Se declaró la nulidad del artículo 53 del Decreto 1029 de 1994 "por el cual se emite el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional" expedido por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y Ministerio de Hacienda. La expedición del Decreto 1029 de 1994 se fundó en el Decreto Ley 41 de 1994, norma que fue declarada inexequible en la sentencia C-417 de 1994, situación que generó el decaimiento del primero. Así las cosas, no puede admitirse que el Decreto 1029 de 1994 reguló un supuesto fáctico que no existía (el nivel ejecutivo) y que solo fue creado con la Ley 180 de 1995, pues la situación que reglamentó era anterior, cosa distinta es que más adelante hubiera sido retirada del ordenamiento, con efectos ex nunc por la sentencia C-417 de 1994. Tal y como lo anotó la Sala en anteriores oportunidades la regulación de los requisitos para acceder a la asignación de retiro del nivel ejecutivo no podía ser desarrollada a través de decretos administrativos expedidos con fundamento en la Ley 4 de 1992, disposición que no habilitaba al Gobierno para hacerlo, pues sobre esta materia existe una cláusula de reserva legal

Para la Sala es evidente que a la demandante no le asiste ningún derecho pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que las expectativas prestacionales causadas con la muerte de su esposo se consolidaron en vigencia de la normatividad anterior, cuyos requisitos no se colmaron por parte del causante; no se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional al momento de su muerte como para que ella pudiera reclamar la "pensión de sobreviviente", ni tampoco había completado el tiempo mínimo de servicios como para que se configurara a su favor la asignación de retiro, y, por ende, su cónyuge supérstite se beneficiara de la "sustitución pensional". En el caso en estudio se concluye que la demandante no tiene derecho a la pensión de sobreviviente deprecada, en atención a que su cónyuge, no cumplió los requisitos previstos en el Decreto 609 de 1977 para que sus beneficiarios tuvieran derecho a la prestación por muerte, y sobre la base, además, de que esta Corporación ha precisado que no se puede aplicar retrospectivamente la pluricitada Ley 100 de 1993 en materia de pensión de sobrevivientes de agentes de la Policía Nacional fallecidos antes de su entrada en vigor

La liquidación de la asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional se realiza conforme con el régimen propio que le es aplicable, no obstante, la ocurrencia de procesos de homologación no es procedente incluir otros factores diferentes como aquellos contemplados para los agentes y suboficiales de esa institución. Quienes pertenecían al nivel de agentes y suboficiales de la Policía Nacional tenían la posibilidad de acceder voluntariamente a la carrera del Nivel Ejecutivo; y a su turno, quienes así lo hicieran debían someterse al régimen salarial y prestacional que estableciera el Gobierno Nacional, pero no podían ser desmejorados o discriminados en su situación laboral. En el sub judice no es posible hacer una interpretación factor por factor, como se pretende, porque ello sería tanto como arrogarse la Sala la competencia atribuida constitucional y legalmente al legislador (Congreso) y llegar a crear un tercer régimen salarial y prestacional diferente al previsto para los oficiales, suboficiales y agentes [Decretos 1212 y 1213 de 1990] y para el nivel ejecutivo [Decreto 1091 de 1995]. Además, en virtud del principio de inescindibilidad, la favorabilidad del Nivel Ejecutivo a la que se acogió libremente el demandante debe aplicarse en su integridad, pues es posible que en la nueva normativa [Decreto 1091 de 1995] existan ventajas no estipuladas respecto de la condición de agente y que, a su turno, se hayan eliminado otras, pese a lo cual, en su conjunto, su condición de integrante del nuevo nivel le haya permitido, incluso, mejorar sus condiciones salariales y prestacionales

Se declara con efectos ex tunc, la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 "por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional", expedido por el Gobierno Nacional. Con la expedición del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 el Gobierno Nacional desconoció las previsiones normativas contenidas en la Ley marco 923 de 2004 al exigirle al personal vinculado con el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional incorporado directamente y en servicio activo al 31 de diciembre de 2004, requisitos más gravosos para acceder al derecho de la asignación de retiro, toda vez que al establecer como tiempos mínimos y máximos de retiro entre 20 y 25 años, según la causal, contravino los términos establecidos en la normativa superior que se restringen a los mínimos y máximos de 15 a 20 años de servicio. Es decir, los integrantes del nivel ejecutivo incorporados antes de al 31 de diciembre de 2004, no se les podrá exigir, como requisito para el reconocimiento de asignación de retiro, un tiempo de servicio superior a 20 años (cuando el retiro se produzca por solicitud propia) ni inferior a 15 años (cuando la desvinculación se provoque por cualquier otra causal)

Para obtener la pensión de sobrevivientes se requiere demostrar convivencia efectiva, al momento de la muerte del causante por un lapso superior a 2 años después de adquirir el estatus de pensionado. Sustitución pensional - Beneficiarios. Compañera permanente beneficiaria. Policía Nacional - Régimen pensional. Pensión de sobrevivientes - Régimen legal aplicable. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Requisitos de la demanda. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho - Cuantía