[Resumen automatizado: Como resultado de la verificación de derechos de la adolescente se encontró lo siguiente: (i) a nivel psicológico y emocional: tenía claridad en cuanto a su voluntad de culminar su embarazo y asumir la maternidad; (ii) a nivel nutricional: tenía acceso a una alimentación con tres tiempos de comidas y un refrigerio sin lograr incluir todos los grupos alimentarios y se encontraba cercana al límite de bajo peso, razón por la cual se socializó un plan alimentario entregado el 14 de noviembre de 2019; (iii) valoración del entorno familiar, identificación de factores protectores y de riesgo: la madre SYAH y su compañero afectivo JHB, se constituyen en un factor de generatividad; (iv) la menor gestante se encuentra inscrita en el registro civil; (v) tiene vinculación al Sistema de Salud y Seguridad Social, concretamente, a la EPS de la Policía Nacional y su último control fue el día 29 de noviembre de 2019; finalmente, (vi) la adolescente contaba con vinculación al sistema educativo en la Institución Educativa Guillermo Gaviria Correa. || Corresponde a la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿el caso bajo estudio se encuadra dentro de alguna de las hipótesis previstas en la Sentencia C-355 de 2006 de modo que se pudiera llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo sin incurrir en el tipo penal de aborto previsto en el artículo 122 del Código Penal?, (ii) ¿puede entenderse que la orden de compulsar de copias a la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito de aborto, es una respuesta institucional acorde con el ordenamiento constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias en que se encontraba la menor de edad?] - [Palabras claves: embarazo, aborto, corte, derechos, salud, sala, delito, vida, noviembre, cuaderno, mujer, menor, tutela, orden, adolescente, general, nacional, acción]

[Resumen automatizado: El señor Jorge Iván Villamizar López, Defensor del Pueblo - Regional Amazonas, obrando como agente oficioso de la menor Amalia, presentó el 29 de octubre de 2015 acción de tutela contra Caprecom EPS, la Fundación Clínica Leticia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reclamando la protección de los derechos fundamentales de la referida menor a la interrupción voluntaria del embarazo (en adelante IVE), a la salud, a la integridad física y emocional, a la dignidad y el principio del interés superior del menor, a partir de los hechos que, conforme a su narración, pueden ser resumidos como sigue:] - [Palabras claves: derecho, embarazo, salud, tutela, hecho, sentencia, derechos, menor, interrupción, acción, parcial, decisión, parte, sala, edad]

[Resumen automatizado: De este modo, se ofició a las organizaciones Women´s Link Worldwide; al Centro de Derechos Reproductivos; a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres; a la Casa de la Mujer; a Profamilia; a la Fundación Oriéntame; a Sisma Mujer; a la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional; al Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes; al Grupo de Género, Subjetividad y Sociedad de la Universidad de Antioquia; al Centro de Investigación y Estudios Sociojurídicos de la Universidad de Nariño; y al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) para que aportaran sus consideraciones acerca de los estándares que deben contener los protocolos de acompañamiento psicológico para garantizar la protección de los derechos reproductivos de las menores de edad que se encuentran bajo custodia del ICBF, así como para facilitar que estas tomen una decisión autónoma e informada sobre la interrupción voluntaria del embarazo.] - [Palabras claves: derechos, edad, embarazo, derecho, interrupción, manera, corte, voluntaria, menor, información, atención]

