¿Se excedieron las facultades conferidas por el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 con la regulación de la competencia para calificar el origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional? ¿En virtud del principio de igualdad, se deben equiparar los procedimientos aplicables dentro del régimen de riesgos profesionales y los previstos en los sistemas de seguridad en salud y en pensiones? Las características del sistema de riesgos profesionales y el alcance del artículo donde se contienen los preceptos acusados. Demanda Decreto 1295 de 1994; Art. 12 (parcial) EXEQUIBLE - [Resumen automatizado: Para el demandante las expresiones “La calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional será calificado, en primera instancia por la institución prestadora de servicios de salud que atiende al afiliado”; “El médico o la comisión laboral de la entidad administradora de riesgos profesionales determinará el origen, en segunda instancia”; y “Cuando surjan discrepancias en el origen, estas serán resueltas por una junta integrada por representantes de las entidades administradoras, de salud y de riesgos profesionales”, contenidas en los incisos segundo, tercero, y cuarto del artículo 12 del Decreto 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales” vulneran i) el artículo 150-10 de la Constitución por cuanto con ellas el Legislador habría excedido las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 al establecer instancias que no fueron previstas en dicha ley ii) el principio de igualdad (art 13 C.P.) por cuanto en este campo se establecería un tratamiento discriminatorio para las personas a quienes se les aplica el régimen de riesgos profesionales si se les compara con las personas a las que se les aplica el régimen común, donde no se establecen instancias adicionales como las que se establecen en los incisos acusados.] - [Palabras claves: origen, riesgos, facultades, sistema, enfermedad, trabajo, profesionales, ley, profesional, administración, calificación, invalidez]; Art. 12 (parcial) EXEQUIBLE

[Resumen automatizado: De otro lado, con relación a la supuesta violación de los artículos 13, 47,48 y 53, afirma el demandante que la norma acusada al permitir la existencia de pre-existencias en el Sistema General de Riegos Profesionales, como mecanismo para disminuir prestaciones económicas y no evaluar el real grado de severidad de la perdida de capacidad laboral en un trabajador que sufra una enfermedad o un accidente de trabajo, permite establecer una discriminación y diferenciación para unos mismos supuestos de hecho, como pueden ser las consecuencias derivadas de los accidentes o de las enfermedades, según sean estas determinadas como de origen común o profesional. || Este Sistema General de Riesgos Profesionales, estructurado de manera general en la ley 100 de 1993 , posteriormente desarrollado por el Decreto Ley 1295 de 1994 , del cual varios artículos fueron declarados inexequibles a través de la Sentencia C- 452 de 2002 , Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería , y finalmente determinado por la ley 776 de 2002; tiene como uno de sus objetivos " Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas que por incapacidad permanente o invalidez , que se deriven de las contingencias del trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional " ] - [Palabras claves: sistema, trabajador, riesgos, profesionales, ley, social, salud, trabajo, derecho, general, profesional, seguridad, derechos, laboral]

Retiro por disminución sicofísica. Carrera - Policia Nacional. ¿Se desconoce la protección especial que debe el Estado a las personas con discapacidad, protección laboral forzada, principio de igualdad, al establecerse como causal de retiro la disminución sicofísica? La facultad del legislador para expedir regímenes especiales. El tratamiento diferenciado en los regímenes especiales per se no viola el principio de igualdad. Las personas discapacitadas en la Constitución de 1991 y su estabilidad laboral reforzada. El principio de igualdad y la diferenciación positiva. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 55 (parcial), 58 y 59 (parcial) del Decreto 1791 de 2000 "por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional" - [Resumen automatizado: La medida adoptada por el legislador en el literal 3 del artículo 55 acusado -el retiro por disminución de la capacidad sicofísica- no es necesaria para el fin propuesto por la norma y desconoce la especial protección que la Carta Política predica respecto de las personas discapacitadas. || A juicio del demandante las normas acusadas, en cuanto autorizan el despido de los servidores públicos vinculados a la Policía Nacional por la circunstancia de la disminución de su capacidad laboral, violan los artículos 1, 25, 47, 53 y 54 de la Carta Política, y desconocen el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, por las siguientes razones: || De acuerdo con lo anterior debe resolver la Corte los siguientes problemas jurídicos: (1) si la disminución de la capacidad sicofísica del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional implica una situación de discapacidad o de invalidez que exija una protección especial por parte del Estado a ese grupo poblacional; (2) si la disminución de la capacidad sicofísica como causal de retiro resulta discriminatoria, y (3) si esa causal de retiro desconoce la estabilidad laboral reforzada garantizada a las personas discapacitadas.] - [Palabras claves: personas, derechos, capacidad, corte, policía, institución, decreto, derecho, nacional, igualdad, disminución, retiro, condiciones]

[Resumen automatizado: En su criterio, el legislador incurrió en una inconstitucionalidad por omisión relativa por cuanto al regular lo pertinente a las actividades de alto riesgo en la Aeronáutica Civil no incluyó a los bomberos que trabajan en extinción de incendios, y limitó esa cobertura sólo a los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, olvidando que los bomberos también prestan sus servicios en ese organismo y cumplen igualmente labores de alto riesgo para su salud. || Conforme a lo anterior, el problema que se plantea en esta ocasión es si el legislador, al expedir el numeral 5 del artículo 2 del Decreto 2090 de 2003, incurrió o no en una omisión constitucional, al no incluir dentro de las actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores que laboran en la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil a los bomberos que trabajan en extinción de incendios de esa entidad y si esa omisión desconoce los preceptos superiores citados por el actor.] - [Palabras claves: riesgo, alto, actividades, actividad, civil, legislador, aéreo, corte, condiciones, omisión, tránsito]

[Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Gina Paola Silva presentó demanda contra la expresión “cuando el transporte lo suministre la Institución” contenida en el artículo 31 del Decreto 1796 de 2000 “por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”. || El Señor Procurador General de la Nación allegó el concepto número 3601, recibido el 11 de junio de 2004, en el cual solicita a la Corte estarse a lo resuelto en la sentencia C-453 de 2002 en donde esta Corporación declaró la exequibilidad de la expresión “cuando el transporte lo suministre el empleador”, contenida en el artículo 9° del Decreto Ley 1295 de 1994 “por el cual se determina la organización y administración del sistema de riesgos profesionales” en relación con los cargos formulados en el asunto bajo estudio, motivo por el que considera que en el presente caso no es necesario hacer planteamiento alguno distinto a que se declare la existencia de la cosa juzgada material por cuanto el contenido normativo acusado ya fue declarado exequible.] - [Palabras claves: corte, transporte, trabajo, juzgada, cosa, norma, relación, ley, nacional, decreto, policía]

[Resumen automatizado: Los afiliados al Régimen de Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.” (se subraya lo demandado) || Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo. || Manifiesta al respecto: “creemos que a los trabajadores que han venido laborando en empresas de alto riesgo, antes de la Ley 100 y después de la misma, no se les puede hacer más gravoso su derecho adquirido para el otorgamiento de las pensiones especiales de vejez, por lo tanto coadyuvamos la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 3 y 6 del Decreto 2090...” ] - [Palabras claves: régimen, especial, transición, alto, trabajadores, igualdad, actividades, semanas, riesgo, pensión, ley, decreto]

[Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano José Gregorio Hernández Galindo demandó el artículo 2 (parcial) del Decreto Ley 2090 de 2003, “por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.” || Considera, entonces, que “los bomberos vinculados a la Aeronáutica Civil, a pesar de ejercer la misma actividad de extinguir incendios, de manera injustificada e irrazonable han sido excluidos de la clasificación de alto riesgo que establece la norma legal demandada, y por ello no gozan del régimen especial reconocido a los bomberos que sí hacen parte de un 'Cuerpo de Bomberos', como si el elemento relevante para determinar esa calificación fuera la organización o el ente para el que se labora y no la actividad en sí.” || El demandante acusa de inconstitucionalidad la expresión “cuerpos de”, contenida en el numeral 6 del artículo 2, por cuanto le impediría a las personas que laboran en el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios en la Aeronáutica Civil recibir el trato pensional favorable de las profesiones de alto riesgo.] - [Palabras claves: riesgo, corte, civil, norma, alto, inconstitucionalidad, especial, actividades, demanda, constitución, actividad, constitucionalidad]

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Jaime Araujo Rentería -quien la preside-, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia con base en los siguientes, || De otro lado sostiene que la seguridad social por ser un servicio público y la decisión de las controversias sobre esta materia una función pública, es evidente que en este caso la ley no reguló el ejercicio de dicha función y la prestación del servicio, para delegar su reglamentación al Gobierno Nacional, hecho que desconoce el artículo 150 numeral 10 de la Carta. || Con respecto al cargo sobre desconocimiento de las normas constitucionales por delegación de funciones administrativas en particulares, el Ministerio considera que "el servicio calificación de pérdida de capacidad laboral es prestado por entidades privadas sin ánimo de lucro, sin personería jurídica que ejercen una función pública de orden legal pues allí no opera una delegación del Estado, siendo vigiladas, coordinadas y controladas a través del Ministerio de la Protección social...".] - [Palabras claves: invalidez, calificación, juntas, corte, particulares, funciones, social, función, normas, ley, seguridad, legislador, ejercicio]

Término para que los empleadores afiliados al ISS puedan trasladarse de una Administradora de Riesgos Profesionales a otra. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley 776 de 2002 - [Resumen automatizado: El Sistema de Riesgos Profesionales se caracteriza por los siguientes elementos: está compuesto por entidades de carácter público y privado; es administrado por el ISS y otras entidades aseguradoras de vida, debidamente autorizadas; está destinado a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, para lo cual fija las prestaciones económicas y las prestaciones asistenciales a que tienen derecho los trabajadores en uno y otro caso; todos los trabajadores deben estar afiliados, y esa afiliación se hace a través de los empleadores, quienes son los encargados de pagar las cotizaciones respectivas, de acuerdo a la clase de riesgo en que se encuentren. || El legislador, al regular lo concerniente al Sistema de Riesgos Profesionales, debe procurar hacer efectiva la igualdad y la libre competencia entre las entidades facultadas para prestar el servicio, así como garantizar que los usuarios puedan, en igualdad de condiciones, tener acceso al mismo y obtener la protección requerida. || En ese orden, le corresponde determinar a la Corte si el término diferencial dispuesto en la norma impugnada para que los empleadores afiliados puedan trasladarse de una Administradora de Riesgos Profesionales a otra, según se trate del ISS o de una entidad distinta, vulnera los artículos 13, 333 y 334 de la Carta Política.] - [Palabras claves: entidades, libertad, sistema, seguridad, social, igualdad, empresa, público, corte, prestación, servicio, interés, competencia, legislador, condiciones, libre, puedan]

