Regulación sobre la notificación personal establecida en el Decreto Legislativo 806 de 2020 debe aplicarse en la notificación de los fallos de instancia proferidos en el trámite de la acción de tutela. "[L]a autoridad accionada incurrió en [el] defecto procedimental. Esto, por las siguientes razones. Primero, conforme a los artículos 1 y 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020, el régimen de notificaciones personales previsto por esta norma es aplicable a las notificaciones de esta naturaleza que se lleven a cabo en los trámites de tutela. Segundo, además de los objetivos globales y mediatos que persigue esta normativa (párr. 32), la aplicación de este régimen de notificaciones a las notificaciones personales surtidas en el trámite de tutela busca flexibilizar las exigencias procesales en el marco de la pandemia y racionalizar los trámites en el marco de los procedimientos judiciales. Estos fines son constitucionalmente importantes en el procedimiento de tutela. Tercero, la aplicación de las reglas de notificaciones del artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020 a la notificación personal de la sentencia de tutela no compromete la protección efectiva de los derechos fundamentales, habida cuenta del cumplimiento inmediato de este fallo. Cuarto, la Sala Plena ha dispuesto que las reglas del artículo 8 del mencionado Decreto Legislativo aplican a la notificación de los fallos de tutela, cuando esta se lleve a cabo por medio de notificación personal [Autos 587, 588, 1084 y 1085 de 2022]. Quinto, la aplicación de dichas reglas al trámite de notificación del fallo de tutela es, por lo demás, compatible con la jurisprudencia constitucional relacionada con la aplicación de las normas procesales generales al procedimiento de tutela. Por último, al aplicarse el artículo 8 del referido Decreto Legislativo en el caso sub examine, la Sala constata que la impugnación interpuesta por los accionantes en contra de la sentencia de 22 de octubre de 2020 fue oportuna. […] [E]l magistrado sustanciador incurrió en defecto procedimental. Esto, por cuanto inobservó, sin justificación razonable y suficiente, la regla procedimental prevista por el artículo 8 [inc. 3] del Decreto Legislativo 806 de 2020, para la determinación del momento en que fue notificada la sentencia […]. Así las cosas, la Sala concluye que, al inaplicar la referida regla […], el magistrado sustanciador rechazó por extemporánea la impugnación presentada por los accionantes y, por consiguiente, pretermitió la segunda instancia del proceso de tutela." - [Resumen automatizado: En concreto, los accionantes argumentaron que la referida autoridad (i) carecía de competencia para rechazar la impugnación que ya había sido concedida por el juez de primera instancia, y (ii) no contabilizó el término dispuesto por el Decreto Legislativo 806 de 2020 para determinar el momento en el cual fue notificada personalmente la sentencia de primera instancia, por lo que concluyó, de manera errada, que el recurso de impugnación fue interpuesto por fuera del término legal. || El segundo, respecto a la posible configuración de los defectos orgánico y procedimental en las providencias judiciales mediante las cuales el consejero accionado rechazó, por extemporáneo, el recurso de impugnación. || En particular, la Sala Plena resaltó que el juez de tutela de segunda instancia es, por definición, competente para verificar su competencia en el marco del trámite de impugnación del fallo de tutela, esto es, para examinar si la impugnación fue interpuesta de manera oportuna. || REVOCAR la sentencia de 15 de diciembre de 2021, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que (i) revocó el fallo proferido el 9 de septiembre de 2021 por la Sección Segunda, Subsección A, del mismo órgano, y, en su lugar, (ii) negó la solicitud de tutela promovida por los accionantes contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.]

Las medidas sanitarias de aislamiento preventivo, y de condiciones especiales para el desarrollo de actividad física y ejercicio al aire libre, dirigidas a personas mayores de 70 años, proferidas en el marco de la pandemia de COVID-19, vulneraron los derechos a la igualdad, la libertad de locomoción y el libre desarrollo de la personalidad de dicha población. "[L]a Sala realizó, en primera medida, un juicio integrado de igualdad. […] [O]bservó que los accionantes tuvieron que soportar unas condiciones más severas al inicio de la pandemia (i) en cuanto al rango de tiempo que debían soportar la medida de aislamiento preventivo obligatorio; (ii) respecto de las actividades que podían desplegar mientras estuviera vigente dicho aislamiento, y (iii) frente a las condiciones que les impusieron para desarrollar actividad física y ejercicio al aire libre. Así, concluyó que, en efecto, se había configurado una afectación prima facie a la igualdad. Para verificar si dicho trato diferenciado vulneró o no los derechos de los accionantes, la Sala consideró apropiado, y de forma excepcional, acudir a un test de intensidad fuerte o estricta. Esto, por cuanto las medidas supusieron un impacto fuerte a los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de locomoción. Así, la Sala, primero, estableció que las medidas diferenciadas aplicables a los accionantes perseguían un fin constitucionalmente imperioso y eran medidas afirmativas. En efecto, con estas se pretendía proteger la salud y la vida de los actores y de la población en general. Segundo, encontró que estas eran efectivamente conducentes, habida cuenta de que el aislamiento y las condiciones limitativas impuestas para desarrollar algunas actividades reducían el contacto entre las personas y, por ende, prevenían la propagación del virus. Tercero, determinó que las medidas diferenciadas no eran necesarias para lograr la protección de los accionantes. Esto, porque la protección a la salud y la vida de los accionantes y de la población en general era posible a través de las medidas que fueron impuestas