Acta de sometimiento a la JEP no conlleva restricciones sobre el derecho a la libertad de locomoción de quien la firma. "Una vez aceptado formalmente el sometimiento a la JEP de los integrantes de la fuerza pública como comparecientes forzosos ante la Jurisdicción surge "una obligación irreversible e irrestricta de contribuir a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición respecto del universo de conductas sobre las cuales la JEP y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) tienen asignada la competencia". Esta situación explica el motivo por el cual no puede hacerse equivalente el acta de solicitud de sometimiento con el acta de compromiso. Mientras que el acta de solicitud de sometimiento únicamente da fe de la voluntad de someterse a la JEP por parte del integrante o el exintegrante de la fuerza pública que presenta ese pedimento, el acta de compromiso se suscribe luego de que la persona ha sido formalmente aceptada como compareciente forzosa ante la Jurisdicción Especial para la Paz y-o cuando ha recibido beneficios transitorios […]. Entendiendo que el acta de compromiso tiene unas connotaciones prácticas específicas que conllevan la obligación de que, quien la suscribe, se encuentre impedido para salir del país, situación que activa los protocolos acordados con Migración Colombia y supone que al momento de digitalizar las actas, extraer sus datos y categorizarlas en el Sistema de Gestión Documental de la JEP y en la "vista materializada de datos" esta se comparte con la Unidad Administrativa de Migración Colombia, la remisión hecha por la Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas como "acta de compromiso" del documento suscrito por el [accionante] trajo como consecuencia que, sin existir ninguna justificación jurídicamente o fácticamente válida, el [accionante] no fuera autorizado para salir del país, pese a que no existía ningún impedimento para el efecto. Dicho en otros términos, la restricción migratoria que contiene el parágrafo 1 del artículo 52 de la Ley 1820 de 2016 y la Ley 1957 de 2019, así como el artículo 8 del Decreto Ley 706 de 2017, no es sino restricción de un derecho fundamental por virtud de la ley y su aplicación errónea por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz al extender sus efectos a una circunstancia no prevista en la norma, constituyó una flagrante vulneración al derecho fundamental al debido proceso del señor Pérez Molina que se manifestó por medio del acto por el cual dicha jurisdicción asumió conocimiento del caso." - [Resumen automatizado: CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO DEL TUTELANTE Y ORDENÓ A LA SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS Y A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA JEP TOMAR MEDIDAS PARA LOGRAR UNA COMPRENSIÓN CLARA Y UNIFORME DE LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE EL ACTA DE SOMETIMIENTO Y EL ACTA DE COMPROMISO Y SOBRE LA NECESIDAD DE ADOPTAR FORMATOS QUE LAS REFLEJEN DE MODO INEQUÍVOCO Y ESPECIFIQUEN SUS CONSECUENCIAS EN MATERIA DE RESTRICCIONES PARA SALIR DEL PAÍS || Tras pronunciarse sobre las diferencias conceptuales y prácticas entre el acta de sometimiento y el acta de compromiso que suscriben integrantes o exintegrantes de la fuerza pública como comparecientes forzosos a la Jurisdicción Especial para la Paz en el proceso para obtener su acogimiento formal en la JEP; y reiterar la jurisprudencia constitucional sobre la garantía del debido proceso en actuaciones administrativas y el derecho fundamental al habeas data, la Sala Plena confirmó las decisiones adoptadas por los jueces de tutela en primera y segunda instancia que partieron de reconocer la existencia del acta de sometimiento como un documento con alcance y efectos diferentes al acta de compromiso, particularmente, en lo que se refiere a sus implicaciones sobre el derecho a la libertad de locomoción en tanto que la primera no conlleva restricción de salir del país y la segunda sí.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, acta, jep, derecho, salir, sala, debido, plena, paz, país, jurisdicción, tutela, compromiso, especial, libertad]

