En el proceso de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes no existe tarifa legal para efectos de demostrar la dependencia económica. La accionante ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá por considerar que incurrió en defecto fáctico y en exceso ritual manifiesto, al proferir la sentencia de segunda instancia en la que restó valor probatorio a la declaración extrajuicio aportada con la demanda y el interrogatorio de parte practicado, a través de los cuales se buscaba demostrar que la tutelante dependía económicamente de su hija para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Advierte la Sala que el Tribunal Administrativo, a pesar de que no contaba con el total convencimiento de la dependencia económica de la accionante respecto de su causante, se abstuvo de ejercer la facultad oficiosa de decretar pruebas adicionales (las que reconoce que habrían sido útiles) a fin de esclarecer si la demandante dependía o no de su hija. Es relevante si se tiene en cuenta que dicha demostración consistía en un requisito sine qua non para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente y por tanto, se trataba de un elemento fundamental y determinante para adoptar una decisión de fondo sobre el asunto

Extinción de sustitución de asignación de retiro hija célibe por independencia económica. La redacción del artículo 180 del Decreto 89 de 1984 ofrece sendas interpretaciones en cuanto a la extinción de la sustitución pensional para las hijas célibes en caso de independencia económica. A partir del Decreto 89 de 1984 artículos 77 y 180 se colige que la intención del legislador al regular las causales de extinción del derecho a la sustitución pensional fue que las hijas célibes tenían derecho a la pensión de beneficiarios sin importar la edad, que se podría extinguir solamente por i) muerte; ii) matrimonio; e iii) independencia económica, ya que estaban exceptuadas del último supuesto consistente en llegar a la edad de 21 años. En el asunto bajo análisis, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en la actuación tendiente a extinguir la pensión de beneficiarios de la actora, debió aplicar el Decreto 89 de 1984, norma que regía su situación pensional, pues el Decreto 1211 de 1990 establecía en el artículo 188 "A partir de la vigencia del presente Decreto, las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo o goce de asignación de retiro o pensión militar se extinguen". La entidad al tener demostrado que no dependía económicamente de la sustitución pensional podía acudir a la causal de extinción de la prestación