El uso de la palabra "pobre" en el artículo demandado no configura trato despectivo, discriminatorio o peyorativo contrario a la dignidad humana y al principio de igualdad. La Corte encontró que la expresión "pobres" ha sido utilizada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la Constitución como una referencia para identificar a personas que carecen de satisfacción de necesidades básicas o que se encuentran en un estado de negación de Derechos Civiles y Políticos, así como Económicos, Sociales y Culturales. Ley 583 de 2000, "por la cual se modifican los artículos 30 y 9 del Decreto 196 de 1971"; Art. 1parcial) (Mod Art. 30 Decreto 196 de 1971) : Exequible - [Resumen automatizado: La Sala Plena concluyó que la expresión "pobres" consignada en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000 no quebranta los principios de dignidad humana e igualdad, por cuanto carece de un uso peyorativo y discriminatorio para las personas que tienen recursos insuficientes para sufragar los costos de un abogado de confianza. || De conformidad con el debate planteado por los demandantes y los intervinientes en este juicio, corresponde a la Corte resolver el siguiente problema jurídico: ¿ la palabra o expresión "pobres" contenida en el 1º de la Ley 583 de 2000 es inconstitucional, al violar los derechos de la igualdad y de la dignidad humana, porque ese signo lingüístico puede ser considerado peyorativo y/o excluyente en un contexto social determinado para referirse a las personas que carecen de recursos para sufragar los costos de un abogado de confianza? || Por consiguiente, de los ejemplos reseñados del marco Internacional de los Derechos Humanos sistema universal-, esta Corporación estima que la acepción "pobres" ha sido utilizada para: i) identificar a las personas que se encuentran en condición de pobreza; ii) describir la condición de esos individuos y mostrar su situación de negación de Derechos Civiles y Políticos, así como Económicos Sociales y Culturales; iii) atribuir derechos a los grupos poblacionales afectados con ese escenario, potestades que son exigibles a los Estados; y iii) recomendar o instar a los gobiernos la implementación de medidas que materialicen las obligaciones de lucha contra esa marginación de las personas.] - [Palabras claves: personas, pobres, derechos, ley, corte, expresión, humanos, pobreza, en, recursos, sentencia, constitución]; Art. 1parcial) (Mod Art. 30 Decreto 196 de 1971) : Exequible

Inepta demanda contra el numeral 4o. del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, "por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía" - [Resumen automatizado: En el presente caso, se solicita la declaratoria de inexequibilidad del numeral 4º del artículo 54 del Decreto-Ley 196 de 1971, cuyo texto consagra, como falta a la honradez del abogado, el utilizar los dineros, bienes o documentos suministrados para las gestiones o los recibidos de otras personas por cuenta del cliente, en provecho propio o de un tercero; precepto que fue derogado tácitamente por el artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, “por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”,, advirtiéndose que dicha preceptiva ha venido produciendo efectos jurídicos con posterioridad a su derogatoria, por lo que su contenido material debe ser objeto del respectivo estudio de fondo. || El Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, mediante escrito remitido a esta Corporación, el 31 de mayo de 2011, a fin de solicitarle a la Corte que se inhiba de hacer un pronunciamiento de fondo respecto a la norma acusada, sobre la base de estimar que la misma fue derogada en forma tácita por la Ley 1123 de 2007, que excluyó del ordenamiento jurídico la causal contenida en el numeral 4° del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, no siendo susceptible de control constitucional.] - [Palabras claves: abogado, corte, norma, ejercicio, derecho, decreto, demanda, acusada, conducta, profesión, inconstitucionalidad, constitucionalidad, fondo, misma]

¿Se vulneran los derechos de defensa de los ciudadanos y el derecho de los abogados a la libre competencia profesional al establecer como falta de lealtad profesional la aceptación de la gestión profesional encomendada a otro abogado establecida en el Art. 56 numeral 2? D. 196 de 1971. Exequible por los cargos analizados? - [Resumen automatizado: 46.- En suma, juzga la Corte que la disposición contenida en el inciso segundo del artículo 56 del Decreto 196 de 1971 no desconoce la libertad de ejercer profesión u oficio (artículo 26 de la Constitución Nacional) al considerar como falta en contra del postulado de lealtad entre colegas aceptar la gestión profesional a sabiendas de haber sido encomendada a otra persona profesional de la abogacía y no mediar ni la renuncia ni la autorización de quien ha sido reemplazado ni tampoco justificarse la sustitución.] - [Palabras claves: derecho, corte, profesional, profesión, ejercicio, constitución, personas, constitucional, abogado, norma, decreto, estatuto, justicia, defensa]

