La falta de remisión del memorial a las demás partes del proceso a través del canal digital reportado, no conlleva la inadmisión del recurso interpuesto. "[E]n el caso objeto de estudio el recurso solo se encuentra encaminado a reponer la decisión en lo referente al tiempo que tiene la parte demandante para pronunciarse sobre el recurso de apelación propuesto por la entidad demandada, para lo cual manifestó que en momento alguno le fue notificado el recurso de alzada y, por ende, le resulta imposible ejercer su derecho de contradicción, en el término establecido por el despacho. Por lo anterior, es procedente indicar que el trámite del recurso de apelación se encuentra consagrado en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 […]. Del análisis de la norma en cita se concluye que esta no dispone el traslado del escrito de apelación a la contraparte; sin embargo, […] se debe afirmar que la parte recurrente debió enviar al demandante el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia […], simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado al tribunal, tal y como lo dispone el artículo 3 del Decreto 806 de 2020; sin embargo, analizado el correo mediante el cual se allegó el recurso se evidencia que este solo se envió al correo del tribunal. […] Por otro lado […], en cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 110 y 319 del CGP, la Secretaría de la Sección Segunda de esta corporación fijó en lista, por el término de 3 días, el recurso de reposición que es objeto de análisis; sin embargo, vencido el plazo señalado la entidad demandada guardó silencio. En atención a lo manifestado, se concluye que el demandante no tuvo acceso al recurso de apelación formulado por la parte demandada; no obstante, esa circunstancia no impedía que el Despacho admitiera la alzada, como lo hizo en el auto objeto de reposición, pues ni en el trámite de que trata el artículo 247 del CPACA ni en el artículo 3.º del Decreto 806 de 2020 se prevé que la consecuencia de la omisión de envío del memorial al correo electrónico de la contraparte constituya causal de inadmisión del recurso […]. En este punto, es oportuno aclarar que el actor fue debidamente notificado del auto por medio del cual el tribunal concedió el recurso de alzada y era esa la oportunidad en la que debió manifestar que la entidad demandada no le había enviado el escrito de apelación, máxime cuando, de conformidad con el numeral 3.º del artículo 247 del CPACA, el juez ante el cual se interpone el recurso es el que lo concede si "fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales" […]." - [Resumen automatizado: El 22 de septiembre de 2022, este despacho en atención a los artículos 243 y 247, numerales 3, 4, 5 y 6 del cpaca admitió el recurso interpuesto por el sena y le advirtió a la parte demandante que disponía hasta la ejecutoria de aquella providencia para pronunciarse en torno al recurso. || Consiste en determinar, en primer lugar, si el reparo formulado en el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante cumple con los requisitos establecidos en los artículos 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 318 del Código General del Proceso, si la respuesta al anterior interrogante es positiva, el despacho debe establecer si se incumplió por parte de la entidad demandada con el traslado al demandante del escrito de apelación en contra de la sentencia del 27 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. || No reponer el auto del 22 de septiembre de 2022, por medio del cual se admitió el recurso de apelación interpuesto por el sena en contra de la sentencia del 27 de enero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, de acuerdo con las razones esbozadas previamente.] - [Palabras claves automatizadas: recurso, apelación, parte, reposición, deberá, el, sección, sentencia, administrativo, entidad, decisión, despacho, segunda, término, providencia]

