La Corte Suprema Justicia es competente para adoptar reglamentos relativos a la suspensión de términos judiciales en el marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria. La Sala de Casación Laboral resolvió el recurso de reposición formulado con el fin de que se diera por oportunamente presentada la sustentación de un recurso extraordinario de casación, con fundamento en el reproche a la validez y legalidad de los acuerdos proferidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Laboral, correspondientes a la suspensión de términos judiciales, frente a las acuerdos adoptados en la misma materia por el Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que el recurrente consideraba que la Sala de Casación Laboral se atribuyó potestades que se encuentran por fuera de su órbita conforme a la ley. A juicio de la Sala, en virtud del principio de supremacía constitucional, "la potestad de estructurar los reglamentos de las corporaciones judiciales no puede soslayar las competencias constitucionales, puesto que ello está confinado, por la subordinación jerárquica, a la carta magna". Por tal razón, en ejercicio de la potestad consagrada en los artículos 235 (núm. 9) de la Constitución Política, y 17 (núm. 4) de la Ley 270 de 1996, la Corporación "expidió el Acuerdo n.°006 de 2002 […] cuyo artículo 15 expresa que, cada una de las Salas de Casación se dará su propio reglamento", y como quiera que, "las disposiciones denunciadas por la parte demandante, […] contenidas en los Acuerdos n.°1444 de 27 de abril de 2020, expedido por la Sala Plena de esta corporación, y 051 de 22 de mayo de 2020, expedido por esta Sala, encuentran su génesis en la Constitución Política, guardando armonía con los demás preceptos constitucionales que la integran, toda vez que a través de ella se reviste de autonomía a esta corporación para establecer su propio reglamento, sin perjuicio de las decisiones administrativas que adopte el Consejo Superior de la Judicatura para regular la prestación del servicio de justicia en las demás dependencias judiciales del territorio colombiano", la Sala resuelve no reponer el auto recurrido - [Resumen automatizado: Asimismo, adjuntó las respuestas dadas por las presidencias del Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Casación Civil y Penal, como la de la Sala Especial de Instrucción, a los derechos de petición presentados por el abogado Jorge Alberto Barrera Pineda ante estas dos corporaciones, tendientes a esclarecer la suspensión de los términos judiciales para dicha época. || Como fundamento del recurso de reposición, la parte demandante reprochó la validez y legalidad que revisten los acuerdos proferidos por la Sala Plena de esta corporación y la Sala de Casación Laboral, relativos a la suspensión de términos judiciales, frente a las decisiones adoptadas en la misma materia por el Consejo Superior de la Judicatura, ya que, a su consideración, esta dependencia judicial se atribuyó potestades que se encuentran por fuera de su órbita, conforme a la ley. || El numeral 9 del artículo 235 de la Constitución Política de Colombia, establece que la Corte Suprema de Justicia tiene la atribución de darse su propio reglamento; potestad que expresamente se encuentra encomendada a la Sala Plena de la corporación, conforme lo previsto en el numeral 4 del artículo 17 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, norma que además consagra que esta última deberá resolver los asuntos administrativos y jurisdiccionales que le correspondan.] - [Palabras claves automatizadas: constitución, reglamento, sala, norma, ley, corporación, corte, política, normas, parte, recurso, en, superior, constitucionales, reglamentos, validez, justicia]

El plazo para interponer la acción de revisión que establece el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no se suspende en virtud del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional mediante Auto 110 de 2013, ni en razón de la normativa de excepción expedida durante el Estado de Emergencia. "[A]corde con la legitimación por activa frente a la revisión de providencias judiciales prevista por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esta no recae en Colpensiones, a no ser que aquel fuera quien invocara el recurso extraordinario de revisión sustentado en la causal 1 del artículo 30 de la Ley 712 de 2001, lo cual no se aviene al caso. Luego, no existe ninguna razón atendible para considerar, como lo hace el delegado de la Procuraduría General