El Consejo de Estado reiteró que quienes al 1 de abril de 1994 no gozaran de la condición de congresistas no son beneficiarios del régimen especial de pensiones para parlamentarios, consagrado en la Ley 4 de 1992. El 11 de diciembre del 2001 a la exparlamentaria se le concedió su pensión, de acuerdo a lo parámetros del régimen especial de congresistas 1992. Este disponía que quienes al 1 de abril de 1994 tuvieran la condición de congresistas; tuvieran al menos 35 años, en el caso de las mujeres, o 40 los hombres, y acumulado al menos 15 años de servicio, tendrían el derecho a una pensión equivalente al 75 % del ingreso mensual promedio percibido por todo concepto en el último año de servicio. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecom) interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de que se dejara sin efectos el acto que le concedió la pensión de congresista a la demandada. La Sala ratificó el fallo de primera instancia, dado que la congresista no gozaba de esa condición al 1 de abril de 1994, no tenía derecho a que se le otorgara el derecho, bajo las condiciones del régimen especial para los parlamentarios. Señaló que tampoco es aplicable el principio de favorabilidad, el cual permite que, ante la vigencia simultánea de dos normas, se aplique aquella que más le favorezca al trabajador

Indicó la Sala que quienes obtuvieron su derecho a la pensión antes del 18 de mayo de 1992 no pueden ser beneficiarios del régimen especial de pensiones de congresistas de 1992. Implica esto que los pensionados en esas condiciones tienen derecho a recibir, por una sola vez, un reajuste especial equivalente al 50 % de la mesada a la que tendrán derecho los congresistas que obtuvieron su derecho pensionarse a partir del 18 de mayo de 1992, cuando entró en vigencia ese régimen pensional especial para los parlamentarios. Por esta razón, quienes obtuvieron el derecho antes de la vigencia de tal régimen, no pueden esperar que su pensión sea equivalente al 75 % de lo devengado por los congresistas en su último año de servicios. El Consejo de Estado decretó la nulidad del acto por medio del cual el Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon) le concedió a una congresista pensionada un reajuste del 75% de lo que devengaban los parlamentarios a partir del 1 de enero de 1994. Se ordenó reliquidar la pensión, reajustándola en un 50 % de la pensión a la que tienen derecho los beneficiarios del régimen pensional especial de congresistas

Se declaró la nulidad del acto por medio del cual se le concedió la pensión de congresista al fallecido exparlamentario Amaury García Burgos, de la que actualmente disfrutaba su esposa, en la condición de pensión de sobreviviente. Para la alta corte, el monto reconocido fue mayor al que tenía derecho. Esa corporación judicial decretó la nulidad del acto por medio del cual se otorgó el reajuste especial. Se ratificó el fallo del Tribunal, indicando que el valor de la pensión no podía ser el equivalente al 75 % de lo devengado por un congresista en 1992, por todo concepto. Aclaró que ese beneficio está consagrado únicamente para quienes obtuvieron su derecho a la pensión a partir del 18 de mayo de 1992, cuando entró en vigencia el régimen especial de pensiones de congresistas. Como el fallecido excongresista obtuvo su derecho antes de la entrada en vigencia del citado régimen, no podía ser beneficiario del mismo. Según el fallo tenía derecho al reajuste especial, pero no podía ser equivalente al 75 % de lo devengado por un congresista en 1992, sino únicamente al 50 % de la pensión asignada a los excongresistas que sí tenían derecho a ser cobijados por ese régimen especial. Aun cuando la compañera sobreviviente del excongresista no tiene la obligación de devolver los dineros que obtuvo por cuenta del equivocado criterio con el que fue liquidada esta pensión, Fonprecom debe reliquidarla

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la resolución 471 de 2020 por medio de la cual el Fondo de Previsión del Congreso (Fonprecon) le concedió la pensión de congresista a un exparlamentario. El exdirigente no tenía derecho a este reconocimiento, debido a que al 1 de abril de 1994 no ejercía funciones de congresista. Este había obtenido el derecho a la pensión por haber laborado por más de 20 años en la Gobernación de Bolívar, obtuvo una reliquidación de la pensión, teniendo en cuenta que elegido congresista en 1998. Fonprecon le concedió el derecho a la pensión, por haberse reincorporado al servicio como parlamentario, durante más de un año. Fonprecon interpuso demanda y el Tribunal negó las pretensiones, al considerar que el hecho de que el exlegislador se hubiera reintegrado al servicio por más de un año de labores en el Congreso y hubiera renunciado a la pensión que había obtenido por sus servicios en la Gobernación de Bolívar lo hacían merecedor al derecho. El Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal y revocó el acto por medio del cual Fonprecon le concedió el derecho a la pensión de congresista. Consideró que, dado que no ejerció como parlamentario antes de la entrada en vigencia del régimen especial pensional de los legisladores de 1992, no tenía derecho a ese tipo de pensión. Se ordenó al excongresista devolver los dineros que percibió tras el reconocimiento de la pensión de congresista, por considerar que no actuó de mala fe a la hora de reclamar su derecho a la jubilación

