[Resumen automatizado: Por medio de auto del 21 de agosto de 2015 y ante la ausencia de material probatorio que logrará determinar las personas afectadas y las entidades responsables de la amenaza a los derechos fundamentales invocados, el magistrado sustanciador vinculó al Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y a la EPS Mutual Ser. || En el caso concreto, los jueces de instancia decidieron declarar improcedente la presente acción de tutela, por considerar que la defensora no había individualizado las personas cuyos derechos fundamentales se han afectado con la actuación de la alcaldía municipal de San Jacinto y la Secretaria de Salud del mismo municipio, al omitir proveer un servicio médico permanente en el corregimiento de Las Palmas; posición que no comparte la Sala Segunda de Revisión considerando que con ella se desconoce la jurisprudencia que se menciona a continuación.] - [Palabras claves: salud, derecho, servicio, san, tutela, servicios, atención, derechos, ley, ministerio, médico, población, acción]

[Resumen automatizado: En ese orden, la Sala procederá; i) en primer lugar, a reiterar lo sostenido por la jurisprudencia sobre el concepto de “desplazamiento interno forzado”; b) en segundo lugar, a formular los criterios que deben tenerse en cuenta al momento de valorar la declaración de una persona que alega estar en condición de desplazamiento; c) en tercer lugar, a hacer un breve análisis sobre el alcance de la causal de no inscripción del numeral 2 del decreto 2569 de 2000; “debido a la existencia de razones objetivas y fundadas que permiten concluir la inexistencia de las circunstancias previstas en el artículo 1 de la Ley 387 de 1997”; d) finalmente, se realizará el análisis del caso concreto con base en los criterios jurisprudenciales expuestos en los puntos anteriores. || En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha acudido varias veces[3] a la Consulta Permanente para los Desplazados Internos en las Américas (CPDIA), la cual define al “desplazado interno” como “Toda persona que se haya visto obligada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su lugar de residencia o su oficio habitual, debido a que su vida, su integridad física o su libertad se han hecho vulnerables o corren peligro por la existencia de cualquiera de las situaciones causados por el hombre :  conflicto armado interno, disturbios o tensiones internos, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos u otras circunstancias causadas por situaciones anteriores que puedan perturbar o perturben el orden público”.] - [Palabras claves: desplazamiento, corte, social, persona, situación, forzado, lugar, entidad, personas, desplazado, declaración, derechos, armado, en, si, hechos, ley, inscripción]

[Resumen automatizado: Así se expuso en dicho auto: “… las autoridades que conforman el SNAIPD deberán establecer e implementar, dentro de sus procedimientos ordinarios de funcionamiento, dos presunciones constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas en tanto sujetos de protección constitucional reforzada: a)La presunción constitucional de vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas, para efectos de su acceso a los distintos componentes del SNAIPD y de la valoración integral de su situación por parte de los funcionarios competentes para atenderlas; y b) La presunción constitucional de prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor de las mujeres desplazadas, hasta que se compruebe la autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad de cada mujer en particular. || P. Manuel José Cepeda Espinosa, se expresó que del ordenamiento jurídico interno e internacional se deriva una protección reforzada para personas de la tercera edad y discapacitados[6], de lo cual se desprende un conjunto de deberes en cabeza de las autoridades públicas y de los particulares, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos; en dicha providencia se lee:] - [Palabras claves: derechos, social, desplazamiento, protección, mujeres, personas, tutela, condiciones, situación, conflicto, discapacidad, vulnerabilidad]

[Resumen automatizado: Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que confirmó el emitido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, en la acción de tutela instaurada por José Bernardino Ortiz Ruiz contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), y otras entidades. || La Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia proferida el 9 de febrero de 2011, confirma la decisión del a quo bajo los siguientes argumentos: (i) que la acción de amparo es un mecanismo subsidiario y no principal como lo pretende hacer ver el accionante; (ii) que existen otros medios de defensa judicial idóneos para solicitar la protección del derecho y (iii) que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales del señor Bernardino Ortiz Ruiz y su familia. || Corresponde a la Corte Constitucional determinar si la decisión de Fonvivienda, de negar a un núcleo familiar en situación de desplazamiento forzado el derecho a adquirir un subsidio de vivienda de interés social, bajo el argumento de aparecer como propietarios de un predio ubicado en el lugar de expulsión que dio origen a su desplazamiento, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, igualdad y vivienda digna del petente y su familia.] - [Palabras claves: vivienda, derecho, personas, derechos, subsidio, población, protección, condiciones, desplazamiento, sala, situación, tutela, fundamentales, acceso, ministerio, lugar]

[Resumen automatizado: La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Luís Ernesto Vargas y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente: || Sin embargo en el fallo decidió negar el amparo tras encontrar que la demandante ya había interpuesto una tutela solicitando, en su condición de desplazada por la violencia, la protección de sus derechos y los de de su núcleo familiar, en la cual el juez de amparo (Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Arauca el 9 de diciembre de 2009) había concedido la garantía y había emitido las órdenes respectivas de atención integral a la accionante. || No obstante, antes de lo anterior, la Sala debe encargarse de las razones que sustentaron los fallos de tutela objeto de revisión, los cuales no se dirigieron a concluir que no había vulneración de los derechos de la demandante, sino a explicar que las medidas requeridas para conjurar la situación de ésta ya habían sido tomadas en una sentencia de tutela anterior fallada por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Arauca el 9 de diciembre de 2009.] - [Palabras claves: tutela, vivienda, derecho, derechos, juez, cumplimiento, órdenes, anterior, lugar, fallo, sentencia, desacato, corte, situación, protección, fundamentales, social]

[Resumen automatizado: En decisión proferida el dieciséis (16) de noviembre de dos mil diez (2010), el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali concedió el amparo de los derechos invocados por el accionante y ordenó a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional que “dentro del término máximo de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la notificación de este fallo inscriba al Señor Norbey Osorio Riaño y a su grupo familiar en el Registro Único de Población Desplazada, y los oriente adecuadamente para que puedan acceder a los demás programas de atención.” (cd.1, fl.51). || Corresponde a la Sala determinar si la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional ha vulnerado los derechos fundamentales del señor Norbey Osorio Riaño y su familia, personas en situación de desplazamiento forzado interno, al negar su inscripción en el Registro Único de la Población Desplazada. || Siguiendo lo anterior, esta Corporación ha considerado que si una persona se halla en las circunstancias de hecho que dan lugar a la situación de desplazamiento forzado interno, tiene derecho a ser inscrita en el Registro Único de Población Desplazada -RUPD-, en la medida en que dicha inscripción es un requisito para acceder a los beneficios que la Constitución y la Ley reconocen a quien está en tal circunstancia, pero no para demostrar la condición de desplazado.] - [Palabras claves: situación, desplazamiento, agencia, internacional, inscripción, forzado, municipio, interno, lugar, personas, social, tutela, declaración, persona]

