INEXEQUIBLE el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 8º de la Ley 418 de 1997 -modificado por el artículo 3º de la Ley 1941de 2018 "Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014"-, que establecía que la declaración del cumplimiento de los requisitos y la calificación como grupo armado organizado por parte del Consejo de Seguridad Nacional en cada caso concreto eran requisitos para que el gobierno pudiera "examinar la posibilidad de decidir" si adelantaba diálogos de paz con grupos armados\ Desconocía el carácter de suprema autoridad nacional en materia de orden público del presidente de la República. \L a Corte consideró que la definición de grupo armado organizado al margen de la ley ya está contemplada en el derecho internacional humanitario, en particular en el artículo 1.1 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949. Este cuerpo normativo, que resulta directamente aplicable en nuestro ordenamiento jurídico, define los requisitos que deben cumplir las organizaciones armadas para considerarse grupos armados organizados.\ Por lo tanto, sin perjuicio de las facultades que tiene el presidente para verificar que una organización armada cumple materialmente los requisitos del artículo 1.1 del Protocolo II, el Consejo de Seguridad no puede establecer requisitos nuevos o distintos, ni atribuirle, con carácter constitutivo, el carácter de grupo armado organizado a una organización criminal específica\ Jerarquía del derecho internacional humanitario en nuestro sistema jurídico

La Corte decidió condicionar el artículo 2 de la Ley 1941 de 2018, "por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 11006 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014" (Adic. Art. 6 de la Ley 418 de 1997), en el entendido de que los planes, medidas y recursos a ejecutar en las ZEII para la prestación de servicios sociales, deberán ser formulados e implementados conforme a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y participación. Igualmente, en el sentido de que las actuaciones de las autoridades públicas previstas en la disposición deben guardar coherencia e integralidad con los compromisos del Acuerdo Final en materia de intervención del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto

INEXEQUIBLE la expresión "y tendrá una vigencia de diez (10) años" contenida en el artículo 208 de la Ley 1448 de 2011, así como la expresión "tendrán una vigencia de 10 años" contenida en los artículos 194 del Decreto 4633 de 2011, 123 del Decreto 4634 de 2011 y 156 del Decreto 4635 de 2011. EXHORTA al Gobierno y al Congreso de la República, para que, antes de la expiración de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y de los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, adopte las decisiones que correspondan en relación con su prórroga o con la adopción de un régimen de protección de las víctimas que garantice adecuadamente sus derechos. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que la Ley 1448 de 2011 así como los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011 tendrán vigencia hasta el día 7 de agosto de 2030, sin perjuicio de lo dispuesto en el fundamento jurídico 70 de esta providencia

INEXEQUIBLE la expresión "y tendrá una vigencia de diez (10) años" contenida en el artículo 208 de la Ley 1448 de 2011, así como la expresión "tendrán una vigencia de 10 años" contenida en los artículos 194 del Decreto 4633 de 2011, 123 del Decreto 4634 de 2011 y 156 del Decreto 4635 de 2011. EXHORTA al Gobierno y al Congreso de la República, para que, antes de la expiración de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y de los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, adopte las decisiones que correspondan en relación con su prórroga o con la adopción de un régimen de protección de las víctimas que garantice adecuadamente sus derechos. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que la Ley 1448 de 2011 así como los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011 tendrán vigencia hasta el día 7 de agosto de 2030, sin perjuicio de lo dispuesto en el fundamento jurídico 70 de esta providencia

Para la Corte el tributo contenido en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 -contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública y otras concesiones-', modificatorio del artículo 120 de la Ley 418 de 1997) se encontraba vigente al momento de otorgársele carácter permanente mediante el artículo 8 de la Ley 1738 de 2014, "por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010", por lo cual carece de fundamento el cargo por vulnerar el principio de certeza tributaria. S.V: "la remisión a una disposición, incluso derogada, para determinar los elementos de un tributo, no desconocía per se el principio de certeza tributaria o de certeza de la obligación tributaria, siempre que esta disposición satisficiera las exigencias del citado principio"

Corte Constitucional, Sentencia de control automático de constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, "por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones"

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad. Estarse a lo resuelto en la sentencia C-069 de 2016 respecto de la expresión "siempre que cuenten con la certificación de desvinculación de un grupo armado organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas", contenida en el inciso segundo del artículo 190 de la Ley 1448 de 2011, modificado por el Decreto 671 de 2017, que la declaró exequible, "en el entendido que la certificación de desvinculación que expide el Comité Operativo de la Dejación de las Armas (CODA) se debe entregar a todas las víctimas de reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado.". Declarar exequible el resto del Decreto Ley 671 del 25 de abril de 2017, "por el cual se modifica la Ley 1448 de 2011, en lo relacionado con la certificación de desvinculación de menores en caso de acuerdos de paz, y se dictan otras disposiciones."

Inepta demanda contra la expresión "cuya propiedad se pretende adquirir por adjudicación" contenida en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno". Inepta demanda por los cargos planteados en relación, en criterio del demandante al condicionamiento al derecho a la restitución de tierras baldías, y en general el derecho a las reparaciones vinculadas a dichos inmuebles. Para algunos intervinientes lo que se pretendía demandar era el artículo 2.15.1.3.5. del Decreto 440 de 2016, y no el precepto legal efectivamente acusado

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas esta habilitada para actuar cuando el titular de la acción de restitución de tierras le solicite que lo represente en el trámite judicial. La expresión "podrá" no puede interpretarse como aquella que otorga a la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas la facultad para escoger discrecionalmente en qué casos representa a la víctima titular de la acción de restitución de tierras que solicite expresamente instaurar la demanda y adelantar el trámite judicial ante los jueces y magistrados de esa justicia especializada. Ley 1448 de 2011 "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 82 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible; Art. 82 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

Inepta demanda contra la limitación impuesta al monto de la indemnización que se decrete a favor de la víctima, cuando el Estado deba concurrir subsidiariamente a dicha reparación contenida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"\ La demanda partía de una aproximación interpretativa errónea acerca del enunciado normativo demandado. En criterio del actor, este implicaba un límite al pago de condenas en todos los casos. En realidad, es un límite al deber de concurrencia subsidiaria, cuando el condenado es un particular, y sus recursos o los del grupo armado son insuficientes para el pago ordenado en sede judicial

Fallo inhibitorio por la inepta demanda contra uno de los elementos de la definición de persona desplazada o de víctima de desplazamiento forzado, respecto de las personas que tuvieron que emigrar al exterior por el conflicto armado interno, al no cumplir con los requisitos que se exige de un cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa. Ley 387 de 1997 "por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioecononómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia"; Art. 1 y Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; Art. 60 Par. 2o; Art. 60 Par. 2o

La improcedencia de la conciliación en el proceso de restitución, no vulnera los derechos de las víctimas del conflicto armado interno al debido proceso, acceso a la administración de justicia y la garantía de eficacia de estos derechos. Al estar involucrados derechos fundamentales, prima facie, la inadmisibilidad de la conciliación dentro del proceso de restitución cuenta con un fundamento constitucional sólido.- La Corte precisó el alcance del aparte demandado, y concluyó que la expresión demandada cobija tanto la conciliación como etapa del proceso, como la conciliación extra proceso. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 94 (parcial); Art. 94 (parcial)

No encontró la Corte que el estándar de conducta -la buena fe exenta de culpa- en la Ley de víctimas y restitución de tierras genere una eventual violación al principio de igualdad de los segundos ocupantes del predio objeto de restitución. Sin embargo, dada la existencia de una amplísima diversidad de casos en el marco de la restitución, y la ausencia de un órgano de cierre en la justicia de tierras, la Sala Plena consideró necesario fijar un condicionamiento, en el entendido de que es un estándar que debe ser interpretado por los jueces de forma diferencial, frente a los segundos ocupantes, que demuestren condiciones de vulnerabilidad, y no hayan tenido relación directa o indirecta con el despojo, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta providencia. Exhorta al Congreso de la República y al Gobierno Nacional acerca de la necesidad de establecer e implementar una política pública comprensiva acerca de la situación de los segundos ocupantes en el marco de la justicia transicional. Ley 1448 de 2011, "por el cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; La expresión "exenta de culpa" contenida en los artículos 88, 91, 98 y 105 : CONDICIONALMENTE exequibles

El establecimiento de un régimen especial de reparación económica a los miembros de la Fuerza Pública, víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, con ocasión del conflicto armado interno, no implica vulneración del derecho a la igualdad. La Corte encontró justificado el trato distinto que se les otorga, dado el carácter especial de los miembros de la Fuerza Pública, la misión a su cargo y su relación de sujeción con el gobierno y la administración pública por la especificidad de las funciones constitucionales que cumple, así como el régimen especial que los rige. Ley 1448 de 2011, "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 3 Par. 1º. (parcial) : Exequible; Art. 3 Par. 1º. (parcial) : Exequible

Inepta demanda contra el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones". El punto de partida del actor es la supuesta homologación o sustitución de la reparación judicial por la administrativa, enunciado que no le es adjudicable al contenido del precepto demandado. S.V

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-69\2016 - ¿La exigencia a los niños, niñas y adolescentes desmovilizados que cumplen su mayoría de edad, de un certificado expedido por el CODA como requisito previo para ingresar a los programas de integración social y económica ofrecidos en favor de las víctimas de reclutamiento forzado, establece un trato diferenciado y discriminatorio entre víctimas de grupos armados al margen de la ley y víctimas de grupo armados post desmovilización, por cuanto estas últimas quedaron excluidas de la entrega de dicho certificado, en razón a que solo se les reconoce la condición de grupos armados al margen de la ley a los grupos guerrilleros y de autodefensa? Para la Corte la certificación de desvinculación que expide el Comité Operativo de la Dejación de Armas (CODA), se debe entregar a todas las víctimas de reclutamiento, en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado. L a Corte precisó que los programas de reintegración social y económica, en favor de las víctimas de reclutamiento ilícito, forman parte de su derecho a la reparación, el cual debe ser garantizado por el Estado en igualdad de condiciones para todas, a través de las medidas que se adopten para el efecto, sin que las condiciones o calidades particulares del agente que incurrió en el reclutamiento puede ser relevante para definir la condición de víctima de reclutamiento ilícito. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 190 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. S. V; Art. 190 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. S. V

