[Resumen automatizado: Corresponde a la Corte determinar si en el presente caso la Secretaría de Salud Departamental de Santander y/o la Alcaldía Municipal de Bucaramanga han desconocido los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la protección especial a los disminuidos físicos, síquicos o sensoriales y a la seguridad social de la señora Eufemi de Jesús García Grajales, en la medida en que no ha sido afiliada a una EPS-S que asuma de manera integral la prestación de todos los servicios médicos que requiere de manera urgente y permanente en razón a las graves enfermedades que la aquejan como son VIH, Tuberculosis Crónica TBC- y toxoplasmosis cerebral. || Ante este entorno fáctico, esta Sala de Revisión considera necesario reiterar su posición en relación con (i) el derecho fundamental a la salud y la protección especial frente a las enfermedades catastróficas o ruinosas; (ii) acciones afirmativas a favor de las personas indigentes, atendiendo a su especial condición de vulnerabilidad; (iii) el principio de universalidad frente a la afiliación al sistema de seguridad social en salud, atendiendo las especiales condiciones de vulnerabilidad de ciertos grupos marginales; y (iv) solución del caso concreto.] - [Palabras claves: salud, personas, bucaramanga, derecho, social, sentencia, servicios, atención, enfermedades, régimen, protección, corte, secretaría, condición, manera, especial]

¿Existe vulneración de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso administrativo, a la vida digna, al mínimo vital, y a la vivienda digna del actor en su condición de adulto mayor por parte del Municipio del Guamo al no haber sido incluido, para la fecha de interposición de la acción de tutela, en ninguno de los programas sociales adelantados por el Municipio para la protección del adulto mayor ni tampoco en el programa de mejoramiento de la vivienda rural.? Concedida. Administración municipal está obligada a proteger a la persona que ha tenido que abandonar su casa de habitación y predio, porque la misma es inhabitable, siendo los cultivos su único medio de subsistencia. Aunque la respuesta al derecho de petición es negativa, la entidad no queda excluida de orientar al peticionario sobre las alternativas con que cuenta (deber de solidaridad). Protección especial al adulto mayor en estado de pobreza extrema. Debe existir disponibilidad de recursos para financiar la protección al adulto mayor indigente. El Juez de Tutela puede ordenar la inclusión de alguien en un listado de protección cuando es ostensible que reúne requisitos para estar en el listado. Protección al derecho a vivienda digna. - [Resumen automatizado: El accionante, de 76 años de edad al momento de la interposición de la acción de tutela,[2] categorizado en nivel de pobreza SISBEN 1,[3] manifiesta que desde 1998 se ha dirigido a las autoridades municipales para solicitar su ingreso en los programas sociales que adelante el municipio del Guamo para las personas de la tercera edad, teniendo en cuenta que no recibe pensión alguna de la cual derive su sostenimiento, sus hijos no le pueden colaborar económicamente y uno de ellos se encuentra incapacitado para trabajar, y habitan en la zona urbana debido a que debieron abandonar su vivienda rural por las malas condiciones en la que se encontraba. || Copia de la comunicación del 21 de agosto de 1998 dirigida por el accionante al Alcalde del Municipio del Guamo, en la que solicita “se sirva vincularme o afiliarme en la condición de beneficiario en el programa REVIVIR y dentro del régimen subsidiado de salud”, considerando que “el suscritos es persona de pobre solemnidad, tengo la edad de 69 años cumplidos y he perdido más del 50% de la capacidad laboral, no tengo ningún ingreso y tampoco los recursos económicos para asumir las necesidades básicas de mi subsistencia, tampoco poseo bienes o finca raíz y convivo con mi familia, integrada por la señora María del Carmen Sánchez, y un hijo que está incapacitado para trabajar, según el certificado médico expedido por el médico del reclutamiento militar del Espinal Tolima, por tal motivo fue excluido para prestar el servicio miliar, y mi (…) [no legible] es muy inferior al salario mínimo mensual, y el trabajo (…) [no legible] es ocasional que no me permite subsistir”.] - [Palabras claves: vivienda, personas, derecho, programa, sala, tutela, derechos, salud, corte, protección, social, subsidio, persona, programas, mayor, condiciones]

[Resumen automatizado: Las personas de la calle merecen especial protección del Estado; parte importante de esa protección está determinada por su acceso al sistema de seguridad social en salud y, finalmente, los departamentos son unas entidades territoriales que también se encuentran vinculadas a la prestación de ese servicio. || Y ello es así incluso en aquellos eventos en que las personas de la calle no pueden cumplir los requisitos fijados en la ley para acceder al régimen subsidiado como personas vinculadas, pues, de no ser así, esto es, de excluir a tales personas del sistema por el incumplimiento de esos requisitos, el Estado estaría, no solo discriminando a esa población vulnerable, sino también negando su configuración como social de derecho. || 7. En las condiciones expuestas, entonces, las personas de la calle merecen especial protección del Estado; parte importante de esa protección está determinada por su acceso al sistema de seguridad social en salud y, finalmente, los departamentos son unas entidades territoriales que también se encuentran vinculadas a la prestación de ese servicio.] - [Palabras claves: salud, personas, servicio, calle, social, protección, servicios, actor, prestación, derechos, atención, parte]