[Resumen automatizado: La demandante Asaira Liliana Cañas Carrillo, interpuso la presente acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital, los cuales considera vulnerados por la mencionada entidad por el hecho de que no le ha otorgado la tercera prórroga de la ayuda humanitaria a que considera tiene derecho en su condición de desplazada y jefe de hogar. || Dentro del término procesal correspondiente, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, a través de apoderada judicial, solicitó que se denegaran las pretensiones de la señora Cañas Carrillo, por cuanto en el presente caso se configuró un hecho superado, pues a la demandante ya se le aprobó la entrega de una nueva prórroga de la ayuda humanitaria por valor de $765.000 y se le asignó el turno 3C-23538. || Corresponde a esta Sala decidir si en el caso sometido a revisión prospera la demanda de tutela, en cuanto se considera que Acción Social le vulneró a la señora Asaira Liliana Cañas Carrillo, los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas al no otorgarle la tercera prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, a la que, según manifiesta, tiene derecho.] - [Palabras claves: social, tutela, sala, acción, la, derechos, prórroga, hecho, ayuda, fundamentales, corte, derecho, en, entidad, agencia, tercera]

[Resumen automatizado: La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas Silva, y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente || De conformidad con los hechos antes relatados, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si el Hospital Universitario San José de Pereira y/o la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda , han vulnerado el derecho fundamental a la salud del joven Johan Andrés Patiño Rodríguez al no prestarle los servicios médicos necesarios para la enfermedad que padece y en consecuencia negarle (i) la atención médica que requiere para el tratamiento adecuado de la hemofilia factor VIII, y (ii) el tratamiento integral para su patología, incluyendo medicamentos, procedimientos, insumos y viáticos.] - [Palabras claves: salud, derecho, tutela, pereira, derechos, andrés, prestación, servicio, encuentra, san, servicios, enfermedad, constitucional, atención]

[Resumen automatizado: De la jurisprudencia de la Corporación construida en escenarios constitucionales semejantes al que se aborda en esta oportunidad, es posible extraer las siguientes conclusiones: existe jurisprudencia constante, uniforme y reiterada por distintas salas de revisión en el sentido de que (i) la tutela es procedente en términos formales para estudiar asuntos en los que la población desplazada se encuentra inmersa en diligencias de desalojo (o, de forma más amplia, en procesos policivos de restitución bienes ocupados irregularmente), incluso cuando los bienes ocupados son de propiedad pública. || Para resolver el problema planteado en este trámite, la Sala (i) recordará las obligaciones del Estado frente a la población desplazada y la especial afectación que enfrentan en el marco del desplazamiento los pueblos aborígenes, en especial en lo relativo a la defensa de sus tierras y/o territorios ancestrales; (ii) reiterará los pronunciamientos proferidos por esta Corporación en escenarios fácticos y jurídicos análogos al presente y, en ese marco, (iii) procederá al análisis del caso concreto.] - [Palabras claves: derecho, indígenas, derechos, tierras, personas, desplazamiento, desalojo, corte, protección, proceso, sala, bien, comunidad, territorio]

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente || 21 ib.), el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio citó a la señora María Telvia Angulo Bonilla, para que ampliara “los hechos de la demanda de tutela y demás circunstancias específicas sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales reclamados mediante la acción interpuesta” (f. || El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala de Decisión Penal, mediante providencia de agosto 11 de 2010 confirmó la decisión recurrida, al estimar que “no puede pretender la señora MARÍA TELVIA ANGULO BONILLA, que mediante esta acción excepcional se ordene su inscripción en el Registro Único de Población Desplazada RUPD- y por ende, se desacaten las actuaciones administrativas, que por demás, en el presente caso, no se pueden tachar de inmotivadas o desajustadas a la ley, cuando además subsiste otro medio de defensa judicial, como lo es recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa, en procura de la revocatoria de la resolución que alega ha vulnerado sus derechos fundamentales” (f.] - [Palabras claves: declaración, villavicencio, tutela, derechos, social, desplazamiento, inscripción, sala, acción, fundamentales, penal, único, agosto, registro, debe]

[Resumen automatizado: Con base en lo anterior, la accionante solicitó "tutelar [sus] derechos fundamentales y ordenar a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, Unidad Territorial del Meta, que se [l]e incluya junto con [su] núcleo familiar al Registro Único de Población Desplazada para acceder a todos los derechos que t[ienen] como desplazados, así como también resolver en el menor tiempo sobre las Ayudas Humanitarias de Emergencia a las cuales t[iene] derecho por ser víctima de desplazamiento forzado". || 1 de la Ley 387 de 1997 al expedir el acto administrativo por el cual negó a la accionante la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, con base en la valoración de la declaración rendida por la solicitante quien hizo uso de los recursos de reposición y apelación -aunque ésta manifiesta que no interpuso el recurso de apelación-, aunque sin sacar avante la pretensión, lo que no implica que la tutela sea el mecanismo propicio para ello, pues no puede olvidarse que el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 6° consagró como causal de improcedencia de esta excepcional acción constitucional, la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales".] - [Palabras claves: desplazamiento, municipio, inscripción, persona, social, declaración, tutela, registro, violencia, debe, entidad, villavicencio, situación, lugar, derechos, forzado, único]

[Resumen automatizado: Mediante auto del 26 de abril de 2010, la Sala Novena de Revisión ordenó vincular al proceso de tutela al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a la Gobernación del Meta, a la Alcaldía Municipal de Villavicencio, a Fonvivienda, y a Acción Social, atendiendo al hecho de que ellas están a cargo de algún porcentaje del valor total del contrato cuya ejecución es objeto de discusión en el presente proceso, o bien hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada y, en esa medida, tienen la obligación legal de velar por la correcta implementación de las políticas públicas para la población desplazada. || Mediante autos proveídos el 26 de abril y el 14 de septiembre de 2010, el Magistrado Sustanciador requirió a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Acción Social, para que informara a la Sala sobre las actividades desplegadas por la entidad para garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda digna de los accionantes y las demás familias en situación de desplazamiento a quienes el Fondo Nacional de Vivienda adjudicó subsidios de vivienda en el año 2006, y que fueron aplicados en el proyecto de vivienda de interés social “Ciudadela San Antonio II” de la ciudad de Villavicencio.] - [Palabras claves: vivienda, derecho, proyecto, obras, viviendas, accionantes, derechos, población, san, tutela, social, construcción, villavicencio, parte]

[Resumen automatizado: El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio, mediante sentencia del treinta (30) de noviembre de 2009, declaró improcedente el amparo solicitado por considerar que la acción de tutela no era el mecanismo judicial idóneo para ventilar esta controversia, en tanto lo que se pretendía era hacer cumplir el contrato de construcción de vivienda suscrito entre la Unión Temporal Vivienda Proorinoquía Llanos y el señor Libardo Díaz Moreno. || Para el caso particular del señor Libardo Díaz Moreno, la entidad requerida informó que "próximamente se le asignará lote con obras de urbanismo por parte del Municipio de Villavicencio, a través de Villavivienda E.I.C.E., el cual se le dará como subsidio municipal de vivienda de interés social en especie, trámite que se llevará en un lapso no superior de dos (2) meses." || Sobre la base de los antecedentes expuestos, esta Sala de Revisión deberá determinar si se desconoce el derecho a la vivienda digna de una persona víctima del desplazamiento por la violencia cuando las entidades encargadas de garantizar el acceso a tal derecho oponen razones administrativas, logísticas y operativas internas como motivo para demorar la atención requerida.] - [Palabras claves: vivienda, construcción, unión, villavicencio, corte, tal, contrato, instancia, personas, primera, subsidio, cuaderno, derecho, población]

