo que aun la comunidad se encuentra en emergencia, se inició, junto con la Gobernación de Nariño, alcaldía municipal, CAMAWARI, Comité Municipal y Acción Social, un proceso de restablecimiento, en el que formularon propuestas de fortalecimiento organizativo, hábitat, seguridad alimentaria, ampliación del resguardo, protección, seguridad y proyectos productivos. En el proceso de implementación de esta propuesta, en el mes de junio de 2007 se presentó un nuevo hecho de desplazamiento al interior del territorio, el cual ha afectado aproximadamente a 320 hogares."

J. Situación del pueblo indígena Nasa (Páez) ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente.

Los principales documentos que se tuvieron en cuenta para este estudio fueron los siguientes: (1) Informe regional de la Misión Internacional de Verificación al Cauca, septiembre de 2006. (2) Documento titulado "Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario – Zona Norte Departamento del Cauca, 2005-2006 (Primer Trimestre)", por el Consejo Nacional de Paz de Pueblos Indígenas – CONIP, septiembre de 2006. (3) Documento titulado "Informe de la situación de derechos humanos de las mujeres indígenas en el departamento del Cauca – Colombia a la Misión Internacional de Verificación de Violación a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Colombia", por CRIC, ACIN y la Ruta Pacífica de Mujeres. (4) Pronunciamiento de la Asociación de Cabildos Indígenas del municipio de Caldono, el CRIC y la ONIC, septiembre de 2006. (5) Comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas titulado "Preocupación por ataques contra la comunidad Páez de Florida, Valle", 21 de marzo de 2007. (6) Documento titulado "Pronunciamiento de los y las jóvenes en el departamento del Cauca", elaborado por el CRIC – 18 de noviembre de 2006. (7) Pronunciamiento de las mujeres indígenas Páez de Tierradentro, Cauca, 27 de septiembre de 2006. (8) Comunicado del Consejo Regional Indígena del Cauca al Defensor del Pueblo, 26 de septiembre de 2006. (9) Documento titulado "Las mujeres indígenas colombianas y nuestras voces de resistencia", elaborado por el Foro Nacional de Mujeres Indígenas – septiembre 27 de 2006. (10) Documento titulado "Informe Actual sobre la Situación de Violencia en los pueblos indígenas del Departamento del Putumayo/Colombia" – Informe preparatorio para la Misión Internacional de Verificación de la Verdad en Pueblos Indígenas, julio de 2006. (11) Comunicación de las autoridades indígenas del Putumayo a Luis Alfonso Hoyos y la gerente de USAID, 31 de julio de 2006.

1. Panorama general de afectación étnica del pueblo Nasa por el conflicto armado.

El pueblo Nasa ha sido fuertemente afectado por el conflicto armado durante las últimas dos décadas de la historia nacional; su situación actual es crítica. Este hecho fue constatado por la Misión Internacional de Verificación en su visita al Cauca en 2006: "La Misión Internacional de Verificación de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas, en su recorrido por los territorios indígenas del Cauca comprobó la crítica situación de las comunidades indígenas como resultado de la presencia de la Fuerza Pública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros en sus territorios". En efecto, como consecuencia de la penetración del conflicto al territorio Nasa, "los testimonios de comuneros y autoridades indígenas así como la documentación de casos por los consejos indígenas regionales y la Defensoría del Pueblo dan cuenta de las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas contra las comunidades indígenas, mediante masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, detenciones arbitrarias y atentados al territorio, por parte de los actores armados ilegales así como la Fuerza Pública."

De acuerdo con los documentos recopilados, las violaciones de los derechos humanos y del DIH han sido producidas por los grupos guerrilleros y los paramilitares, y también por la Fuerza Pública. Por ejemplo, en los últimos años Toribío ha sido objeto de 17 tomas guerrilleras "que han convertido al municipio en un campo de batalla y convirtiendo a la población civil en escudos humanos". Se registra en este sentido un alto nivel de daño a construcciones civiles por cilindros de gas lanzados por la guerrilla, especialmente las que quedan cerca de instalaciones militares. Igualmente, en la región de Tierradentro -24 cabildos- se ha presentado la muerte de varios indígenas por fuego cruzado entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas, y heridos por minas antipersonal. Se denuncia también un gravísimo patrón de violación de derechos humanos por el Ejército y la Policía, entre otras por: ocupación de edificios y construcciones civiles, instalación de trincheras, barricadas y carpas en hogares, escuela, alcaldía, centros de la comunidad, y agresiones directas contra miembros de la comunidad que participan en manifestaciones colectivas y públicas. "Las comunidades señalaron que entienden la necesidad de la presencia del Estado, pero que no es aceptable que las trincheras y bases policiales se encuentren ubicadas en las escuelas, casas y parques públicos". El temor prevaleciente impide que los casos de violaciones de derechos humanos y del DIH sean denunciados y registrados; hay un alto subregistro de eventos.

Así, entre las múltiples violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas, las autoridades tradicionales resaltan "la muerte violenta de comuneros a causa de homicidios perpetrados por agentes estatales, en particular por miembros de la Fuerza Pública, ocurrieron principalmente en el contexto del conflicto armado interno y de abuso militar y policial en el desarrollo de movilizaciones pacíficas de indígenas del Cauca y miembros de organizaciones sociales, mientras que las muertes atribuidas a las guerrillas de las FARC y el ELN obedecieron a ataques armados contra las poblaciones del norte del departamento, en tanto que las que son responsabilidad de grupos paramilitares se dieron en el contexto de hostigamientos, señalamiento y persecución política de estos grupos, pese a la desmovilización de los frentes que operaban en la región".Los crímenes permanecen en la impunidad.

En los términos de las autoridades indígenas, "el pueblo Nasa del norte del Cauca figura entre los más afectados históricamente por el conflicto armado y las violaciones sistemáticas y permanentes de sus derechos humanos. La continuación de los ataques contra este pueblo sigue revistiendo una enorme gravedad, como lo confirmó el informe realizado por el Tejido de Gobierno Propio, Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, correspondiente al período 2000-2005 (primer semestre), por cuanto durante este período la zona norte ha sido objeto de varios ataques armados o 'tomas' de la guerrilla de las FARC (el 11 de julio de 2002 se registró el primer ataque de las FARC a Toribío, que se constituiría en el antecedente más grave de la toma de que fue objeto esa población y Jambaló, en abril de 2005), de intensos operativos militares y policiales, de señalamientos y ataques contra las estructuras organizativas indígenas y de estigmatización, hostigamiento y persecución contra sus dirigentes"

Según datos de la Fundación Seguridad y Democracia, desde 1998 se reportan en el norte del Cauca más de 2000 eventos de ataques a instalaciones de las Fuerzas Armadas o Policía, emboscadas y hostigamientos; hay presencia de grupos armados ilegales en todos los resguardos, con los combates y hechos de violencia consustanciales. Uno de los peores ataques contra la población urbana y rural de Toribío fue el 14 de abril de 2005, cuando hubo una toma por la guerrilla: "...eran como las 5:40 AM. Primero se escuchó una ráfaga y luego vino una descarga continua. Nos asomamos por la puerta y vimos un guerrillero al frente: allí entendimos que era una toma, y como la última pieza de la casa en la parte de atrás tiene una planchita [techo de concreto], recogimos los niños y nos refugiamos allí. // Luego, la guerrilla empezó a decir que salieran del pueblo o no respondían, pero la gente no salíamos. Parece que les dio rabia y nos dijeron que las cosas se complicarían y que nos atuviéramos a las consecuencias; después, salimos unos pocos y con el Personero se organizó una comisión rápidamente para sacar la gente. Hablamos con el que orientaba el operativo para que dieran tiempo para ello, pero inicialmente se negó, dijo que ya habían avisado y dado el tiempo suficiente; que no era problema de ellos. Después de tanto rogarle, casi suplicarle, nos dio 20 minutos; se recorrió el pueblo rápidamente. Sacamos la gente en medio del fuego; la mayoría se fue al salón comunal del barrio Coronado. A los veinte minutos exactamente, empezaron a lanzar bombas, nosotros desde allá las veíamos y cómo cada una destruía, poco a poco, este pequeño pueblo. (...) Allí en el salón comunal cayó una granada de mortero e hirió a mucha gente" – testimonio de habitante de Toribío, abril de 2005.  El resultado de la toma guerrillera y la respuesta gubernamental fue el siguiente: "Veintisiete (27) civiles heridos, de los cuales seis (6) en estado grave, un niño indígena de 9 años muerto, cinco (5) policías heridos y tres (3) muertos, diecisiete (17) viviendas totalmente destruidas, ciento veinte (120) viviendas con daños parciales, sesenta y ocho (68) casas con daños leves, la destrucción de la Casa Cural, daño parcial a la edificación de la iglesia católica local y la sede de la Institución Educativa 'Toribío', de donde hurtaron dinero en efectivo, una filmadora, una cámara fotográfica y remesa [alimentos] perteneciente a los estudiantes, veintiún (21) familias reubicadas en albergues temporales organizados por las autoridades locales y ciento veinte (120) familias damnificadas" – Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco: "Denuncia pública de los hechos sucedidos en la cabecera del municipio de Toribío, el día 14 de abril del año 2005" – Proyecto Nasa, Toribío (Cauca), 17 de abril de 2005.

La lucha de los Nasa por la recuperación de tierras establece el contexto de su afectación por el conflicto armado, en un entorno de alta concentración de la propiedad inmueble en el Cauca; especialmente a partir de la masacre de El Nilo en 1991. Al respecto se denuncia: "Tras muertes, ataques y heridas a líderes en décadas de lucha, pero sobre todo a raíz de la masacre de El Nilo, en Caloto, donde fueron asesinadas 20 personas, en diciembre de 1991, a manos de una alianza narco-paramilitar-terrateniente, protegida por la III Brigada del Ejército y la Policía, el Estado no cumplió los acuerdos suscritos con los indígenas el 23 de diciembre de ese año, ni el acuerdo de Novirao, ni el compromiso explícito hecho por el gobierno de Ernesto Samper (29 de julio de 1988), que reconoció públicamente la responsabilidad estatal en este asesinato masivo". Los acuerdos fueron ratificados en el Convenio de La María, septiembre de 1995. Sin embargo, han denunciado reiteradamente el incumplimiento de los compromisos del Gobierno de reparación por las masacres del Nilo (1991) y del Naya y Gualanday (2001).

Según explican las autoridades indígenas, "históricamente, la región del norte del Cauca ha sido territorio de disputa entre los grupos armados y el Estado, que la consideran corredor hacia el Pacífico y se han instalado en las zonas montañosas para desarrollar allí acciones bélicas en la zona indígena"; esto genera violaciones constantes de los derechos humanos. Desde 2004 se incrementa la presencia de la Fuerza Pública, con incremento correlativo de los combates, hostigamientos, ataques, emboscadas y tomas por guerrillas, en detrimento de la población civil indígena: "En este contexto, las manifestaciones del conflicto armado son múltiples e involucran el uso de armamento pesado por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía, así como de armas prohibidas y no convencionales por parte de las guerrillas, especialmente pipetas de gas con explosivos, que son lanzadas desde plataformas desde las altas montañas a los centros poblados, en donde se concentra la fuerza pública. // Los innumerables casos de violaciones del Derecho Internacional Humanitario implican a todas las partes en la contienda, sin excepción, puesto que en todas prevalece la lógica de la victoria militar, en detrimento de la población civil, que es vista como aliada o enemiga, según corresponda al caso".