[Resumen automatizado: La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Humberto Sierra Porto, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente: || En la Sentencia T-175 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó que es indispensable manejar un noción de vida y salud más amplia que la ordinaria- de salud- vida- muerte, y que corresponde a la que la jurisprudencia ha relacionado con el concepto de dignidad humana, al punto de sostener que la noción de Vida "supone un derecho constitucional fundamental no entendido como una mera existencia, sino como una existencia digna con las condiciones suficientes para desarrollar, en la medida de lo posible, todas las facultades de que puede gozar la persona humana; así mismo, un derecho a la integridad personal en todo el sentido de la expresión que, como prolongación del anterior y manifestación directa del principio de la dignidad humana, impone tanto el respeto por la no violencia física y moral, como el derecho al máximo trato razonable y la mínima afectación posible del cuerpo y del espíritu"[6]. || De conformidad con las consideraciones precedentes, esta Sala procederá a revocar el fallo proferido por el Juzgado Veintidós Penal del Circuito de Medellín, para en su lugar tutelar los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida en condiciones dignas y la integridad física del señor Jaime Edisón Tobón Giraldo.] - [Palabras claves: salud, derecho, régimen, seccional, vida, dignidad, dirección, personas, antioquia, atención, servicios, humana, sistema]

[Resumen automatizado: en el proceso de revisión de la sentencia del veinte (20) de agosto de dos mil tres (2003), proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Bello, que decidió sobre la acción de tutela instaurada por María Leticia Bilbao Ruiz, obrando en nombre de María Rocío Rodríguez, en contra de la Dirección de Aseguramiento de la Secretaría de Salud del Municipio de Bello. || La ciudadana María Leticia Ruiz, obrando en nombre de María Rocío Rodríguez -de quien afirma que “se encuentra impedida por su estado mental”-, interpuso acción de tutela el día treinta (30) de julio del año en curso en contra de la Dirección de Aseguramiento de la Secretaría de Salud del Municipio de Bello, por considerar que ésta, con sus acciones y/o omisiones había amenazado y/o vulnerado los derechos constitucionales fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad social de la señora Rodríguez. || Mediante auto del once (11) de agosto del año en curso, el Juez Segundo Penal Municipal de Bello decidió vincular como parte demandada al proceso de tutela de la referencia a CAPRECOM, argumentando que es ésta entidad la que debe prestar los servicios solicitados por la señora María Rocío Rodríguez.] - [Palabras claves: salud, dirección, tutela, acción, año, día, servicio, si, penal, juzgado, traslado, agosto]

[Resumen automatizado: Como se ha expuesto a lo largo de este fallo, las condiciones en que se encuentra el accionante no pueden ser peores y por ello, ante la orfandad en que se halla, y teniendo en cuenta que el Estado ha venido ampliando la cobertura del sistema de seguridad social en salud, ofreciendo a todas las personas la posibilidad de acceso a la salud, debe asumir en este evento, y de manera directa la responsabilidad que la misma Constitución le ha impuesto en su artículo 49, debiendo así garantizar los servicios de salud requeridos por el accionante. || Ahora bien, para garantizar la prestación y el suministro de los medicamentos ordenados al actor, la Secretaria de Salud Departamental, deberá dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, comunicar esta decisión al Hospital Ramón González Valencia de la ciudad de Bucaramanga, así como a las Secretarias de Salud de los diferentes municipios del Departamento y a todas aquellas instituciones privadas que tengan contrato con el Estado para la prestación de servicios médicos con cargo de los recursos a la oferta, para que presten la asistencia que requiera el señor Roberto Carlos Carreño Vargas en el momento en que éste lo solicite.] - [Palabras claves: salud, personas, servicios, bucaramanga, prestación, tutela, atención, actor, social, condición, manera, ciudad, derecho, médicos, indigencia]

[Resumen automatizado: Aunque la accionada no está obligada a recibir a todas las personas que le sean remitidas para institucionalización, es evidente que teniendo en cuenta la obligación del Estado de proteger a las personas en circunstancias de debilidad manifiesta a causa de su condición mental, como en el presente caso, donde la misma Beneficencia de Cundinamarca dictamina que la paciente tiene un "retardo mental severo, que requiere institucionalizarse", se genera para ésta un derecho con plena capacidad para exigir una atención inmediata por parte de las autoridades en defensa del derecho inalienable a la vida. || Añade que "el paràgrafo tercero del Art. 13 de la Constitución Nacional, establece: 'El estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (...)"; y agrega que: "el Estado, a través de la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA ha eludido sus compromisos al no recibir en su centro JOSE JOAQUIN VARGAS, a ISABEL GARCIA, quien requiere urgentemente de sus servicios, aún sin ser de Cundinamarca, pues el mismo artículo 13 de la Carta Fundamental no discrimina que para recibir protección estatal, se deba ser de un departamento u otro, por el hecho de ser nacional colombiano y ser humano, sin importar su estirpe o condición económica, se le deben respetar sus derechos y garantías".] - [Palabras claves: cundinamarca, salud, manifiesta, mental, personas, protección, atención, debilidad, física, tribunal, derecho, condición, obligación, vida, administrativo, circunstancias]