¿Vulneró el Cabildo el derecho al debido proceso de los accionantes, en su faceta de juez natural, al adelantar el proceso de investigación y juzgamiento en su contra, en ejercicio de su jurisdicción especial indígena, a pesar de que estos no pertenecen a etnia indígena alguna? La Corte considera que las autoridades del Cabildo Indígena demandado vulneraron el derecho al debido proceso de los peticionarios, en su faceta de juez natural. Precisa, que el Cabildo extendió el ejercicio de su jurisdicción a individuos que no son titulares al fuero indígena, que las presuntas conductas delictivas hubiesen sido cometidas en el territorio ancestral -elemento territorial-, y que el proceso de investigación y juzgamiento adelantado en contra de los accionantes hubiese sido llevado a cabo por las autoridades tradicionales -elemento institucional-, en criterio de la Sala, no permiten concluir que el asunto sub examine sea de competencia de la jurisdicción indígena. Para la Sala, no puede predicarse la existencia del fuero especial únicamente en función de estos elementos, como lo pretende el Cabildo. dado que el presente asunto involucra un conflicto intercultural, era imperativo que estuviese acreditado, como mínimo, el elemento personal. Esto, habida consideración de que, particularmente en asuntos penales, es el elemento personal el que adquiere una especial connotación, que inhibe el ejercicio de las autoridades indígenas para investigar y juzgar a personas que no sean miembros de su comunidad, tal como ocurrió en el caso concreto. En este orden de ideas, el Cabildo desconoció que, a la luz del artículo 29 de la Constitución, los jueces competentes para investigar y juzgar los presuntos hechos delictivos cometidos por los accionantes son las autoridades ordinarias. Esto, por cuanto, como se señaló, los accionantes no son titulares del fuero indígena. Por lo tanto, el Cabildo debió remitir el caso, para que fuesen estas últimas quienes investigaran y, de ser el caso, juzgaran la conducta de los accionantes

¿Una autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la identidad cultural de una persona indígena al negarle cumplir la pena que le impuso la jurisdicción ordinaria en su resguardo indígena por la falta de reglamentación por parte del Gobierno Nacional de la norma que regula las condiciones de reclusión y resocialización para miembros de los pueblos indígenas, aun cuando el precedente constitucional ha definido los presupuestos para acceder a ese beneficio? Existe una línea jurisprudencial consolidada que establece que cuando una persona indígena se encuentra recluida en un establecimiento penitenciario ordinario se deben adoptar medidas de protección que garanticen la conservación de sus costumbres y de su identidad cultural, entre las que se encuentra el cumplimiento de la pena impuesta en su resguardo. Para la Sala este argumento resulta insuficiente toda vez que los ciudadanos no tienen que soportar las cargas negativas que se derivaron de la expiración del término otorgado al Gobierno Nacional para que expidiera un decreto en el que se regulara todo lo relativo a la privación de la libertad de los miembros de las comunidades indígenas

¿El Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales de una colectividad indígena que representa, al dirimir en favor de la jurisdicción ordinaria un conflicto positivo de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Popayán y la jurisdicción especial indígena, con ocasión de un proceso penal adelantado contra un miembro de su comunidad, por el delito de homicidio? concluye la Corte que, en el caso sub-examine, se configuran todos los elementos establecidos por la jurisprudencia constitucional que habilitan la competencia de la jurisdicción indígena y, por consiguiente, la aplicación del fuero especial. Lo anterior, por cuanto (i) el acusado de la conducta punible, así como el titular del bien jurídico afectado, son indígenas, aun cuando pertenecen a comunidades étnicas distintas; (ii) el hecho tuvo lugar en territorio indígena, específicamente, en la vereda Salado Blanco del municipio de Totoró, que si bien no se localiza dentro del resguardo Polindaras sí hace parte del resguardo de Totoró, comunidad a la que pertenecía la víctima; y (iii) según las manifestaciones hechas por el gobernador del cabildo indígena Polindaras, existe dentro de la comunidad que representa una autoridad tradicional encargada de juzgar y sancionar a sus miembros, conforme con sus propias normas, usos y costumbres, de lo cual se presume su poder de coerción social y, por lo mismo, la concurrencia del elemento institucional. Acorde con ello, la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el sentido de mantener la competencia de la jurisdicción ordinaria penal para adelantar el juzgamiento constituye un defecto fáctico, habida cuenta que, pese a que aplicó los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte para tales efectos, no valoró correctamente y en su conjunto el material probatorio allegado al proceso que le permitiera acertar en su decisión, así como tampoco, en ejercicio de su facultad oficiosa, decretó otras pruebas para esclarecer los hechos y mejor proveer en dicho asunto