Decreto 196 de 1971, "Por el cual se expide el Estatuto del ejercicio de la Abogacía". ¿El establecimiento como falta contra la lealtad a la administración de justicia, el consejo, el patrocinio o la intervención del abogado en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos ¿vulnera el principio de legalidad al utilizar conceptos jurídicos indeterminados? ¿El hecho de que un determinado comportamiento prohibitivo sea constitutivo de delito (actos fraudulentos Art. 453, 454 L. 599 de 2000), significa que el mismo no pueda ser objeto también de infracción disciplinaria, para no desconocer el principio non bis in ídem? Art. 52 Num. 2 - Exequible - [Resumen automatizado: Al consagrar como falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, el consejo, el patrocinio o la intervención “en actos fraudulentos” en detrimento de intereses ajenos, lo que buscó el legislador fue castigar el engaño en cualquiera de sus modalidades, es decir, reprimir los comportamientos del abogado en ejercicio que resulten contrarios a la verdad, e igualmente, cualquier conducta de aquél tendiente a evadir una disposición legal, y que en todo caso causen perjuicio a un tercero. || Conforme con los planteamientos expuestos, en el presente caso le corresponde a la Corte definir si la norma acusada viola el principio de legalidad, por el hecho de (i) consagrar un tipo disciplinario amplio e indeterminado, (ii) describir una conducta que es constitutiva de delito y no de falta disciplinaria, (iii) y proteger un interés jurídico -la administración de justicia- que no es compatible con el comportamiento que censura el precepto -“actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos”-.] - [Palabras claves: derecho, principio, actos, conducta, norma, corte, administración, justicia, ejercicio, disciplinario, abogado, superior, sentencia, jurídico, mismo]

¿Vulnera el derecho a la igualdad la exigencia establecida en la norma demandada de que los dependientes de abogados inscritos sean estudiantes de derecho? Decreto 196 de 1971; Art. 26, y 27 (parciales) - Estarse a lo resuelto C-619-96 - [Resumen automatizado: En sentencia la Corte analizó de manera expresa los cargos entonces presentados y, en ejercicio de un control integral de constitucionalidad, se refirió también a los asuntos constitucionales directamente vinculados con ellos y como conclusión de su estudio expresó que "[n]o encuentra por lo tanto la Corte, que las normas demandadas vulneren precepto constitucional alguno y, en consecuencia, en la parte resolutiva de esta sentencia, se declarará su exequibilidad." Es claro, por consiguiente, que estamos en presencia de una cosa juzgada absoluta y que no concurren en este caso los presupuestos para plantear la existencia de una cosa juzgada aparente o de una cosa juzgada relativa implícita, razón por la cual la Corte, en el asunto materia de la presente demanda de inconstitucionalidad, habrá de estarse a lo resuelto en la Sentencia C-619 de 1996. || En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación solicita a la Corte Constitucional que se declare la existencia de cosa juzgada relativa frente a las expresiones "siempre que sean estudiantes de derecho" y " sean estudiantes o cursen regularmente estudios de derecho en universidad oficialmente reconocida", contenidas respectivamente, en los artículos 26 literal f) y 27 del Decreto 196 de 1991, respecto de la Sentencia C-619 de 1996 y que se declare las exequibilidad de las citadas expresiones en relación con el cargo por violación de la libertad de empresa.] - [Palabras claves: corte, cosa, derecho, parte, juzgada, disposiciones, sentencia, demanda, constitucionalidad, decreto, resolutiva]; Art. 26, y 27 (parciales) - Estarse a lo resuelto C-619-96

Auxiliar judicial. Ad honórem - Debe soportar las mismas responsabilidades y obligaciones de cualquier empleado judicial. Demanda de inconstitucionalidad contra el segundo inciso del artículo 1 y contra el último inciso del artículo 4 del Decreto ley 1862 de 1989 - [Resumen automatizado: El cargo de auxiliar ad honórem no desconoce el derecho a la igualdad, dado que la Corte Constitucional en múltiples decisiones ha avalado el ejercicio gratuito de determinados empleos por personas públicas o privadas, para el cumplimiento de fines estatales en beneficio de la comunidad, de suerte que la diferencia de trato entre los empleados públicos y los mencionados auxiliares no resulta arbitraria, pues por el contrario, está ampliamente justificada en los aspectos ya analizados, a saber: (i) inexistencia de una relación laboral entre el Estado y los egresados; (ii) carácter académico del servicio; (iii) observancia de los principios de reciprocidad, solidaridad y colaboración para con la administración de justicia; (iv) voluntariedad en la prestación de este servicio.] - [Palabras claves: servicio, voluntario, social, derecho, relación, función, cargo, ley, jurídico, ejercicio, prestación, corte, responsabilidades, pública]

Estatuto del ejercicio de la abogacía. Prescripción de la acción disciplinaria. Interrupción de la prescripción. Derogatoria de la Ley 20 de 1972. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 88 parcial del Decreto 196 de 1971 - [Resumen automatizado: Señala que la Sala que preside fijó su criterio en ese sentido mediante providencia del 10 de octubre de 2000 en la que se concluyó que existía una clara diferencia en la teleología de los dos textos legales referidos, por lo que debía entenderse que el artículo 17 de la Ley 20 de 1972 había no solamente sustituido el término de 2 años para que operara la prescripción de la acción disciplinaria sino que también había dejado sin vigencia la interrupción de la prescripción a que se refería el aparte final del primer inciso del artículo 88 del Decreto 196 de 1971. || 84 del Decreto 2700 de 1991), la misma Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tenía establecido, antes del cambio de jurisprudencia que se contiene en la decisión del 10 de octubre de 2000, que el nuevo término de prescripción luego de la interrupción por la apertura del proceso disciplinario sería de 5 años, lo que planteaba serios interrogantes sobre la pertinencia de dicha interpretación, dadas las diferencias entre el derecho penal y las normas disciplinarias para los abogados.] - [Palabras claves: proceso, prescripción, disciplinario, término, decreto, ley, derecho, años, abogados, corte, disciplinaria, mismo, ejercicio, expresión]

