INEXEQUIBLE el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 8º de la Ley 418 de 1997 -modificado por el artículo 3º de la Ley 1941de 2018 "Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014"-, que establecía que la declaración del cumplimiento de los requisitos y la calificación como grupo armado organizado por parte del Consejo de Seguridad Nacional en cada caso concreto eran requisitos para que el gobierno pudiera "examinar la posibilidad de decidir" si adelantaba diálogos de paz con grupos armados\ Desconocía el carácter de suprema autoridad nacional en materia de orden público del presidente de la República. \L a Corte consideró que la definición de grupo armado organizado al margen de la ley ya está contemplada en el derecho internacional humanitario, en particular en el artículo 1.1 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949. Este cuerpo normativo, que resulta directamente aplicable en nuestro ordenamiento jurídico, define los requisitos que deben cumplir las organizaciones armadas para considerarse grupos armados organizados.\ Por lo tanto, sin perjuicio de las facultades que tiene el presidente para verificar que una organización armada cumple materialmente los requisitos del artículo 1.1 del Protocolo II, el Consejo de Seguridad no puede establecer requisitos nuevos o distintos, ni atribuirle, con carácter constitutivo, el carácter de grupo armado organizado a una organización criminal específica\ Jerarquía del derecho internacional humanitario en nuestro sistema jurídico - [Resumen automatizado: De manera subsidiaria, los demandantes instan a la Corte para que, en caso de no declarar la inconstitucionalidad de la disposición demandada, se declare su exequibilidad, condicionada a que las facultades para “iniciar, dirigir, y suscribir documentos producto de negociaciones con grupos armados es exclusiva del presidente de la República” y que éste “no podrá, bajo ninguna circunstancia, delegar dichas funciones, por lo que la posibilidad de iniciar diálogos no puede estar supeditada a la calificación que realice el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.” || En segundo lugar, y en estrecha relación con el argumento anterior, sostiene la intervención que la participación del Ministerio en este tipo de decisiones, como miembro del Consejo de Seguridad Nacional, contribuye a garantizar que el presidente reconozca como grupos organizados al margen de la ley sólo a aquellos que, en el caso concreto, cumplan los requisitos objetivos conforme a lo dispuesto por el Derecho Internacional Humanitario, y de conformidad con la jurisprudencia establecida en la Sentencia C-291 de 2007. || Por lo tanto, la norma que supedita el inicio de los diálogos con una organización armada al cumplimiento de las condiciones y a su calificación previa como grupo armado organizado por parte del consejo de seguridad nacional vulnera el numeral 4º del artículo 189 de la Constitución, ya que es contrario a la estructura de la rama ejecutiva en materia de orden público.] - [Palabras claves automatizadas: presidente, paz, derecho, consejo, internacional, orden, seguridad, armados, corte, nacional, constitución, armado, grupos]

La Corte decidió condicionar el artículo 2 de la Ley 1941 de 2018, "por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 11006 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014" (Adic. Art. 6 de la Ley 418 de 1997), en el entendido de que los planes, medidas y recursos a ejecutar en las ZEII para la prestación de servicios sociales, deberán ser formulados e implementados conforme a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y participación. Igualmente, en el sentido de que las actuaciones de las autoridades públicas previstas en la disposición deben guardar coherencia e integralidad con los compromisos del Acuerdo Final en materia de intervención del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto - [Resumen automatizado: Respecto del segundo problema jurídico, el concepto sostiene que en el evento en que el Consejo de Seguridad Nacional defina declarar una ZEII en un área con presencia de comunidades étnicas o de territorios ancestrales "tal decisión necesariamente deberá estar precedida de un proceso de consulta previa"[58], lo anterior, debido a que se trataría del ejercicio de una función administrativa que tendría efectos directos sobre el desarrollo de las comunidades étnicas, en desmedro de las competencias de sus autoridades propias, Igualmente, frente a la petición subsidiaria de la demanda de condicionar la norma advirtiendo la obligatoriedad de la consulta en zonas que afecten territorios étnicos, la Defensoría del Pueblo considera que no es necesario tal condicionamiento, en cuanto "debe entenderse incorporado de forma intrínseca al ejercicio de la función administrativa regulada por el artículo 2 de la Ley 1941 de 2018, en aplicación de los principios de legalidad, de participación democrática y de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, así como de la normatividad internacional aplicable a la consulta previa; y por las mismas razones, estima que las razones expuestas por los demandantes, concretamente en lo que tiene que ver con este cargo, no vician de inconstitucionalidad la disposición demandada".] - [Palabras claves automatizadas: autoridades, participación, acuerdo, ley, constitución, nacional, corte, medidas, planes, disposición, derecho, zonas, territoriales, comunidades, entidades, consulta]

INEXEQUIBLE la expresión "y tendrá una vigencia de diez (10) años" contenida en el artículo 208 de la Ley 1448 de 2011, así como la expresión "tendrán una vigencia de 10 años" contenida en los artículos 194 del Decreto 4633 de 2011, 123 del Decreto 4634 de 2011 y 156 del Decreto 4635 de 2011. EXHORTA al Gobierno y al Congreso de la República, para que, antes de la expiración de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y de los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, adopte las decisiones que correspondan en relación con su prórroga o con la adopción de un régimen de protección de las víctimas que garantice adecuadamente sus derechos. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que la Ley 1448 de 2011 así como los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011 tendrán vigencia hasta el día 7 de agosto de 2030, sin perjuicio de lo dispuesto en el fundamento jurídico 70 de esta providencia - [Resumen automatizado: Esta Corporación debe tener en cuenta que dicho término, previsto para el año 2021, "obstaculiza la implementación del punto 5° del Acuerdo Final de paz[20], cuyo contenido está reflejado en la Constitución (Actos Legislativos 01 y 02 de 2017), por cuanto los mecanismos creados por dicha ley tienen la finalidad y han sido notables para materializar el derecho a la reparación integral de las víctimas, y son imprescindibles para la sostenibilidad de la paz, por ser marcos jurídicos complementarios que permiten la realización de los derechos de las víctimas en el proceso de transición de un conflicto armado interno a una situación de paz"[21]. || En este sentido, aseguran que si bien de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se desprende que el control de constitucionalidad abstracto sobre disposiciones que establecen la vigencia de leyes o actos con fuerza material de ley debe tener en consideración la libertad de configuración del legislador, dicha autorización tiene varios límites, a saber: (i) "es inconstitucional cualquier decisión que implique la entrada en vigencia de una ley con anterioridad a su promulgación, pues esto contrariaría el principio de publicidad"; (ii) la cláusula general de competencia legislativa excluye toda actividad de producción normativa asignada por la Constitución Política a otra rama del poder público u órgano estatal; y (iii) el ejercicio de la función legislativa debe respetar las normas, los derechos y los principios derivados de la Carta[37].] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, ley, reparación, derechos, vigencia, corte, integral, derecho, conflicto, acuerdo, protección, medidas]

Para la Corte el tributo contenido en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 -contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública y otras concesiones-' (modificatorio del artículo 120 de la Ley 418 de 1997) se encontraba vigente al momento de otorgársele carácter permanente mediante el artículo 8 de la Ley 1738 de 2014, "por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010", por lo cual carece de fundamento el cargo por vulnerar el principio de certeza tributaria. S.V: "la remisión a una disposición, incluso derogada, para determinar los elementos de un tributo, no desconocía per se el principio de certeza tributaria o de certeza de la obligación tributaria, siempre que esta disposición satisficiera las exigencias del citado principio" - [Resumen automatizado: El cargo propuesto por el demandante es el siguiente: la disposición acusada desconoce el inciso 1º del artículo 338 de la Constitución al otorgar carácter permanente a un tributo contenido en una disposición que no se encuentra vigente (“contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública y otras concesiones”, artículo 6 de la Ley 1106 de 2006). || La interpretación adoptada por dicha autoridad fue razonable, circunstancia que no solo se deriva del apoyo a tal postura por parte de la mayoría de intervinientes en el proceso de constitucionalidad (Federación Colombiana de Municipios, Contraloría General de la República, ANI, Invías, Aeronáutica Civil, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DNP, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Transporte y Universidad Externado de Colombia), sino de la coherencia en la aplicación de las reglas de resolución de antinomias normativas en que se fundamentó el concepto n.º 41622 del 14 de julio de 2014. || Para varios de los intervinientes, en particular los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional, la Academia Colombia de Jurisprudencia, la Universidad Externado de Colombia, el ICDT y el Procurador General de la Nación, la disposición a la que remite el aparte demandado (artículo 6 de la Ley 1106 de 2006) contiene la totalidad de los elementos del tributo al que otorga carácter permanente.] - [Palabras claves automatizadas: ley, disposición, cargo, pública, contribución, elementos, ministerio, vigencia, carácter, vigente, constitución, diciembre, principio]

Control automático y definitivo de la Ley 1820 de 2016, "por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones" - [Resumen automatizado: La Ley presenta una notable complejidad, debido a que (i) las amnistías e indultos no sólo atañen a los rebeldes, sino que se prevé su extensión a ciudadanos procesados o condenados por hechos ocurridos “en el marco de disturbios públicos o en el ejercicio de la protesta social”; (ii) los tratamientos penales especiales diferenciados constituyen una categoría, o un género amplio, que comprende (ii.1.) la renuncia a la persecución penal para agentes del Estado; y (ii.2.) regímenes de beneficios adicionales para integrantes de la guerrilla, agentes del Estado y particulares que, voluntariamente, deseen acceder al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; (iii) algunas medidas proyectan sus efectos en ámbitos distintos al derecho penal (disciplinario, administrativo, fiscal, laboral o civil); (iv) incluye la definición de un conjunto de funciones para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como (v) diversos mandatos que tienen consecuencias directas para la vigencia de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, derecho, derechos, sala, ley, conductas, delitos, conflicto, corte, penal, paz, justicia, parte, amnistías]

Para la Corte la certificación de desvinculación que expide el Comité Operativo de la Dejación de Armas (CODA), se debe entregar a todas las víctimas de reclutamiento, en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado. Decreto ley 671 de 2017, "por el cual se modifica la Ley 1448 de 2011, en lo relacionado con la certificación de desvinculación de menores en caso de acuerdos de paz, y se dictan otras disposiciones"; Exequible, salvo aparte que declara estarse a lo resuelto en la Sentencia C-069-16 que lo condicionó en el texto original - [Resumen automatizado: Por todo lo anterior, para el Gobierno Nacional no es objetivamente posible tramitar el asunto a través de los canales deliberativos (ordinarios o especiales) que tiene el Congreso por su falta de idoneidad, en atención a la calidad de sujetos de especial protección constitucional de los niños, niñas y adolescentes, además en condición de víctimas de reclutamiento ilícito, que por la naturaleza de sus derechos deben acceder de forma inmediata al restablecimiento pleno de los mismos, a salvo de trámites que puedan entorpecer su acceso a los programas que contempla el Acuerdo Final, como parte del restablecimiento de sus derechos, con la oportunidad que ello demanda, por estar diseñados para atender casos individuales, -en donde se hace necesaria la verificación de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, y con ese propósito se puede solicitar información a los organismos de seguridad del Estado, autoridades judiciales, entre otros, y transcurren 20 días, después de allegados tales soportes, para la expedición del certificado por parte del CODA-, no colectivos en procesos de paz, caso en el que mantener la confianza entre las partes, frente al cumplimiento de lo acordado, implica que se presuma la buena fe respecto del listado de los menores pertenecientes a ese grupo armado que éste entrega y, en esa medida, no se hace necesaria la verificación posterior de tal pertenencia; y, al cumplir los 18 años, participar de los programas que se encuentran a cargo de la Agencia Colombiana para la Reintegración.] - [Palabras claves automatizadas: ley, acuerdo, paz, decreto, menores, derechos, edad, armado, víctimas, proceso, conflicto]

Inepta demanda contra la expresión "cuya propiedad se pretende adquirir por adjudicación" contenida en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno". Inepta demanda por los cargos planteados en relación, en criterio del demandante al condicionamiento al derecho a la restitución de tierras baldías, y en general el derecho a las reparaciones vinculadas a dichos inmuebles. Para algunos intervinientes lo que se pretendía demandar era el artículo 2.15.1.3.5. del Decreto 440 de 2016, y no el precepto legal efectivamente acusado - [Resumen automatizado: A juicio del actor, la vulneración del ordenamiento superior se produce porque la norma impugnada condiciona el derecho a la restitución de tierras baldías, y en general el derecho a las reparaciones vinculadas a dichos inmuebles, a que los ocupantes que fueron obligados a abandonarlos o que fueron despojados de los mismos como consecuencia del conflicto armado interno, cumplan los requisitos para ser adjudicatarios del inmueble: "el artículo 75 de la Ley 1148 de 2011 determina quiénes son las personas que tienen derecho a los beneficios de la restitución de tierras, limitando la población a las víctimas que al momento de los hechos de violencia tuviesen la condición de propietarios, poseedores y explotadores de baldíos, estos últimos además, deben haber ejercido ocupación sobre bienes `cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación'.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, adjudicación, demanda, reparación, conflicto, bienes, ley, judicial, armado, tierras, víctimas, legal, personas]

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas esta habilitada para actuar cuando el titular de la acción de restitución de tierras le solicite que lo represente en el trámite judicial. La expresión "podrá" no puede interpretarse como aquella que otorga a la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas la facultad para escoger discrecionalmente en qué casos representa a la víctima titular de la acción de restitución de tierras que solicite expresamente instaurar la demanda y adelantar el trámite judicial ante los jueces y magistrados de esa justicia especializada. Ley 1448 de 2011 "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 82 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: La Corte debe determinar en esta oportunidad, si la expresión “podrá”, contenida en el artículo 82 de la Ley 1448 de 2011, desconoce los derechos fundamentales de las víctimas a la reparación integral, al debido proceso en su núcleo de defensa técnica, y al acceso a la administración de justicia, si se interpreta como una facultad discrecional reconocida a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para escoger en qué casos representa judicialmente a los titulares de la acción de restitución de tierras. || La demandante solicita declarar inexequible la expresión “podrá” contenida en el artículo 82 de la Ley 1448 de 2011, por considerar que la misma limita el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto, a la vez que desconoce los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, a la restitución de tierras, a la reparación integral y a la defensa técnica de las víctimas de despojo y/o abandono de tierras en el marco del conflicto armado interno colombiano, en tanto establece una facultad discrecional en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, de seleccionar los casos en los cuales representará a las víctimas en el trámite judicial ante los jueces y magistrados para lograr la restitución de las tierras despojadas y abandonadas.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, víctimas, tierras, unidad, derechos, reparación, integral, judicial, justicia, proceso, acción, ley]; Art. 82 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

