[Resumen automatizado: A partir de las circunstancias que rodearon el ejercicio de la acción de tutela y de las decisiones adoptadas en las respectivas instancias judiciales, esta Corporación debe determinar, (i) si la ARL SURA conculcó los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante y de sus hijos menores de edad, como consecuencia de su negativa a iniciar el procedimiento para determinar el origen del accidente sufrido por el señor John Eduard Benavides Chica, con el argumento de que este suceso sólo podía ser reportado por el empleador y al indicarle que debía dirigirse en su lugar contra el fondo de pensiones. || Como se estableció en el acápite de antecedentes, en este caso se solicita la protección de los derechos al mínimo vital, a la seguridad social, al debido proceso y a la vida digna de la accionante y de sus tres hijos menores de edad, con ocasión de la negativa de la ARL demandada de determinar el origen del accidente sufrido por el señor John Eduard Benavides Chica y, como consecuencia de ello, de proceder al reconocimiento y pago a su favor de una pensión de sobrevivientes, por el hecho de que el citado suceso no fue reportado por el empleador y por considerar que dichas pretensiones debían tramitarse en su lugar frente al fondo de pensiones.] - [Palabras claves: origen, trabajo, si, laboral, sobrevivientes, muerte, ley, derechos, derecho, decreto, beneficiarios, hijos, lugar, trabajador, calificación, reconocimiento, vida]

[Resumen automatizado: Copia de los "Contrato[s] Individual[es] de Trabajo de Prestación de Servicios" suscritos por el representante legal de COOPSERVAR como "empleador" y los señores Alberto Rodríguez y Juan Alejandro Gallo como "trabajador" / "cooperado" para el cargo de "minero", los cuales tienen como fecha de inicio 7 de marzo de 2011 / 14 de febrero de 2011, "lugar donde desempeña las labores" Socotá Boyacá y una remuneración mensual de $535.600.[6] Entre las cláusulas que los componen se encuentran las siguientes: || ¿Configura una violación de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social de una madre cabeza de familia de ocho menores de edad, el que una ARP se niegue a reconocer una pensión de sobrevivientes argumentando que el accidente que causó la muerte del trabajador se presentó en un lugar distinto al de las oficinas de la cooperativa de trabajo asociado que lo había afiliado al sistema de riesgos profesionales?] - [Palabras claves: trabajo, derechos, muerte, ley, tutela, trabajador, laboral, si, acción, debe, sistema, corte, sobrevivientes, decreto, en, forma, lugar]

[Resumen automatizado: Ordenar que por Secretaría General de esta Corporación se oficie al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, sede Popayán (Calle 5 N°8-35), para que dentro del término de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia, sea remitido a este despacho reporte de las semanas cotizadas al sistema de seguridad social en pensiones a nombre del ciudadano Helid Capote Fernández, identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.291.806. || Esta normativa no exige otro que el requisito de la afiliación a la respectiva ARP por parte del interesado, al momento de ocurrencia de la enfermedad o siniestro de naturaleza profesional que le ocasionó una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%; de forma tal como se reconoce en el artículo 10 de dicha ley, que reza: “todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso: ] - [Palabras claves: invalidez, derechos, laboral, reconocimiento, seguridad, social, capacidad, tutela, derecho, actor, origen, prestaciones]

[Resumen automatizado: En efecto, existe certeza sobre el derecho pensional de la peticionaria por las siguientes razones: no se encuentra en discusión que el día 19 de noviembre de 2010 se encontraba vigente (i) el contrato laboral entre la empresa Bienestar Integral y el señor Luis Emilio Rojas Castaño; (ii) la afiliación al sistema de riesgos profesionales del señor Rojas Castaño como trabajador de la sociedad Bienestar Integral a través de la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A. en el cargo de conductor; (iii) el convenio de prestación de servicios para provisión de personal, suscrito por la obra Villa Sarita y la empresa Bienestar Integral; y (iv) el vínculo marital entre el señor Rojas y la señora María Zulma Vargas Castañeda, unión de la cual sobreviven dos menores hijos de 9 y 11 años[16]. || En esa línea, la Sala ordenará a la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A. que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, reconozca y pague la pensión de sobrevivientes de la accionante y sus menores hijos como beneficiarios del afiliado Luis Emilio Rojas Castaño, debiendo cubrir tanto lo causado y no pagado, desde la fecha del deceso.] - [Palabras claves: tutela, derecho, acción, constitucional, derechos, bienestar, entidad, dos, sistema, integral, corte, muerte, reconocimiento, causante, mil, social, prestación, pago, afiliado, hijos]

