Decreto 126 de 2010, "Por el cual se dictan disposiciones en materia de inspección y control de lucha contra la corrupción en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se adoptan medidas disciplinarias, penales y se dictan otras disposiciones", declarado INEXEQUIBLE por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social - [Resumen automatizado: Que los hechos que sustentan la declaratoria de la emergencia social han desbordado, tanto la capacidad, como los mecanismos preventivos, sancionatorios v de naturaleza jurisdiccional de los que dispone el Sistema de Inspección, Vigilancia v Control -SIVC del sector salud, razón por la cual se requiere adoptar medidas extraordinarias y urgentes de carácter preventivo de recuperación de recursos y punitivas, con el fin de responsabilizar a quienes incurran en conductas fraudulentas, inseguras o ilegales; así como también, fortalecer la atención al usuario, el control al precio y adquisición de medicamentos y las actividades de inspección, vigilancia y control en la asignación, flujo, administración y gestión de los recursos del SGSSS;] - [Palabras claves: salud, recursos, decreto, medidas, general, social, control, precios, sistema, nacional, superintendencia]

Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 19 de la Ley 10 de 1990 y contra los artículos 192 (parcial), numerales 3 y 4 del 195 y 197 de la Ley 100 de 1993. Hospitales públicos, estructura administrativa - [Resumen automatizado: Los directores de hospitales del sector público o de las empresas sociales del Estado se regirán en materia salarial por un régimen especial que reglamentará el Gobierno Nacional dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente ley, teniendo en cuenta el nivel de complejidad y el presupuesto del respectivo hospital. || Manifiesta el accionante que el legislador, en los artículos acusados, excedió y transgredió varios postulados constitucionales, entre ellos el 189, numeral 13 y 305, numeral 5, toda vez que el nombramiento de los directores de los hospitales públicos o empresas sociales del Estado en todos los niveles territoriales está sometido a la terna que presente la junta directiva de cada hospital a la suprema autoridad administrativa territorial, para periodos fijos de tres años y removibles sólo por faltas disciplinarias con proceso previo. || Según el demandante, la Ley 100, en el parágrafo 2 del artículo 192, es inconstitucional en cuanto dispuso que mediante un régimen reglamentario expedido por el Gobierno Nacional se fijará el aspecto salarial de los directores de los hospitales públicos o empresas sociales del Estado de las distintas entidades territoriales.] - [Palabras claves: ley, entidades, públicos, sociales, empresas, salud, servicios, prestación, legislador, sector, estado, según]

[Resumen automatizado: El ciudadano JOSE ANTONIO GALAN GOMEZ, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, establecida en la Constitución Política de 1991, solicitó a la Corte la declaración de inexequibilidad de algunos apartes del artículo 30 de la ley 10 de 1990, "por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones". || Las entidades públicas de cualquier nivel administrativo que presten servicios de salud, aplicarán a sus trabajadores oficiales, en cuanto sean compatibles, los principios y reglas propios del régimen de carrera administrativa, y les reconocerán, como mínimo, el régimen prestacional previsto en el Decreto 3135 de 1968, todo, sin perjuicio de lo que contemplen las convenciones colectivas de trabajo. || La apoderada del Director del Departamento Administrativo de la Función Pública y Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, solicita a la Corte que declare ajustados a la Constitución los apartes acusados, ya que "tanto los empleados públicos como los trabajadores oficiales, en cuanto al ingreso, permanencia y retiro de las entidades del sector público, se encuentran regidos por ciertos principios y reglas generales que pueden ser aplicables, indistintamente, a unos y otros, con el fin de que el Estado garantice una eficiente prestación de los servicios públicos que tiene a su cargo".] - [Palabras claves: carrera, trabajadores, principios, administrativa, ley, oficiales, corte, constitución, régimen, servidores, pública]

[Resumen automatizado: La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz, y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || Según criterio del actor, la consagración genérica de niveles jerárquicos como cargos de libre nombramiento y remoción convierte en regla general una excepción constitucional, pues la Carta autoriza al legislador para que una vez se presenten condiciones especiales, establezca distinciones en la vinculación de determinados empleos de la función pública. || El Procurador General de la Nación (E), José León Jaramillo Jaramillo, rinde el concepto fiscal de rigor y solicita a la Corte que declare la exequibilidad de la expresión "y los de primero" e inexequibilidad del enunciado "y segundo nivel jerárquico", contenidos en el literal b) del numeral 2º del artículo demandado. || ESTARSE A LO RESUELTO por la Corte Constitucional en sentencia No. C-387 de agosto 22 de 1996, que declaró inexequible la expresión "y los del primero y segundo nivel jerárquico, inmediatamente siguientes", contenida en el literal b) del numeral segundo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990.] - [Palabras claves: nivel, corte, carrera, magistrado, administrativa, empleos, nombramiento, ley, salud, constitucional, segundo, jerárquico, libre, expresión]