Faltas contra la dignidad de la profesión de abogado. Inexequibilidad parcial del artículo 48 del Decreto 196 de 1971 - [Resumen automatizado: A juicio de la demandante la norma objetada se opone parcialmente a los artículos 15 y 16 de la Constitución Política, por cuanto las conductas tipificadas como falta disciplinarias son comportamientos personales e individuales de obligación consigo mismo, que hacen parte del libre desarrollo de la personalidad, que son permisibles y admisibles siempre que no se afecten derechos ajenos ni el orden jurídico. || La libertad, en sus diferentes manifestaciones individuales y sociales, materiales y espirituales, se encuentra protegida por la Constitución Política en orden a reivindicar la dignidad humana, que cual requisito sine qua non se impone a lo largo y ancho de todo el ordenamiento superior, haciendo posible que al amparo de la categoría libertad todas las personas tengan derecho al libre desarrollo de su personalidad, y por ende, a la concepción, planteamiento y ejercicio autónomo de sus proyectos y planes de vida dentro de contextos que dispensan oportunidades y restricciones, pero que en modo alguno autorizan al Estado para desconocer o suprimir el núcleo esencial de los derechos fundamentales.] - [Palabras claves: profesión, ejercicio, derecho, puede, abogado, derechos, corte, personalidad, desarrollo, constitución, libre, norma, conducta, personas, conductas, persona]

Los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos pueden ejercer la función de defensores en los procesos de competencia de los jueces penales o promiscuos municipales - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 131 (parcial) de la Ley 600 de 2000 - [Resumen automatizado: Los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos, y con las limitaciones que señale la ley, pueden excepcionalmente ejercer la defensa técnica, en los términos del precepto acusado, pero sólo de manera subsidiaria, es decir, ante la inexistencia en el lugar correspondiente de abogados titulados o temporalmente habilitados según la ley, o ante la imposibilidad física y material de contar con su presencia o la de un defensor público, siempre y cuando acrediten su idoneidad mediante la certificación expedida por la universidad correspondiente, de acuerdo a lo señalado en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. || Los intervinientes sustentan la constitucionalidad de la norma acusada con base en la jurisprudencia de esta Corporación que ha señalado que frente a la realidad de que en ciertas condiciones no es posible contar con abogados titulados para que cumplan la labor de defensores de oficio en asuntos penales, en casos excepcionales la ley puede habilitar defensores que tengan por lo menos la calidad de egresados o de estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico que garantizan un mínimo de formación e idoneidad técnica o profesional, quienes además en todo caso deben actuar bajo la coordinación de profesores designados para el efecto y atendiendo las orientaciones del respectivo consultorio jurídico, sin que puedan intervenir en forma incontrolada o carente de orientación jurídica y académica en los correspondientes procesos penales.] - [Palabras claves: derecho, defensa, corte, penales, jurídicos, puede, defensor, procesos, técnica, norma, ley, abogado, pueden, material, adscritos]

El estudiante que haya terminado las materias del pénsum académico antes de la entrada en vigencia de la presente ley, elegirá entre la elaboración y sustentación de la monografía jurídica o la realización de la judicatura - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 2o. de la Ley 552 de 1999 - [Resumen automatizado: No obstante el artículo 2º de la Ley 552 habría permitido a quienes el 30 de diciembre de 1999, día en que la disposición entró a regir, ya habían terminado las materias que conforman el pensúm académico de la carrera de derecho elegir, para acceder al título de abogado, entre la elaboración y sustentación de la monografía jurídica o 1a realización de la judicatura, quebrantando los artículos 13 y 25 de la Constitución Política porque, en tanto, aquellos estudiantes de la misma carrera, que a la fecha señalada no habían concluido sus estudios, para obtener igual título debían cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos por el Decreto 1221 de 1990. || De otra parte, el artículo 14 del decreto en comento, transitorio, reguló la manera en que debían acceder al título de abogado aquellos que habían cursado y aprobado todas las materias de la carrera con anterioridad a su vigencia 22 de febrero de 1977-, para el efecto dispuso la aprobación de exámenes preparatorios y la presentación y sustentación de una tesis de grado, los primeros podían sustituirse con un curso de especialización y la segunda con un año de judicatura o de prestación del servicio profesional la forma en que se podía prestar este último fue regulada por el Decreto 765 de 1977-.] - [Palabras claves: requisitos, ley, decreto, título, derecho, abogado, profesional, estudios, legislador, ejercicio, materias, obtener]