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || Establecidas las circunstancias fácticas del caso y los fundamentos de derecho, esta Sala encuentra que la parte actora promovió la presente acción de amparo constitucional, con el propósito de que se le reconociera la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario, a raíz del homicidio de que fue víctima en agosto 2 de 2009, cuando desempeñaba su oficio de vigilante en el restaurante La Talanquera de Flandes, Tolima, el señor vigilante José Palomino Pulido, compañero permanente de Elvira Edith Aguirre Gómez, con quien procreó dos niñas, todavía menores de edad. || Ahora bien, armonizados los hechos referidos por las partes en el trámite que se revisa y en atención a las pruebas aportadas, esta corporación encuentra probado que la señora Elvira Edith Aguirre Gómez fue, en efecto, la compañera permanente del señor José Palomino Pulido, condición en la que convivieron por un período superior a 8 años, desde marzo 17 de 2001 hasta el deceso de él, agosto 2 de 2009[17], unión de la cual nacieron sus dos hijas, aún menores de edad.] - [Palabras claves: trabajo, derecho, prestaciones, muerte, ley, tutela, sobrevivientes, pago, reconocimiento, derechos, bogotá, causante, permanente, profesional, prestación, si, compañera, riesgos]

[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente || Corresponde a esta Sala determinar si la A.R.P Previsora vida S.A (Hoy A.R.P. Positiva S.A), “entidad encargada de asumir los compromisos adquiridos por el I.S.S A.R.P. con sus afiliados”, con su decisión de negar el pago de las incapacidades reconocidas por COOMEVA E.P.S al accionante, vulnera sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social, al mínimo vital, y al trabajo, al desconocer que las incapacidades constituyen el único ingreso del señor Rivero Castellanos; además, la sala debe estudiar si la falta del registro del accionante se debió al trámite interno de traslado entre administradoras de riesgos profesionales.] - [Palabras claves: pago, trabajo, acción, profesionales, en, riesgos, vital, salud, tutela, laborales, trabajador, enfermedad, mínimo]

[Resumen automatizado: Los señores Néstor Alfredo Díaz Carrasquilla (trabajador) y Jaime Suárez Feria (empleador), actuando a través de apoderado, presentaron acción de tutela solicitando que se ampararan sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y de petición, los cuales consideran amenazados por la Administradora de Riesgos Profesionales Positiva Compañía de Seguros S.A., al negarle al señor Néstor Alfredo Díaz Carrasquilla el reconocimiento de las incapacidades laborales temporales, derivadas del accidente de trabajo ocurrido el 26 de junio de 2008, argumentando que el tutelante no estaba afiliado a la ARP en la fecha del accidente. || El señor Néstor Alfredo Díaz Carrasquilla ha sido incapacitado desde la fecha del accidente, sin embargo, al momento de presentación de la acción de tutela, la entidad accionada no había reconocido las incapacidades laborales, pese a las múltiples solicitudes del señor Jaime Suárez Feria, quien por su calidad de empleador y para evitar una posible demanda laboral, ha continuado pagando los salarios y prestaciones sociales del trabajador.] - [Palabras claves: tutela, pago, acción, laborales, corte, laboral, trabajo, trabajador, derechos, fundamentales]