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-17\2015 - Inepta demanda contra apartes del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones", en relación con los cargos por violación al derecho a la igualdad, omisión legislativa relativa al no regular suficientemente la etapa administrativa de la restitución de tierras, y desconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-795\2014 - La Corte encontró INEXEQUIBLE condicionar la efectiva entrega del predio restituido al pago de las compensaciones que hubiere ordenado el juez en favor de los poseedores de buena fe. El derecho a la restitución de tierras como componente de la reparación integral de las víctimas reconocidas en el marco de la Ley 1448 de 2011, es autónomo e independiente de los derechos reconocidos a los terceros de buena fe exenta de culpa. El aparte acusado resulta excesivamente gravoso y lesivo para los intereses y los derechos fundamentales de las víctimas a la reparación integral, en cuanto comporta una restricción particularmente significativa e intensa de sus garantías constitucionales, que impide la plena certeza en la satisfacción de su derecho a la restitución. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 100 (parcial) : INEXEQUIBLE. S.V; Art. 100 (parcial) : INEXEQUIBLE. S.V

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-795\2014 - La Corte encontró INEXEQUIBLE condicionar la efectiva entrega del predio restituido al pago de las compensaciones que hubiere ordenado el juez en favor de los poseedores de buena fe. El derecho a la restitución de tierras como componente de la reparación integral de las víctimas reconocidas en el marco de la Ley 1448 de 2011, es autónomo e independiente de los derechos reconocidos a los terceros de buena fe exenta de culpa. El aparte acusado resulta excesivamente gravoso y lesivo para los intereses y los derechos fundamentales de las víctimas a la reparación integral, en cuanto comporta una restricción particularmente significativa e intensa de sus garantías constitucionales, que impide la plena certeza en la satisfacción de su derecho a la restitución. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 100 (parcial) : INEXEQUIBLE. S.V; Art. 100 (parcial) : INEXEQUIBLE. S.V

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-767\2014 - ¿La omisión por parte del legislador, predicable de los artículos 1º de la Ley 1106 de 2006 y 1º de la Ley 1421 de 2010, al abstenerse de prorrogar la vigencia de la prestación económica equivalente a un salario mínimo, para las víctimas del conflicto armado que hubiesen perdido su capacidad laboral en más de un 50% y sin otra alternativa pensional, originalmente regulada en el artículo 46 de Ley 418 de 1997, desconocía el principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, los deberes sociales del Estado y la garantía de la igualdad material? La creación de esta prestación a favor de las víctimas del conflicto armado y la posterior prórroga de las normas que la contienen, seguida de la no prórroga de la misma por parte de los artículos 1º de la Ley 1106 de 2006 y 1º de la Ley 1421 de 2010, generaron entonces un vacío normativo, al dejar fuera del ordenamiento jurídico el reconocimiento de esta prestación a víctimas del conflicto armado. Para la Corte, la conducta omisiva del legislador implicó una trasgresión a la prohibición de regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo anterior, se consideró que se encontraban acreditados los requisitos establecidos por la jurisprudencia para que prosperara el cargo de omisión legislativa relativa. Art. 1 de la Ley 1106 de 2006, "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones" y Art. 1 de la Ley 1421 de 2010, "por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006", declarados CONDICIONALMENTE exequibles, "en el entendido que las víctimas del conflicto armado interno, que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud". Inepta demanda en relación con el artículo 131, parcial, de la Ley 418 de 1997, artículo 1 de la Ley 548 de 1999 y el artículo 1 de la Ley 782 de 2002, por ineptitud sustantiva de la demanda

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-286\2014 - Los artículos en los cuales se regula de manera integral el tema del incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas resulta violatoria de los artículos 29 y 229 de la CP en razón a que sustituye el incidente de reparación integral por la vía judicial penal, tal y como se encontraba consagrado en la Ley 975 de 2005, por un incidente de identificación de afectaciones que se homologa con la reparación integral a las víctimas por vía administrativa. Diluyendo las cruciales diferencias que existen entre ambas vías, y de contera desconocen con ello los derechos de las víctimas a recurrir tanto a la vía judicial como a la vía administrativa, sin que estas vías deban ser excluyentes, sino por el contrario complementarias y articuladas. La Corte reincorpora al ordenamiento jurídico los artículo 23 y 24 de la ley 975 de 2005 que regula el incidente de reparación integral, así como de los artículos 7 (derecho a la verdad), 8 (derecho a la reparación), 42 (deber general de reparar), 43 (orden de reparación en la sentencia), 45 (solicitud de reparación), 47 (rehabilitación), 48 (medidas de satisfacción y garantías de no repetición), y 49 (programas de reparación colectiva), todos de la Ley 975 de 2005. Esta decisión no afecta en ningún sentido las disposiciones, planes, programas, mecanismos, elementos, componentes, estrategias y diferentes medidas de la reparación integral por vía administrativa y la restitución de tierras consagradas en la Ley 1448 de 2011, y por tanto no desestructura la política pública de reparación integral a las víctimas. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones "; Arts. 23, 24, 25, 27 (parcial), 33, 40 y 41 (Mod. de los artículos 23, 23A, 24, 26, 54 de la de la Ley 975 de 2005) : INEXEQUIBLES; Arts. 23, 24, 25, 27 (parcial), 33, 40 y 41 (Mod. de los artículos 23, 23A, 24, 26, 54 de la de la Ley 975 de 2005) : INEXEQUIBLES

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-286\2014 - Los artículos en los cuales se regula de manera integral el tema del incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas resulta violatoria de los artículos 29 y 229 de la CP en razón a que sustituye el incidente de reparación integral por la vía judicial penal, tal y como se encontraba consagrado en la Ley 975 de 2005, por un incidente de identificación de afectaciones que se homologa con la reparación integral a las víctimas por vía administrativa. Diluyendo las cruciales diferencias que existen entre ambas vías, y de contera desconocen con ello los derechos de las víctimas a recurrir tanto a la vía judicial como a la vía administrativa, sin que estas vías deban ser excluyentes, sino por el contrario complementarias y articuladas. La Corte reincorpora al ordenamiento jurídico los artículo 23 y 24 de la ley 975 de 2005 que regula el incidente de reparación integral, así como de los artículos 7 (derecho a la verdad), 8 (derecho a la reparación), 42 (deber general de reparar), 43 (orden de reparación en la sentencia), 45 (solicitud de reparación), 47 (rehabilitación), 48 (medidas de satisfacción y garantías de no repetición), y 49 (programas de reparación colectiva), todos de la Ley 975 de 2005. Esta decisión no afecta en ningún sentido las disposiciones, planes, programas, mecanismos, elementos, componentes, estrategias y diferentes medidas de la reparación integral por vía administrativa y la restitución de tierras consagradas en la Ley 1448 de 2011, y por tanto no desestructura la política pública de reparación integral a las víctimas. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones "; Arts. 23, 24, 25, 27 (parcial), 33, 40 y 41 (Mod. de los artículos 23, 23A, 24, 26, 54 de la de la Ley 975 de 2005) : INEXEQUIBLES; Arts. 23, 24, 25, 27 (parcial), 33, 40 y 41 (Mod. de los artículos 23, 23A, 24, 26, 54 de la de la Ley 975 de 2005) : INEXEQUIBLES

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-255\2014 - Cosa juzgada INEXEQUIBLE en relación con los artículos 23 y 24 (parciales) de la Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdo humanitarios" y se dictan otras disposiciones". Inepta demanda contra los artículo 40 y 41. S.V

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-255\2014 - Cosa juzgada INEXEQUIBLE en relación con los artículos 23 y 24 (parciales) de la Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdo humanitarios" y se dictan otras disposiciones". Inepta demanda contra los artículo 40 y 41. S.V

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-180\2014 - Inexequibles los apartes demandados al considerar la Corte que no cabe sustraer del proceso de justicia y paz la competencia para que el juez penal decida sobre la reparación integral de las víctimas, pues ello implica la inobservancia del principio de juez natural consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Por consiguiente, de acuerdo con la decisión de la Corte, el incidente de reparación previsto en la Ley 975 de 2005 debe adelantarse hasta su culminación por el juez de la causa, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en el marco de los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Arts. 23 y 24 (parciales) (Mod. Arts. 23 y 23A de la Ley 975 de 2011); Arts. 23 y 24 (parciales) (Mod. Arts. 23 y 23A de la Ley 975 de 2011)

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-180\2014 - Inexequibles los apartes demandados al considerar la Corte que no cabe sustraer del proceso de justicia y paz la competencia para que el juez penal decida sobre la reparación integral de las víctimas, pues ello implica la inobservancia del principio de juez natural consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Por consiguiente, de acuerdo con la decisión de la Corte, el incidente de reparación previsto en la Ley 975 de 2005 debe adelantarse hasta su culminación por el juez de la causa, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en el marco de los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Arts. 23 y 24 (parciales) (Mod. Arts. 23 y 23A de la Ley 975 de 2011); Arts. 23 y 24 (parciales) (Mod. Arts. 23 y 23A de la Ley 975 de 2011)

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-180\2014 - Inexequibles los apartes demandados al considerar la Corte que no cabe sustraer del proceso de justicia y paz la competencia para que el juez penal decida sobre la reparación integral de las víctimas, pues ello implica la inobservancia del principio de juez natural consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Por consiguiente, de acuerdo con la decisión de la Corte, el incidente de reparación previsto en la Ley 975 de 2005 debe adelantarse hasta su culminación por el juez de la causa, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en el marco de los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Arts. 23 y 24 (parciales) (Mod. Arts. 23 y 23A de la Ley 975 de 2011); Arts. 23 y 24 (parciales) (Mod. Arts. 23 y 23A de la Ley 975 de 2011)