¿Vulneraron las autoridades judiciales los derechos fundamentales de un indígena al determinar la jurisdicción especial indígena no tenía competencia para tramitar el asunto? El interés superior de la niña no resultaba incompatible con la aplicación del fuero penal indígena, pues la jurisdicción especial también tiene el deber de velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales, incluidos los derechos de los niños. En concordancia se aseveró que en este sentido, de ninguna manera puede afirmarse que remitir el proceso a la jurisdicción indígena afecta el interés superior, sino que, por el contrario, hacerlo podrá hacer velar porque efectivamente las autoridades del Resguardo puedan salvaguardar dicho interés de acuerdo a los parámetros de la diversidad, tal como lo ordenó la Sentencia T-002 de 2012."

¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por la tutelante al haber adoptado decisiones que habrían comportado un desconocimiento de la competencia de la jurisdicción indígena para la resolución de sus propios conflictos? El bien jurídico presuntamente afectado se refiere a la libertad, formación e identidad sexuales de una menor de edad, bien que no solamente pertenece al interés de la comunidad, sino que trasciende al conjunto de la sociedad. Y, precisamente, bajo tal consideración, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura concluyó que este asunto escapaba del alcance de la jurisdicción indígena y debía ser entonces puesto en conocimiento de la jurisdicción penal ordinaria.Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que resultan inadmisibles aquellas interpretaciones que afirman que la jurisdicción indígena solo puede conocer de aquellos asuntos que únicamente le interesan a ella misma, ya que "una concepción de la jurisdicción especial indígena dirigida de forma absoluta y exclusiva a la solución de asuntos internos de las comunidades originarias, ignora la importancia que la Constitución Política ha dado, en el marco del derecho mayoritario, a la autonomía indígena como fuente de aprendizaje de distintos saberes, y piedra angular para la vigencia de un estado pluralista y participativo. (C.P. preámbulo, artículos 1º y 2º)"

¿Las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales del actor por no ser procesado por su juez natural, que es el gobernador, haber sido juzgado sin la intervención de las autoridades de su comunidad y cumplir la pena en un establecimiento ordinario? Para aplicar el fuero penal indígena se hace necesario analizar 4 criterios: El elemento personal en el que se hace necesario que el acusado de un hecho punible o socialmente nocivo haga parte de una comunidad indígena. El elemento territorial que permite a la comunidad la aplicación de sus propios usos y costumbres dentro de su ámbito territorial. El elemento institucional u orgánico, en el que se hace necesaria la existencia de una institucionalidad dentro de la comunidad indígena, basada de acuerdo a un sistema de derecho propio constituido por los usos y costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados en la comunidad. El elemento objetivo a través del cual se puede analizar si el bien jurídico presuntamente afectado tiene que ver con un interés de la comunidad indígena, o de la sociedad mayoritaria. Los accionados no incurrieron en ningún defecto que hiciera procedente la acción de tutela, entre otras cosas, porque los hechos cometidos por el actor no cumplieron con el elemento territorial, ni con el requisito objetivo y, porque la regla de notificar sobre la existencia del proceso al jefe del resguardo indígena fue establecida en la sentencia T-921-13, proferida después de que se terminó el proceso penal

¿La actuación del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad accionado vulneró los derechos fundamentales de un indígena toda vez que se encuentra detenido en establecimiento común de reclusión? Concede. El juez penal ordinario vulneró el derecho fundamental a la jurisdicción especial indígena, al juez natural y al debido proceso, al no elevar en su momento un conflicto de competencias ante el Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que la calidad de indígena del procesado estaba acreditada y con ese solo hecho no resultaba despejada su jurisdicción para proferir una decisión en derecho. De paso, el juez desconoció considerar junto con las autoridades de la comunidad indígena, el diálogo intercultural jurisdiccional , con el fin de evitar vulneraciones al debido proceso del actor, en su derecho a ser investigado y juzgado por su juez natural, máxime si el Convenio 169 de la OIT establece en su artículo 9.2., que "las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia"- negrilla fuera de texto. Por otra parte, de conformidad con el Código Penitenciario y Carcelario artículos 29 y 51, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad accionado, falló al momento de verificar el lugar y las condiciones en que debía cumplir la pena, habida cuenta que como indígena le corresponde ser recluido en un establecimiento de reclusión especial y no en un lugar común, en condiciones de hacinamiento que atentan contra la dignidad humana