Se declara el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación a la vida civil, de sus familias y de quienes integran el nuevo partido político Comunes. "[D]ado el contexto específico y la premura que exige la reincorporación a la vida civil de la población firmante del Acuerdo Final de Paz, sus familias y de quienes integran el nuevo partido Comunes, en este caso puede concluirse que no se han expedido todas las medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos fundamentales alegada. […] [S]i bien las obligaciones que surgen […] no son de resultado ni generan responsabilidad objetiva, en el caso de la protección de la vida e integridad de la población signataria del Acuerdo Final de Paz, exige una atención especial, oportuna y eficaz que no da espera […] porque […] la preservación de la vida e integridad personal, seguridad y paz de quienes suscribieron el Acuerdo es requisito sine qua non para que se pueda dar el tránsito hacia una sociedad que maneje sus conflictos de manera no violenta. Únicamente así, resulta factible aplicar la justicia transicional y esperar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. […] [N]o era suficiente dotar a la población signataria del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación de escoltas, chalecos y carros blindados. En criterio de la Corporación es indispensable ofrecerle las condiciones que le permitan superar el grado de vulnerabilidad que enfrenta, para que pueda elegir su propio camino en conjunto con las comunidades en las que se encuentran ubicada, con las condiciones que le permita vivir una vida digna y elegir lo que tiene motivos para valorar. Esto quedó claro en el Acuerdo Final de Paz y en la normatividad que desarrolló sus contenidos. En vista de la especificidad de la situación que enfrentan las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación a la vida civil, sus familias y las personas integrantes del partido Comunes, el incumplimiento de las obligaciones previstas en el punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz, desarrollado por normas constitucionales y legales, ha sido grave, recurrente y en sí mismo evidencia una práctica generalizada de desinterés gubernamental, prologada en un tiempo inaceptable para los estándares exigidos para el cumplimiento de los acuerdos de paz por lo que esta debe entenderse como generalizada, irrazonable y desproporcionada." - [Resumen automatizado: - DECLARAR el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por el bajo nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación a la vida civil, de sus familias y de quienes integran el nuevo partido político Comunes. || DÉCIMO PRIMERO - ORDENAR a las autoridades estatales y gubernamentales a quienes compete cumplir los compromisos asumidos por el Estado colombiano en el Acuerdo Final de Paz y que han sido objeto de desarrollo legal y constitucional, atender sus deberes relacionados con: || También encontró la Sala que la falta de correspondencia entre la actuación institucional y la normativa expedida retrasó la asignación y ejecución de recursos indispensables para ofrecer garantías de seguridad a la población firmante del Acuerdo Final de Paz e igualmente ha dificultado diagnosticar los problemas, determinar las localidades y territorios donde las amenazas y muertes se presentan con mayor frecuencia, identificar a los actores y cómplices de estas afrentas, las necesidades y carencias sociales, económicas, culturales e institucionales de la población afectada que requieren ser suplidas por medio de una presencia estatal célere, efectiva e integral.] - [Palabras claves automatizadas: corte, derechos, paz, acuerdo, seguridad, personas, protección, autoridades, final, sala, población, medidas, constitucional]

El senador Roy Leonardo Barreras Montealegre, actuando en nombre propio y en el de 6.670.368 habitantes de cerca de 166 municipios que conformarían las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes, instauró acción de tutela el 31 de mayo de 2019 contra la Mesa Directiva del Senado de la República, con el propósito de obtener el amparo de los derechos a la igualdad y al debido proceso en el trámite legislativo, junto con el derecho a la participación política de las víctimas, presuntamente vulnerados por la decisión adoptada en la sesión plenaria de la citada corporación del 30 de noviembre de 2017, en la que se anunció que el informe de conciliación al proyecto de Acto Legislativo 05 de 2017 Senado, 017 de 2017 Cámara, “Por medio del cual se crean 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los períodos 2018-2022 y 2022-2026”, no obtuvo las mayorías requeridas para ser aprobado, a pesar de que, con sujeción a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018 y en el auto 282 de 2019, sí se acreditó el