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-180\2014 - Inexequibles los apartes demandados al considerar la Corte que no cabe sustraer del proceso de justicia y paz la competencia para que el juez penal decida sobre la reparación integral de las víctimas, pues ello implica la inobservancia del principio de juez natural consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Por consiguiente, de acuerdo con la decisión de la Corte, el incidente de reparación previsto en la Ley 975 de 2005 debe adelantarse hasta su culminación por el juez de la causa, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en el marco de los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Arts. 23 y 24 (parciales) (Mod. Arts. 23 y 23A de la Ley 975 de 2011); Arts. 23 y 24 (parciales) (Mod. Arts. 23 y 23A de la Ley 975 de 2011)

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-15\2014 - ¿El legislador, al establecer que el término de ocho (8) años de reclusión en establecimiento carcelario posteriores a la desmovilización se cuenta a partir de la postulación a los beneficios que establece la citada ley, para efectos de poder sustituir la medida de aseguramiento, configura una vulneración de la igualdad al no tener en cuenta el tiempo de reclusión anterior a la postulación, mientras que para los demás miembros del grupo armado ilegal sí se tiene en cuenta todo el tiempo de permanencia en un establecimiento de reclusión, con posterioridad a su desmovilización? ¿Para ese cálculo debería tenerse en cuenta todo el tiempo que la persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario? Para la Corte el tiempo que una persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario antes de la desmovilización es irrelevante para efectos de la Ley 975 de 2005, toda vez que obedecía a la aplicación de la ley ordinaria y no implicaba nada distinto a lo que las demás personas, fuesen o no miembros de tales grupos, experimentaban. En ningún evento es posible, entonces, que el hito temporal cuestionado sea anterior a la fecha de la desmovilización. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Art. 19 Parágrafo (Adc. Art. 18A a la Ley 975 de 2005) : Exequible; Art. 19 Parágrafo (Adc. Art. 18A a la Ley 975 de 2005) : Exequible

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-15\2014 - ¿El legislador, al establecer que el término de ocho (8) años de reclusión en establecimiento carcelario posteriores a la desmovilización se cuenta a partir de la postulación a los beneficios que establece la citada ley, para efectos de poder sustituir la medida de aseguramiento, configura una vulneración de la igualdad al no tener en cuenta el tiempo de reclusión anterior a la postulación, mientras que para los demás miembros del grupo armado ilegal sí se tiene en cuenta todo el tiempo de permanencia en un establecimiento de reclusión, con posterioridad a su desmovilización? ¿Para ese cálculo debería tenerse en cuenta todo el tiempo que la persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario? Para la Corte el tiempo que una persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario antes de la desmovilización es irrelevante para efectos de la Ley 975 de 2005, toda vez que obedecía a la aplicación de la ley ordinaria y no implicaba nada distinto a lo que las demás personas, fuesen o no miembros de tales grupos, experimentaban. En ningún evento es posible, entonces, que el hito temporal cuestionado sea anterior a la fecha de la desmovilización. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Art. 19 Parágrafo (Adc. Art. 18A a la Ley 975 de 2005) : Exequible; Art. 19 Parágrafo (Adc. Art. 18A a la Ley 975 de 2005) : Exequible

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-15\2014 - ¿El legislador, al establecer que el término de ocho (8) años de reclusión en establecimiento carcelario posteriores a la desmovilización se cuenta a partir de la postulación a los beneficios que establece la citada ley, para efectos de poder sustituir la medida de aseguramiento, configura una vulneración de la igualdad al no tener en cuenta el tiempo de reclusión anterior a la postulación, mientras que para los demás miembros del grupo armado ilegal sí se tiene en cuenta todo el tiempo de permanencia en un establecimiento de reclusión, con posterioridad a su desmovilización? ¿Para ese cálculo debería tenerse en cuenta todo el tiempo que la persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario? Para la Corte el tiempo que una persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario antes de la desmovilización es irrelevante para efectos de la Ley 975 de 2005, toda vez que obedecía a la aplicación de la ley ordinaria y no implicaba nada distinto a lo que las demás personas, fuesen o no miembros de tales grupos, experimentaban. En ningún evento es posible, entonces, que el hito temporal cuestionado sea anterior a la fecha de la desmovilización. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Art. 19 Parágrafo (Adc. Art. 18A a la Ley 975 de 2005) : Exequible; Art. 19 Parágrafo (Adc. Art. 18A a la Ley 975 de 2005) : Exequible

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-912\2013 - Las medidas de reparación consistentes en acceso preferente de las víctimas a subsidios de vivienda, programas de formación y empleo, y a la carrera administrativa en casos de empate, son exequibles en el entendido que tales prestaciones son adicionales y no podrán descontarse del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas. Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; Arts. 9 (parcial), 123, 124, 125, 127, 130 y 131; Arts. 9 (parcial), 123, 124, 125, 127, 130 y 131

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-912\2013 - Las medidas de reparación consistentes en acceso preferente de las víctimas a subsidios de vivienda, programas de formación y empleo, y a la carrera administrativa en casos de empate, son exequibles en el entendido que tales prestaciones son adicionales y no podrán descontarse del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas. Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; Arts. 9 (parcial), 123, 124, 125, 127, 130 y 131; Arts. 9 (parcial), 123, 124, 125, 127, 130 y 131

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-911\2013 - La Corte CONDICIONA la exequibilidad de la expresión "al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad" , del inciso quinto del artículo 2o. de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que también se tendrán como víctimas a los familiares en primer grado civil de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley. Ley 1592 de 2012 - Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones ; Art. 2 (parcial); Art. 2 (parcial)

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-911\2013 - La Corte CONDICIONA la exequibilidad de la expresión "al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad" , del inciso quinto del artículo 2o. de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que también se tendrán como víctimas a los familiares en primer grado civil de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley. Ley 1592 de 2012 - Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones ; Art. 2 (parcial); Art. 2 (parcial)

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-911\2013 - La Corte CONDICIONA la exequibilidad de la expresión "al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad" , del inciso quinto del artículo 2o. de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que también se tendrán como víctimas a los familiares en primer grado civil de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley. Ley 1592 de 2012 - Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones ; Art. 2 (parcial); Art. 2 (parcial)

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-827\2013 - Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, por falta de legitimación de los demandantes, toda vez que el ejercicio de sus derechos políticos se encuentra suspendido en virtud de las condenas penales que se les impuso y que aún cumplen., en relación con la demanda formulada contra los artículos 19 (parcial) y 35 (parcial) de la Ley 1592 de 2012, por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones; por ausencia de legitimidad de los demandantes para presentar dicha acción, toda vez que el ejercicio de sus derechos políticos se encuentra suspendido en virtud de condena penal

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-827\2013 - Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, por falta de legitimación de los demandantes, toda vez que el ejercicio de sus derechos políticos se encuentra suspendido en virtud de las condenas penales que se les impuso y que aún cumplen., en relación con la demanda formulada contra los artículos 19 (parcial) y 35 (parcial) de la Ley 1592 de 2012, por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones; por ausencia de legitimidad de los demandantes para presentar dicha acción, toda vez que el ejercicio de sus derechos políticos se encuentra suspendido en virtud de condena penal

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-753\2013 - ¿Los artículos 19 de la Ley 1448 de 2011, 77 del Decreto Ley 4634 de 2011 y 80 del Decreto Ley 4634 de 2011, desconocen el derecho a la reparación de las víctimas al referirse a la sostenibilidad fiscal y a los límites impuestos por el presupuesto nacional como criterios para asegurar la continuidad y progresividad de la política pública en esta materia? La Corporación reiteró los lineamientos establecidos en la jurisprudencia constitucional sobre el contenido y el alcance de la sostenibilidad fiscal, introducida mediante el artículo 334 de la Constitución mediante el Acto Legislativo 03 de 2011. Considerar que el derecho a la indemnización administrativa de las víctimas no puede ser restringido por razones presupuestales, supondría reconocer la existencia de un derecho a recibir montos ilimitados por parte del Estado en el marco de procesos administrativos, lo cual, además de ser inviable, iría en detrimento de los derechos de las víctimas, porque haría imposible repararlas a todas en condiciones de igualdad tal y como debería ser en este tipo de programas. Por ello, consideró que el sentido de las normas acusadas alude a la imperativa necesidad de que la política pública estatal de reparación a las víctimas sea viable y proporcional al número de víctimas y a la magnitud del daño sufrido por ellas, lo cual se ajusta a al parágrafo del artículo 334 y al artículo 366 de la Carta Política. Exequibles las normas demandadas

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-753\2013 - ¿Los artículos 19 de la Ley 1448 de 2011, 77 del Decreto Ley 4634 de 2011 y 80 del Decreto Ley 4634 de 2011, desconocen el derecho a la reparación de las víctimas al referirse a la sostenibilidad fiscal y a los límites impuestos por el presupuesto nacional como criterios para asegurar la continuidad y progresividad de la política pública en esta materia? La Corporación reiteró los lineamientos establecidos en la jurisprudencia constitucional sobre el contenido y el alcance de la sostenibilidad fiscal, introducida mediante el artículo 334 de la Constitución mediante el Acto Legislativo 03 de 2011. Considerar que el derecho a la indemnización administrativa de las víctimas no puede ser restringido por razones presupuestales, supondría reconocer la existencia de un derecho a recibir montos ilimitados por parte del Estado en el marco de procesos administrativos, lo cual, además de ser inviable, iría en detrimento de los derechos de las víctimas, porque haría imposible repararlas a todas en condiciones de igualdad tal y como debería ser en este tipo de programas. Por ello, consideró que el sentido de las normas acusadas alude a la imperativa necesidad de que la política pública estatal de reparación a las víctimas sea viable y proporcional al número de víctimas y a la magnitud del daño sufrido por ellas, lo cual se ajusta a al parágrafo del artículo 334 y al artículo 366 de la Carta Política. Exequibles las normas demandadas