Salvo los casos expresamente determinados en la ley, no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas; pero si se constituye mandatario, este deberá ser abogado inscrito - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 35, parcial, del Decreto Ley 196 de 1971 - [Resumen automatizado: Además, y con el propósito de desvirtuar el cargo formulado porque la expresión "Salvo los casos expresamente determinados en la ley", que hace parte del artículo 35 del Decreto 196 de 1971, quebranta el principio de unidad material, que rige para la aprobación de las leyes, conforme lo preceptúa el artículo 158 constitucional, realiza el examen propuesto por la sentencia C-531 de 1993, para concluir que la frase guarda relación directa con el artículo, el texto total y el título de la norma de la cual hace parte, toda vez que i) establece una excepción a la regla general que el primero impone ii) desarrolla el marco referencial propuesto por el segundo, y iii) ejecuta el objeto que el título enuncia toda vez que propende por adecuar el ejercicio de la profesión de abogado a las exigencias sociales y por armonizar dicho ejercicio con las necesidades del Estado. || Dentro de ese contexto el artículo 35 del que forma parte la disposición acusada, regula el ejercicio de la profesión de abogado ante la administración pública, y al respecto formula un principio general no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas-, prescribe una salvedad salvo los casos expresamente determinados en la ley- y establece una excepción pero si se constituye mandatario, este debe ser abogado inscrito-.] - [Palabras claves: abogado, derecho, constitución, ejercicio, ley, casos, administración, profesión, autoridades, decreto, si, profesional, tal, derechos]

Servicio legal popular; Ley 446 de 1998, Arts. 149, 151, 153 (parcial) - [Resumen automatizado: Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 149, 151, 153 (parcial), de la Ley 446 de 1998, "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia". || El ciudadano Fabio Alfonso Castillo Gaona, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, presentó ante la Corte Constitucional la demanda de la referencia contra los artículos 149, 151 y 153 (parcial) de la Ley 446 de 1998, "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contenciosos Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia."] - [Palabras claves: normas, artículos, corte, decreto, magistrado, disposiciones, derecho, funciones, ley, servicio, constitucional, código]

Multas a abogados en procesos judiciales; Ley 446 de 1998, Art. 22 - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional de la República de Colombia integrada por su presidente Eduardo Cifuentes Muñoz, y los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alvaro Tafur Galvis. || Sin perjuicio de otras disposiciones sobre temeridad o mala fe y condena de costas, ni de lo establecido en el artículo 60 de la ley 270 de 1996, en todos los proceso judiciales el juez, magistrado o sala de conocimiento, previa averiguación que garantice el derecho de defensa, impondrá al abogado de la parte respectiva una multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales en los siguientes casos: || Con relación a la equivalencia en las sanciones de las dos normas acusadas, la intervinientes precisa que la contenida en el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil protege como bien jurídico el comportamiento de los sujetos procesales que sean parte y de sus respectivos apoderados, por lo cual multa resulta una sanción accesoria a la responsabilidad patrimonial que significa el pago de las costas.] - [Palabras claves: civil, ley, mala, procedimiento, fe, proceso, código, corte, constitución, multa, sanción, juez]

Servicio legal popular; Ley 446 de 1998, Arts. 149, 151 -numeral 3-, 160 y 163 - [Resumen automatizado: Los ciudadanos ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ SAAVEDRA y CARLOS ALEXANDER MOSQUERA MOSQUERA, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, han presentado ante la Corte demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 149, 151 -numeral 3-, 160 y 163 de la Ley 446 de 1998. || El Procurador General de la Nación ha remitido escrito mediante el cual solicita a la Corte declarar constitucionales los artículos 151 -numeral 3- y 160, a la vez que le sugiere inhibirse para conocer de fondo acerca de la constitucionalidad de los artículos 149 y 163 de la Ley 446 de 1998, por ineptitud sustancial de la demanda. || En cuanto al argumento de los accionantes según el cual las disposiciones acusadas violan el artículo 13 de la Carta, manifiesta el Procurador que el requisito de la práctica, servicio profesional o judicatura para optar al título de profesional en Derecho, no ha sido establecido por el legislador únicamente para esta carrera sino también para otras. || Respecto del artículo 163 de la citada ley, la Corte coincide con el Procurador General de la Nación en el sentido de que existe inepta demanda, por cuanto CARLOS ALEXANDER MOSQUERA MOSQUERA (expediente D-2263) no formula ningún cargo específico contra dicho canon.] - [Palabras claves: corte, ley, servicio, demanda, artículos, normas, derecho, constitucional, popular, constitucionalidad, magistrado, decreto, disposiciones, legal, sentencia]