Inepta demanda contra la limitación impuesta al monto de la indemnización que se decrete a favor de la víctima, cuando el Estado deba concurrir subsidiariamente a dicha reparación contenida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"\ La demanda partía de una aproximación interpretativa errónea acerca del enunciado normativo demandado. En criterio del actor, este implicaba un límite al pago de condenas en todos los casos. En realidad, es un límite al deber de concurrencia subsidiaria, cuando el condenado es un particular, y sus recursos o los del grupo armado son insuficientes para el pago ordenado en sede judicial - [Resumen automatizado: 1. El ciudadano Jaime Hernán Ramírez Gasca presentó acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 10 de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”[1], por considerar que vulnera los artículos 1º, 2º, 13, 29, 93 y 94 de la Constitución Política, que encuentran respaldo en algunos instrumentos internacionales referentes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, porque establece un límite al monto de la indemnización subsidiaria que debe pagar el Estado en aquellos casos en los que el victimario no disponga de recursos o bienes suficientes para cubrir la totalidad de la reparación ordenada por vía judicial, y que deberá coincidir con lo reglamentado para la indemnización individual por vía administrativa de que trata el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, reparación, demanda, ley, corte, indemnización, igualdad, norma, derecho, derechos, sentencia]

Fallo inhibitorio por la inepta demanda contra uno de los elementos de la definición de persona desplazada o de víctima de desplazamiento forzado, respecto de las personas que tuvieron que emigrar al exterior por el conflicto armado interno, al no cumplir con los requisitos que se exige de un cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa. Ley 387 de 1997 "por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioecononómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia"; Art. 1 y Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; Art. 60 Par. 2o - [Resumen automatizado: En caso de que no prospere la petición anterior, que se declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión 'dentro del territorio nacional' contenida en los artículos 1 de la Ley 387 de 1997 y 60 de la Ley 1448 de 2011; en el entendido de que aquellas personas que se han visto forzadas a migrar por fuera del territorio nacional como consecuencia del conflicto armado deben ser reconocidas en términos igualitarios y equivalentes a las víctimas de desplazamiento forzado interno y, por ende, ellas tienen derecho a un recurso efectivo o a un debido proceso que incluya medidas de asistencia, atención (retorno, entre otras) y reparación que efectivicen sus derechos a la verdad, justicia, reparación (incluyendo la restitución de sus viviendas, tierras y patrimonio) con garantías de no repetición.] - [Palabras claves automatizadas: ley, personas, víctimas, desplazamiento, exterior, derecho, conflicto, corte, armado, forzado, medidas, demanda, derechos, omisión, territorio]; Art. 60 Par. 2o

La improcedencia de la conciliación en el proceso de restitución, no vulnera los derechos de las víctimas del conflicto armado interno al debido proceso, acceso a la administración de justicia y la garantía de eficacia de estos derechos. Al estar involucrados derechos fundamentales, prima facie, la inadmisibilidad de la conciliación dentro del proceso de restitución cuenta con un fundamento constitucional sólido.- La Corte precisó el alcance del aparte demandado, y concluyó que la expresión demandada cobija tanto la conciliación como etapa del proceso, como la conciliación extra proceso. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 94 (parcial) - [Resumen automatizado: Lo anterior, por cuanto (i) la posibilidad de conciliar no hace parte de las garantías constitucionales que configuran el derecho al debido proceso, (ii) la inclusión de la conciliación como una garantía constitucional del debido proceso no se desprende de una interpretación sistemática o teleológica de la Constitución, (iii) no existen en el ordenamiento jurídico procesos judiciales o tipos de conflictos respecto de los cuales el Congreso tenga el deber constitucional de permitir la conciliación, sea ésta un presupuesto procesal de la acción, una actuación dentro del proceso, o por fuera de él, (iv) la inadmisibilidad de un mecanismo que de por sí es excepcional y complementario no puede entenderse como una limitación del derecho de acceso a la administración de justicia y (v) la inadmisibilidad de la conciliación judicial o extra judicial se constituye en un mecanismo diseñado por el Congreso para proteger los derechos fundamentales de los solicitantes de restitución, de sus familias, y el derecho a la verdad que también están en cabeza de toda la sociedad, en contextos en los cuales existen riesgos de presiones externas que tienen la potencialidad de afectar la autonomía de la voluntad.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, proceso, derecho, víctimas, justicia, corte, judicial, constitucional, sentencia, partes, disposición, parte, tierras]; Art. 94 (parcial)

No encontró la Corte que el estándar de conducta -la buena fe exenta de culpa- en la Ley de víctimas y restitución de tierras genere una eventual violación al principio de igualdad de los segundos ocupantes del predio objeto de restitución. Sin embargo, dada la existencia de una amplísima diversidad de casos en el marco de la restitución, y la ausencia de un órgano de cierre en la justicia de tierras, la Sala Plena consideró necesario fijar un condicionamiento, en el entendido de que es un estándar que debe ser interpretado por los jueces de forma diferencial, frente a los segundos ocupantes, que demuestren condiciones de vulnerabilidad, y no hayan tenido relación directa o indirecta con el despojo, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta providencia. Exhorta al Congreso de la República y al Gobierno Nacional acerca de la necesidad de establecer e implementar una política pública comprensiva acerca de la situación de los segundos ocupantes en el marco de la justicia transicional. Ley 1448 de 2011, "por el cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; La expresión "exenta de culpa" contenida en los artículos 88, 91, 98 y 105 : CONDICIONALMENTE exequibles - [Resumen automatizado: La exigencia de demostrar la buena fe exenta de culpa por parte de los opositores dentro del proceso de restitución para acceder a la compensación es un requisito demasiado estricto, que impone a todas las personas una carga probatoria idéntica, sin evaluar sus condiciones particulares, lo que puede llevar a situaciones injustas que agravarían los conflictos sociales y, en consecuencia, no cumpliría los objetivos de sostenibilidad, acción sin daño y garantías para el retorno, así como los mandatos internacionales que imponen al Estado el deber de adoptar medidas de protección a los segundos ocupantes, incluido el acceso efectivo a la justicia (artículo 229 CP). || Unidad Administrativa Especial de Gestión de restitución de Tierras Despojadas Exequibilidad condicionada, "bajo el entendido de que es un estándar que debe ser valorado por el juez de restitución de manera diferenciada para el caso de los Segundos Ocupantes, quienes al no tener relación con la situación de despojo o abandono forzado del predio objeto de restitución, asentados con anterioridad al proceso de restitución, y por el hecho de encontrarse en situación de vulnerabilidad (sujetos especiales de protección o sin recursos suficientes para acceder a una vivienda) no podrán fácilmente acreditarlo, de lo que se colige la necesidad de modular la exigencia probatoria de la buena fe calificada, con el fin de que aquellos, una vez probada ese estándar diferenciado, sean titulares de compensación y otras medidas de protección a través de programas sociales."] - [Palabras claves automatizadas: tierras, buena, derechos, fe, derecho, culpa, víctimas, situación, proceso, ley, personas]

El establecimiento de un régimen especial de reparación económica a los miembros de la Fuerza Pública, víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, con ocasión del conflicto armado interno, no implica vulneración del derecho a la igualdad. La Corte encontró justificado el trato distinto que se les otorga, dado el carácter especial de los miembros de la Fuerza Pública, la misión a su cargo y su relación de sujeción con el gobierno y la administración pública por la especificidad de las funciones constitucionales que cumple, así como el régimen especial que los rige. Ley 1448 de 2011, "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 3 Par. 1º. (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: Los ciudadanos Jorge Kenneth Burbano Villamarín Director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional- y Hans Alexander Villalobos Díaz, estudiante de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, intervienen en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declarar exequible la norma acusada, “en el entendido que los miembros de la fuerza pública que sean víctimas del conflicto armado interno tienen derecho a la reparación económica que se desarrolla en la mencionada ley”. || “El legislador vulneró el derecho a la igualdad, en la medida en que dispuso que los integrantes de la Fuerza Pública víctimas del conflicto armado interno- no son destinatarios de una reparación integral a diferencia de las otras víctimas sino que ésta se limita, por todo concepto, al “derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable”. || ¿La norma de justicia transicional, que contempla respecto de los integrantes de la Fuerza Pública que sean víctimas del conflicto armado, una reparación económica correspondiente, por todo concepto, a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable, vulnera el principio-derecho a la igualdad, en relación con las demás víctimas, quienes reciben una indemnización administrativa en el marco de la mencionada ley?.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, fuerza, reparación, derecho, pública, miembros, conflicto, armado, régimen, corte, especial, económica]; Art. 3 Par. 1º. (parcial) : Exequible

Inepta demanda contra el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones". El punto de partida del actor es la supuesta homologación o sustitución de la reparación judicial por la administrativa, enunciado que no le es adjudicable al contenido del precepto demandado. S.V - [Resumen automatizado: De la reseña efectuada se pueden extraer los siguientes rasgos que caracterizan la concurrencia subsidiaria del Estado en materia de indemnización a las víctimas en los procesos penales sobre criminalidad masiva y sistemática: (i) tiene su fundamento en el deber del Estado de garantizar los derechos humanos conforme al derecho internacional y constitucional; (ii) debe ser declarada judicialmente y surge frente a la existencia de una condena judicial en contra de los perpetradores, unida a la insolvencia, imposibilidad de pago o falta de recursos o bienes del victimario condenado o del grupo armado organizado al margen de la ley al cual este perteneció; (iii) no implica, en sí misma, imputación de responsabilidad al Estado por el acto antijurídico, o penal a sus agentes; (iv) la compensación económica a cargo del Estado en virtud de la concurrencia subsidiaria está limitada al monto establecido para la indemnización individual por vía administrativa; (v) no modifica la obligación en cabeza del victimario de reconocer la totalidad de la indemnización o reparación decretada judicialmente, ni exonera al Estado del deber de perseguir el pago de dicha obligación; (vi) se orienta por los principios de complementariedad y articulación institucional que rigen las diversas vías previstas por el legislador para proveer a la reparación integral de las víctimas de criminalidad masiva y sistemática, en un contexto de justicia transicional.] - [Palabras claves automatizadas: reparación, judicial, norma, indemnización, administrativa, víctimas, corte, demanda, responsabilidad, vía, ley]

¿La exigencia a los niños, niñas y adolescentes desmovilizados que cumplen su mayoría de edad, de un certificado expedido por el CODA como requisito previo para ingresar a los programas de integración social y económica ofrecidos en favor de las víctimas de reclutamiento forzado, establece un trato diferenciado y discriminatorio entre víctimas de grupos armados al margen de la ley y víctimas de grupo armados post desmovilización, por cuanto estas últimas quedaron excluidas de la entrega de dicho certificado, en razón a que solo se les reconoce la condición de grupos armados al margen de la ley a los grupos guerrilleros y de autodefensa? Para la Corte la certificación de desvinculación que expide el Comité Operativo de la Dejación de Armas (CODA), se debe entregar a todas las víctimas de reclutamiento, en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado. L a Corte precisó que los programas de reintegración social y económica, en favor de las víctimas de reclutamiento ilícito, forman parte de su derecho a la reparación, el cual debe ser garantizado por el Estado en igualdad de condiciones para todas, a través de las medidas que se adopten para el efecto, sin que las condiciones o calidades particulares del agente que incurrió en el reclutamiento puede ser relevante para definir la condición de víctima de reclutamiento ilícito. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 190 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. S. V - [Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Jorge Armando Otálora Gómez, actuando en representación de la Defensoría del Pueblo, demandó la expresión, [s]iempre que cuenten con la certificación de desvinculación de un grupo armado organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo de la Dejación de las Armas”, contenida en el artículo 190 (parcial) de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. || En escrito radicado el 21 de octubre de 2015, el director del Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad, en compañía de sus investigadores, realiza la intervención en la presente acción de inconstitucionalidad, solicitando se declare la exequibilidad condicionada de la expresión demandada por el accionante, “en el sentido de que la certificación emitida por el CODA para los efectos del Artículo 190 de la Ley 1448 de 2011, el cual exige a las víctimas de reclutamiento forzado e ilícito desvinculadas y que han cumplido la mayoría de edad, deberá expedirse con base en la constatación de que en el caso concreto, se trata de la desvinculación de una persona que fue reclutada forzadamente en el contexto del conflicto armado cuando eran menor de 18 años de edad, mas no a partir de la calidad de sujeto o grupo que causó el reclutamiento forzado e ilícito.”[15]] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, armado, conflicto, menores, grupos, derechos, ley, armados, reclutamiento, edad, corte, niños]; Art. 190 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. S. V

Inepta demanda contra apartes del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones", en relación con los cargos por violación al derecho a la igualdad, omisión legislativa relativa al no regular suficientemente la etapa administrativa de la restitución de tierras, y desconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad - [Resumen automatizado: El Magistrado Sustanciador, mediante auto del once (11) de julio de 2014, dispuso: i) admitir la demanda; ii) fijar en lista el asunto y simultáneamente correr traslado al Procurador General de la Nación, para que rindiera el concepto de rigor; iii) comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Ministerio del Interior, de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Fiscal General de la Nación, al Defensor del Pueblo, al Departamento Nacional de Planeación, a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; iii) invitar a las facultades de derecho de las universidades Externado de Colombia, Libre, Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, del Rosario, de los Andes, Sergio Arboleda y Santo Tomás, a la Comisión Colombiana de Juristas, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia- y a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes-.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, norma, condiciones, demanda, cargo, ley, corte, derecho, tierras, constitucional, omisión, derechos, razón, parte, proceso]

La Corte encontró INEXEQUIBLE condicionar la efectiva entrega del predio restituido al pago de las compensaciones que hubiere ordenado el juez en favor de los poseedores de buena fe. El derecho a la restitución de tierras como componente de la reparación integral de las víctimas reconocidas en el marco de la Ley 1448 de 2011, es autónomo e independiente de los derechos reconocidos a los terceros de buena fe exenta de culpa. El aparte acusado resulta excesivamente gravoso y lesivo para los intereses y los derechos fundamentales de las víctimas a la reparación integral, en cuanto comporta una restricción particularmente significativa e intensa de sus garantías constitucionales, que impide la plena certeza en la satisfacción de su derecho a la restitución. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 100 (parcial) : INEXEQUIBLE. S.V - [Resumen automatizado: La Corte debe abordar esencialmente el siguiente interrogante: ¿si como lo señalan los accionantes la expresión “dentro de los tres días siguientes al pago de las compensaciones ordenadas por el Juez o Magistrado, cuando hubiere lugar a ello, o”, prevista en el inciso primero del artículo 100 de la Ley 1448 de 2011, desconoce los artículos 1º, 2º, 5º, 11, 12, 13, 16, 25, 29, 42, 44, 48, 51, 58 y 229 de la Constitución, así como el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al estipular como condición para que se haga efectiva la entrega material del bien restituido a las víctimas del despojo y abandono forzado, que previamente el Estado haya pagado la compensación a los opositores de buena fe exenta de culpa, siendo además las víctimas ajenas a esta obligación que recae sobre el Estado.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, derecho, derechos, reparación, ley, justicia, sentencia, judicial, medidas, proceso, corte, fe, buena, debe]; Art. 100 (parcial) : INEXEQUIBLE. S.V