¿Vulneraron el derecho al debido proceso y a la libertad del accionante las decisiones de la jurisdicción ordinaria que resolvieron el recurso de hábeas corpus interpuesto por el mismo? La acción de tutela contra el hábeas corpus no procede porque no se verifica ninguna causal específica contra las providencias que resolvieron el hábeas corpus interpuesto por el señor Marciano Aguja Tique. En efecto, como lo indicaron los jueces constitucionales que resolvieron dicho recurso, la captura fue consecuencia de un fallo en el marco de un proceso en el que el accionante era parte, que él mismo conocía y que nunca recurrió, captura que se materializó luego de que el Tribunal verificara el incumplimiento de la sentencia. Por ende la captura no fue ilegal y no existe desconocimiento alguno de las garantías constitucionales del accionante, razón por la cual tampoco procede la tutela contra las mencionadas providencias, al no verificarse ninguna causal específica de procedibilidad. Se niega la acción de tutela que solicite la revocatoria de providencias judiciales que resolvieron el recurso constitucional al habeas corpus, cuando no se logra demostrar que la captura fue ilegal o la detención fuese prolongada arbitrariamente

¿El fallo emitido por el juzgado segundo penal del circuito que condenó al actor a la pena de 13 años de prisión al encontrarlo responsable como autor del delito de homicidio incurrió en un defecto orgánico? La Corte advirtió que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto orgánico al juzgar y condenar al actor, pues carecía absolutamente de competencia para conocer y definir el asunto. La competencia, entendida como el grado o la medida de la jurisdicción, busca delimitar el campo de acción, función o actividad que ejerce una entidad o autoridad pública determinada, tendiente a hacer efectivo el principio de seguridad jurídica. De esta forma, la autoridad pública que administra justicia debe ceñirse a las atribuciones conferidas en los términos señalados en la Constitución y en la ley (art. 121 C.P). Las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales por fuera de los parámetros fijados en el ordenamiento jurídico, constituye un atentado contra el Estado de Derecho

¿Se vulneró el debido proceso del accionante al ser juzgado por la jurisdicción ordinaria y al no haberse tenido en cuenta su condición de indígena en su privación de la libertad por ser aplicable al caso el fuero penal indígena y tener en cuenta la condición de indígena del accionante en la determinación de las condiciones de su privación de la libertad? La Corte Constitucional fortalece la jurisdicción penal indígena reconociendo su competencia para juzgar hechos cometidos por sus miembros dentro de su territorio y permitiendo que quienes deban ser privados de la libertad puedan cumplir su pena o medida de aseguramiento al interior de sus comunidades, para aliviar la grave situación de hacinamiento y pérdida de su cultura que sufren en Colombia. La Corte ordenó que el indígena accionante fuera juzgado por su resguardo, pues los hechos ocurrieron al interior de su territorio, con otro de sus miembros y bajo circunstancias especiales que deben ser tenidas en cuenta, pues en esa comunidad existen normas especiales y centenarias sobre la edad necesaria para la formación de una familia, las cuales deben ser consideradas para analizar el caso