Sistema Nacional de Salud, empleos de libre nombramiento y remoción - Cargo de carrera, criterio para determinarlo - Acción pública de inconstitucionalidad contra los literales a), b) y c) del numeral segundo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990 - [Resumen automatizado: La norma acusada quebranta los ordenamientos superiores, pues ella en lugar de hacer la clasificación y determinación concreta de los empleos que por vía exceptiva deben determinarse como de libre nombramiento y remoción, lo que hace es realizar una regulación genérica para darle el carácter de tales a todos los del primer nivel jerárquico inmediatamente siguientes al cargo de Secretario de Salud o Director seccional o local del Sistema de Salud, así como los del primero y segundo nivel jerárquicos, representantes de entidades descentralizadas, y los que correspondan a funciones de formulación y adopción de políticas, planes y programas y asesoría. || Señala por otra parte, que el artículo 26 de la Ley 10a de 1990 prevé los criterios para establecer hasta dónde debe llegar la carrera administrativa para el sector salud, y con base en ellos indica que el señalado es de los cargos aludidos en la demanda provienentes de son atribuciones en cabeza de los funcionarios que ejercen una labor eminentemente política, o que requieren de colaboradores de su más absoluta confianza para el logro de sus fines, los cuales por su naturaleza son incompatibles con el sistema de carrera, toda vez que sobre ellos descansa el programa político y administrativo del nominador y director designado para el efecto.] - [Palabras claves: carrera, nombramiento, libre, remoción, empleos, cargos, administrativa, funciones, sistema, nivel, pública, magistrado]

[Resumen automatizado: La intervención estatal sobre la medicina prepagada tiene un fundamento constitucional múltiple: uno general, que es la intervención del Estado en la economía y otros tres mucho más específicos: de un lado, ella es la expresión de la inspección y vigilancia de una profesión de riesgo social; de otro lado, por tratarse del servicio público de atención de la salud, el Estado mantiene la regulación, el control y la vigilancia de esta actividad y, finalmente, por la particular naturaleza de las medicinas prepagadas, puesto que en ellas se manejan recursos captados del público, estamos en presencia de una actividad de interés público sometida a la especial intervención del Gobierno. || Para la Corte, la constitucionalidad de este aparte resulta evidente, pues la medicina prepagada implica un ejercicio profesional que el Estado debe vigilar y hace parte del servicio público de salud, cuya inspección, vigilancia y control corresponde al Gobierno, conforme a la ley. || La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz, y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa] - [Palabras claves: intervención, salud, servicios, económica, cp, norma, público, libertad, corte, constitución, ley, servicio]

[Resumen automatizado: El sistema y el método para definir los expresados costos y beneficios, con base en los cuales habrán de ser fijadas las tarifas así como la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. || Cuando el Congreso, las asambleas y los concejos hacen uso del expediente previsto en el inciso segundo del artículo 338 de la Carta, están condicionados por la misma preceptiva superior y, por ende, no les es dado traspasar a otra autoridad de manera absoluta e incontralada la competencia para fijar tarifas de tasas y contribuciones. || El literal q) acusado, otorga al Ministerio de Salud la facultad para fijar tasas o derechos por la expedición de permisos, licencias, registros y certificaciones, con lo que resulta inconstitucional, toda vez que las tasas o derechos, deben ser fijadas por la ley, y sólo podría haber sido transferida la competencia para, una vez fijados, la autoridad determinará las tarifas correspondientes. || El literal q) acusado, otorga al Ministerio de Salud la facultad para fijar tasas o derechos por la expedición de permisos, licencias, registros y certificaciones, con lo que resulta inconstitucional, toda vez que las tasas o derechos, deben ser fijadas por la ley, y sólo podría haber sido transferida la competencia para, una vez fijados, la autoridad determinará las tarifas correspondientes.] - [Palabras claves: tasas, contribuciones, impuesto, tarifas, tasa, paz, ley, fijar, hacer, concepto, públicos, reparto, estado, carta, servicio, manera, sistema, carácter]