No son nulos los actos administrativos expedidos por la DIAN durante la suspensión de términos decretada en el marco del estado de emergencia. "En el concepto de la violación de la demanda, la actora sostuvo que la resolución del recurso de reconsideración estaba viciada de nulidad por falta de competencia temporal. La actora formuló este cargo con fundamento en que, para la fecha en que se expidió la resolución del recurso (17 de abril de 2020), el Director de la DIAN había suspendido los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, lo cual incluía el término de 1 año para resolver el recurso de reconsideración, previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario. […] En opinión de la Sala, la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas no implicaba la correlativa suspensión de las funciones constitucionales y legales de la DIAN, entre ellas, la de resolver los recursos de reconsideración presentados por los administrados, antes de la expedición de la [Resolución Nro. 0030 del 29 de marzo de 2020, "Por la cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"]. Es importante precisar que aquella se refirió, única y exclusivamente, a los términos de las actuaciones administrativas, esto es, a los plazos con que cuenta la Autoridad tributaria para notificar sus decisiones y los administrados para presentar recursos, oponerse a las pruebas recaudadas contra ellos y aportar nuevas. La suspensión de los términos en mención no significaba entonces que la Administración no pudiera, en ese periodo, proyectar o expedir sus decisiones, pues ello era igual a considerar que la DIAN debía cesar en sus funciones, todo lo cual hubiese sido contrario a la Constitución y a los principios que rigen la función administrativa. Tan cierto es que esa suspensión no implicó que la DIAN no pudiera seguir expidiendo actos administrativos y, en especial, aquellos mediante los cuales se resuelven los recursos de reconsideración, que la Administración implementó el trabajo en casa para sus funcionarios, tal y como lo dijo el Tribunal en la sentencia impugnada. Por estas razones, resulta claro para la Sala que, durante el término de la suspensión, la DIAN era competente para expedir actos administrativos, cosa distinta es que no pudiese notificarlos. En ese sentido, la Sala estima que la resolución del recurso acusada no está viciada de nulidad por falta de competencia temporal." - [Resumen automatizado: Expuso que los actos administrativos acusados se expidieron de forma irregular, sin competencia y con falsa motivación, puesto que no se tuvo en cuenta que su declaración de renta había adquirido firmeza el 18 de julio de 2018, pues para esa fecha no había sido notificado en debida forma el requerimiento especial, esto es, de conformidad con el artículo 564 del Estatuto Tributario. || Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la nulidad de los actos administrativos acusados, mediante los cuales la DIAN modificó la declaración de renta del año gravable 2015 de la actora y le impuso la sanción por inexactitud. || Finalmente, respecto al cargo de nulidad por indebida notificación de la liquidación oficial de revisión, la Sala evidencia que, en la demanda, la apelante lo incluyó en el acápite de los hechos y que lo fundamentó, de manera general, en que a su parecer, el aviso mediante el cual se comunicó ese acto administrativo no fue publicado en la página web de la DIAN.] - [Palabras claves automatizadas: requerimiento, dirección, especial, acto, aviso, sala, julio, administrativo, estatuto, recurso, parte, términos, correo, administrativos, procesal]

Efectos retroactivos de la sentencia de constitucionalidad C-293 de 2020 conducen a declarar la nulidad parcial de la doctrina de la DIAN sobre los elementos del impuesto solidario por el COVID 19. "Los efectos retroactivos dispuestos para la declaratoria de inexequibilidad de la norma creadora del impuesto solidario, junto con la de aquéllas que regularon sus elementos esenciales, da cuenta de la inaplicabilidad de las mismas desde el momento en que entró a regir el Decreto 568 de 2020 y, por tanto, de la carencia de fundamento jurídico del Concepto 100208221-469 del 23 de abril de 2020, en cuanto se fundó en las disposiciones declaradas inexequibles. No obstante, se precisa que si bien el estudio del concepto acusado partió del análisis propuesto por la demandante sobre la imposición obligatoria del impuesto solidario por COVID - 19 para