[Resumen automatizado: La diferencia entre uno y otro sistema surge claramente, a juicio de la entidad interviniente, de la normatividad propia de uno y otro sistema, razón por la cual las disposiciones acusadas no vulneran el ordenamiento superior "[e]n cuanto a que su aplicación para los casos de invalidez por riesgo profesional y riesgo común, generan unas consecuencias propias y exclusivas dentro del Sistema General de Seguridad Social". || Plantea el ciudadano demandante que vulnera la Constitución Política, el hecho de que los montos de la pensión de invalidez, tratándose de invalidez por riesgo común e invalidez por riesgos profesionales, sean proporcionalmente diferentes, pues con ello se establece una diferencia frente a hechos iguales que carece de fundamento y justificación y, por lo tanto, viola el principio de igualdad de los trabajadores y, desconoce las disposiciones constitucionales que garantizan la especial protección del trabajo, así como el derecho a obtener la situación más favorable al trabajador. || Con todo, eso no es lo que sucede en el presente caso, pues a juicio de la Corte, las disposiciones acusadas si bien establecen un tratamiento diferente respecto del monto de la pensión de invalidez según se origine por riesgo común o por riesgo profesional, ello se encuentra justificado dados los elementos objetivos que caracterizan uno y otro sistema.] - [Palabras claves: invalidez, riesgo, pensión, sistema, riesgos, común, general, profesional, profesionales, ley, trabajador]

Desafiliación automática del Sistema General de Riesgos Profesionales por no pago de dos o más cotizaciones. Inexequible. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 16, parcial, del Decreto ley 1295 de 1994 - [Resumen automatizado: Sin embargo, para la Corte Constitucional, la desafiliación al sistema de riesgos profesionales estando vigente la relación laboral y existiendo afiliación previa a una ARP, también es inconstitucional, pues, si se trata de una obligación entre el empleador y la ARP, en la que no es parte el trabajador, y, por el contrario, éste confía en que si existe una relación laboral, goza del amparo del riesgo profesional, de una parte, y de la otra, que es el Estado quien está obligado a dirigir, controlar y vigilar el sistema, y a obligar a las administradoras y a los empleadores a cumplir sus obligaciones constitucionales. || Para la actora, la violación se presenta porque si Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, la disposición acusada permite que los trabajadores sean desafiliados automáticamente de las administradoras de riesgos profesionales, cuando el empleador no ha pagado la cotización correspondiente, por un período de dos meses, quedando el trabajador desamparado si en este tiempo sufre una enfermedad profesional o un accidente de trabajo.] - [Palabras claves: trabajador, sistema, riesgos, corte, cotizaciones, profesionales, social, derecho, pago, decreto, general]

[Resumen automatizado: Cuando mediante Junta Médico-Laboral o Tribunal Medico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan: || Por ello, es claro que el análisis que se exige respecto de las normas demandadas, no puede limitarse a la pensión de invalidez como un simple porcentaje, sino que resulta necesario verificar el contenido real de la prestación, pues en su concepto, para establecer un juicio de igualdad entre las pensiones de invalidez, si ello resultare posible tratándose de un régimen exceptuado, deberían cuando menos ambas pensiones referirse a un mismo fenómeno fáctico, es decir a la misma pérdida de capacidad laboral, lo cual no ocurre en este caso, tal como ya lo advirtió la Corte en sentencia C-890 de 1999 que declaró exequible unos artículos del decreto 94 de 1999.] - [Palabras claves: régimen, invalidez, decreto, capacidad, pensión, laboral, disminución, derecho, superior, ciento, igual]

[Resumen automatizado: Alega el demandante que la norma acusada desconoce el principio de igualdad consagrado en la Constitución Política (artículo 13), pues “(…) mientras la legislación tiene previsto el reconocimiento y pago de la UPC [Unidad de Pago por Capitación] a las EPS dentro del régimen contributivo, por la organización y garantía de la prestación del POS a los afiliados que paguen en forma completa la cotización, el artículo 43 de la Ley 789 de 2002, establece una diferenciación en el sentido que la prestación del servicio de salud será prestado, no obstante no existir un pago de la UPC, cuando se trate de empleadores que hayan retenido del salario de los trabajadores los aportes y no los hayan girado a la EPS, obligando a estas entidades a prestar el servicio, sin contraprestación, desconociendo que es el empleador quien debe asumir directamente la prestación del servicio, como sanción por mora en el pago de aportes, tal como lo prescribe el artículo 209 de la Ley 100 de 1993.] - [Palabras claves: servicio, salud, aportes, sistema, ley, principio, empleadores, social, norma, persona, servicios]

Accidente de trabajo cuando el transporte lo suministra el empleador - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9 parcial del Decreto 1295 de 1994 - [Resumen automatizado: La demandante considera que el aparte de la disposición acusada vulnera los artículos 13 y 53 de la Constitución Política pues, en su criterio, da un trato discriminatorio a los trabajadores que se trasladen de su residencia al lugar de trabajo en un vehículo no suministrado por el empleador, al no consagrar como accidentes de trabajo los siniestros que les puedan ocurrir durante ese recorrido, en tanto que sí lo hace para aquellos a quienes el empleador les suministre el transporte. || No existe discriminación alguna hacia los trabajadores que se trasladan a su lugar de trabajo bajo su propio riesgo, pues éstos se encuentran en unas circunstancias de hecho diferentes de aquellos a quienes el empleador les suministra el transporte, de modo que es razonable que el legislador establezca reglas diversas para cada situación. || "Declarar EXEQUIBLE la expresión "cuando el transporte lo suministre el empleador" contenida en el artículo 9 del Decreto Ley 1295 de 1994 "por el cual se determina la organización y administración del sistema de riesgos profesionales", por los cargos analizados en esta Sentencia."] - [Palabras claves: transporte, trabajo, trabajadores, riesgo, corte, aparte, magistrado, decreto, trabajador, lugar, derecho, igualdad, seguridad, en, medio]