[Resumen automatizado: Adicionalmente, y atendiendo a las consideraciones que ha efectuado la Corte Constitucional en casos como el presente, en el que se solicita la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en relación con la necesidad de crear condiciones que favorezcan el acceso a la justicia a las mujeres que se encuentran en esta situación y de proteger sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, en la parte resolutiva de esta sentencia se dispondrá también restringir el acceso al expediente a las partes del proceso y ordenar que tanto éstas como los jueces de instancia y la Secretaría de esta Corte, guarden estricta reserva respecto de la identidad de la parte actora en este proceso, so pena de las sanciones legales que correspondan por el desacato a orden judicial[1]. || Esa fue precisamente la consideración que se planteó, por ejemplo, en las Sentencias T-209 de 2008[29] y T-946 de 2008[30], en las cuales las Salas Novena y Tercera de Revisión de la Corte Constitucional indicaron que, en tanto las entidades de salud accionadas se habían negado a practicar el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo a las actoras, resultado de delitos contra la integridad sexual de los que fueron víctimas, y eso había tenido como consecuencia que ellas dieran a luz, ya no era posible emitir orden judicial alguna para retrotraer la situación, de manera que se estaba frente al fenómeno de la carencia actual de objeto por daño consumado.] - [Palabras claves: embarazo, salud, interrupción, procedimiento, mujer, voluntaria, acción, tutela, en, si, vida, corte, sala, médico]

[Resumen automatizado: El veintiuno (21) de septiembre de dos mil once (2011) la ciudadana Mónica del Pilar Roa López y otras 1279 mujeres[1] interpusieron acción de tutela para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales a la información, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la educación y a beneficiarse del progreso científico, además de sus derechos reproductivos, los cuales en su opinión han sido y continúan siendo vulnerados y amenazados por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y la Procuradora Delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez. || 26.- Con fundamento en los hechos narrados y en los fundamentos jurídicos resumidos, Mónica del Pilar Roa López y otras 1279 ciudadanas exigieron la protección de sus derechos fundamentales a la información, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la educación y a beneficiarse del progreso científico, además de sus derechos reproductivos, los cuales consideran han sido y continúan siendo vulnerados y amenazados por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, la Procuradora Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y la Procuradora Delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño, al emitir “pronunciamientos que [en su sentir] incluyen información inexacta o tergiversada, relacionada con los derechos reproductivos de las mujeres colombianas”.] - [Palabras claves: información, derecho, derechos, sentencia, salud, general, cuaderno, mujeres, corte, original, procurador]

[Resumen automatizado: En tercer lugar arguyó que "con anterioridad a esta acción la ciudadana AA no había solicitado al demandado Hospital Departamental, la interrupción de su embarazo; entonces, mal puede endilgarse una vulneración a derechos fundamentales por acción u omisión de la accionada (...) El Hospital Departamental del Meta con su actitud no amenazó si quiera los derechos fundamentales de la señora AA; pues es deber del paciente informar y solicitar que si caso sea atendido, procedimiento que no realizó la accionante (...) antes de acudir a la acción de tutela, debió acudir a su entidad prestadora de salud del régimen subsidiado agotando tales instancias, para que allí se le practicasen todos los exámenes y valoraciones sobre su situación clínica y médica, donde se hubiese determinado la practica directa del aborto por parte del Hospital si cumplía alguno de los requisitos o en su defecto, ahí si finalmente al no existir otro medio, acudir si a la tutela como mecanismo excepcional" (folio 45, cuaderno 1). || 2.- En atención a lo expuesto, esta Sala de Revisión debe determinar si el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. vulneró el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo de la señora AA al negarse a practicarle el procedimiento necesario para la misma al estar incursa, a su juicio, en una de las hipótesis en que ésta no es punible de conformidad con la sentencia C-355 de 2006 peligro para vida o la salud física o mental de la madre-.] - [Palabras claves: salud, sentencia, embarazo, mujer, vida, derechos, si, derecho, hipótesis, tutela, corte, cuaderno, mujeres]