[Resumen automatizado: 4. Acto administrativo emitido por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, “Por el cual se decide sobre la presunción constitucional de riesgo de una solicitud de protección”, resolviendo “desvincular del programa de Protección a Personas en Situación de Desplazamiento al señor Orlando Burgos García” (fs. || Se invoca el derecho a la vida como fundamental a proteger y que reviste gran importancia para los seres, pero dicha circunstancia frente a la situación particular de Burgos García, ha sido estudiada, valorada y sustentada por el Grupo de Estudio de Nivel de Riesgo de la Policía Nacional, y con base en su concepto que desvirtuó la presunción constitucional de riesgo que amparaba al actor se han adoptado las decisiones pertinentes, que escapan a la órbita de acción de este juez constitucional. || Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si debe otorgarse tutela a los derechos a la vida y a la integridad personal de Orlando Burgos García y su familia, frente a la exclusión de la protección especial que le había dispuesto la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, de manera que haya "permanencia de las medidas de seguridad por amenazas de muerte de manera reiterada”.] - [Palabras claves: protección, riesgo, medidas, vida, seguridad, amenaza, derechos, humanos, debe, justicia, amenazas, interior, ministerio, sala]

[Resumen automatizado: La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, y en los artículos 33 y concordantes del Decreto 2591 de 1991, profiriere la siguiente: || La señora Denis María Gómez Herrera interpone acción de tutela, el día 17 de junio de 2009, en contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional ACCION SOCIAL-, por considerar que esa entidad le ha vulnerado sus derechos fundamentales de petición, al mínimo vital e integridad física, dignidad humana, especial asistencia y protección a los niños, a la mujer madre cabeza de familia e igualdad, entre otros. || De acuerdo con los antecedentes planteados, corresponde a la Sala definir si el silencio de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional ACCIÓN SOCIAL-, ante la solicitud elevada por la señora Denis María Gómez Herrera el día 19 de Septiembre de 2008, constituye una vulneración al derecho de petición o de algún otro derecho fundamental; teniendo en cuenta que manifiesta estar en situación de desplazamiento forzado.] - [Palabras claves: petición, derecho, respuesta, entidad, desplazamiento, protección, tutela, acción, social, situación, corte, en, derechos]

[Resumen automatizado: No se pueden imponer más requisitos que los expresamente consagrados en la ley para que la población desplazada pueda acceder a las prestaciones establecidas y que, en todo caso, su cumplimiento y aplicación deben ser interpretados de modo tal que se respete la prevalencia de los derechos fundamentales en juego, la condición de sujeto de especial protección del desplazado, así como la presunción contemplada en el artículo 83 constitucional. || 1. La Sala estima que el problema jurídico planteado en el caso concreto es el siguiente: ¿vulneró la entidad demandada los derechos fundamentales a la ayuda humanitaria de emergencia y a la estabilización socioeconómica de la peticionaria al haberse negado a otorgarle la ayuda solicitada debido a que la actora estaba inscrita en el registro de población desplazada pero supuestamente no aparecía como jefe de hogar? || Teniendo en cuenta estos hechos, la Sala estima que, en un primer momento, la entidad demandada vulneró los derechos fundamentales a la prórroga de la asistencia humanitaria de emergencia y a la estabilización socioeconómica de la peticionaria, pues, mediante oficio de 26 de marzo de 2008, le negó las ayudas solicitadas argumentando que no tenía legitimidad para elevar dicha solicitud pues no aparecía como jefe de hogar en el RUPD.] - [Palabras claves: emergencia, derechos, atención, social, ayudas, ayuda, fundamentales, jefe, hogar, socioeconómica, personas, día, desplazamiento, entidad, población]

[Resumen automatizado: El Director de la Comisión Colombiana de Juristas, apoderado de las señoras Diana Carmenza Redondo y Argénida Torres y agente oficioso de María Romero y Juana Cárdenas, interpuso acción de tutela contra el Ministerio de la Protección Social por considerar que dicha entidad vulneró el derecho a la salud de sus representadas, víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, al no adoptar medidas pertinentes para garantizar atención oportuna a las secuelas físicas y psicosociales derivadas de su especial condición de víctimas. || Finalmente convocó a la organizaciones Casa de la Mujer, SISMA Mujer, Pastoral Social, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención a la Población Desplazada, a la Fundación Dos Mundos, a Plan Internacional, a AFRODES, a la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, a AICO y a PAISS para que allegaran a esta Corporación sus consideraciones sobre el tipo de atención en salud física, psicológica, psiquiátrica y psicosocial que consideran necesitan las víctimas del conflicto armado teniendo en cuenta aspectos como la edad, el género, la etnia, y demás condiciones que deban tenerse en cuenta.] - [Palabras claves: salud, atención, víctimas, mujeres, mental, derechos, violencia, social, desplazamiento, hechos, servicios, parte, conflicto]

[Resumen automatizado: ASODCPRC, como organización creada para orientar a la población en situación de desplazamiento forzado,[9] presentó acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en representación de los señores Paulina Angulo Rodallega, Luz Aidé Caicedo Riascos, Sugeil Serna Montaño, Jhonny Erney Angulo Guerrero, Vanesa Murillo Hurtado, Luz Nelly Riascos Torres, Carmela Ramírez Arboleda, Alicia Ruiz Castro, Félix Antonio Rentería Mestizo, Sigifredo Serna Montaño, Daniel Granados, María Victoria Largacha, José Claro Moreno Caicedo, Rosalbina Ruiz Hinojosa, Stella Valencia Valencia, Yuri Gagarín Olarte García, Guillermo Victoria Largacha, Martha Cecilia Montaño Montaño, Crescencia Córdoba Largacha, Claudina Garcés Rodallega, Cenovia Leonarda Segura, Nery Valencia Espinosa, Teresa Quiñones Torres, Lucenda Vivas Castro, Leovigildo Granados, Eduar Sinisterra Montaño, María Mirian Torres Córdoba, Roberta Obregón Sinisterra, Ruby Anjela Cárdena Torres, Nolfa Cuero Valencia, Ana Gloria Solis Montaño, Graciela Aloima, María Tere Cardena Lozano, Delfa Cárdenas Lozano, Juana Perlaza, Juliana Lagarcha Gamboa, Benjamín Lozano González, Wilmer Arnovio Rivas Murillo, Eulices Murillo Granados, Felipa Arnulfa Montaño Perlaza, Jhon Jairo Torres Torres, María Cipriana López Fajardo, Sandra Mabely Valverde Angulo, Diana Patricia Hurtado, Carmen Suley Carabalí Solis, Martha Cecilia Granja Carvajal, Luciano Rengifo Alomia y Natividad Caicedo Riascos, con el fin de que les sean restablecidos los derechos fundamentales a la vida digna, unidad familiar y petición, supuestamente vulnerados.] - [Palabras claves: mil, dos, alimentaria, vivienda, económico, ayuda, desplazamiento, mensual, social, derecho, tutela, derechos, subsidio, tres, persona, pesos]