Se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador - Acción pública de inconstitucionalidad contra el Artículo 9o. (parcial) del Decreto Ley 1295 de 1994 - [Resumen automatizado: Si se advierte que el sistema de riesgos profesionales se basa en la teoría del riesgo creado, es lógico que cuando el transporte lo suministra el empleador, el accidente que se produzca se califique de profesional por cuanto en esa circunstancia se produce una especie de prolongación de la empresa, en la que el trabajador, como subordinado, está sometido a las condiciones que se le fijen para su transporte entre el sitio de trabajo y su residencia, razón por la que será el empleador el llamado a responder por los perjuicios que se llegaren a causar. || La Corporación deberá igualmente examinar si en el presente caso se vulneran derechos adquiridos en materia laboral, así como también si asiste o no razón al demandante cuando afirma que con la expresión atacada se desconoce el derecho a la garantía de seguridad social, para los trabajadores a quienes el empleador no suministra el transporte y sufren un accidente (arts.] - [Palabras claves: trabajo, derecho, transporte, riesgos, trabajador, trabajadores, sistema, seguridad, derechos, profesionales, decreto, ley]

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 34 y parágrafos 1 y 2, 35 y parágrafo, 36, 37 y parágrafo 1 y 2, 38, 39, 40 y parágrafo, 41, 42 y parágrafo, 44 y parágrafo transitorio, 45, 46, 47, 48 y parágrafos 1, 2, 3, 49, 50, 51, 52 parágrafo transitorio, 53 y parágrafo, 54, 55, 96 y 98 del Decreto Legislativo 1295 de 1994 - [Resumen automatizado: Se ha reiterado por esta Corporación que cuando el Presidente de la República es revestido de facultades extraordinarias por parte del Congreso y en cumplimiento de la función asignada a éste por el numeral 10 del artículo 150 superior, el límite de las facultades comporta una doble connotación, a saber: a) Límite temporal: el cual debe ser señalado en forma expresa en la ley de facultades y que se refiere al lapso de tiempo de que dispone el Ejecutivo para hacer uso de dichas facultades, el cual no puede exceder de seis (6) meses y, b) Límite material: que igualmente debe ser indicado en forma precisa en la ley de facultades y se refiere a la determinación clara, específica y concreta del objeto, asunto o materia sobre la cual debe recaer el ejercicio o uso de las facultades.] - [Palabras claves: ley, facultades, corte, sistema, decreto, constitución, administración, normas, norma, parágrafo]

Monto de las pensiones - Demanda de inconstitucionalidad en contra del Artículo 51, parcial, del Decreto 1295 de 1994 - [Resumen automatizado: Considera que si el monto de las cotizaciones o aportes que están obligados a hacer los empleadores al seguro de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, se determina en función de la actividad económica que desarrolla la empresa y la clase y grado de riesgo, con el fin de lograr reparar en lo posible totalmente el daño causado en la salud y la pérdida económica del ingreso, derivados del estado de incapacidad o invalidez que se haya producido, resulta "contrario al principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, discriminar a aquellas personas que, teniendo ingresos superiores 20 salarios mínimos y, en consecuencia, ingresos que les determina un nivel de vida medianamente alto o alto, que, frente a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, además del perjuicio que sufren en su salud y en su capacidad laboral, vean disminuido su ingreso en calidad de pensionados, por sujetarse al límite de 20 salarios. || Además, la fijación de límites mínimos y máximos vigentes en la Ley 100 de 1993 para las pensiones de origen común no tiene justificación en el Sistema General de Riesgos Profesionales, pues en ésta se parte de la base de que corresponde al resarcimiento de los perjuicios causados a raíz de la ocurrencia de un hecho dañoso, derivado de un accidente o enfermedad profesional que se produce por causa o con ocasión del trabajo.] - [Palabras claves: corte, legislador, pensiones, constitución, decreto, trabajo, magistrado, sistema, profesional, general, enfermedad, facultades, pensión, máximos, en]

[Resumen automatizado: Por ello, ciertas consideraciones de la demanda sugieren que el cargo se dirige, no contra la totalidad del ordinal acusado, sino exclusivamente contra la expresión "por vejez o invalidez por riesgo común", pues la pretensión del actor parece ser que la Corte retire del ordenamiento esa expresión a fin de que el ordinal 1 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 quede del siguiente tenor: tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes "los miembros del grupo familiar del pensionado, que fallezca". || 11- El estudio precedente permite concluir que en el presente caso es inevitable que la Corte entre a discutir si realmente el ordinal acusado está o no excluyendo de la pensión de sobrevivientes a los familiares del jubilado y del pensionado por accidente de trabajo, pues sin definir ese punto, resulta imposible examinar las acusaciones constitucionales del demandante. || 21- Conforme a lo anterior, una primera aproximación al ordinal acusado parece dar razón a la interpretación legal del actor, pues ni esa disposición, ni otros artículos de Ley 100 de 1993, prevén la sustitución pensional para los familiares de los jubilados, por lo cual habría que entender que esas personas se encuentran excluidas de ese beneficio.] - [Palabras claves: pensión, corte, vejez, disposición, ley, si, constitucional, familiar, derecho, acusada, legal]

Iniciativa gubernamental - Unidad de materia - Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 633 de 2000 - Ley 200 de 1995, Art. 31, Inciso 4o. - [Resumen automatizado: Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas, retención en la fuente y timbre nacional, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo antes de la vigencia de esta ley, con respecto a la cual no se haya proferido sentencia definitiva, podrán conciliar antes del día 31 de julio del año 2001, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hasta un veinte (20%) por ciento del mayor impuesto discutido, y el valor total de las sanciones e intereses según el caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en primera instancia, lo anterior siempre y cuando el contribuyente o responsable pague el ochenta por ciento (80%) del mayor impuesto y su actualización en discusión.] - [Palabras claves: ley, ciento, año, artículo, impuesto, nacional, estatuto, corte, entidades, servicios, renta, así, valor, constitución, pago, materia]

