Se afecta el derecho fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad que, en medio de la pandemia del COVID 19, no reciben los elementos de protección para evitar el contagio en los centros de reclusión. No existe evidencia alguna del suministro de elementos de protección como gel antibacterial, tapabocas, jabón y agua para la buena condición de salud de los reclusos, o siquiera, los reportes de las contrataciones suscritas para la compra y suministro de dichos insumos para atender la emergencia, en uso de las facultades conferidas por la Resolución 1274 de 25 de marzo de 2020. La Sala no desconoce las difíciles circunstancias que enfrentan las cárceles del país por el hacinamiento declarado, no obstante la autoridad penitenciaria nacional ha regulado el tratamiento que debe darse al COVID-19 al interior de las cárceles, de manera que, ante la ausencia de pruebas por parte de la autoridad competente de darles cumplimiento y ante la afirmación de los reclusos, justamente, frente al incumplimiento de los protocolos de aislamiento y seguridad, por la gravedad del asunto, en este caso se encuentra acreditada la amenaza inminente para el derecho fundamental a la salud. En el presente caso, queda pues demostrada la amenaza del derecho fundamental toda vez que, como se vio, existe un riesgo en la salud de estos. Se accede al amparo del derecho fundamental a la salud de los accionantes

Competencia para la entrega de elementos de protección para la población privada de la libertad. El Gobierno con el Decreto 546 de 2020 adoptó medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitoria en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19. El Ministerio de Salud y de la Protección Social expidió la Resolución 843 de 2020, mediante la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para el control del COVID-19 dentro de estos lugares, que distribuye diversas funciones referentes al proceso de suministro de dichos elementos ente el Inpec, la Uspec y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019. Por tanto, en virtud del principio de colaboración armónica entre las entidades públicas, son las llamadas a participar en todo proceso que supone la entrega de elementos de protección para la prevención y propagación del COVID-19. La Sala ordenó realizar una valoración de la condición médica del tutelante para determinar si era procedente aislarlo en un lugar especial dentro del penal. Finalmente se consideró que el suministro de elementos de protección para las personas privadas de la libertad en dicho establecimiento carcelario estaba a cargo del Inpec, la Uspec y del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019