[Resumen automatizado: En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política, la jurisprudencia constitucional[44], y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual sólo procede excepcionalmente como: (i) mecanismo de protección definitivo: cuando el presunto afectado no dispone de otro medio de defensa judicial; y, cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto; así mismo, procederá (ii) como mecanismo transitorio mientras se dicta una decisión definitiva por el juez ordinario, para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental; situación extraordinaria que debe contar con las siguientes características: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente, (iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables”.] - [Palabras claves: discapacidad, salud, derechos, derecho, corte, personas, menor, tutela, edad, protección, expediente, procedimiento, servicios]

[Resumen automatizado: En ese sentido, ordenó oficiar a la Asociación Probienestar de la Familia Colombiana, Profamilia, y al Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes para que brindaran su colaboración a la Corte informando sobre las medidas que, en su criterio, podrían contribuir a que los menores de edad con discapacidad cognitiva y psicosocial tomen decisiones informadas y autónomas sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y sobre el rol que incumbe a los familiares, los proveedores de servicios de salud y el personal médico respecto del acompañamiento y apoyo en la adopción de decisiones de esa naturaleza. || El recuento elaborado en la parte motiva de esta providencia sugiere, en efecto, que los artículos 6º y 7º de la Ley 1412 de 2010 -sobre la práctica gratuita de procedimientos quirúrgicos de anticoncepción a menores de edad y personas en situación de discapacidad- y la lectura que ha hecho de ellos la Corte Constitucional podrían estar limitando el alcance de la protección que la CDPCD les prodiga a las personas con discapacidad, específicamente, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de su capacidad jurídica para tomar decisiones sobre cuestiones relacionadas con la familia, la maternidad, las relaciones personales y en general, sobre aquellas que conciernen al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.] - [Palabras claves: discapacidad, personas, derechos, esterilización, situación, consentimiento, salud, derecho, decisiones, sexuales, sala, capacidad, edad]