[Resumen automatizado: "El Congreso Nacional facultó al Presidente de la República mediante la ley 578/00 para que previa concertación con la Comisión nombrada por las mesas directivas de ambas cámaras del Congreso de la República, redactaran de consuno las normas hoy acusadas, empero, a pesar de esta orden dada por el legislador ordinario al Presidente de la República, hizo caso omiso, toda vez que los textos definitivos concertados entre las comisiones de Gobierno y del Congreso, no se reprodujeron en los decretos leyes acusados, tal y como lo manifestó el honorable senador de la República doctor Luis Elmer Arenas Parra, quien conformó la comisión nombrada por el Senado para este efecto, y en complemento a esta viciosa formación, el senador Arenas Parra no había firmado el acta definitiva en términos que sustentan los decretos que hoy estoy impetrando, naciendo a la vida jurídica una serie de decretos leyes sin las formalidades constitucionales y legales ordenadas por este aspecto." || Sobre el condicionamiento establecido en el artículo 3 de la ley 578/00, considera que éste "es un límite material impuesto al ejecutivo para hacer uso de las facultades extraordinarias, de manera que el texto definitivo de los decretos acusados debía concertarse con los integrantes de la Comisión Especial del Congreso designada para el efecto.] - [Palabras claves: decretos, comisión, ley, decreto, corte, especial, congreso, presidente, república, facultades, septiembre]

[Resumen automatizado: Por lo anterior, estima que "no existe coherencia sobre la materia que es objeto de la demanda, esta es, la omisión en la regulación del incremento salarial para trabajadores que ganan más de un salario mínimo y la presunta violación al artículo 373 de la Constitución porque las nociones de salario y moneda son distintas en su naturaleza (…)." || El jefe del Ministerio Público considera que le asiste razón a la demandante para invocar una omisión legislativa relativa, que se configura en relación con las normas que regulan a los trabajadores del sector privado, que devengan un salario superior al mínimo. || Finalmente, respecto al artículo 18 de la Ley 100 de 1993, considera que su contenido no se opone a las normas constitucionales, pues si bien en la práctica su aplicación presenta fallas que inciden negativamente en las cotizaciones para las pensiones de los trabajadores particulares, dichos inconvenientes se originan, precisamente, en la omisión legislativa relativa de las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. || Las relaciones laborales de los particulares por el contrario, se basan en el principio de la libertad contractual, que permite pactar incrementos salariales, salvo en materia de salario mínimo, inclusive superiores al índice de inflación; (iii) Finalmente aduce, que el reajuste salarial no es una garantía irrenunciable en favor del trabajador, razón por la cual no es obligatorio que se prevea en todos los casos.] - [Palabras claves: salario, omisión, trabajadores, normas, ley, reajuste, corte, legislativa, mínimo, salarial, norma, código, trabajo]

Controversias sobre la incapacidad permanente parcial - Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 43 del Decreto 1295 de 1994 - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional considera que el ejercicio de facultades extraordinarias mediante acto del Ministro Delegatario es válido, pues a la luz del artículo 196 de la Constitución, el Presidente de la República puede delegar en tal funcionario, bajo la responsabilidad de éste, "funciones constitucionales" de las que en razón de su investidura le corresponden, "tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe del Gobierno". || En cuanto al contenido de la norma acusada, estima el Procurador que ella no desbordó el límite material de las facultades extraordinarias concedidas, por cuanto el tema abordado en el Decreto 1295 de 1994 -organización del Sistema General de Riesgos Profesionales-, guarda estrecha relación con el contenido de la norma demandada, el cual se refiere a las controversias que pueden darse respecto de la incapacidad permanente parcial, que surge como consecuencia de un accidente de trabajo, y a los gastos que genera la pertinente reclamación ante la Junta de Calificación de Invalidez.] - [Palabras claves: corte, facultades, presidente, constitución, norma, república, sistema, ley, decreto, debe, ejercicio, riesgos, extraordinarias]

[Resumen automatizado: Las medidas adoptadas en las normas que se examinan, guardan proporción con el fin perseguido, cual es, como se indicó, defender el poder adquisitivo del salario integral, en cuanto sólo el 70% de éste tiene carácter salarial, y por lo tanto, sólo sobre ésta parte puede determinarse el aporte al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así como el cálculo de la base de cotización al sistema de pensiones. || En el caso de las normas acusadas, el legislador en ejercicio de sus competencias constitucionales, estableció el salario integral, configurando su contenido y señalando las consecuencias jurídicas que se derivan para quienes se acogen voluntariamente a esta modalidad de retribución, entre las cuales se encuentra la disminución en un 30% de los aportes patronales con destino al SENA, al ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar, así como el señalamiento del 70% de tal retribución como base para calcular las cotizaciones al régimen pensional, que están contenidas en las disposiciones impugnadas. || Por ende, si el factor prestacional es proporcionalmente inferior en el caso del salario integral al de los trabajadores con remuneración ordinaria, es justificado que el legislador haya determinado que el cálculo de la base de cotización al sistema de pensiones, y los aportes a las entidades señaladas en el artículo 18 de la ley 50 de 1990 sea inferior para éstos, en comparación con los demás trabajadores.] - [Palabras claves: salario, integral, trabajadores, remuneración, prestacional, aportes, factor, ley, modalidad, base, salarial, pensiones, trabajador, salarios]