Manifiestan las autoridades indígenas que el desarrollo e intensificación del conflicto armado ha impactado la vida comunitaria: "En desarrollo del conflicto, y al volverse nuestros territorios escenarios de fuertes enfrentamientos, unos so pretexto de combatir a la subversión armada, y los otros por defender lo que ellos consideran como de ellos, 'el territorio', se han cometido innumerables atropellos al territorio, afectando a sitios sagrados, viviendas, animales y cosechas. Si sumamos los heridos y muertos tanto de comuneros, como de los integrantes de uno y otro bando, es trágico el resultado de la guerra. Esto es lo que logran los contendientes: ¿o es que la intención es la de asustarnos para que les dejemos el territorio?" Los ataques y ocupación de bienes civiles, hostigamientos a civiles, son permanentes, "como los hechos ocurridos el 21 de mayo de 2005, cuando las FARC hostigaron a la población congregada en Toribío durante la presentación del 'Show de las estrellas'...". Los ataques y las tomas han destruido bienes civiles, pero también hay permanentes ocupaciones de escuelas, lugares de habitación, iglesias, centros comunitarios, de salud y otras instalaciones civiles y comunitarias. Por otra parte, hay quejas recurrentes de la población por instalación de garitas y trincheras en medio o al lado de las viviendas civiles: "la principal queja de la población se refiere a la instalación de garitas y trincheras en medio de las casas de habitación de la gente, inclusive usando las casas como parte de la construcción, al habilitar trincheras con bultos de arena y plásticos negros usando las paredes de viviendas civiles, o en el caso de Toribío, tomándose totalmente la anterior 'Casa de la Cultura' para convertirla en una base de la Policía contraguerrilla...".

La intensificación del conflicto armado se ha reflejado en la creciente militarización del territorio por los grupos enfrentados: "La presencia y ocupación militar causa gran daño en nuestros cuerpos, vidas y territorios, destruye los páramos, los ojos de agua y las lagunas. Con sus bombardeos aéreos, minas antipersona, pipetas y combates, convierte nuestros sitios sagrados en un campo de guerra; limita nuestras prácticas culturales, ceremonias religiosas y rituales, pone en riesgo nuestros valores en relación con la madre tierra y transforma nuestra vida cotidiana en una permanente situación de temor, destrucción, amenaza, persecución y violencia".

Dicen que las restricciones a la libertad de circulación son causadas por todas las partes en conflicto, mediante retenes, o por operaciones militares, combates o movilización de tropas, que lo impiden; se reporta control de horarios y movilización, por ejemplo hay un toque de queda en la práctica por la noche; también se denuncia la prohibición de desplazarse por determinadas zonas, y el riesgo derivado de la presencia de tropas o de minas antipersonal. Durante los combates por ataques de guerrillas a las tres poblaciones más afectadas –Caldono, Jambaló y Toribío-, entre 2004 y 2006, las comunidades han visto limitado el acceso a alimentos y medicamentos, por los retenes numerosos establecidos tanto por las Fuerzas Armadas como por las FARC y el ELN. En un comunicado del CRIC de Popayán, del 14 de abril de 2005, se explica: "El acceso al municipio por la vía Caloto, está 'controlado' por los actores armados de la guerra, que se han repartido el área y la vía de penetración de la siguiente manera: - Un retén militar de control permanente por parte del Ejército Nacional en el corregimiento El Palo; - Tres retenes militares de la guerrilla ubicados en el sitio conocido como 'El Tierrero' [y en] Río Negro y La Despensa; - Un puesto de control de la Policía y el Ejército a la entrada del casco urbano de Toribío; - En varios sitios estratégicos de los alrededores y cerca al casco urbano se encuentra ubicada la guerrilla, en lo que queda del casco urbano y en algunos sitios del área rural está el ejército y policía nacional. // La distancia entre un retén del Ejército y la guerrilla no supera los dos o tres kilómetros de distancia. (...) La situación real de la población urbana y rural en estos momentos después de tantos días de combates es muy crítica, por ejemplo: La escasez de alimentos es alarmante en los cinco sitios de Asamblea Permanente... Las condiciones precarias y de hacinamiento que están viviendo los pobladores, sobre todo los niños y ancianos es debido a que a muchos les toca amanecer sentados o caminando por la escasez de logística necesaria para atenderlos (...). La crisis de salud que tiende a agravarse en la región, porque no se cuenta con el hospital de la localidad, el cual fue averiado a raíz del estallido de varias pipetas que cayeron muy cerca y por el ametrallamiento de la Fuerza Aérea colombiana. El cansancio que ya es notorio en los agentes de salud y voluntarios que atienden la situación de emergencia desde que empezaron los combates...".

En este sentido, se ha informado que el Cauca es uno de los departamentos más afectados por minas antipersonal y municiones sin explotar, dado el escalamiento del conflicto. Se reporta, por ejemplo, la muerte del indígena Luis Ascué de 55 años por una mina antipersonal en el páramo Granizales, cerca de la laguna que alimenta el Río Negro.

Los indígenas se han opuesto expresamente a la ocupación de edificios comunitarios y vías y a la construcción de garitas y trincheras por el Ejército:

"Como es de su conocimiento, acontecimientos recientes de violencia sobre los pueblos indígenas de Jambaló, Toribío y Caldono han motivado reacciones de las comunidades indígenas, en especial las comunidades Nasa del municipio de Jambaló, quienes emitieron Resoluciones de derecho propio, reclamando de la Fuerza Pública devolver los salones comunales, despejar las vías y levantar las garitas que se encuentran en medio de las viviendas de los cascos urbanos de los dos municipios...

(...) la comunidad internacional es testigo que los enfrentamientos en nuestros territorios con armamento pesado, aviones y helicópteros que ametrallan y bombardean alrededor de nuestras viviendas, sobre los sitios comunales, así como escuelas y centros de salud, aparte que los grupos armados nos utilizan como escudos humanos, generando situaciones lamentables que afectan vidas humanas, como lo sucedido en días pasados en el norte del Cauca, donde un niño de 10 años resultó muerto por efecto de un disparo de mortero, que cayó cerca de un establecimiento educativo donde se encontraban reunidas más de dos mil personas.

(...) En varios comunicados de las autoridades indígenas se menciona que la presencia armada en territorios indígenas se hace a modo de ejércitos de invasión, pues las tropas de los diferentes bandos colocan trincheras en los sitios comunales, en las vías públicas y se ubican dentro de los solares de las viviendas civiles, señalan a los comuneros como colaboradores del ejército contrario, asesinan a nuestros dirigentes, reclutan nuestros jóvenes y dejan minas antipersonales y munición sin explotar que ponen en peligro nuestras vidas; también utilizan nuestras mujeres como objetos sexuales, fomentando situaciones lamentables como el caso de una niña de catorce años que fue ultimada por las FARC en Toribío, bajo el argumento de ser novia de un policía".

Los líderes de los Cabildos del Norte del Cauca son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, pero según indicó la Misión Internacional de Verificación, a la fecha de su visita el Gobierno no había concertado ni implementado las medidas de protección para los líderes indígenas.

Se ha denunciado igualmente la invisibilidad del problema ante las autoridades, específicamente el Gobernador del Cauca; en términos de la Misión Internacional de Verificación de 2006: "Preocupa la gran diferencia entre lo informado por el Gobernador Departamental y sus asesores y lo que informaron los organismos de monitoreo estatales y locales así como las comunidades y autoridades indígenas en relación a la reparación de territorios, protestas pacíficas y violaciones de DIH y Derechos Humanos por los actores armados ilegales".

Las autoridades indígenas reportan el reclutamiento de jóvenes indígenas por la guerrilla y los paramilitares. En efecto, el reclutamiento de menores de edad ha aumentado con la intensificación del conflicto, pero la respuesta de las comunidades ha sido la de evitarlo, ofreciéndoles otras alternativas o reclamándoselos a los grupos armados: "El reclutamiento de niños, niñas y jóvenes se ha aumentado desde que arreciaron los combates en la zona norte. Sin embargo, la respuesta comunitaria sigue siendo la de evitar la vinculación de estos menores, invitándolos a unirse a la Guardia Indígena, cuerpo civil no armado, que defiende el territorio. De la misma manera, las comunidades, y en especial las mujeres, se han enfrentado a los armados y han logrado el retorno de sus seres queridos. Desde abril de 2004 a abril de 2006, la situación de presiones de las partes en el conflicto para reclutar personas ha sido mayor".

Una mujer del resguardo de Toribío relata, en este sentido, el rescate de un menor de edad reclutado por las FARC a través de la presión inmediata de la comunidad: "En 2003 mi hijo se me fue a la guerrilla. Yo no esperé a que se lo llevaran, sino que el mismo día yo actué. Yo estaba trabajando como coordinadora local del programa de mujer; les dije que no permitía que se llevaran a mi hijo así. Cuando fui a averiguar al sitio donde se lo habían llevado, me dijeron que lo habían remitido para otro sitio. Yo le dije al mando que me hiciera el favor de soltarlo, que era mi único hijo, porque yo no me maté tanto así para criarlo para que ellos me lo quitaran de esa forma. Que yo sufría tanto por él. Ellos me dijeron que él había tomado la decisión, según él porque yo no lo había sabido comprender. (...) Yo conté con el apoyo del Cabildo, y por último logré que el Gobernador indígena se comunicara con el mando, y no era solamente mi hijo, sino seis más. Y sí lo tenían en el sitio inicial, y me habían mentido a mí... el Gobernador nos apoyó y nos dimos cuenta que no estaban tan lejos. ...a los ocho días regresó. Ya lo tenían en el filo, para mandarlo para el Huila. Mi hijo agradeció que lo hubiéramos rescatado, porque dormía en un barrizal, y no los dejaban tranquilos... Al final, la guerrilla lo dejó ir, porque sabían que la mamá y el Cabildo lo estaban buscando". Otra mujer relata así otro caso: "Una muchacha de 16 años que se fue a la guerrilla, por no hacernos caso a la familia; ella no tenía papá ni mamá, sino que se apoyaba en otros familiares. Cuando ella vio muy difícil la situación allá en donde la llevaron, en zona rural de Jambaló, porque ella creyó que allá todo era fácil, entonces los familiares la buscaron, pero no dieron con ella. Luego ella se escapó, cuando estaba 'guardiando' y aunque ellos la siguieron, ella logró llegar hasta nuestra vereda; ella no tuvo mayores dificultades allá, y la misma guardia y las mujeres, la apoyamos a ella, escondiéndola, mientras veíamos cómo íbamos a hacer para que el cabildo la protegiera. (...)". Las autoridades indígenas presentan, en la misma línea, la denuncia siguiente -  "...la acción de la guerrilla sigue afectando de manera directa a adolescentes indígenas. El Movimiento Juvenil 'Álvaro Ulcue' denunció el reclutamiento forzado en las veredas La Cabra, López, Natalá en Toribío, por parte de la guerrilla de las FARC. Igualmente, en el Cabildo y Resguardo Miranda, La Aurora y Munchique – Los Tigres. Durante el proceso de capacitación con jóvenes indígenas de ambos sexos, emprendida por el Movimiento Juvenil, se infiltraron milicianos de las FARC. Dos jóvenes del grupo fueron llevados a la fuerza por la guerrilla un fin de semana y a los seis días ya los tenían camuflados y armados. Eran una niña de 13 años y un niño de 16."

También se reportan combates en el resguardo de Tacueyó, el 27 de abril de 2005: en la vereda La Luz y el poblado, con lanzamiento de pipetas de gas, explosivos y ametrallamiento, que afectó a la población civil y sus viviendas. Se reportan 3 niños heridos: John Wilmar Canás, 13 años, con herida de bala en la espalda; Freiden Dubán Otela Liponce, 12 años, y su hermana Carolina Otela Liponce, 10 años. "Estos enfrentamientos han causado un gran pánico en toda la comunidad, por esto, la comunidad se ha concentrado en los sitios de asamblea permanente, definidos por los cabildos y la guardia indígena, como mecanismo de resistencia en el territorio" (p. 23). Se reporta que al momento de la visita de la Misión Internacional de Verificación a Toribío en junio de 2006, "ninguna de las viviendas rurales o urbanas había sido reconstruida con fondos gubernamentales; según denunciaron los habitantes del municipio, es gracias a su propio esfuerzo que han logrado ir recuperando las casas destruidas por los combates".

