Conflicto de jurisdicción entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz. Para la Corte es claro que corresponde a la JEP conocer las conductas cometidas antes del 1º de diciembre de 2016, acaecidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Al respecto, es importante recordar que la JEP tiene competencia para conocer de las mencionadas conductas cometidas por combatientes y agentes del Estado miembros de la Fuerza Pública de forma obligatoria y prevalente, y en el caso de civiles (agentes del Estado o terceros), de manera voluntaria. Asimismo, que con la entrada en funcionamiento de la JEP se ha activado el plazo de la SRV para recibir informes provenientes de las autoridades judiciales que pudieran ser competencia de la JEP. La Corte advierte que la suspensión de procesos ha sido analizada frente a la labor de la Fiscalía General de la Nación, pero no respecto de los que se encuentran en etapa de juicio. De manera tal que es la JEP, la que ha dado alcance a la remisión automática que podrían hacer los jueces de la República en virtud del mandato del ya citado artículo 22 del Decreto 277 de 2017 y de los artículos 38 y 66 de la Ley 1922 de 2018. En efecto, según la Resolución 002 de 2018, es la Sección de Apelación de la JEP la que ha determinado que la remisión de los demás procesos judiciales debe hacerse de forma gradual y solo cuando una de las Salas de la JEP decida avocar conocimiento de aquellos. Este Tribunal entiende que, en virtud de la delimitación de la competencia de la JEP, debe asumirse de forma gradual el estudio individual de casos, una vez termine la etapa de competencia global

Control de constitucionalidad al Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz como consecuencia del trámite de las objeciones gubernamentales. Esta decisión obedece a que (i) existe cosa juzgada constitucional sobre el Proyecto de Ley aprobado por el Congreso, en virtud de la Sentencia C-080 de 2018; y (ii) el texto del Proyecto de Ley no fue modificado, por lo que las objeciones no tuvieron la virtualidad de producir efectos jurídicos, razón por la cual carece de objeto abordar el examen de los problemas jurídicos advertidos por la Corte en el Auto 123 de 2019. No es entonces necesario hacer un estudio de fondo. En consecuencia, de ninguna manera se está convalidando el trámite legislativo surtido con posterioridad a la expedición de la Sentencia. La Corte ordenará dar continuidad al trámite constitucional, cumpliendo el objetivo de "agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto" (art. 1 del Acto Legislativo 01 de 2016). En cuanto en el trámite y decisión de las objeciones gubernamentales al Proyecto de Ley no se presentaron discrepancias entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República que hubieren podido dar lugar al archivo parcial del proyecto y, por el contrario, fueron rechazadas en ambas Cámaras, se entiende que el texto previamente revisado no sufrió alteraciones, la Corte lo remitirá al Presidente de la República para que continúe el trámite de su sanción y promulgación, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado numeral quincuagésimo de la parte resolutiva de la Sentencia C-080 de 2018 y del inciso segundo del artículo 167 de la Constitución

Competencia para decretar medidas cautelares sobre los bienes inmersos en procesos de extinción de dominio por su relación con las FARC-EP. Para la Corte es contario al artículo 121 de la Constitución sostener que cualquier asunto litigioso que surja dentro del SIVJRNR resulta de incumbencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues como todo órgano constituido del Estado, su competencia está supeditada a las normas constitucionales y legales que establecen sus facultades, por lo que ante la inexistencia de una disposición expresa que le atribuya el conocimiento de un asunto, debe entenderse que las autoridades competentes para conocer del mismo son las que conforman la Rama Judicial. Por lo expuesto, esta Corporación considera que los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz no tienen competencia alguna para decretar condenas económicas en favor de las víctimas y, con ello, tampoco para adoptar medidas cautelares sobre los bienes de las FARC-EP con el fin de asegurar con ellos la reparación patrimonial de las mismas, pues tal atribución se encuentra en cabeza de entidades administrativas y en el evento de que sean requeridas acciones jurisdiccionales de conservación de los recursos destinados para el efecto, se podrán activar los mecanismos correspondientes ante las autoridades de la Rama Judicial. Así las cosas, la Corte estima que la Fiscalía General de la Nación, en los términos contemplados en los referidos artículos del Código de Extinción de Dominio, estaría facultada para adoptar las medidas cautelares que estime pertinentes sobre los bienes que estén inmersos en procesos de extinción de dominio por su relación con las FARC-EP

La Corte Constitucional decidió declararse inhibida para ejercer el control automático de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz hasta tanto no concluya el trámite de las objeciones formuladas por el Presidente de la República o el plazo para decidir sobre ellas, lo que ocurra primero. La Corte, en consecuencia, es competente para ejercer control automático y único de constitucionalidad respecto del trámite legislativo que se adelanta como consecuencia de la formulación de objeciones por parte del Presidente de la República, como lo solicitan el Procurador General de la Nación y el presidente de la Cámara de Representantes, pero sólo dentro del proceso de control de constitucionalidad de las modificaciones, adiciones o supresiones, incluso el archivo total o parcial, que tuviere el proyecto de ley luego de agotado el mencionado trámite legislativo y, en todo caso, antes de su sanción y promulgación por parte del Presidente de la República. Por tal razón, el presidente del Congreso, al concluir el trámite de las objeciones formuladas por el Presidente de la República o el plazo para decidir sobre el particular, lo que ocurra primero, remitirá a esta Corporación el proyecto que resultare de dicho procedimiento, incluso en el evento de que el mismo fuere archivado total o parcialmente