de la Nación, que el término para formular la revisión frente a la sentencia […], ejecutoriada el 12 de junio de la misma anualidad, deba contabilizarse a partir del 11 de marzo de 2016, en que fue publicada la sentencia CC T-774-2015, que declaró superado el estado de cosas inconstitucionales, generado en el tránsito de la administración del régimen de prima media del ISS a Colpensiones. Tampoco es aceptable, que siguiendo el anterior presupuesto, el extremo máximo para formular la revisión, lo sea el 11 de marzo de 2021, y que como consecuencia de la declaratoria de suspensión de los términos judiciales a partir del 16 de marzo y hasta el 20 de junio de 2020, mediante los Acuerdos [expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura]; y a que el Gobierno nacional suspendiera los términos de prescripción y de caducidad previstos en las normas sustanciales o procesales, a través del Decreto Ley 564 del 15 de abril de 2020, deba entenderse oportunamente presentada la revisión de la providencia acusada, el 14 de mayo de 2021. Lo anterior por cuanto, […] esta Sala de Casación, en cumplimiento del Acuerdo 1444 de 27 de abril de 2020, emitido por la Plenaria de esta Corporación, expidió el Acuerdo 051 de 22 de mayo de 2020, a través del cual reexaminó, entre otros aspectos, el relativo a la suspensión de términos, los cuales se reanudaron desde la fecha en mención. Tal acto administrativo fue publicado en los distintos canales virtuales y de comunicación que dispone la Sala." - [Resumen automatizado: Se ha precisado por la Sala, que tratándose de las causales de revisión consagradas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que expandió la posibilidad de que se revisaran a toda clase de providencias judiciales, “[…] que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación”, su trámite será el establecido por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código, esto es, el procedimiento contencioso administrativo o el laboral, que para el caso lo sería los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 712 de 2001 (CSJ AL, ago.] - [Palabras claves automatizadas: sentencia, revisión, ley, debe, judiciales, mediante, sala, superior, términos, providencia, corte, mayo, dentro, proceso, término]

A la luz de la normativa de excepción, la falta de concordancia entre la dirección de correo electrónico indicada en el poder, y la información que debe reposar en el Registro Nacional de Abogados, impide reconocer las facultades del apoderado. "[S]ería del caso calificar el escrito de sustentación del recurso extraordinario de casación, de no ser porque para el reconocimiento de personería para actuar al profesional del derecho resulta ser un requisito necesario la inscripción del correo electrónico de notificación en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados -SIRNA-, conforme al inciso segundo del Artículo 5 del Decreto 806 del año 2020… Inscripción que, además, es obligatoria a las voces del artículo 31 del Acuerdo PSCJA20-11567 del 5 de junio de 2020. Sin embargo, como quiera que se constató que dicha dirección electrónica aún no se encuentra registrada en el aplicativo, no obstante los tres requerimientos que le hizo esta Sala a quien manifiesta actuar en representación de la parte recurrente en casación, no es posible reconocerle personería para actuar… Ahora bien, para mejor proveer, de acuerdo a lo establecido en el inciso 3 del artículo 5 del Decreto 806 de 2020, se requerirá a la entidad recurrente para que, en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente auto, remita el poder otorgado…, a través de la dirección de correo electrónico que tiene inscrita para recibir sus notificaciones judiciales, advirtiendo que, de no ser la misma dirección suscrita en su registro mercantil, se declarará desierto el recurso de casación"