Se reporta violencia, maltrato, abuso y sobretodo violencia sexual contra las mujeres y niñas – según informan, si se resisten, se les señala de guerrilleras y se les amenaza. "En el caso del municipio de Toribío se ha dado el caso de niñas escolares que han sido abusadas sexualmente por la Policía, como en 2004, cuando un oficial de Policía, de 21 años abusó de una niña de 11 años, diciendo que ella se había prestado a tener relaciones sexuales".

Se denuncia también que el establecimiento desde 2003 de la red de informantes y cooperantes, con pago de dinero por dar información, desembocó en falsos señalamientos y retenciones masivas que a la larga resultaron infundadas. Los indígenas han expresado su desacuerdo con las distintas campañas de las Fuerzas Armadas que estimulan a miembros de las comunidades a vincularse al Ejército o a la red de informantes, por ejemplo, mediante mensajes de radio en lengua indígena, presentándolo como oportunidad laboral o de acceso a recursos y status; esto genera tanto inseguridad para sus familias como aculturación, incluido el consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo y recurso a la prostitución: "uno de los problemas más importantes en la zona es el aumento del consumo de sustancias psicoactivas por parte de oficiales de policía y policías bachilleres (reclutas) que están causando un impacto muy negativo en el resto de la juventud del municipio, ya que se han identificado casos de jóvenes indígenas que están expendiendo la droga (marihuana y bazuco) a los policías y el alcoholismo y la prostitución en indígenas que hacen parte de cuerpos armados estatales y no estatales".

El impacto del conflicto armado sobre los derechos económicos, sociales y culturales de los Nasa es agravado por su respeto hacia la naturaleza. Según explican las autoridades indígenas, "la zozobra psicológica producto de los combates diarios, el sufrimiento que causa el no saber nada de nuestros animalitos, la finca, la casa y demás cositas que dejamos botadas cuando salimos corriendo para protegernos de los combates. La tristeza y preocupación de muchos del área urbana que lo perdieron prácticamente todo, es una consecuencia más de los bombardeos de la Fuerza Aérea y las pipetas lanzadas por la guerrilla. La interrupción de labores agrarias de los pobladores y de las labores académicas en los centros escolares, causados por la destrucción de algunos centros, al ser utilizados como trincheras de combates y la gran dificultad del tráfico de vehículos a la zona por el temor de ser impactados por alguno de los bandos en guerra". El impacto del conflicto armado sobre las actividades de subsistencia económica es muy alto; hay pérdida de cultivos y cosechas por los combates. Hay afectación del derecho a la vivienda por destrucción total o parcial, saqueo durante enfrentamientos y ocupación por los actores armados. También hay afectación del derecho a la alimentación por los retenes que impiden el libre tránsito de alimentos, incluidos los insumos del ICBF para alimentación escolar, por las Fuerzas Armadas – se reporta decomiso de insumos agrícolas como venenos, fungicidas, de combustible y de mercados; del ICBF solo dejan pasar la bienestarina.

Las autoridades indígenas se han declarado neutrales ante el conflicto armado. Así por ejemplo, en un comunicado de mayo 21 de 2005, las autoridades del CRIC expresaron: "Las autoridades indígenas del Cauca rechazamos estas acciones de las FARC, que ponen en riesgo la integridad física y mental de la comunidad. Insistimos en afirmar que mientras las trincheras [de la Fuerza Pública] sigan ubicadas en medio de la población civil, el conflicto va a continuar; por esto ratificamos nuestra propuesta de una salida negociada al conflicto armado en Colombia. Solicitamos a los actores armados en conflicto, respetar el Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios humanitarios de distinción, limitación, proporcionalidad e inmunidad de la población civil". De igual manera, en abril de 2005, el CRIC declaró: "Frente a los actores armados, el proceso responde con la reanimación recurrente de su autonomía, con la exigencia de respeto y con actos de resistencia comunitaria y construcción de alternativas prácticas. El pueblo Nasa, en unidad con el movimiento indígena rechaza la guerra por no ser de los pueblos sino contra éstos y porque sabe muy bien que la guerra no puede ser ganada por ninguna de las partes ni el conflicto tiene una solución militar e insiste por tanto en encontrar una salida política negociada al conflicto armado y a la injusticia social, basada en el respeto a la vida y a la autodeterminación de los pueblos".

El conflicto armado también ha exacerbado la violencia contra las mujeres del pueblo Nasa. Entre las formas de violencia contra la mujer que ello conlleva se cuentan: violencia sexual (con sus secuelas), enamoramiento como táctica de guerra, reclutamiento forzado, asesinatos, desplazamiento.  Las violencias de género muchas veces se dirigen contra el proceso organizativo, las mujeres líderes y la participación femenina: "Varios de los hechos aquí denunciados tuvieron origen en los actos simbólicos sobre la liberación de la madre tierra y en el proceso de unidad de las organizaciones sociales, en donde nosotras seguimos siendo parte de su constante consolidación, hoy sentimos temor que actos como estos se repitan, como forma de 'castigo', con la intención de frenar nuestra participación política como mujeres indígenas y como pueblos en resistencia"; esto genera miedo y zozobra que desestimulan la participación. Se denuncia, por ejemplo, la violación de una niña de 11 años por un policía que la intimidó: "Las mujeres indignadas denunciamos: la violación de una menor de 11 años en el 2004 por parte de un agente de policía, quien abusando de su poder, atemorizó a la niña con el argumento de 'que si no estaba con él es por que compartía con la guerrilla'". La violencia sexual es una estrategia de los actores armados dentro del conflicto: "la posesión de nuestros cuerpos como un botín de guerra por parte de los distintos actores armados, es una táctica premeditada que se utiliza dentro de nuestros territorios. Actos de violencia que en repetidas ocasiones quedan ocultos bajo el silencio de las mujeres, por distintos motivos, como el temor de enfrentarnos al victimario cuando éste abusa del terror que causan las armas". Se reporta la amenaza de violencia sexual contra las mujeres como estrategia de los actores armados para restringir la movilidad: "Así por ejemplo se imponen criminalmente amenazas como el hecho de que las niñas que transiten a determinadas horas serán violadas por los miembros de las fuerzas militares". En cuanto al enamoramiento como táctica de guerra, las mujeres indígenas explican: "Los diferentes actores armados vienen utilizando como estrategia de guerra, el enamoramiento de las niñas y mujeres de nuestra comunidad, con el ánimo de obtener información, aprovechándose en muchos casos de su ingenuidad, sus vacíos afectivos o problemas familiares; involucrándolas así en un conflicto del cual no son parte, colocando en alto riesgo sus vidas y las de nuestras familias". Esto ha generado amenazas a 9 familias y el desplazamiento de 5 jóvenes. Los actores armados las culpan a ellas. Los casos de enamoramiento han causado embarazos que desintegran familias, y se reportan casos de infecciones de transmisión sexual. "Cuando una mujer indígena se involucra afectivamente con alguno de los actores armados, ésta inmediatamente se convierte en objetivo militar, se les amenaza y se les asesina. Un reciente ejemplo es el caso de Paula Andrea Yule Vitonás asesinada el 29 de agosto de 2006 en el resguardo de San Francisco Municipio de Toribío por el sexto frente de las FARC".

2. Relación detallada de los crímenes sobre los cuales se ha informado a la Corte.

La Corte ha sido alertada sobre una serie de crímenes de los que han sido víctimas miembros del pueblo indígena Nasa. En los documentos que sirven de fuente a este aparte se mencionan, entre otros, los siguientes crímenes perpetrados contra la población Nasa en el marco del conflicto armado:

- Se denuncia la muerte del menor indígena Wilder Fabián Hurtado, y lesiones personales a Bautista Yule y Robinson Ullune, el 16 de septiembre de 2005 en Jambaló – vereda Zumbico, "causado por el impacto de esquirlas de una granada de mortero lanzada por miembros del Ejército Nacional – tropas del Batallón Pichincha al mando del Teniente Espinel. El artefacto explosivo cayó a pocos metros de donde se encontraban reunidos más de 2500 indígenas, quienes estaban haciendo actividades para recolectar fondos destinados al mejoramiento de la escuela del municipio".

- Se denuncia la muerte de la menor Paula Andrea Yule por las FARC el 29 de agosto de 2006 en Toribío, cuando apareció su cadáver a 2 kilómetros del área urbana de Toribío, en la vía a San Francisco, con señales de violencia sexual, tortura y mutilación, por la relación afectiva que sostenía con un policía.

- Se denuncia que el comunero y guardia indígena del resguardo de Corinto, José Pedro Pascué Casas, fue muerto durante la acción de la Policía Nacional contra una Cumbre de Organizaciones Sociales del 15 al 20 de mayo en La María – Piendamó; se reportan heridas a más de 40 participantes y detención de 29 personas.

- Se denuncia la detención arbitraria y engañosa de los comunicadores de la Emisora del Resguardo de Caldono: "La Misión (Internacional de Verificación) fue informada de la detención arbitraria de los comunicadores sociales de la emisora del resguardo de Caldono, Rubiel Lis Velasco y Griseldino Yafue Guetoto, detenidos el martes 19 de septiembre del 2006 en Caldono, cuando se presentaron varios hombres en las oficinas de la emisora como funcionarios del Ministerio de comunicaciones, y les informaron que existía un problema con la licencia de la emisora. Con este pretexto, fueron conducidos a Liberia, Popayán, y finalmente a Santander de Quilichao, donde posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad competente acusados del presunto delito de rebelión. Estos hechos se unen a otras denuncias realizadas contra varias emisoras comunitarias e informaciones sobre la judicialización contra más de 40 comuneros indígenas".

- En 2004, hubo 6 homicidios por las FARC en los resguardos de Canoas, San Francisco, Alto y Bajo Naya, Guadualito, y Buenos Aires en el Cauca. En 2005, hubo 5 homicidios por las FARC y 1 por las AUC, en Canoas, Alto y Bajo Naya, y Buenos Aires.

- Se reporta, el 29 de enero de 2005, el asesinato del líder Ever Cunda en la vereda El Cabildo, Resguardo La Cilia (Miranda) – tenía 38 años, 3 hijos, y era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda; "fue amenazado por las FARC junto con Jairo Lasso y Ernesto Cunda (Consejero de la ACIN), hechos que fueron antecedidos por el asesinato del coordinador de la Guardia Indígena de la vereda Monte-redondo de ese resguardo", en el contexto de la intensificación del conflicto en la región por militarización en reacción a la guerrilla.

- El 10 de noviembre de 2005, se denuncia el asesinato de Belisario Camayo, de 16 años, en la Hacienda El Japio, por la Policía y el Ejército, hechos en los que también fue herido Yerson Menza, de 20 años.

- En hechos de La María, el 16 de mayo, murió el Guardia Indígena José Pedro Pascué Canaz, de Corinto, 35 años, presuntamente por miembros del Ejército y la Policía.

- Hay denuncias de retención y maltratos graves de indígenas por las Fuerzas Armadas y la Policía, sindicando a las víctimas de ser guerrilleras. Según testimonio de una comunera del resguardo de San Francisco en Toribío, junio de 2006: "La guerrilla y el ejército nos maltratan, porque no nos quieren respetar a las mujeres. Llegan a la casa y nos preguntan muchas cosas, que si por ahí hay guerrilleros; hay como tres o cuatro hombres de la vereda que han sido atropellados por el Ejército. En 2005 el Ejecito detuvo a Graceliano Ulcué. El estaba un día domingo, borracho, y se encontró con la tropa, lo cogieron y lo patearon. Le pidieron papeles y él los mostró y el ejército lo fue pateando. Después le dijeron que lo iban a matar. Era la abuela que estaba y los niños míos, y ellos se pusieron a chillar, porque según (el soldado) lo iba a matar delante de los niños. Entonces lo dejaron y le dijeron que porque había muchachos, no lo mataban. Sí lo dejaron amenazado y cuando dijeron que tocaba denunciar a la Personería, nos preguntaron el apellido del soldado, pero no lo sabíamos y no pudimos hacer nada".