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-752\2013 - ¿Excluir al desmovilizado del proceso de justicia y paz, por omitir entregar y denunciar todos los bienes obtenidos ilícitamente, desconoce la garantía de la proscripción de la responsabilidad objetiva al no valorar ni la entidad de la omisión, ni el factor subjetivo de la misma? En la medida que el ofrecimiento de bienes es un acto de plena responsabilidad del postulado y es parte de los compromisos adquiridos, este debe asumir las consecuencias de su irresponsabilidad. Ley 1592 de 2012, por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones; Art. 8 (parcial) (Adc. Art. 11D a la Ley 975 de 2005): Exequible. Art. 37: Inepta demanda; Art. 8 (parcial) (Adc. Art. 11D a la Ley 975 de 2005): Exequible. Art. 37: Inepta demanda

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-752\2013 - ¿Excluir al desmovilizado del proceso de justicia y paz, por omitir entregar y denunciar todos los bienes obtenidos ilícitamente, desconoce la garantía de la proscripción de la responsabilidad objetiva al no valorar ni la entidad de la omisión, ni el factor subjetivo de la misma? En la medida que el ofrecimiento de bienes es un acto de plena responsabilidad del postulado y es parte de los compromisos adquiridos, este debe asumir las consecuencias de su irresponsabilidad. Ley 1592 de 2012, por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones; Art. 8 (parcial) (Adc. Art. 11D a la Ley 975 de 2005): Exequible. Art. 37: Inepta demanda; Art. 8 (parcial) (Adc. Art. 11D a la Ley 975 de 2005): Exequible. Art. 37: Inepta demanda

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-752\2013 - ¿Excluir al desmovilizado del proceso de justicia y paz, por omitir entregar y denunciar todos los bienes obtenidos ilícitamente, desconoce la garantía de la proscripción de la responsabilidad objetiva al no valorar ni la entidad de la omisión, ni el factor subjetivo de la misma? En la medida que el ofrecimiento de bienes es un acto de plena responsabilidad del postulado y es parte de los compromisos adquiridos, este debe asumir las consecuencias de su irresponsabilidad. Ley 1592 de 2012, por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones; Art. 8 (parcial) (Adc. Art. 11D a la Ley 975 de 2005): Exequible. Art. 37: Inepta demanda; Art. 8 (parcial) (Adc. Art. 11D a la Ley 975 de 2005): Exequible. Art. 37: Inepta demanda

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-614\2013 - Condenas posteriores a la pena alternativa y bienes encontrados con posterioridad. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Art. 26 (Mod. Art. 25 de la Ley 975 de 2005) : Inepta demanda; Art. 26 (Mod. Art. 25 de la Ley 975 de 2005) : Inepta demanda

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-614\2013 - Condenas posteriores a la pena alternativa y bienes encontrados con posterioridad. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Art. 26 (Mod. Art. 25 de la Ley 975 de 2005) : Inepta demanda; Art. 26 (Mod. Art. 25 de la Ley 975 de 2005) : Inepta demanda

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-581\2013 - ¿Resulta contrario a la Constitución el deber que se asigna a las autoridades para que al dar aplicación a esta ley observen los criterios de justicia transicional y sostenibilidad fiscal? La Corte encontró que los incisos acusados no implican una indebida limitación a los poderes y el campo de acción de los jueces administrativos ni de ninguna otra autoridad, quienes pese a los mandatos indicativos contenidos en estas normas, conservan la plenitud de sus facultades y la posibilidad de adoptar las decisiones que consideren pertinentes y necesarias para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación integral. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 9 Incs. 4 y 5 : Exequibles; Art. 9 Incs. 4 y 5 : Exequibles

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-579\2013 - ¿Los elementos de justicia transicional introducidos por el "Marco Jurídico para la Paz" son incompatibles con el pilar esencial que exige respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas; el cambio implicaba una sustitución de la Constitución o de alguno de sus ejes fundamentales? La Corte declaró EXEQUIBLE el inciso 4º. del artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2012, "por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones" consideró necesario fijar parámetros de interpretación, para que estos sean observados por el Congreso de la República al expedir la Ley Estatutaria que desarrolle el "Marco Jurídico para la Paz"

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-532\2013 - La provisión de los cargos de magistrados de justicia y paz mediante listas que se elaboren por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sin mediar un concurso público de méritos, desconoce abiertamente el mandato del artículo 125 de la Constitución. Pese a que esas listas se conforman por las personas que se hayan inscrito previamente con tal propósito, lo cierto es que dicha elaboración se hace discrecionalmente por la Sala Administrativa, sin someter a los aspirantes propiamente un concurso de méritos que permita seleccionar de manera objetiva y en igualdad de oportunidades, a quienes obtengan los mejores puntajes. Por consiguiente, la Corte procedió a excluir del ordenamiento, el aparte normativo del parágrafo del artículo 28 de la Ley 1592 de 2012 que establecía la designación de los magistrados de justicia y paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de listas elaboradas directamente por la Sala Administrativa, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 270 de 1996, que está previsto en la Constitución únicamente para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Ley 1592 de 2012 "Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Art. 28 (parcial) (Mod. Art. 32 de la Ley 975 de 2005) : Apartes CONDICIONALMENTE exequibles y apartes INEXEQUIBLES; Art. 28 (parcial) (Mod. Art. 32 de la Ley 975 de 2005) : Apartes CONDICIONALMENTE exequibles y apartes INEXEQUIBLES

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-532\2013 - La provisión de los cargos de magistrados de justicia y paz mediante listas que se elaboren por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sin mediar un concurso público de méritos, desconoce abiertamente el mandato del artículo 125 de la Constitución. Pese a que esas listas se conforman por las personas que se hayan inscrito previamente con tal propósito, lo cierto es que dicha elaboración se hace discrecionalmente por la Sala Administrativa, sin someter a los aspirantes propiamente un concurso de méritos que permita seleccionar de manera objetiva y en igualdad de oportunidades, a quienes obtengan los mejores puntajes. Por consiguiente, la Corte procedió a excluir del ordenamiento, el aparte normativo del parágrafo del artículo 28 de la Ley 1592 de 2012 que establecía la designación de los magistrados de justicia y paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de listas elaboradas directamente por la Sala Administrativa, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 270 de 1996, que está previsto en la Constitución únicamente para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Ley 1592 de 2012 "Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Art. 28 (parcial) (Mod. Art. 32 de la Ley 975 de 2005) : Apartes CONDICIONALMENTE exequibles y apartes INEXEQUIBLES; Art. 28 (parcial) (Mod. Art. 32 de la Ley 975 de 2005) : Apartes CONDICIONALMENTE exequibles y apartes INEXEQUIBLES

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-462\2013 - Los mecanismos enunciados en el parágrafo 3º del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, como formas posibles de indemnización administrativa, no se oponen a la Constitución. Sin embargo, de conformidad con lo señalado en la sentencia SU-254-13, que unificó los criterios referentes a la reparación, la Corte consideró que había que excluir cualquier entendimiento de la norma que llevara a confundir tales mecanismos con la indemnización administrativa. Por consiguiente, procedió a declarar la exequibilidad condicionada de los mismos, en el sentido de entender que se trata de mecanismos adicionales al monto de indemnización administrativa que debe pagarse en dinero. El inciso final del mismo parágrafo desconoce el principio que exige no confundir el deber de reparar con el deber de asistencia social en cumplimiento de los deberes constitucionales asignados al Estado. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Arts. 3º, 51, 60, 66 (incisos primero y segundo), 67 y 125 : Cosa juzgada. Art. 61, 66, 123 y 132 (parciales) : Inepta demanda. Art. 132 (parcial) CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE y aparte INEXEQUIBLE; Arts. 3º, 51, 60, 66 (incisos primero y segundo), 67 y 125 : Cosa juzgada. Art. 61, 66, 123 y 132 (parciales) : Inepta demanda. Art. 132 (parcial) CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE y aparte INEXEQUIBLE

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-438\2013 - La Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de varias medidas adoptadas en la Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones", por la presunta vulneración de: Principio de Progresividad (17 y 19); desconocimiento del alcance del principio pro homine (Art. 27); de los derechos de las víctimas a participar adecuadamente en los procesos judiciales (Art. 28 y 37 parciales); de la obligación de trato digno a las víctimas en causas penales e interrogatorios (Art. 37 parcial); de la obligación de adopción de medidas especiales en la práctica de testimonios (Art. 41 parcial); del derecho a la reparación integral en la regulación del incidente de reparación especial (Art. 46); del principio humanitario de imparcialidad y de la obligación de adoptar 'enfoque diferencial', en la entrega de la ayuda humanitaria a las víctimas, derivada de la exigencia de establecer necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante (Art. 47-Inc. 1o.); del principio de igualdad derivada de la restricción de entregar la ayuda humanitaria sólo una vez (Art. 47-Par. 3o.); del principio de igualdad en la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia a la población desplazada conforme a la evaluación del grado de necesidad y urgencia (Art. 64); de la intimidad familiar derivada de la exigencia de la publicación de la admisión de la solicitud de restitución o formalización de tierras despojadas (Art. 86-lit. e.); del derecho al debido proceso en el trámite de las oposiciones a la solicitud de restitución. (Art. 88). Arts. 17, 27 28, 37, 41, 64 (parciales) : Exequibles. Arts. 46, 47, 88 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles. Y Arts. 47, 86 (parciales) : INEXEQUIBLES

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-438\2013 - La Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de varias medidas adoptadas en la Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones", por la presunta vulneración de: Principio de Progresividad (17 y 19); desconocimiento del alcance del principio pro homine (Art. 27); de los derechos de las víctimas a participar adecuadamente en los procesos judiciales (Art. 28 y 37 parciales); de la obligación de trato digno a las víctimas en causas penales e interrogatorios (Art. 37 parcial); de la obligación de adopción de medidas especiales en la práctica de testimonios (Art. 41 parcial); del derecho a la reparación integral en la regulación del incidente de reparación especial (Art. 46); del principio humanitario de imparcialidad y de la obligación de adoptar 'enfoque diferencial', en la entrega de la ayuda humanitaria a las víctimas, derivada de la exigencia de establecer necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante (Art. 47-Inc. 1o.); del principio de igualdad derivada de la restricción de entregar la ayuda humanitaria sólo una vez (Art. 47-Par. 3o.); del principio de igualdad en la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia a la población desplazada conforme a la evaluación del grado de necesidad y urgencia (Art. 64); de la intimidad familiar derivada de la exigencia de la publicación de la admisión de la solicitud de restitución o formalización de tierras despojadas (Art. 86-lit. e.); del derecho al debido proceso en el trámite de las oposiciones a la solicitud de restitución. (Art. 88). Arts. 17, 27 28, 37, 41, 64 (parciales) : Exequibles. Arts. 46, 47, 88 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles. Y Arts. 47, 86 (parciales) : INEXEQUIBLES