trabajadores públicos, cuyo fundamento desapareció del mundo jurídico con la declaratoria de inexequibilidad con efectos retroactivos de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Decreto Legislativo 568 de 2020, por parte de la sentencia C-293 de 2020, se advierte que dicho fallo también declaró la exequibilidad de algunos artículos desarrollados en el concepto demandado; en concreto, en el capítulo V del mismo denominado "OTROS ASPECTOS", cuyo contenido no será objeto de anulación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la declaratoria de exequibilidad de las normas en que sustentó el capítulo V señalado, trae implicaciones en el tributo recaudado de forma voluntaria, en los agentes de retención, en las consecuentes facultades de fiscalización, determinación y demás reglas procedimentales previstas en el ET. En ese orden de ideas, en aplicación del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, la Sala anulará los apartes del Concepto 100208221-469 del 23 de abril de 2020, que desarrollaron los artículos 1 al 8 del Decreto 568 de 2020 -declarados inexequibles-, excluyendo de tal decisión el Capitulo V del acto demandado que, como se indicó, se fundó en normas declaradas exequibles por la Corte, para lo cual se declarará la nulidad parcial de dicho concepto." - [Resumen automatizado: Conforme a la adecuación de trámite dispuesta por el Auto del 14 de julio de 20201 y en ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, corresponde a la Sala decidir sobre la nulidad parcial del Concepto 100208221-469 del 23 de abril de 20202, que instruyó a los agentes de retención del impuesto solidario por el COVID 19, sobre la aplicación del Decreto Legislativo 568 de 20203, con los siguientes señalamientos: || Aplica para todos los efectos del Decreto Legislativo cuando éste hace referencia al concepto de salario, por lo que las disposiciones en relación con sujetos pasivos, hecho generador y base gravable, entre otros, deben someterse a dicha definición. || La base gravable del impuesto solidario por el COVID 19 será, según corresponda, el valor del pago o abono en cuenta del salario definido en el punto I de este documento, de los honorarios y del pago pensional, mensual periódico, de 10 millones o más menos el primer millón ochocientos mil pesos de que trata el inciso 2 del artículo 5 del Decreto Legislativo 568 de 2020.] - [Palabras claves automatizadas: impuesto, decreto, legislativo, efectos, concepto, corte, trabajadores, aplicación, principio, salario, el, base, pago, derechos]

Niegan la nulidad de las normas que suspendieron los términos en los procedimientos tributarios, aduaneros y cambiaros de competencia de la DIAN y la UGPP. "La ley fue clara al autorizar la suspensión de términos para todas las actuaciones administrativas adelantadas por estas entidades [Decreto Legislativo 491 de 2020 art. 6], por lo que la suspensión general para todos los trámites se encuentra plenamente fundamentada. Para la Sala, la autorización para suspender términos en general parte de la base de que todos los trámites o procedimientos podían verse afectados por las circunstancias excepcionales que justificaron la declaratoria de emergencia sanitaria, pues a falta de una suspensión general de términos, los intervinientes en los mismos (contribuyentes, declarantes, funcionarios, terceros, peritos, etc.) podían verse forzados a poner en riesgo su salud con el fin de atender las diligencias o actuaciones propias de los procedimientos en que intervienen. Ante el riesgo generalizado, no había necesidad de examinar cada procedimiento en particular, o sus diferentes etapas, en la medida en que para todos los procesos y actuaciones era necesaria la participación de alguna de las partes o sus intervinientes, que afrontarían un riesgo de afectación en su salud que las medidas tomadas por el Gobierno nacional buscaban evitar de manera general. Por tanto, no se advierte una violación al principio de proporcionalidad en la suspensión de términos efectuada por las normas demandadas, como lo entiende la demandante, en la medida en que la situación que justificaba tal suspensión afectaba a todos los procesos por igual. […] En cuanto a la aplicación temporal de la suspensión de términos, se tiene que las propias disposiciones demandadas establecieron la extensión de la suspensión, de tal manera que hubiera suficiente claridad sobre la forma de reanudación de los términos […]. Con ello, se prevé cualquier