[Resumen automatizado: La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || Pedro Pablo Burgos Martínez, a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra Saludcoop E.P.S. y la Empresa de Transporte “Trans-comercializadora Jacor Limitada”, por considerar que estas entidades han vulnerado sus derechos fundamentales a la vida, la salud y a la seguridad social. || ¿Vulnera la EPS accionada los derechos fundamentales invocados por el accionante, al no continuar con la prestación de los servicios médicos necesarios para la recuperación de la salud del señor Pedro Pablo Burgos Martínez, por considerar que son responsabilidad exclusiva de la ARP a la cual se encuentra afiliado el actor? || Para atender los problemas jurídicos expuestos, en primer lugar es preciso resaltar que en el presente caso no ha habido una calificación definitiva del origen de la enfermedad que aqueja al señor Pedro Pablo Burgos Martínez, toda vez que el asunto fue sometido a consideración de la Junta Regional de Invalidez, por no existir un acuerdo entre las entidades encargadas de prestar asistencia médica y económica.] - [Palabras claves: salud, servicios, derecho, entidad, tutela, constitucional, prestaciones, origen, trabajo, enfermedad, profesional, pago, prestación, servicio, corte]

[Resumen automatizado: El señor Wilson Torrado Vargas, a través de apoderado, ejerció la acción constitucional de tutela con el objeto de solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, que considera están siendo vulnerados por la ARP Seguro Social, la Alcaldía del Municipio de Abrego, la EPS Salud Vida y la Empresa de Trabajo Asociado EAT SERVAM al no reconocerle el pago de las incapacidades a que tiene derecho como consecuencia del accidente de trabajo sufrido durante su jornada laboral el 14 de julio de 2006.] - [Palabras claves: derechos, sala, trabajo, invalidez, tutela, origen, acción, valoración, salud, social, incapacidad, pago, laboral, derecho, mínimo, protección, debe]

[Resumen automatizado: El señor José Oscar Vargas Mayorga, interpuso acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la seguridad social en conexidad con la vida y al mínimo vital que, según afirma, le fueron vulnerados por Salud Total EPS, debido a que esa entidad se ha negado a pagar en su favor, una incapacidad médica. || 2.7 Por las anteriores razones el señor José Oscar Vargas Mayorga, presentó acción tutela el 3 de septiembre de 2007 contra Salud Total EPS, para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la seguridad social en conexidad con la vida y al mínimo vital, con el fin de que se ordenara el pago de la incapacidad médica señalada. || Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si Salud Total EPS vulnera los derechos fundamentales del señor José Oscar Vargas Mayorga a la seguridad social en conexidad con la vida y al mínimo vital propio y de su familia, al negarse a pagar la incapacidad expedida por el medico tratante, correspondiente a 15 días, como consecuencia de las lesiones que padeció, causadas en el accidente de transito en el que se vio involucrado el 1 de agosto de 2007.] - [Palabras claves: pago, salud, incapacidad, mínimo, acción, laborales, salario, vital, tutela, manera, decreto, médica, seguridad, social, derecho, laboral]

[Resumen automatizado: La entidad accionada no ha vulnerado con su actuación los derechos fundamentales del actor, ya que le ha brindado toda la atención médica que ha requerido para tratar las consecuencias del accidente de trabajo que sufrió en el año dos mil tres (2003), sin que presente en la actualidad nuevas secuelas que se encuentre obligada a atender, por lo que no existe razón alguna que justifique que mediante la acción de amparo constitucional se le ordene a la entidad accionada el cubrimiento de la asistencia en salud que el actor ahora demanda. || En respuesta al requerimiento judicial, el Gerente Regional de la Zona Norte de Liberty Seguros S.A. sostuvo que el día primero (1°) de junio de dos mil seis (2006) se le dio respuesta al derecho de petición formulado por el accionante, a través del Oficio JURIDP 100072-889, en el cual la Directora Nacional de Cuidado Integral de la ARP Liberty le informó al actor que la atención en salud que demanda para el tratamiento de la diabetes mellitus que lo aqueja debe ser prestada por la E.P.S. a la que se encuentra afiliado y no por la entidad que representa, ya que se trata de un padecimiento que no está relacionado con el evento reportado en el mes de marzo del año dos mil tres (2003) y, por tanto, se trata de una patología de origen común, no profesional.] - [Palabras claves: entidad, salud, dos, mil, trabajo, origen, riesgos, tutela, actor, petición, afiliado, derecho, atención, servicios, profesionales, acción, encuentra]