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la resolución por medio de la cual el Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon) le otorgó el derecho a la pensión que se le había concedido, a pesar de no haber acumulado los requisitos necesarios en tiempo de servicio para hacerse acreedor a la jubilación, ya que homologó las semanas faltantes presentando tres libros de enseñanza de su autoría. Fonprecon consideró que no se reunían los requisitos para homologar el tiempo de servicio restante, que no era acreedor al régimen de transición. Según la alta corte, para poder obtener la homologación, las obras han debido ser registradas antes del 20 de junio de 1994, por lo que consideró que el exdirigente no había logrado homologar el tiempo de servicio que le hacía falta que, por lo tanto, no era beneficiario del régimen de transición para congresistas. Pese a la declaratoria de nulidad de la resolución, el exparlamentario no está obligado a devolver las sumas que recibió mientras disfrutó del pago de su mesada, pues fueron obtenidas por decisiones de la administración que se presumían legales y no fueron mediadas por fraude, ni componenda alguna

¿El régimen de transición de Congresistas es aplicable a quien se haya desempeñado como Congresista y se encuentre amparado por la transición prevista en el artículo 36 de la ley 100 de 1993? El régimen especial de Congresistas se aplica a quienes, a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 (18 de mayo de 1992), ocuparan el cargo de Senador o de Representante a la Cámara y se encontraran afiliados al Fondo Pensional del Congreso de la República - Fonprecon, realizando el respectivo pago de las cotizaciones. La única diferencia que se plantea entre los servidores públicos afiliados a un sistema pensional en el momento en que entró a regir la nueva ley, y los no lo estaban, se circunscribe a que los primeros se pensionarán de conformidad con los requisitos y en las condiciones del régimen al que estaban afiliados, y los otros, con base en el régimen general de la Ley 100 de 1993. Así pues, no son beneficiarios del régimen de transición de los Congresistas que, para el período comprendido entre el 18 de mayo de 1992 y el 1 de abril de 1994, no ostentaran tal condición". A través del Acto Legislativo 01 de 2005, el Congreso llevó a cabo una de las reformas constitucionales más importantes en torno al régimen pensional en Colombia. Con su expedición se buscó la materialización de los mandatos constitucionales de protección de todos los habitantes del territorio, en especial, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en aras de asegurar la vigencia de un orden justo. A través del Acto Legislativo 01 de 2005, el Congreso de la República llevó a cabo una de las reformas constitucionales más importantes en torno al régimen pensional en Colombia. Con su expedición se buscó la materialización de los mandatos constitucionales de protección de todos los habitantes del territorio, en especial, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en aras de asegurar la vigencia de un orden justo

El régimen especial pensional de los miembros del Congreso de la República solo regía la situación de quien a la fecha de vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de mayo de 1992) tuviera la calidad de Senador o Representante a la Cámara, lo cual fue corroborado en el artículo 4º del mismo decreto, que la fijó como requisito para acceder a él, con el agregado de estar afiliado a la entidad pensional del Congreso y efectuar los correspondientes aportes. El Decreto 1359 de 1993 en su artículo 17, modificado por el artículo 7º del Decreto 1293 de 1994, reguló el reajuste de la mesada pensional de los ex Congresistas que se hubiesen pensionado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de mayo de 1992). Así, ordenó que el reajuste especial de la mesada pensional debía hacerse: i) Por una sola vez; ii) en un porcentaje equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los actuales congresistas; iii) se estableció únicamente para los ex congresistas que se pensionaron antes de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de mayo de dicho año) y; iv) el reajuste tiene efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1994