dificultad en la aplicación de la suspensión de términos en los casos concretos, y se observa el principio de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso. Por último, no se advierte una vulneración al principio constitucional de igualdad, comoquiera que la suspensión de términos contenida en las resoluciones demandadas de manera general no impone condiciones diferentes o injustificadas sobre algún trámite concreto, ni sobre sus intervinientes, por lo que no hay ningún trato específico que vulnere el principio de igualdad." - [Resumen automatizado: Viviana García Vargas, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, solicitó que se declare la nulidad del artículo 1.º de la Resolución DIAN 022 del 8 de marzo de 2022; del artículo 8 de la Resolución DIAN 030 del 29 de marzo de 2020, y del artículo 1.º de la Resolución UGPP 385 del 1.º de abril de 2020, normas mediante las cuales se suspenden los términos en los procedimientos y actuaciones administrativas en materia tributaria, aduanera y cambiaria de competencia de la DIAN, y se suspenden los términos en los procesos de competencia de la UGPP. || En caso de que no se declare la nulidad, la demandante solicita “… que se expliquen las formas de aplicación de la susodicha suspensión para cada procedimiento de competencia de la DIAN y también de la UGPP considerando los términos establecidos en días, meses o años y las normas preexistentes a los textos impugnados aplicables a esta materia”. || La decisión de suspender los términos en los procedimientos y actuaciones administrativas en materia tributaria, aduanera y cambiaria de competencia de la DIAN, y en los procesos de competencia de la UGPP se tomó sin haberse analizado las actividades y procesos concretos objeto de suspensión, lo cual lesiona derechos y principios fundamentales como los de igualdad, seguridad jurídica y debido proceso.] - [Palabras claves automatizadas: términos, suspensión, actuaciones, administrativas, procesos, proceso, decreto, marzo, medida, social, manera, normas, la]

Reglas de transición para la implementación de la notificación electrónica en la DIAN son aplicables una vez finalice la emergencia sanitaria. "[E]l artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 […] no tiene vigencia indefinida porque el Gobierno Nacional estableció que solo será aplicado mientras esté vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social […]. De acuerdo con lo expuesto, el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 no derogó ninguna ley ordinaria que regule la notificación o comunicación de los actos administrativos, incluyendo los artículos 565 y siguientes del Estatuto Tributario, que establecen las formas de notificar los actos proferidos por la DIAN. Por lo anterior, la DIAN está habilitada para reglamentar los artículos 565 y siguientes del Estatuto Tributario para su adecuada ejecución una vez finalice la emergencia sanitaria […]. Ahora, como lo señaló la entidad demandada, el artículo 11 de la Resolución Nro. 000038 de 2020 no reglamentó el Decreto Legislativo 417 de 2020 […], ni el Decreto Legislativo 491 del mismo año […], sino las normas ordinarias contenidas en el Estatuto Tributario. Lo anterior implica que el artículo 11 de la Resolución Nro. 000038 de 2020 debe ser aplicado solo en estado de normalidad, esto es, cuando finalice la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social, según fue expuesto. En consecuencia, la norma objeto de controversia no pudo desconocer el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 porque tienen ámbitos de aplicación diferentes, en la medida que la norma superior invocada como violada, se reitera, solo es aplicada durante la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social. […] El demandante solicitó, como pretensión subsidiaria, que de negarse la nulidad del artículo 11 de la Resolución Nro. 000038 de 2020 se ordene su suspensión hasta que termine la emergencia sanitaria […]. Sin embargo, esta pretensión no es procedente en el medio de control de simple nulidad […]. En todo caso, como fue expuesto, las normas ordinarias que regulan la notificación electrónica por parte de la autoridad tributaria se encuentran supeditadas a que finalice la emergencia sanitaria por mandato del artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020." - [Resumen automatizado: En caso de no considerar este despacho que deba declararse la Nulidad del Artículo 11 de la Resolución 0000038 