[Resumen automatizado: El señor Luis Fernando Borja promovió acción de tutela en marzo 20 de 2009, contra la ARP Positiva y la EPS Susalud, ambas de Antioquia, reclamando el amparo de sus derechos a la salud, a la seguridad social, a la vida digna, a la igualdad, de petición, al mínimo vital, al trabajo y a la inmediatez en la atención, según los hechos que a continuación son resumidos. || En abril 3 de 2009, el Juzgado Sexto Penal Municipal de Medellín negó el amparo solicitado, argumentando que la controversia aquí suscitada "se debe dirimir en el ámbito y ante el Juez natural que el caso amerita como lo es el Laboral, pues es de su resorte la declaratoria en un proceso ordinario de asumir las temáticas relacionadas con el origen y la fecha de estructuración de un accidente de trabajo o con ocasión al ejercicio de funciones laborales para una calificación de pérdida de capacidad laboral del accionante, cuyo modo de vinculación y asunción de riesgos profesionales, salariales y prestacionales también están dentro de su ámbito de competencia, órbita que por cierto no está legitimado invadir el Juez Constitucional" (f.] - [Palabras claves: trabajo, laboral, médico, salud, incapacidad, tutela, capacidad, trabajador, corte, reconocimiento, en, noviembre, actor, si]

[Resumen automatizado: La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || Pedro Pablo Burgos Martínez, a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra Saludcoop E.P.S. y la Empresa de Transporte “Trans-comercializadora Jacor Limitada”, por considerar que estas entidades han vulnerado sus derechos fundamentales a la vida, la salud y a la seguridad social. || ¿Vulnera la EPS accionada los derechos fundamentales invocados por el accionante, al no continuar con la prestación de los servicios médicos necesarios para la recuperación de la salud del señor Pedro Pablo Burgos Martínez, por considerar que son responsabilidad exclusiva de la ARP a la cual se encuentra afiliado el actor? || Para atender los problemas jurídicos expuestos, en primer lugar es preciso resaltar que en el presente caso no ha habido una calificación definitiva del origen de la enfermedad que aqueja al señor Pedro Pablo Burgos Martínez, toda vez que el asunto fue sometido a consideración de la Junta Regional de Invalidez, por no existir un acuerdo entre las entidades encargadas de prestar asistencia médica y económica.] - [Palabras claves: salud, servicios, derecho, entidad, tutela, constitucional, prestaciones, origen, trabajo, enfermedad, profesional, pago, prestación, servicio, corte]

¿La sentencia dictada por el Tribunal Administrativo vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, y vida digna del actor, al incurrir en una vía de hecho por defectos sustantivo y fáctico, y en consecuencia, permitir que fuera retirado del servicio? ¿Existe algún impedimento para que el actor pueda seguir desempeñando su labor como funcionario judicial, teniendo en cuenta que su incapacidad no es absoluta, y en consecuencia, recibir simultáneamente la pensión de invalidez y el salario? Negada. El régimen aplicable a los servidores públicos que hacen parte de la Rama Judicial, incluye también las causales de retiro del servicio. El funcionario judicial que sufre un accidente de trabajo y cuya incapacidad no origine el reconocimiento de pensión de invalidez, podrá ser reubicado. El objetivo primordial de la pensión de invalidez, es velar por la subsistencia del trabajador -mediante una suma mensual de dinero-, eximirlo de su obligación de trabajar, y preservar su derecho al trabajo en el caso de que recupere su capacidad laboral. El ingreso al servicio público o privado de una persona limitada que se encuentre pensionada, no implicará la pérdida de su mesada pensional, siempre que ello no conlleve a una doble asignación del Tesoro Público - [Resumen automatizado: Conducta que causa la vulneración: sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se revocó la providencia de primera instancia proferida por el Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Cartagena[1], dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que el actor instauró en contra de la Rama Judicial -Nación-, con motivo de su desvinculación del servicio[2], por habérsele reconocido la pensión de invalidez a raíz del accidente de trabajo que sufrió. || - Pretensión Principal, se declare probada una vía de hecho por violación al debido proceso del demandante en la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar el día 25 de Julio del 2.008, y en consecuencia, se revoque el fallo y se ordene al Tribunal accionado que expida una nueva providencia, teniendo en cuenta, lo siguiente: (i) si se establece que para el caso se debía aplicar el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el Tribunal acusado deberá confirmar que no se cumplió con la solicitud de permiso al Ministerio de Protección Social de que trata la norma en mención; (ii) debe confirmar además, que no se ha acreditado la imposibilidad del actor para seguir desempeñando sus labores y que la limitación que presenta no es incompatible con el ejercicio del cargo y que tiene derecho a recibir simultáneamente la pensión de invalidez y el salario correspondiente a su cargo.] - [Palabras claves: invalidez, ley, vía, tutela, trabajador, hecho, sentencia, norma, derecho, tribunal, proceso, cargo, actor, laboral]