Servicio legal popular; Ley 446 de 1998, Arts. 149 a 160 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Eduardo Cifuentes Muñoz y por los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Martha V. || Por otra parte, el actor estima que el hecho de que algunos de los egresados de las facultades de derecho del país que deben prestar el servicio legal popular estén obligados a hacerlo en forma gratuita (Ley 446 de 1998, artículos 151-3, 153-d y 154-b), al paso que otros tienen derecho a recibir una remuneración por la prestación de sus servicios, no sólo vulnera el principio de igualdad (C.P., artículo13) sino, también, el derecho de todo trabajador a recibir "una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo", establecido en el artículo 53 del Estatuto Superior. || Por otra parte, la interviniente plantea que las modalidades de prestación del servicio legal popular que implican una vinculación del estudiante a cargos de entidades del Estado (Ley 446 de 1998, artículo 151-5), podrían implicar problemas desde el punto de vista de su constitucionalidad, toda vez que, en primer lugar, no existen suficientes cargos como para vincular a todos los egresados y, en segundo término, las actuales circunstancias fiscales y presupuestales del país no admiten la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector público.] - [Palabras claves: servicio, legal, popular, ley, justicia, derecho, decreto, judicatura, superior, acceso, consejo, normas]

Multas y sanciones en procesos judiciales - Acción pública de inconstitucionalidad contra los Artículos 22, 74 y 103 de la Ley 446 de 1998 - [Resumen automatizado: Resulta equivocada la apreciación de los demandantes sobre una presunta violación del principio de igualdad originada en una supuesta diferencia de trato que la norma les otorga a los abogados, pues son esas particulares funciones que la sociedad y el Estado les han encomendado -la conservación del orden jurídico mediante la defensa de los derechos de las personas-, lo que demanda de la ley un trato diferente frente a las demás profesiones u oficios. || Teniendo en cuenta que los cargos de la demanda atacan directamente las sanciones previstas en la norma impugnada y que las mismas ya fueron estudiadas en sede de constitucionalidad, la Corte acoge y mantiene los fundamentos esgrimidos en la Sentencia C-592 de 1991 para declarar la exequibilidad del artículo 103 de la Ley 446 de 1998. || Sin perjuicio de otras disposiciones sobre temeridad y mala fe y condena en costas, ni de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 270 de 1996, en todos los procesos judiciales el Juez, Magistrado o sala de Conocimiento, previa averiguación que garantice el derecho de defensa, impondrá al abogado de la parte respectiva una multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales en los siguientes casos:] - [Palabras claves: ley, proceso, sanciones, justicia, corte, audiencia, en, derecho, decreto, puede, inasistencia, norma, multa, derechos, código]

Ejercicio del derecho por personas que hayan terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida, hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 31 del Decreto 196 de 1971 - [Resumen automatizado: Puede entonces, estipular niveles intermedios de títulos, reconociendo idoneidad a quienes todavía no poseen el definitivo, pero siendo excepcionales tales niveles -como el de las licencias temporales y el de los estudiantes de consultorios jurídicos-, es lógico que la ley establezca para ellos ciertas limitantes. || Así mismo menciona que, a pesar de haber recibido el estudiante la licencia temporal, documento que acredita el ejercicio de la profesión en todo el territorio nacional por el término improrrogable de dos (2) años, este grupo de egresados no puede conocer ni adelantar sino aquellos procesos que señala la norma demandada (como los que están a cargo de los inspectores de policía y de los jueces municipales), situación que los sustrae y margina del conocimiento de casos de significativa importancia en las diferentes áreas del Derecho. || En cuanto a los títulos de idoneidad, sostiene que no puede establecerse una regla objetiva que garantice la aptitud de una persona para ejercer la abogacía, por lo cual corresponde al legislador ponderar la protección del interés general frente a la libertad en el ejercicio de una profesión.] - [Palabras claves: procesos, corte, ejercicio, magistrado, puede, derecho, idoneidad, profesión, títulos, en, legislador, norma, constitución]

Ejercicio del derecho por personas que hayan terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida, hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios - Acción pública de nconstitucionalidad en contra de los artículos 31 (parcial) y 33 del Decreto 196 de 1971 - [Resumen automatizado: "En asuntos penales es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado, esto es, quien deba asumir su defensa, ha de ser u profesional del derecho, es decir, aquella persona que ha optado al título de abogado y, por consiguiente, tiene los conocimientos jurídicos suficientes para ejercer una defensa técnica, especializada y eficaz, en aras a garantizar al procesado su derecho de defensa". || Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que en la práctica es difícil que siempre se cuente con profesionales del derecho y, por tanto, solamente para los casos excepcionales en que ello ocurra, la ley "puede habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados, o de estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico, pues de esta forma se consigue el objetivo de que dichos defensores sean personas con cierta formación jurídica". || 7. Así pues, "en asuntos penales es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado, esto es, quien deba asumir su defensa, ha de ser u profesional del derecho, es decir, aquella persona que ha optado al título de abogado y, por consiguiente, tiene los conocimientos jurídicos suficientes para ejercer una defensa técnica, especializada y eficaz, en aras a garantizar al procesado su derecho de defensa".[6]] - [Palabras claves: defensa, abogado, derecho, sindicado, decreto, técnica, corte, penal, constitucional, actuaciones]