Normativa de excepción que establece la ampliación del término establecido por ley para proferir el laudo, es inaplicable al arbitraje laboral por cuanto a este le resulta ajena la regulación del Estatuto Arbitral. "En materia laboral, los artículos 135 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 459 del Código Sustantivo del Trabajo delimitan expresamente la competencia del cuerpo arbitral a 10 días, prorrogables por las partes en conflicto o por el Ministerio del Trabajo -en el caso de los arbitramentos obligatorios-… Así, teniendo en cuenta que el referido término opera en días hábiles e inicia desde la integración del Tribunal, lo que en el caso de marras ocurrió el 4 de diciembre de 2020, se advierte que los 10 días hábiles se cumplieron el 21 de diciembre de 2020 y el laudo se profirió el 12 de enero de 2021… [L]a organización sindical pide considerar que el Tribunal de arbitramento se integró, sesionó y falló en medio de la pandemia por la Covid-19, época durante la cual los términos sufrieron modificaciones. Sobre el particular, cumple memorar que…, indudablemente la emergencia sanitaria trastocó el curso normal de los trámites arbitrales, pero ello no impedía al Tribunal proferir una decisión oportuna en este asunto, pues en lo que a este tipo de trámites respecta, la suspensión de términos operó del 16 de marzo al 28 de marzo de 2020, por cuanto en esta última data el Decreto 491 dispuso expresamente su continuidad por medios virtuales, y si bien amplió a 8 meses el plazo del artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, cabe recordar que tal plexo normativo es ajeno al arbitraje laboral, que se rige por lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el Decreto 1818 de 1998… En tal contexto, para diciembre de 2020 la suspensión de términos había sido levantada muchos meses antes, de manera que no hay justificación que avale la extemporaneidad del laudo. Por consiguiente, como los árbitros carecían de competencia para emitir la decisión, pues en el momento en que lo hicieron ya estaba vencido el plazo que les confiere la ley, y no hay evidencia de que las partes o el Ministerio del Trabajo consintieran su prorroga, aquella debe ser declarada inválida y sin efectos jurídicos, al haberse proferido con ausencia total de competencia" - [Resumen automatizado: En materia laboral, los artículos 135 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 459 del Código Sustantivo del Trabajo delimitan expresamente la competencia del cuerpo arbitral a 10 días, prorrogables por las partes en conflicto o por el Ministerio del Trabajo -en el caso de los arbitramentos obligatorios-, siempre y cuando la solicitud de prórroga se haga antes de expirar el plazo preclusivo que la ley le concede al Tribunal para pronunciar su fallo o el de una prórroga previa, pues de lo contrario el pronunciamiento carecerá de toda validez. || Con el propósito de conjurar los efectos adversos que implica para las relaciones laborales la anulación del laudo arbitral, se ordenará a La Nación – Ministerio del Trabajo que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, convoque e integre un nuevo Tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto colectivo entre la Universidad Autónoma del Caribe y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Vigilancia y Seguridad Privada – Sintravip.] - [Palabras claves automatizadas: días, diciembre, partes, tribunal, término, competencia, conflicto, plazo, términos, código, ministerio, artículos, árbitros, autónoma, caribe]

En materia laboral, las sentencias que resuelven el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia o la consulta, dictadas durante la vigencia de la normativa de excepción, deben ser notificadas por edicto. "[E]l decreto legislativo [806 de 2020], prevé una modificación transitoria al trámite de la segunda instancia en los procesos del trabajo…, y dado que nada se regló en torno a la notificación de las sentencias…, debe[n] ser divulgadas a las partes con respeto al debido proceso, a efectos de que puedan válidamente presentar los medios defensivos cuando fuere adversa tanto a las aspiraciones o como a las excepciones u oposiciones, que deben armonizarse con las formas propias de notificación señaladas en el orden jurídico procesal en materia del trabajo, vale decir, el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social con la modificación introducida por el artículo 20 de la Ley 712 de 2001. Ahora bien, como [en virtud de] la señalada disposición…, no es plausible notificar una sentencia por estado… [y], a contrario sensu, la notificación por edicto, sí corresponde a una modalidad de las formas autorizadas de notificación de las sentencias en materia del trabajo…, acudiendo al artículo 145 del estatuto procesal laboral…, resulta del todo innecesario recurrir a las normas del Código General del Proceso y abrirse paso el empleo del artículo 295… Por el contrario, resulta evidente que la forma de notificación por "edicto" es la más adecuada en estas particulares circunstancias y conforme a los artículos 40, 41 y 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social