[Resumen automatizado: El señor Wilson Torrado Vargas, a través de apoderado, ejerció la acción constitucional de tutela con el objeto de solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, que considera están siendo vulnerados por la ARP Seguro Social, la Alcaldía del Municipio de Abrego, la EPS Salud Vida y la Empresa de Trabajo Asociado EAT SERVAM al no reconocerle el pago de las incapacidades a que tiene derecho como consecuencia del accidente de trabajo sufrido durante su jornada laboral el 14 de julio de 2006.] - [Palabras claves: derechos, sala, trabajo, invalidez, tutela, origen, acción, valoración, salud, social, incapacidad, pago, laboral, derecho, mínimo, protección, debe]

[Resumen automatizado: El señor José Oscar Vargas Mayorga, interpuso acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la seguridad social en conexidad con la vida y al mínimo vital que, según afirma, le fueron vulnerados por Salud Total EPS, debido a que esa entidad se ha negado a pagar en su favor, una incapacidad médica. || 2.7 Por las anteriores razones el señor José Oscar Vargas Mayorga, presentó acción tutela el 3 de septiembre de 2007 contra Salud Total EPS, para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la seguridad social en conexidad con la vida y al mínimo vital, con el fin de que se ordenara el pago de la incapacidad médica señalada. || Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si Salud Total EPS vulnera los derechos fundamentales del señor José Oscar Vargas Mayorga a la seguridad social en conexidad con la vida y al mínimo vital propio y de su familia, al negarse a pagar la incapacidad expedida por el medico tratante, correspondiente a 15 días, como consecuencia de las lesiones que padeció, causadas en el accidente de transito en el que se vio involucrado el 1 de agosto de 2007.] - [Palabras claves: pago, salud, incapacidad, mínimo, acción, laborales, salario, vital, tutela, manera, decreto, médica, seguridad, social, derecho, laboral]

[Resumen automatizado: La entidad accionada no ha vulnerado con su actuación los derechos fundamentales del actor, ya que le ha brindado toda la atención médica que ha requerido para tratar las consecuencias del accidente de trabajo que sufrió en el año dos mil tres (2003), sin que presente en la actualidad nuevas secuelas que se encuentre obligada a atender, por lo que no existe razón alguna que justifique que mediante la acción de amparo constitucional se le ordene a la entidad accionada el cubrimiento de la asistencia en salud que el actor ahora demanda. || En respuesta al requerimiento judicial, el Gerente Regional de la Zona Norte de Liberty Seguros S.A. sostuvo que el día primero (1°) de junio de dos mil seis (2006) se le dio respuesta al derecho de petición formulado por el accionante, a través del Oficio JURIDP 100072-889, en el cual la Directora Nacional de Cuidado Integral de la ARP Liberty le informó al actor que la atención en salud que demanda para el tratamiento de la diabetes mellitus que lo aqueja debe ser prestada por la E.P.S. a la que se encuentra afiliado y no por la entidad que representa, ya que se trata de un padecimiento que no está relacionado con el evento reportado en el mes de marzo del año dos mil tres (2003) y, por tanto, se trata de una patología de origen común, no profesional.] - [Palabras claves: entidad, salud, dos, mil, trabajo, origen, riesgos, tutela, actor, petición, afiliado, derecho, atención, servicios, profesionales, acción, encuentra]