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-280\2013 - Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Declara Inexequible un aparte del Art. 60; condicionalmente exequibles apartes de los Arts. 51, 60, 66; Exequibles los Art. 51, 60, 66, 67 (parciales) y 125. Inepta demanda sobre los Art. 123 y 132 (parciales). Concluye que esta es una ley de carácter especial, pues regula respecto de los sujetos y personas determinados en su artículo 3° un conjunto de temas que en la mayoría de los casos se encuentran también previstos, aunque de distinta forma, en leyes preexistentes, las cuales no son derogadas ni afectadas de ninguna otra manera por la expedición de esta norma; puntualizó que los contenidos específicos de su preceptiva no pueden ser cuestionados por la presunta infracción del principio de progresividad, pues el grado de protección antes alcanzado conforme a las leyes que regulan cada materia permanece vigente y no resulta menoscabado por efecto de esta norma

(i) ¿El contrato de transacción previsto en el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 es una limitación al derecho de acceso a la justicia? Resulta razonable ya que la víctima puede decidir, de manera libre e informada, si acepta la transacción, sin que ello afecte la posibilidad de recibir la indemnización administrativa. Sin embargo, en el caso de los daños causados por crímenes de lesa humanidad que sean atribuibles a agentes del Estado, no podrá entenderse que la indemnización administrativa se produce en el marco de un contrato de transacción, pudiéndose descontar de la reparación que se reconozca por vía judicial a cargo del Estado, los valores pagados por concepto de reparación administrativa. (ii) ¿El que los procesos de restitución de tierras se definan en única instancia, vulnera el debido proceso y el acceso a la administración de justicia? El proceso judicial de restitución de tierras es una excepción constitucional al principio de doble instancia. (iii) En cuanto a la demanda al art. 88 no encuentra la Corte que se desconozca el derecho a la igualdad de las víctimas que no son representadas. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Arts. 79 y 88 (parciales) : Exequibles. Art. 32 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible; Arts. 79 y 88 (parciales) : Exequibles. Art. 32 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

(i) ¿El contrato de transacción previsto en el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 es una limitación al derecho de acceso a la justicia? Resulta razonable ya que la víctima puede decidir, de manera libre e informada, si acepta la transacción, sin que ello afecte la posibilidad de recibir la indemnización administrativa. Sin embargo, en el caso de los daños causados por crímenes de lesa humanidad que sean atribuibles a agentes del Estado, no podrá entenderse que la indemnización administrativa se produce en el marco de un contrato de transacción, pudiéndose descontar de la reparación que se reconozca por vía judicial a cargo del Estado, los valores pagados por concepto de reparación administrativa. (ii) ¿El que los procesos de restitución de tierras se definan en única instancia, vulnera el debido proceso y el acceso a la administración de justicia? El proceso judicial de restitución de tierras es una excepción constitucional al principio de doble instancia. (iii) En cuanto a la demanda al art. 88 no encuentra la Corte que se desconozca el derecho a la igualdad de las víctimas que no son representadas. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Arts. 79 y 88 (parciales) : Exequibles. Art. 32 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible; Arts. 79 y 88 (parciales) : Exequibles. Art. 32 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

(i) ¿El contrato de transacción previsto en el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 es una limitación al derecho de acceso a la justicia? Resulta razonable ya que la víctima puede decidir, de manera libre e informada, si acepta la transacción, sin que ello afecte la posibilidad de recibir la indemnización administrativa. Sin embargo, en el caso de los daños causados por crímenes de lesa humanidad que sean atribuibles a agentes del Estado, no podrá entenderse que la indemnización administrativa se produce en el marco de un contrato de transacción, pudiéndose descontar de la reparación que se reconozca por vía judicial a cargo del Estado, los valores pagados por concepto de reparación administrativa. (ii) ¿El que los procesos de restitución de tierras se definan en única instancia, vulnera el debido proceso y el acceso a la administración de justicia? El proceso judicial de restitución de tierras es una excepción constitucional al principio de doble instancia. (iii) En cuanto a la demanda al art. 88 no encuentra la Corte que se desconozca el derecho a la igualdad de las víctimas que no son representadas. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Arts. 79 y 88 (parciales) : Exequibles. Art. 32 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible; Arts. 79 y 88 (parciales) : Exequibles. Art. 32 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-253A\2012 - Alcance del concepto de víctima definido en la Ley 1448 de 2011. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones" Art. 3 y 75 (parciales) Exequibles. Estarse a lo resuelto

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-253A\2012 - Alcance del concepto de víctima definido en la Ley 1448 de 2011. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones" Art. 3 y 75 (parciales) Exequibles. Estarse a lo resuelto

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-1054\2012 - Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 207 : Estarse a lo resuelto en la C-715 que declaró su INEXEQUIBILIDAD; Art. 207 : Estarse a lo resuelto en la C-715 que declaró su INEXEQUIBILIDAD

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-891\2012 - ¿Al delegar en una autoridad administrativa, Ministerio del Interior, la facultad de determinar los elementos de un tributo -tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana- cuya imposición asigna a las entidades territoriales, desconoce lo dispuesto por el artículo 338 de la Constitución Política y vulnera el principio de legalidad en materia tributaria? Analiza: (i) El principio de legalidad en materia tributaria, (ii) El principio de autonomía fiscal, (iii) El alcance de la potestad reglamentaria en materia tributaria. Cuando el Legislador establece tributos del orden nacional debe señalar todos los componentes, de manera clara e inequívoca. No obstante, no opera la misma exigencia para los del orden territorial, frente a los cuales el Congreso deberá crearlos o autorizar su creación, pudiendo asumir además esa Corporación Legislativa una de tres alternativas para la determinación de los elementos constitutivos del tributo: i) que señale los elementos del tributo; ii) que fije algunos de los elementos del tributo y permita que asambleas y concejos señalen los restantes, y iii) que deje a las corporaciones públicas territoriales la fijación de los elementos del tributo que aquel ha creado. Ley 1421 de 2010 "por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006"; Art. 8 Par. Inc. 4o. : INEXEQUIBLE; Art. 8 Par. Inc. 4o. : INEXEQUIBLE

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-820\2012 - ¿La entrega por el Magistrado del proyecto productivo a cargo del opositor de mala fe a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, para su explotación por terceros y con destino a fines de reparación colectiva, sin consentimiento de la víctima beneficiaria de la restitución, viola el derecho constitucional a la reparación integral, el principio de igualdad y no discriminación por las autoridades frente a los predios con proyecto productivo a cargo de un opositor de buena fe y el derecho de autodeterminación de la víctima del despojo o de abandono forzado de su predio? La entrega del proyecto productivo y las condiciones de explotación del mismo, procederán con el consentimiento de la víctima restituida, y que los recursos destinados a la reparación colectiva serán los que provinieren del producido del proyecto, descontada la participación de la víctima. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 99 Inc. 2o.: CONDICIONALMENTE exequible; Art. 99 Inc. 2o.: CONDICIONALMENTE exequible

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-820\2012 - ¿La entrega por el Magistrado del proyecto productivo a cargo del opositor de mala fe a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, para su explotación por terceros y con destino a fines de reparación colectiva, sin consentimiento de la víctima beneficiaria de la restitución, viola el derecho constitucional a la reparación integral, el principio de igualdad y no discriminación por las autoridades frente a los predios con proyecto productivo a cargo de un opositor de buena fe y el derecho de autodeterminación de la víctima del despojo o de abandono forzado de su predio? La entrega del proyecto productivo y las condiciones de explotación del mismo, procederán con el consentimiento de la víctima restituida, y que los recursos destinados a la reparación colectiva serán los que provinieren del producido del proyecto, descontada la participación de la víctima. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 99 Inc. 2o.: CONDICIONALMENTE exequible; Art. 99 Inc. 2o.: CONDICIONALMENTE exequible

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-781\2012 - Contrario a lo afirmado por los demandantes, la expresión "con ocasión del conflicto armado," tiene un sentido amplio que cobija situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado, que no se limitan a aquellos hechos directa y exclusivamente ocurridos como resultado de confrontaciones militares, o por ser hechos realizados por un grupo específico de actores armados con exclusión de otros, o cuando se utilicen ciertos medios de guerra, o si se producen en una determinada área geográfica. A juicio de la Corte, dado el sentido amplio que tiene la noción de conflicto armado interno y las complejidades y evolución permanente del mismo, para establecer la condición de víctima al amparo de la Ley 1448 de 2011, el operador jurídico debe examinar en cada caso concreto las circunstancias en que se ha producido una grave violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, y el contexto en que ocurrieron los hechos, para determinar si existe una relación cercana y suficiente con el conflicto armado interno, y en todo caso, si existe duda, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ésta debe resolverse a favor de la víctima. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; 3 (parcial): Exequible