[Resumen automatizado: El peticionario sufrió una disminución parcial, pero definitiva de su capacidad laboral que le dificulta desempeñarse como taxista, por lo que es posible concluir que la A.R.P. demandada está en la obligación de reconocer, en el porcentaje señalado en la ley, la indemnización por incapacidad permanente parcial, pues la falta de reconocimiento de ese derecho genera una grave afectación del derecho a la seguridad social del accionante en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas, puesto que él se encuentra en un precario estado de salud, no tiene empleo que le permita proveer sus necesidades básicas, cuenta con 66 años de edad que le dificultan acceder a las fuentes de trabajo y no tiene una familia que le brinde apoyo en sus necesidades. || 3. Corresponde a la Sala, entonces, determinar varios aspectos: i) si la E.P.S. demandada está obligada a prestar los servicios en salud al peticionario, pese a que no se encuentra afiliado al régimen contributivo; ii) si la A.R.P. demandada puede negarse a estudiar si un afiliado tiene derecho al pago de prestaciones económicas derivadas de accidentes de trabajo, porque la vinculación fue irregular; iii) si la A.R.P. La Equidad tiene el deber jurídico de reconocer la pensión de invalidez o cualquiera de las prestaciones económicas derivadas de la disminución de la capacidad laboral del accionante y, iv) si el peticionario tiene derecho al pago del valor que asumió para que la Junta de Calificación de invalidez evalúe su pérdida de capacidad laboral y si ello puede solicitarse por vía de tutela.] - [Palabras claves: sistema, trabajo, salud, social, derecho, tutela, profesionales, invalidez, riesgos, seguridad, laboral, capacidad, si]

[Resumen automatizado: Una vez recibido el proceso por el Juzgado Promiscuo Municipal de Manzanares (Caldas) el diecisiete (17) de abril de dos mil siete (2007), este despacho, señalando la existencia de una discrepancia entre la Alcaldía de Manzanares y la Administración de Riesgos Profesionales del Seguro Social respecto al pago de las incapacidades correspondientes al señor Yepes Álvarez, vinculó a dicha entidad para que ejerciera en debida forma la contradicción y su derecho de defensa. || Tras analizar los hechos narrados y probados dentro de la presente causa, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si el no pago de las incapacidades temporales al señor Jesús María Yepes Álvarez por parte de la Alcaldía y de la Administradora de Riesgos Profesionales, sustentadas en un conflicto administrativo, así como la desafiliación del accionante a la EPS Salud Colombia, vulneraron derechos fundamentales del actor. || El decreto 1295 de 1994 "Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales", regula las prestaciones asistenciales y económicas que deberán recibir los trabajadores que han padecido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.[11] Así, y de acuerdo con el artículo 3º de la ley 776 de 2002, todo trabajador que sufra un accidente de trabajo además de recibir "asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica (...) [cuyos gastos estarán] a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales correspondiente"[12], tiene derecho a un "subsidio por incapacidad temporal"[13] en los eventos en que la incapacidad le impida desarrollar la labor para la cual fue contratado y que equivale al 100% del salario base de cotización.] - [Palabras claves: incapacidad, trabajador, pago, trabajo, invalidez, derechos, actor, salud, social, derecho, acción, ley, debe, tutela]