[Resumen automatizado: El día 11 de mayo de 2009, la señora Martha Cecilia Carrascal Franco promovió acción de tutela en contra de la Electrificadora del Caribe ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., por una presunta transgresión de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la igualdad, en la que considera incurrió la entidad demandada al facturar el servicio público de energía del bien inmueble en el que residía con su núcleo familiar, sin tener en cuenta para ello que, por su situación de desplazamiento, no habitó allí durante el período que se le está cobrando. || Tal perspectiva revela que, no obstante el descuento realizado por parte de Electricaribe S.A. E.S.P., el hecho mismo de que se haya procedido a facturar, con cargo a la actora, el servicio público de energía durante todo el período en el que precisamente su lugar de residencia fue deshabitado por virtud de la grave situación de vulnerabilidad e indefensión en la que se vio involucrada, supone, prima facie, el desconocimiento, por entero, tanto del deber de solidaridad que debía regir el proceder de la entidad en el caso particular, como de la Ley 142 de 1994 "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones", respecto de la obligación que le asistía de suspender el servicio público, una vez comprobada la evidente falta de pago por un período superior a 3 meses.] - [Palabras claves: servicio, tutela, servicios, derechos, inmueble, públicos, energía, pago, empresa, público, fundamentales, situación, constitucional]

[Resumen automatizado: Fonvivienda rechazó la postulación de la accionante a las convocatorias de subsidio de vivienda hechas en el año 2007, argumentando para ello que la accionante se presentó voluntariamente dentro de la modalidad "adquisición de vivienda nueva o usada y dentro del programa de retorno", y que, sin embargo, cuando se efectuó el cruce de información con las bases de datos de las entidades señaladas en el artículo 35 del Decreto 975 de 2004, se encontró que la peticionaria "registra una propiedad en el Municipio de CHAPARRAL TOLIMA." Si bien la Sala encuentra que Fonvivienda realizó un esfuerzo por motivar su decisión conforme a la legislación, observa que este fundamento consiste en algunas normas inaplicables, y otras respecto de las cuales fueron empleados criterios de interpretación que desconocen la especial protección constitucional de que es merecedora, así como el principio de favorabilidad. || En el presente asunto corresponde a la Sala establecer si Fonvivienda vulneró los derechos fundamentales de la accionante quien se encuentra en condición de desplazamiento, al rechazar su postulación para obtener un subsidio de vivienda nueva o usada, argumentando que, con posterioridad al cruce de información entre entidades, esta aparece como propietaria de un inmueble en el municipio del cual fue expulsada.] - [Palabras claves: vivienda, subsidio, sala, desplazamiento, derechos, decreto, hogar, población, derecho, social, nueva, lugar, condiciones]

¿Se vulneran los derechos a la vida, a la integridad personal y al trabajo, de una persona que laboraba en un hospital del municipio, al no haber sido trasladada a un centro hospitalario de otro municipio o región, luego de que debiera desplazarse a la capital del departamento atemorizada por un grupo armado ilegal? Los actos discrecionales de la administración dejan de serlo cuando deben tomarse riesgos o amenazas serias contra la vida. La condición de desplazado y la protección constitucional. De la concurrencia de los diferentes organismos estatales en la protección de los derechos fundamentales de las víctimas del desplazamiento. El deber de solidaridad. La continuidad en la prestación del servicio. Concedida - [Resumen automatizado: La señora Marelvis Romo anexa a su escrito de tutela, copias de varias solicitudes efectuadas al Ministerio de la Protección Social, la primera el 12 de julio de 2004 al Director General de Promoción Social, en la cual pregunta por el tratamiento que deben recibir empleados públicos en su situación y si el Hospital para el cual prestaba sus servicios está obligado a pagarle los salarios después de su desplazamiento y hasta qué momento; la segunda, fechada el 23 de agosto siguiente dirigida a la Profesional Especializada en Salud a Población Desplazada, en la cual le manifiesta que no ha recibido solución a su situación tomando en cuenta que “el señor secretario de desarrollo de la salud aduce que en mi caso no es de su competencia y el gerente de la ESE (...)” dice que dónde la va a reubicar; y la tercera, del 3 de noviembre de 2004, en la cual invoca el principio de solidaridad y manifiesta que la administración del Hospital suspendió el pago de sus salarios “desde el mes de abril del 2004”. || Segundo.- Conceder la acción de tutela por violación de los derechos fundamentales a la vida e integridad personal y al trabajo de la señora Marelvis Esther Romo Bocanegra, que han sido vulnerados por el E.S.E. Hospital de Aracataca, la Secretaría de Salud Departamental y el Departamento del Magdalena y el Ministerio de Protección Social.] - [Palabras claves: social, traslado, vida, derechos, salud, protección, administrativo, departamento, fundamentales, ministerio, nacional, civil, comisión, secretaría]

[Resumen automatizado: Los accionantes Eutalia Vargas Rodríguez, Alfredo Cruz Borja, Eugenio Hernán Corrales Arias y José Iván Corrales Arias, quienes actúan en nombre y representación de sus menores hijos, consideran que la Secretaría de Educación Departamental del Huila Servicio Educativo para la Población Desplazada y Vulnerable, ha violado sus derechos fundamentales a la educación y a la igualdad. || Explican que son habitantes de la vereda El Recreo del Municipio de Guadalupe (Huila), laboran en actividades del campo y que su condición económica es de pobreza, además que residen a una distancia de 18 kilómetros aproximadamente del casco urbano y no cuentan con un colegio de bachillerato en su vereda para que los hijos puedan continuar con sus estudios, por esto con el fin de garantizarles un mejor nivel de vida, intentaron inscribir a los menores en el Servicio Educativo para la Población Desplazada y Vulnerable que fue ofrecido por la Secretaría de Educación Departamental, mediante un comunicado del 2 de febrero de 2006, pero el Personero Municipal les manifestó que los menores no podrán ser inscritos, porque el programa está dirigido a jóvenes entre 15 y 22 años según el Decreto 3011 de 1997.] - [Palabras claves: educación, menores, edad, acceso, accionantes, hijos, formal, derecho, secretaría, educativo, tutela, años, derechos, sistema]

[Resumen automatizado: Mediante escrito presentado en enero trece (13) de dos mil seis (2006), el señor Pablo Manuel Talaigua Padilla, actuando en su condición de Representante Legal de la Corporación Afro colombiana de Sucre - Raíces, solicita el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, la educación y la vida digna de la población afrocolombiana residente en el municipio de Sincelejo, en desarrollo del deber estatal de reconocer y brindar especial protección a la diversidad étnica y cultural de la Nación, consagrado en el artículo 7° de la Constitución Política. || Asumido este asunto mediante Auto de la Sala de Selección Número Cuatro (4) de abril seis (6) de dos mil seis (2006), se aprecia que esta Corte es competente para revisar el fallo dictado en la acción de tutela iniciada por la Corporación Afro colombiana de Sucre - Raíces contra la Alcaldía y la Secretaría de Educación y Cultura Municipal de Sincelejo, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.] - [Palabras claves: derechos, sincelejo, tutela, actos, acción, general, corte, secretaría, fundamentales, diciembre, carácter, expedida]