- Según el mismo testimonio, "un muchacho Micase Uri Musicue, fue detenido por el Ejército. El es un Coordinador de la Guardia, y lo detuvieron por el radio de comunicaciones que tiene. Fue llevado con la cara amarrada, y se lo llevaron con ellos. Ese caso se presentó en abril a la Personería. Ellos no atendieron que él tenía el carné y la radio, y no nos dimos cuenta. Lo tiraron al suelo, y dijo que lo amarraron hasta que quisieron soltarlo".

- El 28 de noviembre de 2005, el gobernador del cabildo de La Concepción en Santander de Quilichao denunció amenazas por presuntos miembros de las FARC para desviar recursos de transferencias a los resguardos - $12 millones-, y su dotación de botas, machetes y linternas.

- La Defensoría del Pueblo, en el Informe Defensorial sobre la Situación de derechos humanos de las comunidades indígenas del norte del Cauca en 2003 expresa: "A las AUC se les atribuye un número mayor de homicidios, masacres, desplazamientos y desaparecidos (77 casos), y se especula que la autoría de muchos que están sin identificar (19 casos) puede ser responsabilidad AUC. (...) con la presencia de las AUC se volvió a presentar este fenómeno con una magnitud considerable: durante el año 2001, 13 indígenas fueron desaparecidos y 3 durante el año 2002".

- Se denuncia que el 22 de marzo de 2005, las FARC asesinan a Adriana Caso Visconda, de 17 años, generando terror en la comunidad.

- Según denuncian las autoridades indígenas, "Cristóbal Secué empleó recursos para investigar la muerte de comuneros a manos de las FARC y aplicó sanciones penales a los responsables. Fueron estos mismos quienes en retaliación, le darían muerte. Un año después, por haber adelantado las averiguaciones sobre el homicidio de Secué, el responsable del programa, Aldemar Pinzón, fue también asesinado por las FARC, en el sitio Bodega Alta, Resguardo de Huellas (Caloto)". Por estas muertes a su vez se llevaron a cabo nuevos juicios.

- De conformidad con los datos de testimonios y familiares en el norte del Cauca en julio de 2005, las mujeres denunciaron 32 casos de violaciones o abusos sexuales contra mujeres y niñas indígenas por los grupos armados y la Fuerza Pública.

Según un testimonio de mujer de Tacueyó: "En el resguardo de Tacueyó en el municipio de Toribío, dos mujeres indígenas fueron abordadas por dos soldados, quienes les preguntaron si habían visto pasar a una mujer con un tatuaje. Las mujeres que no sabían lo que era un tatuaje, le respondieron que no habían visto nada, que no sabían qué era eso de los tatuajes. Luego de esta respuesta los soldados obligaron a las mujeres a desnudarse, bajo el pretexto de la búsqueda del tatuaje, y procedieron a tocarles los senos. Estando en esta acción, llegaron dos sobrinas de las señoras, de 13 y 14 años de edad, quienes fueron víctimas del mismo proceder por parte de los soldados".

Según el testimonio de una mujer indígena de Caldono sobre hechos ocurridos durante la campaña de toma a la hacienda Japio, recibido el 24 de octubre de 2005: "Ella estaba cuidando el mercado, era la encargada de repartir el mercado a las diferentes cocinas. Ella estaba allí con niños menores de edad. Llegaron unos policías y le dijeron esta gran puta la vamos a violar. La cogieron y se la llevaron de ahí para abajo del pelo, no la llevaron caminando. La llevaron camión adentro. Ella ya no sentía porque estaba perdiendo el conocimiento. Ella pensaba que la iban a violar. Se le subieron encima pisándola y le echaron gases en la cara. Le quedó la cara toda quemada. Como habían otros compañeros detenidos insultaban a los policías y por eso no la violaron. En el canje la soltaron y ella volvió a Japio. Ella quedó como café, como cicatrizada, quedó traumatizada. Ella era muy activa, ahora casi no participa".

El testimonio de una mujer que estuvo presente en los hechos de la María de mayo de 2006 indica: "Cuando los ESMAD cogieron a las mujeres en la María, les decían 'estas hijueputas están buenas para llevárselas al cafetal, para calmar esta arrechera' decían los de la ESMAD. Se envolvían el cabello en las manos para arrastrarlas. A ellas les pegaban, las arrastraban, las azotaron. (...) lo que pasa es que ellos no tuvieron espacio de más. (...) Finalmente no se supo si las violaron".

"Cuando una mujer indígena se involucra afectivamente con alguno de los actores armados, ésta inmediatamente se convierte n objetivo militar, se les amenaza y se les asesina. Un reciente ejemplo es el caso de Paula Andrea Yule Vitonás asesinada el 29 de agosto de 2006 en el resguardo de San Francisco Municipio de Toribío por el sexto frente de las FARC".

- Hay una denuncia por la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldono, CRIC, ONIC, septiembre de 2006, sobre la detención arbitraria de los dos comunicadores de la emisora indígena, Rubiel Lis Velasco y Griseldino Yafue Guetoto, el martes 19 de septiembre de 2006 en Caldono, sin orden de captura ni razón, junto con hostigamiento a la emisora Radio Usual Nasa Yuwe Estéreo.

- Se denuncia el asesinato del joven Páez Jhon Jairo Ramos Campos por las FARC – columna Gabriel Galvis el 4 de marzo de 2007 en la vereda Granates – municipio de florida; el joven había hecho parte de las FARC, desertó y se incorporó a la red de informantes del ejército. Las FARC amenazaron a la comunidad.

- El 13 de marzo de 2007, tuvo lugar el homicidio de Apolinar Poscué Yonda en la vereda el Salado, por desconocidos.

- El 17 de marzo de 2007, tuvo lugar el homicidio de Ricardo Ipía Dagua en la vereda Altamira, por desconocidos.

- Las autoridades indígenas han denunciado "que sin excepción, todos los actores armados han ejecutado asesinatos sobre jóvenes indígenas que defendían la vida, la organización y la comunidad: Henry Silva, comunero del territorio de Tierradentro, asesinado por las fuerzas del Estado; Víctor Muñoz Pacinga, comunero del territorio Norte, del Resguardo de la Concepción, asesinado por presuntos paramilitares; Belisario Camayo y Pedro Pascué comuneros del territorio Nor-oriente y Norte asesinados por las fuerzas del Estado".

- Se denuncia un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y guerrilla el 19 de enero de 2006 en el sitio Barro Negro del resguardo de Vitoncó, en el que fueron heridas las indígenas Flor Basto y Mausaen Elena Mulcue, y murió el conductor del bus. El mismo día se asienta el ejército en el sitio sagrado Tafxnu de la comunidad de Taravira-resguardo de Talaga, instalando armas de largo alcance para ataque, generando el desplazamiento de las familias cuyas viviendas eran aledañas. "El primer artefacto que lanzó la fuerza Pública desde Taravira, cayó sobre la población indígena de Caloto resguardo de Huila, donde muere el joven estudiante Omar Henry Silva Pete de 19 años de edad que en el momento prestaba el servicio de la Guardia Indígena, igualmente fue herido Félix maría Cucha pacho, también se destruyeron unas viviendas". En resguardo de Tóez, mujeres y menores fueron desplazados a la cabecera municipal de Páez. "En el transcurso de estos enfrentamientos la Fuerza Pública maltrató a la población civil, señalándolos como auxiliadores de la guerrilla y tomando las pertenencias de las viviendas como alimentos, animales y otros enseres".

- 8 días después cayeron víctimas de minas antipersonal: Leonel Finscue y Andrés Atillo del Resguardo de Huila; 2 niños: Ovidio Montano Baicue y Oliverio Montano Baicue del resguardo de Vitoncó, con secuelas físicas y psicológicas.

- Se denuncia un caso de detención arbitraria de una mujer indígena con discapacidad mental y en estado de embarazo - "El día 23 de marzo del presente año fue detenida en Silvia Cauca Benilda Pete Cuetetuco del resguardo de Huila Páez y recluida en la cárcel La Magdalena de Popayán, sindicada por extorsión, del cual esta compañera tiene limitaciones mentales y la autoridad del resguardo hizo las diligencias de autoridad tradicional pero no fue escuchada, sin embargo le dieron la libertad el día 23 de septiembre del presente año por su estado de embarazo con la condición de seguir presentándose cada tres meses".

- El CRIC denuncia el asesinato, el 9 de enero de 2006, de Hortensia N. Tunja Cuchumbe de 17 años por miembros del Batallón Cacique Pigoanza del Ejército, cuando volvía de una fiesta comunitaria. Ella era empleada doméstica en Bogotá, pero su mamá manifiesta que las Fuerzas Armadas le dijeron que era guerrillera. En la acción también resultó muerto Manuel Antonio Tas y herido William Cuarure Medina.

- Se reporta que, el 5 de agosto de 2006, fue herida con una bala de fusil la niña Erica Eliana Casamachín Tenorio, de 8 años, durante un hostigamiento de las FARC a la policía de Toribío en pleno parque principal en un día de mercado.

- Se denuncia que, el 14 de octubre de 2008, fue asesinado un comunero indígena en el Cauca.  Según se reporta en el periódico El Tiempo, "el comunero Nicolás Valencia Lemus, de 39 años de edad, fue asesinado el pasado domingo por presuntos integrantes de las Águilas Negras en la vía que de El Palo conduce a Toribío, en el Cauca, cuando viajaba en un vehículo junto con su esposa y su hijo. // Al parecer, dos hombres encapuchados que se identificaron como miembros de esta organización ilegal le dispararon delante de su familia. Los delincuentes, antes de huir, escribieron en los vidrios del vehículo "Águilas Negras" // Nicolás era hermano de reconocidos líderes del movimiento indígena del Cauca."

3. Medidas interamericanas de protección de miembros del pueblo Nasa.

El 31 de octubre de 2005, la CIDH otorga medidas cautelares a favor de 9 líderes de la ACIN. "La información provista indica que el pueblo Nasa que habita en el norte del Departamento del Cauca, y en particular sus líderes, habrían sido objeto de actos de violencia y amenazas por los actores del conflicto armado asentados en esa zona, así como de señalamientos del Ejército Nacional. En vista de la situación de riesgo para los beneficiarios, la Comisión solicitó al Gobierno colombiano la adopción de las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de [XXX], e informar sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares. (...)"

4. Afectación del pueblo Nasa por el desplazamiento forzado.

El panorama de afectación de la etnia Nasa por el conflicto armado recién descrito se configura como causa, latente y efectiva, del desplazamiento forzado de las comunidades que la integran.  Según explican las autoridades indígenas, "la presión de la militarización en los municipios de Jambaló y Toribío así como en las otras zonas del Cauca ha originado desplazamientos forzados masivos y fuertes posiciones de rechazo de la comunidad indígena y campesina a la presencia de la Fuerza Pública y actores ilegales armados".

Así, por ejemplo, la masacre del Naya del 11 de abril de 2001, cometida por las AUC, presuntamente con complicidad de miembros de las Fuerzas Armadas, generó el desplazamiento de varias familias Nasa; algunas están en Timbío; están viviendo en condiciones de extrema pobreza y reclaman que no han recibido ayuda integral del Estado.

CODHES registra 5 desplazamientos masivos, en 2005, por intensificación de operaciones militares, retaliaciones contra la población civil, señalamientos a las comunidades de ser colaboradoras de la guerrilla. Se han dado retornos espontáneos.