[Resumen automatizado: El peticionario sufrió una disminución parcial, pero definitiva de su capacidad laboral que le dificulta desempeñarse como taxista, por lo que es posible concluir que la A.R.P. demandada está en la obligación de reconocer, en el porcentaje señalado en la ley, la indemnización por incapacidad permanente parcial, pues la falta de reconocimiento de ese derecho genera una grave afectación del derecho a la seguridad social del accionante en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas, puesto que él se encuentra en un precario estado de salud, no tiene empleo que le permita proveer sus necesidades básicas, cuenta con 66 años de edad que le dificultan acceder a las fuentes de trabajo y no tiene una familia que le brinde apoyo en sus necesidades. || 3. Corresponde a la Sala, entonces, determinar varios aspectos: i) si la E.P.S. demandada está obligada a prestar los servicios en salud al peticionario, pese a que no se encuentra afiliado al régimen contributivo; ii) si la A.R.P. demandada puede negarse a estudiar si un afiliado tiene derecho al pago de prestaciones económicas derivadas de accidentes de trabajo, porque la vinculación fue irregular; iii) si la A.R.P. La Equidad tiene el deber jurídico de reconocer la pensión de invalidez o cualquiera de las prestaciones económicas derivadas de la disminución de la capacidad laboral del accionante y, iv) si el peticionario tiene derecho al pago del valor que asumió para que la Junta de Calificación de invalidez evalúe su pérdida de capacidad laboral y si ello puede solicitarse por vía de tutela.] - [Palabras claves: sistema, trabajo, salud, social, derecho, tutela, profesionales, invalidez, riesgos, seguridad, laboral, capacidad, si]

[Resumen automatizado: Una vez recibido el proceso por el Juzgado Promiscuo Municipal de Manzanares (Caldas) el diecisiete (17) de abril de dos mil siete (2007), este despacho, señalando la existencia de una discrepancia entre la Alcaldía de Manzanares y la Administración de Riesgos Profesionales del Seguro Social respecto al pago de las incapacidades correspondientes al señor Yepes Álvarez, vinculó a dicha entidad para que ejerciera en debida forma la contradicción y su derecho de defensa. || Tras analizar los hechos narrados y probados dentro de la presente causa, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si el no pago de las incapacidades temporales al señor Jesús María Yepes Álvarez por parte de la Alcaldía y de la Administradora de Riesgos Profesionales, sustentadas en un conflicto administrativo, así como la desafiliación del accionante a la EPS Salud Colombia, vulneraron derechos fundamentales del actor. || El decreto 1295 de 1994 "Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales", regula las prestaciones asistenciales y económicas que deberán recibir los trabajadores que han padecido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.[11] Así, y de acuerdo con el artículo 3º de la ley 776 de 2002, todo trabajador que sufra un accidente de trabajo además de recibir "asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica (...) [cuyos gastos estarán] a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales correspondiente"[12], tiene derecho a un "subsidio por incapacidad temporal"[13] en los eventos en que la incapacidad le impida desarrollar la labor para la cual fue contratado y que equivale al 100% del salario base de cotización.] - [Palabras claves: incapacidad, trabajador, pago, trabajo, invalidez, derechos, actor, salud, social, derecho, acción, ley, debe, tutela]

[Resumen automatizado: Orlando Bravo, en representación de su hermano John Freddy Bravo, quien para la fecha de presentación de la demanda se encontraba hospitalizado, interpuso el 12 de septiembre de 2003 una acción de tutela contra Comfenalco EPS y La Previsora Vida S.A., por considerar que la negativa de estas entidades de suministrarle a su hermano los servicios médicos que por su estado de salud requería, por existir una controversia entre ellas respecto de cuál de las dos estaba obligada a cubrir los costos de los servicios, vulnera los derechos a la vida (Art. 11 C.P), al respeto a la dignidad humana, a la igualdad (Art. 13 C.P) y a la seguridad social ley 100 de 1993 (Art. 48 C.P) de su hermano. || Fundándose en los hechos narrados en el aparte primero de esta sentencia, Orlando Bravo, en representación de su hermano John Freddy Bravo, quien para la fecha de presentación de la demanda se encontraba hospitalizado, interpuso el 12 de septiembre de 2003 una acción de tutela contra Comfenalco EPS y La Previsora Vida S.A., por considerar que la negativa de estas entidades de suministrarle a su hermano los servicios médicos que por su estado de salud requería, por existir una controversia entre ellas respecto de cuál de las dos estaba obligada a cubrir los costos de los servicios, vulnera los derechos a la vida (Art. 11 C.P), al respeto a la dignidad humana, a la igualdad (Art. 13 C.P) y a la seguridad social ley 100 de 1993 (Art. 48 C.P) de su hermano.] - [Palabras claves: salud, trabajo, servicios, instancia, médicos, fallo, costos, afiliado, juez, dos, expediente, cuaderno, tutela, controversia, primera]