¿La omisión por parte del legislador, predicable de los artículos 1º de la Ley 1106 de 2006 y 1º de la Ley 1421 de 2010, al abstenerse de prorrogar la vigencia de la prestación económica equivalente a un salario mínimo, para las víctimas del conflicto armado que hubiesen perdido su capacidad laboral en más de un 50% y sin otra alternativa pensional, originalmente regulada en el artículo 46 de Ley 418 de 1997, desconocía el principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, los deberes sociales del Estado y la garantía de la igualdad material? La creación de esta prestación a favor de las víctimas del conflicto armado y la posterior prórroga de las normas que la contienen, seguida de la no prórroga de la misma por parte de los artículos 1º de la Ley 1106 de 2006 y 1º de la Ley 1421 de 2010, generaron entonces un vacío normativo, al dejar fuera del ordenamiento jurídico el reconocimiento de esta prestación a víctimas del conflicto armado. Para la Corte, la conducta omisiva del legislador implicó una trasgresión a la prohibición de regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo anterior, se consideró que se encontraban acreditados los requisitos establecidos por la jurisprudencia para que prosperara el cargo de omisión legislativa relativa. Art. 1 de la Ley 1106 de 2006, "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones" y Art. 1 de la Ley 1421 de 2010, "por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006", declarados CONDICIONALMENTE exequibles, "en el entendido que las víctimas del conflicto armado interno, que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud". Inepta demanda en relación con el artículo 131, parcial, de la Ley 418 de 1997, artículo 1 de la Ley 548 de 1999 y el artículo 1 de la Ley 782 de 2002, por ineptitud sustantiva de la demanda - [Resumen automatizado: Tanto dicho carácter progresivo de la prestación como la regresión en que incurrió la Ley 1106 de 2006 al no prorrogar la vigencia de la medida han sido reconocidos en sentencia T-469 de 2013 por la misma Corte Constitucional, fallo en el cual ordena el pago de la pensión de invalidez a una persona víctima del conflicto. || Por lo tanto, a juicio del interviniente, existe una medida de carácter regresivo que no resulta justificada pues el legislador no expuso de manera clara y suficiente las razones por las cuales la pensión por invalidez para las víctimas no debía ser prorrogada, incumpliendo los presupuestos de orden constitucional para la adopción de disposiciones regresivas que imponen criterios de razonabilidad, necesidad, proporcionalidad de acuerdo con el examen desarrollado por la Corte Constitucional en estas materias. || Así, ha establecido una prohibición de derogatoria tácita para la pensión por invalidez para víctimas del conflicto armado con discapacidad contemplada en la Ley 418 de 1997, además de haber reiterado que dicha prestación se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico interno y por ende sigue produciendo plenos efectos, sosteniendo también en tales fallos que las condiciones que dieron origen a esta pensión no han desaparecido y los sujetos destinatarios son de especial protección constitucional.] - [Palabras claves automatizadas: ley, derechos, víctimas, prestación, conflicto, derecho, corte, pensión, personas, medidas, normas, protección, norma, legislador, vigencia]

Los artículos en los cuales se regula de manera integral el tema del incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas resulta violatoria de los artículos 29 y 229 de la CP en razón a que sustituye el incidente de reparación integral por la vía judicial penal, tal y como se encontraba consagrado en la Ley 975 de 2005, por un incidente de identificación de afectaciones que se homologa con la reparación integral a las víctimas por vía administrativa. Diluyendo las cruciales diferencias que existen entre ambas vías, y de contera desconocen con ello los derechos de las víctimas a recurrir tanto a la vía judicial como a la vía administrativa, sin que estas vías deban ser excluyentes, sino por el contrario complementarias y articuladas. La Corte reincorpora al ordenamiento jurídico los artículo 23 y 24 de la ley 975 de 2005 que regula el incidente de reparación integral, así como de los artículos 7 (derecho a la verdad), 8 (derecho a la reparación), 42 (deber general de reparar), 43 (orden de reparación en la sentencia), 45 (solicitud de reparación), 47 (rehabilitación), 48 (medidas de satisfacción y garantías de no repetición), y 49 (programas de reparación colectiva), todos de la Ley 975 de 2005. Esta decisión no afecta en ningún sentido las disposiciones, planes, programas, mecanismos, elementos, componentes, estrategias y diferentes medidas de la reparación integral por vía administrativa y la restitución de tierras consagradas en la Ley 1448 de 2011, y por tanto no desestructura la política pública de reparación integral a las víctimas. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones "; Arts. 23, 24, 25, 27 (parcial), 33, 40 y 41 (Mod. de los artículos 23, 23A, 24, 26, 54 de la de la Ley 975 de 2005) : INEXEQUIBLES - [Resumen automatizado: (Negrillas de la Corte) Por tanto, para esta Corporación, en los artículos 23 y 24 se constataba la ausencia de pronunciamiento claro y concreto en relación con las medidas de reparación integral por parte del juez penal, cuando la víctima interviene en el proceso en procura de hacer efectivo sus derechos, con lo cual evidentemente se "vulnera la tutela judicial efectiva porque al no definirse el reconocimiento de la indemnización y otras formas de reparación seguirá después de fallada la sentencia condenatoria sobre el desmovilizado, luego de fallarse el incidente de afectación causada".[61] (Énfasis de la Sala) Recordó también este Tribunal en dicho pronunciamiento que el proceso penal no es el único escenario para la protección de las víctimas en el conflicto colombiano, sino que es uno de los escenarios judiciales y extrajudiciales en los que la víctima tiene la posibilidad de reclamar la reparación por los perjuicios que le han sido ocasionados.] - [Palabras claves automatizadas: reparación, ley, víctimas, integral, judicial, justicia, derecho, vía, derechos, corte]; Arts. 23, 24, 25, 27 (parcial), 33, 40 y 41 (Mod. de los artículos 23, 23A, 24, 26, 54 de la de la Ley 975 de 2005) : INEXEQUIBLES

Cosa juzgada INEXEQUIBLE en relación con los artículos 23 y 24 (parciales) de la Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdo humanitarios" y se dictan otras disposiciones". Inepta demanda contra los artículo 40 y 41. S.V - [Resumen automatizado: En la sentencia C-180 de 2014 esta Corporación resolvió el siguiente problema jurídico: “En atención a los cargos formulados en el escrito de la demanda, corresponde a la Sala Plena resolver si la expresión “las cuales en ningún caso serán tasadas” del inciso 4° y el inciso 5° del artículo 23 y el artículo 24, inciso 2° de la Ley 1592 de 2012, en lo acusado, tienen las siguientes implicaciones, y por tanto deben ser excluidas del ordenamiento: i) vulneran el principio de juez natural porque la decisión sobre la adopción de medidas de reparación y sus formas compete a autoridades administrativas, según lo aduce la demandante; ii) establecen una limitación al derecho de acceso a la administración de justicia de las víctimas que conduce al desconocimiento de su derecho a la justicia ante la imposibilidad de presentar pretensiones reparatorias dentro del proceso de justicia y paz; y iii) desconocen el derecho a la reparación integral de las personas afectadas con las conductas punibles porque en la sentencia dictada por el juez penal no se adoptará una decisión al respecto”.] - [Palabras claves automatizadas: reparación, ley, víctimas, corte, sentencia, administrativa, unidad, artículos, integral, vía, justicia, derecho, judicial, especial]

Inexequibles los apartes demandados al considerar la Corte que no cabe sustraer del proceso de justicia y paz la competencia para que el juez penal decida sobre la reparación integral de las víctimas, pues ello implica la inobservancia del principio de juez natural consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Por consiguiente, de acuerdo con la decisión de la Corte, el incidente de reparación previsto en la Ley 975 de 2005 debe adelantarse hasta su culminación por el juez de la causa, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en el marco de los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Arts. 23 y 24 (parciales) (Mod. Arts. 23 y 23A de la Ley 975 de 2011) - [Resumen automatizado: Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229 Superior ordena 'garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia', está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas.” De este modo, el derecho de Acceso a la Administración de Justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones.” Igualmente, uno de los lineamientos fijados desde el derecho internacional en relación con las normas de justicia transicional se refiere al derecho de las víctimas a obtener de los jueces y tribunales la tutela judicial de sus derechos mediante un recurso efectivo. || Luis Ernesto Vargas Silva, SVP: María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV y AV: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.] - [Palabras claves automatizadas: reparación, derecho, víctimas, justicia, derechos, ley, integral, judicial, proceso, medidas, víctima]; Arts. 23 y 24 (parciales) (Mod. Arts. 23 y 23A de la Ley 975 de 2011)

¿El legislador, al establecer que el término de ocho (8) años de reclusión en establecimiento carcelario posteriores a la desmovilización se cuenta a partir de la postulación a los beneficios que establece la citada ley, para efectos de poder sustituir la medida de aseguramiento, configura una vulneración de la igualdad al no tener en cuenta el tiempo de reclusión anterior a la postulación, mientras que para los demás miembros del grupo armado ilegal sí se tiene en cuenta todo el tiempo de permanencia en un establecimiento de reclusión, con posterioridad a su desmovilización? ¿Para ese cálculo debería tenerse en cuenta todo el tiempo que la persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario? Para la Corte el tiempo que una persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario antes de la desmovilización es irrelevante para efectos de la Ley 975 de 2005, toda vez que obedecía a la aplicación de la ley ordinaria y no implicaba nada distinto a lo que las demás personas, fuesen o no miembros de tales grupos, experimentaban. En ningún evento es posible, entonces, que el hito temporal cuestionado sea anterior a la fecha de la desmovilización. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Art. 19 Parágrafo (Adc. Art. 18A a la Ley 975 de 2005) : Exequible - [Resumen automatizado: El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de control de garantías una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso del que trata la presente ley. || Si este cargo se aprecia a la luz del principio pro actione, que es el que debe guiar su apreciación, es posible advertir de manera objetiva que el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1592 de 2012, parece prever un modo diferente para calcular el término de tiempo necesario para poder solicitar una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, por otra medida de aseguramiento no privativa de la libertad, cuando se trata de personas que estaban privadas de la libertad al momento de desmovilizarse el grupo al que pertenecían.] - [Palabras claves automatizadas: ley, igualdad, libertad, partir, demanda, norma, trato, establecimiento, desmovilización, medida, aseguramiento, constitución, si]; Art. 19 Parágrafo (Adc. Art. 18A a la Ley 975 de 2005) : Exequible

Las medidas de reparación consistentes en acceso preferente de las víctimas a subsidios de vivienda, programas de formación y empleo, y a la carrera administrativa en casos de empate, son exequibles en el entendido que tales prestaciones son adicionales y no podrán descontarse del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas. Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; Arts. 9 (parcial), 123, 124, 125, 127, 130 y 131 - [Resumen automatizado: 1. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Luis Jorge Garay Salamanca, Marco Romero Silva, Fernando Barberi Gómez, Clara Leonor Ramírez Gómez, Fernando Vargas Valencia, Antonio José Madariaga Reales, Alirio Uribe Muñoz, Blanca Irene López Garzón, Gustavo Gallón Giraldo, Ruby Alba Castaño Rodríguez, e Iván Cepeda Castro presentaron demanda contra los artículos 9 y 10 (parciales), 123, 124, 125, 127, 130 y 131 de la Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, por presunto desconocimiento de los artículos 1°, 2°, 13 y 93 de la Constitución Política. || A su vez, respecto del cargo dirigido contra estos artículos por violación del derecho a la reparación integral y a la cláusula general de responsabilidad del Estado, el interviniente sostiene que dichas normas no pretenden agotar la “reparación plena y proporcional” debida a las víctimas, sino que apenas constituyen una parte de los otros tantos componentes previstos en la ley dirigidos a reparar el daño causado como consecuencia del conflicto armado interno.] - [Palabras claves automatizadas: reparación, medidas, víctimas, ley, vivienda, derechos, corte, social, asistencia, derecho, normas, administrativa, artículos]; Arts. 9 (parcial), 123, 124, 125, 127, 130 y 131

La Corte CONDICIONA la exequibilidad de la expresión "al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad" , del inciso quinto del artículo 2o. de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que también se tendrán como víctimas a los familiares en primer grado civil de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley. Ley 1592 de 2012 - Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones ; Art. 2 (parcial) - [Resumen automatizado: Advierte que puede haber operado la cosa juzgada constitucional por cuanto en la sentencia C-370 de 2006 la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 5º de la ley 975 de 2005 (presunción de víctima de los familiares en primer grado de consanguinidad y civil), en el entendido que dicha presunción no excluye a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley. || En efecto, no existe justificación constitucionalmente válida para presumir el daño y reconocer como víctimas solo a los familiares en primer grado de consanguinidad de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley, y simultáneamente excluir de esa misma condición a los familiares en primer grado civil (adoptantes o adoptivos).] - [Palabras claves automatizadas: víctima, víctimas, ley, daño, corte, familiares, derechos, grado, primer, civil, miembros]; Art. 2 (parcial)

Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, por falta de legitimación de los demandantes, toda vez que el ejercicio de sus derechos políticos se encuentra suspendido en virtud de las condenas penales que se les impuso y que aún cumplen., en relación con la demanda formulada contra los artículos 19 (parcial) y 35 (parcial) de la Ley 1592 de 2012, por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones; por ausencia de legitimidad de los demandantes para presentar dicha acción, toda vez que el ejercicio de sus derechos políticos se encuentra suspendido en virtud de condena penal - [Resumen automatizado: El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de control de garantías una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso del que trata la presente ley. || En consecuencia, esta Corte se inhibirá de emitir un fallo de fondo, por ausencia de legitimidad de los demandantes para presentar dicha acción, no sin antes reiterar, que la inhibición no es óbice para que las personas condenadas a quienes se les impone la restricción temporal en el ejercicio de sus derechos políticos no puedan formular durante el respectivo lapso, las demás acciones judiciales que la constitución y la ley les reconoce para acceder a la administración de justicia en defensa de sus derechos.] - [Palabras claves automatizadas: libertad, ley, ejercicio, derechos, corte, medida, proceso, aseguramiento, constitución, pena, derecho, políticos, inconstitucionalidad, acción]