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-715\2012 - Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones". Omisión legislativa relativa en contra de (i) el artículo 28, numeral 9 parcial, en concordancia con el artículo 72 parcial de la Ley 1448 de 2011, por no incluir en su regulación los bienes abandonados; (ii) los artículos 70, 72, 73 y 75 parciales de la Ley 1448 de 2011 por no incluir estas normas los bienes muebles; y (iii) los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 84 y 91 de la Ley 1448 de 2011 por no incluir a los tenedores y ocupantes. - La inscripción de un predio en el Registro de Tierras como requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución, lo cual no atenta contra el acceso a la justicia, y supera el test de razonabilidad que ha fijado la Corte en este tipo de casos (Art. 76 Inc. 5º.) - Inexequible la expresión opositora (Art. 77 Num. 3) al establece una presunción de despojo en favor de los opositores que es contraria a los derechos de restitución de las víctimas, del debido proceso y del acceso a la administración de justicia. En relación a la autorización para celebrar contratos de uso en los predios despojados, la Corte sienta unas consideraciones que debe tener el Magistrado para adoptar esta decisión (Art. 99). Las causales de aplicación del principio de oportunidad que contempla el Art. 120 Inc. 3º. desbordan los límites constitucionales impuestos al legislador en cuanto a los derechos a las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Inexequibles las consecuencias jurídicas que prevé el Art. 207 respecto del supuesto normativo relativo a la utilización de vías de hecho utilizadas por las víctimas del conflicto, en cuanto a la invasión, uso u ocupación de un predio, respecto del cual tengan pretensiones de restitución, por ser totalmente desproporcionadas e irrazonables

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-609\2012 - ¿El establecimiento de limites a los honorarios de los abogados que apoderan víctimas del conflicto armado interno en procesos de tutela y en procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa, vulnera el derecho de los abogados a la igualdad (derecho al trabajo, libertad de profesión u oficio y libertad contractual) respecto de otros profesionales del derecho que se dedican a actividad diferente y el derecho de las víctimas a acceder a la administración de justicia? Para la Corte constituye una medida necesaria para evitar los abusos a que han sido sometidas esta clase de víctimas por parte de los abogados, por cuanto ninguna otra medida podría sustituir el efecto que esta tendría en prevenir este tipo de actos atentatorios contra los derechos de esa población manifiestamente débil. S.V. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 40 Par. : Exequible; Art. 40 Par. : Exequible

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-333\2012 - ¿Es la transitoriedad de los cargos - funcionarios judiciales encargados de adelantar los procesos en el contexto de la ley de reincorporación de grupos al margen de la ley (conocida como Ley de Justicia y Paz) - argumento suficiente para que como excepción al Art. 125 de la Carta -en el entendido que esta no es absoluta- estos funcionarios puedan ser elegidos o designados sin necesidad de presentarse a un concurso público de méritos? El concurso como forma de elección en la rama del poder judicial es una herramienta indispensable. La Corte está llamada a declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas acusadas, en tanto conllevan una violación a la Constitución. No obstante, por varios motivos, la Sala considera que la solución acertada en el presente caso no es la declaratoria de inexequibilidad. A partir de la notificación de esta sentencia, los empleos a los que se refieren los incisos mencionados, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigente. Ley 975 de 2005, "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios": Art. 67 Incs 1 y 3: CONDICIONALMENTE exequibles

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-333\2012 - ¿Es la transitoriedad de los cargos - funcionarios judiciales encargados de adelantar los procesos en el contexto de la ley de reincorporación de grupos al margen de la ley (conocida como Ley de Justicia y Paz) - argumento suficiente para que como excepción al Art. 125 de la Carta -en el entendido que esta no es absoluta- estos funcionarios puedan ser elegidos o designados sin necesidad de presentarse a un concurso público de méritos? El concurso como forma de elección en la rama del poder judicial es una herramienta indispensable. La Corte está llamada a declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas acusadas, en tanto conllevan una violación a la Constitución. No obstante, por varios motivos, la Sala considera que la solución acertada en el presente caso no es la declaratoria de inexequibilidad. A partir de la notificación de esta sentencia, los empleos a los que se refieren los incisos mencionados, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigente. Ley 975 de 2005, "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios": Art. 67 Incs 1 y 3: CONDICIONALMENTE exequibles

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-250\2012 - ¿Los límites temporales establecidos en las norma demandada para ser considerado como víctima destinataria de las medidas de atención, asistencia y reparación integral (Art. 3o) y para la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente (Art. 75) previstas en la Ley 1448 de 2011, vulneran el artículo 13 de la Constitución, por ser contrarios al principio de igualdad de las personas que individual o colectivamente sufrieron daños con anterioridad a las fechas en ellas previstas? ¿Resultan desproporcionadas en cuanto privilegian la sostenibilidad financiera respecto de las víctimas? Las fechas señaladas, sólo podrían ser declaradas inexequibles si fueran manifiestamente arbitrarias, y estas fueron el fruto de consensos y acuerdos dentro de las distintas corrientes políticas representadas al interior del órgano legislativo. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones" Art. 3 y 75 (parciales) Exequibles

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-250\2012 - ¿Los límites temporales establecidos en las norma demandada para ser considerado como víctima destinataria de las medidas de atención, asistencia y reparación integral (Art. 3o) y para la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente (Art. 75) previstas en la Ley 1448 de 2011, vulneran el artículo 13 de la Constitución, por ser contrarios al principio de igualdad de las personas que individual o colectivamente sufrieron daños con anterioridad a las fechas en ellas previstas? ¿Resultan desproporcionadas en cuanto privilegian la sostenibilidad financiera respecto de las víctimas? Las fechas señaladas, sólo podrían ser declaradas inexequibles si fueran manifiestamente arbitrarias, y estas fueron el fruto de consensos y acuerdos dentro de las distintas corrientes políticas representadas al interior del órgano legislativo. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones" Art. 3 y 75 (parciales) Exequibles

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-52\2012 - ¿La regla establecida en el inciso 2o. del artículo 3o. de la Ley 1448 de 2011, respecto del grupo de familiares de la víctima muerta o desaparecida que también se considerarán víctimas, restringido al primer grado de consanguinidad y primero civil, carece de justificación y en tal medida, resulta una medida discriminatoria, contraria al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución? Aclara la Corte que también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido un daño, en los términos del inciso primero de dicho artículo. Justicia Transicional. Daño. Víctima. La jurisprudencia constitucional sobre los derechos de las víctimas. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 3 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible; Art. 3 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-771\2011 - La aplicación de los beneficios contenidos en la ley 1424 de 2010 y que en esta providencia han sido explicados, no implican que el Estado colombiano renuncie a la investigación y juzgamiento de esas conductas, en particular, el concierto para delinquir, sea simple o agravado.; (ii) Acorde con la garantía constitucional de no autoincriminación, la expresión "o en contra de terceros", ha de entenderse en el sentido de que se refiere a las personas enunciadas en el artículo 33 de la Carta. Así mismo se condicionó a que comprende a los desmovilizados del mismo grupo armado organizado al margen de la ley, ya que de no ser así, se desvirtuaría la finalidad que se busca con la información dada, de lograr el establecimiento de la verdad; y (iii) ¿La improcedencia de recurso contra el auto de sustanciación mediante el cual se comunica a las partes e intervinientes acreditados en el proceso, la solicitud de suspensión de la orden de captura de un sujeto desmovilizado que ha manifestado su compromiso de contribuir al esclarecimiento de la conformación de un grupo organizado al margen de la ley a los que se refiere la Ley 1424 de 2010, el contexto general de su participación y todos los hechos y actuaciones de que tenga conocimiento, desconoce los derechos de las víctimas de los delitos enunciados en el artículo 1º de esta ley de acceder a la justicia y debido proceso (Arts. 6 y 7)? - No afecta el derecho de las víctimas a ser oídas frente a cuál debe ser el resultado de tales solicitudes y en tal medida, no supone menor eficacia del recurso judicial que conforme a las disposiciones constitucionales e internacionales debe procurarse a las víctimas, con el fin de garantizar los derechos que les asisten a la verdad, la justicia y la reparación. Ley 1424 de 2010, "por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones"; Arts. 1, 3, 6 y 7 (parciales) : Exequibles; Art. 4, Inc. 2º. : CONDICIONALMENTE exequible; Art. 4, Inc. 2º. : CONDICIONALMENTE exequible

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-914\2010 - ¿En la definición de "víctimas" de la violencia política, el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa que desconoce los artículos 2º 13, 93 y 95 de la Constitución, al excluir sin una razón que lo justifique objetivamente, de las consecuencias jurídicas, beneficios y formas de ayuda humanitaria derivadas de los artículos 15 y 49 de la Ley 418 de 1997, a las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, no obstante que su situación sea asimilable a la de las demás víctimas mencionadas en esas disposiciones? A juicio de la Corte, no es constitucionalmente legítimo amparar bajo medidas especiales de protección a las víctimas definidas en el artículo 6º de la Ley 418 de 1997, de manera exclusiva y no incluir como destinarios de las mismas a quienes se han visto afectados por otros delitos igualmente lesivos de la libertad individual, como el secuestro y la desaparición forzada de personas, catalogados como delitos de lesa humanidad y graves atentados contra el derecho internacional humanitario. Ley 418 de 1997, "por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones"; Art. 15 (Mod. por el Art. 6 de la Ley 782 de 2002 y 49 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequible. Fallo con efectos retroactivos; Art. 15 (Mod. por el Art. 6 de la Ley 782 de 2002 y 49 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequible. Fallo con efectos retroactivos

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-240\2009 - ¿En la tipificación el delito de reclutamiento ilícito, el legislador incurrió en una omisión legislativa de carácter relativo, al no incluir dentro de las conductas sujetas a sanción penal, la utilización de niños y de niñas en hostilidades o en acciones armadas y condicionar esa utilización a que la participación de los niños sea obligada? Ley 418 de 1997, "Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones"; Art. 14. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal" Art. 162 : EXEQUIBLES. S.V; Art. 14. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal" Art. 162 : EXEQUIBLES. S.V