¿Las decisiones proferidas por los juzgados desconocieron la jurisdicción especial indígena, el fuero especial indígena y el debido proceso del accionante? Concede - La Corte llama la atención de todos los jueces de la República para que valoren la calidad del sujeto incriminado y, en caso de confirmar el elemento personal del fuero indígena, establezcan como deber inmediato un diálogo intercultural con las autoridades de la comunidad indígena afectada, para el diálogo intercultural, lo necesario, entre otros aspectos, contiene i) comunicar de la existencia del proceso a la máxima autoridad de su comunidad o su representante; ii) permitir la intervención procesal de la máxima autoridad indígena o su representante como vocero del sujeto indígena investigado; iii) elevar el conflicto de competencias ante el Consejo Superior de la Judicatura en caso de que dicha autoridad, el investigado o su defensor invoquen el fuero especial indígena; iv) en el caso de que se haya dictado una medida privativa de la libertad, el operador jurídico deberá valorar un enfoque diferencial en las condiciones de reclusión que deben aplicarse para poblaciones con características particulares en razón de su etnia; v) para todo lo anterior, los jueces penales y de ejecución de penas deberán contar con un directorio o registro actualizado de comunidades y autoridades indígenas, el cual deberá proveer el Consejo Superior de la Judicatura, como entidad responsable del eficaz funcionamiento de la administración de justicia

¿Las autoridades de policía violan los derechos fundamentales de la accionante al transferir un caso a un Resguardo para que sea resuelto por la jurisdicción indígena por considerar que: (i) el conflicto se desarrollaba en territorio indígena; (ii) los querellados pertenecían a ese resguardo y (c) la jurisdicción indígena puede conocer de cualquier asunto, siempre que se respeten los límites que ha establecido la jurisprudencia de la Corte? Concede - La Corte realiza un análisis de los elementos que integran la jurisdicción indígena(elementos territorial, institucional, personal y objetivo)y concluye que el resguardo no es competente, aunque cumple con el factor territorial y el institucional, no cumple con el elemento personal porque una de las partes pertenece a la sociedad mayoritaria. En consecuencia la autonomía de los pueblos indígenas debe ser limitada. Tampoco se satisface el elemento objetivo, porque el conflicto se originó por el ejercicio del derecho a la propiedad privada de dos comuneros del Resguardo indígena

¿Vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes cuando las autoridades tradicionales indígenas de un resguardo les condenaron a pena privativa de la libertad por el delito de concierto para delinquir, sin tener en cuenta las costumbres establecidas para el caso? Niega- No es claro ni protuberante que las autoridades indígenas hubiesen desconocido lo dispuesto en su Sistema de Justicia Propia, por lo cual no se ha desvirtuado la presunción de ajuste al derecho tradicional de sus actuaciones en este caso concreto. Al contrario, para la Corte resulta razonable concluir que sí se surtieron las fases de investigación y conciliación, con las especificidades predicables de la jurisdicción autónoma de este resguardo

¿Se debe contabilizar el tiempo de privación de la libertad o de detención preventiva de los indígenas juzgados por la jurisdicción ordinaria en un centro de reclusión avalado por el respectivo resguardo, que no cumple con los estándares requeridos por el INPEC para efectos de descontarlo de la pena y decretar la libertad condicional? El régimen penitenciario vigente permite que la pena impuesta por un juez ordinario a un indígena pueda pagarse en un centro de reclusión comunitario, la operatividad de esa autorización depende tanto de la decisión del juez competente y naturalmente, de la previa habilitación y autorización de la autoridad penitenciaria. Si en ausencia de los dos requisitos, por cierto concurrentes y previos, las personas condenadas y la autoridad indígena, por sí y ante sí deciden que la sanción se cumpla en un centro de reclusión comunitario, el periodo de privación de la libertad cumplido en esas condiciones es enteramente inoponible y en modo alguno vinculante para los efectos de la justicia ordinaria. Las sanciones se imponen por parte de los jueces competentes y se ejecutan y cumplen en los términos de la ley y de las específicas y concretas decisiones de aquéllas. Sin embargo le corresponderá al INPEC y a la autoridad judicial competente, al momento de definir la pena y su lugar de ejecución, hacer efectivo el principio superior de respeto de la diversidad étnica y cultural consagrado en la Constitución. El concepto de autonomía de los pueblos indígenas, el derecho propio, la jurisdicción especial indígena y el fuero indígena. Mecanismos de coordinación entre la autoridad judicial, el INPEC y los indígenas, en relación con el cumplimiento de la pena y de las medidas preventivas