cumplimiento de dicho requisito.] - [Palabras claves automatizadas: legislativo, decisión, senado, tutela, cámara, corte, noviembre, acción, derecho, acto, proceso, derechos, representantes, república, trámite] - [Resumen automatizado: El senador Roy Leonardo Barreras Montealegre, actuando en nombre propio y en el de 6.670.368 habitantes de cerca de 166 municipios que conformarían las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes, instauró acción de tutela el 31 de mayo de 2019 contra la Mesa Directiva del Senado de la República, con el propósito de obtener el amparo de los derechos a la igualdad y al debido proceso en el trámite legislativo, junto con el derecho a la participación política de las víctimas, presuntamente vulnerados por la decisión adoptada en la sesión plenaria de la citada corporación del 30 de noviembre de 2017, en la que se anunció que el informe de conciliación al proyecto de Acto Legislativo 05 de 2017 Senado, 017 de 2017 Cámara, “Por medio del cual se crean 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los períodos 2018-2022 y 2022-2026”, no obtuvo las mayorías requeridas para ser aprobado, a pesar de que, con sujeción a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018 y en el auto 282 de 2019, sí se acreditó el cumplimiento de dicho requisito.] - [Palabras claves automatizadas: legislativo, decisión, senado, tutela, cámara, corte, noviembre, acción, derecho, acto, proceso, derechos, representantes, república, trámite]

Reitera los presupuestos para determinar la incursión en mora judicial injustificada por parte de las distintas autoridades de la JEP. "La Corte Constitucional revisó cuatro acciones de tutela formuladas contra distintas autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz. En estos casos, los actores solicitaban la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso […], acceso a la administración de justicia, entre otros. La presunta vulneración se causaba porque, según los tutelantes, las autoridades accionadas no habían dado respuesta a sus solicitudes de acceso a algunos beneficios, tratamientos penales especiales contemplados, principalmente, en la Ley 1820 de 2016, o de sometimiento voluntario a dicha Jurisdicción. […] La Sala estableció que, al momento de ejercer las acciones de tutela estudiadas, en ninguno de los casos las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz trasgredieron los demás derechos invocados por los accionantes. La Corte reiteró estrictamente la Sentencia SU-333 de 2020, en la que se dispuso que "se presenta una mora judicial injustificada si la misma: (i) es fruto de un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique la tardanza como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la misma es imputable a la falta de cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial". Así, la Sala constató que si bien algunas instancias o autoridades de la JEP habían incurrido en escenarios de mora judicial ésta se encontraba constitucionalmente justificada, no sólo por la compleja situación de congestión judicial que, para el momento en que se elevaron las solicitudes, presentaban distintos órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino porque, en cada caso concreto, las autoridades accionadas no habían actuado de manera negligente, caprichosa o arbitraria. Por último, ante la falta de certeza relacionada con el estado actual de las solicitudes elevadas por los accionantes, la Corte exhortó a la Jurisdicción Especial para la Paz para que, en caso de no haber definido el fondo de las solicitudes de los actores, lo hagan en los términos establecidos en la legislación correspondiente y de acuerdo con lo desarrollado en la Sentencia SU-333 de 2020." - [Resumen automatizado: Tal como ha ocurrido en casos estrictamente similares a los que ahora se analizan,[14] en esta ocasión la Corte encuentra igualmente que las acciones de tutela de la referencia satisfacen los requisitos de procedencia porque: (i) en todos los cuatro asuntos, el recurso de amparo fue promovido directamente por el titular de los derechos presuntamente trasgredidos o, como ocurre en el expediente T-7.694.352, a través de apoderado debidamente acreditado (legitimación por activa); (ii) el mecanismo constitucional es ejercido en contra de las autoridades judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz a las que los actores le atribuyen los hechos constitutivos de la aparente vulneración de sus garantías constitucionales (legitimación por pasiva); (iii) dado que los accionantes reprochan aparentes omisiones relacionadas con la ausencia de respuesta por parte de las autoridades demandadas, las acciones de tutela de la referencia satisfacen el requisito de subsidiariedad porque, siguiendo estrictamente las reglas de procedencia reiteradas recientemente por parte de esta Corporación,[15] los actores han cumplido con su deber diligente de requerir la resolución oportuna de sus solicitudes destinadas a acceder a alguno de los tratamientos penales especiales contenidos en la Ley 1820 de 2016 o a aceptar su sometimiento voluntario a la Jurisdicción Especial para la Paz (ejercicio del ius postulandi), por lo cual, además, sería desproporcionado exigir el agotamiento de algún escenario judicial adicional.[16] Finalmente, (iv) en los cuatro casos se cumple el presupuesto temporal de inmediatez, no sólo porque al momento en que se interpusieron las acciones de tutela los peticionarios no habían obtenido respuesta de fondo a sus requerimientos, y por tanto la supuesta vulneración permanecía en el tiempo, en los términos de la Sentencia SU-333 de 2020, sino porque el lapso transcurrido entre la última actuación adelantada por cada uno de los actores y la fecha en que se ejerció el recurso de amparo es claramente razonable, como se observa en el siguiente esquema:] - [Palabras claves automatizadas: sala, jep, tutela, judicial, jurisdicción, especial, paz, solicitud, corte, secretaría, amnistía, acción, solicitudes]

Solicitud de sometimiento voluntario a la JEP de integrantes de grupos paramilitares debe estar fundamentada en pruebas que acrediten la calidad de tercero civil. Valoración de sentencias condenatorias emitidas por la jurisdicción ordinaria. [L]a determinación de si el sometimiento se efectúa como tercero civil no puede sustentarse sólo en la palabra del peticionario, sino que deberá valorarse con los medios de pruebas aportados, pues es él quien deberá demostrar esa circulación entre su rol como tercero civil y no como pleno integrante del grupo paramilitar y, en tal caso, su sometimiento estaría necesariamente "circunscrito a los delitos que cometieron en ejercicio del papel de terceros -conexidad contributiva-, y no abarcaría las conductas punibles que les son atribuibles como integrantes de grupos paramilitares, respecto de las cuales el sistema de Justicia y Paz y la jurisdicción penal ordinaria conservan plena competencia, según el caso" [TP-SA 126 de 2019]… [N]o es posible trasladarle a las accionadas -en los términos solicitados por el actor- un análisis de (i) las múltiples providencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005 o "Ley de Justicia y Paz", en las que se identificaron los principales mandos, para concluir que su participación no se extendió a la estructura criminal organizada; y (ii) un nuevo estudio sobre los testimonios que sirvieron de base para declarar su responsabilidad penal… Tales declaraciones, como se detallaron, fueron valoradas… en las sentencias condenatorias…, que a su vez sirvieron de base para las decisiones controvertidas mediante la presente acción de tutela - [Resumen automatizado: PREVIO ESTABLECIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN EL CASO CONCRETO, LA CORTE REITERÓ SU JURISPRUDENCIA ENRELACIÓN CONLA CARACTERIZACIÓN DEL DEFECTO FÁCTICO, SUSTANTIVO Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN.IGUALMENTE, ESTABLECIÓ LA COMPETENCIA DE LA JEPEN RELACIÓN CON LOSTERCEROS CIVILES Y LA EXCLUSIÓN DE LOS GRUPOS PARAMILITARES || Le correspondió a la Sala Plena de la Corte Constitucional determinar ¿Si la providencia judicial del 27 de marzo de 20191, proferida por la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que rechazó por falta de competencia la comparecencia del señor Dorian Jaime Mejía Galeano, incurrió en (i) una violación directa de la Constitución, por desconocer el alcance normativo de los artículos transitorios 1° y 16 del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2017; (ii) un defecto sustantivo, al realizar una interpretación que limita el ingreso de terceros civiles a la JEP y, al realizar una interpretación inadecuada de los requisitos contemplados en los artículos 3º de la Ley 1820 de 2016 y 11 de la Ley 1922 de 2018; o (iii) un defecto fáctico, por la inadecuada valoración de las pruebas que se aportaron en el expediente que, según indica el actor, hicieron concluir erróneamente en la providencia atacada que su colaboración con los grupos paramilitares se extendió al hacer parte de la estructura criminal organizada?] - [Palabras claves automatizadas: jep, corte, sala, jurisdicción, competencia, tutela, legislativo, paz, especial, plena, terceros, acto, revisión, judicial, ley, providencia, constitución, sometimiento]

