[Resumen automatizado: El señor José Uriel Guillén Ríos, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela el día 27 de noviembre de 2017 en contra de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso y a la vida digna, como consecuencia de la decisión adoptada por la accionada, en el sentido de condicionar la realización de la calificación de su pérdida de capacidad laboral al pago de honorarios y a la entrega de su historia clínica. || En esta oportunidad corresponde a la Sala responder el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera la Junta Regional de Calificación de la Invalidez de Caldas el derecho fundamental al mínimo vital y vida digna en relación con la reparación integral de las víctimas del conflicto armado al exigir el cumplimiento de dos requisitos contenidos en el Decreto 600 de 2017 por medio del cual se adicionó un capitulo al Decreto 1072 de 2015: (i) pagar los honorarios de la junta[64] y (ii) adjuntar la historia clínica que dé cuenta de la conexidad entre la invalidez y el conflicto armado[65], con el fin de calificar su pérdida de capacidad laboral, necesaria para acceder a la prestación humanitaria periódica para víctimas del conflicto?] - [Palabras claves: víctimas, regional, calificación, conflicto, cuaderno, pago, clínica, corte, laboral, parte, junta, prestación, armado, tutela, pérdida, decreto, derecho, capacidad, primera]

[Resumen automatizado: El 6 de diciembre de 2017, Valentina Vera Quiroz, actuando en calidad de agente oficioso de Ángela Dayanna Rúales Álvarez, promovió acción de tutela en contra de la Unión Temporal Fosyga 2014, en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, presuntamente vulnerados como consecuencia de la negativa de esa entidad de aprobar, luego de numerosas subsanaciones, la reclamación administrativa que presentó con el fin de obtener el pago de la indemnización por incapacidad permanente, a cargo de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), a la que considera tener derecho en su condición de víctima de un evento terrorista (mina antipersonal). || En consecuencia, luego de realizar numerosas gestiones para obtener la indemnización por incapacidad permanente, aportando todos los documentos exigidos que demostraban su condición de víctima de un hecho terrorista que le generó la amputación de ambos miembros inferiores y que, por tanto, la hacía merecedora de dicho beneficio, sin obtener respuesta favorable a su solicitud, la joven Ángela Dayanna Rúales Álvarez, por intermedio de la agente oficiosa Valentina Vera Quiroz, miembro activo del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes[15], promovió la presente acción de tutela, con el fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación integral a las víctimas de la violencia y, en tal virtud, se ordenara a la Unión Temporal Fosyga 2014, aprobar la reclamación núm.] - [Palabras claves: indemnización, unión, incapacidad, permanente, víctimas, dicha, pago, certificación, tutela, derechos, comunicación, decreto, integral, resultado, salud, cuenta, acción, eventos]

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, y la Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, ha proferido la siguiente || La autoridad judicial resolvió negar la tutela, al considerar que, conforme con el Decreto 4942 de 2009 y el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, "(...) no le corresponde a las entidades de salud del régimen subsidiado la expedición de la calificación de pérdida de capacidad laboral ni mucho menos el pago a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar"[7], por lo que no hubo vulneración alguna de los derechos fundamentales de Jonatan de Jesús Durán Peréz. || SEGUNDO.- INFORMAR a Jonatan de Jesús Durán Pérez que puede acudir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de su lugar de domicilio, con el fin de solicitar la calificación de pérdida de capacidad laboral requerida para acceder a la prestación humanitaria periódica a favor de las víctimas del conflicto armado.] - [Palabras claves: tutela, decreto, acción, laboral, capacidad, pérdida, entidad, calificación, regional, prestación, víctimas, junta]

[Resumen automatizado: Como primera medida manifiesta que "el Ministerio del Trabajo, debe ser desvinculado de la presente Acción de Tutela, pues dentro de sus funciones no se encuentra la de reconocer o restablecer los derechos pensionales, pues la entidad competente es COLPENSIONES, quien determina si el accionante cumple o no con los requisitos señalados en la Ley para acceder a la pensión de invalidez por víctimas de la violencia". || Teniendo en cuenta que este Tribunal admitió la existencia de una omisión legislativa relativa en relación con la pensión especial de invalidez, y que se concluyó que a dicho beneficio no le eran aplicables las reglas del Sistema General de Pensiones, se hizo necesario "establecer el procedimiento operativo, los beneficiarios, la fuente de recursos, las condiciones de acceso a la prestación humanitaria periódica de que trata la Corte Constitucional en la sentencia C-767 de 2014 y el responsable de su reconocimiento"[60], por tanto el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 600 del 6 de abril de 2017, "Por el cual se adiciona al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015 un capítulo 5º, para reglamentar la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado, de que trata el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, y su fuente de financiación".] - [Palabras claves: prestación, ley, ministerio, víctimas, pago, corte, laboral, especial, trabajo, reconocimiento, invalidez, conflicto, actor, pérdida, requisitos, decreto, constitucional]