[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Montealegre Lynett, quien la preside, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente || Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por el Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de la ciudad de Bogotá, en el trámite de la acción de tutela iniciada por la señora Martha Jeanneth Peralta Camacho, en representación de su primo, señor Daniel Enrique Mojica Ramírez, contra Comfenalco A.R.S. || En consecuencia, la demandante solicita se ordene a la A.R.S. COMFENALCO brindar el manejo integral a su primo Daniel Enrique Mojica Ramírez y asumir la totalidad de los costos que ella implique, en razón a que él se encuentra afiliado a dicha entidad y es una persona que no cuenta con recursos económicos para cubrir los costos del tratamiento que requiere. || PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, el 16 de enero de 2004, dentro de la tutela instaurada por Martha Jeanneth Peralta Camacho, en calidad de agente oficiosa de su primo Daniel Enrique Mojica Ramírez, contra COMFENALCO A.R.S., por las razones expuestas en esta providencia.] - [Palabras claves: tutela, atención, entidad, afiliado, acción, razón, costos, servicios, corte, constitucional, expediente, médica, bogotá, juzgado]

[Resumen automatizado: “Cabe señalar, que las entidades Promotoras de Salud E.P.S., definidas en el artículo 177 de la Ley 100 de 1993 son las entidades responsables de la afiliación, el registro y la carnetización de los afiliados, así como del recaudo de sus cotizaciones por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía, de la administración de recursos y de la contratación de los servicios para que se brinde el Plan Obligatorio de Salud -P.O.S. || En este orden de ideas, el trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho, según sea el caso, a prestaciones asistenciales que serán prestadas a través de la entidad promotora de salud a la cual se encuentre afiliado en el sistema general de seguridad social en salud, excepto los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de medicina ocupacional que podrán ser prestados por las A.R.P. || relativo a las llamadas prestaciones asistenciales, el legislador dispuso que los servicios de salud que demande el afiliado al sistema de seguridad social, derivados de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, deberán ser prestados a través de la Entidad Promotora de Salud EPS, en la cual se encuentre inscrito el afiliado.] - [Palabras claves: salud, servicios, entidades, trabajo, profesionales, seguridad, corte, atención, social, tutela, entidad, puede, instituciones, sala]

[Resumen automatizado: Se concederá la tutela al derecho a la seguridad social en riesgos profesionales en conexidad con el derecho a la vida de la demandante, por encontrar probado que: (i) si bien no existía un contrato escrito suscrito entre la accionante y la accionada calificado como contrato de trabajo, sí se dio una relación laboral, (ii) a pesar de existir un contrato del cual se derivó una relación laboral, Sistemas de Terapia Respiratoria no afilió a la accionante a ninguna EPS, ni a una ARP, (iii) el accidente sufrido por la accionante lo fue en cumplimiento de la labor para la cual había sido contratada por Sistemas de Terapia Respiratoria, luego aconteció un accidente de trabajo (iv) la entidad accionada comenzó a suministrarle los medicamentos necesarios para el tratamiento por el eventual contagio con VIH, pero éste fue suspendido, y (v) en virtud de que la accionada no había afiliado a la accionante a ninguna ARP, y además inició el suministro del tratamiento y lo suspendió posteriormente atentando contra la salud de la accionante, le corresponde a la Empresa el cubrimiento de los exámenes y tratamientos necesarios para proteger la salud de la accionante.] - [Palabras claves: derecho, laboral, tutela, trabajo, profesionales, social, riesgos, si, salud, seguridad, contrato, entidad, tratamiento]