y en esa medida la Sala precisa, que las sentencias dictadas por escrito para resolver el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia o la consulta deben ser notificadas por edicto, en aplicación del numeral 3º del literal D del artículo 41 de la normatividad adjetiva en cita, durante la vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020" - [Resumen automatizado: En atención a los citados preceptos y a la prevalencia de los mecanismos digitales en el contexto de la pandemia, es claro que en forma provisional, el señalado Decreto Legislativo invierte la regla general ordinaria de la manera en que se deben proferir las sentencias en segunda instancia, por escrito, sin realizar la audiencia a la que se refiere el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y dado que nada se regló en torno a la notificación de las sentencias, resalta la Sala que el enteramiento de la señalada actuación procesal a los intervinientes debe cumplirse con respeto al «debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción» durante el periodo limitado de su vigencia. || Por el contrario, resulta evidente que la forma de notificación por «edicto» es la más adecuada en estas particulares circunstancias y conforme a los artículos 40, 41 y 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social y en esa medida la Sala precisa, que las sentencias dictadas por escrito para resolver el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia o la consulta deben ser notificadas por edicto, en aplicación del numeral 3º del literal D del artículo 41 de la normatividad adjetiva en cita, durante la vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020.] - [Palabras claves automatizadas: recurso, sentencia, sentencias, forma, proceso, casación, laboral, judiciales, decreto, manera, agosto, código, providencia, instancia]

Acción de tutela contra el Decreto 418 de 2020. Para esa Sala de la Corte, refulge con claridad la equivocación del peticionario al promover su acción por esta ruta con la pretensión de ventilar las inconformidades aquí vertidas, pues resulta diáfano que son otros los caminos a los cuales debe concurrir para perseguir válidamente las aspiraciones que promociona, y éstos en manera alguna son los que dispensa a todas las personas la acción de tutela del artículo 86 constitucional. Por ende, si no comparte la normativa gubernamental cuestionada, bien podría acudir a la acción de nulidad por inconstitucionalidad, en virtud de la competencia residual asignada al Consejo de Estado en el numeral 2 del artículo 237 de la Carta Política, o a las acciones de nulidad previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en las que puede exponer los argumentos que avalen la tesis propuesta en su demanda de amparo, además de que en las segundas tiene la posibilidad de solicitar a la autoridad judicial competente la suspensión provisional de los actos administrativos que lo afecten, y cuya procedencia puede darse de acreditar los requisitos allí previstos - [Resumen automatizado: Varias son las razones para desestimar la pretensión del accionante de que se aplique el «control constitucional por vía de excepción al Decreto 418 de presidencia», para que se ordene al presidente de la República el cierre de los aeropuertos, la adquisición e implementación masiva de las pruebas médicas para diagnosticar en el menor tiempo posible el COVID 19 y así también el confinamiento general de la población como medida preventiva a efectos de interrumpir la cadena de contagios, con el argumento de que, en su caso, la vida de su familia de su familia, integrada por su madre de 70 años y sus tres hijos menores de edad, se encuentra en riesgo de contraer la dicha enfermedad; y en cuanto al resto de la población, que no se han emitido las directrices pertinentes para contrarrestar la multiplicación del virus, y en su parecer no resulta lógico que mientras el alcalde de la ciudad de Ibagué sea diligente al proferir normas para evitar la exposición al contagio, el poder ejecutivo central las invalide «so pretexto de ejercer el monopolio del orden público», dejando en el «limbo» las políticas «(…) que con anterioridad había nacido a la vía jurídica (…)», desconociéndose de paso la autonomía de los gobernantes locales y dejándose a la intemperie la adopción de medidas para la preservación del estado de salubridad pública.] - [Palabras claves automatizadas: constitucional, derechos, acción, tutela, decreto, marzo, orden, sala, república, juez, corte, población, perjuicio, evitar, protección]