Examen de expedientes y actuaciones judiciales o administrativas por estudiantes de derecho - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo el Literal f) del Artículo 26 y el Artículo 27 del Decreto 196 de 1971 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || En el proceso de constitucionalidad contra los artículos 26, literal f) (parcial) y 27 del Decreto 196 de 1971, "Por el cual se dicta el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía" || 2. La ciudadana Edilma Salcedo Rodríguez demandó los artículos 26, literal f) (parcial) y 27 (parcial) del Decreto 196 de 1971, por considerarlos violatorios de los artículos 13, 26, 25 y 26 de la Constitución Política. || 2. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-619/96, se pronunció sobre la exequibilidad de la expresión "siempre que sean estudiantes de derecho" del literal f) del artículo 26, y de la disposición del artículo 27 del Decreto 196 de 1971. || ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-619 de 1996, en relación con la expresión "siempre que sean estudiantes de derecho" del literal f) del artículo 26, y de la disposición del artículo 27 del Decreto 196 de 1971.] - [Palabras claves: magistrado, derecho, decreto, constitucional, f, general, proceso, inscritos, corte, abogados, procurador, abogado, nación]

Ejercicio del derecho por personas que hayan terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida, hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 31 (parcial) del Decreto 196 de 1971 - [Resumen automatizado: No tiene asidero la afirmación del actor acerca de que el período de tiempo de dos años, contemplado en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971, vulnera los derechos adquiridos por las personas que ejercían como abogados, en casos determinados, con la sola acreditación de haber terminado sus estudios. || La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || Artículo 31.- La persona que haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida podrá ejercer la profesión de abogado, sin haber obtenido el título respectivo, hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios, en los siguientes casos: || 5. El establecimiento del requisito del título profesional para poder ejercer como abogado luego de haber transcurrido dos años de la culminación de los estudios constituye obviamente una diferenciación entre las personas que han finalizado sus asignaturas académicas.] - [Palabras claves: derecho, estudios, profesión, personas, derechos, ejercicio, abogado, título, adquiridos, dos, norma, ley, años]

Los empleados públicos y los trabajadores oficiales no puede ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos - Norma acusada: Artículo 39 Numeral 1o. del Decreto Ley 196 de 1971 - [Resumen automatizado: La norma también es una expresión de la facultad que tiene la ley de regular la función pública pues el Legislador puede legítimamente establecer incompatibilidades con el fin asegurar que los servidores públicos efectivamente adelanten sus labores al servicio del Estado, del interés general y de la comunidad, tal y como lo ordena la Carta. || La incompatibilidad establecida por la norma debe ser interpretada de conformidad con la Constitución, y por consiguiente implica la prohibición a los empleados oficiales del ejercicio de la profesión de abogado como tal, pero no significa que estos servidores públicos no puedan efectuar ninguna acción judicial. || La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || Por el contrario, según el ciudadano interviniente y la Vista Fiscal, la disposición impugnada se ajusta a la Constitución, pues no sólo es un desarrollo de la facultad que tiene el Estado de regular las profesiones sino que, además, protege la moralidad y eficiencia de la función pública y el principio de igualdad, al impedir que los servidores públicos utilicen sus cargos en provecho personal.] - [Palabras claves: pública, ejercicio, norma, corte, públicos, cp, función, profesión, servidores, oficiales, cargo, empleados, persona, disposición]

Examen de expedientes y actuaciones judiciales o administrativas por estudiantes de derecho - Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 26, Literal f) (parcial) y 27 del Decreto 196 de 1971 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || A juicio del Procurador, esta especial regulación tiene su razón de ser en la importancia que reviste el acceso a los expedientes contentivos de actuaciones judiciales o administrativas, los cuales, "por incorporar documentos e informaciones trascendentales para la solución efectiva de los conflictos en ellos debatidos, solamente deben ser conocidos por personas calificadas, bien por dependientes judiciales de abogados inscritos que sean estudiantes de derecho, bien por abogados inscritos", según lo sostuvo la Corte Constitucional, en la sentencia C-069 de 1996, al resolver una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el literal b) del artículo 26 del Decreto 196 de 1971. || En este sentido, el derecho a escoger libremente profesión u oficio por parte de quienes no son estudiantes de derecho pero tienen las calidades para ejercer la labor de "dependientes de los abogados", resulta igualmente restringido, toda vez que no pueden desempeñarse en una actividad para la cual están capacitados.] - [Palabras claves: derecho, personas, normas, abogado, corte, actuaciones, profesión, si, judiciales, puede, decreto, acceso, administrativas, abogados]