[Resumen automatizado: Los derechos que reclamó el actor sí fueron significativamente afectados por la actuación del Instituto demandado; así el peticionario no padezca actualmente una enfermedad que ponga en peligro inminente su vida, él es una persona que por su condición económica y física se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta y, de acuerdo con el artículo 13 de la Carta Política, debe recibir la protección especial que le ha negado la entidad demandada, por lo que sus derechos a la vida, la salud, la igualdad y la seguridad social sí fueron negativamente afectados, así como han sido amenazados los de su esposa e hija en calidad de beneficiarias. || La diferencia entre la situación del actor y sus beneficiarios antes y después de la actuación administrativa de reconocimiento y pago de la pensión por invalidez, que se concreta en que antes estaban afiliados al sistema general de seguridad social y contaban con una antigûedad de más de 1.100 semanas de cotización ininterrumpida, mientras que ahora no están afiliados y perdieron dicha antigûedad, no se debe a la incuria del accionante, como afirmó el fallador de segunda instancia; el señor Barbosa cumplió con las indicaciones que le dio el Instituto de Seguros Sociales y, aunque no quería abandonar el tratamiento que estaba recibiendo en esa entidad, cuando le indicaron que tenía que optar por otra EPS, él lo hizo en el formato que le entregaron; sin embargo, el Instituto demandado no lo afilió a la entidad prestadora de salud que él escogió, aunque sí le hizo los descuentos correspondientes.] - [Palabras claves: derechos, instituto, actor, invalidez, entidad, salud, seguridad, beneficiarios, social, vida]

[Resumen automatizado: en los procesos de revisión de los fallos adoptados por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá Decisión, respectivamente, dentro de las acciones de tutela instauradas por Alvaro Jiménez Cantillo contra el Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Atlántico, y por Orlando Gómez González contra Colmena AIG, Cesantías y Pensiones. || En escrito del día 9 de agosto de 1999, COLMENA AIG Cesantías y Pensiones manifiesta que el 6 de marzo de 1998 le solicitó a la Junta de Calificación de Invalidez de Bucaramanga que realizara la correspondiente valoración de la pérdida de capacidad laboral del señor González, para lo cual canceló ella misma el valor del examen, equivalente a un salario mínimo legal mensual. || Por consiguiente, le ordenará al Instituto que disponga todo lo necesario para que, a su cargo y dentro de los quince días corrientes siguientes a la notificación de esta sentencia, se realice una nueva valoración médica sobre la pérdida de capacidad laboral del actor, por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez correspondiente.] - [Palabras claves: junta, actor, dictamen, invalidez, laboral, tutela, capacidad, instituto, afiliado, incapacidad, evaluación, revisión, derechos, pérdida, médica, sentencia]

[Resumen automatizado: Frente a esos hechos, y a la firmeza que adquirió el dictamen de la Junta Regional de Calificación, debido a la consignación tardía -de parte de Seguros de Vida Alfa S.A.-, de los honorarios para hacer procedente la segunda instancia, resulta meridianamente claro que esa administradora de riesgos profesionales violó el derecho del actor a un proceso administrativo "...sin dilaciones injustificadas...", y por conexidad su derecho a la seguridad social, cuando después del 17 de noviembre de 1999, la aseguradora insistió en no reconocer al actor las prestaciones económicas y asistenciales que se desprenden de su estado de invalidez, debidamente calificado por la autoridad competente como de origen laboral. || El 6 de junio de 2000, el apoderado judicial del actor hizo llegar a la Secretaría General de la Corte Constitucional, copia del oficio No. 083-2000 de la Junta de Calificación de Invalidez Regional Valle del Cauca, por medio del cual ese entidad administrativa notifica al señor Andrea Prostini que decidió levantar la suspensión del trámite de revisión de la valoración de pérdida de la capacidad laboral, y remitir el expediente de a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (folios 109-111).] - [Palabras claves: junta, actor, calificación, proceso, derechos, tutela, administradora, riesgos, profesionales, servicio, demandada, sala, derecho, invalidez, social]