Entidades podían regular el retorno gradual y progresivo de los servidores públicos a sus sedes de trabajo, aun estando vigente la Emergencia Sanitaria generada por el COVID- 19, y sin que tuvieran que cumplir con el deber de información al público de los proyectos de regulación, por tratarse del ejercicio del ius variandi. "[E]l artículo 8 del CPACA instó a las autoridades a comunicar a la comunidad los "proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas". […] Bajo este escenario, se observa que los actos enjuiciados implementaron una política de administración del personal con base en el ius vairiandi y el poder de subordinación que le asiste al nominador. […] En este orden de ideas, el Departamento de Prosperidad Social actuó en ejercicio de una facultad discrecional para determinar el modo, lugar y jornada en los que los servidores desarrollarían las funciones inherentes a sus empleos. Además, estos aspectos no son pasibles de ser negociados, pues el artículo 10 del Decreto 160 de 2014 proscribe transacciones en torno a la "potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria". Por lo antes expuesto, se concluye que la entidad accionada no estaba obligada a publicar el proyecto del acto que pretendía materializar la potestad de subordinación y el ejercicio del ius variandi de los que gozaba frente a sus colaboradores. […] [E]l Gobierno nacional implementó variadas medidas, con la precisión de que serían revisadas conforme evolucionaran las circunstancias, como da cuenta la Directiva Presidencial 7 del 27 de agosto de 2020, que promovió el retorno gradual y progresivo de los servidores públicos a sus sedes de trabajo. En este contexto, se observa que la adopción gradual de la presencialidad gozaba de respaldo, puesto que había mejorado la capacidad de respuesta de las instituciones prestadoras del servicio de salud, habían disminuido los índices de mortalidad y persistía una necesidad de retomar las actividades sociales y comerciales para reactivar la economía. A su vez, en los actos acusados se establecieron medidas de bioseguridad para garantizar que no hubiera aglomeraciones en la sede de la entidad, se habilitaron jornadas flexibles […] y se les permitió [a los trabajadores] poner en conocimiento las situaciones particulares que les impidiera cumplirlas o que ameritaran tratamientos diferenciales. […] Igualmente, en el departamento demandado se encontraba vigente la Circular 17 del 30 de abril de 2020, que estableció el protocolo de bioseguridad […]." - [Resumen automatizado: El ordenamiento superior antes invocado estableció la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa con el fin de evitar los riesgos de contagio, afectaciones a la salud y fallecimientos derivados de la pandemia del COVID-19; sin embargo, las decisiones demandadas desconocieron estos mandatos y, en su lugar, ordenaron el retorno presencial de los servidores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de manera que se les expuso a desplazamientos y contactos innecesarios; además, se atentó contra la salubridad pública.2 || Este acto resolvió una petición elevada por varios servidores de la entidad demandada tendiente a i) obtener la revocatoria de la Circular 25 del 31 de agosto de 2020 y de la Resolución 01582 del 3 de septiembre de 2020 y ii) expedir «una reglamentación adecuada que dé cumplimiento a las normas que regulan la materia, bajo criterios de transparencia, eficiencia, igualdad, oportunidad y sobre todo bajo un enfoque de protección de los derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad física, la protección social, tanto de los servidores y contratistas, como de sus familias, comunidades y la población en general».] - [Palabras claves automatizadas: trabajo, actos, social, servidores, consejo, entidad, departamento, administrativo, servicio, en, condiciones, el, salud, agosto, públicos, servicios, sala]

Decreto Legislativo 417 de 2020 otorgaba competencia para ordenar la suspensión de términos en actuaciones administrativas. "[Q]ue el Decreto Legislativo 491 de 2020 ni la Resolución 08276 del 27 de diciembre de 2016 sustenten la competencia que habría ejercido la Policía Nacional […] no significa que no existiera en el ordenamiento jurídico otra disposición que justificara la suspensión de términos que se ordenó en dicho acto. En efecto, la Sala considera que la medida dispuesta en la instrucción objeto de estudio, desarrolló y tenía sustento en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, sin que fuera estrictamente necesario esperar a que el Gobierno Nacional dictara otra norma para disponer la suspensión de términos en los procesos disciplinarios. Lo anterior bajo el entendido de que la naturaleza del mencionado decreto no solo es la de ser declarativo del estado de excepción, sino que además goza del carácter de un verdadero decreto legislativo en cuanto cumple con la finalidad propia de estos actos, consistente en dar manejo a la situación de crisis y evitar la expansión de sus consecuencias adversas. En tales condiciones es preciso entender que el decreto declarativo del estado de excepción adopta las medidas señaladas en la parte considerativa para conferirles alcance de ley. Tratándose del Decreto Legislativo 417 de 2020, esta característica puede evidenciarse en su artículo 3 en cuanto dispone que el "[…] Gobierno Nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos […]". En armonía con ello, para lo que es objeto de discusión en el presente proceso interesa destacar que, en la parte considerativa de dicha norma, quedó plasmada la siguiente medida: "[…] Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus COVID-19 y de proteger la salud de público en general y de los servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de atención personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales […]". […] De acuerdo con lo expuesto, no se configura la causal de nulidad de falta de competencia respecto de la Instrucción [demandada] porque para esa fecha la facultad de suspender los términos de las actuaciones administrativas tenía sustento en el Decreto 417 de 17 de marzo del mismo año." - [Resumen automatizado: Señalaron que lo que hizo la Instrucción S-2020- 005922-INSGE-ASJUR-38.10 del 25 de marzo de 2020 al suspender los términos de las actuaciones disciplinarias adelantadas por la Inspección General, Inspecciones Delegadas y Oficinas de Control Disciplinario Interno del país, fue exceptuar la aplicación de normas ordinarias de rango legal, para lo cual el Inspector General de la Policía Nacional no tenía competencia pues, para esa fecha, el Gobierno Nacional no había permitido aún que las autoridades administrativas adoptaran medidas de tal naturaleza. || Los actos administrativos demandados se expidieron en el marco de la situación de emergencia causada por la Covid-19, de allí la importancia de que, previo al estudio de los problemas jurídicos que deben resolverse en el presente proceso, se identifiquen las decisiones judiciales que hayan podido proferirse en desarrollo del medio de control inmediato de legalidad (CIL), así como su eventual impacto en relación con el sub examine. || Tesis de la Sala: El Decreto 417 del 17 de marzo de 202021 era fundamento suficiente, en materia de competencia, para que a través de la instrucción demandada se suspendieran los términos de las actuaciones disciplinarias en los procesos adelantados ante la Inspección General de la Policía Nacional, Inspecciones Delegadas y Oficinas de Control Disciplinario Interno del país.]