al resto de la población adulta, que eran menos drásticas, y porque no encontró que hubiese habido una razón suficiente que justificara la adopción de medidas específicas para los accionantes, como adultos mayores de 70 años. De esta manera, la Sala concluyó que el tratamiento diferenciado del que fue objeto los accionantes no fue constitucionalmente justificado, supuso un trato discriminatorio a la luz de la Constitución Política colombiana y significó una vulneración a sus derechos fundamentales." - [Resumen automatizado: LA CORTE CONSTITUCIONAL AMPARÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN, LIBRE DESARROLLO A LA PERSONALIDAD, IGUALDAD Y TRABAJO DE LOS ACCIONANTES, AL CONSIDERAR QUE ESTOS SE VULNERARON EN RAZÓN DE LAS MEDIDAS PARTICULARES ADOPTADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS CON EL FIN DE AFRONTAR LA PANDEMIA DE COVID-19 || Esto, por cuanto durante el periodo de tiempo en el que las medidas cuestionadas estuvieron vigentes, se produjo un daño definitivo y no actual a los derechos a la libertad de locomoción, libre desarrollo a la personalidad e igualdad de los accionantes y el derecho al trabajo en el expediente T-8.062.133. || En tercer lugar, como consecuencia de esta determinación y de conformidad con la jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional, la Sala Plena decidió emitir un pronunciamiento de fondo en el que valoró la tensión de derechos y principios que se dio con ocasión de las medidas que motivaron las acciones de tutela, por cuanto en el análisis de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales procede este tipo de estudio. || Finalmente, la Sala Plena dispuso prevenir al Gobierno Nacional para que en futuras ocasiones se abstenga de decretar medidas restrictivas de derechos con fundamento exclusivo en un criterio etario.] - [Palabras claves automatizadas: derechos, medidas, sala, corte, si, fundamentales, criterio, plena, administrativo, tutela, daño, marzo, libertad, sentencia, voto]

Protección del derecho a la educación en el marco de medidas de aislamiento social. "En primer lugar, [el Estado] debe procurar la continuidad en la prestación del servicio, así como su acceso efectivo en condiciones de igualdad y calidad. La jurisprudencia constitucional relativa a la accesibilidad del derecho a la educación, ha previsto que esta faceta prestacional tiene tres (3) dimensiones: no discriminación, material y económica. Estas a su vez exigen del Estado el cumplimiento de unas obligaciones específicas, como son: (i) asegurar que los servicios de educación estén debidamente cubiertos, lo que supone que deberá implementar las facilidades necesarias para que NNA puedan acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (ii) procurar condiciones efectivas de acceso y permanencia en el sistema educativo, en particular, respecto de quienes habitan en las zonas más remotas del territorio nacional, mediante la eliminación de todas las barreras y de todo tipo de discriminación en el ámbito de la educación; (iii) cumplir con los estándares de calidad y eficiencia en todos los niveles educativos -preescolar, básico y medio-; y, (iv) impedir que se involucione, eliminando todo obstáculo que pueda desincentivar el aprendizaje, incluso por encima de las limitaciones presupuestales. […] En segundo lugar, existe una obligación de desarrollar los ajustes que se requieran a efectos de adaptar la prestación de servicio educativo para que respondan a las condiciones de cada alumno. […] Esta exigencia se encuentra, a su vez, relacionada con la faceta de accesibilidad, y debe ser aplicada de manera prioritaria por el Estado respecto de la población en situación de vulnerabilidad que hubiese resultado afectada por las circunstancias extraordinarias o imprevistas que pudiesen ocurrir como la COVID-19. En tercer lugar, el Estado debe monitorear de manera constante los impactos que se generan en la población estudiantil como consecuencia de las circunstancias extraordinarias o imprevistas derivadas de la pandemia. […] [C]abe preguntarse cuál es el rol del servicio público de internet como condición para la materialización de los derechos al trabajo y la educación cuando el aislamiento social es la regla para la preservación de la salud pública. […] [L]a Sala Plena […] entiende que si bien no corresponde entender que su reconocimiento y garantía se encuentra ligada directamente a la faceta de accesibilidad del derecho a la educación, sí recae sobre el Estado el deber de procurar un aumento progresivo de la cobertura de este servicio." - [Resumen automatizado: ASÍ MISMO, ORDENÓ, EN CONSECUENCIA, AL GOBIERNO NACIONAL QUE, DE SER POSIBLE CON EL AUXILIO DE UNA COMISIÓN INTEGRADA POR EXPERTOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE SEIS (6) MESES, PRESENTE RECOMENDACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS HASTA LA FECHA, DE MANERA QUE ESTAS PERMITAN REDUCIR LA BRECHA QUE SE AMPLIÓ CON LA PANDEMIA EN MATERIA EDUCATIVA, A TRAVÉS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO, NIVELACIÓN DE CONTENIDOS, REDUCCIÓN DE LAS CIFRAS DE DESERCIÓN, Y FOCALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD EN LAS ZONAS DONDE HABITAN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD, ENTRE OTROS. || FINALMENTE, ORDENÓ AL GOBIERNO NACIONAL QUE, DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, FORMULE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE PANDEMIA, CATÁSTROFES O CALAMIDADES PÚBLICAS QUE PERMITAN ADOPTAR CON OPORTUNA ANTICIPACIÓN MEDIDAS PARA EVITAR Y RESOLVER PROBLEMAS EXCEPCIONALES QUE ALTERAN O AMENAZAN ALTERAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y DE ESA MANERA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN CUALQUIERA SEA EL MODELO EDUCATIVO APLICABLE EN PRESENCIALIDAD, VIRTUALIDAD O CUALQUIERA OTRO.] - [Palabras claves automatizadas: educación, nacional, niños, derecho, proceso, derechos, políticas, medidas, prestación, gobierno, educativo, servicio, bogotá, niñas, política, pública, parte]