Consultorios jurídicos - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 30 (parcial) del Decreto 196 de 1971 - [Resumen automatizado: Después de repasar la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia -artículo 3º-, y la Sentencia C-037 de 1996, proferida por la Corte Constitucional al hacer la revisión previa correspondiente, afirma el Jefe del Ministerio Público que es claro que los estudiantes de consultorios jurídicos solamente pueden participar dentro de los procedimientos de naturaleza penal, en las circunstancias especiales de ausencia insuperable de un abogado titulado en el momento y lugar en que se adelante la actuación. || Tiénese, entonces, que, siguiendo los lineamientos trazados por la Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, que fijó el alcance de las correspondientes normas estatutarias (Ley 270 de 1996), para hacerlas compatibles con las previsiones contempladas por el artículo 29 de la Carta, debe la Corte declarar que los numerales acusados se avienen a los preceptos fundamentales, pero bajo la condición de que el ejercicio de la función de defensa a la cual se refieren tenga lugar de modo extraordinario, es decir, tan sólo subsidiariamente, ante la carencia absoluta en el municipio correspondiente de abogados titulados o temporalmente habilitados según la ley, o ante la imposibilidad física de contar con su presencia o la de un defensor público. || Debe observarse que la Corte, mediante Sentencia C-542 del 16 de octubre de 1996 (M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa), declaró exequible el artículo 3º de la Ley 228 de 1995, que de manera expresa facultó a los estudiantes adscritos a consultorios jurídicos para ejercer la función de defensores en procesos contravencionales.] - [Palabras claves: corte, defensa, jurídicos, técnica, penales, derecho, proceso, procesos, magistrado, sentencia, constitucional, personas, debe, circunstancias, en]

El cargo de apoderado para la indagatoria del sindicado, cuando no hubiere abogado inscrito que lo asista en ella, podrá ser confiado a cualquier ciudadano honorable, siempre y cuando no sea empleado público - Acción pública de inconstitucionalidad contra el Primer Inciso del Artículo 148 del Decreto 2700 de 1991, y contra el Artículo 34 del Decreto 196 de 1971 - [Resumen automatizado: El ciudadano GERMAN PABON GOMEZ, haciendo uso de la acción de inexequibilidad autorizada por el artículo 241 de la Constitución Política, solicita a esta Corporación declarar inexequible la parte acusada del artículo 148 del Decreto 2700 de 1991, por el cual se expiden las normas de procedimiento penal y el artículo 34 del Decreto 196 de 1971 por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía. || Cumplidos los trámites que ordena la Constitución Política y la ley para esta clase de acciones, y finalmente oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, procede la Corporación a dictar sentencia || - Un recorrido por antecedentes jurisprudenciales y doctrinales sobre el principio de la igualdad y sobre el derecho de defensa y el debido proceso llevan al actor a predicar que las normas acusadas, en cuanto habilitan a una persona honorable para la defensa de quien se sindica de la infracción de la ley penal, vulneran la concepción de estado social de derecho presente en la Constitución Política de 1991, así como la preceptiva superior de los artículos 13 y 29, además de los instrumentos internacionales que cita como infringidos :] - [Palabras claves: decreto, magistrado, constitución, penal, defensa, el, corte, normas, política, derecho, abogado, general, parte, constitucional, corporación]

Sanciones - Acción pública de inconstitucionalidad contra el Decreto 196 de 1971, así como sus Artículos 60 y 63 - [Resumen automatizado: Mediante oficio No. 813 de noviembre treinta (30) de mil novecientos noventa y cinco (1995), el señor Procurador General de la Nación envió el concepto de rigor, solicitando a esta Corporación estarse a lo resuelto en las sentencias C-540 de 1993 y C-060 de 1994 respecto del artículo 63 acusado, por haber operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, y declarar exequible el artículo 60 del Decreto 196 de 1971 impugnado con fundamento en las siguientes consideraciones: || Por estas razones, y como lo expresó la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 1993, a propósito del examen de constitucionalidad con respecto al literal d) del artículo 63 del mismo decreto que consagra la sanción de "exclusión", resulta claro que en modo alguno el contenido del artículo 60 demandado vulnera el derecho al trabajo o la libertad de escoger profesión u oficio. || En cuanto a la sanción de "exclusión" del literal d) del artículo 63 del decreto 196 de 1971, estima esta Corte, que dicha norma obedece al desarrollo de un deber constitucional, no vulnera los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio, aparte de que ella no tiene un efecto absoluto, sino relativo, pues el abogado excluido tiene el derecho a ser rehabilitado.] - [Palabras claves: ejercicio, derecho, profesión, sanción, decreto, corte, abogado, proceso, trabajo, corporación, exclusión, constitucional, magistrado, carta, profesional]

Litigio en causa propia o ajena por abogado inscrito - Examen de expedientes y actuaciones judiciales o administrativas por abogados - Demanda de inconmstitucionalidad contra los Artículos 46, 63 y 67 del Código de Procedimiento Civil; 153, 154 y 155 del Decreto 960 de 1970; 25, 26, 28 y 29 del Decreto 196 de 1971; 137 del Decreto 1333 de 1986, y 138, 149 y 150 del Decreto 2700 de 1991 - [Resumen automatizado: Las normas acusadas referentes a la exigencia de la calidad de abogado para intervenir en los procesos judiciales o actuaciones administrativas, obedecen al designio del legislador de exigir una especial condición de idoneidad -la de ser abogado- para las personas que van a desarrollar determinadas funciones y actividades que por ser esencialmente jurídicas y requerir, por consiguiente, conocimientos, habilidades y destrezas jurídicos, necesariamente exigen un aval que comprueba sus calidades, como es el respectivo título profesional.] - [Palabras claves: abogado, ejercicio, corte, derecho, exigencia, profesión, normas, legislador, procesos, constitución, personas, actuaciones, libertad, derechos, idoneidad, justicia]