La falta de acreditación del recibido de la copia de la demanda por parte del demandado no es causal de rechazo de la misma. "De acuerdo con la norma [D. 806 de 2020 art. 6], […] la exigencia contenida en el precitado artículo no contempla como obligación del demandante aportar el recibido de la demanda por parte del demandado, pues se insiste, la norma solo hace referencia a que se debe acreditar el "envío físico" de la demanda con sus anexos, si los tuviere, a la contraparte. Bajo el anterior contexto normativo, con la decisión recurrida se afectaría su derecho de acceso a la administración de justicia, pues si bien, la demanda puede ser inadmitida con el fin de que sean corregidos sus defectos, imponer al demandante al momento de presentar la demanda o su subsanación una carga adicional que no está contemplada en la normatividad, so pena de rechazo, es equivocado. […] Además, el Tribunal […] podía, al momento de proferir el auto admisorio, a través de la Secretaría, notificar de la demanda, la subsanación y sus anexos al demandado, pues ello también hace parte de sus atribuciones como director del proceso. [… E]l hecho de que el demandado no haya recibido copia de la demanda, de su subsanación o de sus anexos, por medio del correo físico enviado por el demandante como lo contempla el decreto, no es razón suficiente para disponer su rechazo; por el contrario, esta falencia puede subsanarse a través de la notificación que se haga de la providencia que admita el medio de control. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala encuentra que en el sub lite no se configuró la causal de rechazo de la demanda, fundada en que el actor no la subsanó dentro del término concedido para el efecto. Esta decisión materializa los principios pro actione y pro damato, los cuales permiten al juez interpretar de manera más flexible las normas procesales en aras de garantizar la finalidad que ellas persiguen, esto es, el acceso a la administración de justicia y la primacía de los derechos sustanciales (artículo 228 de la Constitución Política)." - [Resumen automatizado: (…) el hecho de que el demandado no haya recibido copia de la demanda, de su subsanación o de sus anexos, por medio del correo físico enviado por el demandante como lo contempla el decreto, no es razón suficiente para disponer su rechazo; por el contrario, esta falencia puede subsanarse a través de la notificación que se haga de la providencia que admita el medio de control. || iii) Como se observa, la exigencia contenida en el precitado artículo no contempla como obligación del demandante aportar el recibido de la demanda por parte del demandado, pues se insiste, la norma solo hace referencia a que se debe acreditar el envío físico de la demanda con sus anexos, si los tuviere, a la contraparte. || iii) Como se observa, la exigencia contenida en el precitado artículo no contempla como obligación del demandante aportar el recibido de la demanda por parte del demandado, pues se insiste, la norma solo hace referencia a que se debe acreditar el envío físico de la demanda con sus anexos, si los tuviere, a la contraparte.] - [Palabras claves automatizadas: demanda, parte, norma, sala, debe, proceso, derecho, administrativo, medio, administración, anterior, providencia, acceso, juez, justicia, cumplimiento]

