¿La sentencia adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá vulnera el derecho al debido proceso del accionante al incurrir en defecto fáctico derivado de la indebida valoración probatoria porque en el proceso penal no se demostró su participación en los delitos por los que fue condenado, por lo que la responsabilidad penal se fundamentó exclusivamente en suposiciones e inferencias erróneas, derivadas de su condición de empresario dedicado a la explotación de palma? La Sala considera improcedente esta solicitud, cuando menos por tres tipos de razones: (i) la extinción de la pena y de la acción penal impiden adoptar remedios procesales en cuanto a la decisión adoptada; (ii) el caso planteado no se ajusta a los supuestos en que la Corte ha protegido los derechos fundamentales de los familiares del accionante fallecido; y (iii) las circunstancias que se alegan para sustentar la presunta vulneración de los derechos fundamentales no corresponden con la materia debatida en el presente caso y, en caso de evidenciarse, deben protegerse por vías judiciales diferentes. En cuanto al primer aspecto, debe insistirse en que la muerte del condenado extingue la pena. Asimismo, tampoco puede reabrirse el proceso penal debido a que el proceso penal también se ha extinguido por la misma razón. Ante esas circunstancias, cualquier orden de protección en sede constitucional sería inejecutable. Respecto de lo segundo, debe tenerse en cuenta que la posibilidad de proteger los derechos fundamentales de los familiares de la persona fallecida ha sido circunscrita por la jurisprudencia constitucional respecto a las víctimas del delito, no de sus perpetradores

¿Se configura una violación de los derechos fundamentales a la dignidad humana y al mínimo vital de la señora XX, como consecuencia de la omisión por parte de la UARIV de pagar la indemnización administrativa a la que tiene derecho? Es claro que pese a la naturaleza predominante económica que tiene la indemnización administrativa, pueden existir condiciones particulares que permitan demostrar su conexidad con los derechos a la dignidad humana y al mínimo vital, cuando su falta de reconocimiento o de pago impacta en las condiciones de subsistencia de una persona, la cual, probablemente, se hallará sin trabajo, con escasos recursos y-o en una condición específica que le impida acceder a una fuente de ingresos, siendo el propio estudio de priorización que realiza la UARIV, uno de los elementos que pueden ser tenidos en cuenta para arribar a dicha conclusión. Esta Corporación concluye que el pago de la indemnización administrativa que aquí se reclama, a pesar de tratarse de una suma única y de tener un contenido reparador -no prestacional-, sí guarda una relación directa con el amparo al mínimo vital y a la dignidad humana de la accionante, pues no se observa que, por sus condiciones personales y de salud, tenga en la actualidad un ingreso distinto del cual pueda obtener recursos para asegurar su subsistencia

¿Se vulneran los derechos fundamentales de una mujer cabeza de familia que alega ser víctima del conflicto armado, cuando se niega su inscripción en el Registro Único de Víctimas con fundamento en que los hechos victimizantes de homicidio, amenazas y desplazamiento forzado que ha padecido supuestamente no sucedieron con ocasión del conflicto armado toda vez que, presuntamente, fueron cometidos por una banda criminal y por tanto, ejecutados por un actor armado sin móviles ideológicos o políticos? Desde su misma definición, la Ley 387 de 1997 no restringe ni circunscribe la condición de desplazamiento a la existencia de un conflicto armado interno; (ii) la interpretación que ha realizado la Corte Constitucional del concepto de víctima contenido en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y sus distintos componentes, según la cual se debe atender a una noción amplia de la expresión "con ocasión del conflicto armado interno"; (iii) las víctimas de desplazamiento forzado son titulares de un derecho fundamental a ser reconocidas como tales mediante el registro y, por consiguiente, a acceder al RUV cuando cumplan las condiciones previstas por la ley; (iv) las víctimas de desplazamiento forzado son sujetos de especial protección constitucional que tienen derecho a medidas particulares de salvaguarda, retorno, reasentamiento y reubicación así como a un trato urgente, preferente, distinto y excepcional; (v) el RUV tiene una gran importancia para el goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas del desplazamiento forzado; y (vi) la diferencia de trato entre víctimas por razón de la naturaleza del victimario constituye una discriminación prohibida en la Constitución

¿El Gobierno Nacional ha vulnerado el derecho fundamental a la reparación integral de una víctima del conflicto, cuando quiera que no ha cumplido con una de las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativa al reconocimiento de responsabilidad del Estado, argumentando que, para ello, se debe llegar a un acuerdo entre el Gobierno y las víctimas? Este Tribunal Constitucional ha dejado claro que la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace que sus sentencias sean de obligatorio cumplimiento por el Estado, con fundamento en disposiciones del mismo Tratado y la jurisprudencia del Tribunal Interamericano y que, incluso, los criterios interpretativos proporcionados por la Corte IDH, cuando examina el significado y alcance de derechos contenidos en Instrumentos Internacionales y de los derechos constitucionales fundamentales, tienen una relevancia especial en nuestro ordenamiento. Esta Corporación no puede abrir la puerta para que en casos posteriores y apoyados en la idea del consenso, se desconozca o se reduzca la responsabilidad del Estado en violaciones a Derechos Humanos, que han sido declaradas por tribunales internacionales. Como se señaló en la parte motiva de esta decisión, el derecho a la reparación incluye medidas de satisfacción que pretenden redignificar a la víctima. Una de ellas es el perdón público y reconocimiento de responsabilidad. Por ello, la concertación de estas medidas no puede convertirse en otro trámite judicial para ver garantizados su derecho a la reparación