[Resumen automatizado: Aunque aparentemente resulta válido que, frente a una determinada prestación, exista una regulación distinta a la fijada en el régimen común, hecho que descartaría un posible juicio comparativo por vía de la acción pública de inconstitucionalidad, lo cierto es que también la jurisprudencia de este tribunal ha reconocido que, excepcionalmente, cuando se demuestra que sin razón justificada las diferencias surgidas de la aplicación de los regímenes especiales generan un trato inequitativo y desfavorable para sus destinatarios, frente a quienes se encuentran sometidos al régimen común de la Ley 100 de 1993, se configura una evidente discriminación que impone el retiro de la normatividad especial, por desconocimiento del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 Superior. || A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en las partidas señaladas en los respectivos estatutos de carrera así:] - [Palabras claves: invalidez, pensión, régimen, decreto, especial, capacidad, corte, policía, nacional, común, incapacidad, militares, superior, disminución, prestación, determina, fuerzas, seguridad]

Inembargabilidad de las pensiones y demás prestaciones derivadas de riesgos profesionales - Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra los artículos 344 del Código Sustantivo del Trabajo, 134 de la Ley 100 de 1993, y 93 del Decreto 1295 de 1994 - [Resumen automatizado: El ciudadano JORGE LUIS PABON APICELLA, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numerales 4 y 5, de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra los artículos 344 del Código Sustantivo del Trabajo, 134 de la Ley 100 de 1993, y 93 del Decreto 1295 de 1994. || El representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ciudadano PEDRO NEL LONDOÑO CORTES, estima, con base en varios antecedentes jurisprudenciales, que en el presente caso el principio de igualdad previsto en el artículo 13 de la Carta no se ha menoscabado por las normas atacadas, en la medida en que existen razones de orden constitucional que razonablemente justifican la excepción de inembargabilidad a que se refieren las normas enjuiciadas, pues se está protegiendo los derechos de las personas de la tercera edad y los de quienes se encuentran cesantes. || Ahora bien, la Corte encuentra que en el presente caso no existe la proposición jurídica que el actor pretende deducir de los textos acusados, y que, por tal motivo, no se puede proferir fallo de fondo.] - [Palabras claves: pensiones, constitución, magistrado, corte, normas, artículos, puede, prestaciones, existe, recursos, demás]

[Resumen automatizado: El Convenio también se propone, a través del desarrollo de programas de intercambio y cooperación científico-tecnológica, favorecer los procesos de desarrollo de los dos países y elevar el nivel de competitividad de los mismos, para lo cual podrán celebrar acuerdos complementarios de ejecución y contarán con una Comisión Mixta que coordinará y propondrá actividades, proyectos y acciones concretas, con miras a la realización de los objetivos propuestos, disposiciones respecto de las cuales no existe reparo de constitucionalidad, pues ellas encuentran específico fundamento en el artículo 9 de la Constitución, norma superior que establece de manera expresa que "...la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe".] - [Palabras claves: cooperación, el, república, colombia, gobierno, desarrollo, país, ley, científica, cada, política, constitucionalidad, agosto, congreso, países]

Devolución de saldos e indemnización sustitutiva - Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 53 del Decreto 1295 de 1994 - [Resumen automatizado: Así las cosas, en el caso concreto de la demanda, el actor manifiesta que el Congreso de la República, en el artículo 253 de la Ley 100 de 1.993, determinó que no debe haber lugar al pago del bono pensional cuando se produzca la devolución de saldos, en razón a la invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional de un afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad y que, no obstante esta prohibición, el Presidente de la República, al expedir el parágrafo demandado del artículo 53 del Decreto Ley 1295 de 1.994, ordenó el pago del mencionado bono pensional, al autorizar la redención de los mismos, bajo unas precisas condiciones y situaciones. || La primera, porque no se realizó una interpretación contextual global de la Ley 100 de 1.993 para emitir el parágrafo demandado del artículo 53, en la medida en que se pronunció sobre la redención de los llamados bonos pensionales, cuando reguló, en lo que hace a la cuenta individual de ahorro pensional, la devolución de saldos en razón a la invalidez o muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, de un afiliado al sistema general de riesgos profesionales, en contravía de lo dispuesto en el artículo 253 de esa ley que no los autoriza; y, la segunda, toda vez que, el jefe del Ejecutivo Nacional se pronunció sobre una materia que ya había sido objeto en otra disposición, el numeral 5o.] - [Palabras claves: ley, ahorro, individual, sistema, invalidez, cuenta, pensional, pensiones, decreto, general, pensión, trabajo, facultades, régimen]

[Resumen automatizado: El legislador definió un sistema de afiliación a la seguridad social, en función de un trato diferencial, en virtud de la naturaleza y condiciones de los trabajadores, según se trate de la existencia de una relación laboral dependiente -contrato de trabajo e independiente- ausencia del mismo, vale decir, la ley 100 de 1993, establece una afiliación simple y compuesta al sistema general de pensiones, por lo que el artículo 15 de la ley describe expresamente las formas de afiliación, que se repite, puede ser obligatoria o voluntaria. || En cuanto a la afiliación de un trabajador mixto o compuesto, es decir, aquellos que se encuentran, para unos eventos en situación jurídica de dependientes o bajo la órbita de una relación laboral, y en otros momentos como independientes, la ley 100 de 1993 no los excluye como, al parecer lo plantea el actor en su demanda, por el contrario, lo que sucede es que ante tales circunstancias de hecho y de derecho, el legislador permite que ellos puedan vincularse, según el caso, al régimen de ahorro individual con solidaridad, dentro del cual puede realizar las cotizaciones obligatorias y voluntarias sobre los ingresos mensuales que declaren y aportar las cotizaciones voluntarias, periódicas u ocasionales, con el propósito de incrementar los saldos de sus cuentas individuales de ahorro pensional, para optar por una pensión mayor o un retiro anticipado.] - [Palabras claves: trabajadores, sistema, ley, social, seguridad, base, independientes, corte, cotizaciones, legislador, régimen]