Procedencia de la acción de tutela contra autoridades de la JEP. En el caso de las acciones de amparo contra providencia de las autoridades de la JEP, éstas deberán basarse en manifiestas vías de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado todos los recursos al interior de la JEP, no existiendo mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado. En el caso de violaciones que se realicen por afectación al debido proceso, deberá interponerse tras haber agotado el recurso procedente ante los órganos de la JEP. La Corte ha reconocido que es posible promover acción de tutela contra omisiones judiciales, es decir, los eventos de mora por parte de los jueces. Ello, pues existen eventos en los que dicho retardo implica la vulneración del derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La JEP deberá priorizar la respuesta pronta de las peticiones de libertad que realicen los comparecientes ante la jurisdicción. Aclara la Corte que, en cada caso, deberá tenerse en consideración el tipo de solicitante, la regulación que cobija cada petición y si los tratamientos penales especiales solicitados tienen relación con el derecho a la libertad personal. Este derecho en el sistema jurídico colombiano, como lo ha expresado la jurisprudencia, es un derecho privilegiado y, por ello, las limitaciones a tal deben ser excepcionales e interpretarse de forma restrictiva a la luz de la Constitución - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió 20 acciones de tutela promovidas por 25 personas comparecientes ante la Jurisdicción para la Paz, en las que se señala a la Sala de Amnistía e Indulto y a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de vulnerar los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en atención a que, los escritos de sometimiento y en los que se solicitan la concesión de beneficios como la libertad transitoria, anticipada y condicionada, la libertad condicional u otros, no han sido contestados dentro de los términos previstos en la Ley 1820 de 2016 y la Ley 1922 de 2018. || Conforme con la información allegada en sede de revisión, al momento de proferir la sentencia se verifica que, las autoridades de la JEP ya dieron respuesta a las solicitudes de varios comparecientes, razón por la cual, la Sala concluye que se produjo el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado en los expediente T-7.211.254, T-7.211.257; T-7.211.258; T-7.211.261; T-7.211.263; T-7.211.264; T-7.211.269; T-7.211.271; y T-7.211.277, este último, en relación con tres accionantes a quienes ya se les dio respuesta, es decir, Guillermo Javier Castillo Chávez, Diego Andrés Ruales Toro, y Oscar Antonio Muñoz Arboleda.] - [Palabras claves automatizadas: proceso, tutela, expediente, tribunal, sala, paz, dentro, acción, derecho, promovida]

El habeas corpus no varía cuando se trata de los beneficios de la normativa transicional. Un aspecto distintivo de esta acción es que no se trata de un litigio en el que pueda hablarse, con rigor conceptual, de "partes procesales". Como sucede en toda actuación, en el trámite de habeas corpus deben respetarse el principio de contradicción y el debido proceso. Con todo, se trata de un mecanismo judicial sui generis, con una finalidad precisa. La Corte encuentra que la norma transicional que regula el habeas corpus en el sistema de justicia transicional ofrece los elementos suficientes para que su ejercicio resulte ponderado y razonable en relación con las competencias de la JEP. En efecto, la dilación u omisión de resolver, dentro del término legal, las solicitudes de libertad a las que se refieren la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017, solo dan lugar a la acción de habeas corpus cuando sean omisiones o dilaciones injustificadas. En síntesis, la acción de habeas corpus procede para hacer efectiva la libertad derivada de los beneficios de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017, concretamente, ante la dilación u omisión injustificada de la JEP de resolver, dentro del término legal, las solicitudes de estos beneficios, por parte de quienes tienen derecho a ellos. Por lo tanto, el habeas corpus, como derecho fundamental y herramienta judicial