[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Alberto Rojas Ríos y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente: || En el proceso de revisión de la sentencia dictada el dieciséis (16) de diciembre de dos mil once (2011), por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, que confirmó la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, en el trámite de la acción de tutela incoada por Ligia Margarita Campbell Martelo en contra de la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla. || Teniendo en cuenta lo anterior, solicita la accionante que se tutelen sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social y al debido proceso; en consecuencia, pide se ordene a la Secretaría Distrital de Barranquilla, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la pensión gracia y las prestaciones a las que tiene derecho por haber laborado como docente por 39 años y 8 meses ininterrumpidamente a dicha entidad.] - [Palabras claves: derecho, derechos, tutela, corte, barranquilla, años, objeto, copia, acción, secretaría]

¿La Caja Nacional de Previsión Social EICE, le violó a la accionante sus derechos al negarle la pensión de jubilación contemplada en la Ley 42 de 1933, a pesar de cumplir con los requisitos en ella previstos, pero teniendo en cuenta la caducidad del principio de inmediatez para la presentación de la acción?. Concedida. En este caso se le negó a la tutelante su pensión con actos no motivados en debida forma y, prima facie, contrarios a la ley. Por tanto se le conculcó su derecho al debido proceso y, además, se le violó su derecho al mínimo vital - [Resumen automatizado: 1. Teresa Mariela Torrado Clavijo dice haber prestado sus servicios por más de quince (15) años como docente para establecimientos educativos privados y públicos, así: (i) primero desde 1950 hasta 1954, en el Colegio San Luis Gonzaga, ya desaparecido;[2] (ii) luego desde el 11 de octubre de 1960, hasta el 30 de julio de 1964, más adelante desde el 22 de marzo de 1965 hasta el 30 de diciembre de 1965 y, finalmente, desde el 29 de mayo de 1970 hasta el 17 de mayo 1977, estos últimos períodos para instituciones vinculadas al departamento de Norte de Santander.[3] Por ese motivo, luego de tener más de setenta (70) años,[4] le solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación el reconocimiento y pago de la pensión especial de jubilación establecida en el artículo 1° de la Ley 42 de 1933. || 2. La Corte debe decidir si la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación le violó a Teresa Mariela Torrado Clavijo su derecho al mínimo vital al haberle negado la pensión de jubilación contemplada en la Ley 42 de 1933, a pesar de que: (i) tiene más de setenta (70) años y prestó sus servicios como docente durante más de quince (15) años para establecimientos educativos públicos y privados.] - [Palabras claves: derecho, ley, años, sala, acción, nacional, social, servicios, tutela, reconocimiento, tiempo, edad]