El 26 de abril de 2005, en la zona rural de Jambaló se presentaron combates, que generaron desplazamiento forzado masivo a La Esperanza, Zumbico, La Laguna y Loma Pueblito en Jambaló, y Ovejeras y Pitayó en Silvia. De acuerdo con el comunicado público de las autoridades: "Hemos tomado la decisión de retornar por encima de los riesgos que aun existen por efectos de la guerra y exponiendo nuestras propias vidas... En el resguardo municipio de Jambaló habitamos 14.200 personas, de las cuales 954 vivimos en el área urbana, y 13200 en 36 veredas de la zona rural. Cuando los combates arreciaron, el día viernes 22 de abril, el 95% de los pobladores del área urbana nos vimos en la obligación de desplazarnos a los sitios de concentración. El día de ayer tomamos la decisión de retornar. Y esta mañana, desde las 7 AM empezaron nuevamente a sonar los disparos de mortero y cilindros, dirigidos hacia el casco urbano. (...) Nuestro retorno no se debe al incremento del pie de fuerza pública, sino a las difíciles condiciones de salud que se presentaron con los niños, mujeres en embarazo y ancianos en los sitios de concentración fuera del casco urbano. Es de anotar que en estos sitios no hicieron presencia los organismos del Estado para garantizar condiciones mínimas de supervivencia... La Cruz Roja Colombiana y el CICR llegaron tres días después. (...) Otro factor que nos obliga a retornar es el hecho de que nuestras casas quedaron solas y varias de ellas estaban siendo saqueadas y otras ocupadas por la Policía. Así mismo, los animales domésticos que poseemos y que nos garantizan alimento, se están muriendo y desapareciendo. Si esto continúa así, nos veremos en el riesgo de convertirnos en mendigos, limosneros y dependientes, a lo cual no estamos dispuestos, pues nuestra dignidad nos lo impide".

5. Respuesta estatal a la situación del pueblo Nasa.

La respuesta de las autoridades estatales a la situación del pueblo Nasa ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado se ha centrado en dos ámbitos, a saber, la implementación de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, y la atención incipiente de algunas víctimas, según se explica a continuación.

a. Implementación de las medidas cautelares de la CIDH

Según se indica en el informe allegado por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia a la Corte Constitucional en respuesta al Auto 248 de 2007, se han adoptado las siguientes medidas para implementar las medidas cautelares de la CIDH:

- Adopción de medidas de protección individual para los beneficiarios.

- Seguimiento a investigaciones penales y disciplinarias.

- Adopción de medidas de seguridad por la Fuerza Pública y la Policía nacional.

No se proveen más detalles sobre el contenido específico de estas actuaciones.

b. Medidas de atención a las víctimas

De otra parte, en el informe de Acción Social a la Corte Constitucional en respuesta al Auto 251 de 2007, se reporta lo siguiente:

7.1. Informe regional de la Misión Internacional de Verificación al Cauca, septiembre de 2006.Ayudas para la población del municipio de Timbío, desplazadas por la masacre del Naya.Atención Humanitaria de Emergencia: Teniendo en cuenta los censos adelantados en los sitios de desplazamiento de familias procedentes de Toribio, Silvia, Caloto, Jambaló, Pitayó, Tacueyó, Santander de Quilichao, se atendió con ayuda de emergencia a el cien por ciento de las familias bajo el esquema del acuerdo de entendimiento del Gobierno colombiano con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana. En el municipio de Toribio la asistencia se realiza en coordinación con el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC con el fin de hacer atención diferencial y acogiéndose a los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Red de Seguridad Alimentaria RESA: Firma de convenio con entre Acción Social y la Federación de Cafeteros para apoyo a 10 municipios del Cauca por valor de $752 millones de pesos, para beneficiar a 18.800 personas.
Medidas de reparación individual y colectiva por la masacre de Nilo, y para las comunidades indígenas de Naya, Canoas, Gualanday entre otras.Las familias que reclamaron dentro del año de la ocurrencia de los hechos, recibieron una ayuda solidaria a título de reparación administrativa, esto por intermedio del programa de Atención a Víctimas de la Violencia. En lo que respecta a la ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2006), la reparación que se entrega es la que decrete el Magistrado correspondiente, siempre y cuando el sujeto activo del hecho se haya desmovilizado y las víctimas acudan al respectivo proceso.
7.2. Documento titulado "Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario – Zona Norte Departamento del Cauca, 2005-2006 (Primer Trimestre)", por el Concejo Nacional de Paz de Pueblos Indígenas – CONIP, septiembre de 2006.Acompañamiento a las personas que no han retornado y a aquellas que se encuentran en su territorio.Superada la etapa de emergencia, si bien es cierto en la mayoría de los casos las familias han retornado a sus sitios de origen, aún se encuentran casos de familias que continúan desplazadas y que vienen siendo asistidas principalmente en el tema de alimentos. De otra parte se encuentra en ejecución el proceso de reconstrucción de viviendas y de restablecimientos de condiciones educativas, salubridad, y atención sicosocial.
Atención Humanitaria de Emergencia: Teniendo en cuenta los censos adelantados en los sitios de desplazamiento de familias procedentes de Toribio, Silvia, Caloto, Jambaló, Pitayó, Tecueyó, Santander de Quilichao, se atendió con ayuda de emergencia al cien por ciento de las familias bajo el esquema del acuerdo de entendimiento del Gobierno Colombiano con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja colombiana. En el municipio de Toribio la asistencia se realiza en coordinación con el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC con el fin de hacer atención diferencial y acogiéndose a los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

SITUACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

K. Situación del pueblo Koreguaje ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo Koreguaje ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de distintas fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente. Entre los documentos consultados para este aparte se encuentran: (1) Recopilación de violaciones a los derechos humanos de los koreguaje, elaborado por la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación del Caquetá. (2) Documento titulado "Situación de desplazamiento – Pueblos indígenas del Caquetá", elaborado por CRIOMC, julio de 2007.

1. Panorama general de afectación étnica del pueblo Koreguaje por el conflicto armado.

El pueblo indígena coreguaje, ubicado en los municipios de Milán y Solano del Departamento del Caquetá, ha sido objeto de un proceso de persecución y exterminio por parte de la guerrilla de las FARC, a través de actos criminales –masacres, homicidios selectivos, hostigamientos, retenciones, amenazas y desplazamiento forzado- que se han intensificado desde el año 1993, con el asesinato del líder Aquiles Bolaños. Una importante proporción de las familias que conforman este pueblo indígena se ha visto forzada a desplazarse a la ciudad de Florencia, donde actualmente habitan aproximadamente 400 personas de esta etnia, y han conformado una organización de indígenas coreguaje desplazados.

Los Coreguaje viven en los municipios de Solano y Milán (Caquetá), en las cuencas de los ríos Orteguaza, Peneya, Caquetá, Mecaya y afluentes. Hay cultivos ilícitos extensivos, presencia de 3 o 4 frentes de las FARC y una alta colonización en sus territorios; pero mantienen sus usos y costumbres. Son 1767 personas aproximadamente para 2007; 21 cabildos, 17 resguardos para 21.600 hectáreas; 2 cabildos no tienen territorio.

El Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio y Caquetá (CRIOMC) surge en los 80s, bajo el líder Aquiles Bolaños Piranga. A mediados de los 80 irrumpe la presencia masiva de colonos y la producción intensiva de coca, así como las FARC, en su territorio; los coreguaje intentan mantenerse al margen de esta situación, pero el contexto debilita inevitablemente sus lazos sociales, su sistema de producción y sus autoridades; es el inicio de una crisis profunda en la cultura coreguaje.

El 12 de septiembre de 1993, ocurre el asesinato de Aquiles Bolaños Piranga, por oponerse a la construcción de una pista aérea para el narcotráfico; fue muerto en San Antonio de Jetuchá (municipio de Milán), presumiblemente por las FARC. Este crimen marca el inicio de una serie de crímenes contra los coreguajes: "Uno de los efectos nefastos de este hecho es que el núcleo de líderes fundadores del CRIOMC, que eran dirigidos por Aquiles, se divide y muchos se pliegan a las presiones producto de la nueva situación". A partir de ahí vienen los asesinatos, desplazamientos, desapariciones, reclutamientos forzosos.

2. Relación detallada de los crímenes sobre los cuales se ha informado a la Corte.

De acuerdo con los documentos consultados, algunos miembros del pueblo coreguaje asesinados por las FARC son los siguientes:

- Aquiles Bolaños Piranga, 12 de septiembre de 1993 – San Antonio de Jetuchá.

- Masacre del 25 de julio de 1997 – 7 muertos y 4 desaparecidos, en el Resguardo de San Luis.

- Masacre del 22 de agosto de 1997 en Cuerazo – 5 muertos.

- Yesid Valencia, 1995, en el resguardo del Diamante.

- Celimo Gutiérrez – en San Antonio, 20 de julio de 1997.

- Jorge Camacho – en Granario, julio de 1997.

- Elías Valencia Márquez, Eliseo Valencia Márquez y otro hermano, en Campo Alegre – resguardo de Puerto Naranjo, 1997.

- Constantino Figueroa Bolaños, Bernabé Piranga Valencia – noviembre 30 de 1997.

- Luis Piranga – 12 de octubre de 1998, resguardo de Gericha.

- José Bolaños de El Diamante, muerto en San Antonio, 1998.

- Oliver Gutiérrez de Buenos Aires, muerto en Campo Alegre.

- Waldino Pizarro, 1999, en resguardo Maticuru.

- Roque Piranga, de El Diamante, muerto en San Antonio de Getuchá, 1999.

- Ernesto Bolaños, de Agua Negra, muerto en 2000.

- Delio Bolaños, de Agua Negra, muerto en 2000.

- José Nelson Gutiérrez, cacique de Getuchá, muerto en San Antonio, 1995.

- Rafael Muchasoy, muerto en Manicuro, año 2000.

- Juan Pizarro, muerto en Gericha, 2002.

- Enrique Moreno, de Agua Negra, muerto en 2003.

- Enrique Figueroa Vallejo, de Peña Roja, desaparecido en abril de 2005.

- Oscar Camacho, abril de 2005, de Agua Negra, docente en Peña Roja.

Algunos koreguaje reclutados forzosamente por las FARC:

- Oliver Gutiérrez (resguardo Gorgonia)

- Narciso Gutiérrez (resguardo Gorgonia) – aparentemente asesinado en 2004.

- Hugo Gasca (resguardo Agua Negra) – aparentemente asesinado.

- Eliécer Iles (Gericha), 1998

- Lorena Gasca – 14 años (Agua Negra), 2006 – información de que fue asesinada.

- Olga María Gutiérrez – 15 años (Agua Negra), 2006 – aparentemente asesinada.

Por acciones de las FARC, hay 22 familias/110 personas desplazadas, pendiente un censo completo. 10 desaparecidos. 23 viudas y 70 huérfanos.

3. Afectación del pueblo coreguaje por el desplazamiento forzado

Desde 1993, el pueblo coreguaje ha tenido más de 60 muertos y desaparecidos, todos en la impunidad. Ello ha motivado el desplazamiento de más de 400 personas a Florencia, que progresivamente pierden su cultura.  Amenazas recientes contra los líderes del CRIOMC, ha generado desde mayo de 2007 su desplazamiento permanente.

El desplazamiento genera adaptación forzada a un nuevo medio, con la pérdida consiguiente de la cultura propia por pérdida de la relación con el territorio y la naturaleza; ello es un problema especialmente grave para las generaciones más jóvenes, porque los niños y adolescentes van creciendo en otro contexto.

4. Respuesta estatal a la situación

En su informe de respuesta al Auto 251 de 2007, Acción Social reportó a la Corte lo siguiente.

