[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente: || 2. Mediante Resolución Nº 5201705 de julio 17 de 2001, la Red de Solidaridad Social, Municipio de Pasto, Departamento de Nariño, resolvió no inscribir a la señora LILIA ENNA MELO MORALES en el Registro Nacional de Población Desplazada, y argumentó que la actora “no se encuentra[ba] en las circunstancias previstas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997, por cuanto no exist[ía] amenaza directa” (Fl 37 Cuad. || Por ello, encuentra el a quo que la actora, al solicitar la inclusión en el Registro Nacional de Población Desplazada en febrero de 2005, no cumple con el requisito legal del artículo 8º del Decreto 2569 de 2000 según el cual la declaración juramentada mediante la que se relatan los hechos que causaron la salida del lugar de habitación, "deberá presentarse por la persona interesada, dentro del año siguiente a la ocurrencia de los hechos que dieron origen al desplazamiento".] - [Palabras claves: hechos, social, protección, nacional, desplazamiento, inscripción, solicitud, derechos, registro, condición, tutela, desplazado, situación, declaración]

[Resumen automatizado: El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, mediante fallo del 11 de agosto de 2004, concedió el amparo al derecho a la seguridad social de la accionante y ordenó a la entidad accionada que en el término de cuarenta y ocho horas procediera a pagar la licencia de maternidad por ella reclamado, facultando al Seguro Social para repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema de Seguridad Social en Salud, el valor correspondiente a dicha prestación económica. || Así, a partir de la sentencia[7] en comento, para que el amparo constitucional sea viable, el pago de la prestación económica de la licencia de maternidad debe ser planteado ante los jueces de tutela durante el primer año de vida del niño. || [6] Previo a esta sentencia, la Corte sostuvo en su jurisprudencia el criterio según el cual, para que la afección al mínimo vital de la madre y el recién nacido generara amparo constitucional, era preciso que el pago de dicha prestación se planteara ante los jueces de tutela durante la vigencia de la licencia, es decir, dentro del término de los 84 días que establece la ley.] - [Palabras claves: licencia, tutela, pago, acción, derecho, constitucional, social, dentro, amparo, aportes, entidad, vital, económica, mínimo, parto, sala]