[Resumen automatizado: El 24 de enero de 2017, el señor Luis Rafael Ávila Manjarrés promovió acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla y la Fiduprevisora S.A., al considerar que vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la seguridad social y a la vida digna, al negarle el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes a pesar de haber cumplido con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición estipulado en la Ley 100 de 1993. || Dicha entidad mediante Resolución GNR 167550 de 6 de junio de 2015 negó la petición con fundamento en que no reunía los requisitos dispuestos en el Acuerdo 049 de 1990 porque "dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional (60 años), esto es desde el 29 de marzo de 1988 al mismo día y mes del año 2008 (calenda en que cumplió su natalicio 60), aportó un total de 118 semanas al sistema o 478 días, por lo que se puede concluir que no cumple con este requisito para acceder a una pensión de vejez"[5]; como tampoco acreditó las 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, pues a juicio de esa institución solo acumulaba 636 semanas o 4453 días.] - [Palabras claves: régimen, años, ley, edad, requisitos, acción, derechos, tutela, barranquilla, aportes, derecho, reconocimiento, si, social, secretaría, tiempo]

[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Alberto Rojas Ríos y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente: || En el proceso de revisión de la sentencia dictada el dieciséis (16) de diciembre de dos mil once (2011), por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, que confirmó la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, en el trámite de la acción de tutela incoada por Ligia Margarita Campbell Martelo en contra de la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla. || Teniendo en cuenta lo anterior, solicita la accionante que se tutelen sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social y al debido proceso; en consecuencia, pide se ordene a la Secretaría Distrital de Barranquilla, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la pensión gracia y las prestaciones a las que tiene derecho por haber laborado como docente por 39 años y 8 meses ininterrumpidamente a dicha entidad.] - [Palabras claves: derecho, derechos, tutela, corte, barranquilla, años, objeto, copia, acción, secretaría]

[Resumen automatizado: El señor Eduardo Ortega Coneo, actuando mediante apoderado, presentó acción de tutela el 23 de febrero del año en curso, en la que solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, a la familia, a la igualdad y a la información, los cuales consideró vulnerados por la Gobernación de Bolívar Secretaría de Educación y Cultura al haber proferido un acto administrativo mediante el cual fue retirado del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso, sin tener en cuenta que en su concepto, tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada por su condición de prepensionado, ya que le faltan menos de tres (3) años para cumplir los requisitos para pensionarse y, porque no le respondieron en debida forma los derechos de petición que presentó, por medio de los cuales solicitó su reintegro y su ascenso en el escalafón docente.] - [Palabras claves: acción, actor, derecho, tutela, retiro, ley, años, edad, servicio, petición, sala, sentencia, derechos, acto, requisitos, tiempo, régimen]

[Resumen automatizado: Fiduciaria la Previsora S.A., por su parte, solicitó denegar la acción de tutela con argumentos similares a los expresados por la Secretaría de Educación de Boyacá, señalando que la prueba idónea para acreditar la invalidez en el régimen de prestaciones sociales de los educadores es, de acuerdo a la Ley 91 de 1989 y al artículo 62 del Decreto 1848 de 1969, un certificado de pérdida de capacidad laboral proveniente de la EPS a la cual pertenecía el beneficiario inicial. || Así, con base en los antecedentes expuestos, esta Sala de Revisión debe determinar i) si las entidades demandadas desconocieron el derecho fundamental de petición del accionante, y ii) si el requerimiento previo consistente en allegar certificado de pérdida de capacidad laboral emitido por la EPS a la cual pertenecía su madre desconoce el derecho a la seguridad social dado que ya dispone de un examen efectuado por la Junta Regional de Calificación de la Invalidez el 19 de junio de 2003, además ya no se encuentra afiliado a la EPS Médicos Asociados, no disponiendo de los recursos necesarios para practicarse el examen.] - [Palabras claves: derecho, petición, secretaría, tutela, régimen, entidades, decreto, capacidad, seguridad, social, laboral, fundamental, regional, fondo, peticionario, derechos, respuesta]

Corte Constitucional, Sentencia de revisión de tutela T-889-2007