6.2. Documento titulado "Situación de desplazamiento – pueblos indígenas del Caquetá", elaborado por el CRIOMC.Retorno a su territorio y planes para desarrollar proyectos alternativos de producción. Que se formule un plan integral de reubicación diferencial para las comunidades indígenas afectadas, que garantice su restablecimiento digno, como sujetos de derechos.Se han adelantado dos comités municipales en Milán atendiendo a la solicitud de los líderes Koreguajes desplazados en Florencia frente al riesgo del desplazamiento de las comunidades indígenas por las amenazas a sus líderes. Ya se están adelantando algunas acciones por parte del Comité y esta semana la Defensoría está haciendo una visita para levantar un informe de riesgo y plantear algunas sugerencias frente a la atención a estas comunidades. Estamos a la espera de dicho informe. De igual forma, se observa un problema latente de seguridad alimentaria por lo que la Alcaldía se encuentra formulando un proyecto con cofinanciación de la comunidad para pasarlo a Acción Social. El día 15 de septiembre la Alcaldía se comprometió en radicarlo en la UT. El proyecto contempla las comunidades de Aguas Negras, Kocará, Jacome, San Luis y Gorgonia. La comunidad indígena Koreguaje ha expresado su deseo de reubicarse, para lo cual desde el comité departamental y en coordinación con Acción Social se vienen concertando acciones con distintas entidades. Se le solicitó a INCODER la disponibilidad de tierras.
Retorno a su territorio y planes para desarrollar proyectos alternativos de producción. Que se formule un plan integral de reubicación diferencial para las comunidades indígenas afectadas, que garantice su restablecimiento digno, como sujetos de derechos.Frente a las condiciones para el retorno de los Koreguajes, teniendo en cuenta el protocolo de retornos y reubicaciones el primer principio que se debe contemplar es la voluntariedad, la comunidad indígena no ha expresado su voluntad en retornar, por el contrario han expresado su deseo de reubicarse, para lo cual desde el comité departamental y en coordinación con Acción Social se vienen concertando acciones con distintas entidades. Se le solicitó a INCODER la disponibilidad de tierras.

Por su parte, en el informe de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia a la Corte, en respuesta al Auto 251 de 2007, se informa lo siguiente.

"CAQUETA

1. En desarrollo de nuestras funciones de coordinación y direccionamiento de lineamientos de política, esta Dirección ha desarrollado el proceso de implementación de la 'Directriz para la prevención y atención indígenas en situación de desplazamiento y riesgo con enfoque diferencial', que se avanza con el apoyo del ACNUR y en coordinación con Acción Social del nivel nacional y regional mediante talleres que se adelantan en diferentes departamentos; uno de ellos se efectuó en el Departamento del Caquetá con las Autoridades indígenas regionales, organizaciones de desplazados y comunidad, en donde se nos informó sobre la grave situación de vulnerabilidad y riesgo de líderes y autoridades de las comunidades indígenas Coreguaje, Uitoto, Embera Katíos y Pijaos, por parte de los actores armados que operan en la región (Taller realizado en la ciudad de Florencia el día 3 y 4 de mayo de 2007, agenda y memorias que anexo a la presente).

2. Teniendo en cuenta esta situación se adelantaron gestiones interinstitucionales del nivel nacional con la Dirección de Derechos Humanos programa de Protección Ministerio del Interior y de Justicia, ACNUR, Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y en el nivel regional con la Secretaría de Gobierno del Departamento del Caquetá, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Fuerza Pública, a los cuales se convocó a una reunión el día 4 de julio del presente, con el fin de analizar la situación y formular y concertar una estrategia de Prevención y Protección para líderes, autoridades y comunidades indígenas con representantes de las comunidades afectadas (reunión realizada en el Centro Diocesano de la Arquidiócesis de Florencia, Ayuda memoria anexa).

3. Igualmente se solicitó a la Secretaría de Gobierno del Departamento convocar al Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, con el fin de tratar el tema de la situación y riesgo e las poblaciones indígenas del Departamento y definir acciones por parte del SNAIPD regional. Lamentablemente dicho comité no se llevó a cabo por la marcha nacional de apoyo a las familias de los diputados asesinados.

4. Nuevamente se solicitó a ese despacho citar al comité departamental entre los días 30 de julio al 3 de agosto, siendo citada para el día 2 de agosto. Igualmente esta dirección citó a las entidades del nivel nacional Procuraduría General de la Nación..., Defensoría del Pueblo..., Derechos Humanos – Ministerio del Interior y de Justicia... y Acción Social.

5. El día 2 de agosto se realizó en la ciudad de Florencia – Caquetá el Comité Departamental con la presencia de Acción Social Nacional y entidades del SNAIPD departamental en la cual esta Dirección presentó el contexto de la situación de desplazamiento y riesgo de las comunidades indígenas del departamento y las propuestas de acciones para la prevención y protección, atención humanitaria y reestablecimiento de las comunidades afectadas, con el fin que el Comité tomara medidas y las incluyera en el PIU departamental, para garantizar así la atención diferencial que requieren estas comunidades. Estas propuestas fueron trabajadas y concertadas directamente con las comunidades afectadas.

6. Estamos solicitando la copia del acta del comité departamental del día 2 de agosto, con el propósito de hacer seguimiento a los compromisos allí establecidos."

L. Situación del pueblo Kofan ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo Kofán ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de distintas fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente. Los documentos consultados más importantes son: (1) Informe Preparatorio MIV – Putumayo. (2) Intervención de la Mesa Cofán ante la Corte. (3) Intervención de OZIP ante la Corte.

1. Panorama general de afectación étnica del pueblo Kofán por el conflicto armado.

El pueblo Kofán se ubica principalmente en el departamento del Putumayo, que ha sido duramente afectado por el conflicto armado.

Las autoridades tradicionales que representan a los cabildos indígenas del pueblo Kofán y los cabildos indígenas del Valle del Guamuéz y San Miguel conforman una Mesa Permanente. Las comunidades pertenecientes a la Asociación están en los resguardos de Ukumari-Kankhe, Yarinal San Marcelino, Santa Rosa del Guamuez, Campo Alegre del Afilador, Santa Rosa de Sucumbíos y El Diviso, La Argelia, Nuevo Horizonte; y en las reservas de Santa Rosa del Guamuez, Santa Rosa de Sucumbíos, Yarinal, Afilador.

Las autoridades Kofan han denunciado que, en el contexto del grave conflicto armado que afecta al departamento del Putumayo, hay tres puntos básicos que son objeto de su preocupación por plantear riesgos claros para su supervivencia étnica, a saber, la presencia de cultivos ilícitos y la realización de fumigaciones con efectos indiscriminados; la realización de actividades petroleras sin consulta previa; y la instalación del Centro Nacional de Atención Fronteriza, sin consulta previa, en su territorio. Desde 2002 han denunciado que la intensificación del conflicto en el Putumayo está violando sus derechos, y pidiendo protección y trabajando en su defensa a través del Plan de Vida. La intensificación por el redoblamiento de las estrategias antinarcóticos y contrainsurgentes agudiza el conflicto armado.

En cuanto a las actividades petroleras, han denunciado que éstas afectan el medio ambiente, la cacería y los lugares sagrados, y que no se realizó debidamente la consulta previa. Ecopetrol actualmente tiene los proyectos Sucumbíos 2D y Putumayo Occidental 3D, que están generando división interna en el pueblo, y generan desplazamiento progresivo de los habitantes de las zonas de los pozos, como ya ha pasado.

También indican que el CENAF (Centro Nacional de Atención Fronteriza), sobre el Río San Miguel en la frontera con Ecuador, se estableció sin consulta previa: "en la actualidad se encuentra allí unidades de policía, ejército, la armada, DAS, DIAN, quienes por falta de conocimiento consideran a la población indígena como agentes extraños, sospechosos, limitando la libre locomoción, pesca, cacería y rituales sagrados de los dueños de estos territorios ancestrales".

También han denunciado consistentemente fumigaciones indiscriminadas. Denuncian daños por fumigaciones así: "A pesar de haber firmado un acuerdo con el Estado colombiano y mostrado con prontitud resultados verificables, con un 70% de cultivos ilícitos erradicados y una cobertura del 100% de las familias atendidas (577 familias), las fumigaciones se han reanudado y sus efectos no se han hecho esperar; de forma indiscriminada se han fumigado las 18 comunidades indígenas, afectándose los cultivos de chiro, yuca, maíz y plátano trabajados en el programa de seguridad alimentaria, además de los huertos medicinales y hectáreas de cultivos programados para los proyectos colectivos de piscicultura, porcicultura y zoocría". Se reportan problemas respiratorios en los niños de las comunidades fumigadas.

2. Relación detallada de los crímenes sobre los cuales se ha informado a la Corte.

La Corte ha sido alertada sobre una serie de crímenes de los que han sido víctimas miembros del pueblo Kofan. En los documentos que sirven de fuente a este aparte se mencionan, entre otros, los siguientes crímenes perpetrados contra la población Kofan en el marco del conflicto armado:

- "En la comunidad de Alto Comboy el día 23 de mayo de 2007, los jefes de la Brigada Móvil 13 del Ejército Nacional retuvieron al joven Miguel Morán Acosta, siendo amarrado y arrastrado sacándolo de la comunidad; al día siguiente la brigada reportó la baja de un guerrillero muerto en combate, identificado como Miguel Mora Acosta, hecho que generó un desplazamiento masivo hacia la cabecera municipal de La Hormiga – Putumayo por parte de la comunidad de Alto Comboy."

- El 16 de octubre de 2005, en la comunidad de San Marcelino, las AUC retienen y desaparecen a 6 menores de edad por supuestos nexos con las guerrillas de la zona – ello genera el desplazamiento de 71 familias al Ecuador, quedan 9 familias en la comunidad.

- El 12 de octubre de 2000, denuncian un atentado con arma de fuego contra el gobernador del cabildo Villa Nueva del Valle del Guamuez.

- En agosto de 2002, el Defensor del Pueblo y las autoridades Kofan, que habían denunciado ante las autoridades su retención, denuncian el asesinato de tres indígenas del Cabildo de Santa Rosa del Guamuez, retenidos desde el 4 de agosto por un grupo perteneciente a las AUC en La Hormiga, Putumayo: Obencio Germán Crillo Queta, líder, médico tradicional, profesor, artesano y autoridad; Nelson Porifio Criollo Taimal, Jesús Alirio Churán Criollo.

- En enero de 2002 fue asesinado Palo Emilio, líder y autoridad tradicional.

3. Afectación del pueblo kofán por el conflicto armado.

El conflicto armado ha generado desplazamiento y riesgo de desplazamiento al interior de la etnia Kofán; y según se reporta, el Estado no ha adoptado medidas preventivas.

La principal causa de desplazamiento es la presencia de actores armados legales e ilegales que operan en la zona.

Así, además de las denuncias de los crímenes a los que se ha hecho referencia en el punto anterior, mencionan "el ametrallamiento por parte de la Fuerza Aérea a las comunidades de Villanueva y Santa Rosa de Sucumbíos, causando daños materiales sobre algunas casas de habitación y casas ceremoniales, sin existir razón alguna y sin recibir ninguna notificación sobre esas actividades dentro de las comunidades".

También hacen referencia a las fumigaciones aéreas con glifosato, que se iniciaron en 2000 y han continuado permanentemente, hasta el 24 de julio de 2007. Ellas han afectado la seguridad alimentaria, por afectar todo tipo de cultivos, animales, y la salud de los pobladores, lo cual genera desplazamiento por falta de alimentos. Por ejemplo: "El día 9 de agosto de 2007, la comunidad de Villanueva fue fumigada con glifosato (los potreros, ríos, casas, sitios sagrados, chagras, la escuela), causando la intoxicación de cuarenta y nueve personas, las cuales fueron atendidas en el hospital Sagrado Corazón de Jesús en La Hormiga y el hospital de Orito, caso que puede corroborar Dasalud (Departamento de epidemiología) del Putumayo". Las fumigaciones causan afecciones dermatológicas, respiratorias y de salud en general, estimulando el desplazamiento hacia Ecuador.