¿Cómo se debe contabilizar el tiempo laborado, por un diputado a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, para efectos pensionales? De conformidad con la Ley 48 de 1962 y la Ley 5 de 1969, si el diputado asiste a todas las sesiones ordinarias o extraordinarias en cada legislatura, se le tiene como año calendario de servicio, o si no, proporcional al tiempo servido. Esa regla se aplica cualquiera que fuere la época en que se hayan prestado estos servicios como congresista o diputado. Lo anterior implica que así se determina el tiempo laborado por esos servidores, independientemente del número de legislaturas en el año, fijadas por la ley. Desde el punto de vista matemático, la proporcionalidad es la relación entre dos magnitudes medibles. Si una aumenta o disminuye la otra también aumenta o disminuye proporcionalmente. En el caso estudiado por la Sala, las magnitudes que relaciona la norma son: por un lado el número de sesiones realizadas y por otro el número de sesiones a las que asiste el congresista o diputado; de esa relación depende el tiempo acumulado de servicio, partiendo como unidad de medida el año para el caso de la asistencia a todas las sesiones. Así a mayor número de sesiones asistidas mayor tiempo de servicio y viceversa. De la simple observación del número de sesiones certificadas como realizadas en cada año, y al número de sesiones asistidas por el diputado, es evidente que el año de 1992, asistió al ciento por ciento, equivalente a 1 año de servicio

¿Al excongresista pensionado con anterioridad a la Ley 4ª de 1992, le asiste el derecho al reajuste especial de su mesada pensional en el 75% de lo devengado por un Legislador en ejercicio? El reajuste especial, se constituye en un beneficio exclusivo para los excongresistas que fueron pensionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, es decir, antes del 18 de mayo de 1992; al que sólo tienen derecho por una sola vez y que no conlleva a una reliquidación anual del ingreso base de liquidación pensional, sino a una actualización de la pensión, como medida tendiente a soslayar la desigualdad surgida con la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento constitucional, entre quienes siendo Congresistas se pensionaron antes de que entrara en vigencia la Ley 4ª de 1992 y los que en igual condición, se pensionaron o pensionarían con posterioridad a la misma. Ahora bien, para los Legisladores que ejerzan el cargo con posterioridad al 18 de mayo de 1982, la liquidación del reajuste se realiza teniendo en cuenta el ingreso mensual promedio que devenguen los Congresistas en ejercicio, a la fecha en que se decrete la prestación y en ningún caso, ni en ningún tiempo, podrá ser inferior al 75%

¿Vulneró la UGPP el debido proceso administrativo con el reajuste automático de la mesada pensional al tope de los 25 salarios mínimos con fundamento en la Sentencia C-258-13, a pesar de que el régimen pensional de la actora es el dispuesto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y no el de la Ley 4 de 1992? Sí, las consideraciones y efectos de la Sentencia C-258 de 2013 no pueden extenderse de manera general a regímenes pensionales distintos al previsto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992. Ordena abstenerse de extender de manera automática y general las consideraciones y decisiones contenidas en la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, a la situación pensional de la demandante; se reanude inmediatamente el pago de la mesada pensional, y se le cancelen a aquélla las sumas de dinero dejadas de pagar al aplicar indebidamente el tope definido en sede de constitucionalidad para el régimen previsto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992

¿Vulneró la UGPP el debido proceso administrativo con el reajuste automático de la mesada pensional al tope de los 25 salarios mínimos con fundamento en la Sentencia C-258-13, al no permitirle el derecho de defensa? Sí, el debido proceso deberá aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, no puede obviarse en ningún tipo de actuación jurisdiccional y administrativa. Se evidencia que la UGPP a través del oficio, simplemente le informó al actor que a partir del 1 de julio de 2013, en virtud de la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, reajustaría su mesada a pensional a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Frente a la anterior decisión, no se advierte de lo probado en el presente trámite, que antes de reajustar la pensión del demandante, se le haya informado al mismo de la actuación que se iniciaría en contra, que se le haya permitido presentar los argumentos y pruebas que estime pertinente, ni que se le haya brindado la posibilidad de interponer los recursos previstos para la actuación administrativa \Procedencia de la Acción de Tutela a pesar de poder acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando se alega una flagrante vulneración del derecho al debido proceso, que en el evento de no conjurarse torna ineficaz cualquier medida de protección que se adopte con posterioridad, o en virtud de lo cual pueda resultar desproporcionado que se le exija a la persona afectada adelantar un proceso ordinario y esperar a su finalización, para lograr la protección del mencionado derecho a pesar de que es evidente su vulneración

