Se niega la suspensión provisional de los artículos 1, 4, y 6 de la Resolución 001692 del 23 de mayo de 2017, del Ministerio de Salud y Protección Social, "Por la cual se establecen los criterios para la compra centralizada, distribución y suministro de medicamentos para la hepatitis C crónica y el seguimiento a los pacientes diagnosticados con dicha patología". No puede concluirse que por el hecho que se haya omitido el trámite previsto por el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, esto es, solicitar a la SIC que rindiera concepto sobre esta materia, pudiera desprenderse que los artículos demandados afectara la libre competencia, máxime cuando en el mismo acto se explicó que la medida adoptada tenía como propósito lograr la disminución de los precios de los medicamentos antivirales de acción directa para el tratamiento de las personas diagnosticadas con Hepatitis C crónica y facilitar el acceso de la población con precios inferiores que los recobrados al FOSYGA. El mercado de medicamentos es un mercado de carácter regulado, por lo que no resulta, en este estado del proceso, procedente pronunciarse sobre si el Ministerio de Salud debe observar el trámite previsto por el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, o si está exenta de tal requisito, precisamente como consecuencia de la materia a intervenir

Se decreta la nulidad de las expresiones "valor máximo de recobro" y "valor máximo a reconocer por el Fosyga" contenidas en las Resoluciones 649 de 22 de febrero de 2010 y 1265 de 13 de abril de 2010, en la medida que el Ministro de la Protección Social, desbordó la potestad reglamentaria al no tener competencia para establecer el precio máximo de los medicamentos recobrados al SGSSS por el Fondo de Solidaridad y Garantías, competencia que, para el momento de la expedición de los apartes acusados correspondía a la Comisión Nacional de Precios de los Medicamentos, reiterando la posición jurisprudencial fijada por la Sección Primera sobre este tema. Sobre el artículo 173 de la Ley 100, sobre la función asignada al Ministerio para la expedición de las normas administrativas, la Sala considera que las expresiones demandadas, no se orientan a reglamentar el procedimiento y los requisitos a los que se encuentran sometidas las EPS para que les sea reembolsado el dinero de los medicamentos suministrados por orden de tutela o de los comités técnicos- científicos que no se encuentran incluidos en el POS por parte del FOSYGA. La Sala observa que analizado el Decreto L. 128 de 2010 sustento de las resoluciones estudiadas, no suspendió ni modificó o derogó los artículos 173 de la Ley 100 sobre las funciones del Ministerio de Salud y el parágrafo del artículo 245 sobre las funciones de la Comisión Nacional de Precios de los Medicamentos, para atribuir dicha función al Ministro de Protección Social