[Resumen automatizado: 7. Por los hechos anteriores, el 4 de noviembre de 2005, el actor interpuso acción de tutela contra la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. En la acción interpuesta el accionante afirma que antes de recibir la notificación sobre la terminación del contrato, le solicitó en dos oportunidades a la Empresa especial protección debido a su estado de salud. || Para resolver este segundo problema jurídico, la Corte deberá identificar si las decisiones de la Empresa accionada vulneraron los derechos fundamentales del actor y, si así fuera, deberá definir si existe el riesgo de que se produzca un perjuicio iusfundamental irremediable que resulte necesario evitar mediante la acción de tutela. || La Corte consideró que debido a la estabilidad laboral reforzada que ostentan las personas con limitaciones físicas, en todos los casos es requisito para su despido la autorización del Ministerio de la Protección Social, con independencia de la indemnización especial de 180 días a la cual estas personas tienen derecho. || Por las razones anteriores la Corte encuentra que al terminar el contrato de trabajo del peticionario por razón de su discapacidad, sin haber intentado previamente su reubicación y sin haber solicitado el permiso del Ministerio de la Protección Social, Bioagrícola del Llano S.A. vulneró los derechos constitucionales a la estabilidad laboral reforzada, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital del actor.] - [Palabras claves: acción, corte, trabajo, laboral, salud, tutela, contrato, derecho, trabajador, empresa, estabilidad]

[Resumen automatizado: Para que tal reconocimiento de prestaciones de orden asistencial o económico se generen, es necesario agotar de manera previa un procedimiento legalmente reglado a efectos de garantizar no solo la protección de los derechos de la persona afectada, sino también a fin de determinar a qué entidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya sea la Administradora de Riesgos Profesionales A.R.P. o la Empresa Promotora de Salud (E.P.S.), según el origen de la patología que afecta al trabajador, le corresponde asumir las prestaciones del caso.] - [Palabras claves: enfermedad, salud, trabajo, origen, derecho, prestaciones, profesional, patología, trabajador, calificación, decreto, examen]

[Resumen automatizado: La Unidad Judicial Municipal Tocancipá - Gachancipá, una vez admitida la acción de tutela, ordenó remitirla a Colombia CTA para que informara si la accionante había sido empleada de esa Cooperativa, en caso afirmativo informara: mediante que tipo de contrato laboral; durante qué periodo; el motivo de la desvinculación; si estuvo afiliada a una EPS; si durante el tiempo de permanencia en la empresa sufrió algún accidente de trabajo y si éste fue reportado a la ARP; si presentó incapacidades, allegar copia de las mismas y si para el momento de su despido la accionante se encontraba disfrutando de alguna licencia. || Si la tutela resultara procedente por las cuestiones procesales mencionadas, la Sala debe determinar si la cancelación unilateral por parte de Colombia Cooperativa de Trabajo Asociado del convenio asociativo de trabajo de la señora Hilda Sofía Fresneda Duque, invocando como causa para ello la terminación de la obra o labor contratada y conociendo sus sucesivas incapacidades durante aproximadamente un mes, vulnera los derechos fundamentales de la actora a la igualdad, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, a la vida digna, a la especial protección que tienen los disminuidos físicos, a la garantía especial de trabajo al minusválido y al mínimo vital.] - [Palabras claves: trabajo, laboral, corte, tutela, acción, si, contrato, colombia, derecho, salud, en, incapacidad]

[Resumen automatizado: La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 7 de julio de 2004 negó la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados, con base en el argumento de la improcedencia absoluta de la acción de tutela contra decisiones judiciales, de acuerdo con el cual el juez constitucional "no está revestido de facultades para inmiscuirse en decisiones adoptadas en un proceso judicial, pues esto constituiría una incursión arbitraria en la órbita del juzgador ordinario, atentatoria de la seguridad jurídica y de los principios de independencia, autonomía y desconcentración que caracterizan la administración de justicia." || En criterio del actor, la sentencia judicial proferida por el Tribunal Superior de San Gil vulneró sus derechos fundamentales, debido a que no tuvo en cuenta las pruebas que acreditaban el origen profesional de su enfermedad, entre ellas el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez y, en cambio, otorgó mayor valor probatorio a los testimonios obrantes en el proceso ordinario, que unívocamente advertían que el ciudadano Pinzón Cárdenas sufría de molestias en su espalda con anterioridad al presunto accidente de trabajo.] - [Palabras claves: judicial, enfermedad, acción, profesionales, sala, derechos, decisión, tutela, profesional, proceso, sentencia, trabajo, corte, tribunal, riesgos, trabajador]