[Resumen automatizado: En la Sentencia C-496/98 esta Corporación, aplicando el criterio general al que se ha hecho referencia -la competencia constitucional del Congreso para transferir las funciones presidenciales contenidas en el artículo 189-24-, se pronunció en relación con las específicas funciones de la Superintendencia Bancaria para ejercer la vigilancia y el control sobre las entidades que administran los fondos de pensiones y cesantías, el régimen solidario de prima media con prestación definida y los riesgos derivados de la enfermedad profesional y del accidente de trabajo. || El magistrado Sustanciador, por Auto de 9 de marzo de 1998, resolvió rechazar la demanda respecto del artículo 15 y frente a la expresión "los servidores públicos que estén afiliados a una caja, fondo o entidad de previsión o seguridad social" contenida en el inciso tercero del artículo 128 de la ley acusada, por existir sobre ellos pronunciamiento de la Corte que hace tránsito a cosa juzgada Constitucional. || Para el demandante, este segundo grupo de normas contrarían la Carta Política, pues las mismas le atribuyen a la Superintendencia Bancaria la vigilancia y control de las entidades administradoras de los regímenes del sistema de seguridad social integral -fondos de pensiones, cesantías, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios-, desconociendo el mandato constitucional que le asigna al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa, la inspección, vigilancia y control de las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y, en todo caso, aquellas relacionadas con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.] - [Palabras claves: régimen, social, públicos, seguridad, ley, servidores, control, vigilancia, entidades, normas, sistema, funciones, pensiones, disposiciones]

[Resumen automatizado: El legislador ha establecido un régimen distinto entre trabajadores dependientes e independientes, en cuanto a la base de sus cotizaciones y el monto y distribución de éstas, apoyado en el hecho de que la naturaleza, modalidades y condiciones de las relaciones laborales con los trabajadores dependientes son diferentes a la de los trabajadores independientes que se considera razonable, sin descartar que de acuerdo con la futura política macro económica y social del Estado, sea posible el establecimiento de una regulación normativa diferente que disponga una forma de cotización más favorable a dichos trabajadores. || Según el actor, es violatorio del derecho a la igualdad que la ley disponga que aquéllas personas que han optado por trabajar independientemente deban asumir por su propia cuenta el costo total de su afiliación al sistema de seguridad social, mientras que para los trabajadores dependientes el pago de la misma es compartido solidariamente con su empleador. || Para responder los cargos de la demanda debe la Corte determinar si el trato diferenciado contenido en las normas acusadas, con respecto a la forma como deben ser pagadas las cotizaciones de los afiliados al sistema de seguridad social, según se trate de trabajadores vinculados a un empleador mediante un contrato de trabajo o como servidores públicos, o de trabajadores independientes, tiene una justificación, objetiva, racional y razonable y proporcionada a la finalidad buscada por el legislador.] - [Palabras claves: trabajadores, independientes, cotización, sistema, seguridad, social, trabajador, trabajo, contrato, relación, legislador]

Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador - Demanda de inconstitucionalidad de los artículos 1o. del decreto 1281 de 1994; 8o. del decreto 1282 de 1994; y, 28 del decreto 1295 de 1994 - [Resumen automatizado: del artículo 139 de la ley 100 de 1993, sobre seguridad social integral, que facultó al gobierno para expedir los decretos donde se encuentran las normas por él demandadas. || El decreto 1281 de 1994, "Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo", es desarrollo del artículo 139, numeral 2o., de la ley 100 de 1993, que otorgó facultades extraordinarias al Gobierno, así: || Ubicado, pues, el artículo 1o., demandado, del decreto 1281 en el contexto de las normas que expidió el Gobierno y la ley que concedió las facultades, se puede entrar a analizar el cargo que por inconstitucionalidad por omisión presenta el demandante, al excluír la actividad desarrollada por los aviadores civiles como actividad de alto riesgo. || De conformidad con la Constitución, esta función corresponde al legislador, con base en la cláusula general de competencia, pero, excepcionalmente, como ocurre en este caso, el legislador faculta al Presidente de la República, de conformidad con el numeral 10., del artículo 150 de al Constitución, para que dentro de determinado plazo y bajo ciertos límites, haga la clasificación.] - [Palabras claves: decreto, riesgo, actividad, alto, ley, actividades, civiles, normas, gobierno, corte, trabajadores, pensiones, constitución, derechos, el]