Régimen pensional de Congresista. Derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Nulidad del acto administrativo demandado que ilegalmente reconoció la pensión de jubilación al accionado por no reunir los 20 años de tiempo de servicio al Estado. Negó el reintegro de los dineros percibidos porque no se comprobó la mala fe. Ordenó el pago de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, en protección a su derecho fundamental a la seguridad social integral como garantía de sus derechos fundamentales, a fin de propender por la dignidad de sus condiciones de existencia

El reconocimiento pensional de invalidez para los congresistas se concede cuando la pérdida de la capacidad laboral es superior al 75% - El porcentaje de disminución de capacidad laboral calculado en los términos del Decreto 917 de 1999, si bien aplica tanto para empleados del sector público como del sector privado, sólo se debe tener en cuenta a efecto del reconocimiento de la pensión de que trata el artículo 38 y siguientes de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, como según las actas de la Junta Médica Laboral que dan cuenta de la valoración efectuada al demandante, le dictaminaron un 80% de la disminución de la capacidad laboral, era válido tener en cuenta ese porcentaje para reconocer la pensión de invalidez en los términos en que fue reconocida, es decir, en un 95% del ingreso mensual promedio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 10 literal b) del Decreto 1359 de 1993, máxime cuando en virtud de esa norma especial, el reconocimiento pensional de invalidez para los congresistas se concede cuando la pérdida de la capacidad laboral es superior al 75% y como en este caso, según lo descrito en el acta, sí superaba tal porcentaje

¿Puede extenderse más allá de los 25 años la sustitución pensional de una pensión de congresistas cuando los hijos beneficiarios se encuentren cursando estudios de posgrado? No, este amparo no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo, porque precisamente la edad de 25 años, se constituye en un criterio razonable, en tanto que a esa edad, los hijos dependientes de sus padres, por lo general, ya cuentan con una profesión u oficio que les permite lograr su independencia económica y proveerse su propio sustento; en otras palabras, la exclusión como hijo beneficiario al llegar a esa edad, se justifica, porque ya no se trata de una persona que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad y que por tal razón demande medidas de protección especial, antes bien, debe asumir una conducta acorde con el principio de solidaridad que implica su contribución al sistema de seguridad social. Ha Considerado la Corte Constitucional que el hecho de que el hijo mayor de 25 años no pueda seguir siendo beneficiario de la pensión de sobrevivientes no quiere significar que quede desamparado sin seguridad social, pues habiendo adquirido a esa edad un grado de formación intelectual debe estar en capacidad de incorporarse a la vida laboral y contribuir al sistema de seguridad social como trabajador dependiente o independiente con el fin de obtener una pensión de vejez bien sea en el régimen contributivo o incluso subsidiado si llegare a carecer de solvencia económica

¿El Decreto 104 de 1994 homologó la pensión de magistrados de alta corte con la de los congresistas, respecto a factores salariales y cuantía? Magistrados Altas Cortes - Régimen pensional. Reajuste pensional. Pensión de jubilación - Requisitos para magistrados y congresistas. Congresista - Régimen pensional. Caja Nacional de Previsión Social - Competencia. Silencio administrativo positivo. Homologación pensional

Los Senadores y Representantes a la Cámará, que se hayan pensionado con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tendrán derecho a un reajuste en su mesada pensional por una sola vez, de tal manera que su pensión en ningún caso podrá ser inferior al 50% de la pensión a que tendrán derecho los actuales Congresistas. Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - Reconocimiento de pensión de jubilación. Limitación a valor de mesadas pensionales. Congresistas - Reajuste especial de pensión. Acto administrativo - Suspensión provisional

Factores para liquidar la pensión de jubilación de congresistas y empleados del congreso. Régimen de transición y normatividad aplicable. Factores para liquidar la pensión de jubilación de empleados del fondo de previsión social del Congreso. Régimen de transición y normatividad aplicable.

De conformidad con el Decreto 1293 de 1994, el Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 no es aplicable a los empleados del Congreso de la República que se encuentren dentro del régimen de transición. Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - Reconocimiento de pensión de jubilación. Pensión de jubilación - Régimen de transición. Congresistas - Régimen pensional. Régimen especial de jubilación

El Decreto 1293 de 1994, ordena para los senadores y representantes que se hayan pensionado con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, un reajuste pensional, por una sola vez. Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - Reconocimiento de pensión de jubilación. Limitación a valor de mesadas pensionales. Congresistas - Reajuste especial de pensión. Acto administrativo - Suspensión provisional