[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente: || 2. Mediante Resolución Nº 5201705 de julio 17 de 2001, la Red de Solidaridad Social, Municipio de Pasto, Departamento de Nariño, resolvió no inscribir a la señora LILIA ENNA MELO MORALES en el Registro Nacional de Población Desplazada, y argumentó que la actora “no se encuentra[ba] en las circunstancias previstas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997, por cuanto no exist[ía] amenaza directa” (Fl 37 Cuad. || Por ello, encuentra el a quo que la actora, al solicitar la inclusión en el Registro Nacional de Población Desplazada en febrero de 2005, no cumple con el requisito legal del artículo 8º del Decreto 2569 de 2000 según el cual la declaración juramentada mediante la que se relatan los hechos que causaron la salida del lugar de habitación, "deberá presentarse por la persona interesada, dentro del año siguiente a la ocurrencia de los hechos que dieron origen al desplazamiento".] - [Palabras claves: hechos, social, protección, nacional, desplazamiento, inscripción, solicitud, derechos, registro, condición, tutela, desplazado, situación, declaración]

[Resumen automatizado: Aunque efectivamente la responsabilidad por la gestión de la prestación oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios corresponde a los departamentos respecto de la población que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas, y no se trata de una responsabilidad que directamente la Ley le asigne a los municipios, lo cierto es que a éstos sí compete gestionar y supervisar el acceso a dicha prestación, especialmente en aquellos casos en los que la atención requerida no puede suministrarse a través de una Empresa Social del Estado (ESE) municipal. || Con posterioridad al período de tres o seis meses de desplazamiento, la atención médica ya no se asimila a la que debe prestarse en caso de eventos catastróficos, pero las entidades territoriales continúan obligadas a resolver las necesidades de salud de la población desplazada, clasificándolas en el SISBEN y afiliándolas a una ARS, sin perjuicio de que mientras ello no ocurra sean atendidas prioritariamente como personas vinculadas al sistema General de Seguridad Social. || Con posterioridad al período de tres o seis meses de desplazamiento, la atención médica ya no se asimila a la que debe prestarse en caso de eventos catastróficos, pero las entidades territoriales continúan obligadas a resolver las necesidades de salud de la población desplazada, clasificándolas en el SISBEN y afiliándolas a una ARS, sin perjuicio de que mientras ello no ocurra sean atendidas prioritariamente como personas vinculadas al sistema General de Seguridad Social.] - [Palabras claves: salud, derecho, servicios, población, personas, social, atención, seguridad, régimen]

[Resumen automatizado: Para este juzgador las decisiones adoptadas por la Red de Solidaridad Social se ajustan a las normas que regulan la protección de la población desplazada y considera, en seguida, que si de las pruebas recaudadas en el trámite de la acción de tutela se puede inferir una nueva condición de la señora Torres, debe dirigirse a la entidad demandada y requerir, otra vez, que se le inscriba en el Registro Único de Población Desplazada. || A la Corte en esta oportunidad, no le queda más que censurar categóricamente la conducta asumida por los funcionarios de la Unidad Territorial Norte de Santander de la Red de Solidaridad Social, quienes ante las posibles incoherencias presentes en la declaración (que, por cierto, la Sala no alcanza a detectar) se limitaron a expedir unas resoluciones confusas que, sin duda, no tienen la suficiente entidad para negar la inscripción en el Registro Nacional de Población Desplazada a la señora Martha Torres y su familia.] - [Palabras claves: derechos, desplazamiento, protección, inscripción, ley, social, población, tutela, personas, registro]

[Resumen automatizado: El señor Luis Antonio Albarracín García y la señora Marinelda Ortiz Pérez instauraron acción de tutela, el 21 de enero de 2005, en su propio nombre y en representación de su menor hijo Miguel Ángel Albarracín Ortiz contra la Red de Solidaridad Social - Unidad Territorial Norte de Santander, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales “a la vida, la libertad, la educación, la salud, la recreación, la familia, el trabajo, la organización, el libre tránsito o locomoción, la libertad de pensamiento e información, etc., lo que trae como consecuencia la imposición de una vida en condiciones de indignidad”, con fundamento en los hechos que a continuación se sintetizan. || El señor Luis Antonio Albarracín García reclama la protección constitucional de sus derechos fundamentales, porque la Red de Solidaridad Social, mediante la Unidad Territorial de Norte de Santander se niega a inscribirlo en el Registro Nacional de Población Desplazada, al considerar que los hechos narrados corresponden a situaciones diferentes de las del desplazamiento.] - [Palabras claves: demandante, desplazamiento, no, registro, declaración, tutela, actor, cuaderno, social, corte, zona, inscripción, mediante, situación, hechos, dentro, único, autoridades, sala]

[Resumen automatizado: (i) La interpretación favorable de las normas que regulan la materia permite inferir que la condición de desplazado forzado interno es una situación fáctica, que no está supeditada al reconocimiento oficial a través de la inscripción en el RUPD; (ii) las exigencias procedimentales para esa inscripción sólo pueden ser aquellas expresamente fijadas en la ley, sin que los funcionarios encargados de esa labor estén facultados para exigir requisitos adicionales; (iii) la declaración sobre los hechos constitutivos de desplazamiento debe analizarse de tal forma que se tengan en cuenta las condiciones particulares de los desplazados, que en la mayoría de los casos les dificultan relatarlos con exactitud: y (iv) estas declaraciones están amparadas por la presunción de buena fe, lo que traslada a los funcionarios competentes la carga probatoria para desvirtuar los motivos expresados por el afectado.] - [Palabras claves: desplazamiento, declaración, inscripción, hechos, hecho, derechos, desplazado, ley, población, si, debe, personas, condiciones, fundamentales, lugar, municipio, sala]

[Resumen automatizado: Agrega que el señor Estrada Tapiero, al ser interrogado sobre si "la guerrilla o el ejército visitaron la finca de ustedes", respondió "No señor pasaban siempre retiraditos"; que al preguntársele al mismo respecto de las amenazas y las razones que lo condujeron a salir del lugar donde vivía, contestó que no sufrió intimidaciones y que resolvió dejar su parcela "por miedo y porque no hay trabajo"; y que para fundamentar el recurso de reposición, interpuesto contra la Resolución que le negó la inscripción el actor dio "una versión diferente sobre los hechos". || El señor Norbey Estrada Tapiero reclama la protección constitucional de su derecho a la buena fe, porque la Presidencia de la República por intermedio de la Red de Solidaridad Social se niega a inscribirlo en el Registro Nacional de Población Desplazada, al considerar que de su declaración inicial no se deriva un estado de desplazamiento forzado y que para que la entidad reconsidere la negativa recurrió a una versión diferente sobre los hechos.] - [Palabras claves: desplazamiento, declaración, actor, registro, social, nacional, hechos, madre, situación, vida, florencia, sala, familia, trabajo]