El cargo de apoderado para la indagatoria del sindicado, cuando no hubiere abogado inscrito que lo asista en ella, podrá ser confiado a cualquier ciudadano honorable, siempre y cuando no sea empleado público - Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 138, 161, 322 (parciales), 148 y 355 del Decreto 2700 de 1991 "por el cual se expiden las normas de procedimiento penal", y contra el artículo 34 del Decreto 196 de 1971 - [Resumen automatizado: La inscripción se llevaba a cabo en los tribunales superiores de Distrito, hoy debe hacerse ante el Consejo Superior de la Judicatura; por tanto, la misma ley puede establecer excepciones a la mencionada regla y así, permitir que abogados no inscritos puedan participar en ciertas actuaciones judiciales como la defensa o el apoderamiento de las partes, pues, como se dejó dicho, para la Corte el artículo 29 de la Carta exige que en todo momento se garantice la presencia de un abogado pero no necesariamente éste ha de ser inscrito, como se puede exigir para los casos ordinarios distintos de los mencionados en materia penal.] - [Palabras claves: derecho, defensa, sindicado, decreto, constitución, abogado, penal, defensor, inciso, puede, corte, técnica, profesional, inscrito]

Sanciones disciplinarias - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 44-3-4, 62 y 63 del Decreto 196 de 1971 - [Resumen automatizado: El derecho al honor, a la intimidad y al buen nombre, no pueden constituir obstáculo alguno para que a través de procesos judiciales o expedientes administrativos seguidos con todas las garantías, se investiguen y sancionen conductas ilegales de los profesionales de cualquier especialidad, en este caso del derecho, pues el daño que a tales bienes se puede causar, no se origina en estos procedimientos, sino en la propia conducta, y ni la Constitución ni la ley pueden proteger al individuo contra la mala imagen, o el deshonor que nazca de sus propios actos. || - "La reincidencia en materia disciplinaria, indica que las sanciones impuestas han sido ineficaces, por ello se adopta tal criterio para que el abogado tome las precauciones correspondientes y consecuentemente actúe con mayor conciencia ética en su profesión, motivo por el cual el Estatuto aumenta de manera gradual la sanción, como medida coercitiva para que el sancionado doblegue su desinterés y falta de cuidado en el ejercicio de la profesión, todo ésto con el objeto de lograr una respuesta positiva en su conducta, como que la profesión que ejerce cumple una función social, según lo identificó la Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos".] - [Palabras claves: derecho, abogados, ejercicio, corte, abogado, sanciones, decreto, sanción, normas, profesión, ley, constitucional, publicación, materia]

Régimen disciplinario - Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 63 (literal d), 66 (numeral 2), 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 del Decreto 196 del 12 de febrero de 1971 - [Resumen automatizado: Manifiesta igualmente, que "al lado de la libertad que tiene toda persona para escoger el ramo de la actividad laboral de su preferencia, está el artículo 26 de la Constitución, que contiene la prerrogativa del legislador en el sentido de exigir títulos de idoneidad y la obligación de las autoridades de inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones, y en el caso específico de la profesión de abogado, de conformidad con el artículo 256 de la Carta, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en el ejercicio de su profesión en la instancia que señale la ley, y no como lo afirma el actor, por los Honorables Magistrados de los Tribunales". || Por lo anterior, a juicio de esta Corte es constitucional el numeral 2) del artículo 66 del decreto 196 de 1970 que asignó la competencia disciplinaria en primera instancia a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial para sancionar las faltas cometidas por los abogados.] - [Palabras claves: proceso, ejercicio, profesión, artículo, derecho, constitución, abogado, oficio, abogados, normas, decreto, días, corte, función, magistrado, trabajo]

Constituyen faltas de lealtad con el cliente: adquirir del cliente parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 53, Numeral 6o., del Decreto 196 de 1971 - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional no se pronunciará sobre la constitucionalidad del inciso final mencionado por entender que, si bien el actor alega en contra de las sanciones allí consagradas diciendo que son penas imprescriptibles, lo hace tan solo en su vinculación con el numeral 6º objeto de la demanda y no con un carácter general aplicable a las demás conductas, no acusadas, previstas por la disposición. || El precepto legal en cuestión hace parte de un conjunto de disposiciones que tienen por objeto la reglamentación de una profesión en desarrollo del ya mencionado mandato contenido en el artículo 26 de la Constitución (39 de la Carta Política que estaba vigente cuando fue expedido), y se enmarca dentro del criterio según el cual el ejercicio de los derechos y las libertades está sujeto a la ley, ya que, como lo declaró reiteradamente la Corte Suprema de Justicia, "la libertad no es la incondicionalidad de la voluntad; el hombre en sociedad debe arreglar su voluntad a la ley, para hacer compatibles sus derechos con los de los demás.] - [Palabras claves: corte, norma, ejercicio, constitución, profesión, bienes, constitucionalidad, respecto, ley, legislador, la, derecho, objeto, el, abogado, interés, dentro, libertad]