[Resumen automatizado: A través de apoderado judicial, la actora instaura acción de tutela como mecanismo transitorio en contra de la A.R.P. Compañía de Seguros LA PREVISORA VIDA S.A., para que se ordene el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez desde el momento de la estructuración de la misma, conforme al dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que calificó como accidente de trabajo el atentado por ella sufrido y como consecuencia de lo anterior, solicita el pago de las mesadas atrasadas, indexación e intereses moratorios y se le reembolse la suma cancelada por el traslado desde Florencia Caquetá hasta Bogotá en una aeroambulancia. || Según lo establece el artículo 86 de la Carta Política de 1991 y la jurisprudencia reiterada de esta Corporación[5], la acción de tutela es una garantía y un mecanismo constitucional de protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o en determinados eventos de los particulares, y no procede cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que éste resulte ineficaz y se configure un perjuicio irremediable, caso en el cual, la tutela procede como mecanismo transitorio, hasta tanto la autoridad correspondiente decida de fondo sobre el asunto.] - [Palabras claves: tutela, invalidez, corte, acción, derechos, derecho, mecanismo, laboral, junta, bogotá, transitorio, constitucional, nacional]

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente : || A través de apoderado judicial el señor Rafael Humberto Ayala Cely propietario de Molinos Guayanas, dio respuesta a la acción de tutela que se examina, manifestando que de parte de esa empresa no existe ninguna vulneración del derecho fundamental que alega el accionante, por cuanto entre los propietarios de esa empresa y Enereo Guerrero Gómez no existe ningún vínculo laboral, lo cual se desprende de las pruebas allegadas por él mismo, pues el reporte del accidente a la A.R.P. del Seguro Social y la Planilla de pago al ISS por concepto de pensión y salud, tienen como patrono del accionante al señor Serapio Adames Dimate. || El Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín Meta, negó el amparo constitucional solicitado, porque no se encuentra probado ningún vínculo laboral entre el accionante y Rafael Ayala y Hermanos Molinos Guanayas, por el contrario, de las pruebas que obran en el expediente se establece con claridad que fue el señor Serapio Adames Dimate quien reportó el accidente de trabajo a la A.R.P. y es quien aparece como patrono en la planilla de pago al ISS para salud y pensiones, además de que según su declaración, era quien daba las órdenes, contrataba como cuadrillero y hacía el pago de los salarios al actor.] - [Palabras claves: pues, tutela, actor, trabajo, acción, demandante, laboral, empresa, incapacidad, corte, pago, constitucional, ello]

[Resumen automatizado: Orlando Bravo, en representación de su hermano John Freddy Bravo, quien para la fecha de presentación de la demanda se encontraba hospitalizado, interpuso el 12 de septiembre de 2003 una acción de tutela contra Comfenalco EPS y La Previsora Vida S.A., por considerar que la negativa de estas entidades de suministrarle a su hermano los servicios médicos que por su estado de salud requería, por existir una controversia entre ellas respecto de cuál de las dos estaba obligada a cubrir los costos de los servicios, vulnera los derechos a la vida (Art. 11 C.P), al respeto a la dignidad humana, a la igualdad (Art. 13 C.P) y a la seguridad social ley 100 de 1993 (Art. 48 C.P) de su hermano. || Fundándose en los hechos narrados en el aparte primero de esta sentencia, Orlando Bravo, en representación de su hermano John Freddy Bravo, quien para la fecha de presentación de la demanda se encontraba hospitalizado, interpuso el 12 de septiembre de 2003 una acción de tutela contra Comfenalco EPS y La Previsora Vida S.A., por considerar que la negativa de estas entidades de suministrarle a su hermano los servicios médicos que por su estado de salud requería, por existir una controversia entre ellas respecto de cuál de las dos estaba obligada a cubrir los costos de los servicios, vulnera los derechos a la vida (Art. 11 C.P), al respeto a la dignidad humana, a la igualdad (Art. 13 C.P) y a la seguridad social ley 100 de 1993 (Art. 48 C.P) de su hermano.] - [Palabras claves: salud, trabajo, servicios, instancia, médicos, fallo, costos, afiliado, juez, dos, expediente, cuaderno, tutela, controversia, primera]