¿Los artículos 19 de la Ley 1448 de 2011, 77 del Decreto Ley 4634 de 2011 y 80 del Decreto Ley 4634 de 2011, desconocen el derecho a la reparación de las víctimas al referirse a la sostenibilidad fiscal y a los límites impuestos por el presupuesto nacional como criterios para asegurar la continuidad y progresividad de la política pública en esta materia? La Corporación reiteró los lineamientos establecidos en la jurisprudencia constitucional sobre el contenido y el alcance de la sostenibilidad fiscal, introducida mediante el artículo 334 de la Constitución mediante el Acto Legislativo 03 de 2011. Considerar que el derecho a la indemnización administrativa de las víctimas no puede ser restringido por razones presupuestales, supondría reconocer la existencia de un derecho a recibir montos ilimitados por parte del Estado en el marco de procesos administrativos, lo cual, además de ser inviable, iría en detrimento de los derechos de las víctimas, porque haría imposible repararlas a todas en condiciones de igualdad tal y como debería ser en este tipo de programas. Por ello, consideró que el sentido de las normas acusadas alude a la imperativa necesidad de que la política pública estatal de reparación a las víctimas sea viable y proporcional al número de víctimas y a la magnitud del daño sufrido por ellas, lo cual se ajusta a al parágrafo del artículo 334 y al artículo 366 de la Carta Política. Exequibles las normas demandadas - [Resumen automatizado: A pesar de que la sostenibilidad fiscal se encuentra hoy reconocida como principio en el artículo 334 de la Constitución, modificado por el acto legislativo 3 de 2011, de manera que debe orientar la actuación de los diferentes órganos del Estado, dicha disposición establece que "bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva". || Si bien las medidas contenidas tanto en la referida ley como en sus decretos ley no se limitan a la reparación sino también a la atención y a la asistencia, el demandante argumenta su posición solo con respecto a las medidas de reparación y específicamente a la indemnización administrativa, por lo cual la Corte se limitará a examinar el alcance de la sostenibilidad fiscal con respecto a este derecho, dejando a un lado los otros mecanismos previstos en la ley para las víctimas del conflicto armado. || En efecto, el derecho a la reparación de las víctimas es fundamental y no puede ser limitado, negado o desconocido por razones de sostenibilidad fiscal ya que se ha considerado que este es solo un criterio orientador de las ramas del poder para conseguir los fines del Estado.] - [Palabras claves automatizadas: reparación, derecho, víctimas, derechos, fiscal, sostenibilidad, justicia, ley, corte, administrativa, indemnización]

¿Excluir al desmovilizado del proceso de justicia y paz, por omitir entregar y denunciar todos los bienes obtenidos ilícitamente, desconoce la garantía de la proscripción de la responsabilidad objetiva al no valorar ni la entidad de la omisión, ni el factor subjetivo de la misma? En la medida que el ofrecimiento de bienes es un acto de plena responsabilidad del postulado y es parte de los compromisos adquiridos, este debe asumir las consecuencias de su irresponsabilidad. Ley 1592 de 2012, por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones; Art. 8 (parcial) (Adc. Art. 11D a la Ley 975 de 2005): Exequible. Art. 37: Inepta demanda - [Resumen automatizado: En punto a dicha causal de exclusión, de destaca que la misma fue recogida por la norma acusada, el artículo 8° de la Ley 1592 de 2012 (que introdujo a la Ley 975 de 2005 un nuevo artículo 11D), el cual, al regular lo relacionado con el deber de los postulados de contribuir a la reparación integral, dispone que "[e]l postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda."] - [Palabras claves automatizadas: ley, proceso, justicia, paz, corte, bienes, pena, exclusión, grupo, víctimas, margen]; Art. 8 (parcial) (Adc. Art. 11D a la Ley 975 de 2005): Exequible. Art. 37: Inepta demanda

Condenas posteriores a la pena alternativa y bienes encontrados con posterioridad. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Art. 26 (Mod. Art. 25 de la Ley 975 de 2005) : Inepta demanda - [Resumen automatizado: Cargos: Luego de transcribir el artículo 29 de la Constitución Política y de traer a cuento algunos textos de las Sentencias C-093 de 1993 y C-370 de 2006, relacionados con los principios fundamentales del proceso penal y con las características de la pena alternativa, el actor argumenta, a modo de concepto de violación, que los incisos demandados cambian de manera sustancial y grave las reglas dadas por la Ley 975 de 2005, pues modifican el término de doce años (ocho de la pena alternativa más cuatro del período de prueba), previsto en esta ley para perder el beneficio, al contemplar para este mismo propósito un término igual al de la condena ordinaria. || El Ministerio de Hacienda y Crédito Público considera que en este caso se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, pues los requisitos previstos para acceder al beneficio de la pena alternativa y las condiciones para perderlo, previstos en la Ley 975 de 2005, ya fueron objeto de control por este tribunal en la Sentencia C-370 de 2006, a la luz del artículo 29 de la Constitución.] - [Palabras claves automatizadas: pena, alternativa, ley, demanda, bienes, inciso, contenidas, beneficio]; Art. 26 (Mod. Art. 25 de la Ley 975 de 2005) : Inepta demanda

¿Resulta contrario a la Constitución el deber que se asigna a las autoridades para que al dar aplicación a esta ley observen los criterios de justicia transicional y sostenibilidad fiscal? La Corte encontró que los incisos acusados no implican una indebida limitación a los poderes y el campo de acción de los jueces administrativos ni de ninguna otra autoridad, quienes pese a los mandatos indicativos contenidos en estas normas, conservan la plenitud de sus facultades y la posibilidad de adoptar las decisiones que consideren pertinentes y necesarias para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación integral. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 9 Incs. 4 y 5 : Exequibles - [Resumen automatizado: En apoyo de esas reflexiones cita además documentos provenientes del Ministerio de Justicia[2] a través de los cuales se interpretan estas normas y se trazan directrices para su cumplimiento, en los que entre otras cosas se contempla la necesidad de que en los procesos de reparación directa promovidos por las víctimas se adelante el incidente de impacto fiscal de que trata el 4° inciso del artículo 334 superior, lo que en sentir de los actores no encuadra en lo previsto por ese texto constitucional. || Finalmente, como conclusión del test de proporcionalidad, la demanda señala que es totalmente desproporcionada la ecuación resultante entre los valores constitucionales que resultan afectados por las normas acusadas, entre ellos los derechos a la protección judicial efectiva, a la reparación integral, a la verdad y la no repetición, los principios de responsabilidad del Estado, igualdad y separación de poderes, frente al beneficio que con ellas se obtendría, el cual consideran exiguo, pues en su concepto se reduce a un ahorro de recursos públicos, al tener un muy discutible efecto en la posibilidad de alcanzar la paz duradera y sostenible como en este caso se pretende.] - [Palabras claves automatizadas: reparación, víctimas, normas, corte, derecho, parte, ley, incisos, principio, debe, derechos, partir, criterios, justicia]; Art. 9 Incs. 4 y 5 : Exequibles

¿Los elementos de justicia transicional introducidos por el "Marco Jurídico para la Paz" son incompatibles con el pilar esencial que exige respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas; el cambio implicaba una sustitución de la Constitución o de alguno de sus ejes fundamentales? La Corte declaró EXEQUIBLE el inciso 4º. del artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2012, "por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones" consideró necesario fijar parámetros de interpretación, para que estos sean observados por el Congreso de la República al expedir la Ley Estatutaria que desarrolle el "Marco Jurídico para la Paz" - [Resumen automatizado: Esta Corporación ha reconocido que los Estados tienen una serie de obligaciones frente al Derecho Internacional Humanitario mencionadas claramente en la sentencia C-291 de 2007: "(1) el deber de impartir las órdenes e instrucciones necesarias a los miembros de las fuerzas armadas para garantizar que éstos respeten y cumplan el Derecho Internacional Humanitario, así como de impartir los cursos de formación y asignar los asesores jurídicos que sean requeridos en cada caso; y (2) el deber de investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio cometidos en el curso de conflictos armados internos, deber que compete en principio a los Estados por mandato del derecho internacional consuetudinario, pues son éstos a través de sus autoridades legítimamente establecidas quienes deben hacer efectiva la responsabilidad penal individual por las infracciones serias del Derecho Internacional Humanitario sin perjuicio del principio de jurisdicción universal respecto de la comisión de este tipo de crímenes, que hoy en día goza de aceptación general-; y (3) el deber de adoptar al nivel de derecho interno los actos de tipo legislativo, administrativo o judicial necesarios para adaptar el ordenamiento jurídico doméstico a las pautas establecidas, en lo aplicable, por el derecho humanitario".] - [Palabras claves automatizadas: derechos, justicia, derecho, violaciones, víctimas, humanos, corte, paz, crímenes, graves, delitos]

La provisión de los cargos de magistrados de justicia y paz mediante listas que se elaboren por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sin mediar un concurso público de méritos, desconoce abiertamente el mandato del artículo 125 de la Constitución. Pese a que esas listas se conforman por las personas que se hayan inscrito previamente con tal propósito, lo cierto es que dicha elaboración se hace discrecionalmente por la Sala Administrativa, sin someter a los aspirantes propiamente un concurso de méritos que permita seleccionar de manera objetiva y en igualdad de oportunidades, a quienes obtengan los mejores puntajes. Por consiguiente, la Corte procedió a excluir del ordenamiento, el aparte normativo del parágrafo del artículo 28 de la Ley 1592 de 2012 que establecía la designación de los magistrados de justicia y paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de listas elaboradas directamente por la Sala Administrativa, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 270 de 1996, que está previsto en la Constitución únicamente para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Ley 1592 de 2012 "Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Art. 28 (parcial) (Mod. Art. 32 de la Ley 975 de 2005) : Apartes CONDICIONALMENTE exequibles y apartes INEXEQUIBLES - [Resumen automatizado: Inicialmente, considera que la norma acusada no desconoce la regla constitucional que establece el sistema de méritos para acceder a la función pública en condiciones de igualdad y transparencia, por tres razones: (i) la misma Constitución, en el artículo 125, excepciona de tal regla algunos casos, cuando dispone que habrá empleos cuyo sistema de nombramiento será el que se determine en la ley; (ii) el Texto Superior confiere un amplio margen de configuración al legislador para expedir normas como las de justicia y paz; y finalmente, (iii) las funciones que se cumplen por los magistrados de esta jurisdicción difieren de los parámetros, principios y reglas jurídicas aplicables de forma usual para el resto de autoridades judiciales, por lo que pueden ser objeto de un tratamiento distinto por parte del legislador. || En primer lugar, considera que la norma demandada, al dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia la provisión de cargos de magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial para los procesos de justicia y paz, a partir de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cuya elaboración se apoya en una simple invitación pública, estaría legitimando un sistema de designación que desconoce los principios constitucionales de mérito, transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidades, por más de que las personas que aspiren tengan y puedan acreditar una formación académica aceptable.] - [Palabras claves automatizadas: ley, justicia, corte, cargos, judicial, superior, sala, magistrados, consejo, judicatura, concurso, paz, público]; Art. 28 (parcial) (Mod. Art. 32 de la Ley 975 de 2005) : Apartes CONDICIONALMENTE exequibles y apartes INEXEQUIBLES

Los mecanismos enunciados en el parágrafo 3º del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, como formas posibles de indemnización administrativa, no se oponen a la Constitución. Sin embargo, de conformidad con lo señalado en la sentencia SU-254-13, que unificó los criterios referentes a la reparación, la Corte consideró que había que excluir cualquier entendimiento de la norma que llevara a confundir tales mecanismos con la indemnización administrativa. Por consiguiente, procedió a declarar la exequibilidad condicionada de los mismos, en el sentido de entender que se trata de mecanismos adicionales al monto de indemnización administrativa que debe pagarse en dinero. El inciso final del mismo parágrafo desconoce el principio que exige no confundir el deber de reparar con el deber de asistencia social en cumplimiento de los deberes constitucionales asignados al Estado. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Arts. 3º, 51, 60, 66 (incisos primero y segundo), 67 y 125 : Cosa juzgada. Art. 61, 66, 123 y 132 (parciales) : Inepta demanda. Art. 132 (parcial) CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE y aparte INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: Si bien en la sentencia C-280 de 2013 la Corte se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de varias de las expresiones acusadas de la Ley 1448 de 2011 y que son ahora nuevamente demandadas, en particular respecto (i) de algunos apartes acusados de los parágrafos primero, segundo y tercero del artículo 61, (ii) de la expresión "de restitución" incluida en el título del artículo 123 y (iii) de las expresiones demandadas del artículo 132, observa la Corte que pese a que la demanda ahora estudiada incorpora nuevas consideraciones se funda en una premisa incorrecta que no tiene la aptitud de activar la competencia de la Corte para adoptar un decisión de fondo y en otros eventos la argumentación coincide sustancialmente con el razonamiento presentado en la oportunidad anterior, por lo que resulta procedente adoptar una nueva decisión inhibitoria.] - [Palabras claves automatizadas: ley, corte, expresión, sentencia, víctimas, desplazamiento, ministerio, derechos, constitución, tal, parágrafo, segundo, medidas, cargo, personas, indemnización, reparación, efecto]; Arts. 3º, 51, 60, 66 (incisos primero y segundo), 67 y 125 : Cosa juzgada. Art. 61, 66, 123 y 132 (parciales) : Inepta demanda. Art. 132 (parcial) CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE y aparte INEXEQUIBLE

La Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de varias medidas adoptadas en la Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones", por la presunta vulneración de: Principio de Progresividad (17 y 19); desconocimiento del alcance del principio pro homine (Art. 27); de los derechos de las víctimas a participar adecuadamente en los procesos judiciales (Art. 28 y 37 parciales); de la obligación de trato digno a las víctimas en causas penales e interrogatorios (Art. 37 parcial); de la obligación de adopción de medidas especiales en la práctica de testimonios (Art. 41 parcial); del derecho a la reparación integral en la regulación del incidente de reparación especial (Art. 46); del principio humanitario de imparcialidad y de la obligación de adoptar 'enfoque diferencial', en la entrega de la ayuda humanitaria a las víctimas, derivada de la exigencia de establecer necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante (Art. 47-Inc. 1o.); del principio de igualdad derivada de la restricción de entregar la ayuda humanitaria sólo una vez (Art. 47-Par. 3o.); del principio de igualdad en la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia a la población desplazada conforme a la evaluación del grado de necesidad y urgencia (Art. 64); de la intimidad familiar derivada de la exigencia de la publicación de la admisión de la solicitud de restitución o formalización de tierras despojadas (Art. 86-lit. e.); del derecho al debido proceso en el trámite de las oposiciones a la solicitud de restitución. (Art. 88). Arts. 17, 27 28, 37, 41, 64 (parciales) : Exequibles. Arts. 46, 47, 88 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles. Y Arts. 47, 86 (parciales) : INEXEQUIBLES - [Resumen automatizado: En opinión de la Corte, si la provisión de ´asistencia humanitaria´ se realiza para escapar a la condena por intervenir en los asuntos internos de Nicaragua, entonces la ayuda no sólo debe limitarse a los propósitos reconocidos en la práctica de la Cruz Roja, es decir ´prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres´ y ´proteger la vida y la salud, así como hacer respetar a la persona humana´; debe, también, y sobre todo, prestarse sin discriminación a todos los necesitados en Nicaragua y no sólo a los contras y sus seguidores." De otra parte, el legislador ha incorporado al orden jurídico interno las anteriores disposiciones mediante la creación legal de distintas medidas para asistir humanitariamente a las víctimas del conflicto armado. || Mediante el derecho de acción consagrada en el artículo 241 de la Constitución, los ciudadanos Marco Romero Silva, actuando en nombre propio y como representante legal de CODHES; y Luís Jorge Garay Salamanca, Fernando Barberi Gómez, Clara Leonor Ramírez Gómez y Fernando Vargas Valencia, actuando en nombre propio y como integrantes del Equipo Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, promovieron acción de inconstitucionalidad contra los artículos 17, 19 (parcial), 27 (parcial), 28 (parcial), 37 (parcial), 41 (parcial), 46 (parcial), 47 (parcial), 64 (parcial), 86 (parcial) y 88 (parcial), "por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y se dictan otras disposiciones".] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, derechos, derecho, reparación, humanitaria, ley, corte, medidas, debe, principio, solicitud]

Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Declara Inexequible un aparte del Art. 60; condicionalmente exequibles apartes de los Arts. 51, 60, 66; Exequibles los Art. 51, 60, 66, 67 (parciales) y 125. Inepta demanda sobre los Art. 123 y 132 (parciales). Concluye que esta es una ley de carácter especial, pues regula respecto de los sujetos y personas determinados en su artículo 3° un conjunto de temas que en la mayoría de los casos se encuentran también previstos, aunque de distinta forma, en leyes preexistentes, las cuales no son derogadas ni afectadas de ninguna otra manera por la expedición de esta norma; puntualizó que los contenidos específicos de su preceptiva no pueden ser cuestionados por la presunta infracción del principio de progresividad, pues el grado de protección antes alcanzado conforme a las leyes que regulan cada materia permanece vigente y no resulta menoscabado por efecto de esta norma - [Resumen automatizado: En esa misma línea, y en razón de los temas sobre los cuales versan las disposiciones acusadas, entre ellos las medidas para aliviar el desplazamiento forzado y la posibilidad de retorno a las tierras que hubieren sido despojadas, son también pertinentes otros documentos de carácter internacional, que aún no teniendo el carácter de tratados, han sido reconocidos por este tribunal como criterios relevantes en torno al tratamiento de tales temas por el Estado colombiano, e incluso como parte integrante del bloque de constitucionalidad en sentido lato[35].] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, ley, cargo, parte, corte, personas, derechos, desplazamiento, normas, norma]

(i) ¿El contrato de transacción previsto en el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 es una limitación al derecho de acceso a la justicia? Resulta razonable ya que la víctima puede decidir, de manera libre e informada, si acepta la transacción, sin que ello afecte la posibilidad de recibir la indemnización administrativa. Sin embargo, en el caso de los daños causados por crímenes de lesa humanidad que sean atribuibles a agentes del Estado, no podrá entenderse que la indemnización administrativa se produce en el marco de un contrato de transacción, pudiéndose descontar de la reparación que se reconozca por vía judicial a cargo del Estado, los valores pagados por concepto de reparación administrativa. (ii) ¿El que los procesos de restitución de tierras se definan en única instancia, vulnera el debido proceso y el acceso a la administración de justicia? El proceso judicial de restitución de tierras es una excepción constitucional al principio de doble instancia. (iii) En cuanto a la demanda al art. 88 no encuentra la Corte que se desconozca el derecho a la igualdad de las víctimas que no son representadas. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Arts. 79 y 88 (parciales) : Exequibles. Art. 32 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: En cuanto al derecho a la reparación, la jurisprudencia de la Corte ha fijado los siguientes parámetros y estándares constitucionales, en armonía con el derecho y la jurisprudencia internacional en la materia: (i) el reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño causado que le asiste a las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos, y de que por tanto éste es un derecho internacional y constitucional de las víctimas, como en el caso del desplazamiento forzado; (ii) el derecho a la reparación integral y las medidas que este derecho incluyese encuentran regulados por el derecho internacional en todos sus aspectos: alcance, naturaleza, modalidades y la determinación de los beneficiarios, aspectos que no pueden ser desconocidos y deben ser respetados por los Estados obligados;(iii) el derecho a la reparación de las víctimas es integral, en la medida en que se deben adoptar distintas medidas determinadas no solo por la justicia distributiva sino también por la justicia restaurativa, en cuanto se trata de la dignificación y restauración plena del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas; (iv) las obligaciones de reparación incluyen, en principio y de manera preferente, la restitución plena (restitutio in integrum), que hace referencia al restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación, entendida ésta como una situación de garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de estas medidas se incluye la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las víctimas; (v) de no ser posible tal restablecimiento pleno es procedente la compensación a través de medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado; (vi) la reparación integral incluye además de la restitución y de la compensación, una serie de medidas tales como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, derechos, derecho, proceso, reparación, ley, justicia, verdad, puede, procesos, corte, unidad]; Arts. 79 y 88 (parciales) : Exequibles. Art. 32 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

Alcance del concepto de víctima definido en la Ley 1448 de 2011. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones" Art. 3 y 75 (parciales) Exequibles. Estarse a lo resuelto - [Resumen automatizado: La Ley dispone que son víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado, definición ésta con un alcance operativo que se orienta a fijar el universo de los destinatarios de las medidas especiales de protección previstas en la ley, en la que también se parte de un reconocimiento de la dignidad de todas las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado interno y, en función de ello, consagra los principios de buena fe, encaminado a liberar a las víctimas de la carga de probar su condición ya que se dará especial peso a la declaración de la víctima, y se presumirá que lo que ésta aduce es verdad, de forma que en caso de duda será el Estado quien tendrá la obligación de demostrar lo contrario; igualdad; y enfoque diferencial que se traduce en la adopción de una serie de medidas encaminadas a enfrentar la situación de vulnerabilidad acentuada de algunas víctimas en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, ley, conflicto, derechos, reparación, armados, armado, violaciones, medidas, grupos, protección, víctima, derecho, corte, justicia]

Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 207 : Estarse a lo resuelto en la C-715 que declaró su INEXEQUIBILIDAD - [Resumen automatizado: Así mismo, se invitó a las facultades de derecho en Bogotá de las Universidades Nacional de Colombia, Santo Tomás, Javeriana, Sergio Arboleda, Externado de Colombia, del Rosario y de los Andes, al igual que a la Industrial de Santander, del Norte y de Antioquia, por intermedio de sus respectivos Decanos, así como a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), a la Corporación Sisma Mujer, a la Comisión Colombiana de Juristas, a la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, a la Coordinación Nacional de Desplazados, a las Corporaciones Jurídica Yira Castro, Viva la Ciudadanía y Reiniciar, a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y al Equipo Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, para que intervinieran impugnando o defendiendo la norma acusada.] - [Palabras claves automatizadas: norma, corte, constitucional, juzgada, ley, derechos, en, víctimas, sentencia, cosa, magistrado, derecho, corporación]; Art. 207 : Estarse a lo resuelto en la C-715 que declaró su INEXEQUIBILIDAD

¿Al delegar en una autoridad administrativa, Ministerio del Interior, la facultad de determinar los elementos de un tributo -tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana- cuya imposición asigna a las entidades territoriales, desconoce lo dispuesto por el artículo 338 de la Constitución Política y vulnera el principio de legalidad en materia tributaria? Analiza: (i) El principio de legalidad en materia tributaria, (ii) El principio de autonomía fiscal, (iii) El alcance de la potestad reglamentaria en materia tributaria. Cuando el Legislador establece tributos del orden nacional debe señalar todos los componentes, de manera clara e inequívoca. No obstante, no opera la misma exigencia para los del orden territorial, frente a los cuales el Congreso deberá crearlos o autorizar su creación, pudiendo asumir además esa Corporación Legislativa una de tres alternativas para la determinación de los elementos constitutivos del tributo: i) que señale los elementos del tributo; ii) que fije algunos de los elementos del tributo y permita que asambleas y concejos señalen los restantes, y iii) que deje a las corporaciones públicas territoriales la fijación de los elementos del tributo que aquel ha creado. Ley 1421 de 2010 "por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006"; Art. 8 Par. Inc. 4o. : INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: En virtud del principio de autonomía no puede exigirse al legislador que defina todos los elementos del tributo, pues ello también corresponde a los órganos de las entidades territoriales: “Dentro de ese contexto, la referencia a la obligación de señalar en el acto creador del impuesto los elementos esenciales de la obligación tributaria ha de entenderse hecha, según el tipo de gravamen, por el nivel territorial al que corresponda, de lo cual se infiere que si el legislador, como puede hacerlo (artículos 295, 300-4 y 313-4), decide regular o establecer normas generales sobre tributos del orden departamental, municipal o distrital, no se le puede exigir, ni debe permitírsele, que en la ley respectiva incluya directamente todos los componentes del tributo (hecho gravable, base gravable, sujetos activos, sujetos pasivos y tarifas) o, en los casos de tasas y contribuciones, el método y el sistema para recuperación de costos o la participación en beneficios -como sí está obligado a hacerlo tratándose de tributos nacionales-, pues su función no es, ni puede ser, según las reglas de la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales, la de sustituir a los órganos de éstas en el ejercicio de la competencia que les ha sido asignada por la Constitución”.] - [Palabras claves automatizadas: elementos, corte, principio, territoriales, constitucional, ley, tributos, constitución, sentencia, legalidad, entidades]; Art. 8 Par. Inc. 4o. : INEXEQUIBLE

¿La entrega por el Magistrado del proyecto productivo a cargo del opositor de mala fe a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, para su explotación por terceros y con destino a fines de reparación colectiva, sin consentimiento de la víctima beneficiaria de la restitución, viola el derecho constitucional a la reparación integral, el principio de igualdad y no discriminación por las autoridades frente a los predios con proyecto productivo a cargo de un opositor de buena fe y el derecho de autodeterminación de la víctima del despojo o de abandono forzado de su predio? La entrega del proyecto productivo y las condiciones de explotación del mismo, procederán con el consentimiento de la víctima restituida, y que los recursos destinados a la reparación colectiva serán los que provinieren del producido del proyecto, descontada la participación de la víctima. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 99 Inc. 2o.: CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: Mediante sentencia C-715 de 2012 esta Corporación examinó la constitucionalidad del artículo 99 de la Ley 1448 de 2011, ahora demandado, declarando exequibles los incisos primero y tercero, que regulan: de una parte el supuesto fáctico de la restitución de un inmueble en el que se desarrolla un proyecto agroindustrial a cargo de un opositor de buena fe exenta de culpa probada que reconoce el derecho de dominio del restituido, caso en el cual, el funcionario judicial competente "podrá autorizar" la "celebración de contratos" entre el o los beneficiarios y el poseedor, para efectos del desarrollo completo del proyecto, previendo que tal regulación no prescindía de la voluntad de la víctima y, en esa medida, no desconocía la Constitución, al igual que las exigencias y condicionamientos para que el contrato de uso tenga lugar, tales como la voluntad expresa y clara de las partes, de manera que se debe contar con el consentimiento de la víctima; debe ser autorizado por el Magistrado que actúa como garante constitucional especialmente de los derechos fundamentales de las víctimas, quienes son las que se encuentran en estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta y están en la posición débil en el proceso de restitución y ante la eventualidad de la suscripción del contrato de uso; debe adelantarse un trámite incidental para tal efecto con el lleno de los requisitos materiales y procesales, debe probarse la buena fe exenta de culpa por parte del dueño del proyecto agroindustrial y debe reconocerse plenamente el derecho de dominio restituido a la víctima o víctimas.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, víctimas, proyecto, derechos, propiedad, reparación, ley, víctima, corte]; Art. 99 Inc. 2o.: CONDICIONALMENTE exequible

Contrario a lo afirmado por los demandantes, la expresión "con ocasión del conflicto armado," tiene un sentido amplio que cobija situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado, que no se limitan a aquellos hechos directa y exclusivamente ocurridos como resultado de confrontaciones militares, o por ser hechos realizados por un grupo específico de actores armados con exclusión de otros, o cuando se utilicen ciertos medios de guerra, o si se producen en una determinada área geográfica. A juicio de la Corte, dado el sentido amplio que tiene la noción de conflicto armado interno y las complejidades y evolución permanente del mismo, para establecer la condición de víctima al amparo de la Ley 1448 de 2011, el operador jurídico debe examinar en cada caso concreto las circunstancias en que se ha producido una grave violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, y el contexto en que ocurrieron los hechos, para determinar si existe una relación cercana y suficiente con el conflicto armado interno, y en todo caso, si existe duda, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ésta debe resolverse a favor de la víctima. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; 3 (parcial): Exequible - [Resumen automatizado: Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. || Para sustentar su cargo, los demandantes explican, con base en la jurisprudencia constitucional y el derecho internacional, que "en Colombia se ha dado una interpretación amplia al concepto de conflicto armado, lo cual, ha permitido el reconocimiento de las víctimas de distintas violaciones del DIH y del DIDH, ocurridas en el contexto del conflicto armado pero sin relación causal con el mismo sino más bien asociadas a circunstancias de la violencia socio política existente en el país".] - [Palabras claves automatizadas: conflicto, armado, víctimas, derechos, violencia, corte, ley, violaciones, interno, humanos]

Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones". Omisión legislativa relativa en contra de (i) el artículo 28, numeral 9 parcial, en concordancia con el artículo 72 parcial de la Ley 1448 de 2011, por no incluir en su regulación los bienes abandonados; (ii) los artículos 70, 72, 73 y 75 parciales de la Ley 1448 de 2011 por no incluir estas normas los bienes muebles; y (iii) los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 84 y 91 de la Ley 1448 de 2011 por no incluir a los tenedores y ocupantes. - La inscripción de un predio en el Registro de Tierras como requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución, lo cual no atenta contra el acceso a la justicia, y supera el test de razonabilidad que ha fijado la Corte en este tipo de casos (Art. 76 Inc. 5º.) - Inexequible la expresión opositora (Art. 77 Num. 3) al establece una presunción de despojo en favor de los opositores que es contraria a los derechos de restitución de las víctimas, del debido proceso y del acceso a la administración de justicia. En relación a la autorización para celebrar contratos de uso en los predios despojados, la Corte sienta unas consideraciones que debe tener el Magistrado para adoptar esta decisión (Art. 99). Las causales de aplicación del principio de oportunidad que contempla el Art. 120 Inc. 3º. desbordan los límites constitucionales impuestos al legislador en cuanto a los derechos a las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Inexequibles las consecuencias jurídicas que prevé el Art. 207 respecto del supuesto normativo relativo a la utilización de vías de hecho utilizadas por las víctimas del conflicto, en cuanto a la invasión, uso u ocupación de un predio, respecto del cual tengan pretensiones de restitución, por ser totalmente desproporcionadas e irrazonables - [Resumen automatizado: Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume de derecho que existe ausencia de consentimiento, o causa ilícita, en los negocios y contratos de compraventa o cualquier otro mediante el cual se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión u ocupación sobre el inmueble objeto de restitución, celebrados durante el periodo previsto en el artículo 75, entre la víctima de este, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los familiares o mayores de edad con quienes conviva, sus causahabientes con las personas que hayan sido condenadas por pertenencia, colaboración o financiación de grupos armados que actúan por fuera de la Ley cualquiera que sea su denominación, o por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos hayan actuado por sí mismos en el negocio, o a través de terceros. || (v) Cargo contra el artículo 120 inciso 3 de la Ley 1448 de 2011relativo al principio de oportunidad para quienes confíen la ilegalidad de los títulos, o el despojo de las tierras, por vulneración de los limites a la libertad de configuración del legislador en la materia, que acarrea la violación de los derechos de las víctimas a la restitución y a la reparación integral, la verdad y la justicia y los estándares internacionales sobre ellos.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, derecho, ley, derechos, reparación, corte, tierras, norma, bienes, parte, justicia, proceso, artículos]