[Resumen automatizado: De conformidad con lo expuesto en el acápite de antecedentes, esta Sala de Revisión debe determinar, si a la luz de los derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social, el traslado de residencia de un municipio a otro de una persona que se encuentra afiliada al Régimen Subsidiado de Salud en un municipio determinado, impide a la ARS de la cual es usuario, la prestación de los servicios que requiere en el lugar al que se traslada; o si en cambio, la atención debe ser prestada por la red pública de la entidad territorial al cual se ha trasladado, mientras se realiza un nuevo proceso de selección e identificación. || Respecto de la entidad que debe responder por la prestación del servicio de salud del accionante, resulta claro para la Corte que en este caso, debe ser la ARS Saludvida, Seccional Cartagena con cargo a los recursos del FOSYGA con el fin de garantizar sus derechos fundamentales a la salud, la vida, la dignidad humana y la seguridad social, así como la protección especial a las personas de la tercera edad que consagra la Carta Política.] - [Palabras claves: salud, cartagena, municipio, recursos, residencia, régimen, acuerdo, través, proceso, tutela, persona, servicios]

[Resumen automatizado: Expresó que mediante derecho de petición recibido, en la Red de Solidaridad Social el 19 de junio de 2004, le narró a esa entidad la situación de desplazamiento en la que se encuentra él y su familia, las dificultades económicas por las que atraviesa y la imposibilidad de conseguir trabajo; además, le solicitó le brindara ayudas humanitarias y le suministrara la información completa para acceder a vivienda y a un proyecto productivo, pero aún no le han dado respuesta. || Respecto a la petición presentada por el accionante, adujo que la Coordinadora Unidad Territorial para Bogotá de la Red de Solidaridad dio respuesta mediante memorial del 1 de septiembre de 2004, el cual fue enviado al interesado a la dirección allí aportada, y en donde se le explicaron los trámites que debía adelantar para acceder a los programas desarrollados por las entidades que conforman el Sistema. || Carta de fecha 1 de septiembre de 2004 por la cual la Coordinadora Unidad Territorial para Bogotá de la Red de Solidaridad Social le informa al accionante sobre los trámites que debe adelantar para efectos de obtener ayuda humanitaria, acceder a vivienda y a alternativas productivas.] - [Palabras claves: derechos, social, ayuda, condiciones, si, corte, situación, tutela, protección, bogotá, juez, derecho, dos, edad]

[Resumen automatizado: en el proceso de revisión del fallo adoptado por el Tribunal Superior de Ibagué, Sala de Decisión Penal, de fecha 11 de octubre de 2004, en la acción de tutela presentada por Alcira Pulido Ocampo contra la Presidencia de la República, la Red de Solidaridad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Ambiente, Fonvivienda, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué. || De este escrito, se extracta, para lo que interesa a esta acción de tutela, lo que la actora informó sobre su situación particular en el siguiente sentido : afirma la actora que vivía en el municipio del Líbano, vereda Villa Nueva, hasta el día 17 de noviembre de 2003, fecha en la que se vio obligada a desplazarse a la ciudad de Ibagué, junto con su grupo familiar, compuesto por su esposo y tres hijos, quienes están bajo su responsabildiad. || 2.1 Como se advirtió en los antecedentes, el escrito de la actora plantea la situación general de la población desplazada que se encuentra en la ciudad de Ibagué y afirma que no ha recibido atención de ninguna de las entidades demandadas.] - [Palabras claves: ibagué, social, acción, derechos, tutela, población, tribunal, atención, situación, ayuda, ministerio, corte, entidades, sala]

[Resumen automatizado: Mediante la Resolución 63 001 156 de mayo 10 de 2004, la Red de Solidaridad Social Unidad Territorial del Quindío denegó la solicitud de inscripción de la accionante en el Registro Nacional de Población Desplazada, fundamentando tal negativa en la presentación extemporánea de la declaración sobre los hechos que motivaron el desplazamiento. || Al respecto, manifiesta que la ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia, estableció en el artículo 32: "Tendrán derecho a recibir los beneficios consagrados en la presente ley, las personas colombianas que se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 1º[1] de esta ley y que cumplan los siguientes requisitos: 1.] - [Palabras claves: derechos, desplazamiento, registro, desplazado, tal, derecho, social, fundamentales, condición, protección, respecto, ley, inscripción, forzado, nacional]

[Resumen automatizado: La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, después de hacer una reconstrucción normativa de la distribución de competencias de las entidades nacionales y de nivel territorial vinculadas al Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, concluyó que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 387 de 1997 y los Decretos 2569 de 2000 y 951 de 2001 le corresponde a la Red de Solidaridad Social atender a la situación del accionante y de su grupo familiar en materia del suministro de las ayudas humanitarias de emergencia; así como, en coordinación con las entidades gubernamentales que conforman dicho sistema, la adopción y ejecución de las medidas que garanticen la normalización o estabilización y consolidación de su situación socioeconómica o su reincorporación al lugar de origen en condiciones que no pongan en peligro sus derechos constitucionales fundamentales.] - [Palabras claves: derechos, atención, entidades, población, actor, social, nacional, programas, sala, demás, derecho, desplazamiento, expediente, protección]

[Resumen automatizado: El 24 de febrero del año 2000, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto decidió negar la tutela interpuesta con fundamento en los siguientes argumentos: “De conformidad con las anteriores preceptivas [artículos 1º, 2º, 3º, 5º y 14 del Decreto 180 de 1982, y artículo 158 de la Ley 115 de 1994] resulta claro y categórico que no es el juez de tutela el competente para resolver la controversia planteada por la accionante en torno a su traslado, por cuanto ello debe ser solucionado por las autoridades administrativas respectivas, ciñéndose al procedimiento establecido para ello, sin que pueda decirse que se han violado los derechos fundamentales de la petente […] por cuanto la docente cuenta con mecanismos adecuados y expeditos para armonizar su trabajo con su salud, que es necesario agote en debida forma antes de recurrir a las instancias judiciales.”[5] Sin embargo, dado que la Secretaría de Educación había respondido la solicitud mediante un oficio, la Sala Laboral tuteló el derecho de petición de la accionante, y le ordenó a la Secretaría resolver la cuestión mediante un acto administrativo debidamente notificado.] - [Palabras claves: salud, docente, tutela, expediente, secretaría, traslado, corte, pasto, condiciones, trabajo, acción, derechos, situación]

[Resumen automatizado: Por esta razón, las resoluciones de la Red violan sus derechos fundamentales, y son contrarias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional[7], de acuerdo a la cual la recepción de la declaración de las personas desplazadas no puede ser manipulativa, y su valoración debe presumir la buena fe del declarante y en caso de duda debe favorecer a este último. || Vistos los antecedentes del caso, la Corte resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Viola los derechos a una vida digna de una persona que alega ser desplazada y de su familia, que la Red de Solidaridad Social niegue inscribirlo dentro del registro único de población desplazada bajo el argumento de que tanto en sus declaraciones ante la personería municipal, como en la sustentación de un recurso de reposición éste incurrió en contradicciones y en afirmaciones ajenas a la verdad? || De esta manera en la sentencia T-327 de 2001[15] la Corte ordenó a la Red de Solidaridad Social inscribir a una persona desplazada por paramilitares en el departamento del Chocó, en vista de que dicha entidad le había negado tres veces su inscripción en el Sistema único de registro, por no aportar pruebas de su condición e incurrir en versiones contradictorias.] - [Palabras claves: desplazado, social, declaración, desplazamiento, bogotá, corte, tutela, registro, persona, derechos, recurso, hechos, si]