4. Respuesta estatal a la situación

No se ha informado a la Corte sobre la adopción de medidas estatales en respuesta a la situación del pueblo Kofán. La única información que se allegó a la Corte, en el informe de respuesta de Acción Social al Auto 251 de 2007, fue la siguiente:

9.4. Intervención del representante de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos – Mesa permanente de trabajo por el Pueblo Cofán y Cabildos Indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel.Erradicación manual en el Valle del Guamuez y San MiguelACTIVIDADES DE ERRADICACION MUNICIPIO DE SAN MIGUEL:
- I Fase de Erradicación año 2007: 870.39 Has. – II Fase de Erradicación año 2007: 2614,39 Has. – III Fase de Erradicación año 2007: 2318.5 Has.

ACTIVIDADES DE ERRADICACION MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ:
- I Fase de Erradicación Año 2007: 764.06 Has.
- II Fase de Erradicación año 2007: 1130.32 Has.
- III Fase d erradicación año 2007:5423.95 Has.

N. Situación del pueblo Siona ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo Siona ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente.

Las principales fuentes consultadas para la escritura de este capítulo son las siguientes: (1) Documento titulado "Informe Actual sobre la Situación de Violencia en los pueblos indígenas del Departamento del Putumayo/Colombia" – Informe preparatorio para la Misión Internacional de Verificación de la Verdad en Pueblos Indígenas, julio de 2006; (2) Intervención del representante de la Asociación de Cabildos Indígenas del pueblo Siona del Putumayo, ACIPSP-ZIOBAIN, ante la Corte Constitucional.

1. Panorama general de afectación étnica del pueblo por el conflicto armado.

El pueblo Siona se ubica en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo, en las fronteras con Ecuador y Perú en 4 resguardos en Puerto Asís, 4 en Puerto Leguízamo, 2 en proceso de constitución. 395 familias, 1960 personas.

Al igual que los demás pueblos indígenas del Putumayo, han sido gravemente afectados por el conflicto armado en el departamento. La siguiente comunicación de las autoridades Siona a la Corte ilustra su situación.

"Desde el año 1960, las bonanzas extractivas como: la explotación de recursos maderables, explotación de pieles, explotación de hidrocarburos, explotación minera, la construcción de vías y la colonización de estos territorios, nos fue desplazando de nuestros territorios ancestrales comprendidos desde Orito, Puerto Asís y Puerto Leguízamo. A partir de 1980 la instalación de cultivos ilícitos permite una colonización indiscriminada, y la presencia de actores armados legales e ilegales, generando el desplazamiento de nuestras familias a los centros urbanos de los municipios de Puerto Asís, Leguízamo y Mocoa, como también al Ecuador".

Hoy en día los Siona están en alto riesgo de desaparición como pueblo.

La fuerte militarización del Putumayo y la presencia de Fuerzas Armadas ha exacerbado el conflicto. Las autoridades Siona enumeran así los distintos problemas causados por los actores armados:

"- Las fuerzas militares irrespetan los espacios sagrados (casa de sanción de yagé, ríos, lagunas).

- Estacionamiento y patrullaje en el territorio.

- Desintegración de la familia y vida de la comunidad.

- Entrenamiento de polígono afectando al resguardo indígena Siona Vega de Santana.

- Pérdidas de vidas.

- Reclutamiento de jóvenes indígenas Siona.

- Pérdida de semovientes.

- Desplazamientos fronterizos por hostigamiento de los actores armados (Ecuador).

- Incremento de las madres solteras.

- Señalamiento, estigmatización de organizaciones, líderes, jóvenes, comunidad, como guerrilleros y/o milicianos.

- Acoso sexual.

- Restricción en el paso de los alimentos por vías terrestre o fluvial.

- Abuso de la fuerza pública en los retenes.

- Retención ilegal.

- Retención de documentos.

- Confinamiento dentro del territorio.

- Acusamiento de la infantería de marina por la pérdida de un arma a una persona especial en resguardo Siona del Tablero. (...)

2. Seguridad alimentaria:

- No permiten realizar las actividades de la chagra.

- No permite hacer las actividades de caza y pesca en horas diurnas o nocturnas de acuerdo a la costumbre.

- Abuso de los alimentos de pancoger.

3. Educación:

- Pérdida de la educación tradicional.

- Deserción de los niños de los centros educativos.

- Señalamientos de los docentes."

En cuanto al desplazamiento forzado, se identifican como causas del mismo: el enfrentamiento de los actores armados en los territorios; la implementación de proyectos de explotación de hidrocarburos; y el involucramiento en el conflicto armado. Se reporta que hay un alto subregistro de la población desplazada Siona, especialmente por su escepticismo ante el SNAIPD y la falta de atención diferencial.

No se cuenta con información detallada sobre la respuesta estatal a la situación del pueblo Siona. La única información provista a la Corte por Acción Social, en respuesta al Auto 251 de 2007, es la siguiente:

9.3. Intervención del representante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona del Putumayo.El programa ReSA, no tiene desagregada la información de los beneficiarios por comunidades indígenas, lo que dificulta dar una respuesta concreta a esta pregunta. Sin embargo, se informa que desde el año 2003 a la fecha, ReSA ha ejecutado proyectos que han beneficiado a las comunidades indígenas de los municipios de Colón, Orito, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Francisco, Santiago, Sibundoy y Valle del Guamuez, atendiendo a 5.244 indígenas.

SITUACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA

Ñ. Situación del pueblo indígena Betoye ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo Betoy ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente.

Las principales fuentes consultadas para la escritura de este aparte son las siguientes: (1) Informe Regional de la Misión Internacional de Verificación a Arauca, septiembre de 2006; (2) Documento titulado "Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario – Departamento de Arauca, 2004-2006 (Primer Trimestre)", elaborado por el Consejo Nacional Indígena de Paz – CONIP, septiembre de 2006; (3) Documento titulado "Las mujeres indígenas colombianas y nuestras voces de resistencia", elaborado por el Foro Nacional de Mujeres Indígenas – septiembre 27 de 2006.

1. Panorama general de afectación étnica de las comunidades indígenas Betoyes por el conflicto armado.

Los pueblos Betoy habitan el departamento de Arauca. Están ubicados en los resguardos siguientes:

Genareros (La Esperanza, La Fortaleza, El Totumo): 19 familias, 68 habitantes, 123 hectáreas.

Macarieros (San José): 13 familias, 59 habitantes, 16 hectáreas.

Roqueros (El Dorado): 17 familias, 105 habitantes, 101 hectáreas.

Puyeros (5 familias, 29 habitantes, 27 hectáreas).

Parreros (15 familias, 65 habitantes, 207 hectáreas)

Julieros y Velasqueros (14 familias, 53 habitantes, 228 hectáreas).

En Arauca se denuncian los siguientes actos, cometidos por la guerrilla, las Fuerzas Armadas y los paramilitares:

- Asesinatos contra miembros y líderes indígenas, que provocan disgregación social.

- Señalamientos continuos de pertenecer a las guerrillas o los grupos armados ilegales, que generan estigmatización y desplazamiento.

- Restricción de la movilidad por territorio indígena.

- Amenazas y detenciones arbitrarias, principalmente a los líderes y a jóvenes indocumentados.

- Ocupación de resguardos, instalación de minas antipersonal en sus territorios.

- Ocupación por la Fuerza Pública de escuelas, centros de salud y espacios comunitarios, así como del resguardo, durante operaciones militares.

- Presión sexual por las Fuerzas Armadas a mujeres y jóvenes indígenas, con aumento correlativo del madresolterismo, ITS, y repudio por la comunidad.

- Reclutamiento forzado de jóvenes.

- Los crímenes no se denuncian por temor, y por la percepción de que hay falta de garantías y es inútil.

El conflicto en Arauca se intensifica por la llegada de las guerrillas del ELN y de las FARC a los territorios, generando presiones sobre la población; luego se empeora con las campañas contrainsurgentes de la Fuerza Pública y los paramilitares desde los años 90; los Betoyes han sido el pueblo más afectado, con masacres, asesinatos selectivos, hostigamientos, torturas y amenazas de muerte.

Los pueblos Betoy están en riesgo de una crisis humanitaria muy grave: "antes derivada de la pérdida de sus medios de vida, por la construcción y puesta en marcha del Campo Caño Limón, en Arauquita, y ahora por la declaratoria de una guerra en territorio de estas comunidades entre los frentes 10º y 45 de las FARC-EP y la Compañía Simacota y el Frente 'Domingo Laín' del ELN, que inició desde el 2005 y ya ha cobrado la vida de dos comuneros (una maestra y su esposo) en marzo de 2006, generando un masivo desplazamiento forzado de las comunidades de Parreros".

La militarización progresiva de Arauca desde 2002 ha traído un incremento proporcional de los señalamientos y maltratos, que han afectado especialmente a los Betoye, por estar ubicados en zonas de permanente enfrentamiento armado.

Hay alta presencia paramilitar en el departamento – las AUC operaban mediante el "Bloque Centauros" con presencia en Tame y Puerto Rondón. La estrategia implicaba control del territorio, del abastecimiento y la movilización. Hubo múltiples asesinatos en los municipios de mayor concentración de población indígena: Tame, Fortul, Saravena, Arauca. Según testimonios de betoyes desplazados en Fortul, en junio de 2006, la disputa entre paramilitares y guerrilla por el control de la población los ha afectado: "Los paramilitares buscaban matar a la comunidad. La Policía realizó combates en zona de la comunidad de Parreros; entraron a las casas y quitaron todo... [Hubo] combates en la comunidad de Roqueros, entre las AUC y las FARC, desde las cinco de la mañana, en donde hirieron a la señora Carmen María Trocaría, el 6 de marzo de 2006. En la comunidad de Macarieros, Arquímedes Alonso Uribe, fue asesinado en la comunidad."

La presencia de actores armados en el territorio obstruye la movilidad, y así impide las actividades de subsistencia. También implica restricciones a la movilidad de personas enfermas: "Comuneros de Julieros y Velasqueros denunciaron que tienen dificultades cuando salen con personas heridas para los centros asistenciales de Saravena o Arauca, porque la Fuerza Pública los acusa de estar sacando 'guerrilleros'". Reportan igualmente un caso de confinamiento con desabastecimiento alimenticio por las FARC, que según denuncian, desaparecieron a indígenas de la comunidad que habían salido a traer provisiones, lo cual generó su desplazamiento en abril de 2006 a la montaña; y varios meses después, sin haber recibido atención, retornaron.

Las comunidades betoyes denuncian que por falta de acciones de saneamiento del resguardo se han llenado de colonos que siembran coca, y por lo mismo se vinculan a los actores armados que realizan los demás pasos del negocio del narcotráfico.

Según testimonio de Betoyes de Fortul, junio de 2006: "Hoy en día hay muchas amenazas: no se puede hablar con los Elenos, ni con las FARC, ni con la Autodefensa ni con la Fuerza Pública; muchos ojos miran y sospechan y dicen que estamos en contra de ellos. Nosotros, como indígenas nunca hemos estado armados. (...) Nosotros a veces tenemos que ir por ahí con nuestras herramientas, y nos para la Policía. Y ellos nos dicen 'Entonces qué, camaradas'. Nosotros no somos 'camaradas'; no aceptamos que nos nombren esas palabras a nosotros."

Los betoyes reportan también que las guerrillas siembran minas antipersonal en zona rural de Tame. Se reporta el reclutamiento forzado de jóvenes por las FARC y las AUC, y como raspachines.

Según el informe de 2004 de la Vicepresidencia: en 2003 hubo 4 homicidios de indígenas en el departamento, incluidos:

- 1 de marzo de 2003 – asesinato por desconocidos de un indígena Betoy en Tame;

- 5 de mayo de 2003 – masacre de 5 indígenas en Parreros, secuestro de 20 más, violación de varias mujeres.