El Consejo de Estado le ordenó al Consulado de Colombia en Asunción (Paraguay), a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y a la Aeronáutica Civil tomar medidas que le permitan a un connacional diagnosticado con VIH, que se encuentra confinado en Paraguay por las medidas de contingencias decretadas por el COVID-19, retornar al país a través de un vuelo humanitario. El afectado señaló que la imposibilidad de retornar al país amenaza su salud, fue diagnosticado con VIH y no cuenta con los medicamentos suficientes que requiere consumir de manera diaria para proteger su sistema inmunológico. Se le amparo constitucional solicitado. Sostuvo que, si bien no se puede concluir que al accionante se le haya afectado su derecho a la libre locomoción, es necesario proteger su derecho a la vida, en conexidad con la salud, se le deben suministrar medicamentos de manera diaria y que el Consulado ha debido tener en cuenta esta situación cuando gestionó el envío de las medicinas al demandante. Concluyó que el protocolo adoptado por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia para procurar el retorno de nacionales y residentes en el país que se encuentren por fuera del Colombia durante la pandemia no es suficiente para garantizar la protección que requiere este ciudadano. De ahí que la Alta Corte ordenó a las entidades demandas proteger el derecho a la salud del accionante, e incluirla en un listado de pasajeros de vuelo humanitario que se realice desde Asunción, previa coordinación entre autoridades de Colombia y Paraguay

El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deben actuar de manera coordinada para hacer efectivo el pago de los subsidios creados para los hogares en situación de vulnerabilidad debido al COVID-19. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia. En atención a lo anterior, el Presidente mediante Decreto 417 de 2020, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. De lo anterior, esta Sala extrae que la labor de creación de la Base Maestra de Información para los beneficiarios de Ingreso Solidario la realiza el Departamento Nacional de Planeación con la información que repose en el Sisbén y en los registros de las entidades, entre ellas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo cual la orden de tutela dictada por la primera instancia es clara en manifestar que el pago debe realizarse de manera coordinada entre quien ordena el gasto y quien realiza la lista. En este orden de ideas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe cumplir las funciones que la ley y los reglamentos dispongan para lograr la efectividad del amparo constitucional otorgado a la accionante, y de igual modo el Departamento Nacional de Planeación deberá actuar según su competencia, sin que se le impongan trabas administrativas adicionales a la señora U.R. y a su hija menor de edad

La Sala rechaza el medio de control inmediato de legalidad sobre la Resolución 604 del 16 de marzo de 2020, suscrita por el director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), por la cual "se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública", debido a que la misma fue emitida antes de ser expedido el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo del mismo año, por medio del cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica. Aclaró la Corporación, que a pesar de que la Resolución 604 del 16 de marzo de 2020 está relacionada con la adopción de medidas en la CAM respecto de la enfermedad covid-19, no se enmarca dentro de las medidas de carácter general en ejercicio de la función administrativa que son dictadas en el marco del estado de excepción, pues este fue expedido antes de que la emergencia económica, social y ecológica fuera declarada; en consecuencia, rechazó el medio de control

Control inmediato de legalidad. El Consejo de Estado determinó que todas las medidas administrativas de carácter general que se hayan expedido a partir de la declaratoria de emergencia originada por el coronavirus serán objeto de control inmediato de legalidad, sin necesidad de que se interponga demanda. Aun cuando la medida bajo estudio hubiera sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, la jurisdicción ejercerá el control inmediato que le ordena la ley, con el fin de examinar la legalidad de la determinación mientras esta estuvo en vigencia. Implica que decretos, resoluciones, circulares y demás actos de la administración que hayan expedido las autoridades a partir del 17 de marzo, cuando se decretó la emergencia, serán objeto de este juicio de legalidad, a pesar de que hayan sido dictadas en el marco de las facultades ordinarias de cada entidad. Adicionalmente, el Consejo de Estado advirtió que los plazos regulares para el ejercicio del control inmediato de legalidad podrían derivar en actuaciones judiciales tardías, por lo que estableció que, en caso de ser necesario, el juez contencioso puede impartir las medidas cautelares a que haya lugar, sin que exista una petición previa, como lo exige la regla regular. Además, dentro de los 10 días de haberse publicado el aviso sobre el control al respectivo acto administrativo, cualquier ciudadano podrá solicitar la medida. Con estos argumentos, la corporación judicial rechazó su competencia para efectuar control automático de legalidad sobre un memorando por medio del cual los cónsules y encargados de funciones consulares recibieron información sobre medidas de control establecidas para prevenir la COVID - 19 en Colombia. Según el Consejo de Estado, no era procedente adelantar este juicio, debido a que el acto administrativo fue expedido el 25 de febrero, 21 días antes de que fuera declarado el estado de emergencia