[Resumen automatizado: Además de las instituciones mencionadas, frente a la situación de cada persona desplazada y teniendo en cuenta sus circunstancias específicas, bien pueden ser convocadas por el juez de tutela otras entidades, siempre y cuando resulten vinculadas con la situación de indefensión del accionante, considerando su deber de actuar para la defensa de los derechos fundamentales del demandante. || 2.- La Sala deberá determinar si en el presente caso el Hospital Local de Cartagena del Chaira se encuentra obligado a pagar mediante un fallo de tutela los salarios reclamados por el accionante, quien debido a las amenazas de las cuales ha sido víctima, se vio obligado a abandonar el municipio para trasladarse junto con su familia a la ciudad de Bogotá, lugar donde carece de un lugar adecuado para vivir, como también de recursos económicos para sostener a su grupo familiar. || 12- La lectura de la jurisprudencia sobre esta materia permite establecer que, además de las instituciones mencionadas, frente a la situación de cada persona desplazada y teniendo en cuenta sus circunstancias específicas, bien pueden ser convocadas por el juez de tutela otras entidades, siempre y cuando resulten vinculadas con la situación de indefensión del accionante, considerando su deber de actuar para la defensa de los derechos fundamentales del demandante.] - [Palabras claves: derechos, tutela, personas, autoridades, protección, corte, entidades, situación, lugar, fundamentales, desplazamiento, cartagena]

[Resumen automatizado: La Sala Tercera de Revisión, al resolver sobre las presentes acciones de tutela, concluye que por las condiciones de vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la población desplazada, así como por la omisión reiterada de brindarle una protección oportuna y efectiva por parte de las distintas autoridades encargadas de su atención, se han violado tanto a los actores en el presente proceso, como a la población desplazada en general, sus derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia y a los niños… Esta violación ha venido ocurriendo de manera masiva, prolongada y reiterada y no es imputable a una única autoridad, sino que obedece a un problema estructural que afecta a toda la política de atención diseñada por el Estado, y a sus distintos componentes, en razón a la insuficiencia de recursos destinados a financiar dicha política y a la precaria capacidad institucional para implementarla… Tal situación constituye un estado de cosas inconstitucional que será declarado formalmente en esta sentencia…] - [Palabras claves: derechos, población, protección, autoridades, ayuda, política, desplazamiento, recursos, tutela, atención, sala, corte, órdenes]

Población desplazada. Alcance y limitaciones de la política estatal de atención de la población desplazada. Omisión reiterada de brindarle una protección oportuna y efectiva por parte de las distintas autoridades encargadas de su atención. Identificación de las acciones u omisiones estatales que configuran una violación de los derechos constitucionales de los desplazados. Insuficiencia en la apropiación de recursos para la implementación de políticas de atención a la población desplazada. Determina plazo para concretar acciones - [Resumen automatizado: La Sala Tercera de Revisión, al resolver sobre las presentes acciones de tutela, concluye que por las condiciones de vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la población desplazada, así como por la omisión reiterada de brindarle una protección oportuna y efectiva por parte de las distintas autoridades encargadas de su atención, se han violado tanto a los actores en el presente proceso, como a la población desplazada en general, sus derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia y a los niños (apartados 5 y 6). || Dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad -, la exigencia de presentar directamente o a través de abogado las acciones de tutela para la protección de sus derechos, resulta excesivamente onerosa para estas personas.] - [Palabras claves: derechos, sentencia, corte, población, atención, lugar, tutela, protección, resolutiva, parte, política, sala, personas, derecho, desplazamiento, autoridades, demandante, entidades]

[Resumen automatizado: El accionante formuló acción de tutela contra el Ministerio del Interior y de Justicia Programa para la Reincorporación de Personas y Grupos al Margen de la Ley- y la Red de Solidaridad Social, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, dignidad y mínimo vital, como quiera que en su condición de persona desmovilizada de un grupo armado ilegal no se le han suministrado los beneficios previstos en la ley para su sostenimiento y el de su familia. || Según se expone en la demanda de tutela, a pesar de que se han cumplido los trámites necesarios, el Ministerio del Interior y de Justicia Programa de Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos al Margen de la Ley- ha incurrido en una omisión que afecta los derechos fundamentales del accionante y su familia, ya que no le ha suministrado la totalidad de los beneficios de carácter económico a los que tiene derecho, como tampoco la atención en salud, la educación de sus hijos y las sumas necesarias para poner en marcha el proyecto de generación de ingresos.] - [Palabras claves: beneficios, entidad, pues, tutela, sala, ministerio, decreto, económicos, en, si, cuáles, ley, interior, condiciones, derecho]

[Resumen automatizado: Teniendo en cuenta que la población desplazada no puede quedar al margen de la cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que, en los términos del Decreto 173 de 1998, tiene la categoría de vinculada al régimen subsidiado, es la Secretaría de Salud de Bogotá, D.C., lugar donde habita actualmente la titular de los derechos, la llamada a gestionar lo pertinente ante las instituciones prestadoras del servicio de salud adscritas o con las que tenga contrato, con el fin de que el examen prescrito sea practicado, sin perjuicio de su derecho de reclamar ante el Fosyga por los gastos en que incurra. || En el caso presente consta que la señora Alicia Cadena Badillo acudió ante la Personería de Bogotá, D.C., con el fin de que en su nombre se interpusiera una acción de tutela contra la Secretaría Distrital de Salud por violación de sus derechos a la vida digna, a la salud, a la integridad personal y a la seguridad social, razón por la cual se cumplen los requisitos mínimos para la legitimidad de la actuación del Personero de Bogotá, D.C.] - [Palabras claves: salud, servicios, atención, derecho, población, derechos, bogotá, secretaría, tutela, seguridad, social]

[Resumen automatizado: De tal manera que la decisión de instancia, en cuanto denegó el amparo constitucional impetrado y además sancionó a la tutelante deberá revocarse; para, en su lugar, ordenar a la Red de Solidaridad Social que efectivamente asista, oriente, asesore y acompañe a la Señora Reina María Reinoso a fin de que ésta y su grupo familiar reciban de parte del Estado los cuidados que requieren, con el concurso de las otras entidades accionadas, porque aliviar el problema del desplazamiento compete a todas y cada una de las autoridades estatales.] - [Palabras claves: tutela, sala, dos, ibagué, respecto, social, población, derecho, constitucional, demanda, situación, acción, protección, familia, derechos]