Ayudas económicas para abogados litigantes durante la cuarentena. Advierte la Sala que, en relación con las dos primeras súplicas, es decir, la atinente a la entrega de ayudas económicas y la implementación de los expedientes y firmas digitales, estas no pueden ser objeto de protección por esta vía ius fundamental, por hallarse configurada la situación descrita en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la promotora no ha elevado las correspondientes peticiones ante las autoridades competentes, a fin de que se adopten las medidas necesarias dentro del marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 y que ahora pretende por esta vía subsidiaria. Ahora, respecto a la solicitud de proferir «la ley que le dé vida jurídica al Colegio de Abogados profesión de la abogacía y la que examine la conducta y sancione las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión», la protección reclamada tampoco es procedente, por cuanto la «acción de tutela» no fue instituida como una forma con la que se pueda activar el aparato legislativo - [Resumen automatizado: Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, de la acción de tutela presentada por YUDDY MARITZA GÓMEZ BONILLA contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el CONGRESO DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DEL TRABAJO y el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, trámite al cual fueron vinculados la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y al MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. || En el presente asunto, se evidencia que la inconformidad de la parte recurrente, se circunscribe al hecho de que las autoridades nacionales y territoriales accionadas no han desplegado las actuaciones administrativas tendientes a garantizar sus derechos como abogada litigante y, en este sentido, solicita se ordene a las convocadas (i) implementar los mecanismos reales y efectivos para la provisión y entrega de ayudas económicas o compensación salarial, desde el 16 de marzo de 2020 hasta la fecha que se reestablezca el servicio de administración de justicia, (ii) implementar el expediente y la firma digital dentro de los procesos judiciales y (iii) proferir «la ley que le dé vida jurídica al Colegio de Abogados profesión de la abogacía y la que examine la conducta y sancione las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión».] - [Palabras claves automatizadas: ministerio, amparo, acción, tutela, ley, derechos, república, fundamentales, abogados, improcedente, en, justicia, mecanismo]

¿El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante al no remitirle el link de acceso a la audiencia de trámite y juzgamiento? Como quiera que con ocasión a la pandemía generada por el Covid-19 la rama judicial se vio en la necesidad de implementar los medios tecnológicos dispuestos por el Consejo Superior de la Judicatura, el juez como director del proceso está en la obligación no solo de programar las audiencias, sino también de poner a disposición de las partes los mecanismos necesarios para acceder a las mismas, esto es, remitir el link de ingreso a las diligencias que lo requieran, a través del medio más expedito para el efecto, pues de ello dependerá la asistencia de las partes y la materialización del pluricitado derecho al debido proceso. En esa medida, resulta obvio que el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín erró por omisión, al no envíar el link para acceder a la diligencia a la convocada - [Resumen automatizado: La Sala resuelve la impugnación que CONSTANTINO PIEDRAHITA PIEDRAHITA interpuso contra el fallo proferido el 22 de octubre de 2020 por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, dentro de la acción de tutela que la sociedad CDM INGENIEROS S.A.S. adelanta contra el JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad, trámite al cual fue vinculado el recurrente. || Al descender al sub lite, observa la Sala que el problema jurídico a resolver se contrae a dilucidar si el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín vulneró los derechos fundamentales del accionante al no remitirle el link de acceso a la audiencia de trámite y juzgamiento programada para el 20 de agosto de 2020. || Sobre el particular, es preciso advertir que la promotora censura la violación a sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, el primero de ellos contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política, prerrogativa que hace parte del Estado Social de Derecho y cuya finalidad es la búsqueda de que todos los procedimientos judiciales o administrativos se adelanten de acuerdo con las reglas preestablecidas, de tal forma que las actuaciones estén dentro del marco jurídico fijado previamente por el legislador, se eviten acciones arbitrarias y se asegure la efectividad y el ejercicio de los derechos que le asisten a los administrados.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, constitucional, derecho, proceso, justicia, audiencia, sala, trámite, ello, administración, forma, partes, si, así]