Según testimonio del pueblo Betoye de Fortul, en junio de 2005, en un retén de la guerrilla cerca de Tame, el Ejército disparó y murieron varios civiles que iban en las camionetas de transporte público, incluida María Trocaría de la comunidad de Macarieros.

Se reporta, por otra parte, el asesinato de Omaira Fernández en Parreros (Tame) el 5 de mayo de 2003 con atrocidad. Este crimen generó el desplazamiento de la comunidad.

Según testimonios de mujeres betoyes de Fortul, el 17 de abril de 2006 hubo un intento de violación de Rosa Campo, Gladys Fernández y una niña de 12 años, de la comunidad de Parreros y Velasqueros, por miembros de la Brigada Móviel No. 5, quienes les preguntaban por la guerrilla. Una de ellas cedió al acoso de varios soldados, y las otras se resistieron, pese a los insultos y amenazas de los soldados.

En marzo de 2006 se reporta la muerte de una pareja indígena por las FARC que generó desplazamientos; los testimonios indican que los tres niños que nacieron de mujeres betoye embarazadas al momento del desplazamiento eran "flacos".

También se reporta el asesinato de la profesora indígena Betoye Luz Myriam Farías, de 25 años, por las FARC, en la comunidad de Caño Claro el 6 de marzo de 2006, y de su esposo Juan Rodríguez Villamizar, de 19 años, hermano del gobernador de la comunidad de Caño Claro, en Fortul, por las FARC – X Frente, bajo el mando de Alfonso Castellanos, acusándolos de auxiliar a los paramilitares y a la Fuerza Pública, luego de haberles robado una moto que fueron a recuperar, "porque se negó junto con su esposo, a obedecer la prohibición de movilizarse por la carretera, en desarrollo de un 'paro armado'. Durante el funeral de su esposo asesinado el día anterior, la profesora Luz Myriam fue igualmente asesinada cuando se trasladaba con el carro fúnebre a la ciudad de Saravena".

En más de tres ocasiones se han tenido que desplazar de sus comunidades de Velasqueros, Macarieros, Parreros, Julieros, Roqueros y Genareros, en zona rural de Tame, con impactos destructivos de su cohesión social y su integridad cultural. Los Betoyes han sido en Arauca los más afectados por los desplazamientos forzados, en razón de la presencia de grupos armados, combates y ataques contra sus comunidades. Denuncian: "Ya el 7 de abril de 2003 se produjeron bombardeos de la Fuerza Aérea en el corregimiento de Betoyes, con un saldo de dos indígenas y varios guerrilleros y paramilitares muertos. El día 3 de abril se habían desplazado las comunidades betoye a Pueblo Nuevo y Caranal, por causa de bombardeos. El 5 de mayo del mismo año, hubo una violenta incursión del bloque Centauros de las AUC, en acción conjunta con el Ejército, en contra de las FARC y el ELN. Por eso, llegaron 360 indígenas... el 12 de mayo a la parroquia Cristo Rey en Saravena."

Respuesta estatal a la situación

No se ha allegado información a la Corte sobre el desarrollo de acciones por las autoridades tendientes a prevenir la afectación de los betoyes por el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

O. Situación del pueblo indígena Nukak-Makú ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo Nukak-Makú ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente. Sin embargo, la principal fuente a la que se ha acudido, por su conocimiento de primera mano de la información, es el reporte de la consulta contratada por la Secretaría de Salud del Guaviare y efectuada en 2007 por el especialista H. Mondragón.

Desde 1988, la población Nukak Makú ha pasado de aproximadamente 1300 a aproximadamente 400-500 en la actualidad.

Ubicación actual de la población Nukak:

Grupo suroriental o Miípa – cuenca del Inírida al oriente de Tomachipán.

Grupo central – Cuenca del Inírida al norte y noroccidente de Tomachipán.

Grupo suroccidental – entre Caño Macú y Caño Grande.

Grupo noroccidental – desplazado en Barrancón, desde Caño Seco y Caño Danta.

Grupos de Caño Hormiga – Mucuare (nororiente) y Caño Seco (noroccidente) trabajando en fincas de Guanapalo y la Trocha Ganadera.

Grupo noroccidental – acampando en Barranco Colorado y Caño Cumare.

Grupo nororiental – en Caño Hormiga.

Grupo nororiental – acampado en Aguabonita, procedente de Araguato, y en parte también en fincas de Caño Macú, Puerto Mentiras y Miranda, donde tienen problemas con los Nukak suroccidental que tradicionalmente han vivido en el área.

Actualmente los Nukak son algo más de 500 personas. La situación de los grupos Nukak en 2007 era la siguiente:

1. Región Nororiental (Wayari Munu):

1.1. Grupos de Caño Araguato – 160 personas, todas desplazadas: 140 en Aguabonita, 20 en el caserío Macú. Están esperando el retorno; se les puede dar atención en salud en el puesto de salud de Araguato. Antes del desplazamiento se dividían en 3 grupos y 2 familias asentadas en Araguato, trabajando para los colonos.

1.2. Grupos de Caño Hormiga – Caño Barajas (Mucuare).

1.2.1. Grupo de Ke'eyi (Gareto) – aproximadamente 20 personas en Caño Hormiga; la salud se puede atender/es atendida en el puesto de Mucuare.

1.2.2. Grupo de Jupuyi (Uté) – 12 personas, lejos de su territorio cerca de Guanapalo, en relación con grupos de Meu (región Noroccidental).

De este grupo viene Monikaro, desterrado por la guerrilla; salió de Caño Hormiga con su suegro y su familia hasta San José y luego de varios meses fue a Guanapalo.

2. Región Noroccidental (Meu)

Grupo de Caño Cumare – Barranco Colorado: 25 personas aproximadamente; la situación es estable desde 1991. Tienen atención en salud en el puesto de salud de Puerto Alvira (Caño Jabón), y promotor de salud. El área de sus chagras quedó por fuera del resguardo.

2.2. Grupos de Caño Danta – Caño Seco: 60 personas aproximadamente; parte están desplazadas en Barrancón – 50 personas, el resto en su territorio o con colonos de la trocha Ganadera o el caserío Macú. El extremo norte de su territorio quedó por fuera del resguardo. Antes del desplazamiento se subdividían en 2 grupos y algunas familias asentadas con colonos de Charrasquera, hoy destruido. Requieren promotor de salud y ayuda para restablecer/mejorar sus chagras.

3. Müjabe' – Región Suroccidental.

3.1. Grupo de Caño Grande – 40 personas aproximadamente, cuyo territorio de caza, pesca, recolección y chagras está entre los caños de la cuenca del Inírida, Barroso, Flor, Blanco, Mosco, Macú 1 y Canchina. Atraídos por el trabajo con colonos en el caserío macú, Puerto Mentiras, Cueva Loca; algunas familias asentadas en torno al caserío Macú por tener acceso allí al promotor de salud.

4. Región sur-central (Taka)

4.1. Grupos de Tomachipán – 2 grupos, uno de 35 y otro de 25 personas. Su actividad actual gira en torno a las chacras de Cheka müj y la atención médica en Tomachipán; mantienen recorridos de caza, pesca y recolección por los caños de la cuenca del Inírida: Fiebre, Macucito, Vichada, Macú 2.

5. Región Suroriental (Miípa)

2 grupos – 70 personas aproximadamente, territorio tradicional entre los caños Jereca, Macú 3, Patebá, Palma-Guaracú, Tucunaré, el cerro de las cerbatanas y río Inírida. Para recibir atención en salud deben ir a Tomachipán – se han desplazado y se superponen con los grupos centrales, aunque siguen aprovechando su territorio estacionalmente, ahora giran en torno a Tomachipán.

El pueblo Nukak ha sido afectado por las siguientes situaciones críticas y éxodos:

1965-66: choque con los colonos de Charras.

1988: choque con los colonos de Caño Danta, éxodo y llegada de 43 Nukak (se habla erróneamente de su "aparición") a Calamar: 4 hombres, 12 mujeres, 26 niños. Acompañado por una epidemia de gripa, que generó varias muertes por neumonía.

1989: Traslado desde Calamar a Mitú, luego a Laguna Pabón.

1990-93: Epidemia de gripa – éxodos a Mapiripán, Puerto Alvira (Caño Jabón), San José.

1995: Fumigación que afectó al grupo de Caño Grande, Caño Macú; éxodo por dermatitis a Calamar.

1996-98: Ola de epidemias y éxodos de todos los grupos Nukak hacia Tomachipán, Caño Jabón, San José – gripa, paludismo, infecciones intestinales, sarampión, meningitis.

2002: Enfrentamientos entre paramilitares que generan éxodo.

2003: Choque entre paramilitares, Ejército y FARC en Charrasqueras, genera éxodo.

2005: Exodo de 160 Nukak desde Araguato por temor a la guerrilla y a confrontación inminente con el Ejército.

Desde 2002, son situaciones de conflicto armado las que generaron los desplazamientos de Wayari y Barrancón, sumados a la crítica situación de salud.

La difusión de la epidemia de gripa de 1990-93 se atribuye al manejo que se le dio a los desplazados de Caño Danta de 1988: "Después de que la atención de los Nukak en Calamar durante 1988 se dejó en manos del corregimiento y del personal local del servicio de salud de la Comisaría, el Gobierno Nacional de entonces decidió en abril de 1989 llevar a 26 Nukak que quedaban en Calamar, a Mitú, y luego de que esta operación fracasara, 24 fueron conducidos en mayo del mismo año, por vía aérea, hasta Laguna Pabón, lugar donde había una pista de misioneros de Nuevas Tribus. Aunque Laguna Pabón era y es territorio Nukak, los retornados procedían de otra región, de Caño Danta, hasta donde caminaron difundiendo la gripa entre los grupos Nukak del camino, de manera que para 1990, se desató la gran epidemia que costó la vida a muchos indígenas y provocó un gran éxodo. Aunque los misioneros advirtieron desde junio de 1989 que los grupos Nukak se estaban contagiando, nada se hizo por parte del Estado hasta que se registró el éxodo".

Desde 1990, el hospital de San José atendió con frecuencia casos de Nukak con IRA, EDA y otras. Especialmente en los éxodos de 1990-92 y 1996-98, pero también en el de 1993-96. En este período, el INS hizo varios diagnósticos detallados de la situación de salud de los Nukak. Se determinó que más del 40% tenía Filariasis, que todavía los afecta.

Ante la crisis de salud, en 1998 el Servicio de Salud y Asuntos Indígenas del Guaviare, junto con el Ministerio de Salud, diseñan un programa de atención en salud para los Nukak, con dos elementos centrales: el nombramiento de un médico y la dotación de un puesto de salud en Tomachipán; y el trabajo de una unidad móvil extramural a cargo de una médica. "Estas medidas en realidad salvaron al pueblo Nukak de una pronta extinción. La población Nukak que había descendido a unas 400 personas, comenzó a recuperarse".

El modelo de Tomachipán fue exitoso por varias razones:

- El eje fue la atención médica que benefició a más de 150 Nukak de los grupos suroriental, sur y central, y también a la población de campesinos, jornaleros y pescadores; fue el punto de convergencia que mejora las relaciones con los Nukak.

- La interlocución de las juntas de acción comunales, permitió adecuar el proyecto de salud y hacer seguimiento a la situación de los Nukak y su relación con los colonos.

- La ayuda agrícola para mejorar las chagras de los Nukak, con semillas de variedades mejoradas de plantas que tradicionalmente ya cultivaban como piña, yuca, ñame, chanque, bore, batata, chontaduro, maíz, ají, y otras como marañón, guanábana y patilla. Hicieron una chagra demostrativa exitosa.

- Se les facilitó el envío de artesanías para comercialización por el Fondo Mixto de