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para proteger el derecho fundamental al debido proceso de un indígena condenado por homicidio, derecho vulnerado por parte del juzgado penal de circuito y la fiscalía seccional respectiva, al adelantar un proceso penal ordinario y emitir un fallo condenatorio sin tener en cuenta la calidad de indígena que tiene el sindicado y que los hechos ocurrieron dentro del resguardo indígena por lo que el caso lo debía conocer la autoridad indígena correspondiente?. Concedida. De forma muy excepcional, se permite el uso de la acción de tutela para cuestionar aquellas "decisiones" que por contrariar de manera grave, flagrante y grosera el ordenamiento constitucional, no puedan en realidad reputarse como verdaderos pronunciamientos judiciales. Para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. La Corte ha precisado que la existencia del fuero, existente en la jurisdicción especial indígena, se encuentra sujeta a la voluntad de la autoridad indígena de asumir el caso, en aras de respetar la autonomía de dicha comunidad. la jurisprudencia constitucional ha reconocido cuatro elementos fundamentales de la jurisdicción especial indígena, los cuales son: i) la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas; ii) la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios; iii) el respeto a la Constitución y la ley dentro del principio de maximización de la autonomía; y iv) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. En lo específicamente relativo al fuero indígena, esta corporación ha identificado otros dos elementos: i) uno personal (el miembro de la comunidad indígena ha de ser juzgado de acuerdo a sus usos y costumbres); y ii) otro geográfico (cada comunidad puede juzgar los hechos que sucedan en su territorio, de acuerdo a sus propias normas). Los anteriores criterios son los que determinan la competencia de jurisdicción indígena.

¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales de una comunidad indígena por parte de una autoridad judicial al dirimir un conflicto de competencias entre las autoridades del resguardo y las autoridades del sistema jurídico nacional a favor de este último para que juzgara un caso de abuso sexual a menor de edad indígena ocurrido dentro del resguardo? Concedida. Marco normativo de la diversidad étnica y cultural en la Constitución de 1991. Límites a la autonomía de las comunidades indígenas. como criterio de interpretación al abordar estos casos, que existen ámbitos de la autonomía en los que la intervención de órganos externos a la comunidad es especialmente nociva, así que lo más prudente es promover el diálogo interno de la comunidad para que los conflictos sean resueltos en el marco de su cosmovisión, normas, usos y costumbres, y evitar, de esa manera, un mayor distanciamiento entre las partes, derivado de una decisión impuesta desde una perspectiva ajena al derecho propio de la comunidad. Competencia de la jurisdicción especial indígena y elementos estructurales del fuero indígena. Una concepción de la jurisdicción especial indígena dirigida de forma absoluta y exclusiva a la solución de asuntos internos de las comunidades originarias, ignora la importancia que la Constitución Política ha dado, en el marco del derecho mayoritario, a la autonomía indígena como fuente de aprendizaje de distintos saberes, y piedra angular para la vigencia de un estado pluralista y participativo. Por lo expuesto, resulta particularmente problemático trasladar doctrinas desarrolladas para otros fueros y otras jurisdicciones al fuero y jurisdicción indígena, si no se verifica que ese "trasplante" sea compatible con el principio de maximización de las comunidades indígenas

¿La decisión del INPEC de no dar cumplimiento a una sentencia proferida por una autoridad tradicional desconoce la autonomía que la Constitución otorga a la jurisdicción indígena, y como consecuencia, produce un desconocimiento de su identidad cultural y étnica? Concedida. Legitimación por activa en acción de tutela. Concepto de autonomía indígena. Posibilidad de que las penas impuestas por la jurisdicción indígena sean cumplidas en cárceles ordinarias.

¿La decisión adoptada por las comunidades indígenas de los resguardos de Pioyá y la Aguada San Antonio, vulneró los derechos fundamentales del accionante al imponer una pena de 40 años por el delito de homicidio agravado? Límites a la autonomía de los pueblos indígenas al administrar justicia. Usos y costumbres en el procedimiento y sanción del delito. Negada

La jurisdicción indígena. Proceso penal iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991¿Incurrió el juez en vía de hecho dentro de proceso penal al omitir la calidad de indígena del sindicado que se dio a conocer durante las audiencias de juzgamiento?

¿Violan las autoridades de resguardo indígena los derechos del actor al ser condenado a pena privativa de la libertad por una conducta que no constituye delito en el Código Penal, como lo es la riña? ¿Puede ser juzgado por el mismo hecho dos veces? Fuero indígena y competencia de las autoridades indígenas. Principio de diversidad étnica y cultural vs. vigencia de los derechos fundamentales