de fecha 30 de abril de 2020, solicito de manera respetuosa y conforme a los motivos expuestos que se DECRETE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del mencionado artículo desde su expedición y hasta tanto se de por superada la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección social»1. || Debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, el Gobierno Nacional ordenó mediante el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, la notificación electrónica de los actos administrativos durante la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social. || Luego del inicio de la vigencia de esta norma, la DIAN profirió la Resolución Nro. 000038 de 2020 que, en el artículo 11, reguló el régimen de transición para implementar la notificación electrónica y dispuso que los actos administrativos serán notificados de conformidad con las normas vigentes al momento de su expedición en dos eventos: i) cuando el acto a notificar haya sido remitido mediante servicio de mensajería especializada para su entrega o ii) cuando la autoridad tributaria haya remitido la citación para surtir su notificación personal del acto administrativo.] - [Palabras claves automatizadas: legislativo, emergencia, actos, administrativos, decreto, artículos, norma, transición, acto, la, administrativo, estatuto, nulidad, ministerio]

No se vulneran derechos fundamentales cuando se omite adelantar el trámite administrativo para solicitar la inclusión en un vuelo humanitario de repatriación. La Sala debe decidir si el a quo acertó al denegar la inclusión del señor (J.J) en un vuelo humanitario de emergencia entre Lima y Bogotá. La Sala advierte que el señor no realizó ninguna de las gestiones ni asumió ninguno de los compromisos previstos en el protocolo de regreso al país (Resolución 1032 de 2020). A juicio de la Sala, se trata de un procedimiento idóneo y eficaz, puesto que caracteriza las situaciones individuales de cada uno de los solicitantes y elabora listados para efecto de tramitar y programar los vuelos humanitarios. Asimismo, la Sala considera necesario resaltar la necesidad de respetar el procedimiento administrativo previsto para los vuelos humanitarios, por cuanto de este modo se garantiza el derecho a la igualdad de todas aquellas personas que requieren ejercer el derecho al regreso. Asumir un tratamiento preferencial frente al actor, derivaría en que se desconozca el derecho a la igualdad de las personas que sí se han sometido al trámite administrativo. Así las cosas, encuentra la Sala que, el a quo acertó al abstenerse de ordenar fuera incluido en un vuelo humanitario

El accionante interpuso acción de tutela solicitando agilizar autorización para un vuelo humanitario desde Houston a Bogotá. En criterio de la Sala, las entidades estatales demandadas (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Embajada de Colombia en USA, Consulado de Colombia en Houston, entre otros) actuaron dentro del marco de sus competencias, en cumplimiento a los lineamientos legales Decreto 439 de 2020, fundamentando su decisión de no autorizar lo solicitado, al encontrar que el vuelo que pretendía la aerolínea United Airlines, no era de los que pudiera considerarse humanitario dada la oferta comercial que hicieron en su momento de los tiquetes aéreos. Quien realmente vulneró los derechos del actor fue la aerolínea ya que con su actuar de pretender una oferta de vuelos para trasladar personas distintas a los 37 connacionales, incluido el actor, y buscar ser autorizado como vuelo humanitario, es una conducta que no podían pasar por alto las entidades, trayendo como consecuencia que el vuelo no se operara y que el actor, tuviera que quedarse más tiempo a la espera en Houston, carga que no tenía el deber de soportar. Los vuelos humanitarios en estas especiales circunstancias de la pandemia deben partir del agotamiento de un trámite en los términos del Decreto 439 de 2020, la Resolución 1032 de 2020 y demás disposiciones sobre el particular. La Sala confirmó el amparo, pero únicamente en relación con las obligaciones de ejecución a cargo de la aerolínea United Airlines y la determinación de que el vuelo se hiciera en las condiciones de salubridad indicadas en la Resolución 1032 de 2020, "por la cual se establece el Protocolo para el regreso al país, de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes permanentes, que se encuentren en condición vulnerable en el extranjero y se dictan otras disposiciones