¿El establecimiento de limites a los honorarios de los abogados que apoderan víctimas del conflicto armado interno en procesos de tutela y en procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa, vulnera el derecho de los abogados a la igualdad (derecho al trabajo, libertad de profesión u oficio y libertad contractual) respecto de otros profesionales del derecho que se dedican a actividad diferente y el derecho de las víctimas a acceder a la administración de justicia? Para la Corte constituye una medida necesaria para evitar los abusos a que han sido sometidas esta clase de víctimas por parte de los abogados, por cuanto ninguna otra medida podría sustituir el efecto que esta tendría en prevenir este tipo de actos atentatorios contra los derechos de esa población manifiestamente débil. S.V. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 40 Par. : Exequible - [Resumen automatizado: El establecimiento de límites a los honorarios de los abogados que apoderen víctimas del conflicto armado interno en procesos de tutela y en procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa, sí constituye una medida necesaria para evitar los abusos a que han estado sometidas este tipo de víctimas por parte de los abogados, por cuanto ninguna otra medida podría sustituir el efecto que esta tendría en prevenir este tipo de actos atentatorios contra los derechos de esa población manifiestamente débil. || 5. Así las cosas, corresponde a esta Corte establecer si el parágrafo 1° del artículo 44 de la ley 1448 de 2011, al señalar que cuando las víctimas del conflicto armado interno interpongan recursos de tutela o acudan a la justicia contencioso administrativa- para obtener la reparación o indemnización del daño sufrido- los apoderados que las representen no pueden en ningún caso pactar o recibir honorarios que superen los límites establecidos en la norma; vulnera el derecho de los abogados a la igualdad ( derecho al trabajo, libertad de profesión u oficio y libertad contractual) respecto de otros profesionales del derecho que se dedican a actividad diferente y el derecho de las víctimas a acceder a la administración de justicia.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, derechos, abogados, derecho, ley, constitucional, norma, honorarios, justicia, armado, respecto, conflicto, interno]; Art. 40 Par. : Exequible

¿Es la transitoriedad de los cargos - funcionarios judiciales encargados de adelantar los procesos en el contexto de la ley de reincorporación de grupos al margen de la ley (conocida como Ley de Justicia y Paz) - argumento suficiente para que como excepción al Art. 125 de la Carta -en el entendido que esta no es absoluta- estos funcionarios puedan ser elegidos o designados sin necesidad de presentarse a un concurso público de méritos? El concurso como forma de elección en la rama del poder judicial es una herramienta indispensable. La Corte está llamada a declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas acusadas, en tanto conllevan una violación a la Constitución. No obstante, por varios motivos, la Sala considera que la solución acertada en el presente caso no es la declaratoria de inexequibilidad. A partir de la notificación de esta sentencia, los empleos a los que se refieren los incisos mencionados, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigente. Ley 975 de 2005, "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios": Art. 67 Incs 1 y 3: CONDICIONALMENTE exequibles - [Resumen automatizado: Por tanto, teniendo en cuenta (i) que en la actualidad existe una lista de personas elegibles, a la luz del concurso público general de la rama judicial establecido legalmente y (ii) que tal concurso garantiza las condiciones de mérito y de calidad, ya que (iii) el propio legislador decidió, como se anotó previamente, que para poder ser Magistrado de Justicia y Paz deben cumplirse los requisitos para el cargo de Magistrados de Tribunal ordinario, la Sala Plena de la Corte Constitucional entenderá que la norma es exequible, en el entendido que a partir de la notificación de esta sentencia, los empleos a los que se refieren los incisos mencionados, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigente.] - [Palabras claves automatizadas: ley, corte, cargos, justicia, carrera, sentencia, constitucional, paz, mérito, concurso, constitución, demanda, judicial]

¿Los límites temporales establecidos en las norma demandada para ser considerado como víctima destinataria de las medidas de atención, asistencia y reparación integral (Art. 3o) y para la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente (Art. 75) previstas en la Ley 1448 de 2011, vulneran el artículo 13 de la Constitución, por ser contrarios al principio de igualdad de las personas que individual o colectivamente sufrieron daños con anterioridad a las fechas en ellas previstas? ¿Resultan desproporcionadas en cuanto privilegian la sostenibilidad financiera respecto de las víctimas? Las fechas señaladas, sólo podrían ser declaradas inexequibles si fueran manifiestamente arbitrarias, y estas fueron el fruto de consensos y acuerdos dentro de las distintas corrientes políticas representadas al interior del órgano legislativo. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones" Art. 3 y 75 (parciales) Exequibles - [Resumen automatizado: Concluyen que “siendo el objeto de la ley (Art. 1) establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas, dentro de lo que la ley refiere como "un marco de justicia transicional", medidas que "posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales", no se reconoce la existencia de un fin constitucionalmente válido (en sentido estricto) que pueda alegarse para proponer: (i) ni que el paso del tiempo niega o limita los derechos de las personas que han sufrido estas violaciones, (ii) ni que por razones presupuestales, el paso del tiempo después de ocurrida una violación a derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario es un criterio que autorice válidamente al legislador a darles a ciertas víctimas (aquellas que sufrieron crímenes atroces hace varios años) un trato diferenciado. || Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. || Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, reparación, derechos, derecho, víctima, ley, fecha, armado, conflicto, personas, igualdad, medidas, enero]

¿La regla establecida en el inciso 2o. del artículo 3o. de la Ley 1448 de 2011, respecto del grupo de familiares de la víctima muerta o desaparecida que también se considerarán víctimas, restringido al primer grado de consanguinidad y primero civil, carece de justificación y en tal medida, resulta una medida discriminatoria, contraria al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución? Aclara la Corte que también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido un daño, en los términos del inciso primero de dicho artículo. Justicia Transicional. Daño. Víctima. La jurisprudencia constitucional sobre los derechos de las víctimas. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 3 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: Según explica, en ese caso este tribunal sostuvo que resultan contrarias a los derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la justicia mediante un recurso judicial efectivo, tanto la absoluta exclusión como víctimas de los familiares distintos a los ligados por el primer grado de consanguinidad, como la exigencia de que, para que tales parientes puedan gozar de esos derechos, las víctimas directas hayan muerto o desaparecido, a partir de lo cual se declaró la exequibilidad condicionada del inciso 2° de esta norma. || Con todo, este interviniente coincide con el actor en considerar que el concepto de víctima excede del que el legislador pueda establecer en una norma específica, por lo cual éste no podría impedir, mediante reglas como las aquí acusadas, que quienes objetivamente tengan ese carácter puedan recibir la íntegra reparación derivada de los hechos punibles y dañosos que les hubieran afectado, por lo cual esos segmentos normativos deberán declararse exequibles siempre y cuando se entienda que no excluirán la posibilidad de que otros parientes que acrediten debidamente su condición de víctimas puedan así mismo acceder a las prestaciones y beneficios establecidos en esta ley.] - [Palabras claves automatizadas: víctimas, corte, víctima, daño, derechos, inciso, derecho, personas, familiares, norma, ley, sufrido]; Art. 3 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

La aplicación de los beneficios contenidos en la ley 1424 de 2010 y que en esta providencia han sido explicados, no implican que el Estado colombiano renuncie a la investigación y juzgamiento de esas conductas, en particular, el concierto para delinquir, sea simple o agravado.; (ii) Acorde con la garantía constitucional de no autoincriminación, la expresión "o en contra de terceros", ha de entenderse en el sentido de que se refiere a las personas enunciadas en el artículo 33 de la Carta. Así mismo se condicionó a que comprende a los desmovilizados del mismo grupo armado organizado al margen de la ley, ya que de no ser así, se desvirtuaría la finalidad que se busca con la información dada, de lograr el establecimiento de la verdad; y (iii) ¿La improcedencia de recurso contra el auto de sustanciación mediante el cual se comunica a las partes e intervinientes acreditados en el proceso, la solicitud de suspensión de la orden de captura de un sujeto desmovilizado que ha manifestado su compromiso de contribuir al esclarecimiento de la conformación de un grupo organizado al margen de la ley a los que se refiere la Ley 1424 de 2010, el contexto general de su participación y todos los hechos y actuaciones de que tenga conocimiento, desconoce los derechos de las víctimas de los delitos enunciados en el artículo 1º de esta ley de acceder a la justicia y debido proceso (Arts. 6 y 7)? - No afecta el derecho de las víctimas a ser oídas frente a cuál debe ser el resultado de tales solicitudes y en tal medida, no supone menor eficacia del recurso judicial que conforme a las disposiciones constitucionales e internacionales debe procurarse a las víctimas, con el fin de garantizar los derechos que les asisten a la verdad, la justicia y la reparación. Ley 1424 de 2010, "por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones"; Arts. 1, 3, 6 y 7 (parciales) : Exequibles; Art. 4, Inc. 2º. : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: Encuentra la Corte Constitucional que establecer que los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, que hubieran incurrido únicamente, entre otros, en el delito de “concierto para delinquir simple o agravado”, como consecuencia a su pertenencia a dichas organizaciones, dentro del marco de la justicia transicional, en procura de la paz perdurable y la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación no constituye per se afrenta o desconocimiento de las obligaciones de perseguir y castigar graves comportamientos contra Derechos Humanos. || En lo que respecta a la inclusión en el artículo 1° del delito de concierto para delinquir simple o agravado, dentro de las conductas punibles cuyos autores podrán tener derecho a los beneficios previstos en esta ley, suscriben también el razonamiento conforme al cual este delito podría, según la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ser considerado como de lesa humanidad, postura que se apoya en pronunciamientos de los organismos internacionales de derechos humanos.] - [Palabras claves automatizadas: justicia, derechos, derecho, ley, corte, víctimas, verdad, transicional, reparación, humanos, dentro]; Art. 4, Inc. 2º. : CONDICIONALMENTE exequible

¿En la definición de "víctimas" de la violencia política, el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa que desconoce los artículos 2º 13, 93 y 95 de la Constitución, al excluir sin una razón que lo justifique objetivamente, de las consecuencias jurídicas, beneficios y formas de ayuda humanitaria derivadas de los artículos 15 y 49 de la Ley 418 de 1997, a las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, no obstante que su situación sea asimilable a la de las demás víctimas mencionadas en esas disposiciones? A juicio de la Corte, no es constitucionalmente legítimo amparar bajo medidas especiales de protección a las víctimas definidas en el artículo 6º de la Ley 418 de 1997, de manera exclusiva y no incluir como destinarios de las mismas a quienes se han visto afectados por otros delitos igualmente lesivos de la libertad individual, como el secuestro y la desaparición forzada de personas, catalogados como delitos de lesa humanidad y graves atentados contra el derecho internacional humanitario. Ley 418 de 1997, "por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones"; Art. 15 (Mod. por el Art. 6 de la Ley 782 de 2002 y 49 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequible. Fallo con efectos retroactivos - [Resumen automatizado: Esto se explica a partir de una primera distinción, según la cual en la ley 418 de 1997 existen dos tipos de víctimas de la violencia política: i) unas son las personas de la población civil que sufren “perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno”, incluidos los desplazados y los menores de edad que tomen parte en las hostilidades; ii) el otro tipo es el constituido por quienes “sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personales, cometidos por móviles ideológicos o políticos, o sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados o agresiones de esta naturaleza, [los cuales] serán beneficiados por una ayuda humanitaria de emergencia, tendiente a mitigar o a impedir la agravación o la extensión de los efectos de los mismos”.] - [Palabras claves automatizadas: ley, víctimas, desaparición, forzada, corte, familiares, derechos, conflicto, omisión, protección, humanitaria, víctima, legislativa]; Art. 15 (Mod. por el Art. 6 de la Ley 782 de 2002 y 49 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequible. Fallo con efectos retroactivos

¿En la tipificación el delito de reclutamiento ilícito, el legislador incurrió en una omisión legislativa de carácter relativo, al no incluir dentro de las conductas sujetas a sanción penal, la utilización de niños y de niñas en hostilidades o en acciones armadas y condicionar esa utilización a que la participación de los niños sea obligada? Ley 418 de 1997, "Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones"; Art. 14. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal" Art. 162 : EXEQUIBLES. S.V - [Resumen automatizado: De otra parte y atendiendo a los elementos del delito de reclutamiento ilícito tipificado en los artículos 14 de la Ley 418 de 1997 y 162 del Código Penal (Ley 599 de 2000), la Corte considera que la conducta prohibida por las normas internacionales, de utilización de niños con ocasión de un conflicto armado, esto es, la participación directa o indirecta de los menores en hostilidades o en acciones armadas, aún de manera voluntaria, encaja perfectamente en las hipótesis previstas en los citados preceptos penales, pues el legislador, asegurando el interés superior del menor, penalizó el reclutamiento y la inducción al ingreso de los menores, independientemente de que tales conductas sean producto de una decisión voluntaria del menor o de una acción forzada, ya que tales elementos, ni están en el tipo penal, ni fueron tenidos en cuenta por el Congreso, por lo que no son necesarios para la tipificación del reclutamiento o la inducción referida, además que en la legislación nacional, los menores no tienen capacidad para obligarse estrictamente en decisiones que generen efectos jurídicos, por lo que la voluntad de admisión o ingreso no puede ser considerada un motivo de atipicidad, menos cuando ni siquiera está previsto en la norma.] - [Palabras claves automatizadas: menores, niños, internacional, derecho, ley, derechos, niñas, hostilidades, protección, años, reclutamiento, armados, conflictos, disposiciones]; Art. 14. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal" Art. 162 : EXEQUIBLES. S.V