Improcedencia de la acción de tutela para ordenar la inclusión del covid-19 como enfermedad de origen laboral. Fácil es advertir que no es viable a través de las acciones de tutela proferir órdenes como las exigidas por los accionantes, toda vez que, con total independencia del Estado de Cosas Inconstitucional latente en las prisiones y en el Sistema Penitenciario y Carcelario nacional, que impiden la satisfacción de los derechos fundamentales de los internos, lo cierto es que no se aprecia una amenaza de los derechos fundamentales de un individuo o un grupo particular de personas no incluidas en el ECI o una deficiencia de las medidas adoptadas por la Corte Constitucional cuando declaró el citado estado para atender el asunto. De otra parte, respecto de la inclusión del COVID 19 como enfermedad de origen laboral para los funcionarios del INPEC y el reconocimiento de pensión de jubilación por actividad de alto riesgo, debe decirse que éste no es el mecanismo idóneo para la obtención de tales cometidos de orden general, impersonal y abstracto, dado que la acción de amparo constitucional se encamina es a la protección de derechos fundamentales amenazados o vulnerados de manera particular y concreta - [Resumen automatizado: La Sala resuelve la impugnación interpuesta por ANDREA MAGALI APONTE HERNÁNDEZ, en nombre propio y como representante de la asociación sindical SINTRAPECUN, Seccional Ibagué, contra el fallo proferido el 20 de mayo de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro de la acción de tutela que promovió junto con ALEX GONZÁLEZ TÉLLEZ, quién actuó en nombre propio y como representante de la asociación sindical SINSEP SECCIONAL IBAGUÉ, contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, el MINISTERIO DE TRABAJO, la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), la UNIDAD ESPECIAL DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), la ALCALDÍA DE IBAGUÉ, la SECRETARÍA DE SALUD de la referida ciudad, la DIRECTORA REGIONAL VIEJO CALDAS DEL INPEC, ARL POSITIVA, CONSORCIO PPL 2019 y FIDUPREVISORA S.A. || Indicaron que a pesar de que se anunció por el INPEC, el Ministerio de Justicia y la USPEC la realización de acciones, éstas no son suficientes para contener el contagio, ni proteger los derechos a la vida, dignidad, y salud de los trabajadores y la población privada de la libertad, por lo que han tenido que hacer recolectas para adquirir elementos de protección, por cuanto ni el INPEC, la USPEC, la ARL Positiva, ni la Dirección Regional del INPEC han brindado la atención que requiere la emergencia sanitaria que puede empeorar por la falta de apoyo del Gobierno y las autoridades administrativas, territoriales y judiciales.] - [Palabras claves automatizadas: funcionarios, elementos, inpec, libertad, ibagué, personal, medidas, acción, protección, derechos, salud]

Pago de las mesadas pensionales durante la emergencia sanitaria. En lo que respecta al medio utilizado para realizar aquel pago, reitera la Sala que el Gobierno Nacional implementó diferentes herramientas para ello, esto es, a través de (i) terceros autorizados, (ii) consignación a cuentas de ahorro, o (iii) en el domicilio de los beneficiarios. Sobre el particular, cumple indicar que si bien aquellos mecanismos imponen nuevos retos para los actores del Sistema de Seguridad Social, en especial la última de las opciones mencionadas, dada la capacidad logística que se requiere para ello, lo cierto es que tal circunstancia no puede utilizarse como excusa para la tardanza en el pago de las mesadas de los pensionados. De ahí que, si las administradoras de pensiones o las entidades financieras presentan inconvenientes para cancelar sus obligaciones por alguno de estos medios, deben informarlo de manera inmediata al pensionado y otorgarle una solución pronta y definitiva, a fin de que no se prolongue indefinidamente su