Sistema General de Riesgos Profesionales, fecha de entrada en vigencia - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 97, parcial, del Decreto-ley 1295 de 1994 - [Resumen automatizado: Según la demandante, el artículo 97 del Decreto 1295 de 1994, en la parte acusada, consagra una discriminación entre los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público, en cuanto establece fechas diferentes para la vigencia del Sistema General de Riesgos Profesionales en esos sectores. || Para ilustrar su afirmación se vale de un ejemplo: "En el estatuto anterior -no precisa a cuál estatuto se refiere-, el causahabiente de una persona fallecida por un accidente de trabajo o enfermedad profesional sólo tenía derecho a una indemnización; en el actual ordenamiento (Ley 100/93 Y Decreto-Ley 1295/94), el causahabiente de un individuo que se encuentra en las condiciones antes descritas, tiene derecho a una pensión de sobreviviente"; pero, de estos mayores beneficios sólo gozan en la actualidad los trabajadores del sector privado, "pues el sector público ha sido relegado a una vigencia diferente: 1o. || En consecuencia, al determinar plazos distintos para la vigencia del Decreto 1295 de 1994, el Presidente ejerció una facultad inherente a la competencia excepcional atribuida, eligiendo a su arbitrio el momento de entrada en vigor del sistema general de riesgos profesionales en los sectores público y privado, de acuerdo con criterios de conveniencia, en los que se valora la necesidad de considerar un período prudencial para que se produzcan los ajustes y se predispongan las condiciones y medios indispensables para llevar a efecto los cambios producidos con la nueva regulación.] - [Palabras claves: profesionales, trabajadores, público, sector, riesgos, sistema, norma, vigencia, decreto, social, acusada]

[Resumen automatizado: Estima la Corte que la Comisión Accidental de Mediación, obrando dentro del ámbito de su competencia constitucional y legal, preparó el texto que sometió a la decisión final en sesión plenaria de cada cámara, aprobación que se dió el día 15 de diciembre de 1993 en la Cámara y en el Senado, según se desprende de los antecedentes legislativos remitidos a esta Corte por el Congreso de la República. || El Magistrado Sustanciador al proveer sobre la admisión, ordenó decretar un período probatorio para que tanto los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, como los Presidentes de las Comisiones Séptimas Constitucionales Permanentes de ambas corporaciones legislativas, enviaran con destino al proceso de la referencia, copias de las ponencias, actas de sesiones de comisiones y de las plenarias donde constara la aprobación y discusión del proyecto, al igual que certificaran acerca de la integración de la Comisión Accidental designada para conciliar las diferencias entre el artículo aprobado en ambas Corporaciones, las modificaciones, adiciones o supresiones que a éste fueron propuestas; señalaran así mismo, el quórum deliberatorio que se tuvo en cuenta en la votación del artículo 140 acusado a nivel de sesiones plenarias y las efectuadas para dar segundo debate al texto definitivo presentado por la Comisión Accidental Conciliadora.] - [Palabras claves: cámara, no, aprobado, texto, senado, congreso, proyecto, ley, debate, representantes, cada, cámaras, diciembre, república]

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los Artículos 139 y 248 de la Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social y se dictan otras disposiciones", y de los Decretos 656, 1259, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1314, de 1994 dictados con fundamento en las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República, en los Artículos 139 y 248 de la Ley 100 de 1993 - [Resumen automatizado: Por tanto, el cargo en relación con este aspecto no puede prosperar, pues existe autorización constitucional para que las plenarias de una y otra cámara introduzcan modificaciones a los proyectos de ley aprobados en comisiones. || En concepto del actor, por medio de estos bonos existe una captación de recursos del público, razón por la que sólo el legislativo puede dictar las normas necesarias para regular esta actividad, tal como lo ordena el artículo 150, numeral 19, literal d), campo en el cual no pueden concederse facultades extraordinarias. || Por tanto, el Congreso podía facultar al Presidente de la República para aumentar la tarifa de las cotizaciones que debe cancelar el empleador y el trabajador, pues ésta es una contribución típicamente parafiscal, tal como lo establece el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución. || Según el actor, los artículos 139 y 248 de la ley 100, no fueron aprobados por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Representantes, en segundo debate, como lo exige el numeral 10 del artículo 150, en tratándose de proyectos de ley que conceden facultades extraordinarias.] - [Palabras claves: ley, constitución, facultades, república, congreso, proyecto, artículos, extraordinarias, presidente, cámara, segundo, gobierno, normas]

[Resumen automatizado: En el mismo proveído se ordenó: la fijación en lista del negocio en la Secretaría General de la Corte por el término de diez (10) días para efectos de asegurar la intervención ciudadana; enviar copia de la demanda al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor; comunicar la iniciación del proceso al Presidente del Congreso, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a los señores Ministros de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y del Derecho y del Trabajo y Seguridad Social, así como a la Confederación de Pensionados de Colombia -C.P.C., a fin de que si lo estimaren oportuno conceptuaran sobre la constitucionalidad de las disposiciones atacadas. || Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1o) de enero de 1988, tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994.] - [Palabras claves: derecho, ley, seguridad, vejez, social, política, pensión, prestación, artículos, sistema, corte, edad]

Incentivos para un mejor servicio, provisión de los servicios de salud - Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 100 de 1993 y contra los artículos de la misma: 11, 13 literal d), 14, 17, 18 párrafo 3o., 20, 29, 44, 48, 53, 60 literal c, 161, 168, 194 a 197, 204, 236, 242 (parcial), 273, 279 (parcial) y 288 - [Resumen automatizado: El Sistema General de Pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general. || PARAGRAFO.- Las personas a que se refiere el numeral segundo del presente artículo podrán afiliarse al régimen por intermedio de sus agremiaciones o asociaciones, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto se expida dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley. || h. Tendrán derecho al reconocimiento de bonos pensionales los afiliados al Régimen que hayan efectuado aportes o cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, o a las cajas, fondos o entidades del sector público, o prestado servicios como servidores públicos, o trabajado en empresas que tienen a su exclusivo cargo las pensiones de sus trabajadores y trasladen la parte proporcional del cálculo actuarial correspondiente.] - [Palabras claves: ley, nacional, servicios, pensiones, entidades, régimen, el, derecho, social, seguridad, salud, sistema, gobierno, pensión, recursos]