¿Puede un juez en el marco de un proceso penal ordenar a un juez especializado en restitución de tierras, que suspenda un proceso de dicha naturaleza como medida cautelar para proteger los derechos de las víctimas de una conducta punible? Sala de Revisión reprocha la omisión del Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca, quien suspendió el proceso de restitución de tierras sin importar que el objetivo de ese tipo de procesos consiste en garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos. La falta de motivación de los autos que adoptan la medida provisional impide el acceso a la administración de justicia de esta población vulnerable, que de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte merece una especial protección constitucional. las providencias adoptadas por el Juzgado Promiscuo Municipal incurrieron en un defecto procedimental absoluto, pues ignoraron los presupuestos procesales para que operara la suspensión del proceso por prejudicialidad, y en esa medida el funcionario judicial actuó al margen del procedimiento establecido. Si en gracia de discusión se dijera que la suspensión ordenada por el juez de control de garantías no tuvo como fundamento que se configurara la prejudicialidad, sino que simplemente se trataba de una medida necesaria para hacer cesar el delito, la facultad de adoptar este tipo de medidas encuentra como límite las facultades de otras autoridades. En efecto, la competencia amplia que le otorga al juez penal el artículo 22 del Código de Procedimiento Penal no lo autoriza para desconocer la competencia que ha sido expresamente asignada a otras autoridades judiciales. En ese sentido, está comprobado que Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca no era competente para adoptar una determinación que correspondía al juez civil especializado en restitución de tierras

¿La UARIV vulnera los derechos de una víctima del conflicto armado al negar la indemnización por vía administrativa aduciendo que la entrega de la reparación se realizará de conformidad con los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad fiscal, por lo cual no se puede determinar con certeza el momento en el cual les reconocerán el derecho y deberá ser nuevamente analizado a pesar que desde el año 2007 está a la espera de la reparación? El parágrafo 1º del artículo 155 del Decreto 4800 de 2011 establece un régimen de transición para la entrega de la indemnización solidaria que hubieran sido solicitadas en vigencia del Decreto 1290 de 2008, así, los solicitantes a los que se refiere este artículo tendrán derecho al pago de la indemnización vía administrativa de forma preferente y prioritaria, mediante la distribución y en los montos consignados en el Decreto 1290 de 2008, siempre y cuando estén incluidos en el RUV o estén inscritos en el Registro Único de Población Desplazada. Sin embargo, tal como lo estableció esta Corporación en la sentencia SU-254 de 2013, el monto de la indemnización será aquel establecido en el artículo 5° del Decreto, es decir 27 salarios mínimos mensuales vigentes cuando se trata de la vulneración a los derechos fundamentales con ocasión al desplazamiento forzado o 40 salarios mínimos en caso de secuestro, desaparición forzada u homicidio

¿Vulneró la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas los derechos fundamentales de la accionante al no exponer en el acto administrativo por medio del cual se le comunicó la decisión de no reconocer su calidad de víctima de los grupos organizados al margen de la ley las razones por las cuales se llegó a tal decisión y negar la expedición de una copia del acta en donde se decidía su solicitud, a pesar del deber que tiene la Administración de motivar los actos administrativos y resolver de fondo las peticiones elevadas por los ciudadanos?Concede.La motivación de los actos administrativos es una garantía para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa como componente del derecho al debido proceso administrativo, por lo que si el acto no se encuentra motivado, el particular estará impedido de ejercer las facultades que emanan de los derechos fundamentales referidos, es decir, el derecho a ser oído, a aportar y controvertir pruebas y a una decisión fundada.Aún en los casos en donde no se requiera motivar un acto administrativo, ello no significa que no deban existir razones suficientes para la expedición del mismo, ya que la ausencia de éstas sería equiparable con el concepto de arbitrariedad en la actuación. En suma, dada la importancia que tiene en un Estado Social de Derecho el respeto por el debido proceso administrativo, las autoridades públicas están en la obligación de motivar debidamente sus decisiones, a menos que el legislador expresamente autorice la expedición de un acto administrativo sin motivación

¿Las autoridades acusadas, han vulnerado los derechos fundamentales a una vida digna, a la seguridad personal, al debido proceso y a las garantías judiciales y de acceso a la justicia de las demandantes, en razón a la manera como dichas autoridades han afrontado, en el marco de sus competencias, el deber estatal de protección y de garantía de acceso a la justicia, debidos a las víctimas en los procesos de esclarecimiento judicial de justicia y paz? Legitimidad de personería para demandar en el presente caso. Concedida. Protección constitucional y del derecho internacional a la mujer frente a todo tipo de violencia. Riesgos específicos y las cargas extraordinarias que les impone por su género, la violencia armada a las mujeres del país. Directrices derivadas de la jurisprudencia nacional y de la práctica internacional, para una estrategia de protección eficaz de las víctimas y testigos de grave criminalidad. El enfoque diferencia resulta imperativo frente a las múltiples obligaciones constitucionales e internacionales que exigen acciones encaminadas a la protección de la mujer contra toda violencia y a prevenir y enfrentar la violencia estructural que ha soportado históricamente, así como la violencia magnificada como consecuencia del conflicto.

Procedencia de la acción de tutela para inaplicar actos administrativos de carácter general. Derechos fundamentales y colectivos en relación con la protección de las víctimas de los grupos que se benefician con la Ley 975 de 2004. Publicidad y reserva de las diligencias de versión libre en los procesos de justicia y paz. Limitación del derecho de las víctimas a participar en las diligencias de versión libre en los procesos de justicia y paz. Las víctimas deben acreditar el daño. Intervención de dos abogados en la diligencia de versión libre. Prohibición a las víctimas de interrogar y contrainterrogar en las diligencias de versión libre en los procesos de justicia y paz. Negada