Derecho de petición - Generalidades - [Resumen automatizado: - El 24 de diciembre de 1999, el Seguro Social informa al juez de tutela que "debido a la complejidad del evento (homicidio) ocurrido el 15 de junio de 1999 al señor Carlos Mario Osorio Morales con cédula No. 71876918, se están recopilando los documentos y las pruebas que estos casos ameritan, tal y como la investigación interna que el empleador debe aportar, según lo estipulado en el Decreto 1530 de 1996, la cual aun no se ha recibido en esta ARP, motivos por los cuales no ha sido posible a la fecha definir la profesionalidad del evento antes mencionado". || Sin embargo, ello no significa que, ante la ausencia normativa del término para resolver, la administradora de riesgos profesionales está autorizada a no responder una solicitud o a resolver en el plazo que ella considera pertinente; puesto que, como se explicó en precedencia, el artículo 23 de la Carta exige, como garantía ineludible del derecho de petición, la respuesta oportuna de una solicitud respetuosamente presentada ante las autoridades. || Por lo anterior, la Sala considera que, tal y como ya lo había dicho esta Corporación, el término de 4 meses que señala el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, también es aplicable para la resolución de la petición de reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas de los riesgos profesionales.] - [Palabras claves: término, petición, solicitud, resolver, derecho, social, respuesta, sala, si, trabajo, reconocimiento, tutela, debe]

[Resumen automatizado: En efecto, conforme al artículo 164 de la Ley 100 de 1993, el acceso a la prestación de algunos servicios de alto costo "podrá estar sujeto a períodos mínimos de cotización que en ningún caso podrán exceder 100 semanas de afiliación al sistema, de las cuales al menos 26 semanas deberán haber sido pagadas en el último año." Por ende, la Corte considera que es excesivo que se imponga la suspensión de la afiliación a un trabajador y a su grupo familiar por una conducta que es imputable a su empleador, que no efectuó los aportes que le correspondían, y a la propia EPS, que fue negligente en sus deberes de vigilancia. || 33- Conforme a lo anterior, la Corte concluye que el primer segmento del artículo 209 de la Ley 100 de 1993, según el cual "el no pago de la cotización en el sistema contributivo producirá la suspensión de la afiliación y al derecho a la atención del plan de salud obligatorio" es claramente constitucional cuando se trata de la suspensión de servicios en caso de personas no vinculadas a través de relación laboral, esto es de pensionados, jubilados y trabajadores independientes, pues ellos directamente deben realizar los pagos de las correspondientes cotizaciones.] - [Palabras claves: salud, corte, trabajador, derecho, debe, pago, suspensión, seguridad, servicios, sistema, social, pues, ley]

[Resumen automatizado: Esta Corte ha insistido que el derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener tanto la normalidad orgánica como la funcional, tanto física como psíquica y psicosomática, de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de la persona, lo cual implica una acción de conservación y de restablecimiento por parte del poder público como de la sociedad, la familia y del mismo individuo. || Aduce la peticionaria que el Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Medellín, le está desconociendo su derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida y a la seguridad social, en razón a que la entidad no la ha asistido a través de la ARP, para que se le practique "cirugía de remodelación de muñón del dedo índice derecho que fuera ordenada por los mismos médicos especialistas del ISS y del tratamiento que de ella de derive"; por lo que solicita al juez de tutela que mediante una sentencia judicial se ordene al ISS "asumir el riesgo y que de manera inmediata se practique la cirugía ordenada tal y conforme se encuentra en las previsiones médicas, además del tratamiento que de la misma resultare".] - [Palabras claves: salud, derecho, vida, corte, través, acción, parte, tutela, trabajo, fundamental, derechos]

[Resumen automatizado: dentro del proceso de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia por el Juzgado Sexto Laboral y por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá. || Inocencio Cortés Mendoza instauró acción de tutela contra la Junta de Calificación de Invalidez de Santa Fe de Bogotá, por estimar violado su derecho de petición. || Mediante oficio del 16 de julio de 1999, el ente demandado alegó que la solicitud de valoración fue recibida el 25 de marzo de ese año y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 1346 de 1994, el trámite está suspendido por falta de pago del valor de los honorarios a favor de la Junta. || La Corte encuentra que, según se deduce de las pruebas aportadas al expediente, quien ha incurrido en el cumplimiento de sus obligaciones legales ha sido "Fidusalud", entidad a la cual se encuentra afiliado el actor y la que tiene el deber de asumir el costo relativo a los honorarios de quienes integran la Junta Regional de Calificación de Invalidez.] - [Palabras claves: junta, fe, santa, honorarios, tribunal, bogotá, sala, acción, afiliado, corte, tutela, valoración, demandado, entidad, magistrado]