[Resumen automatizado: Tres son los factores que obligan a brindar una asesoría y acceso prioritario a los proyectos productivos de la actora: el primero, el hecho de que ella es madre cabeza de familia con cinco hijos y un nieto a su cargo, según consta en el certificado expedido por la Unidad Territorial Bogotá de la Red de Solidaridad Social. || Esta disposición se ve respaldada por el artículo 43 constitucional que en su inciso segundo señala que “el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.” Además de su condición de madre cabeza de familia, la accionante es una persona que se encuentra limitada por su condición de analfabetismo, a sus cuarenta y siete años de edad, la cual está probada en su imposibilidad de suscribir la acción presentada teniendo que acudir a la imposición de su huella dactilar y corroborada por la afirmación hecha por la peticionaria en la tutela, la cual no fue controvertida por la entidad accionada. || (ii) A la accionante no sólo se le está vulnerando su derecho de petición, sino también su derecho al trabajo, toda vez que ella como desplazada debe tener asesoría pronta y oportuna referente a los proyectos productivos y acceso prioritario a los mismos por su condición manifiesta de debilidad.] - [Palabras claves: derecho, respuesta, petición, atención, social, corte, sentencia, trabajo, tutela, bogotá, debe]

[Resumen automatizado: Sobre el cumplimiento de la acción de tutela, la Red de Solidaridad Social informó que llamó a la actora el 4 de febrero de 2003, con el fin de prestarle asesoría y remitirla a las entidades prestadoras del servicio de salud que representan al Ministerio de Salud y conforman el Sistema Unico de Atención a la Población Desplazada. || La Red de Solidaridad Social se opuso a esta acción pues, señaló que la actora está inscrita en el Registro desde el día 23 de diciembre de 2003, y de acuerdo con la Ley 387 de 1997, la atención será en orden de llegada, con el fin de no violar los derechos de las demás familias desplazadas que con anterioridad acudieron a la Red. Se refirió, además, a algunos asuntos que se examinarán detalladamente más adelante. || Planteado así el objeto de esta tutela, se examinarán los siguientes asuntos : el derecho a recibir una información clara, precisa y oportuna sobre en qué entidad del Estado recae la obligación de atender la salud de las personas desplazadas que lo requieran; y, el respeto de los turnos no puede implicar desconocimiento al derecho de recibir la atención médica oportuna.] - [Palabras claves: derecho, tutela, atención, social, acción, atendida, derechos, sala, salud, corte, sino, información, debe]

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || en los procesos de revisión de los fallos adoptados por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Neiva y Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, dentro de las acciones de tutela instauradas por los señores Manuel Salvador Mejía Buitrago (T- 696.168) y Judith Figueroa Villarruel (T- 696.652) contra la Red de Solidaridad Social, Instituto Colombiano de Reforma Urbana Inurbe, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Municipios de Ibagúe y Neiva. || Si bien es cierto, al juez constitucional no le corresponde entrar analizar en vía de tutela el presupuesto que manejan las entidades demandadas, sí está dentro de sus atribuciones legales y constitucionales proteger derechos fundamentales vulnerados por omisión de instituciones, que para el presente caso, están encargadas de desarrollar políticas y programas de prevención, atención y protección a personas desplazadas. || Si bien es cierto, al juez constitucional no le corresponde entrar analizar en vía de tutela el presupuesto que manejan las entidades demandadas, sí está dentro de sus atribuciones legales y constitucionales proteger derechos fundamentales vulnerados por omisión de instituciones, que para el presente caso, están encargadas de desarrollar políticas y programas de prevención, atención y protección a personas desplazadas.] - [Palabras claves: derechos, social, protección, corte, derecho, tutela, ayuda, sala, humanos, parte, actores, dos]

[Resumen automatizado: La doctora MARIA GIRLESA VILLEGAS MUÑOZ, Defensora del Pueblo, Regional Antioquia, instaura tutela a nombre de: YESID JORDAN SALAS, LUZ EDILMA ESPEJO MESA, MARIA VENTURA, ANGEL CUSTODIO MOSQUERA ROSALES, LUZ MILA MORENO GUERRERO, TERESA DE JESUS URIBE JARAMILLO, GLENDA ESTHER QUEJADA SOTO, LUIS HERNELIO IBARGUEN ASPRILLA, NIDIA AMPARO POSADA, OLGA ROCIO LOPERA, MARIA EFIGENIA SANCHEZ LOPEZ, BLANCA ADIELA LOPEZ FLOREZ, MARIE ERNESTA CUESTA RENTERIA, JUAN EVERTO ARCILA LOPEZ, AIDY POTE SALAS, IVONNE JORDAN SALAS, MARIA BERTHA ECHEVARRY, ROBERTO ALONSO POSADA ATEHORTUA, ERIKA YANETH SANCHEZ GONZALEZ, MARIA VICTORIA SANCHEZ GONZALEZ, RAMIRO DE JESUS POSADA LOPERA, MARIA ARACELY RUEDA ZAPATA, CARMEN ALICIA RESTREPO OSORIO, GLORIA INES RESTREPO, MARIA LUCIDIA URIBE JARAMILLO, SANDRA MILENA MACHADO, MARIA ELPIDIA POSADA, MARIA ORLLINDA RUIZ, ANA OFELIA RUIZ OQUENDO, BLANCA LIBIA URIBE, ELENA MARGARITA MEJIA ALVAREZ, MARIA OFELIA RUIZ RODAS, LUZ AMPARO URRUTIA GARCIA, MARIA LASTENIA OREJUELA MORENO, LILIANA LOPEZ JARAMILLO, MARTHA NELLY SERNA RAMIREZ, LUZ ENEIDA RESTREPO GRACIANO, NORA ELENA URREGO GRACIANO, ALBA MONTOYA OBANDO, MARIA LIRIS BEJARANO TAPIAS, SOR ERCILIA POSADA, GRACIELA GRACIANO RODRIGUEZ, JAIR DE JESUS VESALSCO ROJAS, CESAR AUGUSTO PARDO ECHEVERRY, BEATRIZ ELENA RUEDA MONTOYA, ROSA MELLIDA MENA RODRIGUEZ, ROSA ELENA OREJUELA MORENO, JHONY ALFREDO RODAS JARAMILLO, YOLANDA MARIA MONSALVE SERNA, MARIA AUXILIADORA RAIGOZA, LUIS CARLOS MONTOYA OBANDO, ROSA ANGELICA SERNA, MARIA EDUBITER CARDENAS, DIANA PATRICIA RAIGOZA VELASQUEZ, LILIANA MARIA MAZO MAZO, GILDARDO MONTOYA MORALES, ORLANDO DE JESUS SEPULVEDA, LUZ DARY MACHADO MONTOYA, MELIDA MORENO, MARIA ELVIGIA SEGURO, MARCO AURELIO ALVAREZ LONDOÑO, SANDRA MILENA URREGO ESPINOSA, YACIRA MORENO HURTADO, EDUARDO ANTONIO DURANGO, MARTHA ISABEL CALDERON, ENRIQUE ANTONIO TANGARIFE BEDOYA, MARIA EDILMA QUINTERO, JOSE VICENTE RICO OSSA, MARIA OFELIA USUGA DE GARCIA, PORFIRIO ANTONIO GOMEZ, MARIA ELENA QUINTERO y sus grupos familiares desplazados por la violencia dentro de la ciudad de Medellín.] - [Palabras claves: desplazamiento, grupo, familiar, derecho, menores, pueblo, interno, edad, medellín, protección, derechos, corte, parte]