La Corte reconoce igualdad de trato entre las parejas heterosexuales y las conformadas por personas del mismo sexo, en aspectos como: Patrimonio de familia inembargable y afectación de bienes inmuebles a vivienda familiar. Obligación civil de prestar alimentos. Normas que consagran derechos de carácter migratorio para las parejas heterosexuales. Normas que consagran la garantía de no incriminación en materia penal, penal militar y disciplinaria. Normas que consagran el beneficio de prescindir de la sanción penal. Circunstancias de agravación punitiva. Normas penales y preventivas sobre delitos que tiene como sujeto pasivo al compañero o compañera permanente. Normas que consagran derechos a la verdad a la justicia y a la reparación de las víctimas de crímenes atroces. Medidas de protección civil a favor de las víctimas de crímenes atroces. Prestaciones en el régimen pensional y de salud de la fuerza pública. Subsidio familiar en servicios. Subsidio familiar para vivienda. Acceso a la propiedad en la tierra. Beneficiarios de las indemnizaciones del SOAT por muerte en accidente de tránsito. Límites al acceso y ejercicio de la función pública y celebración de contratos estatales. Normas demandadas: Código Civil, Arts. 411 y 457, y otras - [Resumen automatizado: En sentencia T-725 de 2004 la Corte señaló que las normas ahora acusadas se inscribían en el ámbito de las previsiones legislativas orientadas a la protección de la familia y que por consiguiente, las mismas no resultaban aplicables a los integrantes de una pareja homosexual, sin que de ese hecho se derivase una violación del principio de igualdad, pero en la presente oportunidad, y teniendo en cuenta los recientes desarrollos jurisprudenciales sobre la materia, la Corte se aparta de ese precedente, por las siguientes consideraciones: las disposiciones demandadas, si bien responden a un propósito que atiende a una expresa previsión constitucional sobre el control de densidad poblacional en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, afectan esferas constitucionalmente protegidas de las personas, que tocan con la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad para fijar la residencia en el territorio nacional. || Los artículos que contienen las expresiones demandadas, reproducen el artículo 33 de la Carta cuyo texto es del siguiente tenor: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”, y si bien se reconoce la dificultad que presenta el hecho de demandar una disposición que reproduce literalmente el texto de un precepto constitucional, la Corte considera que en este caso, el problema de exclusión censurado por los accionantes no puede atribuirse a la norma constitucional, sino que surge del alcance legal que tiene la expresión “compañeros permanentes”, como referida exclusivamente a la unión de un hombre y una mujer.] - [Palabras claves automatizadas: mismo, ley, corte, protección, permanente, normas, compañero, relación, familia, sexo, derechos, artículos]

¿La inclusión de los servicios sociales ofrecidos por el Gobierno a las víctimas dentro de los conceptos de reparación y rehabilitación, recorta el derecho de las víctimas a la reparación integral (Art. 47, inciso 2)?. No puede confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado debe brindar de manera permanente a todos los ciudadanos sin atender a su condición y la atención humanitaria que se presta en forma temporal a las víctimas en situaciones calamitosas, con la reparación debida a las víctimas de tales delitos, que comprende tanto el deber de procurar que sean los victimarios quienes en primera instancia reparen a las víctimas, como de manera subsidiaria sea el Estado quien deba asumir esa reparación en caso de renuencia de los victimarios o insuficiencia de la reparación brindada por éstos. 2) ¿Hay lugar a una decisión de fondo respecto de la constitucionalidad de cierta interpretación relativa al momento de entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, prevista en el artículo 72 de esta ley? La fecha de entrada en vigencia de una ley es un asunto que compete de manera privativa al legislador, por lo que en principio no es dable que el juez constitucional u otra autoridad cuestionen el alcance de esta decisión. Sin embargo, bien puede ocurrir que las reglas establecidas por el legislador generen una situación de discriminación a afecten de manera directa e injustificada otra regla o valor superior que conduzca a su inexequibilidad. En el caso concreto de la regla establecida en el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, la Corte encontró que la disposición según la cual esta ley "rige a partir del a fecha de su promulgación", no puede entenderse en el sentido de que se aplique de manera automática, sino que los beneficios que establece sólo son aplicables a partir del momento en que se cumplen todos los requisitos previstos en la propia ley y de conformidad con la interpretación constitucional fijada en la sentencia C-370-06 y demás sentencias que se han proferido sobre la constitucionalidad de tales requisitos. Ley 975 de 2005, "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios"; Art. 47, Inc 2 : INEXEQUIBLE. Art. 72 : CONDICIONALMENTE exequible. Arts. 2, 4, 48 y 49 : Fallo inhibitorio. S.V - [Resumen automatizado: La regla sobre vigencia de la Ley 975 de 2005 que el órgano legislativo estableció en su artículo 72, conforme a la cual todas las disposiciones de esta ley rigen a partir de la fecha de su promulgación, no lesiona el modelo de justicia transicional, los derechos de las víctimas desarrollados por la jurisprudencia de esta corporación, ni el derecho a la paz, razón por la cual resulta claramente exequible, pero ante la posibilidad que algunos operadores jurídicos pudieren interpretar que por el hecho de haber sido transitoriamente vigentes conforme a esta norma, las disposiciones de la Ley 975 de 2005 que esta corporación ha declarado inexequibles o de condicional exequibilidad, y pueden ser aún aplicadas en desarrollo del principio de favorabilidad, la Corte declarará, en la parte resolutiva de esta providencia, que el segmento normativo acusado es exequible, en el entendido de que el derecho a los beneficios contenidos en la Ley 975 de 2005 está sujeto al pleno cumplimiento de los requisitos señalados en la misma Ley, de conformidad con la interpretación que de ellos ha hecho esta corporación en sus pronunciamientos.] - [Palabras claves automatizadas: reparación, víctimas, corte, ley, partir, norma, vigencia, parte, cargo, cargos, relación, concepto, justicia, derecho, normas]; Art. 47, Inc 2 : INEXEQUIBLE. Art. 72 : CONDICIONALMENTE exequible. Arts. 2, 4, 48 y 49 : Fallo inhibitorio. S.V

La contribución establecida en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, para los contratistas de obra pública o que celebren contratos de adición y a favor de la Nación, Departamento o Municipio: ¿desconoce el principio de legalidad tributaria (art. 338 C.P.), al no definir con precisión el hecho gravado? - ¿vulnera los derechos a la igualdad (art. 13 C.P.) y a la libre competencia económica (art. 333 C.P.) de las entidades derecho público que compiten con entidades particulares en la contratación de obras, frente a las empresas privadas que desarrollan el mismo objeto y no deben pagar ese gravamen?. No cabe otra interpretación plausible según la cual el contrato al que se refiere es el definido en el estatuto de contratación estatal - art. 32, Ley 80 de 1993- a partir de elementos subjetivos referentes a la calidad pública de la entidad contratante. La contribución que establece constituye un gravamen general que obliga a todas aquellas personas que celebren contratos de obra pública con entidades estatales, sin distinción alguna. SV : No determina de manera clara y específica el hecho gravable. Ley 1106 de 2006, "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones"; Art. 6, Inc. 1o.(Mod. El Art. 37 de la Ley 782 de 2002, y a su vez el Art. 120 de la Ley 418 de 1997) : Exequible - [Resumen automatizado: Como se expuso en el acápite de Antecedentes de la presente Sentencia, en esta oportunidad la demandante presenta tres cargos de inconstitucionalidad material y no formal, conforme a los cuales el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006 sería inexequible por: (i) desconocer el principio de legalidad tributaria (C.P Art. 338) al no definir con precisión el hecho gravado; (ii) violar el derecho a la igualdad (C.P. Art. 13) y el derecho a la libre competencia económica (C.P. Art. 333), en razón a que las entidades de derecho público que compiten en el mercado con entidades particulares en la contratación de obras, especialmente aquellas dedicadas a la prestación de servicios públicos domiciliarios, tienen que incluir un costo adicional correspondiente al gravamen previsto en la norma acusada, costo del cual están exentas las empresas privadas que desarrollan el mismo objeto; y (iii) por desconocer la prohibición constitucional de la confiscación (C.P. Art. 34) y el principio de la progresividad tributaria (C.P. Art. 363), al no gravar a todos los contribuyentes en una misma proporción correspondiente a su capacidad contributiva, y al privar injustamente a los contratistas de la renta que legítimamente podrían llegar a obtener por la celebración del contrato.] - [Palabras claves automatizadas: pública, contratos, norma, corte, ley, demanda, contribución, entidades, cargo, derecho, acusada, contrato, sentencia]; Art. 6, Inc. 1o.(Mod. El Art. 37 de la Ley 782 de 2002, y a su vez el Art. 120 de la Ley 418 de 1997) : Exequible

¿En el trámite del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 se acató el artículo 154 de la Constitución, en cuanto ordena que los proyectos de ley relativos a los tributos, deben iniciar su trámite en la Cámara de Representantes? Justificaciones para la flexibilidad en la aplicación de la regla. Ley 1106 de 2006, "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones"; Art. 6 (Modifica Art. 37 de la Ley 782 de 2002, que a su vez modifica el Art. 120 de la Ley 418 de 1997 : Exequible. Salvamento de Voto - trámite en sesiones conjuntas - [Resumen automatizado: La deliberación conjunta de las comisiones para impartir el primer debate al proyecto de ley permitió que la Cámara de Representantes participara, por intermedio de su Comisión primera, en la iniciación del procedimiento legislativo y, según la jurisprudencia constitucional, la participación de la Cámara en las circunstancias anotadas tiene como consecuencia el dar por satisfecha la regla prevista en el artículo 154 superior que exige iniciar el trámite de los proyectos de ley relativos a tributos en la Cámara de Representantes, siendo del caso aclarar que la mentada regla no se deja de aplicar sino que, en razón de una situación excepcional generada por el mensaje de urgencia, se interpreta y se aplica de modo flexible.] - [Palabras claves automatizadas: cámara, ley, trámite, proyecto, corte, representantes, república, senado, contribución]; Art. 6 (Modifica Art. 37 de la Ley 782 de 2002, que a su vez modifica el Art. 120 de la Ley 418 de 1997 : Exequible. Salvamento de Voto - trámite en sesiones conjuntas

Demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", en su integridad y, en subsidio, total o parcialmente, en contra de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 58, 64 y 71 de la misma ley. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-575 de 2006. Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales. || La expresión "promover" contenida en el artículo 4 de la Ley 975 de 2005 fue declarada constitucional, pues la Corte estimó que no comporta desconocimiento "por parte del Estado colombiano de sus deberes y obligaciones frente a las víctimas respecto de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, en armonía con las disposiciones constitucionales y los compromisos que de acuerdo con ellas éste ha adquirido en estas materias"[2].] - [Palabras claves automatizadas: corte, víctimas, ley, derechos, derecho, artículos, reparación, sentencia, constitucional]

Justicia y Paz ¿Vulneran los artículos demandados derechos fundamentales dado que según el actor el trámite debió ser a través de ley estatutaria; por supuesta consagración material de un indulto; por supuestos vicios materiales y vicios formales; por supuesta violación del principio de proporcionalidad e igualdad en la imposición de la pena; por supuesto desconocimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar y la violación del derecho fundamental a un recurso efectivo? Ley 975 de 2005 Arts. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 , 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51(52-2), 56, 57 , 58 y 59 - Declaración inhibitoria por ineptitud sustancial de la demanda. Respecto a los artículos 3, 17, 18, 20, 25, 29, 31 y 71 - Estarse a lo resuelto en las sentencias C-319 y C-370 de 2006 - [Resumen automatizado: Con el procedimiento establecido en los preceptos acusados, no se vulnera la Constitución, pues el legislador se encuentra facultado, para tener en cuenta en el ejercicio de la función punitiva del Estado la distinta naturaleza de los delitos que puedan ser objeto de investigación y juzgamiento -la finalidad que se busca que no es otra que lograr la convivencia pacífica-, para establecer luego para ellos "un tratamiento diverso que no contradice los postulados constitucionales" sino que permiten asegurar la desmovilización de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, su comparencia en el proceso, primero y, luego, el cumplimiento de las penas respectivas, cuando a ellas hubiere lugar así como también la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.] - [Palabras claves automatizadas: ley, derechos, víctimas, reparación, derecho, justicia, artículos, pena, delitos]

Justicia y Paz ¿Vulnera la Ley para reincorporación de miembros de grupos armando y algunas disposiciones del código penal relativa a las disposiciones de la norma acusada, dado que considera el actor que se están irrespetando derecho fundamentales de las víctimas? Ley 975 de 2005, artículos 10, 11, 13, 18, 23 y 47 y la Ley 906 de 2004 en sus arts. 15, 101, 102, 103, 137 y 274 - Declaración inhibitoria - [Resumen automatizado: La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales. || Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que tenga conocimiento.] - [Palabras claves automatizadas: ley, víctimas, reparación, derechos, artículo, corte, artículos, demanda, derecho, víctima]

Justicia y Paz. ¿Vulneró la norma acusada la reserva de ley estatutaria o incurrió el articulado en trasgresión material de artículos constitucionales? Ley 975 de 2005. Los artículos demandados se declaran exequibles y se determina un pronunciamiento inhibitorio, al estarse a lo resuelto en las sentencias C-319 y C-370 de 2006 - [Resumen automatizado: Mediante auto del diez (10) de noviembre de 2005, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda respecto de la acusación formulada en contra de los artículos 2°, 26, 29, 32 y 33 por la supuesta vulneración al artículo 152 constitucional, así como -por diversos cargos- en contra de los artículos, 5° (parcial), 25 (parcial), 29 y 46 (parcial) de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. || 5.3 En lo que se refiere a la acusación formulada contra el artículo 29 de la Ley 975 de 2005, la vista fiscal precisa que el artículo 3° de la misma normatividad define con singular claridad la alternatividad como un beneficio jurídico que se otorga al condenado, el cual consiste en la suspensión condicional de la ejecución de la pena principal determinada en la sentencia, para dar paso al cumplimiento de una pena alternativa fijada por el juzgador, en un período entre los 5 a 8 años de prisión, y que se obtiene como lo indica la norma “por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización”.] - [Palabras claves automatizadas: ley, pena, corte, derechos, alternativa, derecho, justicia, proceso, víctimas, relación]

Ley de Justicia y Paz. ¿Existe vicio de trámite legal, así como inconstitucionalidad parcial o total del articulado de la norma acusada? Arts. 1 a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 34, 36 a 58, 60 a 62, 64 y 71 de la Ley 975 de 2005 - [Resumen automatizado: 3º y 29 de la Ley ibídem- lo que se encuentra en concordancia y armonía con lo dispuesto en los artículos 30 transitorio de la Constitución Política, 50 de la Ley 418 de 1997, 11 de la Ley 733 de 2002, además de lo previsto en la jurisprudencia de las Cortes Colombianas y los pronunciamientos de órganos internacionales protectores de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ii) solamente se otorga amnistía o indulto por delitos políticos, situación que se encuentra previamente regulada en la Ley 782 de 2002, iii) la Ley 975 de 2005 sólo se aplica a quienes puedan ser imputados, acusados o condenados por delitos no indultables o amnistiables, pues en dicha Ley el Legislador expresamente establece la condición de sediciosos a los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley pero únicamente por la pertenencia o conformación de dichos grupos, excluyendo que se puedan considerar como conductas conexas a este delito otras actividades delictivas, iv) de conformidad con los instrumentos internacionales y la jurisprudencia nacional e internacional, los delitos más graves no son considerados delitos políticos ni conexos con éstos, v) precisamente para cumplir con las obligaciones contraídas de investigar, juzgar y sancionar, el Estado Colombiano expidió la Ley de Justicia y Paz que le entrega importantes herramientas de la política criminal a las autoridades para cumplir con la función punitiva que le ha sido encomendada con aplicación de los principios de oralidad, celeridad y esclarecimiento de la verdad y con total garantía de los derechos de las víctimas sin descuidar los de los procesados.] - [Palabras claves automatizadas: ley, víctimas, derechos, derecho, reparación, parte, grupos, corte, justicia, pena, proceso, verdad]