pago, tal como sucedió en este caso - [Resumen automatizado: Informó que mediante el Decreto Legislativo 582 de 2020, el Presidente de la República implementó diferentes medidas para salvaguardar la vida y salud de los pensionados, entre estas, el pago de la mesada a través de (i) terceros autorizados, caso en el cual «no se requerirá poder o autorización especial presentada ante notaria o funcionario público, por parte del pensionado mayor de 70 años»; (ii) consignación en cuentas de ahorro, evento en el que el banco entregará «una tarjeta debito con el fin de que un tercero pueda realizar retiros directamente desde dicha cuenta», o (iii) en el domicilio de los beneficiarios «a través de una empresa transportadora de valores contratada por la entidad Administradora de Pensiones atendiendo la capacidad logística de la misma», siempre que sean mayores de 80 años de edad o cuenten con 70 años de edad y se encuentren pensionados por invalidez. || Es así, que por considerarlo procedente, esta Sala de la Corte modificará el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo impugnado, en el sentido de ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que, en el término de dos (2) días siguientes a la notificación del presente fallo, efectúe el pago de las mesadas pensionales correspondientes a los meses de mayo y junio en caso de que no lo haya realizado, así como las que se causen en lo sucesivo, a Raúl de Jesús Valdés Toro través de la cuenta de ahorros que aperturó en el Banco Popular S.A.] - [Palabras claves automatizadas: cuenta, pago, derechos, sala, domicilio, banco, fundamentales, entrega, través, encuentra, pues, años, edad, acción, mayo]

Acceso a la justicia durante la cuarentena. La accionante pretende por esta vía, abrir los despachos judiciales de forma virtual, con el fin de que se sigan adelantando los procesos que se tramitan en los mismos, y para ello, pide que se le solicite al Gobierno Nacional entregar “los recursos correspondientes” para esto. No obstante lo anterior, la Sala advierte que mediante Acuerdo PCSJA20-11546 del 25 de abril del 2020, el Consejo Superior de la Judicatura prorrogó la suspensión de términos del 27 de abril hasta el 10 de mayo hogaño, exceptuándose en cada jurisdicción diferentes actuaciones judiciales, con el fin de proteger los derechos y garantías de los sujetos procesales inmiscuidos en los trámites judiciales que se adelantan. De esta manera, salta a la vista que las autoridades cuestionadas están adelantando los trámites respectivos para prestar atención judicial a los ciudadanos del territorio nacional, de una forma prudente en la medida de lo posible, para proteger las garantías de los sujetos procesales sin descuidar la salud de los funcionarios, las partes y los apoderados de aquellos, por la emergencia de salubridad pública por la que estamos pasando - [Resumen automatizado: Dentro del término otorgado, el Ministerio de Justicia adujo que no se avizoran derechos fundamentales violentados por parte de las autoridades cuestionadas; resaltó que lo que la accionante pretende es que se adopten medidas por parte del Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura para adelantar los trámites judiciales, no obstante, manifestó que dichas peticiones no pueden ser procedentes por esta vía residual, pues para ello están los mecanismos idóneos para ello, por lo que solicitó que se le declarara improcedente la acción. || No obstante lo anterior, la Sala advierte que mediante Acuerdo PCSJA20-11546 del 25 de abril del 2020, el Consejo Superior de la Judicatura prorrogó la suspensión de términos del 27 de abril hasta el 10 de mayo hogaño, exceptuándose en cada jurisdicción diferentes actuaciones judiciales, con el fin de proteger los derechos y garantías de los sujetos procesales inmiscuidos en los trámites judiciales que se adelantan. || De esta manera, salta a la vista que las autoridades cuestionadas están adelantando los trámites respectivos para prestar atención judicial a los ciudadanos del territorio nacional, de una forma prudente en la medida de lo posible, para proteger las garantías de los sujetos procesales sin descuidar la salud de los funcionarios, las partes y los apoderados de aquellos, por la emergencia de salubridad pública por la que estamos pasando.] - [Palabras claves automatizadas: acción, derechos, judiciales, ley, vía, derecho, acuerdo, autoridades, mecanismo, manera, rama, sala, parte, tal, judicial, tutela, medidas, superior, consejo, pues, puede]