[Resumen automatizado: En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia proferido el día 18 de enero de 2017 por la Sala de Decisión del Sistema Oral del Tribunal Administrativo de Nariño, mediante el cual se revocó la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2016 por el Juzgado Cuarto Oral Contencioso Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, que concedió la protección constitucional de los derechos fundamentales del ciudadano José Oscar Audelo Rodríguez Rodríguez, en el marco de la acción de tutela promovida contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones. || José Oscar Audelo Rodríguez Rodríguez presentó acción de tutela en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición, a la vida, mínimo vital, dignidad, debido proceso, seguridad social y a la pensión, presuntamente vulnerados por Colpensiones, ante la determinación adoptada en la referida Resolución de 13 de octubre de 2016 de mantener en suspenso el estudio de una pensión especial de invalidez para víctimas del conflicto armado.] - [Palabras claves: derecho, petición, reconocimiento, tutela, acción, ley, corte, conflicto, prestación, pago, derechos, especial, armado, ministerio]

[Resumen automatizado: Cuando la reclamación pensional consiste en el reconocimiento de una pensión por invalidez, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, en estos casos, por tratarse de un derecho fundamental per se, es susceptible la protección por vía de la acción de tutela, particularmente por que coinciden dos elementos fundamentales: (i) la calidad del sujeto de especial protección que la reclama, pues las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta en que se encuentra ya sea por sus condiciones físicas o mentales, hace necesaria la inmediata protección del derecho a la pensión de invalidez, asegurando con este reconocimiento, el amparo de los derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad física y el mínimo vital entre otros y, (ii) porque la importancia de su reconocimiento radica en el hecho de que en la gran mayoría de los casos esta prestación se constituye en el único sustento económico con el que contaría la persona inválida y su grupo familiar. || Delimitado el contexto de la presente causa, corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación determinar si los derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital, la vida digna, la igualdad y el debido proceso del accionante fueron vulnerados por Colpensiones al negarle, con fundamento en el supuesto incumplimiento de los requisitos legales del parágrafo 4, del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, la pensión anticipada de vejez sin tener en cuenta que de las circunstancias alegadas, se desprende que la pretensión requerida por el actor es el reconocimiento de la pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado.] - [Palabras claves: invalidez, ley, víctimas, conflicto, reconocimiento, armado, violencia, capacidad, pérdida, acción, en, laboral, tutela, derechos]

[Resumen automatizado: La señora Alicia Torres Lemus, actuando por intermedio de defensora pública instauró el catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), acción de tutela contra el Ministerio de Trabajo y Protección Social por considerar que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital al negar la entrega de los componentes de atención humanitaria y la pensión de carácter vitalicio consagrada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997 que se otorga a víctimas de la violencia que con ocasión al conflicto armado interno sufran una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, argumentando que se encuentran en asignación en turno por lo que no es posible una nueva programación. || Como se reseñó anteriormente, la señora Alicia Torres Lemus solicita se le reconozca y pague la pensión por invalidez a víctimas del conflicto armado, por tanto, y en consideración a los antecedentes planteados, corresponde a la Sala de Revisión señalar si la pensión de carácter vitalicio consagrada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997 que se otorga a víctimas de la violencia que con ocasión al conflicto armado interno sufran una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% continúa vigente en el ordenamiento jurídico nacional, y así determinar si la entidad accionada vulneró o no los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital al negar su reconocimiento y pago.] - [Palabras claves: ley, víctimas, conflicto, derecho, armado, social, derechos, invalidez, capacidad, seguridad, violencia, tutela, acción, laboral, prestación, fundamentales]

[Resumen automatizado: Esta Corporación en sentencias T-463 de 2012, T-469 de 2013 y más recientemente en la C-767 de 2014, se estudió la vigencia actual de la Ley anteriormente referenciada y concluyó que a pesar de que ésta tan solo fue prorrogada expresamente hasta el año 2006 y que si bien hasta el momento se había interpretado que la Ley 797 de 2003, al establecer en su artículo segundo que en ningún caso sería posible sustituir el requisito de semanas cotizadas o tiempo de servicios, con el cumplimiento de otros distintos a cotizaciones efectivamente realizadas, había derogado tácitamente la prestación en comento, era necesario entender que la pensión especial para víctimas del conflicto armado sigue vigente a la fecha. || El seis (06) de junio de dos mil trece (2013), el ciudadano David Puerta de la Hoz acudió a la acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos constitucionales fundamentales al mínimo vital, vida en condiciones dignas, petición y debido proceso, en virtud de la negativa de Colpensiones en el reconocimiento del derecho a la pensión especial de invalidez por ser víctima del conflicto armado al que estima tener derecho, así como la posterior omisión de la misma entidad en resolverle una segunda solicitud que con posterioridad radicó.] - [Palabras claves: armado, conflicto, especial, derecho, actor, ley, derechos, dos, solicitud, necesario, protección, invalidez, reconocimiento, fundamentales]

[Resumen automatizado: Posteriormente, las medidas adoptadas en la Ley 104 de 1993 fueron prorrogadas por el Congreso de la República a través de la expedición de la Ley 241 de 1995, que modificó la legislación anterior y estableció lo siguiente: "Las víctimas que sufrieren pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud". || "PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 1 de la Ley 1106 de 2006 y 1 de la Ley 1421 de 2010, en el entendido que las víctimas del conflicto armado interno, que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud".] - [Palabras claves: ley, acción, tutela, conflicto, prestación, especial, víctimas, invalidez, requisito, sala, reconocimiento, puede]