¿Qué mandatos se derivan del contenido de la sentencia C-355-2006 de la Corte Constitucional, en materia de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres? ¿Qué consecuencias prácticas surgen para las EPSs, las IPSs y el personal médico que en ellas labora en cumplimiento de la sentencia C-355-2006? ¿Pueden los funcionarios judiciales declararse objetores de conciencia en desarrollo de sus funciones y, en consecuencia, abstenerse de resolver un caso que les haya sido asignado para su conocimiento, máxime cuando el mismo involucre la garantía de derechos fundamentales? Hecho superado y pertenencia del pronunciamiento en sede de tutela. Fundamentos constitucionales y jurisprudenciales de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y los supuestos específicos de interrupción del embarazo. Posibilidad de objeción de conciencia ejercida por autoridades judiciales. Poder vinculante de las sentencias de la Corte Constitucional. - [Resumen automatizado: El Procurador General de la Nación, mediante oficio No DP-1004 del 22 de agosto de 2006 solicitó al Dr. Héctor Manuel Lemus, Director del Hospital Simón Bolívar adoptar las medidas necesarias para que se materialice en el menor tiempo posible la decisión de una menor de 11 años de interrumpir el embarazo producto del delito de acceso carnal abusivo, previamente denunciado ante la Fiscalía, pues no puede negarse a realizar dicho procedimiento por razones basadas en creencias o principios, y tampoco en la ausencia de la publicación integral de la sentencia de la Corte Constitucional, corporación que precisó los efectos inmediatos de su pronunciamiento. || (a) No contar en su planta de personal con médicos dispuestos a prestar los servicios de IVE, bien porque los discriminan al momento de la contratación o porque ejercen sobre ellos presiones estando ya vinculados; (b) El ejercicio de la objeción de conciencia colectiva con fundamento en la cual todos los médicos de una entidad prestadora de salud suscriben escritos en algunas ocasiones individualmente y en otras de manera conjunta mediante las cuales se acogen a idénticas consideraciones en formatos o plantillas de adhesión;(c) La manifestación verbal a las mujeres que solicitan la práctica del procedimiento en el sentido de que este no se ofrece en sus instalaciones por ser contrario a su visión y misión institucional.] - [Palabras claves: embarazo, corte, salud, sentencia, conciencia, derecho, derechos, interrupción, objeción, libertad]

[Resumen automatizado: El 6 de enero de 2006, Carlos Mario Bolívar Ossa, actuando en representación de su esposa,[1] Adiela Orozco Loaiza, interpuso acción de tutela contra Coomeva EPS, por considerar que esta entidad desconoce sus derechos constitucionales a la vida y a la salud, al negarse a practicar la cirugía que según su médico tratante necesita (histerectomía abdominal) para tratar su grave afectación de salud (cáncer de matriz),[2] si no se cancela previamente el 80% del costo del servicio, pues aunque éste está incluido en el POS, la entidad alega que la accionante "no cumple con el período mínimo de cotización" exigido por la reglamentación.[3] Coomeva EPS mantuvo su respuesta negativa a pesar de que ella y su esposo carecen de los recursos económicos necesarios para poder costear la cirugía por su cuenta[4] y que solicitaron que se les diera un plazo para cancelar el monto.[5] Según relata el esposo de la accionante al Juez de instancia, él la afilió en calidad de beneficiaria cuatro meses antes de interponer la acción; antes de eso, cuando podía trabajar, estaba afiliada en calidad de cotizante.] - [Palabras claves: embarazo, salud, vida, sentencia, servicios, decisión, derechos, corte, dignidad, instancia, mujer, aborto, tutela, dicha]

[Resumen automatizado: Una vez la interrupción de un embarazo se solicita por la madre gestante, acreditando encontrarse en una de las circunstancias no constitutivas de delito de aborto, los profesionales de la salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud deben proceder a realizar el procedimiento IVE, (i) de manera oportuna, es decir dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud, de conformidad con la Resolución 004905 de 2006, proferida por el Ministerio de la protección Social; (ii) su atención será integral y con calidad; y, (iii) se hará con sujeción a las normas técnico- administrativas que expida el Ministerio de la Protección Social, las cuales serán de obligatorio cumplimiento, y mientras éstas se expiden, los prestadores están obligados al cumplimento de las normas del Decreto 4444 de 2006 que tienen como referente la guía "Aborto sin riesgo: Guía técnica y de políticas para sistemas de salud" de la Organización Mundial de la Salud (2003).] - [Palabras claves: salud, conciencia, embarazo, objeción, menor, interrupción, aborto, procedimiento, servicios, médico, derechos]