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-29\2009 - La Corte reconoce igualdad de trato entre las parejas heterosexuales y las conformadas por personas del mismo sexo, en aspectos como: Patrimonio de familia inembargable y afectación de bienes inmuebles a vivienda familiar. Obligación civil de prestar alimentos. Normas que consagran derechos de carácter migratorio para las parejas heterosexuales. Normas que consagran la garantía de no incriminación en materia penal, penal militar y disciplinaria. Normas que consagran el beneficio de prescindir de la sanción penal. Circunstancias de agravación punitiva. Normas penales y preventivas sobre delitos que tiene como sujeto pasivo al compañero o compañera permanente. Normas que consagran derechos a la verdad a la justicia y a la reparación de las víctimas de crímenes atroces. Medidas de protección civil a favor de las víctimas de crímenes atroces. Prestaciones en el régimen pensional y de salud de la fuerza pública. Subsidio familiar en servicios. Subsidio familiar para vivienda. Acceso a la propiedad en la tierra. Beneficiarios de las indemnizaciones del SOAT por muerte en accidente de tránsito. Límites al acceso y ejercicio de la función pública y celebración de contratos estatales. Normas demandadas: Código Civil, Arts. 411 y 457, y otras

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-29\2009 - La Corte reconoce igualdad de trato entre las parejas heterosexuales y las conformadas por personas del mismo sexo, en aspectos como: Patrimonio de familia inembargable y afectación de bienes inmuebles a vivienda familiar. Obligación civil de prestar alimentos. Normas que consagran derechos de carácter migratorio para las parejas heterosexuales. Normas que consagran la garantía de no incriminación en materia penal, penal militar y disciplinaria. Normas que consagran el beneficio de prescindir de la sanción penal. Circunstancias de agravación punitiva. Normas penales y preventivas sobre delitos que tiene como sujeto pasivo al compañero o compañera permanente. Normas que consagran derechos a la verdad a la justicia y a la reparación de las víctimas de crímenes atroces. Medidas de protección civil a favor de las víctimas de crímenes atroces. Prestaciones en el régimen pensional y de salud de la fuerza pública. Subsidio familiar en servicios. Subsidio familiar para vivienda. Acceso a la propiedad en la tierra. Beneficiarios de las indemnizaciones del SOAT por muerte en accidente de tránsito. Límites al acceso y ejercicio de la función pública y celebración de contratos estatales. Normas demandadas: Código Civil, Arts. 411 y 457, y otras

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-1199\2008 - ¿La inclusión de los servicios sociales ofrecidos por el Gobierno a las víctimas dentro de los conceptos de reparación y rehabilitación, recorta el derecho de las víctimas a la reparación integral (Art. 47, inciso 2)?. No puede confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado debe brindar de manera permanente a todos los ciudadanos sin atender a su condición y la atención humanitaria que se presta en forma temporal a las víctimas en situaciones calamitosas, con la reparación debida a las víctimas de tales delitos, que comprende tanto el deber de procurar que sean los victimarios quienes en primera instancia reparen a las víctimas, como de manera subsidiaria sea el Estado quien deba asumir esa reparación en caso de renuencia de los victimarios o insuficiencia de la reparación brindada por éstos. 2) ¿Hay lugar a una decisión de fondo respecto de la constitucionalidad de cierta interpretación relativa al momento de entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, prevista en el artículo 72 de esta ley? La fecha de entrada en vigencia de una ley es un asunto que compete de manera privativa al legislador, por lo que en principio no es dable que el juez constitucional u otra autoridad cuestionen el alcance de esta decisión. Sin embargo, bien puede ocurrir que las reglas establecidas por el legislador generen una situación de discriminación a afecten de manera directa e injustificada otra regla o valor superior que conduzca a su inexequibilidad. En el caso concreto de la regla establecida en el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, la Corte encontró que la disposición según la cual esta ley "rige a partir del a fecha de su promulgación", no puede entenderse en el sentido de que se aplique de manera automática, sino que los beneficios que establece sólo son aplicables a partir del momento en que se cumplen todos los requisitos previstos en la propia ley y de conformidad con la interpretación constitucional fijada en la sentencia C-370-06 y demás sentencias que se han proferido sobre la constitucionalidad de tales requisitos. Ley 975 de 2005, "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios"; Art. 47, Inc 2 : INEXEQUIBLE. Art. 72 : CONDICIONALMENTE exequible. Arts. 2, 4, 48 y 49 : Fallo inhibitorio. S.V; Art. 47, Inc 2 : INEXEQUIBLE. Art. 72 : CONDICIONALMENTE exequible. Arts. 2, 4, 48 y 49 : Fallo inhibitorio. S.V

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-1199\2008 - ¿La inclusión de los servicios sociales ofrecidos por el Gobierno a las víctimas dentro de los conceptos de reparación y rehabilitación, recorta el derecho de las víctimas a la reparación integral (Art. 47, inciso 2)?. No puede confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado debe brindar de manera permanente a todos los ciudadanos sin atender a su condición y la atención humanitaria que se presta en forma temporal a las víctimas en situaciones calamitosas, con la reparación debida a las víctimas de tales delitos, que comprende tanto el deber de procurar que sean los victimarios quienes en primera instancia reparen a las víctimas, como de manera subsidiaria sea el Estado quien deba asumir esa reparación en caso de renuencia de los victimarios o insuficiencia de la reparación brindada por éstos. 2) ¿Hay lugar a una decisión de fondo respecto de la constitucionalidad de cierta interpretación relativa al momento de entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, prevista en el artículo 72 de esta ley? La fecha de entrada en vigencia de una ley es un asunto que compete de manera privativa al legislador, por lo que en principio no es dable que el juez constitucional u otra autoridad cuestionen el alcance de esta decisión. Sin embargo, bien puede ocurrir que las reglas establecidas por el legislador generen una situación de discriminación a afecten de manera directa e injustificada otra regla o valor superior que conduzca a su inexequibilidad. En el caso concreto de la regla establecida en el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, la Corte encontró que la disposición según la cual esta ley "rige a partir del a fecha de su promulgación", no puede entenderse en el sentido de que se aplique de manera automática, sino que los beneficios que establece sólo son aplicables a partir del momento en que se cumplen todos los requisitos previstos en la propia ley y de conformidad con la interpretación constitucional fijada en la sentencia C-370-06 y demás sentencias que se han proferido sobre la constitucionalidad de tales requisitos. Ley 975 de 2005, "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios"; Art. 47, Inc 2 : INEXEQUIBLE. Art. 72 : CONDICIONALMENTE exequible. Arts. 2, 4, 48 y 49 : Fallo inhibitorio. S.V; Art. 47, Inc 2 : INEXEQUIBLE. Art. 72 : CONDICIONALMENTE exequible. Arts. 2, 4, 48 y 49 : Fallo inhibitorio. S.V

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-1153\2008 - La contribución establecida en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, para los contratistas de obra pública o que celebren contratos de adición y a favor de la Nación, Departamento o Municipio: ¿desconoce el principio de legalidad tributaria (art. 338 C.P.), al no definir con precisión el hecho gravado? - ¿vulnera los derechos a la igualdad (art. 13 C.P.) y a la libre competencia económica (art. 333 C.P.) de las entidades derecho público que compiten con entidades particulares en la contratación de obras, frente a las empresas privadas que desarrollan el mismo objeto y no deben pagar ese gravamen?. No cabe otra interpretación plausible según la cual el contrato al que se refiere es el definido en el estatuto de contratación estatal - art. 32, Ley 80 de 1993- a partir de elementos subjetivos referentes a la calidad pública de la entidad contratante. La contribución que establece constituye un gravamen general que obliga a todas aquellas personas que celebren contratos de obra pública con entidades estatales, sin distinción alguna. SV : No determina de manera clara y específica el hecho gravable. Ley 1106 de 2006, "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones"; Art. 6, Inc. 1o.(Mod. El Art. 37 de la Ley 782 de 2002, y a su vez el Art. 120 de la Ley 418 de 1997) : Exequible; Art. 6, Inc. 1o.(Mod. El Art. 37 de la Ley 782 de 2002, y a su vez el Art. 120 de la Ley 418 de 1997) : Exequible

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-930\2007 - ¿En el trámite del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 se acató el artículo 154 de la Constitución, en cuanto ordena que los proyectos de ley relativos a los tributos, deben iniciar su trámite en la Cámara de Representantes? Justificaciones para la flexibilidad en la aplicación de la regla. Ley 1106 de 2006, "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones"; Art. 6 (Modifica Art. 37 de la Ley 782 de 2002, que a su vez modifica el Art. 120 de la Ley 418 de 1997 : Exequible. Salvamento de Voto - trámite en sesiones conjuntas; Art. 6 (Modifica Art. 37 de la Ley 782 de 2002, que a su vez modifica el Art. 120 de la Ley 418 de 1997 : Exequible. Salvamento de Voto - trámite en sesiones conjuntas

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-80\2007 - Demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", en su integridad y, en subsidio, total o parcialmente, en contra de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 58, 64 y 71 de la misma ley. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-575 de 2006. Fallo inhibitorio

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-80\2007 - Demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", en su integridad y, en subsidio, total o parcialmente, en contra de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 58, 64 y 71 de la misma ley. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-575 de 2006. Fallo inhibitorio

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-719\2006 - Justicia y Paz ¿Vulneran los artículos demandados derechos fundamentales dado que según el actor el trámite debió ser a través de ley estatutaria; por supuesta consagración material de un indulto; por supuestos vicios materiales y vicios formales; por supuesta violación del principio de proporcionalidad e igualdad en la imposición de la pena; por supuesto desconocimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar y la violación del derecho fundamental a un recurso efectivo? Ley 975 de 2005 Arts. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 , 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51(52-2), 56, 57 , 58 y 59 - Declaración inhibitoria por ineptitud sustancial de la demanda. Respecto a los artículos 3, 17, 18, 20, 25, 29, 31 y 71 - Estarse a lo resuelto en las sentencias C-319 y C-370 de 2006

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-719\2006 - Justicia y Paz ¿Vulneran los artículos demandados derechos fundamentales dado que según el actor el trámite debió ser a través de ley estatutaria; por supuesta consagración material de un indulto; por supuestos vicios materiales y vicios formales; por supuesta violación del principio de proporcionalidad e igualdad en la imposición de la pena; por supuesto desconocimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar y la violación del derecho fundamental a un recurso efectivo? Ley 975 de 2005 Arts. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 , 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51(52-2), 56, 57 , 58 y 59 - Declaración inhibitoria por ineptitud sustancial de la demanda. Respecto a los artículos 3, 17, 18, 20, 25, 29, 31 y 71 - Estarse a lo resuelto en las sentencias C-319 y C-370 de 2006