que lo efectiviza, no varía cuando se trata de los beneficios de la normativa transicional. En consecuencia, en esos casos también rige la regla, según la cual, la acción de tutela contra la decisión judicial que concede el habeas corpus es excepcionalísima. - [Resumen automatizado: El 5 de diciembre de 2018 la Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP y el Presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la misma Corporación, instauraron acción de tutela con el propósito de obtener la protección de los derechos fundamentales de esta institución al debido proceso, y en particular, a ser juzgado por las formas propias de cada juicio y al juez natural, así como los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, presuntamente vulnerados por el Juzgado 7° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, en el marco de la acción constitucional de habeas corpus promovida a favor del ciudadano Daniel Artunduaga Moreno. || Habida cuenta de los hechos y antecedentes procesales de esta actuación, la solución del presente caso exige a la Sala Plena responder si es procedente la acción de tutela interpuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz en contra de la providencia que, como resultado de la acción constitucional de habeas corpus, concedió el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada a un exmiembro de la Fuerza Pública, compareciente en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición SIVJRNR.] - [Palabras claves automatizadas: habeas, acción, corpus, libertad, tutela, ley, sala, corte, sentencia, juez]

¿La Jurisdicción Especial para la Paz, al omitir un pronunciamiento acerca de su competencia frente a los hechos denunciados por el actor, en los que estarían involucrados un miembro de la Fuerza Pública y un exintegrante de las FARC-EP, ha incurrido en alguna afectación de sus derechos fundamentales, particularmente, el derecho de acceso a la administración de justicia? La Sala considera que no existe vulneración de los derechos fundamentales del actor, por cuanto éste no llevo a cabo ninguna gestión para activar en su condición de víctima, la competencia de la JEP y porque la normativa que regula esta jurisdicción, no tiene previsto el acceso individual de presuntas víctimas, quienes deben acudir por medio de colectivos de las organizaciones de la sociedad civil. Se confirman las sentencias de instancia que declaran improcedente la acción de tutela. En el segundo caso, el peticionario refiere ser ex integrante del frente 24 de las FARC y haber participado en operaciones delictivas de ese grupo insurgente por lo cual considera que merece los beneficios que se desprenden del acuerdo final para la paz. Indica que no fue incluido en los listados elaborados por las FARC EP por lo cual radicó un derecho de petición ante la JEP en el cual solicita su inclusión y postulación en esa justicia especial, pero no ha obtenido respuesta a su petición. La Sala constató la configuración de carencia actual de objeto por hecho superado por cuanto el derecho de petición fue contestado por la accionada, antes de la expedición del fallo - [Resumen automatizado: En su criterio, en este caso en realidad el señor Zárate no atribuye a la JEP ninguna presunta infracción a un derecho fundamental, pues los argumentos del tutelante se limitan a cuestionar las actuaciones judiciales en cuya virtud resultó penalmente condenado, punto que ya resolvió en sede de tutela la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. || i) Frente a la acción de tutela interpuesta por el señor Saúl Zárate, corresponde a la Sala Plena determinar si la Jurisdicción Especial para la Paz, al omitir un pronunciamiento acerca de su competencia frente a los hechos denunciados por el actor, en los que estarían involucrados un miembro de la Fuerza Pública y un exintegrante de las FARC-EP, ha incurrido en alguna afectación de sus derechos fundamentales, particularmente, el derecho de acceso a la administración de justicia. || En el segundo caso, la Corte constató la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, como quiera que luego de la interposición de la acción de tutela, y antes de la expedición del fallo de instancia, el derecho de petición del señor Franco Rivera fue contestado de fondo por la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz.] - [Palabras claves automatizadas: tutela, sala, competencia, acción, especial, corte, paz, instancia, petición, derechos, secretaría, actor]