Justicia y Paz. ¿Existen vicios de procedimiento y materiales en la Ley demandada? Amnistía e indulto. Derechos de las víctimas. Reserva de ley estatutaria. Ley 975 de 2005. Los artículos demandados se declaran exequibles y se determina un pronunciamiento inhibitorio, al estarse a lo resuelto en las sentencias C-319 y C-370 de 2006 - [Resumen automatizado: La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales. || Recordando jurisprudencia de la Corte suprema de Justicia y de esta Corporación[2], el Ministerio recuerda que el indulto es una decisión del Estado en ejercicio de su poder soberano, que perdona total o parcialmente la pena impuesta mediante sentencia judicial a ciertas personas previo cumplimiento de unos requisitos de orden constitucional, a saber: (i) que la ley correspondiente sea aprobada por la mayoría calificada en ambas cámaras contemplada en el inciso cuarto del artículo 212 superior; (ii) que sea sólo para delitos políticos; y, (ii) que existan, de acuerdo con el análisis que realicen al respecto los integrantes del Congreso de la República "graves motivos de conveniencia pública" para su otorgamiento, lo cual implica que la concesión de estas dos medidas.] - [Palabras claves automatizadas: ley, víctimas, derechos, artículos, corte, pena, reparación, derecho, delitos, justicia, grupos, cargo]

¿La rebaja de penas a personas con sentencias ejecutoriadas que dispone la norma acusada, vulnera el derecho a la igualdad, entre otros derechos constitucionales, así mismo carece del adecuado trámite ante el Congreso? - Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión "ejecutoriadas" - Ley 975 de 2005, Art. 70 - INEXEQUIBLE por vicios de procedimiento, estarse a lo resuelto en sentencia C-370 de 2006 - [Resumen automatizado: En el caso sometido a revisión encuentra la Corte que para la fecha en que fue admitida la demanda -mediante auto del quince (15) de diciembre de 2005- se encontraba en curso el proceso D-6032, en el que se demandó la totalidad del artículo 70 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, por vicios de procedimiento en su formación, disposición que finalmente fue declarada inexequible en la sentencia C-370 del dieciocho (18) de mayo de 2006, Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández. || ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-370 de 2006, Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, que declaró inexequible el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" por vicios de procedimiento en su formación.] - [Palabras claves automatizadas: ley, penas, hace, sentencia, derecho, parte, personas, pena, expresión, beneficio, en]

Definición de víctima; familiar en primer grado de consanguinidad - ¿La presunción de victima al familiar en primer grado de consanguinidad no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley?; Ley 975 de 2005, Art. 5 (parcial) - Estarse a lo resuelto en la Sentencia C- 370 de 2006, que declaró exequibles los incisos segundo y quinto del Artículo 5° de la ley 975 de 2005, en el entendido que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley - [Resumen automatizado: Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley." || La Corte Constata que mediante Sentencia C- 370 de 2006 ( D- 6032 ) se declaró exequibles los incisos segundo y quinto del Artículo 5° de la ley 975 de 2005, en el entendido que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley. || PRIMERO.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C- 370 de 2006, que declaró exequibles los incisos segundo y quinto del Artículo 5° de la ley 975 de 2005, en el entendido que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.] - [Palabras claves automatizadas: víctima, ley, víctimas, personas, primer, grado, derechos, familiares, margen, consecuencia, magistrado, consanguinidad, miembros, justicia, grupos]

Sedición. Ley 975 de 2005, "Ley de justicia y paz"; Art. 71 (adiciona el artículo 468 de la Ley 599 de 2000) - Estarse a lo resuelto C-370-06 - [Resumen automatizado: Finalmente concluye que los cargos formulados por la demandante tienen como fundamento una interpretación abiertamente inconstitucional de la disposición acusada, la cual se fundamenta únicamente en inferencias subjetivas de la demandante porque (i) el tratamiento favorable previsto por distintas disposiciones constitucionales a los delitos políticos no será extensivo a los autores de delitos de lesa humanidad y de narcotráfico, (ii) el enunciado normativo demandado no es contrario a la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio ni al estatuto de la Corte Penal Internacional, ni al Conjunto de Principios para la promoción y protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, puesto que no busca sustraer de la competencia de la Corte Penal Internacional a las personas que eventualmente puedan ser solicitadas en extradición por la comisión de delitos de lesa humanidad, como se desprende de la interpretación histórica y sistemática del enunciado normativo acusado. || En efecto, sostienen que si se interpreta el artículo 71 acusado de conformidad con el Estatuto de Roma, la Convención para prevenir y sancionar el delito del genocidio y los Principios para la promoción y protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, resulta claro que el tipo penal de sedición no subsumiría los delitos graves o atroces cometidos por los miembros de los grupos de autodefensa y estos últimos podrían ser investigados, juzgados y sancionados como autores de crímenes de lesa humanidad.] - [Palabras claves automatizadas: delitos, delito, grupos, disposición, políticos, corte, miembros, derechos, autores, acusada, penal, político, lesa, ley, parte]; Art. 71 (adiciona el artículo 468 de la Ley 599 de 2000) - Estarse a lo resuelto C-370-06

Ley 975 de 2005. Ley de justicia y paz. Rebaja de penas. Art. 70 (parcial) Estarse a lo resuelto C-370-06 - [Resumen automatizado: De manera correspondiente expresa que la política criminal adelantada por el Estado colombiano mediante la Ley 975 de 2005, respecto de los grupos armados organizados al margen de la ley se ajusta a los mandatos constitucionales, toda vez que brinda la posibilidad de conseguir la paz en el territorio nacional con observancia de valores, principios y protección de los derechos fundamentales así como también garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. || La Ley 975 de 2005, entonces establece un procedimiento penal para la investigación, juzgamiento, sanción y beneficios judiciales de las conductas punibles diferentes a delitos políticos y conexos, incluyendo las graves violaciones contra derechos humanos cometidas por miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley durante y con ocasión de la pertenencia a estos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse, lo que es posible si se materializan los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y demás exigencias en la ley contempladas.] - [Palabras claves automatizadas: ley, víctimas, pena, reparación, justicia, delitos, derecho, derechos]

"Ley de justicia y paz". Ley 975 de 2005, Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37 numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71, y contra la ley en su integridad. El contenido de los derechos a la paz, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional colombiano. Juicio de proporcionalidad. Inconstitucionalidad de la tipificación del paramilitarismo como sedición. Derechos de las víctimas. Desmovilizados. Amnistía o indulto general - [Resumen automatizado: Teniendo en cuenta la ambigüedad e incertidumbre que la expresión demandada introduce en la norma que se revisa, generando múltiples interpretaciones en un aspecto de relevancia constitucional como es el derecho de las víctimas a la verdad, en evidente conexidad con el derecho a la justicia, procederá la Corte a condicionar el contenido de la disposición en el sentido que la expresión “y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal” del numeral 38.5 del artículo 37, alude al artículo 30 de la Ley 600 de 2000 que regula “el acceso al expediente y el aporte de pruebas por el perjudicado”, siempre y cuando se interprete de acuerdo con la exequibilidad condicionada de esta norma declarada mediante sentencia C- 228 de 2002, en virtud de la cual, la víctima o los perjudicados pueden acceder directamente al expediente desde su iniciación, para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación.] - [Palabras claves automatizadas: derecho, derechos, ley, víctimas, delitos, reparación, justicia, corte, meses, pena, humanos]

¿La norma acusada desconoció la reserva de ley estatutaria, ignora los derechos fundamentales de las victimas, hace que los destinatarios de la ley no tengan el deber de denunciar ni señalar los autores de los mismos, y altera los procedimientos, términos judiciales, y jueces competentes y crea funcionarios y salas especiales al igual que tipifica conductas, redefine delitos y señala penas que son materia de ley estatutaria?; El tratamiento que ha recibido la reserva de ley estatutaria en la jurisprudencia constitucional en general y de manera específica en materia de derechos fundamentales y de administración de justicia, la metodología para el estudio de los cargos por violación del principio de ley estatutaria; Ley 975 de 2005 - Exequible, únicamente respecto del cargo de violación del principio de reserva de ley estatutaria, por cuanto el legislador no estaba obligado a darle el tramite de ley estatutaria. Exequible - [Resumen automatizado: La jurisprudencia ha sostenido que los criterios determinantes para identificar si una disposición que regule derechos y deberes fundamentales debió ser tramitada como ley estatutaria son los siguientes: (i) en primer la materia regulada pues ha de tratarse de derechos y deberes de carácter fundamental, (ii) que trate sobre los elementos estructurales y los principios básicos del derecho o deber en cuestión, (iii) que se refiera los contenidos más cercanos al núcleo esencial del derecho, (iv) que regule aspectos inherentes al ejercicio del derecho, (v) que consagre límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten el núcleo esencial, (v) cuando se trae de un cuerpo normativo que pretenda regular de manera integral, estructural y completa un derecho fundamental, (vi) que aludan a la estructura general y principios reguladores pero no al desarrollo integral y detallado (vii) que la disposición se refiera a situaciones principales e importantes de los derechos. || La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales.] - [Palabras claves automatizadas: ley, derecho, derechos, víctimas, fundamentales, estatutaria, reserva, constitucional, justicia, sentencia, esencial]

¿Las penas establecidas en la norma demandada relacionadas con la alternatividad penal, vulneran los artículos 4º, 13 y 29 de la Constitución Política, así como los artículos 7º y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Ley 975 de 2005; Arts 3, 29, 31 y 61 (parciales) de la Ley 975 de 2005 - Fallo inhibitorio por inepta demanda - [Resumen automatizado: Por otra parte, explica que al aplicar lo establecido en la jurisprudencia constitucional en materia del test de igualdad al caso de la Ley 975 de 2005, se encuentra lo siguiente: i) el objetivo de los beneficios y procedimientos establecidos en la Ley 975 de 2005 fue plasmado por el Legislador en el artículo 1° de la misma, esto es la facilitación de los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, de forma tal que se cumple con el primer presupuesto del test relativo a la existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento de trato desigual, ii) el objetivo perseguido por la Ley 975 de 2005 es válido plenamente a la luz de los mandatos de la Constitución Política, toda vez que los beneficios y procedimientos que prevé la aludida Ley, recogen el clamor de paz y reconciliación y su armonía con la Constitución Política se apoya entonces en una razón teleológica pues la norma se inscribe en el propósito de propender al logro del mantenimiento de la paz que constituye uno de los deberes de las autoridades públicas, especialmente si se considera que en diversos artículos de la Constitución Política, entre otros, los artículos 2°, 22, 67, 95-4 y 5, se puede apreciar la voluntad de paz del Constituyente de 1991 e incluso formuló la consecución de la paz como el objetivo central del Estado Social de Derecho .] - [Palabras claves automatizadas: ley, pena, grupos, normas, corte, paz, sentencia, demanda, margen, justicia, alternativa, artículos, si, armados, delitos, en]

¿Al disponer la norma demandada que el Gobierno Nacional pueda conceder indulto por delitos no políticos a los nacionales que individualmente y por decisión voluntaria abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, quebranta lo dispuesto en los artículos 150, numeral 17 y 201, numeral 2 de la Constitución? Ley 782 de 2002. Art. 19, inciso 2 (Modifica Art. 50 de la Ley 418 de 1997) - CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: En el presente caso el sentido normativo indicado que se ciñe a la Constitución, según el cual el Gobierno Nacional puede conceder sólo por delitos políticos el indulto consagrado en el aparte demandado, protege el interés general, específicamente en relación con la atención y la solución de los “graves motivos de conveniencia pública” previstos en el Art. 150, Num. 17, superior, para la concesión de los indultos generales por parte del legislador, que el Presidente de la República puede otorgar en los casos particulares con arreglo a la ley respectiva, conforme a lo dispuesto en el Art. 201, Num. 2, ibídem. || El Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particular, el beneficio de indulto a los nacionales que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de delito político cuando a su juicio, el grupo armado organizado al margen de la ley con el que se adelante un proceso de paz, del cual forme parte el solicitante, haya demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil.] - [Palabras claves automatizadas: art, delitos, indulto, ley, delito, gobierno, políticos, constitución, político, nacional, corte]

La no cualificación del sujeto activo del tipo penal de hurto de hidrocarburos y sus derivados según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 782 de 2002 ¿vulnera los principios de igualdad y proporcionalidad, en tanto permite la aplicación de la norma para su juzgamiento y condena, a personas que no forman parte de organizaciones armadas al margen de la ley?. Ley 782 de 2002; Art. 44 (Modifica Art. 96 de la Ley 418 de 1997) - EXEQUIBLE por el cargo analizado - [Resumen automatizado: Así las cosas, considera la demandante que la descripción del tipo penal tipificado en el artículo 44 demandado resulta insuficiente en lo que respecta a los sujetos activos, como quiera que no distingue entre quienes hurtan hidrocarburos o sus derivados con objetivos de distinta índole, quedando el sujeto activo de ese delito especial indeterminado, con lo cual se viola el principio de unidad de materia en virtud del cual el legislador ha debido identificar el sujeto activo de ese hecho punible, a fin de evitar que una disposición con una finalidad claramente establecida (controlar el financiamiento de los grupos armados al margen de la ley), resulte siendo aplicada a la delincuencia común, con las mismas consecuencias derivadas del trato a grupos terroristas, como son la pena y las multas establecidas en la norma acusada. || La Corte debe determinar, en este caso, si la decisión del legislador de establecer un tipo penal de hurto de hidrocarburos y sus derivados, con sujeto activo no calificado, tal como se contempla en el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, infringe los principios constitucionales de unidad de materia, igualdad y proporcionalidad, en tanto que abre la posibilidad para que personas que no forman parte de organizaciones armadas al margen de la ley, sean procesadas y sentenciadas conforme a esta disposición.] - [Palabras claves automatizadas: ley, margen, norma, grupos, penal, legislador, conducta, delito, derivados, armados, orden, tipo]; Art. 44 (Modifica Art. 96 de la Ley 418 de 1997) - EXEQUIBLE por el cargo analizado