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-670\2006 - Justicia y Paz ¿Vulnera la Ley para reincorporación de miembros de grupos armando y algunas disposiciones del código penal relativa a las disposiciones de la norma acusada, dado que considera el actor que se están irrespetando derecho fundamentales de las víctimas? Ley 975 de 2005, artículos 10, 11, 13, 18, 23 y 47 y la Ley 906 de 2004 en sus arts. 15, 101, 102, 103, 137 y 274 - Declaración inhibitoria

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-670\2006 - Justicia y Paz ¿Vulnera la Ley para reincorporación de miembros de grupos armando y algunas disposiciones del código penal relativa a las disposiciones de la norma acusada, dado que considera el actor que se están irrespetando derecho fundamentales de las víctimas? Ley 975 de 2005, artículos 10, 11, 13, 18, 23 y 47 y la Ley 906 de 2004 en sus arts. 15, 101, 102, 103, 137 y 274 - Declaración inhibitoria

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-650\2006 - Justicia y Paz. ¿Vulneró la norma acusada la reserva de ley estatutaria o incurrió el articulado en trasgresión material de artículos constitucionales? Ley 975 de 2005. Los artículos demandados se declaran exequibles y se determina un pronunciamiento inhibitorio, al estarse a lo resuelto en las sentencias C-319 y C-370 de 2006

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-650\2006 - Justicia y Paz. ¿Vulneró la norma acusada la reserva de ley estatutaria o incurrió el articulado en trasgresión material de artículos constitucionales? Ley 975 de 2005. Los artículos demandados se declaran exequibles y se determina un pronunciamiento inhibitorio, al estarse a lo resuelto en las sentencias C-319 y C-370 de 2006

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-575\2006 - Ley de Justicia y Paz. ¿Existe vicio de trámite legal, así como inconstitucionalidad parcial o total del articulado de la norma acusada? Arts. 1 a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 34, 36 a 58, 60 a 62, 64 y 71 de la Ley 975 de 2005

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-575\2006 - Ley de Justicia y Paz. ¿Existe vicio de trámite legal, así como inconstitucionalidad parcial o total del articulado de la norma acusada? Arts. 1 a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 34, 36 a 58, 60 a 62, 64 y 71 de la Ley 975 de 2005

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-531\2006 - Justicia y Paz. ¿Existen vicios de procedimiento y materiales en la Ley demandada? Amnistía e indulto. Derechos de las víctimas. Reserva de ley estatutaria. Ley 975 de 2005. Los artículos demandados se declaran exequibles y se determina un pronunciamiento inhibitorio, al estarse a lo resuelto en las sentencias C-319 y C-370 de 2006

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-531\2006 - Justicia y Paz. ¿Existen vicios de procedimiento y materiales en la Ley demandada? Amnistía e indulto. Derechos de las víctimas. Reserva de ley estatutaria. Ley 975 de 2005. Los artículos demandados se declaran exequibles y se determina un pronunciamiento inhibitorio, al estarse a lo resuelto en las sentencias C-319 y C-370 de 2006

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-476\2006 - ¿La rebaja de penas a personas con sentencias ejecutoriadas que dispone la norma acusada, vulnera el derecho a la igualdad, entre otros derechos constitucionales, así mismo carece del adecuado trámite ante el Congreso? - Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión "ejecutoriadas" - Ley 975 de 2005, Art. 70 - INEXEQUIBLE por vicios de procedimiento, estarse a lo resuelto en sentencia C-370 de 2006

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-476\2006 - ¿La rebaja de penas a personas con sentencias ejecutoriadas que dispone la norma acusada, vulnera el derecho a la igualdad, entre otros derechos constitucionales, así mismo carece del adecuado trámite ante el Congreso? - Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión "ejecutoriadas" - Ley 975 de 2005, Art. 70 - INEXEQUIBLE por vicios de procedimiento, estarse a lo resuelto en sentencia C-370 de 2006

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-455\2006 - Definición de víctima; familiar en primer grado de consanguinidad - ¿La presunción de victima al familiar en primer grado de consanguinidad no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley?; Ley 975 de 2005, Art. 5 (parcial) - Estarse a lo resuelto en la Sentencia C- 370 de 2006, que declaró exequibles los incisos segundo y quinto del Artículo 5° de la ley 975 de 2005, en el entendido que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-455\2006 - Definición de víctima; familiar en primer grado de consanguinidad - ¿La presunción de victima al familiar en primer grado de consanguinidad no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley?; Ley 975 de 2005, Art. 5 (parcial) - Estarse a lo resuelto en la Sentencia C- 370 de 2006, que declaró exequibles los incisos segundo y quinto del Artículo 5° de la ley 975 de 2005, en el entendido que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-426\2006 - Sedición . Ley 975 de 2005, "Ley de justicia y paz"; Art. 71 (adiciona el artículo 468 de la Ley 599 de 2000) - Estarse a lo resuelto C-370-06; Art. 71 (adiciona el artículo 468 de la Ley 599 de 2000) - Estarse a lo resuelto C-370-06

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-426\2006 - Sedición . Ley 975 de 2005, "Ley de justicia y paz"; Art. 71 (adiciona el artículo 468 de la Ley 599 de 2000) - Estarse a lo resuelto C-370-06; Art. 71 (adiciona el artículo 468 de la Ley 599 de 2000) - Estarse a lo resuelto C-370-06

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-400\2006 - Ley 975 de 2005. Ley de justicia y paz. Rebaja de penas. Art. 70 (parcial) Estarse a lo resuelto C-370-06

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-400\2006 - Ley 975 de 2005. Ley de justicia y paz. Rebaja de penas. Art. 70 (parcial) Estarse a lo resuelto C-370-06

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-370\2006 - "Ley de justicia y paz". Ley 975 de 2005, Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37 numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71, y contra la ley en su integridad. El contenido de los derechos a la paz, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional colombiano. Juicio de proporcionalidad. Inconstitucionalidad de la tipificación del paramilitarismo como sedición. Derechos de las víctimas. Desmovilizados. Amnistía o indulto general

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-370\2006 - "Ley de justicia y paz". Ley 975 de 2005, Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37 numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71, y contra la ley en su integridad. El contenido de los derechos a la paz, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional colombiano. Juicio de proporcionalidad. Inconstitucionalidad de la tipificación del paramilitarismo como sedición. Derechos de las víctimas. Desmovilizados. Amnistía o indulto general

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-319\2006 - ¿La norma acusada desconoció la reserva de ley estatutaria, ignora los derechos fundamentales de las victimas, hace que los destinatarios de la ley no tengan el deber de denunciar ni señalar los autores de los mismos, y altera los procedimientos, términos judiciales, y jueces competentes y crea funcionarios y salas especiales al igual que tipifica conductas, redefine delitos y señala penas que son materia de ley estatutaria?; El tratamiento que ha recibido la reserva de ley estatutaria en la jurisprudencia constitucional en general y de manera específica en materia de derechos fundamentales y de administración de justicia, la metodología para el estudio de los cargos por violación del principio de ley estatutaria; Ley 975 de 2005 - Exequible, únicamente respecto del cargo de violación del principio de reserva de ley estatutaria, por cuanto el legislador no estaba obligado a darle el tramite de ley estatutaria. Exequible

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-319\2006 - ¿La norma acusada desconoció la reserva de ley estatutaria, ignora los derechos fundamentales de las victimas, hace que los destinatarios de la ley no tengan el deber de denunciar ni señalar los autores de los mismos, y altera los procedimientos, términos judiciales, y jueces competentes y crea funcionarios y salas especiales al igual que tipifica conductas, redefine delitos y señala penas que son materia de ley estatutaria?; El tratamiento que ha recibido la reserva de ley estatutaria en la jurisprudencia constitucional en general y de manera específica en materia de derechos fundamentales y de administración de justicia, la metodología para el estudio de los cargos por violación del principio de ley estatutaria; Ley 975 de 2005 - Exequible, únicamente respecto del cargo de violación del principio de reserva de ley estatutaria, por cuanto el legislador no estaba obligado a darle el tramite de ley estatutaria. Exequible

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-127\2006 - ¿Las penas establecidas en la norma demandada relacionadas con la alternatividad penal, vulneran los artículos 4º, 13 y 29 de la Constitución Política, así como los artículos 7º y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Ley 975 de 2005; Arts 3, 29, 31 y 61 (parciales) de la Ley 975 de 2005 - Fallo inhibitorio por inepta demanda

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-127\2006 - ¿Las penas establecidas en la norma demandada relacionadas con la alternatividad penal, vulneran los artículos 4º, 13 y 29 de la Constitución Política, así como los artículos 7º y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Ley 975 de 2005; Arts 3, 29, 31 y 61 (parciales) de la Ley 975 de 2005 - Fallo inhibitorio por inepta demanda

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-928\2005 - ¿Al disponer la norma demandada que el Gobierno Nacional pueda conceder indulto por delitos no políticos a los nacionales que individualmente y por decisión voluntaria abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, quebranta lo dispuesto en los artículos 150, numeral 17 y 201, numeral 2 de la Constitución? Ley 782 de 2002. Art. 19, inciso 2 (Modifica Art. 50 de la Ley 418 de 1997) - CONDICIONALMENTE exequible

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-923\2005 - La no cualificación del sujeto activo del tipo penal de hurto de hidrocarburos y sus derivados según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 782 de 2002 ¿vulnera los principios de igualdad y proporcionalidad, en tanto permite la aplicación de la norma para su juzgamiento y condena, a personas que no forman parte de organizaciones armadas al margen de la ley?. Ley 782 de 2002; Art. 44 (Modifica Art. 96 de la Ley 418 de 1997) - EXEQUIBLE por el cargo analizado; Art. 44 (Modifica Art. 96 de la Ley 418 de 1997) - EXEQUIBLE por el cargo analizado