[Resumen automatizado: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, Sala Laboral, en providencia del 28 de abril de 1999, resolvió conceder la tutela por vulneración del derecho a la seguridad social en conexidad con el derecho a la vida y ordenó al Seguro Social, Regional de la Guajira, que en el término de 48 horas dispusiera lo necesario para que se prestara a Lidia Redondo González las atenciones y cuidados médicos y hospitalarios respectivos, con el fin de preservar su salud y su vida. || Los patronos, como lo ha destacado esta Corte en infinidad de fallos, están legalmente obligados a efectuar aportes para la seguridad social de sus trabajadores y también a descontar a éstos periódicamente el valor de la cotización que a ellos corresponde por salud. || Segundo.- ORDENAR al Municipio de Riohacha el pago de las cotizaciones que adeuda por seguridad social y el cubrimiento total de la atención de salud que requiera Lidia Redondo González para el tratamiento de su afección lumbar e igualmente proceder a la inmediata evaluación de su situación para el reconocimiento, a su cargo, de una eventual indemnización o pensión de invalidez, según el caso.] - [Palabras claves: social, salud, riohacha, seguridad, corte, atención, sala, derecho, tutela, pago, aportes, vida, invalidez]

[Resumen automatizado: No es la acción de tutela el mecanismo procedente para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones laborales, pues con tal objeto han sido previstos medios judiciales efectivos que, por regla general, aseguran al trabajador la cierta protección judicial de sus derechos por la vía ordinaria. || Hay lugar, entonces, a la tutela transitoria de los derechos a la vida y a la igualdad del solicitante, para la cual se ordenará al Municipio asumir todos los gastos inherentes al sostenimiento de la salud de aquél, ordenando su inscripción inmediata en un organismo de seguridad social y las cotizaciones patronales al mismo en relación con el solicitante, mientras la justicia laboral resuelve de manera definitiva sobre las obligaciones de esa índole a cargo de la entidad territorial. || Hay lugar, entonces, a la tutela transitoria de los derechos a la vida y a la igualdad del solicitante, para la cual se ordenará al Municipio de Montebello asumir todos los gastos inherentes al sostenimiento de la salud de aquél, ordenando su inscripción inmediata en un organismo de seguridad social y las cotizaciones patronales al mismo en relación con el solicitante, mientras la justicia laboral resuelve de manera definitiva sobre las obligaciones de esa índole a cargo de la entidad territorial.] - [Palabras claves: tutela, derechos, protección, laboral, acción, corte, juez, mecanismo, fundamentales, judicial, trabajo, solicitante, relación]

[Resumen automatizado: La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, || En demanda presentada ante el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, el actor manifiesta que desde el día 3 de junio de 1990, hasta el día 29 de mayo de 1992 se desempeñó como jefe de la División de Personal de la Alcaldía Municipal de Arauquita (Arauca), y que el día 9 de julio de 1990 sufrió un accidente de trabajo "mientras realizaba gestiones inherentes a mi cargo, el que originó lesiones consistente en fractura conminuta de platillos tibiales con trauma tipo aplastamiento de rodilla izquierda, para lo cual fui remitido al Hospital Militar Central de Bogotá, a fin de ser valorado por un Médico Especialista en Traumatología-Ortopedia". || a.-) Fotocopia del oficio No. 496 de 19 de julio de 1990, mediante el cual el señor Hermes Mayorga fue remitido por la Caja de Previsión Social del Departamento de Arauca al Hospital Militar Central, para que se le prestaran los servicios médicos en traumatología y ortopedia.] - [Palabras claves: derecho, social, sala, salud, departamento, trabajo, actor, no, el, vida, día, entidad, militar]